jueces y argumentación jurídica
Los textos reunidos en este libro abordan temas que conforman el núcleo duro de la visión neoconstitucionalista de Rodolfo L. Vigo, en cuyo pensamiento filosófico es posible rastrear los principales postulados de la filosofía aristotélico-tomista, así como de los de iusfilósofos de la talla de Alexy, Dworkin, Zagrebelsky, Nino y algunos célebres iusnaturalistas, Villey y Finnis, principalmente. Desde este enfoque teórico, el autor encara el modelo del Estado de Derecho Constitucional y los aspectos más importantes que lo rodean en materia de argumentación jurídica. El resultado es una obra potente que representa algo de lo mejor de la filosofía jurídica neoconstitucionalista de nuestro tiempo.
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jueces y argumentación jurídica
Rodolfo L. Vigo
1. Decidir y argumentar sobre derechos Juan Antonio García Amado
jueces y argumentación jurídica
La interpretación (argumentación) jurídica en el Estado de Derecho Constitucional Rodolfo L. Vigo
ISBN Consejo de la Judicatura Federal 978-607-9013-15-8
La interpretación (argumentación) jurídica en el Estado de Derecho Constitucional
OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN:
jueces y argumentación jurídica
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La colección “Jueces y Argumentación Jurídica” desarrolla temas vinculados a la Línea A de Investigación del Instituto de la Judicatura Federal, “Modelos Judiciales. Hacia un modelo judicial en México”, buscando promover el análisis reflexivo sobre los enfoques actuales de la metodología jurídica; las teorías contemporáneas de la interpretación y argumentación en el derecho; la filosofía moral y política, y la ética judicial.
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COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen M. Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
LA INTERPRETACIÓN (ARGUMENTACIÓN) JURÍDICA EN EL ESTADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Colección “Jueces y Argumentación Jurídica” Línea A de Investigación: Modelos Judiciales. Hacia un modelo judicial en México
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Luis María Aguilar Morales Ministro Presidente
Martha María Del Carmen Hernández Álvarez Rosa Elena González Tirado Alfonso Pérez Daza Felipe Borrego Estrada J. Guadalupe Tafoya Hernández Jorge Antonio Cruz Ramos
INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL COMITÉ ACADÉMICO Salvador Mondragón Reyes (Presidente) Elisa Macrina Álvarez Castro Miguel Bonilla López Elvia Rosa Díaz de León D’hers Héctor Lara González José Alfonso Montalvo Martínez Juan José Olvera López Isabel Cristina Porras Odriozola Carlos Ronzon Sevilla Fernando Silva García Alejandro Villagómez Gordillo Bernardo Rafael Velasco Muñoz (Secretario)
INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL Salvador Mondragón Reyes Director General Bernardo Rafael Velasco Muñoz Coordinador Académico
CONSEJO EDITORIAL Rosa María Álvarez González (IIJ-UNAM) Amalia Amaya (IIF-UNAM) Karina Ansolabehere (FLACSO) Manuel Atienza (Universidad de Alicante, España) José Luis Caballero Ochoa (U. Iberoamericana) José Dávalos Morales (IIJ-UNAM) Jorge Fernández Ruiz (IIJ-UNAM) Eduardo Ferrer Mac-Gregor (IIJ-UNAM) Jorge Alberto González Galván (IIJ-UNAM) Juan E. Méndez (American University, USA) Margarita Palomino Guerrero (IIJ-UNAM) Ascensión E. Perales (Universidad Carlos III de Madrid, España) Pedro Salazar Ugarte (IIJ-UNAM) Sandra Serrano García (FLACSO) Jorge Alberto Witker (IIJ-UNAM)
EDITOR RESPONSABLE Ramón Ortega García Secretario Técnico de Investigación y Publicaciones
EDITOR ACADÉMICO Rafael Caballero Hernández
LA INTERPRETACIÓN (ARGUMENTACIÓN) JURÍDICA EN EL ESTADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
RODOLFO L. VIGO
Ciudad de México, 2017
Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/
© Rodolfo L. Vigo
Primera edición: 2017 D.R. © 2017. Instituto de la Judicatura Federal Calle Sidar y Rovirosa, No. 236, Colonia Del Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México. Impreso y hecho en México. © EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN Consejo de la Judicatura Federal: 978-607-9013-15-8 ISBN Obra completa: 978-607-9013-25-7 ISBN: 978-84-9169-617-9 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/ empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
