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Lucía Casado Casado

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

LUCÍA CASADO CASADO LOS RECURSOS EN EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

Cumplidos 20 años de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta obra analiza las principales restricciones de acceso a los recursos en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, desde la perspectiva del derecho de acceso a los recursos y sucesivas instancias, por lo que deja de lado las restricciones relativas a la primera instancia y el derecho de acceso a la jurisdicción. Con esta ﬁnalidad, se estructura en cinco grandes partes. En la primera, se estudia la dimensión constitucional del derecho a los recursos y, en particular, su inserción y conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva, a la luz de la jurisprudencia constitucional. En la segunda, se realiza una breve aproximación general al modelo de recursos establecido por la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, aunque sin perder de vista la evolución normativa acontecida. En las partes tercera, cuarta y quinta se analizan ampliamente las principales restricciones que presentan, en la actualidad, en el ámbito contencioso-administrativo, el recurso de apelación, el recurso de casación ante el Tribunal Supremo y el recurso de casación ante los Tribunales Superiores de Justicia. El libro se cierra con unas consideraciones ﬁnales, en que se realiza, desde una perspectiva crítica, un balance del actual sistema de recursos en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

monografías

LOS RECURSOS EN EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LOS RECURSOS EN EL PROCESO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO: RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

LUCÍA CASADO CASADO Profesora Titular de Derecho Administrativo Universidad Rovira i Virgili

tirant lo blanch Valencia, 2019

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A mis padres, a quienes debo todo lo que soy

Índice Prólogo................................................................................................................. 13 Nota de la autora.................................................................................................. 19 1. Introducción................................................................................................... 21 2. El derecho a los recursos como una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva: alcance, contenido y límites en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo............................................................................. 27 A) La inicial jurisprudencia constitucional. Una interpretación explícita pro actione: la inclusión del derecho a los recursos en el derecho a la tutela judicial efectiva al mismo nivel que el acceso a la jurisdicción.................. 27 B) La evolución posterior en la jurisprudencia constitucional. La distinción entre el derecho de acceso a la jurisdicción y el derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos............................................................... 30 a) El derecho a los recursos como un derecho de configuración legal: contenido y límites............................................................................. 31 b) El derecho a los recursos en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: la inexistencia de un derecho a la doble instancia.............. 37 C) A modo de valoración.............................................................................. 43 3. El modelo de recursos en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo..... 47 A) La simplicidad del modelo de recursos establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 y su evolución posterior.......... 47 B) El modelo de recursos contra resoluciones procesales en la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: la complejidad de un modelo con luces y sombras.................................................................................. 51 C) A modo de valoración.............................................................................. 59 4. El recurso de apelación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 63 A) Antecedentes y evolución normativa......................................................... 63 B) Concepto y características generales......................................................... 68 C) Principales restricciones en el acceso al recurso de apelación.................... 70 a) Restricciones por razón de la procedencia de las resoluciones judiciales....................................................................................................... 71 b) Restricciones por razón de la cuantía................................................. 74 c) Restricciones por razón de la materia................................................. 84

Índice

E) F) G)

d) Restricciones económicas: costas procesales, depósitos y tasas judiciales....................................................................................................... 91 Algunas limitaciones del recurso de apelación.......................................... 100 a) Limitaciones desde la perspectiva del recurrente: legitimación, pretensiones deducidas y objeto del recurso................................................. 101 b) Limitaciones en cuanto a la extensión y el alcance de la revisión a efectuar por el tribunal ad quem........................................................ 107 c) Limitaciones en materia de prueba..................................................... 112 Otras limitaciones estructurales asociadas al sistema organizativo y competencial de los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa... 115 Algunos datos empíricos: el recurso de apelación en cifras....................... 120 A modo de valoración.............................................................................. 133

5. El recurso de casación contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo..... 145 A) Antecedentes y evolución normativa......................................................... 145 B) Marco jurídico actual: la radical transformación del recurso de casación tras la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 2015......................................................................................................... 151 a) Las razones de la reforma: el agotamiento, la ineficiencia y la insatisfacción del modelo de casación previo................................................ 152 b) Principales novedades......................................................................... 156 C) Concepto y características generales......................................................... 158 D) Principales restricciones en el acceso al recurso de casación ante el Tribunal Supremo............................................................................................. 165 a) Cambios relevantes frente al modelo anterior en las restricciones en el acceso al recurso de casación: la desaparición de la cuantía como barrera de acceso................................................................................ 166 b) Restricciones de las resoluciones judiciales con acceso al recurso por razón del órgano judicial que las dicta............................................... 171 c) Restricciones por razón de la materia................................................. 186 d) El interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia como principal filtro de acceso............................................................... 188 i) Supuestos en que puede apreciarse el interés casacional objetivo.. 193 ii) Supuestos en que se presume el interés casacional objetivo.......... 196 iii) El amplio margen de apreciación del Tribunal Supremo en la determinación de la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia y su plasmación en la práctica......... 199 e) Los rigurosos requisitos formales de los escritos de preparación e interposición y su carácter insubsanable como barrera de acceso.......... 204 f) Restricciones por el tipo de infracción invocable: exclusión de las infracciones del Derecho autonómico y local......................................... 213 g) Restricciones económicas: costas procesales, depósitos y tasas judiciales....................................................................................................... 215 E) Algunas limitaciones del recurso de casación............................................ 220

