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Jose María Vidal

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LIBERTADES INFORMATIVAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

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LIBERTADES INFORMATIVAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Conformación, desmoronamiento y reconstrucción del espacio comunicativo audiovisual de la Comunitat Valenciana

Jose María Vidal

En la presente obra se analiza una cuestión clave para cualquier sistema democrático y que adquiere nuevas perspectivas en la actual sociedad de la comunicación global: “la relación entre libertades informativas y medios de comunicación”. Para ello, además de detallar cómo se ha regulado históricamente esta relación, se profundiza en los parámetros que, al respecto, establecen la Constitución Española y las normativas de la Unión Europea. Y, acto seguido, se explora la concreción de esta relación en el ámbito de la Comunitat Valenciana, que por los hechos acaecidos, incluido el cierre y reapertura de la radiotelevisón pública autonómica, así como las recientes reformas de la práctica totalidad de su marco normativo en este campo para adecuarlo a la realidad de la sociedad actual, constituyen un buen ejemplo de los nuevos esquemas normativos y de actuación que pueden aplicarse para propiciar un mejor ejercicio de las libertades informativas en un espacio comunicativo especíﬁco. Por último, sobre las bases históricas, normativas y prácticas que se han ido examinado, se indaga en los importantes retos que tenemos planteados y los nuevos paradigmas sobre los que debe articularse esta interacción entre las libertades informativas y los medios de comunicación en la sociedad actual.

Prólogo de Ximo Puig

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LIBERTADES INFORMATIVAS Y MEDIOS DE COMUNICACIร N Conformaciรณn, desmoronamiento y reconstrucciรณn del espacio comunicativo audiovisual de la Comunitat Valenciana

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT HUMANIDADES

Manuel Asensi Pérez

Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València

Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Mª Teresa Echenique Elizondo Catedrática de Lengua Española Universitat de València

Juan Manuel Fernández Soria

Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València

Pablo Oñate Rubalcaba

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València

Joan Romero

Catedrático de Geografía Humana Universitat de València

Juan José Tamayo

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LIBERTADES INFORMATIVAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Conformación, desmoronamiento y reconstrucción del espacio comunicativo audiovisual de la Comunitat Valenciana

JOSE MARÍA VIDAL

tirant humanidades Valencia, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT HUMANIDADES EDITA: TIRANT HUMANIDADES C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es DEPÓSITO LEGAL: V-2398-2019 ISBN: 978-84-17706-84-5 IMPRIME: Guada Impresores, S.L. MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice PRÓLOGO............................................................................................. 11 Ximo Puig REFLEXIÓN INICIAL............................................................................. 19 1. BREVE APUNTE SOBRE LAS LIBERTADES INFORMATIVAS Y LA REGULACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ESPAÑA 1.1. RESTRICCIONES A LA IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE LIBROS Y PAPELES PERIÓDICOS EN EL ANTIGUO RÉGIMEN........................................ 26 1.2. LIBERTADES DE EXPRESIÓN, PRENSA E IMPRENTA EN EL PERIODO CONSTITUCIONAL.................................................................... 28 1.3. CONTROL DE LA PRENSA DURANTE EL RÉGIMEN FRANQUISTA........ 32 1.4. APARICIÓN Y REGULACIÓN DE LOS NUEVOS MEDIOS. RADIO Y TELEVISIÓN.................................................................................. 34 2. MARCO CONSTITUCIONAL, LIBERTADES INFORMATIVAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2.1. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE AFECTAN A LOS MEDIOS Y A SUS CONTENIDOS.................................................................... 52 2.2. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL EN EL ÁMBITO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN....................................................................... 62 3. REGULACIÓN EUROPEA, LIBERTADES INFORMATIVAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 3.1. DISPOSICIONES DE LOS TRATADOS Y LIBERTADES INFORMATIVAS... 67 3.2. POLÍTICA Y REGULACIÓN AUDIOVISUAL EN LA UNIÓN EUROPEA..... 78 4. LIBERTADES INFORMATIVAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL ESPACIO COMUNICATIVO AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 4.1. EL MARCO JURÍDICO ESTABLECIDO POR EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA...................................................................................... 87 4.1.1. El desarrollo legislativo y la concreción del régimen jurídico de los medios de comunicación en la Comunitat Valenciana.......................................................................... 88 4.1.2. La creación de medios de comunicación de la Generalitat.. 102 4.1.3. La creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana.................................................................. 106