A Estanislao Rodríguez Strada (mi séptimo nieto), y nuevamente a sus padres: Mercedes María Vigo y Nicolás Rodríguez Strada
Índice
Prólogo.................................................................................................... 13
I. Argumentación jurídica: algunas preguntas y respuestas relevantes....... 15
II. Los problemas de la argumentación jurídica: una visión actual e integral.. 25
III. De la interpretación a la ley a la argumentación desde la Constitución (realidad, teorías y valoración)................................................................. 39
IV. Razonamiento justificatorio judicial.................................................... 85
V. ¿Dos o tres neoconstitucionalismos?.................................................... 123
VI. La matriz de la decisión judicial......................................................... 135
VII. Los principios jurídicos y su impacto en la teoría actual.................... 141
VIII. Los “hechos” en el paradigma legalista y en el paradigma constitucionalista.................................................................................................. 173
IX. El papel de un Tribunal Constitucional en democracia (homenaje a Aharon Barak)......................................................................................... 195
X. Legitimidad argumentativa de los jueces y periodismo judicial............ 201
XI. Ética judicial e interpretación jurídica................................................ 205
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Índice
XII. De los métodos interpretativos a los argumentos justificatorios......... 237
XIII. Un concepto de validez jurídica funcional para el rule of law.......... 253
XIV. Constitucionalización y neoconstitucionalismo: riesgos y prevenciones.. 283
XV. Distintas concepciones de la equidad................................................. 335
Nota curricular del autor......................................................................... 343
Prólogo Hemos dicho reiteradamente que, en general, predomina en nuestras Facultades de Derecho una inercia de reproducción de una cultura al servicio de la matriz del Estado de Derecho Legal, ello no obstante todos los cambios que resultan visibles en la realidad, los que hablan de un nuevo modelo de Estado, de Derecho y de jurista, al que precisamente denominamos “Estado de Derecho Constitucional y Democrático”. Para cubrir esa distancia entre teoría y realidad, se necesita que al menos desde otros espacios institucionales, como los Poderes Judiciales, se reaccione apropiadamente y se procure proporcionarles a los juristas de un aparato conceptual idóneo que les permita comprender y operar en aquel nuevo contexto. Claramente, hoy se requiere del jurista que sepa de qué hablamos cuando se habla de: principios, derechos humanos, ponderación, argumentación, verdad fáctica, sistema jurídico “débil”, crisis de la soberanía, discrecionalidad judicial, judicialización, equidad, dogmática jurídica, etc.; sin embargo, es muy probable que los juristas más bien prefieran hablar de: normas, interpretación, dos verdades, casos fáciles, pirámide jurídica, fuentes del derecho según el Código Civil, seguridad jurídica, filosofía jurídica, etc. El mundo mucho ha cambiado en las últimas décadas, y especialmente el derecho ha sufrido enormes transformaciones. Basta pensar en las condenas judiciales por cumplir la “ley” y violar el “derecho” que consagró Nuremberg, o en el delito de prevaricato previsto en el Código Penal español tipificado por dictar una sentencia injusta a sabiendas, o en el papel determinador final de los derechos nacionales que ha asumido la Corte Interamericana de Derechos Humanos; como para despertar del sueño legalista, juridicista, nacionalista y dogmático al que nos había sumido el Estado de Derecho Legal. No se trata de adoptar posturas cronolátricas o acomodaticias, pues ése no es el papel del doctrinario que debe en todo momento promover lecturas valorativas de la realidad, en orden a discernir en el derecho lo mejor de lo peor y lo posible de lo inviable. Tampoco se trata de dar la espalda a la realidad e ignorarla, porque ella finalmente será irresistible y se impondrá, con el inconveniente de no poder controlarla y guiarla.
