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especialidades de Derecho, Criminología, Economía y Sociología. Una colección clásica en la literatura universitaria española.
Todos los títulos de la colección manuales los encontrará en la página web de Tirant lo Blanch. www.tirant.es
PARTE ESPECIAL 5ª EDICIÓN
Carlos Martínez-Buján Pérez
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Libros de texto para todas las
DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA
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DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Belén Campuzano Laguillo
Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Jorge A. Cerdio Herrán
Angelika Nussberger
José Ramón Cossío Díaz
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Owen M. Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania) Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
José Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: http://www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA PARTE ESPECIAL 5ª Edición
Carlos Martínez-Buján Pérez Catedrático de Derecho penal Universidad de A Coruña
Valencia, 2015
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© Carlos Martínez-Buján Pérez
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A la memoria de mis padres
Prólogo a la Quinta edición Una nueva edición de un libro de las características que el lector tiene en sus manos suele requerir el transcurso de un significativo número de años desde la aparición de la edición anterior. Y así sucedió con las tres primeras ediciones de esta obra (publicadas en 1999, 2005 y 2011, respectivamente), que muestran un lapso temporal de un sexenio, imprescindible para incorporar las contribuciones más destacadas de la ingente bibliografía que fue surgiendo a lo largo de todos esos años, así como las resoluciones jurisprudenciales más relevantes. Obviamente, la publicación de sexenio en sexenio fue posible porque las modificaciones importantes de nuestra legislación penal también se realizaron, a la sazón, de sexenio en sexenio (la edición de 2005 respondió fundamentalmente a la reforma de 2003; y la edición de 2011, a la reforma de 2010). De esta manera, ante una nueva edición yo podía disponer de tiempo suficiente para leer la bibliografía y la jurisprudencia y poder reflexionar sobre ellas. Sin embargo, desde que nuestra dominante clase (casta/caspa) política descubrió que la materia jurídico-penal ofrecía un importante caladero de votos, emprendió una carrera de reformas de mayoritario carácter simbólico, al socaire de presuntos compromisos contraídos con sus electores y de espaldas al necesario consenso que debe presidir las modificaciones de las normas penales. Naturalmente, uno de los principales ámbitos que podía proporcionar esos votos era el del Derecho penal económico y de la empresa, y a esta empresa (valga la redundancia anfibológica) se dedicó con singular ahínco la actual mayoría parlamentaria que hemos padecido en España durante la última legislatura. Así, en estos últimos años se publicaron las Leyes Orgánicas 6/2011, de 30 de junio, y 7/2012, de 27 de diciembre, que exigieron la consecuente publicación de la 4ª edición de este libro (aparecida en 2013), y la reciente Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que es la que me ha obligado a preparar la 5ª edición, tan solo dos años después. Ahora bien, esta última reforma (más bien, una contrarreforma) no fue una reforma cualquiera, sino la de mayor trascendencia desde la aprobación del Código penal de 1995, dado que modificó un elevado número de delitos y afectó de forma considerable al contenido de esta obra, en particular a las Lecciones primera, segunda, cuarta, séptima y octava, y en menor medida a la Lección sexta. Y lo peor es que lo hizo a costa de la minoración de los derechos políticos y sociales de los ciudadanos y con la zafiedad, tosquedad y demagogia propias del Partido Político que la impulsó.