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4.2. CONFORMACIÓN DEL ÁMBITO COMPETENCIAL PROPIO SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN........................................................... 110 4.2.1. El Real Decreto 1126/1985 y las transferencias en el ámbito de la prensa escrita y la radiodifusión........................ 111 4.2.2. La asunción de competencias en el ámbito de la televisión........................................................................... 114 4.2.3. La asunción de competencias sobre la radiotelevisión pública estatal................................................................ 116 4.2.4. La creación de la radiotelevisión pública autonómica....... 116 4.2.5. La regulación del sector de la comunicación audiovisual... 119 4.2.6. Las competencias en el ámbito de la comunicación y el Consell del audiovisual................................................. 123 4.3. RADIODIFUSIÓN SONORA......................................................... 126 4.3.1. Antecedentes y marco jurídico...................................... 126 4.3.2. El mapa de la radiodifusión. Modalidades y Planes Técnicos Nacionales............................................................. 131 4.3.3. El acceso a la prestación del servicio de comunicación audiovisual.................................................................... 144 4.3.4. Los prestadores y la prestación del servicio de radiodifusión sonora................................................................. 149 4.3.5. Las concesiones/licencias de radiodifusión sonora otorgadas en la Comunitat Valenciana..................................... 152 4.4. RADIODIFUSIÓN SONORA MUNICIPAL......................................... 161 4.4.1. Antecedentes y marco jurídico...................................... 161 4.4.2. Las emisoras de radiodifusión sonora municipal............... 164 4.4.3. La prestación del servicio radiodifusión sonora municipal. Panorama actual.......................................................... 167 4.5. RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA ESTATAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA........................................................................................ 173 4.5.1. Antecedentes y marco jurídico...................................... 173 4.5.2. La prestación del servicio público estatal de radio y televisión......................................................................... 177 4.6. RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA................................... 182 4.6.1. Antecedentes y marco jurídico. Los primeros años 19841994.......................................................................... 185 4.6.2. El cambio político y los nuevos gestores 1995-2012.......... 189 4.6.3. El pretendido nuevo modelo de Radiotelevisión Valenciana 2012-2013.................................................................. 194 4.6.4. El cierre de la radio y la televisión públicas autonómicas y la renuncia a la prestación del servicio público................ 197 4.6.5. Consecuencias derivadas del cierre de la radio y la televisión públicas autonómicas............................................ 204 4.6.6. La recuperación del servicio público autonómico de radio y televisión................................................................. 224

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4.6.7. El nuevo modelo de servicio público autonómico de radio y televisión................................................................. 236 4.6.8. El desarrollo de la nueva radiotelevisión pública autonómica (CVMC). Mandato marco, contrato-programa y reglamentos orgánicos......................................................... 248 4.7. TELEVISIÓN PRIVADA AUTONÓMICA........................................... 254 4.7.1. Antecedentes y marco jurídico...................................... 254 4.7.2. Las concesiones/licencias de televisión privada de ámbito autonómico otorgadas en la Comunitat Valenciana........... 255 4.8. TELEVISIÓN LOCAL Y COMARCAL............................................... 257 4.8.1. Antecedentes y marco jurídico...................................... 257 4.8.2. Las licencias de televisión de ámbito local otorgadas a operadores privados..................................................... 259 4.8.3. Las concesiones de televisión de ámbito local otorgadas a los municipios............................................................. 265 4.9. OTROS PRESTADORES DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.................................................................................... 266 4.9.1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual por cable.................................................................... 267 4.9.2. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual por redes o protocolos de internet................................. 271 4.10. REGISTRO DE PRESTADORES DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL............................................................................. 272 4.11. CONSELL DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA......... 275 4.11.1. La creación de los Consejos o Autoridades Audiovisuales independientes. Normativa española y europea............... 275 4.11.2. Los Consejos Audiovisuales en las Comunidades Autónomas............................................................................ 281 4.11.3. El Consell del Audiovisual en la Comunitat Valenciana. Creación y características.............................................. 286 5. EL NUEVO ESPACIO COMUNICATIVO AUDIOVISUAL. PERSPECTIVA 2030............................................................................................ 291

