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manuales Lagunes González / Zamora Loya Juárez Hernández / Lagunes Navarro

MANUAL DEL JUICIO DE AMPARO

Una colección clásica en la literatura universitaria española. Todos los títulos de la colección manuales los encontrará en la página web de Tirant lo Blanch, www.tirant.com/mex/

(Coordinadores)

Libros de texto para todas las especialidades de Derecho, Criminología, Economía y Sociología.

MANUAL DEL JUICIO DE AMPARO Coordinadores: Dionisio Ernesto Lagunes González Gustavo Alfredo Zamora Loya Guadalupe Patricia Juárez Hernández Paulina Elisa Lagunes Navarro

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MANUAL DEL JUICIO DE AMPARO

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

MANUAL DEL JUICIO DE AMPARO

Dionisio Ernesto Lagunes González Gustavo Alfredo Zamora Loya Guadalupe Patricia Juárez Hernández Paulina Elisa Lagunes Navarro Coordinadores

Ciudad de México, 2018

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En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© Dionisio Ernesto Lagunes González y otros

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9053-644-5 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicasde-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice PRESENTACIÓN............................................................................................... 9

I. REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2011 EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y AMPARO. ASPECTOS GENERALES.............................. 13

II. CUESTIONES PRELIMINARES DEL JUICIO DE AMPARO.................. 23

III. PRINCIPIOS RECTORES DEL JUICIO DE AMPARO............................ 31 IV. LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO............................................ 57

V. EL ACTO RECLAMADO........................................................................ 67

VI. LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO................................. 75 VII. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE AMPARO...................................... 91 VIII. CUESTIONES PROCESALES EN MATERIA DE AMPARO................... 105 IX. EL AMPARO INDIRECTO...................................................................... 111

X. EL AMPARO DIRECTO.......................................................................... 129

XI. LA SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO....................................... 143 XII. CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO........................................................................................... 157 XIII. LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO........ 173 XIV. LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO........................................ 211 XV. EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA.................................................. 229 XVI. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD........... 241 XVII. CONTROL DE LA CONVENCIONALIDAD......................................... 245 FUENTES........................................................................................................... 261

Presentación Los sistemas jurídicos no solo requieren de actualizarse en función de las nuevas necesidades y requerimientos de la sociedad; sino también, con referencia a los esquemas y procesos de enseñanza-aprendizaje, así, una de las tareas más importantes de la teoría jurídica contemporánea es el desarrollo de una teoría de las normas y de la acción que tenga en cuenta las exigencias de la moderna sociedad de la información.1 En la perspectiva referida, y bajo la premisa insoslayable de que todo estudio de posgrado en derecho tiene que vérsele a la luz de la idea de que constituye un eje central en los procesos de creación y recreación de la norma jurídica,2 no solamente al interior del sistema social en que se genera el orden normativo, sino también, dentro de la propia dinámica de la sociedad, misma que requiere que sus procesos de adaptabilidad y corrección caminen en la misma dirección e idéntica velocidad con la que se mueven sus actores y sus relaciones,3 la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional de la Universidad Veracruzana justifica su existencia al ofrecer un enfoque profesionalizante pormenorizado de dos aspectos fundamentales del Estado en toda sociedad democrática contemporánea, a saber, los derechos humanos; y, la justicia constitucional; mismos que constituyen un sistema interactivo vital entre la sociedad y sus normas, los que a su vez, con sus respectivos procedimientos fungen como factores de cambio y de consolidación del preciado estado constitucional y de derecho; de esta forma, se busca contribuir al imperativo de promoción, respeto y defensa de los derechos humanos mediante el uso de los diversos instrumentos de la justicia constitucional.

En dirección a la orientación profesional del programa educativo, y su fundamentación académica, la referencia y contacto con la realidad social y jurídica es ineludible, esto es, una necesaria aproximación a la sociología

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Krawietz, Werner, “Sistemas jurídicos modernos en transición. Sobre la comunicación jurídica en las teorías contemporáneas de las normas y de la acción” en Doxa, número 21.1, 1998, págs. 123-143.