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En la presente obra agrupamos distintos artículos que llaman la atención sobre algunos de esos nuevos problemas o exigencias que cualquier jurista que esté interesado en estar a la altura de los tiempos no puede ignorar. Centralmente —como lo destaca el título— se trata de reconocer que el servicio del jurista ya no se presta a través de la “interpretación”, o sea desentrañando el sentido de una norma y proyectarlo silogísticamente a una instancia individual del caso genérico previsto en aquella, sino razonando de manera lógica y persuasiva mediante el empleo de premisas o enunciados que resultan justificados por medio de razones o argumentos jurídicamente válidos. Lo que el ciudadano reclama es que el derecho dicho por los juristas resulte racional y, por ende, susceptible de ser aceptado racionalmente, y en esa tarea “jurisdiccional” la ley tiene un papel inexcusable que cumplir pero no excluyente ni exclusivo. Claro que hay más derecho que el contenido en la ley, y si bien éste es “razón prima facie o presuntiva”, no exime al jurista del juicio definitivo de validez jurídica ni del esfuerzo por encontrar la mejor respuesta jurídica disponible en el derecho vigente. Nos queda para terminar ciertos ineludibles agradecimientos. En primer lugar a Isaac Rubinzal que una vez, con su reconocida generosidad y calidad humana, no ha tenido el más mínimo inconveniente en autorizar desinteresadamente que este libro, originariamente editado por Rubinzal-Culzoni, asuma esta nueva edición promovida por el Instituto de la Judicatura Federal de México. En segundo lugar, no podemos dejar de agradecer la insistencia con la que el Director y amigo de dicho Instituto, el Magistrado Salvador Mondragón Reyes, nos instó a que procuráramos aquella autorización de la prestigiosa Editorial de Santa Fe (Argentina). Por supuesto que esa gestión la asumimos con plena conciencia del honor que implicaba poner al alcance de magistrados mexicanos nuestro libro, pues hemos repetido con insistencia todo el afecto y el agradecimiento que tenemos en general para este querido y hermano país, como especialmente para su mundo académico y judicial, con el que a lo largo de estos últimos años hemos construido provechosos y gratificantes lazos. El Autor
I. Argumentación jurídica: algunas preguntas y respuestas relevantes Propósito: La presente nota tiene el modesto propósito de aportar algunas nociones elementales a quien esté interesado en contar con información básica sobre la argumentación. Consiguientemente, se espera que esa introducción potencie el interés sobre el tema a los fines de un estudio más exhaustivo y completo. 1. ¿Qué es la argumentación?: El “proceso” de argumentar, que concluirá como “resultado” en una argumentación, consiste en un razonamiento donde a partir de ciertos enunciados, premisas o juicios que se justifican con argumentos o razones, se obtiene mediante la respectiva inferencia, una respuesta acerca de un problema o pregunta que no es evidente. Nuestro enfoque se centrará en la argumentación práctica cuyo objeto mediato o inmediato será dirigir o valorar conductas humanas. Al argumentar tratamos de obtener un conocimiento que se busca desde otros conocimientos con los que se cuentan o se van obteniendo. La pregunta que moviliza no tiene una respuesta evidente, más bien, tiene —con mayor o menor amplitud— respuestas discutibles o verosímiles. Ese obstáculo para obtener el conocimiento que se procura de manera inmediata, habilita a la búsqueda argumentativa de la misma. Una síntesis de lo señalado lo revela una definición de argumentar que viene del pensamiento clásico: “argumentar es argüir razones en caso de duda”. Es obvio que la argumentación se torna jurídica cuando la respuesta que se procura remite a preguntas sobre qué es lo que el derecho obliga, prohíbe o permite, y ella transitará por un camino controversial o dialéctico. 2. ¿La argumentación es algo novedoso?: El interés actual sobre la argumentación puede llevarnos a pensar que se trata de algo nuevo o descubierto en los últimos tiempos. Sin embargo, ella se remonta a los orígenes mismos de la filosofía. Más aún, el origen del derecho —como lo ha explicado Villey— guarda íntima conexión con la presencia del razonamiento dialéctico o retórico que Roma lo recibe desde Atenas, en oposición del razonamiento apodíctico o necesario. Pero lo cierto es que la configuración del Estado de Derecho Constitucional (EDC) en Europa Continental después de la segunda guerra mundial