Índice

a) Limitaciones desde la perspectiva del recurrente: legitimación, pretensiones deducidas y objeto del recurso................................................. 220 b) Limitaciones en cuanto a la extensión y el alcance de la revisión a efectuar por el Tribunal Supremo: algunas cuestiones de interés......... 224 F) Algunos datos empíricos: el nuevo recurso de casación en cifras............... 229 G) Para concluir: algunos datos generales sobre recursos en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa..................................................................... 239 H) A modo de valoración.............................................................................. 246 6. El recurso de casación contencioso-administrativo ante los Tribunales Superiores de Justicia.............................................................................................. 259 A) Antecedentes y evolución normativa......................................................... 260 B) Marco jurídico actual: las escuetas previsiones del artículo 86.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y las dudas de constitucionalidad suscitadas..................................................................................... 263 a) Una regulación extremadamente parca............................................... 264 b) Las dudas sobre la constitucionalidad del recurso de casación autonómica. La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 128/2018, de 29 de noviembre................................................................................. 266 C) Concepto y características generales......................................................... 275 D) Disfunciones del nuevo recurso de casación autonómica: deficiente regulación, asimetría, incertidumbre y ausencia de aplicación uniforme en los diferentes Tribunales Superiores de Justicia............................................... 278 E) Principales incertidumbres y problemas de la nueva casación autonómica. Diversidad de pronunciamientos doctrinales y criterios interpretativos dispares y contradictorios de los Tribunales Superiores de Justicia............ 280 a) ¿Existencia del recurso de casación autonómica?............................... 281 b) Órgano competente para la admisión y resolución del recurso........... 286 c) Objeto del recurso: resoluciones recurribles....................................... 297 d) Criterio de admisión: el interés casacional objetivo............................ 309 e) Tramitación del recurso...................................................................... 318 f) Presentación simultánea o sucesiva de recurso de casación ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Superior de Justicia contra la misma sentencia............................................................................................ 321 F) Restricciones en el acceso al recurso de casación autonómica................... 324 a) Restricciones asociadas al recurso de casación en tanto que la autonómica es una modalidad del mismo (remisión)..................................... 325 b) Deficiente regulación normativa y disparidad de criterios interpretativos en los Tribunales Superiores de Justicia: diferente alcance y mayores o menores restricciones en el acceso al recurso en función de la comunidad autónoma........................................................................ 326 c) Imposibilidad de acceso a los autos de admisión o inadmisión en algunos Tribunales Superiores de Justicia.............................................. 328

Índice

G) Algunos datos empíricos: el nuevo recurso de casación autonómica en cifras......................................................................................................... 330 H) A modo de valoración.............................................................................. 336 7. Conclusiones..................................................................................................... 345 8. Bibliografía....................................................................................................... 353