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A la vista de ello, creo se comprenderá bien por qué en la redacción de esta 5ª edición me he tenido que limitar a incorporar el contenido de las reformas introducidas por la citada Ley Orgánica 1/2015, apoyada en la escasa bibliografía aparecida en relación con tales reformas. Tener en cuenta además toda la bibliografía publicada durante estos dos últimos años, así como la jurisprudencia más descollante, haría de todo punto imposible publicar la nueva edición en un plazo razonable, que, por otra parte, probablemente coincidiría ya con el muy verosímil cambio de mayoría parlamentaria, propiciatorio, a buen seguro, de una nueva y radical reforma en materia jurídico-penal, puesto que la casta imperante será sustituida por una nueva casta, sin caspa a pesar de contar con más cabello, pero aderezada, eso sí, con unos cuantos aprendices de Lenin y algunos seguidores de teóricos marxistas como Antonio Gramsci o Toni Negri, pasados por el filtro del populismo nacionalista bolivariano, y en la que además asoman viejas y nuevas caras del trotskismo, apóstoles de la revolución mundial permanente (J. Moreno Luzón, dixit), algunos de los cuales parten ya en la línea de salida con la cualidad de veterocorruptos. Repárese además en que la labor de puesta al día de esta obra no se circunscribe a las lecciones más arriba enumeradas, puesto que también en las restantes he tenido que introducir cambios, sea por las referencias que en estas se contenían a preceptos (analizados en aquellas) que han sido modificados, sea por cambios de alcance general, como, señaladamente, la supresión de las faltas. Eso sí, la mención de la bibliografía más relevante de estos dos últimos años ha sido incorporada a los repertorios de cada Lección. A todo lo anterior añádase la necesidad de poner al día también el libro de Parte General, cuya actualización confío en terminar en un plazo relativamente corto y cuyo contenido se ha visto asimismo afectado por la L.O. 1/2015: no ya solo por las apuntadas reformas efectuadas en los delitos económicos que aquí se examinan, sino además por las modificaciones pertenecientes al Libro I del Código penal, singularmente, la referente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En fin, espero que se comprenda asimismo que la tarea que supone actualizar ambos libros en solitario y con los recursos cerebrales cada vez más menguados es una tarea que comporta ineluctablemente incurrir en errores y omisiones. Como siempre, pido disculpas por anticipado. Carlos Martínez-Buján Pérez A Coruña, junio de 2015
Prólogo a la Cuarta edición El motivo fundamental de publicar esta cuarta edición (dos años después de haber visto la luz la tercera) es incorporar las importantes novedades introducidas en la materia por dos leyes: la (por diversas razones, lamentable) Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, “por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en (sic) la Seguridad Social” (que afecta a las Lecciones 6 y 7) y la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, “por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando” (que afecta a la Lección 9). Asimismo, se incorpora la novedad contenida en la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, que reformó el art. 288-1 del Código penal para, simplemente, incluir la mención del art. 284 entre las referencias a los arts. 282 bis y 286 bis. En la redacción de este libro he tenido en cuenta las nuevas reflexiones sobre esta materia del Derecho penal económico y de la empresa que recogí en la 3ª edición de mi Parte General, publicada en el año 2011 y basada en los postulados de la concepción significativa de la acción. Con todo, debo advertir de que (a la espera de una nueva edición de mi libro de Parte General, que queda pendiente para el próximo año) la materia incluida en la tercera edición tiene que ser completada con dos nuevos trabajos míos aparecidos a lo largo del presente año, que modifican o amplían algunos aspectos de la teoría jurídica del delito: se trata del libro titulado “El contenido de la antijuridicidad (Un estudio a partir de la concepción significativa del delito)”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2013, y el artículo titulado “Los elementos subjetivos del tipo de acción (Un estudio a la luz de la concepción significativa de la acción)”, publicado en la revista teoría & derecho, junio 2013. Por lo demás, he aprovechado la nueva edición para incorporar la bibliografía y la jurisprudencia más relevantes de estos dos últimos años. Con respecto a ello deben tenerse en cuenta