ANEXOS............................................................................................... 301

PRÓLOGO En el momento de introducir la presente obra me vienen a la memoria un conjunto de reflexiones, conversaciones y actuaciones que, en alguna medida y por eso considero que me han solicitado que realice este prólogo, han contribuido a alumbrar este libro. Hace ya muchos años que conozco al autor y con él he compartido recorridos y experiencias vitales, desde las tierras del Maestrat y Els Ports hasta Valencia, pasando por Barcelona y Madrid. Pero, en el ámbito de los medios audiovisuales, conocía al profesor Vidal por su experiencia profesional en la puesta en marcha y los primeros años de andadura del Ente Público Radiotelevisión Valenciana, así como por sus numerosas investigaciones, publicaciones y docencia en las Universidades de Valencia y Barcelona, en cuestiones relacionadas con las libertades y derechos informativos, y los medios de comunicación. Precisamente, por esta conjunción de experiencia profesional y conocimiento teórico, le propuse, primero, como responsable del Alto Consejo Consultivo de radiodifusión, televisión y otros medios de comunicación y, después, como Secretario Autonómico de Comunicación que asumiese el reto de impulsar la recuperación de las emisiones de la radiotelevisión pública autonómica, la adjudicación de las licencias y puesta en marcha de demarcaciones TDT de proximidad, la convocatoria de las licencias de FM pendientes de adjudicación, la generación de un espacio de seguridad jurídica para resolver la provisionalidad de las radios municipales, la creación del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana, de un Archivo Audiovisual de la Comunitat Valenciana, etc. Todo ello, con el objetivo de rescatar a nuestro sector audiovisual de esa especie de parada cardio-respiratoria en la que se había sumido. Desde hace ya algunos años creo, firmemente, que la Comunitat Valenciana, en la actual sociedad de la comunicación global, necesita disponer de unos medios y un espacio comunicativo propio y fuerte. Un espacio que pueda reflejar su identidad, su historia, su cultura y su esencia singular, al tiempo que proyecte, al conjunto de nuestra sociedad, a España y al mundo entero, estas realidades. Sin embargo, en el verano de 2015, cuando asumí la presidencia de la Generalitat, este espacio comunicativo, sobre todo en el ámbito de los medios audiovisuales, estaba sumido en un absoluto caos. La crisis que había afectado al sector de los medios de comunicación, así como algunas

Ximo Puig

decisiones políticas erróneas, habían reducido drásticamente los medios y los contenidos que se generaban desde la Comunitat Valenciana. A modo de reseña, basta con apuntar que debíamos resolver: – Los problemas derivados del cierre de Canal 9, con todos los conflictos judiciales y laborales abiertos, algunos de ellos muy importantes y de voluminosa cuantía económica, como: el Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de cierre; la demanda de nulidad del ERE ante la Audiencia Nacional; las demandas por derechos de emisión y otros pleitos con productoras (Mediapro, Villareal CF, Alquería Blanca…); las más de setecientas demandas de extrabajadores, etc. – El enrevesado proceso económico, administrativo, societario y judicial que debía abordarse para concluir la liquidación definitiva del Ente Público RTVV y RTV SAU. – El proceso de concesión de 42 licencias de TDT (TV de proximidad), cuyo concurso se había convocado y adjudicado en 2006, pero que, a tenor de una Sentencia del Tribunal Supremo de 2012, se había anulado y seguía pendiente de adjudicación. – El proceso de concesión de las 31 licencias de FM, conforme se asignaron a la Comunitat Valenciana en el Plan Técnico Nacional de FM de 2006, cuyo concurso se convocó en 2007, pero, en 2011, se renunció a la adjudicación del mismo y, acto seguido, ese mismo año, se procedió a convocarlo de nuevo y, cuatro años después, además de acumular algunos problemas procedimentales, seguía pendiente de valoración. – La situación administrativa de provisionalidad en la que se encontraban más de cincuenta emisoras municipales de FM, que operaban desde hacía muchos años en la Comunitat Valenciana, y todavía carecían de la autorización definitiva. – El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente, en concreto en el art. 56 del EA de 2006 y en la Ley 1/2006 del Sector Audiovisual, que preveían la creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana, como autoridad independiente y órgano garante de la comunicación audiovisual, que seguía sin regularse ni crearse. – Tampoco estaba creado el Registro de prestadores del servicio de comunicación audiovisual, conforme se contemplaba en un Decreto de la Generalitat de 2009 y estaba previsto en la legislación básica estatal.