Platas Martínez, Arnaldo, “Posgrado en Derecho. (Una aproximación teórica analítica)” en Valencia Carmona, Salvador, Educación, Ciencia y Cultura. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, IIJ-UNAM, México, 2002. Ídem

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Marisol Luna Leal

jurídica,4 la que, a diferencia de la teoría del derecho y de la filosofía política, el principal problema u objeto de estudio es el relativo a la aplicacióneficacia del derecho; por ello, mediante la implementación-adopción del denominado Proyecto de Intervención (PI) en materia jurídica,5 se busca concretizar el propósito de promoción, respeto y defensa de los derechos humanos con ayuda de la justicia constitucional. Así, el PI es un documento en el que se plasma una propuesta realista y su aplicación, con el propósito de realizar una mejora o proponer solución a una problemática en algunas de las áreas de la ciencia jurídica;6 basicamente, el PI se refiere al tratamiento fenomenológico de un problema jurídico perfectamente ubicado en tiempo y espacio, con el propósito de solucionar, o modificar, dicha problemática.7 Con la aplicación del PI se busca la resolución de casos de interés público que implican, a su vez, reformas legales garantistas y/o cambios sociales en beneficio de la población; el mecanismo jurisdiccional de protección, tutela y reparación de derechos humanos, es, por excelencia y tradición el Juicio de Amparo; mediante dicho mecanismo jurisdiccional el 50% de los alumnos de la Maestría8 en cuestión, han implementado de manera directa sus respectivas intervenciones jurídicas.

Frente a dicho contexto, y con el propósito de brindar elementos de apoyo metodológico a los alumnos del multireferido posgrado; así como una introducción al conocimiento del —nuevo— Juicio de Amparo el presente Manual suma los conocimientos de Miembros del Núcleo Académico Básico del posgrado en cuestión; la experiencia de funcionarios judiciales federales; y alumnos de la primera y segunda generación; todos ellos, con vocación de servicio, compromiso social y generosidad han compartido su invaluable acervo, así como analizado los criterios recientemente sostenidos por los Tribunales de la Federación, de manera que, con claridad y sencillez, explican los aspectos técnicos del amparo; llevan al lector bajo una explicación gradual, lógica y coherente en sus diversos apartados.

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En términos de Carbonnier es, la disciplina científica con relación al derecho, y al fenómeno jurídico como objeto formal de estudio —visto desde fuera del sistema—, relacionado con los diversos procesos sociales. Carbonnier, Jean, Sociología Jurídica, Tecnos, Madrid, 1980, pág. 19.

Uno de los retos que enfrentan el Posgrado en cuestión es, que en todos los procesos de intervención jurídica que sus estudiantes realicen, al final del día, el resultado e impacto logrado sea de beneficio para el mayor número de sectores de la población.

Arango Chontal Julio César, et al, Manual para la elaboración de Proyectos de Intervención Jurídica, Tirant lo Blanch-Universidad Veracruzana, México, pág. 6. Ídem.

Se contabilizan tres generaciones.

Presentación

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El Manual, en forma breve refiere las dos importantes reformas Constitucionales, publicadas los días 6 y 10 de junio de 2011, la primera, relativa al juicio de amparo; y, la segunda, en materia de derechos humanos; de ambas reformas se abordan los aspectos básicos geberales como preámbulo al estudio de los principios que rigen al juicio de amparo; las partes que intervienen en el proceso; un análisis de los actos de autoridad y de particulares que pueden ser combatidos; las causales de improcedencia como cuestión de estudio preferente; así como el sobreseimiento en el juicio, para posteriormente examinar los procedimientos tanto en el amparo indirecto como en el directo desde su admisión hasta el dictado de la sentencia, su cumplimiento y ejecución; para pasar en las secciones especiales, al estudio de los medios de impugnación, las disposiciones aplicables en materia agraria, la nueva figura de la declaratoria general de inconstitucionalidad, así como el tema relacionado al control de la convencionalidad, de importante trascendencia para la práxis del Juicio de Amparo y de cualquier medio de control Constitucional.

