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monografías ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

JOSÉ ADRIANO ANAYA YOLANDA CASTAÑEDA ALTAMIRANO Coordinadores

MEMORIALES DE CASOS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CHIAPAS

MEMORIALES DE CASOS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CHIAPAS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

MEMORIALES DE CASOS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CHIAPAS

JOSÉ ADRIANO ANAYA YOLANDA CASTAÑEDA ALTAMIRANO (Coordinadores)

Ciudad de México, 2019

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© José Adriano Anaya Yolanda Castañeda Altamirano (Coords.)

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Autores:

José Adriano Anaya Erick Arguello Gómez Yolanda Castañeda Altamirano Ulises Coello Nuño Mayra Isuí Cruz Escobar Héctor Ramón Estrada Avelar Delia Estrada Sánchez Flor del Rocío García Cadenas Lorena Gaspar Gaspar Cándida Aremy Gutiérrez Zenteno Arturo Lomelí González María de los Ángeles Pérez Zarazúa Jesús David Pineda Carpio Mayra Nathalia Sánchez Baquero Eliseo Trinidad Hernández

Índice Introducción........................................................................................ 11 Complacencia a desarrolladoras inmobiliarias e incumplimiento de la autoridad municipal en la prestación de servicios básicos: Caso Fraccionamiento Real del Bosque........................................................ 19 José Adriano Anaya Cándida Aremy Gutiérrez Zenteno

Derecho humano al agua en Chiapas: Caso colonia La Condesa......... 51 Mayra Isuí Cruz Escobar Jesús David Pineda Carpio

Derecho a un entorno vital sano y equilibrado: defensa del parque nacional Cañón del Sumidero, Chiapas, México................................. 69 María de los Ángeles Pérez Zarazúa Ulises Coello Nuño

El derecho a la consulta en México, caso: omisión de consulta administrativa al ejido la Flor de Chiapas............................................ 89 Erick Arguello Gómez Arturo Lomelí González

Con derechos y sin protección. Niñas, niños y adolescentes indígenas de Teopisca Chiapas, con padres en reclusión carcelaria...................... 115 Yolanda Castañeda Altamirano Flor del Rocío García Cadenas

Derechos de la niñez en el sistema penal acusatorio: omisión estatal en su rehabilitacion integral..................................................................... 137 Mayra Nathalia Sánchez Baquero

Violaciones a derechos humanos en la atención obstétrica del sector salud en Chiapas, México................................................................... 153 Lorena Gaspar Gaspar Yolanda Castañeda Altamirano

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Índice

La ruta hacia el matrimonio igualitario en Chiapas............................. 177 Héctor Ramón Estrada Avelar Eliseo Trinidad Hernández Delia Estrada Sánchez

Introducción En el año de 1988 se publicó el primer informe sobre la democracia en México y en la presentación del texto, el Dr. Pablo González Casanova, entre varias interrogantes, escribió: “¿Cómo aumentar la cultura de los derechos humanos y su defensa?” Pregunta que a 30 años de distancia, resulta significativa para el propósito de este libro, en el que se exponen casos de defensa de violaciones a derechos humanos.

En la sociedad actual, las violaciones a los derechos humanos son una realidad constante por parte de los Estados, aún y cuando existan disposiciones constitucionales al respecto y formen parte de los convenios y acuerdos internacionales. Paradójicamente, los derechos humanos son a la vez una preocupación internacional de los países, en el que los gobiernos se comprometen a respetarlos, promoverlos y garantizarlos e inclusive manifiestan su interés en someterse al escrutinio de los organismos internacionales para que verifiquen el nivel de cumplimiento de esos derechos.

El discurso de los derechos humanos ha inundado los diversos ámbitos de la sociedad, está presente en el mensaje de los políticos, de los funcionarios, en los líderes sociales y religiosos y cada vez más, la población los utiliza como argumento y como denuncia. Los derechos humanos se han convertido no sólo en una preocupación del Estado sino que son deseos y aspiraciones de los diversos grupos, a punto tal que fácilmente se suele hablar de una cultura de los derechos humanos.

Sin embargo, pese a todo el interés manifiesto en la sociedad, las violaciones de los derechos humanos se continúan presentando y multiplicando en amplios sectores de la población, en el que la violencia es el mecanismo recurrente en la imposición de acuerdos y sometimiento y no así los métodos de la democracia, del consenso y la construcción de adhesión. Esto nos conduce a reconocer, que la simple existencia de la norma y del derecho internacional es insuficiente para el logro y consecución del respeto a los derechos humanos. Lo que significa, que el retroceso, la amenaza y la dificultad de los derechos humanos se encuentra en la aplicación de la ley y no en su postulado.