las consideraciones contenidas en el prólogo a la tercera edición, que son trasladables a esta cuarta edición. En particular, en lo que atañe a la jurisprudencia, hay que añadir la reciente aparición del libro que, con el título de “Derecho penal económico y de la empresa”, he publicado este mismo año y en esta misma editorial, en la colección “Tratados, Comentarios y Prácticas procesales”: se trata de una versión resumida de esta Parte Especial, orientada básicamente a la práctica profesional, en la cual se prescinde de la mayor parte de las discusiones doctrinales y se ofrece, en cambio, una amplia y actualizada información de la jurisprudencia existente. Carlos Martínez-Buján Pérez Santiago de Compostela, mayo de 2013
Prólogo a la Tercera edición La principal novedad de esta tercera edición consiste en la incorporación del contenido de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de modificación del Código penal, en vigor desde el 23 de diciembre de 2010, uno de cuyos principales objetos es, precisamente, el del Derecho penal económico y de la empresa. De hecho, la mayor parte de las Lecciones de este libro se han visto afectadas, en mayor o menor medida, por esta reforma, que comporta incluso la creación de nuevas figuras delictivas, como el delito de estafa de inversión de capital y estafa de crédito (art. 282 bis), el delito de corrupción entre particulares (art. 286 bis) o diversos tipos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 328, apartados 2 a 7). A ello hay que añadir la previsión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas para buena parte de los delitos que aquí se estudian. Por otra parte, y dado que la segunda edición de esta obra se terminó de redactar en otoño de 2004, la tercera edición supone también una puesta al día de su contenido en lo referente a la legislación extrapenal que se ha promulgado a lo largo de estos seis años, así como en lo concerniente a la bibliografía y a la jurisprudencia. En lo que atañe, en particular, a la incorporación de la nueva bibliografía he tratado de mantener, en la medida de lo posible, las características de la anterior edición, en el sentido de añadir en todos los delitos las referencias de los principales trabajos publicados en la doctrina española a lo largo de estos seis últimos años. No obstante, debo confesar que, a pesar de haber dedicado muchas horas a esta tarea, no estoy seguro de haberlo conseguido. La infernal dinámica a la que nos hemos visto abocados los profesores e investigadores españoles, a causa de tener que enfrentarnos a acreditaciones, evaluaciones y revisiones, inventadas por la jerga vacía de pedagogos de mente calenturienta al servicio de la Administración educativa para obstaculizar el verdadero progreso científico y cultural, ha propiciado una terrorífica inflación de publicaciones sedicentemente originales, muchas veces sin el rigor y la calidad exigibles, no faltando incluso casos en que no sólo no se aporta nada nuevo al acervo jurídico-penal consolidado, sino que se dice mucho menos (y de peor modo) de lo que ya se contenía en trabajos anteriores, que en no pocas ocasiones (para mayor colmo) se desconocen. Por tanto, en esta tercera edición me he enfrentado a una ardua labor de selección de las contribuciones que me parecían más relevantes y, sobre todo, aquellas que ofrecían alguna aportación digna de mención en la interpretación de los tipos penales. Sin embargo, estoy seguro de que, pese a las muchas horas de lectura perdidas en el intento de separar el grano de la paja, habré incurrido en omisiones
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de trabajos que merecerían ser tenidos en cuenta y por las que pido disculpas por anticipado. Por lo que respecta a la jurisprudencia, la cuestión se presenta de un modo diferente. Plenamente convencido ya de que el contenido de las resoluciones jurisprudenciales es cada vez peor en el aspecto jurídico y que además en los últimos tiempos los razonamientos son, en no escasa medida, ya gramaticalmente ininteligibles, me he limitado a una tarea puramente informativa de la adscripción de la jurisprudencia a las diversas tesis que la doctrina científica ha ido elaborando sobre los diferentes elementos de los delitos aquí analizados. Finalmente, en la redacción de este libro he tenido en cuenta las nuevas reflexiones sobre esta materia del Derecho penal económico y de la empresa que recogí en la 2ª edición de mi Parte General, publicada en el año 2007 y basada en los postulados de la concepción significativa de la acción. Carlos Martínez-Buján Pérez Santiago de Compostela, diciembre de 2010