Prólogo I. El control de la legalidad de la actividad administrativa constituye una actividad capital en un Estado de Derecho. En España, como nos recuerda la Exposición de Motivos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, fue la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 la que la dotó de las características esenciales que hoy tiene. Luego, la Ley 10/1992, de 30 de abril, introdujo el recurso de casación que, desde su momento inicial, soportaba amplias limitaciones, como nos muestra la profesora Casado. Ha sido la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 la que, al establecer los juzgados de lo contencioso-administrativo, ha permitido la instauración del recurso de apelación contra sus sentencias. Al tiempo restringió el acceso a los recursos de casación al elevar la cuantía mínima para su interposición. Hubo que esperar a la reforma llevada a cabo por la disposición final tercera de la LO 7/2015, de 21 de julio, en vigor desde el 22 de julio de 2016, para ver ampliado el ámbito de resoluciones recurribles en casación, confiriendo a la Sección de admisiones de la Sala Tercera la apreciación de la existencia del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia requerido para su admisión a trámite. En ese proceloso mar, la profesora Lucía Casado aborda nuestro sistema de recursos. Lo hace sin los apriorismos que, en ocasiones, suelen acontecer en el examen de algunas controvertidas parcelas del derecho administrativo. Desde la visión que le otorga su amplia formación académica nos expone con gran brillantez cómo se están implementado los recursos de apelación y casación en los juzgados y tribunales. Diagnostica con claridad los efectos perversos de una regulación en la que, hay que decirlo claro, no hay soluciones mágicas a los problemas de la masificación vinculada al ejercicio de los derechos. El elevado número de recursos tiene su origen en una ingente actividad administrativa no siempre respetuosa con el ordenamiento jurídico. Reflexiona y relata, de forma amena y didáctica, cómo se están desenvolviendo los recursos de apelación y de casación en el día a día de los juzgados y tribunales de lo contencioso-administrativo. Muestra algunas de las deficiencias de la reforma. Los datos empíricos de ambos recursos le permiten extraer interesantes conclusiones sobre su efectividad. Tras describirnos la regulación acordada por el legislador nos aproxima a la realidad de la cosmogonía judicial con las transformaciones que en el ejercicio de los recursos están conformando el nuevo modelo. Nos muestra las brechas entre lo pretendido por la norma reguladora y lo realmente obtenido. Hace especial hincapié en las contradicciones entre el

Celsa Pico Lorenzo

ideal regulador y el desarrollo jurisprudencial como consecuencia de las trabas previamente establecidas por el legislador. Coincido con la profesora Casado en que existe un amplio consenso entre los que dedicamos nuestra actividad profesional al derecho administrativo (abogados, defensores jurídicos de las distintas administraciones públicas, jueces, magistrados, profesores) en reclamar la instauración de una segunda instancia en forma análoga a los órdenes civil, penal, social eliminando así la asimetría existente entre el ámbito de lo contencioso-administrativo y aquellos otros. Es notorio que el legislador no ha optado por la doble instancia en la jurisdicción contencioso-administrativa y el Tribunal Constitucional se viene decantando por una interpretación restrictiva del art. 24.1. CE, mas no tiene por qué ser así en un futuro. La tensión entre la deseable vocación universal de la doble instancia y una planta judicial inadecuada y desbordada es el desafío al que debe enfrentarse una futura reforma. Una vez consolidada la jurisprudencia constitucional que ha fijado que el acceso a los recursos es un derecho de configuración legal en el marco del art. 24.1. CE, constituye una prioridad conocer las restricciones que vedan un segundo pronunciamiento jurisprudencial, sea para su enjuiciamiento en apelación sea para su examen en sede casacional. Este es uno de los objetivos logrados por la profesora Lucía Casado. Para ello examina la regulación existente y la interpretación realizada por los Tribunales cuya hermenéutica resulta esencial para conocer los efectos de las normas a las que nos enfrentamos. De la amplia maraña del sistema de recursos contra todo tipo de resoluciones, procesales del letrado de la Administración de Justicia o judiciales, el libro se centra en los dos que suelen ser más relevantes para las partes en el proceso, apelación y casación. II. El recurso ordinario de apelación, vigente en la LJCA 1956 hasta su supresión en 1992, mantiene las líneas básicas de su regulación inicial adaptándolo a la nueva planta judicial, por lo que, como nos recuerda la Exposición de Motivos de la LJCA, pese a su denominación de ordinario no tiene carácter universal. Nos muestra la profesora Casado cómo la cuantía y el ámbito territorial ya eran las razones esenciales que limitaban el antiguo recurso de apelación ante el Tribunal Supremo como ahora lo hacen respecto de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional en aras a “resolver el agobio que padecen” aquellos. La nueva regulación del recurso de apelación, en razón del sistema de distribución de competencias, viene a conferir la doble instancia en el ámbito de la administración local (no así en las administraciones autonómica y estatal) siempre que no entre en juego la restricción que implica la superación de la “summa gravaminis” de los 30.000 euros, lo que comporta que el recurso ni sea ordinario ni sea universal. Resulta certera esa especial atención a los actos,