Lo anterior, sin pasar por alto los criterios jurisprudenciales que interpretan la Ley de Amparo abrogada el dos de abril de dos mil trece, pero que no han dejado de cobrar eficacia por referirse a contenidos normativos que recoge la ley vigente.

Sin duda, el presente Manual será un elemento de apoyo invaluable en la formación de estudiantes de derecho; así como en los procesos de intervención jurídica que alumnos del multireferido posgrado, mediante el juicio de amparo se pretendan.

Marisol Luna Leal Bocal del Río, Veracruz Abril 2017

I. Reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y amparo. Aspectos generales Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos publicadas en Decretos de fechas 6, y 10 de junio de 20119 hacen necesaria la expedición de una nueva Ley de Amparo, dichas reformas modificaron los artículos 94, 103, 104 y 107 relativos al juicio de amparo; y los diversos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105, en materia de derechos humanos, respectivamente. La publicación de dichas reformas coincide con el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendía el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el expediente Varios 912/2010 relativo al Caso Rosendo Radilla Pacheco vs Estado Mexicano,10 del cual emanaron siete tesis; y deja sin eficacia dos jurisprudencias.

El proceso legislativo se inició por la Cámara de Diputados, por su parte, tras considerar el carácter vinculante y el plazo de cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana, se avocó al conocimiento de la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual retoma iniciativas específicas en la materia. El proceso legislativo se iniciar por la Cámara de Diputados, en cuyo dictamen del 23 de abril del 2011 se aprueba en lo general y en lo particular por 287 votos en pro; 1 en contra; y, 0 abstenciaciones; se turna a la Cámara de Senadores, en el cual se aprueba por unanimidad de los 97 miembros presentes, se devuelve a la Cámara de origen para efecto de modificación; las enmiendas que fueron rechazadas por la Cámara de origen, nuevamente se vuelve a turnar a la revisora la cuál acordó su aceptación para que los artículos aprobados por ambas cámaras, se remitan a las Legislaturas de los Estados, acuerdo que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 23 de marzo de 2011; en tal sentido, la Comisión Permanente, emitió Declaratoria el 01 de Junio del 2011, dando fe de 21 votos aprobatorios de los Congresos de los Estados, por lo que se emitió la publicación del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en fecha 10 del mismo mes y año.

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Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11. pdf Véase http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/internacional/casos/5.pdf

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Dionisio Ernesto Lagunes González y otros

Aspectos relevantes en materia de derechos humanos: • Se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución para quedar como sigue: De los derechos humanos y sus garantías; • Se elevan a rango constitucional los derechos humanos que se encuentren inmersos en cualquier tratado internacional en que el Estado Mexicano sea parte; • Se incorpora al texto constitucional la noción todas las personas; • Se establece una serie de derechos que no pueden restringirse ni suspenderse; • Se favorece la interpretación armónica de los derechos humanos con la Constitución y los tratados internacionales atendiendo al principio pro persona; y, • Se establecen las obligaciones del Estado frente a la violación de derechos humanos; En su mayor parte, los cambios relevantes, se encuentran dentro del texto del artículo primero Constitucional, el cual, por su importancia lo citamos: Artículo 1°: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades,11 en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de con-

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En ese sentido se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis Aislada 1a. CXCVI/2013 (10a.), que dice: DERECHOS HUMANOS. LOS TRATADOS INTERNACIONALES VINCULADOS CON ÉSTOS SON DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS AUTORIDADES DEL PAÍS, PREVIAMENTE A LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos los Estados, históricamente, son los principales responsables de velar por que los derechos humanos de los ciudadanos sujetos a su soberanía sean respetados cabalmente en su espacio territorial, de donde se infiere la fórmula tradicional de que el ámbito internacional de protección tiene solamente una función complementaria. Esto es, la efectividad de un convenio internacional radica en que los propios Estados parte actúen de buena fe y que, voluntariamente, acepten cumplir los compromisos adquiridos frente a la comunidad internacional, en

Manual del Juicio de Amparo

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formidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones antes precisadas,12 en los términos que establezca la Ley aplicable.