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lo incorpora a la agenda de los juristas, y ello se explica porque aquella nueva matriz o paradigma implicará: a) el reconocimiento de la Constitución y los derechos humanos como fuente del derecho, adonde los juristas pueden y deben buscar respuestas jurídicas; b) la moral racional (bajo los rótulos derechos humanos, valores, principios, etc.) se incorpora al derecho; y c) surgen los tribunales constitucionales con facultad de imponer la respuesta jurídica contenida en la Constitución. La novedad quizás está en haber puesto en las últimas décadas una atención privilegiada en la dimensión operativa o argumentativa del derecho, de modo que no basta conocer el derecho contenido en normas y principios, sino que se torna necesario conocer también cómo se opera el mismo, o sea qué matriz o teoría argumentativa tiene ese ordenamiento jurídico. 3.¿Por qué no interesaba la argumentación en el Estado de Derecho Legal (EDL)?: El EDL se crea al hilo de la Revolución Francesa y del proceso de codificación que inaugurará el Code en 1804, y con ese nuevo modelo de Estado, de Derecho y de perfil de jurista, se pretende reemplazar al Estado de Derecho pre-moderno. Unas de sus características centrales serán: a) la sinonimia entre derecho y ley; b) a la ley la hacía la rousseauniana “voluntad general” infalible; y c) al jurista sólo le correspondía ser la boca de la ley, por ende, debía aprenderla y repetirla de manera dogmática. Este trabajo del jurista se prometía fácil, mecánico y silogístico, dado que consistiría en subsumir el caso individual en el supuesto genérico previsto en la ley, construyendo el silogismo respectivo donde la premisa mayor sería el “sentido” que se obtenía de las entrañas de la misma por medio de ciertos métodos (centralmente el gramatical y el lógico), la premisa menor el caso, y la conclusión que proyectaba en el caso las consecuencias previstas en la ley. “Dura lex, sed lex” y la fidelidad a la voluntad del legislador serían las claves del trabajo del jurista que se llevaría a cabo por medio de la interpretación, así él nada creaba para el derecho y se limitaba a aplicar la ley. Una prueba de hasta donde la argumentación y EDL se conjugan mal, es que donde no se instituyó al mismo, siguió vigente el apotegma “Veritas, non auctoritas, facit legem” sin que se impusiera el hobbesiano “Auctoritas, non veritas, facit legem”, así en el common law la enseñanza del derecho incluye inescindiblemente a la argumentación.
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4. ¿Por qué no se enseña la argumentación en nuestras Facultades de Derecho?: Los planes de estudios de dichas Facultades responderán al modelo de las Universidades napoleónicas en donde lo que importaba era memorizar acríticamente el derecho contenido en los Códigos, y así, las ramas jurídicas más importantes eran las generadas en el Código Civil, y las materias en las que no se estudiaban códigos carecían de importancia e interés para los juristas. La formación universitaria se limitaba a constatar que se había aprendido sin agregados, ni correcciones, lo que habían enseñado los profesores y los exámenes buscaban corroborarlo. Se suponía que el trabajo profesional posterior se enfrentaría a casos que ya tenían una respuesta claramente contenida en la ley, y por ende, su esfuerzo se limitaba a decirla cuando abogaba por ella, la enseñaba o la imponía autoritativamente. Más aún, se había contemplado la amenaza de una sanción penal para aquel juez que prevaricara apartándose del sentido de la ley, junto a la advertencia que el “intérprete auténtico” era el legislador y que el juez no podía dejar de sentenciar aduciendo el “pretexto” de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. Era coherente a tal modelo no estudiar la jurisprudencia, dado que ésta repetía la ley interpretándola y nada creaba para el derecho. 5. ¿Cuáles son los temas más importantes y novedosos de la argumentación?: Tratando de hacer un listado rápido y básico de los mismos, señalemos fundamentalmente los siguientes: a) el mejor derecho es aquel que además de normas cuenta también con “principios” que están en el derecho per se o propio vigore, en donde los juristas encuentran respuestas jurídicas en potencia o implícitas; b) para resolver un caso por medio de dichos principios (derechos humanos) corresponde “ponderarlos”, y como fruto de dicho esfuerzo se obtendrá el enunciado normativo que se necesita para subsumir el problema y brindarle la solución; c) la lógica formal sigue valiendo dado que el razonamiento se estructura silogísticamente, pero hay que advertir que en esa lógica hay más que silogismos, por ejemplo hay inducciones, abducciones y estadísticas; d) se requiere de la “retórica” en tanto no basta tener buenas razones o argumentos y respetar la lógica para lograr el éxito de la argumentación, en auxilio de la misma está precisamente aquella ciencia y arte de la persuasión; e) como con lucidez lo ha demostrado Taruffo, la justicia de la argumentación depende del conocimiento verdadero de los hechos implicados, de