Prólogo

acuerdos, reglamentos y demás emanados de los distintos órganos de la administración local. El régimen local es el competente en alto grado de los servicios y prestaciones de la vida ciudadana, aunque las Comunidades Autónomas tiendan a incorporar competencias locales. Ahora que vamos avanzando hacia investigaciones económicas del derecho un aporte novedoso en el tratamiento de los recursos lo constituye la toma en consideración, y subsiguiente análisis, de las estadísticas judiciales. Nos muestra que esa posibilidad de la doble petición alcanza a un limitadísimo número de asuntos. Es muy revelador el conocimiento del alto número de confirmaciones por los tribunales de apelación de las sentencias de los órganos unipersonales, pese a las reticencias iniciales de cierta parte de la doctrina administrativista. Ello permite calificar de gran calidad la justicia administrativa de instancia. Tal hecho suele ser considerado un parámetro importante de medición de la calidad de la justicia. Puede, pues, que no solo la no superación de la cuantía juegue a favor de que un elevado número de las sentencias dictadas por los órganos unipersonales no sean apeladas. Coincidimos con la autora en que resulta criticable que el requisito de admisibilidad del recurso de apelación en razón de la cuantía sea notoriamente mucho mayor en la jurisdicción contencioso-administrativa que en los órdenes civil o social. No se vislumbra un argumento razonable para otorgar una dimensión más amplia a los litigios entre particulares que al control de la actividad de las administraciones sujetas al derecho público cuando sus titulares afirman colocar a los ciudadanos como eje de sus decisiones. Mediante una prosa ágil nos muestra cómo el reparto competencial de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa en razón de la planta judicial conduce no solo al sistema de casi única instancia, sino que una cuestión análoga puede ser examinada por órganos distintos dando lugar a que en unos supuestos pueda acceder al recurso de apelación y en otros sea enjuiciada en una única instancia. Añadimos nosotros que está por examinar como alguna Comunidad Autónoma modificó su organigrama competencial, centralizando determinadas competencias, que sustraía del conocimiento y decisión de sus órganos periféricos, para que la impugnación de tales actos encajase en la competencia del Tribunal Superior de Justicia en lugar del correspondiente juzgado provincial. III. Grandes esperanzas han sido depositadas en la nueva formulación del recurso de casación cuya función se residencia ahora en la formación de jurisprudencia frente a la anterior regulación más vinculada a la tutela judicial de los derechos e intereses de los recurrentes, particulares o sujetos de derecho público. Estamos ante un cambio significativo en nuestro sistema de recursos. Jurisprudencia reiterada de la Sala Tercera, respecto del recurso de casación previo a

Celsa Pico Lorenzo

la reforma 2015, afirma que el Tribunal Supremo es el órgano superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, lo que debe ser complementado con el hecho de que los Tribunales Superiores de Justicia culminarán en cada Comunidad Autónoma la organización judicial. No obstante, pese a ese precepto constitucional, art. 152. 1, la reforma 2015 no ha dado un adecuado tratamiento al recurso de casación autonómico como atestigua la profesora Casado al exponer los pronunciamientos dispares y contradictorios de los Tribunales Superiores de Justicia. El nuevo sistema transmite una cierta ilusión en aras a atender cuestiones de menor trascendencia, pero de alcance más universal, una justicia administrativa más acorde con los tiempos actuales. Las Sentencias de julio de 2018 sobre la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido como la plusvalía municipal, cuando se acredita por el obligado tributario la inexistencia de un incremento del valor del terreno constituyen un claro ejemplo. En el sistema anterior a la LO 7/2015 este tipo de asuntos no hubiera alcanzado la posibilidad de acceder al Tribunal Supremo, dadas las cuantías en discusión, sin perjuicio de su notorio interés general e incidencia social, sobre todo en el ciudadano común, no en la gran empresa. La composición rotatoria de los componentes de la Sección de Admisión de la Sala (Sección Primera) resulta no solo innovadora y enriquecedora en la toma de las decisiones de admisión/inadmisión. Pese a las críticas que se realizan acerca de una eventual inestabilidad de criterios, está demostrando el debido equilibrio entre la estabilidad de criterios y la necesaria adaptación a las distintas percepciones que enriquecen el debate colegiado. Que el futuro depare una interesante posición al recurso de casación no depende solo del criterio amplio o restrictivo de la Sección de Admisión sino también de letrados que sepan argumentar adecuadamente con los mimbres establecidos por el legislador al establecer las circunstancias que abren la puerta al recurso. Así lo acredita el elevado número de providencias en que se inadmite el recurso por inexistencia del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia por no haberse fundamentado el recurso con singular referencia al caso justificando la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala Tercera. Coincido con la profesora Casado en que la publicación de las providencias, no solo de los autos, aportaría información fundamental sobre los criterios de actuación manejados. Mas no debe olvidarse que el abandono de la justicia, personal y medios, es un factor relevante en su estado actual. La profesora Casado nos muestra que la ausencia de la doble instancia conduce a que la nueva regulación del recurso de casación al eliminar la “summa gravaminis”, consustancial al sistema LJCA 1956 y a la LJCA 1998, antes de la reforma 2015, y que perdura en el orden civil, permite que cuestiones de menor