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el caso concreto, los relativos a la protección y/o defensa de los derechos humanos de sus gobernados. Esta afirmación se conoce con el aforismo pacta sunt servanda —locución latina que se traduce como lo pactado obliga—, que expresa que toda convención debe cumplirse fielmente por las partes de acuerdo con lo estipulado y en términos del artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ahora bien, de la interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 4o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, se advierte que tanto la Constitución como los referidos tratados internacionales son normas de la unidad del Estado Federal cuya observancia es obligatoria para todas las autoridades, por lo que resulta lógico y jurídico que dichos instrumentos internacionales, suscritos y ratificados por nuestro país, con énfasis prioritario para aquellos vinculados con derechos humanos, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), sean de observancia obligatoria para todas las autoridades del país, previamente a la reforma constitucional de 10 de junio de 2011. Sobre el particular, destaca que la razón por la cual se modificó nuestro marco constitucional en junio de 2011, no fue para tornar exigibles a cargo de nuestras autoridades estatales la observancia de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales, toda vez que, se reitera, dicha obligación ya se encontraba expresamente prevista tanto a nivel constitucional (artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), como a nivel jurisprudencial; así, como esta Primera Sala ha sustentado en diversos precedentes, dicha reforma, entre otros objetivos, tuvo la inherente finalidad de fortalecer el compromiso del Estado mexicano respecto a la observancia, respeto, promoción y prevención en materia de derechos humanos, así como de ampliar y facilitar su justiciabilidad en cada caso concreto, a través del denominado sistema de control convencional. Registro: 2003847, publicada en la página 602, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

DERECHOS HUMANOS. SU VIOLACIÓN GENERA UN DEBER DE REPARACIÓN ADECUADA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA O DE SUS FAMILIARES, A CARGO DE LOS PODERES PÚBLICOS COMPETENTES. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Enero de 2011; Pág. 28. P. LXVII/2010.

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En materia de amparo, la reforma constitucional del 6 de Junio del 2011, data de un proceso legislativo iniciado el 19 de marzo de 2009 por la iniciativa presentada por la Cámara de Senadores, en el cual se expresa como uno de los objetivos centrales el llevar a cabo una reforma integral al instrumento de control constitucional más importante que se tiene en el ordenamiento jurídico mexicano, y lo que es más, al principal medio de protección de los derechos fundamentales y garantías, como es el juicio de amparo…;13 paralelamente la exposición de motivos expresa la importancia de fortalecer al Poder Judicial de la Federación.

Se reconoce la importancia de consolidar el Juicio de Amparo, hacia un juicio de garantías, en el que además de proteger los derechos fundamentales, el alcance se extienda a los derechos reconocidos en fuentes internacionales, ampliando la posibilidad de proteger derechos conocidos por la doctrina como de segunda y tercera generación, como lo son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se analizaron también, problemáticas de la praxis del amparo, en cuanto al tecnicismo riguroso y su accesibilidad limitada, por lo que en equidad procesal se proponen novedades modificaciones, verbigracia, la declaratoria general de inconstitucionalidad analizada en un capítulo especial.

En esta tesitura, la Cámara de Senadores somete a discusión la iniciativa constitucional la cual resultó aprobada con 79 votos a favor, en lo general y en lo particular; por su parte, la Cámara revisora en fecha 7 de diciembre del 2010, sometió a discusión la iniciativa aprobándose con modificaciones, las que fueron consideradas por la Cámara de origen, aprobándose por unanimidad de los 90 senadores presentes, remitiéndose el proyecto a los congresos locales; con la aprobación de 16 Congresos, se ordenó la publicación del Decreto.

Aspectos relevantes en materia de amparo: • Se crean los Plenos de Circuito,14 con los cuáles se pretende conservar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional y reservar a los Tribunales Colegiados la solución de contradicciones que surjan entre criterios sostenidos por ellos;

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http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/PDFs/proceso%20legislativo%20amparo. pdf, pág. 2.