Prólogo

– Además, la normativa autonómica sobre el funcionamiento, actuaciones, o régimen de las licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual, estaba totalmente obsoleta o no existía. – En otras palabras, y en términos más generales, el sector audiovisual de la Comunitat Valenciana (medios, producción, difusión, doblaje, etc.) apenas existía o estaba bajo mínimos, como pudimos constatar en el Informe del IVIE de principios de 2016. Así, conforme he relatado, eran muchas las cuestiones que debíamos abordar, y lo hicimos desde una perspectiva de conjunto, tanto en el ámbito normativo, como en las numerosas acciones de apoyo a los distintos tipos de medios de comunicación. Al respecto y para no extenderme en el análisis que ya se realiza en el contenido de esta obra, me limitaré a apuntar las principales actuaciones o acciones que se han adoptado hasta el momento para reparar, recuperar y propiciar que el sector y el espacio comunicativo propio en la Comunitat Valenciana renaciese, con mayor fortaleza de la que tenía, para ocupar el lugar que nos corresponde en la actual sociedad de la comunicación global. Para ello, en primer lugar, apuntaré los acuerdos que se han adoptado en el ámbito normativo para recuperar el sector. Por orden cronológico: – El Decreto 112/2015, del Consell, por el que creó el Alto consejo consultivo de radiodifusión, televisión y otros medios de comunicación, con la finalidad de asesorar en la implementación de las medidas necesarias para desarrollar los mandatos del 56 del Estatuto de Autonomía y propiciar la recuperación del servicio público autonómico de radio y televisión y del Sector Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Este organismo, conforme estaba previsto en el propio Decreto, tenía una vigencia máxima de 2 años, así que cuando cumplió su función se extinguió. – La Ley 12/2015, de recuperación del servicio público autonómico de radio y televisión, que derogó la prohibición de la prestación del servicio público audiovisual autonómico, y articuló el proceso liquidación y recuperación de los activos y pasivos (instalaciones técnicas, edificios, torretas de emisión…) del Ente Público RTVV y RTV SAU para evitar el deterioro y posibilitar la nueva prestación del servicio público. – La Ley 6/2016, del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat que regula, sobre unas nuevas bases totalmente nuevas, la organización y prestación del servicio de radiodifusión y televisión pública autonómica, crean-

Ximo Puig

do la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y dotándola de una absoluta independencia funcional respecto del Consell. Así mismo, según lo previsto en dicha Ley, Les Corts aprobaron el Mandato-marco para fijar las líneas generales de la prestación y evaluación del servicio público de radio y televisión autonómico, por un periodo de 6 años. Y el Cosell aprobó el Contrato-programa, en el que se detallan los objetivos, el coste y la evaluación, conforme a dichos parámetros, de la prestación del mencionado servicio público, por un periodo de 3 años y vigencia desde el 7.6.2018 hasta el 7.6.2021. – El Decreto 4/2017, del Consell, por el que se regula la prestación de los servicios de comunicación audiovisual, actualizando las regulaciones ya obsoletas desde la década de los 90 y desfasadas con la nueva legislación básica estatal, cubriendo las lagunas de dicho marco normativo y regulando nuevas figuras como los operadores sin ánimo de lucro, etc. Este Decreto, también adecúa a la legislación básica la regulación del Registro de Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (previsto en anteriores Decretos, de 1989 y 2009) que, finalmente, se creó en 2017. – La Ley 10/2018, que crea y regula el Consejo del Audiovisual de la Comunitat Valenciana. La creación de este Consejo ya estaba previsto en el Estatuto de Autonomía desde el año 2006 y también en otras leyes, como por ejemplo la Ley 1/2006 del Sector audiovisual, pero estaba pendiente de regulación, hasta que el Consell presentó el Proyecto de Ley en 2017 y finalmente se aprobó la Ley 10/2018, regulando el Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), como una alta autoridad audiovisual independiente que se encargará de velar, en el ámbito de los medios audiovisuales de la Comunitat Valenciana, por el respeto de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, asumiendo parte de las competencias del Consell en materia audiovisual (conforme a los modelos de otros países europeos y las recomendaciones de la UE). – Con la Ley 10/2018, también se reforma la Ley 1/2016, del Sector Audiovisual, actualizando y adecuando toda la regulación del sector para favorecer el desarrollo de la industria y los medios audiovisuales de la Comunitat Valenciana, al tiempo que se introducen otras cuestiones como la creación del “Archivo audiovisual de la Comunitat Valenciana” o, la obligación de que las operadoras de telefonía incluyan en su oferta de contenidos las emisiones de las televisiones de proximidad y autonómicas de la Comunitat Valenciana.