Prólogo a la Segunda edición Aunque cuente con un título parcialmente diferente, este libro puede ser caracterizado ante todo como una segunda edición del Derecho penal económico (Parte especial) que publiqué en esta misma editorial el año 1999 y que tuvo una posterior versión (con una orientación preferentemente jurisprudencial, en detrimento de la doctrinal) en el año 2002 en la colección Tratados. Es, en efecto, una segunda edición, puesto que las lecciones segunda a séptima y novena del volumen que ahora ve la luz suponen en lo esencial una puesta al día de la materia estudiada en el libro de 1999. Eso sí, en muchos pasajes hay una significativa modificación del texto inicial, que en algunos casos llega a ser incluso una auténtica reelaboración: sea por las reformas penales habidas a lo largo de estos años (principalmente la LO 15/2003), sea por la modificación de la legislación extrapenal, sea, en fin y sobre todo, por la influencia de las numerosas y relevantes contribuciones de la doctrina y la jurisprudencia españolas, que han sido tenidas en cuenta en la medida en que han aparecido antes del verano de 2004 (la bibliografía posterior, pero aparecida antes de enviar este texto a la imprenta, ha podido ser incorporada en algunos casos al repertorio bibliográfico). Ello no obstante, el libro que prologo es asimismo en cierto modo algo más que una segunda edición. Y lo es desde una doble perspectiva: de un lado, porque su contenido se ve ampliado con la inclusión de delitos no examinados en el libro anterior; de otro lado, porque esa ampliación responde a una razón material o metodológica, que es la que pretendo reflejar con la adición de la expresión “y de la empresa” en el título del libro. Merced al vocablo “empresa” quedan abarcados aquellos delitos que en su día no incluí en la categoría del Derecho penal económico, caracterizada en una versión más estricta, de conformidad con el criterio dogmático del bien jurídico (supraindividual), que fue el criterio rector acogido por mí en la investigación básica, publicada en 1998 también en esta editorial, con el título de Derecho penal económico (Parte general). Evidentemente, esta caracterización posee su sentido y su utilidad, al centrar el objeto de estudio en figuras delictivas estrechamente emparentadas, lo que dota de gran homogeneidad a la categoría. Sin embargo, es indudable que desde la perspectiva político-criminal resulta más fructífero recurrir a otro criterio clasificatorio que otorga una mayor amplitud a la materia, esto es, el criterio criminológico, que se contenta con el dato de que los hechos delictivos sean realizados en el contexto y práctica de una actividad económica y empresarial. De este modo, vengo a atender la sugerencia que personalmente me hizo mi querido compañero
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Luis GRACIA y que recientemente ha plasmado por escrito en una extensa recensión a mi libro de 1998 1. En esta línea de pensamiento, hay que reconocer que comunes a todos estos delitos económicos y empresariales son, en efecto, importantes problemas jurídico-penales que justifican la identificación de una categoría específica de infracciones dentro de la Parte especial del Derecho penal (principalmente, determinadas peculiaridades del tipo de injusto, la teoría del error, la punibilidad, la autoría, la participación o las sanciones). Con todo, debo aclarar que en el presente libro adoptaré dicho criterio con un matiz corrector y complementario, que comporta una reducción del objeto de estudio, a fuer de exigir una proyección, siquiera sea mediata (o, si se prefiere, en el plano de la lesividad abstracta), sobre el orden económico, en la línea que ya describí en un trabajo más reciente 2. Los delitos que se incluyen en una categoría así delimitada compartirían, por de pronto, la necesidad de dilucidar la trascendental -y problemática- cuestión de su legitimidad político-criminal, en un momento de intenso debate entre los defensores del discurso de la modernización del Derecho penal y los partidarios del discurso de resistencia 3. Pero, a mayor abundamiento, entiendo que la disciplina del Derecho penal económico y empresarial únicamente cobra plena autonomía científica y didáctica en la medida en que aparece indisolublemente asociada a una serie de consecuencias dogmáticas peculiares que se derivan de la idea del “moderno” o “nuevo” Derecho penal: una delimitación de los espacios de riesgo permitido, de la comisión por omisión y de la imputación subjetiva (señalada-