ACUERDO General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2013.

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• Se concede facultad a las Cámaras del Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, para solicitar la substanciación y resolución prioritaria de juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad; • Se incluye la posibilidad de incoar el amparo en contra de omisiones de autoridades; • Se introduce la figura del interés legítimo individual o colectivo; • Se crea la declaratoria general de inconstitucionalidad, para dar efectos erga omnes a las jurisprudencias por reiteración que determinen la inconstitucionalidad de una norma general, bajo ciertos requisitos y excluyendo las normas generales en materia tributaria; • La parte que haya obtenido sentencia favorable, podrá promover el amparo adhesivo, con ello se pretende reducir los amparos directos concedidos para efectos; • Se introduce la teoría de la apariencia del buen derecho para la concesión de la suspensión del acto reclamado; • Se crean reglas estrictas para la ejecución de sentencias y su cumplimiento; y, • Del amparo general se derogan las figuras de sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia, aunque se conservan en los juicios de amparo en materia agraria.

De la Ley de Amparo y sus principales cambios. La génesis de la nueva ley de amparo, inicia desde la creación de la Comisión de análisis de propuestas para una Nueva Ley de Amparo, en noviembre de 1999, integrada por el entonces Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Humberto Román Palacios, Presidente de la Comisión, y el Ministro Juan N. Silva Meza; por los Magistrados de Circuito, César Esquinca Muñoz y Manuel Ernesto Saloma Vera; por los entonces académicos José Ramón Cossío Díaz; y, Héctor Fix-Zamudio, así como por los abogados postulantes Javier Quijano Baz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Comisión que después de analizar 1430 propuestas de reformas provenientes de todo el país, mediante 11 foros, seminarios, y reuniones, presentó dos anteproyectos de ley. El primero de ellos se presentó para discusión ante el Congreso Nacional de Juristas celebrado del 6 al 8 de noviembre del 2000, teniendo observaciones por parte de actores del derecho y el segundo presentado en mayo de 2001.

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Dionisio Ernesto Lagunes González y otros

Dentro de las novedades presentadas en el proyecto de la nueva Ley de Amparo del 2001, se implicaba admitir en el amparo la protección de los derechos humanos establecidos en tratados internacionales;15 la inclusión del interés legítimo, la posibilidad de admitir excepciones al principio de relatividad de las sentencias, a través de la declaratoria general, considerándola como una garantía de igualdad de acceso a la justicia y en aras de preservar la supremacía constitucional; la amplitud del concepto de autoridad, incluyendo órganos paraestatales e incluso particulares, nuevas reglas para la concesión de la suspensión para su eficacia procesal, entre éstas, establecer como requisito la teoría de la apariencia del buen derecho; la regulación del amparo directo para efectos proponiendo mayores cargas procesales al quejoso, la inclusión del amparo adhesivo y diversas reglas que mejoran el procedimiento y le dan celeridad.

Con lo anterior, consideramos que el proyecto propuesto por la Comisión de Análisis, doce años antes de la publicación de la ley de amparo de 2013, visualizaba el inminente futuro del Juicio de amparo, con un enfoque proteccionista y progresista, lo que en estos días no sólo se rescatan en la nueva ley, si no en la misma Constitución.

En este orden de ideas, la nueva Ley de Amparo tiene su origen en las iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios en fechas 15 de febrero del 2011 y 22 de septiembre de 2011 ante la Cámara de Senadores, quien aprobó en lo general y en lo particular; en fecha 12 de febrero de 2013, la Cámara de Diputados aprueba el proyecto, con modificaciones; ante lo anterior la cámara de origen, aprueba el proyecto el 20 de marzo del mismo año, para su correspondiente promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril del 2013.