Prólogo

Además de la configuración de este nuevo marco normativo, también quiero destacar el conjunto de acciones que se han planteado desde el Consell para avanzar en la recuperación del sector y los medios audiovisuales en la Comunitat Valenciana. Entre ellas, en el ámbito de las competencias de la Comunitat Valenciana en materia de radiodifusión sonora, pueden destacarse: el Acuerdo del Consell, por el que se solicita al Gobierno de España que modifique el Plan Técnico Nacional de 2006 con la asignación de más frecuencias para la puesta en marcha de servicios de comunicación audiovisual radiofónicos, entre ellos los comunitarios sin ánimo de lucro, en la Comunitat Valenciana; el desistimiento, ante las dificultades para llevar a buen término la adjudicación de las licencias convocadas en el Concurso de 2011, y la posterior convocatoria de las 31 licencias de FM asignadas en el Plan Técnico Nacional de 2006 a la Comunitat Valenciana; o, la puesta en marcha de Apunt radio. Así mismo, se ha dado un gran impulso a la radiodifusión sonora municipal, puesto que las 58 emisoras en la CV (23 emisoras en Alicante, 2 en Castellón y 33 en Valencia), mantenían una situación de absoluta provisionalidad, en muchos casos desde hacía veinte años, operando con simples habilitaciones provisionales. Para resolverlo, con una Disposición adicional del Decreto 4/2017, del Consell, se facilitaron los trámites para concluir los expedientes, procediendo a la regularización y publicación en el DOGV de la habilitación definitiva de muchas de las emisoras municipales que están operando. También debe apuntarse que, en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, se ha apoyado la constitución de la “Xarxa de emisores municipals” para cooperar entre ellas y realizar programaciones conjuntas que, en estos momentos, ya se han concretado con un informativo semanal y un programa en “Apunt radio” de contenido municipalista. En el ámbito de la televisión, además de todo lo que ha supuesto la recuperación y puesta en marcha de la nueva televisión pública autonómica, pueden reseñarse: el Acuerdo del Consell, por el que se solicita al Gobierno de España que la reserva y asignación del uso de un segundo Múltiple digital de TDT de cobertura autonómica; la adjudicación y proceso de puesta en funcionamiento de las 39 licencias de TDT de proximidad; la constitución, tramitación y autorización de los gestores de canal adjudicados en 2011 y 2016; el apoyo para la tramitación y autorización del Consorcio público para la emisión de TDT de la Ribera; o, la convocatoria, en enero de 2019, de las 12 licencias de tdt de proximidad vacantes, para completar todo el mapa televisivo en la Comunitat Valenciana.

Ximo Puig

Desde una perspectiva más general, del conjunto del sector, además de todas las acciones de colaboración, impulso y apoyo a los medios de comunicación de la Comunitat Valenciana, es preciso apuntar: las partidas de 25 M de euros en 2016, para la contratación de producciones audiovisuales destinadas a la futura televisión autonómica, y los 55 M de euros consignados en cada uno de los presupuestos de 2017, 2018 y 2019 para la puesta en marcha de la CVMC/Apunt; la recuperación del Centro de Producción de Programas de Televisión de Burjassot, en Centro de Comunicación de la Generalitat, para la prestación del servicio público de radio y televisión (reconexión banda ancha, recuperación del control central, recuperación de los sistemas informáticos, incorporación de las nuevas tecnologías digitales en HD, 4K, etc.); la creación de un Archivo Audiovisual de la Comunitat Valenciana que recopilará los distintos archivos audiovisuales y los de la extinta RTVV para ponerlos a disposición de la ciudadanía y los operadores de la Comunitat; o, la creación de la sociedad de Infraestructuras y servicios de telecomunicaciones y certificación, ubicada también en dicho edificio, para gestionar y rentabilizar la red de repetidores de la antigua RTVV y el resto de reemisores que gestiona la Generalitat para los servicios del 112. Conforme puede constatarse, este conjunto de actuaciones e inversiones y así lo reconocen los expertos y el sector, han cambiado de manera radical el panorama y el espacio comunicativo de la Comunitat Valenciana. Un cambio necesario y obligado por la caótica situación de la que partíamos y que nos ha permitido situarnos en la vanguardia y como referentes en este ámbito, puesto que, no solo hemos abordado la reparación y reconstrucción del espacio audiovisual que existía en la Comunitat Valenciana, sino que hemos procurado hacer de la necesidad virtud y lo hemos articulado sobre nuevos paradigmas, en los que priman el reconocimiento de los derechos, las libertades y las opiniones de la ciudadanía, la independencia y la pluralidad de los medios, así como la no intervención de los poderes públicos, o la evaluación de los objetivos y la eficacia en la gestión de los recursos públicos. A su vez, debe destacarse que las actuaciones realizadas en la Comunitat Valenciana, se inscriben en la necesidad de superar los meros postulados cuantitativos como paradigma de las libertades informativas. Ya no basta con aplicar las concepciones neoliberales, que asocian la multiplicidad de canales, formatos, sistemas de difusión o aparatos receptores, que permiten las nuevas tecnologías, al verdadero ejercicio de las libertades informativas. En la actual sociedad de la comunicación global y con el actual grado de desarrollo tecnológico, la profunda transformación en el consumo de los contenidos e informaciones de los medios, requiere utilizar nuevas perspectivas a la hora conformar el panorama mediático, para correlacionar