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ahí la relevancia de los medios probatorios (especialmente la prueba científica) y el esfuerzo judicial en conseguir saber cómo fueron los hechos en donde se dice el derecho; f) la semiótica asociada al “giro lingüístico” de la filosofía conlleva la prevención acerca de los problemas que están asociados al lenguaje del derecho y de los juristas, por ello, corresponde el estudio de los problemas más habituales en el terreno semántico, sintáctico y pragmático; g) las falacias en tanto razonamientos incorrectos con apariencia de correctos, no pueden ser ignorados por alguien interesado en la argumentación; h) la realidad jurídica demuestra fácilmente que está muy lejos de la misma el sistema jurídico “fuerte” de Kelsen, por ende, cabe asumir un sistema más modesto: abierto, dinámico, poroso, casuístico y principialista; i) los valores o la moral interesa al derecho y a los juristas dado que frente a lo grave, objetiva y evidentemente disvalioso o inmoral (“la injusticia extrema no es derecho”) cabe negar la juridicidad, y el derecho se comprende con un sentido que le es inescindible, cual es lograr racionalmente la mejor o más justa vida social posible (según el código penal español, el juez comete prevaricato cuando dicta una sentencia injusta a sabiendas); y j)frente a los escepticismos o relativismos radicales en materia moral o axiológica, en las últimas décadas asistimos a una rehabilitación de la razón práctica —vía Aristóteles o Kant— que permite confiar en respuestas racionales en aquel terreno, lo que resulta decisivo para poder hablar de argumentación. 6. ¿Qué beneficios reporta la argumentación?: De lo consignado puede inferirse que con la argumentación se pretende que el derecho no se reduzca a voluntad o decisión autoritativa comunicada al destinatario, sino que contenga un esfuerzo justificatorio racional que pueda ser comprendido y aceptado por la razón del obligado. De ese modo se humaniza el derecho brindando razones de lo que prescribe, lo que implica una preocupación por el destinatario a los fines que comprenda los motivos de lo ordenado y lo acepte. Esa reconciliación del derecho con la razón práctica, aporta a la legitimidad de la autoridad y permite impugnarla cuestionando los argumentos aducidos como justificativos de lo mandado. Al seguir un camino racional y dialéctico cuando se manda, se reducen los riesgos del error, y se posibilita un seguimiento racional que provea estabilidad para el futuro de lo mandado. Sintéticamente: a) valida la respuesta, b) posibilita el control; c) legitima la función judicial y al que la ejerce; d) concreta
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al derecho; e) facilita la eficacia del derecho; f) enriquece al derecho; g) facilita la estabilidad del derecho; y h) moraliza el ejercicio de la autoridad. 7. ¿Qué consecuencias trae la argumentación errónea?: Sin perjuicio de lo señalado en el punto inmediato anterior (los opuestos pertenecen al mismo saber), destaquemos que si la autoridad —por ejemplo la judicial— se equivoca al argumentar porque no logra justificar lo ordenado dado que violenta la lógica o no provee de argumentos jurídicos suficientes, válidos, coherentes, consistentes, controversiales y persuasivos, corre el riesgo de que se invalide (anule o abrogue) lo prescripto y que tenga que responder por ello. Dejando de lado el tema de la responsabilidad que puede asumir diferentes rostros: civil, penal, administrativo, constitucional, social, ético, internacional o académico, nos interesa destacar la cuestión de la validez de lo mandado; es que frente a la perspectiva kelseniana que asociaba la validez de la norma jurídica a la competencia, al procedimiento y al respeto de la norma superior, hoy se fomenta que ella se asocie a la justificación racional, de modo que si la norma resulta insalvable, grave y evidentemente irracional se concluya su invalidez y consecuentemente su carencia de obligatoriedad. En clave tradicional: la ley como “ordinatio rationis”, lo que se refleja en la jurisprudencia norteamericana en donde el test de constitucionalidad se asimila a test de racionalidad, y la jurisprudencia argentina ha ratificado que lo absurdo o lo irracional no es compatible con el derecho. 8. ¿La argumentación jurídica solo importa a los jueces?: Desde Perelman a Alexy, han reconocido que es en el campo judicial donde paradigmáticamente se verifican las características de la argumentación jurídica, de modo que todo lo que se señale respecto al razonamiento judicial vale —mutatis mutandi— para todo jurista. Ello vale incluso para la argumentación del abogado que procura mostrar que lo postulado no responde a intereses subjetivos o parciales, sino que está respaldado o mandado por el derecho objetivamente. El juez debe darle la razón al abogado no porque le conviene a su cliente, sino porque lo exige el derecho y así debe declararlo (no crearlo).Más allá de esa consideración especial, la argumentación jurídica se hace presente donde se reclaman, enseñan u ordenan ciertas respuestas jurídicas, y por ello, está presente en el ámbito académico e incluso en el legislativo. Es cierto que en éste último aparecen argumentos muy