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Vid. GRACIA MARTÍN (Recensión a mi libro Derecho penal económico. Parte general, Valencia 1998, en Revista de Derecho Penal y Criminología, nº 13, 2004, pp. 445 ss.), a quien expreso mi gratitud por los elogiosos comentarios que efectúa, así como por el interés y la profundidad con que ha realizado la recensión, algunas de cuyas observaciones críticas (que también agradezco) serán tomadas en consideración en la nueva y totalmente reelaborada edición que preparo de mi libro de 1998, y que se articulará sobre las bases dogmáticas que proporciona la moderna concepción significativa de la acción de T. Vives Antón. Vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ: Algunas reflexiones sobre la moderna teoría del “Big Crunch” en la selección de bienes jurídico-penales (especial referencia al ámbito económico), en L.H. Cerezo, Madrid 2002, pp. 395 ss., especialmente pp. 408 ss. Vid. también en una línea similar la importante contribución de GALLEGO SOLER: Patrimonio y perjuicio patrimonial en Derecho penal, Tesis doctoral, Barcelona 2001, y Responsabilidad penal y perjuicio patrimonial, Valencia 2002. Para una defensa del discurso de resistencia es fundamental en nuestro país la obra de SILVA SÁNCHEZ, La expansión del Derecho penal, 2ª ed., Madrid 2001. Para una crítica a este discurso, así como para una modélica construcción del discurso de modernización del Derecho penal vid. GRACIA MARTÍN, Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del Derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia, Valencia 2003; en esta línea de pensamiento vid. también MARTÍNEZ-BUJÁN, ibidem.
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mente en los tipos de peligro); el específico tratamiento del error sobre la normativa extrapenal y sobre términos normativos jurídicos; los singularidades del arrepentimiento activo; o, en fin, los problemas de autoría y participación con la distinción entre delitos de dominio y delitos de infracción de un deber extrapenal específico. De este modo, en suma, quedarían fuera del objeto de nuestro estudio las figuras delictivas tradicionales, aun cuando hubiesen sido llevadas a cabo en conexión con una actividad económica o empresarial, como son, ante todo, los delitos patrimoniales clásicos, pero también, y por supuesto, aquellas figuras que se orientan a la protección de otros bienes jurídicos, como son las falsedades documentales genéricas o los delitos de homicidio y lesiones en los denominados casos de responsabilidad penal por el producto 4. Así las cosas, las novedades del libro que ahora ve la luz son varias. La más relevante es la incorporación de la materia de las insolvencias punibles, que se incluye en la Lección primera y que en una parte importante ya he divulgado a través de dos recientes trabajos, publicados en el L.H. a Ruiz Antón y en el volumen XXIV de los Estudios penales y criminológicos. Las insolvencias punibles no sólo poseen, por supuesto, ese contenido empresarial y esa dimensión supraindividual en el plano de la lesividad abstracta, sino que cabe afirmar incluso que, de lege lata, pueden entrañar en algunos casos una dimensión supraindividual en el plano de la lesividad concreta, de acuerdo con el criterio dogmático del bien jurídico, dado que el delito de alzamiento de bienes del art. 257 engloba explícitamente la tutela de los créditos basados en obligaciones de carácter público. Por este motivo y por la incuestionable relevancia práctica de esta materia, el estudio de los delitos contenidos en el capítulo VII del título XIII se lleve a cabo en la Lección primera con una extensión similar a la que se destina a las Lecciones segunda a séptima. También es novedad la incorporación de la Lección octava, que analiza las figuras delictivas reguladas en el título XVI (relativas a la ordenación del territorio, al patrimonio histórico y al medio ambiente), con la lógica excepción del delito de maltrato de animales domésticos, que materialmente nada tiene que ver con los restantes delitos de dicho título. No obstante, el estudio de las citadas figuras no se efectúa con la misma amplitud (ni, consiguientemente, con el mismo aparato bibliográfico) con que se examinan los delitos de insolvencias, entre otras razones, por tratarse de delitos cuya adscripción a la categoría del Derecho penal económico es más dudosa y por no ser yo un especialista en el estudio de tales delitos, sobre los que (salvo la reciente excepción de los delitos ecológico) no me había
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Esta tesis expansiva es la que propugnan algunos autores, entre ellos el propio GRACIA MARTÍN, ibidem, p. 457.