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Los retos expresados por Don Pablo González Casanova sobre cómo aumentar la cultura de los derechos humanos y su defensa no han disminuido con el tiempo y quizá ahora son mayores por la complejidad de las relaciones construidas por la globalización, en el que también se internalizó el crimen organizado y se crearon los paraísos fiscales.

En los años setenta se formaron en México las primeras organizaciones que denunciaban la represión del Estado y exigían la presentación de los desaparecidos políticos en el período llamado de la “Guerra Sucia”. A finales de la década de los ochenta, y más claramente en los años noventa, surgieron los organismos de la sociedad civil, que abrazaron un discurso más elaborado a favor de los derechos humanos, como son la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro Fray Bartolomé de Las Casas; los primeros tuvieron su sede en la Ciudad de México y el último en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en el Estado de Chiapas.

Este proceso de formación de organismos enriqueció el discurso y el pensamiento teórico sobre los derechos humanos en el país, pero además fue de vital importancia que se incorporara por algunos centros de derechos humanos, la defensa de casos de violación de derechos humanos y se incorporara el litigio estratégico en la defensa jurídica.

El año de 1994 es un parteaguas para la historia política del país, no sólo por la irrupción del movimiento indígena zapatista sino por los acontecimientos políticos y de defensa de los derechos humanos que se suscitaron. Dentro de los primeros está la Reforma Electoral de 1996, que ciudadanizó al organismo electoral y que le quitó el control de las elecciones al gobierno, acciones fundamentales que posibilitaron la derrota del PRI y con ello, los gobiernos de la alternancia; entre los segundos está la proliferación de organismos defensores de derechos humanos en todo el país, muchas de ellas se dedicaron a documentar las violaciones de derechos humanos en la zona de conflicto y acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar la denuncia en contra del Estado Mexicano por la milita-

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rización ilegal y por las constantes violaciones a derechos humanos documentadas en Chiapas.

En este contexto, junto al Frayba, surgieron en la entidad otros organismos como el Centro de Derechos Indígenas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada y años después se multiplicó la creación de organismos de la sociedad civil diseminados en todo el territorio estatal.

La lucha a favor de los derechos humanos ha sido significativa en Chiapas, pero eso no ha logrado un cambio en la perspectiva gubernamental ni tampoco ha servido de barrera para detener las prácticas violatorias de los derechos humanos y menos se ha influido en la necesidad de impulsar la firma de los acuerdos de paz, que permitirían el desarme de los grupos paramilitares, principales promotores de la violencia y las violaciones de los derechos humanos en las comunidades indígenas, con las que el Estado mantiene una actitud preocupante de indiferencia y aquiescencia.

En Chiapas la agenda de violaciones de derechos humanos es numerosa y diversificada: desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias, tortura, ineficacia en el acceso e impartición de justicia, discriminación, feminicidios, crímenes por odio, impunidad, pobreza y desigualdad social, pero además se prevén otros escenarios futuros relacionados con conflictos por el territorio y contaminación de los recursos naturales, debido a los megaproyectos programados para establecerse en la entidad en los próximos años.

La situación en derechos humanos que priva en Chiapas no es un asunto menor, en el que se conjugan ausencias de derechos civiles y políticos con las carencias a niveles extremos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto genera exigencias de gobernabilidad, en condiciones de crisis económica, desempleo, endeudamiento, baja productividad, migración acelerada y pocas posibilidades de mejora de vida a más de dos millones de niñas, niños y adolescentes que viven en la pobreza y en la pobreza extrema.

Estrechamente vinculada a la situación descrita y ante la necesidad de búsqueda de respuestas para la atención a la problemática de los derechos humanos, en el año 2008 se crea en la Universidad Autóno-

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ma de Chiapas (UNACH), el Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE), en el que inicialmente se empezó a ofertar la Licenciatura en Derechos Humanos y en el año 2014 se abrió el programa de maestría en Defensa de los Derechos Humanos.

La maestría que se imparte en este centro tiene un modelo educativo de aprendizaje basado en proyectos, en el que los estudiantes defienden un caso real de violación de derechos humanos y durante los cuatro semestres del programa, ponen en práctica los saberes obtenidos, no de manera cosmética sino a través de una estrecha vinculación con el contexto social del caso de defensa.

Producto de ese trabajo académico se preparó este libro, los ensayos que lo integran son el resultado del trabajo de los casos de defensa de derechos humanos que realizan los estudiantes, acompañados por los docentes, en el programa de la maestría. En estos materiales de casos de defensa, fueron incluidos dos textos sobre el problema del agua potable que prevalece en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado de Chiapas. El primero de los trabajos aborda la problemática generada por la autorización de la construcción de un fraccionamiento habitacional, con más de 8 mil viviendas, a la empresa inmobiliaria HOMEX, en una zona semirural, que detonó el crecimiento poblacional del área, sin que existiera la red de agua potable y drenaje; en este caso de defensa, ya existe una sentencia de los tribunales, que ordena a la autoridad municipal a que construya la acometida de agua potable y drenaje.