Prólogo

configuración, actuaciones y oferta de los medios de comunicación con el ejercicio de los derechos y libertades informativas. Ya no se trata solo de fomentar una pluralidad cuantitativa en la oferta informativa, que podía ser válida en el siglo XX y hasta hace algunos años. Pero que, con el actual desarrollo tecnológico, el uso generalizado de la red y las posibilidades de comunicación global, dicha pluralidad, por sí sola, no deja de ser un mero referente que, en modo alguno, puede garantizar estos derechos y libertades, dadas las nuevas estructuras comunicativas y las posibilidades de acceso a los contenidos y la información. Además, también han surgido nuevos riesgos que pueden actuar e incidir sobre los contenidos —o las informaciones— y, sobre todo, actuar, incidir o decidir sobre los flujos informativos a escala mundial o a escala local. Así, como se plantea en esta obra, la estructura y la concentración en unos pocos operadores de los dominios, accesos servicios y contenidos de gran demanda, las posibilidades de difusión de las fake news (noticias falsas), los intentos de influir en determinados procesos electorales a través de la red y los medios, los derechos exclusivos y excluyentes sobre las retransmisión de determinados acontecimientos de interés general, la posible incidencia negativa de los contenidos y la publicidad en determinados colectivos, especialmente en los menores, el manejo de los macrodatos en el ámbito comunicativo, o el manejo intencionado de los flujos de la red sobre búsquedas de información hacia unos u otros medios, nos han obligado a repensar los marcos regulatorios y las políticas en torno al verdadero ejercicio de estos derechos. Al tiempo que hemos propiciado, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la articulación de un nuevo paradigma en esta relación entre las libertades y derechos informativos y los medios de comunicación, procurando desterrar cualquier tipo de dirigismo o intervencionismo de los poderes públicos sobre los medios, fundamentalmente los audiovisuales, derivando a una alta autoridad independiente la relación entre la administración y los medios, y en la que, además, se han reconocido un conjunto de derechos de la ciudadanía, y unas garantías de los profesionales y operadores, para que la libertad y la pluralidad informativa, o el derecho a recibir información veraz, estén plenamente vigentes en cualquier espacio comunicativo, especialmente en los contenidos de los medios públicos. Pero, también, fomentando y consolidando un espació comunicativo propio de ámbito local, comarcal y autonómico, con capacidad y calidad suficiente para constituir el vehículo de primario de entrada a los contenidos informativos generales y, así, poder subsistir como sociedad, con nuestras raíces y nuestra cultura, en la era de la comunicación global.

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Precisamente, por todo ello, resulta relevante la lectura de una obra como la presente en la que se van desgranando y analizando todas las cuestiones que he apuntado, que nos va a ser muy útil para conocer los medios y el espacio audiovisual de la Comunitat Valenciana, pero, también para constatar y profundizar en los importantes retos que tenemos planteados y los nuevos paradigmas sobre los que debe articularse esta interacción entre las libertades informativas y los medios de comunicación en la sociedad actual. XIMO PUIG President de la Generalitat Valenciana