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ocupado anteriormente. De ahí, en suma, que en esta Lección octava me haya limitado a reproducir el contenido del texto que redacté para el Manual de Parte especial en colaboración con los profesores VIVES, ORTS, CARBONELL y G. CUSSAC, tarea que, por cierto, ha sido la causante de que la publicación del libro que ahora prologo se haya retrasado con respecto a mi previsión inicial. Algo similar a lo que acabo de indicar cabe predicar de otras figuras delictivas que redacté asimismo para dicho Manual y que ahora se agregan también como novedades al Derecho penal económico y de la empresa: la familia de los delitos relativos a la propiedad intelectual (en virtud de lo cual se completa el análisis del capítulo XI del título XIII); una breve referencia al delito de alteración de precios en concursos y subastas públicos (capítulo VIII del título XIII), emparentado con el delito del art. 284, y al que un sector doctrinal atribuye incluso un contenido supraindividual en el plano de la lesividad concreta; y, en fin, un sucinto comentario del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (título XV bis), que se halla íntimamente relacionado con algunas figuras definidas en el título XV. Por lo demás, tengo que efectuar una ulterior precisión, que respalda la decisión de ampliar el contenido del volumen de 1999: un libro como el presente está orientado básicamente a servir de texto para alumnos universitarios y más concretamente para aquellos que en el marco de los nuevos planes de estudio cursan un asignatura que suele rotularse con una rúbrica más amplia que la del mero Derecho penal económico, así como, en su caso, para aquellos otros alumnos que reciben cursos de doctorado o de postgrado de análogas características. Al hilo de esta última precisión, sería injusto por mi parte dejar de mencionar aquí precisamente las valiosas sugerencias y observaciones críticas de todos aquellos compañeros que me han honrado con su hospitalidad, invitándome a acudir a diferentes universidades españolas (algunas de ellas de forma reiterada), en el seno de la cuales trabajan o han trabajado magníficos especialistas en Derecho penal económico: Barcelona (Central, Autónoma y Pompeu Fabra), Burgos, Cádiz, Castellón, Castilla la Mancha, Granada, Huelva, Jaén, Islas Baleares, Las Palmas, Lleida, Madrid (UNED), Málaga, Navarra, Salamanca, Santiago, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. En todas he tenido ocasión de acrecentar mis conocimientos de Derecho penal y también de incrementar, en relación directamente proporcional, el número de amigos, lo que, dicho sea de paso, me proporcionó en momentos difíciles el oxígeno que necesitaba para neutralizar el monóxido de carbono que se respiraba en mi Universidad y me compensó con creces de los sinsabores sufridos en ella a lo largo de estos últimos años. Afortunadamente va a cumplirse ahora un año desde que en la Universidad de A Coruña tornó a respirarse aquel oxígeno que creíamos ya completamente
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evaporado para siempre, merced a un drástico cambio de rumbo en el gobierno de nuestro Rectorado, en el que el continuismo de una nefasta política orientada a auténticos desvalores universitarios (fiel trasunto de la política del gobierno de la Xunta de Galicia en los últimos 15 años) fue literalmente barrido en la primera oportunidad en que las elecciones universitarias se desarrollaron a través de un sufragio universal y (materialmente) secreto. Ello permite abrigar la esperanza (si se me permite la digresión) de que el actual Gobierno de la Xunta corra la misma suerte en las próximas elecciones autonómicas previstas para otoño de 2005. De este modo, y cuestiones ideológicas o sentimentales aparte, a lo mejor podré ver cumplida entonces la