El segundo trabajo, también un problema de agua potable y drenaje en la Colonia La Condesa de Tuxtla Gutiérrez, en el que el municipio, a finales de los años noventa, cedió en posesión el predio a los colonos para que lo habitaran, pero éste carecía de los servicios básicos. En los últimos 15 años la ciudad ha tenido un crecimiento urbano y poblacional aproximado del 40%, en el que se establecieron nuevos asentamientos humanos alrededor de la Colonia La Condesa, que cuentan con los servicios básicos, sin que el municipio atienda la solicitud de agua potable de los pobladores de La Condensa, situación que los limita a disponer de este recurso de manera suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Introducción

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El tercer ensayo es sobre la defensa del Parque Cañón del Sumidero, símbolo de la ciudad y del Estado de Chiapas, que a finales de 1980 fue declarado Área Natural Protegida, pero que se encuentra bajo la amenaza del crecimiento poblacional de la ciudad y ha sido objeto no sólo de invasiones sino que hay empresas inmobiliarias que han desarrollado vivienda de interés social con la complacencia municipal y en clara violación a disposiciones federales. Del año en que fue declarado Área Nacional Protegida a la fecha actual, el Parque Nacional Cañón del Sumidero ha perdido una extensión aproximada de dos mil 500 hectáreas, ante la omisión y la indiferencia de autoridades municipales, estatales y federales. De igual manera, hay una afectación ambiental que se viene generando por el poblamiento de más de 80 colonias irregulares lo que afecta la riqueza de la biodiversidad del Parque Nacional Cañón del Sumidero.

El siguiente trabajo que integra el libro mantiene la exigencia sobre el derecho a la consulta en las comunidades indígenas. El Ejido La Flor de Chiapas, habitado por indígenas desplazados de habla tsotsil, ubicado en los límites de Chiapas y Oaxaca, el cual está considerado por el CONEVAL como una comunidad de muy alta marginalidad, sin agua potable y sin drenaje, fue afectada en el 2005 por el INEGI, quien realizó adecuaciones a los límites cartográficos y de manera unilateral le cambió al Ejido la clave georeferencial, ubicándolo como parte de un municipio del Estado de Oaxaca. Esto le ocasionó graves afectaciones a la población ya que han sido excluidos de los apoyos de los programas de los tres niveles de gobierno, al estar ubicados en el catálogo de localidades y comunidades en Oaxaca y no en Chiapas a donde realmente corresponden, lo que ocasiona que no reciban apoyos ni la realización de obras para servicios básicos de Oaxaca ni de Chiapas. Esta situación lleva más de 10 años, sin que la dependencia federal subsane el error cometido, en el que se condenó al Ejido La Flor de Chiapas a una condición de miseria, en el que no pueden resolver los problemas de agua potable en la comunidad, por estar excluidos de la asignación de recursos para los programas sociales.

El ensayo “Con derechos y sin protección”, pone en evidencia no sólo la ineficacia del sistema de procuración e impartición de justicia, sino la ausencia en la entidad de mecanismos eficaces de protección a las niñas, niños y adolescentes, en el momento en que ambos padres son detenidos y encarcelados. Aquí se expone el caso de una familia

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tsotsil, que sufrió violaciones a los derechos humanos, al no haber garantizado el Estado las medidas de protección integral, así como la salvaguarda de la integridad física y emocional de los menores, al quedar en el desamparo ocasionado por la detención arbitraria de los padres.

Una situación similar de ineficacia a la justicia y de protección a las víctimas se expone en el trabajo de defensa “Derecho a la niñez en el sistema penal acusatorio”, donde una niña de cuatro años de edad fue violada en la comunidad de Los Chorros, en el municipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas. Las prácticas viciadas en el sistema de procuración e impartición de justicia omiten brindar protección a las víctimas y a los familiares de las víctimas, y más cuando se trata de conflictos al interior de las comunidades indígenas y los afectados deciden recurrir a la justicia fuera del ámbito comunitario, en el que de pronto las víctimas se convierten en trasgresores de los acuerdos de la comunidad.

La violencia obstétrica es una violación recurrente a los derechos humanos que viven muchas mujeres en Chiapas cuando acuden a los hospitales públicos. Esta situación se expone en el trabajo, “Violaciones a derechos humanos en la atención obstétrica del sector salud en Chiapas”, en el que se presentan similitudes en los casos de Hilda, Carmen, Juana, Rosario y Susana, que se vieron reflejadas en violaciones al derecho a la protección de la salud, igualdad, trato digno, integridad, seguridad personal, en el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, así como, en el derecho de acceso a la justicia y a la reparación integral de daño. Muchas mujeres viven la violencia sistemática, institucional e histórica que se ejerce en los hospitales públicos, con el fin de mantener el control sobre la salud reproductiva de las mujeres y que genera un problema de justicia social, discriminación, ausencia de autonomía económica y de salud pública.