REFLEXIÓN INICIAL El reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas constituyen el sustrato y la esencia de cualquier sociedad democrática. Pero, entre estos derechos y libertades fundamentales, los relacionados con la libre expresión y difusión de ideas, opiniones e informaciones, así como, el libre acceso a las mismas de todos los ciudadanos, son el cauce necesario para el desarrollo, la consolidación y la calidad democrática de un estado. Se trata, por lo tanto, de unos derechos y unas libertades de expresión, información o comunicación, que se reconocen formalmente en todos los textos constitucionales de los estados modernos, pero que, más allá de este reconocimiento formal, su ejercicio práctico acostumbra a estar vinculado, algunos lo llamaríamos condicionado, a un conjunto de factores, económicos, regulatorios, globalización, etc., que pueden incidir o dirigir, de manera intencionada y finalista, estos contenidos y los flujos informativos o comunicativos. Es por ello que el diseño y la adopción de las normativas que deben trasladar estos derechos y libertades constitucionales a su aplicación práctica en el día a día de los procesos informativos y comunicativos en cualquier sociedad democrática, adquiere una importancia fundamental. Tanto en el ámbito estatal, como en el regional o en el local. Y, en cada uno de ellos, su reconocimiento y su correcta traslación normativa a dicha aplicación práctica deben suponer una mayor garantía en la conformación de una opinión pública más libre y, a la postre, más democrática. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, en el ámbito normativo solo se ha legislado reforzando el valor normativo de estos derechos y libertades constitucionales, y se ha minusvalorado el desarrollo práctico de los mismos y la incidencia que dichas normativas pueden tener en la ordenación de la macroestructura mediática, en el libre ejercicio de la actividad informativa por los profesionales o, en definitiva, en los efectos que los contenidos e informaciones difundidas pueden tener en una sociedad determinada. Basta, al respecto, preguntarnos por la pervivencia de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, en aras a evitar una regulación que pudiese desvirtuar las libertades reconocidas en el artículo 20 de nuestro texto constitucional. Incluso, en el tránsito hacia la actual sociedad de la información y la comunicación global, en demasiadas ocasiones, se ha postulado y defendido desde determinados ámbitos políticos o doctrinales que

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la mejor garantía para el ejercicio de las libertades y derechos de expresión e información, es la pluralidad y universalidad que permite el ejercicio de las libertades de expresión y difusión a través de las redes de internet. Nada más falso o, por lo menos, falso en una afirmación binaria. La falta de actuación y regulación de los poderes públicos, basada en la aparente pluralidad y los aspectos cuantitativos de contenidos, formatos y medios de difusión, en una sociedad en la que los macrodatos y los algoritmos que los manejan están dominados por unos pocos, resulta necesario que el ejercicio efectivo de estos derechos y libertades informativas esté apoyado y propiciado desde varias perspectivas de actuación y regulatorias. En la sociedad actual el tradicional papel y función que la prensa ejercía como, llamémosle, “cuarto poder”, se ha diluido con las redes y el flujo de contenidos e información que se transmiten a través de internet. Además, la corta experiencia que estamos acumulando, en especial algunos intentos de influir en determinados procesos electorales o de calado social, nos obliga a considerar estas variables y regular algunos aspectos para evitar falsedades o manipulaciones masivas, así como garantizar el pluralismo y la transparencia en la red si no queremos estar sometidos al control o a la tiranía de determinados operadores, puesto que en la actualidad, en el ejercicio de los derechos y libertades informativas, ya no solo debe considerarse la pluralidad, sino también el proceso, a escala mundial, de concentración multimedia, la capacidad y los derechos sobre los contenidos audiovisuales, o el manejo de las búsquedas y los flujos informativos. Pero, de vuelta a la regulación de estos derechos y libertades, no puede negarse que el reconocimiento de los mismos, ha sido uno de los baluartes en la configuración y desarrollo del actual modelo de estado democrático. Desde la Declaración de Derechos del Estado de Virginia en 1776, donde, por primera vez, se hace una mención explícita a que “la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad, y que jamás puede ser restringida por un gobierno despótico” (Cláusula 12), pasando, unos años más tarde, por la primera enmienda en la Carta de Derechos (Bill of Rights el término por el que se conocen las diez primeras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América) de Estados Unidos de 1791, en la que se estipula que el Congreso no promulgará ninguna ley por la cual se limite la libertad de palabra o la de prensa, y, sobre todo, con el art. 11 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobado por la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa en 1789, al reconocer que “la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente…” articulando el concepto que constituyó la base del