mayor ambición profesional a la que aspiro en la actualidad, tras haber cumplido ya dieciséis años de Catedrático de Derecho penal en régimen de dedicación exclusiva en las Universidades gallegas de Santiago y A Coruña, esto es, poder intervenir en un congreso o curso organizado por algún organismo dependiente de la Xunta de Galicia, toda vez que hasta la fecha nunca he sido invitado a hablar, ni siquiera en el marco de una mesa dodecagonal como simple tertuliano en algún tinglado paraoficial de poca monta de dicha Xunta, de los muchos que se han ido gestando al calor del clientelismo político e intelectual que nuestros gobernantes (sean del sector de la boina o del birrete) han venido tejiendo sin rubor alguno. Lo que ha proliferado, en efecto, ha sido sobre todo el conferenciante (mayoritariamente proveniente de las carreras judicial o, sobre todo, fiscal) hábilmente especializado en la mera lectura de textos legales en alguna escuela de teatro independiente (la cultura anda también muy mal en Galicia), pero que a ojos del perspicaz comisario político de turno reunía el incuestionable mérito de ser un sujeto con aptitud para intervenir en alguna pretensión judicial futura relacionada con la Xunta, como institución, o con alguno de sus miembros. Ni que decir tiene que cada “lectura” nos ha venido saliendo (comidas, bebidas y extras no incluidos) por una factura (oficial) que suele ascender a bastante más de lo que cobra el becario universitario de investigación mejor pagado del país por todo un mes de trabajo. No puedo terminar este prólogo sin agradecer una vez más a mi querido amigo y excelso editor, Salvador Vives, la pronta disposición que siempre ha tenido para publicar mis trabajos. Con el presente volumen serán ya cinco los libros que aparecen en Tirant lo Blanch (convertida ya en la más prestigiosa editorial jurídica de España), sin contar aquellos en que intervengo como coautor o prologuista, lo que sin duda debe constituir por mi parte motivo de reconocimiento ante la altura de miras de Salvador Vives, especialmente si se tiene en cuenta que él conoce perfectamente mi condición (nadie es perfecto, Billy Wilder dixit) de madridista galáctico convicto y confeso.
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Releo todo lo escrito y compruebo que mi estrambote fin de prólogo ha sido esta vez relativamente breve. Todo tiene su explicación: confío en que Salvador Vives (máxime tras la lectura del párrafo anterior, sutilmente redactado en premeditado estilo ad pelotam) me publique en su editorial los aproximadamente setenta artículos de prensa sobre temas de Derecho penal que desde la catástrofe del Prestige he venido escribiendo para las páginas de opinión del periódico La Voz de Galicia. En dichos artículos podrá encontrar el lector algunas razones jurídico-penales para ayudarle a comprender por qué España “no iba bien” con la política -cimentada en una catarata de silogismos en bárbara- del gobernante del mechón de pelo al viento en las Azores (impasible el ademán, empero, ante la catástrofe del Prestige), de cuyo nombre no quiero acordarme, caballero andante de los de lanza en astillero, bigote antiguo, Fiscal general del Estado flaco y Ministro de Fomento cazador. Y podrá entender también, mutatis mutandis, por qué Galicia, de momento, tampoco sigue yendo bien. Carlos Martínez-Buján Pérez A Coruña, octubre de 2004