Dentro de los principales cambios encontramos los siguientes:

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En este aspecto afirman José Ramón Cossío y Arturo Zaldivar: …el juicio de amparo protege los contenidos constitucionales que desde la carta de 1857 se denominan garantías individuales, es decir, lo previsto en los primeros veintinueve artículos y en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución. Es cierto que aun cuando las amplias y variadas garantías de los artículos 14 y 16 permiten la protección de la totalidad de los preceptos de la constitución y la adecuación de las autoridades públicas a los pactos contenidos en los tratados internacionales, también lo es que desde hace tiempo existe un reclamo mundial para que los medios internos de protección de la ley suprema sean capaces también de proteger en forma expresa los derechos humanos establecidos en ellos. En Quijano Baz, Javier; proyecto de la suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ley de Amparo; http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/344/21.pdf

Manual del Juicio de Amparo

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• Se reestructura por instituciones, es suprimido el Libro Segundo que regulaba el amparo en materia agraria.

• Se introduce como regla para colmar lagunas a los principios generales del derecho.

• Se incorpora la cibernética como una herramienta para la promoción y sustanciación de los juicios de amparo, creando los expedientes electrónicos y la firma electrónica.

• Se crea el amparo prioritario para dar celeridad, respetando los plazos, a cierto tipo de asuntos, facultando al Pleno de la Suprema Corte para resolver la procedencia de la solicitud de prioridad, tanto del juicio como de las providencias necesarias.

• Se incorpora el interés legítimo individual y colectivo, así como la posibilidad de considerar a los particulares autoridades responsables.

• Se cambia la denominación del tercero perjudicado por el de tercero interesado, donde participa incluso, el Ministerio Público del Juzgado de origen del que derive el acto reclamado.

• Se regulan beneficios procesales en favor de los menores o incapaces y de aquellos que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio.

• Se establecen nuevas causas de improcedencia.

• Se modifica la regulación de los recursos y de la carga de la prueba.

• Se fijan casuísticamente los efectos del amparo.

• Se prevé la recusación de funcionarios judiciales antes no permitida.

• Se reglamenta lo relativo a la ampliación de la demanda.

• Se crea el procedimiento para la declaratoria general de inconstitucionalidad.

• Se regulan los Plenos de Circuito y nuevas reglas para la conformación de la Jurisprudencia.

• Se reglamenta el derecho sancionador, estableciendo medidas disciplinarias, de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos, en la fase de cumplimiento de sentencias de amparo.

• Se incorpora la figura de la concentración de procedimientos de amparo,16 otorgándole facultades jurisdiccionales al Consejo de la

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De la que conoce el Consejo de la Judicatura Federal.

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Dionisio Ernesto Lagunes González y otros

Judicatura Federal, para determinar la concentración de los procedimientos promovidos por titulares de un interés legítimo.

• Se proscribe del amparo la acumulación de juicios.

La Ley de Amparo vigente no regula la acumulación de juicios, pues el artículo 49 se refiere a los casos de litispendencia, donde una vez sustanciada la cuestión competencial y se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio ante el órgano jusrisdiccional que haya resultado competente debiéndose sobreseer en el otro juicio.

Expresamente no está prevista la acumulación por conexidad, sin embargo esta se presenta y debe resolverse; el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a colmado la omisión legislativa con dos tesis de jurisprudencia, la P./J. 24/2015 rubro ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL, Registro No. 2009910, y la P./J. 25/2015 rubro ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTREN RADICADOS ANTE DIFERENTES JUZGADORES FEDERALES, Registro No. 2009911, ambas de la Décima Época.

De esta forma, nos queda clara la aplicación de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, relativos a la sustanciación de los incidentes en el juicio de amparo, la acumulación procede a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo. De optar por el incidente, dará vista a las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los tres días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir ante el juzgador que previno en la causa —es decir, el que conoció cronológicamente antes de uno de los juicios de amparo indirecto que pretende ser acumulado—, el cual de estimar que es procedente la acumulación, requerirá por medio de oficio a los demás juzgadores federales en cuyos juzgados o tribunales se encuentren radicados los demás juicios de amparo indirecto que pretendan acumularse; los juzgadores requeridos,