El libro concluye con el caso de defensa “La ruta hacia el matrimonio igualitario en Chiapas”, que puso en cuestionamiento la discriminación que subyace en los valores tradicionalistas que enarbolan los sectores religiosos, especialmente la Iglesia Evangélica que realizó en Chiapas una campaña homofóbica a través de espectaculares en contra del matrimonio igualitario y el aborto denominada “El pecado se paga con la sangre de Cristo”. El proceso de defensa del matri-

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monio igualitario en la entidad terminó en su primera etapa con una resolución de la Suprema Corte de Justicia, como sucedió en otras entidades, en el que señalaba la inconstitucionalidad de los artículos que establecen en el Código Civil, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer con el fin de procrear. El matrimonio igualitario es una realidad en Chiapas y es un avance en el reconocimiento de todos los derechos para la población.

En los ensayos de este libro no existe un debate teórico sobre los retos y desafíos de los derechos humanos. Más bien, los textos son el resultado de la reflexión de una apuesta en práctica en el que se combinan saberes con la acción de defensa de los derechos humanos. La exposición de los casos de defensa como los aquí referidos, forman parte de un trabajo pionero en el país, en el que este libro, es el primero en su género específico para Chiapas.

José Adriano Anaya Yolanda Castañeda Altamirano

Complacencia a desarrolladoras inmobiliarias e incumplimiento de la autoridad municipal en la prestación de servicios básicos: Caso Fraccionamiento Real del Bosque José Adriano Anaya1 Cándida Aremy Gutiérrez Zenteno2 Sumario: I. Introducción. II. Antecedentes. III contexto socio histórico del caso. IV. Fundamentación jurídica y resultados de la defensa. V. Consideraciones finales. VI. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN En la sociedad actual, los derechos humanos pese a encontrarse reconocidos en las normas constitucionales se violentan de manera reiterada y en ocasiones hasta generalizada y sistemática. La gran paradoja, es que el Estado es el garante de la protección de los derechos humanos y al mismo tiempo aparece como el principal violador de esos derechos. Por ello la defensa de los derechos humanos es necesaria ante todo gobierno, incluidos, muy especialmente, los que se precian de ser democráticos (Úbeda, 2007:32).

En México, el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible es un derecho inalienable de todas las personas. Sin embargo, las condiciones para garantizar que este derecho sea efectivo

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Dr. En Ciencias Sociales, Profesor de Tiempo Completo en la UNACH, Coordinador de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.

Licenciada en Derecho y Maestra en Defensa de los Derechos Humanos.

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José Adriano Anaya y Cándida Aremy Gutiérrez Zenteno

se anulan ante la complacencia de las autoridades estatales, que permiten a las desarrolladoras inmobiliarias la construcción de fraccionamientos o unidades habitacionales sin que se garanticen de manera real y contundente la prestación de los servicios públicos de agua potable, saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales de las viviendas que de manera irregular son puestas a la venta. La ausencia de supervisión, de aplicación de sanciones, de inicio de procedimientos, de observaciones a los vacíos legales y sobre todo, de voluntad de las autoridades para proteger a quienes van a adquirir una vivienda como patrimonio para toda su vida, privilegiando la comercialización y la supuesta inversión privada en el sector que garantice la vivienda, son una constante. Todo esto propicia una violación múltiple y generalizada de derechos humanos, que inicia con la incompetencia de la autoridad para fomentar y generar modelos y mecanismos adecuados de desarrollos de vivienda y sobre todo modelos de gestión del agua, continúa por parte de las desarrolladoras de vivienda que aparentan cubrir los opacos y sorteables requisitos que le exige la normatividad y concluye con la simulación del Estado sobre la situación real de los derechos económicos, sociales y culturales en México, específicamente en el caso del agua.

Es evidente en el caso que se presenta y en muchos más, que se privilegian intereses privados sobre el bienestar de los habitantes. Autorizar la venta de inmuebles sin que se garanticen de manera efectiva los servicios públicos que aseguren el abasto de agua potable, el saneamiento básico y el tratamiento de aguas residuales resulta ser el principio de una grave violación a derechos humanos.

En el presente trabajo se pone en evidencia la vulneración sobre los denominados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en México, que por encontrarse estrechamente vinculados con las circunstancias económicas y de desarrollo de los Estados se encuentran en constante riesgo, minimizándose la problemática que además se agrava ante la ya mencionada política de simulación existente en nuestro país.

El caso real de violación a derechos humanos que se presenta, ocurre en el Estado de Chiapas, específicamente en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, que es la ciudad capital de la entidad, en donde se pusieron a la venta más de 7 mil viviendas en el Fraccionamiento denominado