Abreviaturas AAP Auto de la Audiencia provincial ADI Actas de Derecho industrial ADP Anuario de Derecho penal y Ciencias penales ADPE Anuario de Derecho penal económico y de la empresa AE .Alternativ-Entwurf AFDO. Anuario de la Facultad de Derecho de Ourense AFDUAM Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid AFDUC Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña AJ Actualidad jurídica AJA Actualidad jurídica Aranzadi AP Actualidad penal APub Autocontrol de la publicidad ARP Repertorio jurídico Aranzadi. Audiencia provincial AT Allgemeiner Teil BGH Bundesgerichtshof BICAM Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid BIMJ. Boletín de información del Ministerio de Justicia BT Besonderer Teil CAC Código aduanero comunitario Cc Código civil CCo Código de comercio CDJ Cuadernos de Derecho judicial CE Constitución española CEE Comunidades económicas europeas CGPJ Consejo general del Poder judicial CIVC Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología CNEA Catálogo nacional de especies amenazadas CNMV Comisión nacional del mercado de valores CP Código penal CPC Cuadernos de Política criminal DJ Documentación jurídica EBEP Estatuto básico del empleado público EC Estudios de consumo
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Abreviaturas
ECESDD. El Cronista del Estado social y democrático de Derecho EDE El Derecho (Repertorio jurisprudencial) E&J. Economist & Jurist EM Exposición de motivos EPCr Estudios penales y criminológicos EPI Estatuto de propiedad industrial ET Estatuto de los trabajadores FGE Fiscalía general del Estado FOGASA Fondo de garantía salarial Fs Festschrift GF Gaceta fiscal ICADE Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias económicas JD Jueces para la Democracia LC Ley de represión del contrabando LCC Ley de control de cambios LCD Ley contra la competencia desleal LDC Ley de defensa de la competencia LPJDI Ley de protección jurídica del diseño industrial LECrim Ley de enjuiciamiento criminal LENFF Ley de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres LETT Ley de empresas de trabajo temporal LGP Ley general de publicidad LGSS Ley general de la Seguridad social LGSub Ley general de subvenciones LGT Ley general tributaria LH Libro Homenaje LISOS Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social LL La Ley LLP La Ley Penal LM Ley de marcas LO Ley orgánica LOITSS Ley ordenadora de la inspección de trabajo y seguridad social LOLS Ley orgánica de libertad sindical LOPJ Ley orgánica del Poder judicial LPH Ley del patrimonio histórico LPHE Ley del patrimonio histórico español
Abreviaturas
LPI LPJDI LPL LPMU LPNB LPOV LPR LRSV LSA LSC LSRL LTPS NEJ NM PA PANCP PC PCP PE PG PIF PJ PLOCP RCCP RCP RCT RDA RDF RDFHP RDG RDJ RDM RDP RDPCr RDPub RdPP
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Ley de propiedad industrial Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial Ley de procedimiento laboral Ley de patentes y modelos de utilidad Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad Ley de protección de las obtenciones vegetales Ley de prevención de riesgos laborales Ley sobre régimen del suelo y valoraciones Ley de Sociedades anónimas (derogada por LSC) Ley de Sociedades de capital (Texto refundido) Ley de Sociedades de responsabilidad limitada (derogada por LSC) Ley para la protección jurídica de las topografías y de los productos semiconductores Nueva Enciclopedia jurídica Número marginal Proyecto alternativo (alemán) Propuesta de anteproyecto de nuevo Código penal de 1983 Política Criminal Proyecto de Código penal Parte especial Parte general (Convenio relativo a la) protección de los intereses financieros de la C.E. Poder judicial Proyecto de Ley orgánica de Código penal de 1980 Revista canaria de Ciencias penales Revista de Ciencias penales Revista de contabilidad y tributación Revista de Derecho ambiental Revista española de Derecho financiero Revista de Derecho financiero y Hacienda pública Revista general del Derecho Revista de Derecho judicial Revista de Derecho mercantil Revista de Derecho penal (Lex nova) Revista de Derecho penal y Criminología Revista de Derecho Público Revista de Derecho y Proceso penal
38 RdS RDSo RECPC RFC RFDUG RGCL RGE RGR RICPCUEC
Abreviaturas
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