Prólogo

trascendencia económica y social (en vocabulario de la Exposición de Motivos LJCA 1998) pueda ser enjuiciada por un juzgado, una Sala y el Tribunal Supremo, si pasa el filtro del interés casacional. O acceder al recurso de casación las sentencias dictadas en única instancia cuando contengan doctrina gravemente dañosa para los intereses generales y se trate de resolución susceptible de extensión de efectos en el sentido regulado en los arts. 110 y 111 LJCA. Se nos muestra que los asuntos reputados más importantes “a priori” (en palabras de la Exposición de Motivos), cuya competencia se ha atribuido a la Audiencia Nacional o a los Tribunales Superiores de Justicia, pueden ser enjuiciados en una denominada primera instancia (en términos de la Exposición de Motivos). Pone de relieve la profesora Casado que, mayoritariamente, la denominada primera instancia se convierte en única instancia, caso de no acceder al Tribunal Supremo por entender éste que no existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia por no haberse fundamentado el recurso con singular referencia al caso justificando la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala Tercera. Se echa de menos en la LJCA que no tome en consideración, a efectos del recurso de casación, los asuntos masa tan frecuentes en el orden contenciosoadministrativo, que ha llevado a la regulación en el art. 37 LJCA del recurso- testigo o de tramitación preferente o en el art. 110 LJCA a la extensión de efectos de determinadas sentencias en materia tributaria y de personal al servicio de la Administración pública. El conflicto sobre una cuestión análoga o con idéntico objeto (función pública, materia tributaria, cuestiones de seguridad social, etc.), es decir aquella en que las situaciones jurídicas de partida son sustancialmente similares o iguales y las pretensiones que se ejercitan también, puede surgir en cualquier punto del territorio nacional. Unas demandas se resuelven con mayor premura que otras no solo en razón de la carga de trabajo de los diferentes juzgados de lo contencioso-administrativo o Tribunales Superiores de Justicia sino también de los desfases temporales de la administración territorial que hubiere dictado el acto impugnado. Las innovaciones tecnológicas producen un efecto útil en el mundo de los recursos, al menos en el de casación. El mundo de la tecnología se desarrolla más rápido que el del derecho que exige prudencia y mesura. Las tecnologías de la comunicación han abierto la posibilidad de estar informado. La intranet del Consejo General del Poder Judicial, a través de la web del poder judicial, publica los autos de admisión dictados por la Sección Primera de la Sala Tercera. Por tanto, en el momento presente es relativamente fácil informarse de la pendencia de un recurso de casación. No lo es, pese a la obligación atribuida al Consejo General del Poder Judicial por la Ley Orgánica del Poder Judicial, como certeramente denuncia la profesora Casado, conocer cuál es la posición de determinados Tribunales Superiores de

Celsa Pico Lorenzo

Justicia en el ámbito del recurso autonómico por ausencia de publicación en el CENDOJ de sus resoluciones. Con el nuevo marco nos vamos alejando del antiguo recurso de casación en que la doctrina emanada de las Sentencias dictadas por la Sala Tercera en bastantes ocasiones interpretaba normativa derogada en razón de la continuada “legislación motorizada” en el campo del derecho administrativo, legislativo o reglamentario. El nuevo recurso pretende la fijación de doctrina en un tiempo razonable confiriendo cierta unidad y seguridad a la jurisprudencia lo que suele reputarse relevante en la actividad económica dotando, además, de cierta previsibilidad a las decisiones judiciales. Sin embargo, no ha regulado cómo atender los recursos repetitivos en el Tribunal Supremo. Tampoco ha establecido una previsión para que los órganos de instancia, con audiencia de las partes para garantizar el derecho de defensa, pudieran decidir suspender o no el procedimiento en el momento de dictar sentencia hasta que recayese el pronunciamiento en sede casacional, evitando así no solo ulteriores recursos de casación sino garantizando un tratamiento igualitario. Esa ausencia de regulación legislativa del comportamiento procesal de juzgados de lo contencioso y Tribunales Superiores de Justicia cuando se encuentran con múltiples recursos sobre cuestiones respecto de las que la Sección 1ª de la Sala Tercera ha dictado auto de admisión ha provocado que algunos órganos judiciales innovasen con un trámite no previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así, con indicación del auto de admisión en cuestión se interesa de las partes intervinientes en el proceso que manifiesten su opinión acerca de la suspensión del procedimiento hasta que recayese la pertinente sentencia del Tribunal Supremo. No resulta una conducta extraña en la actividad procesal de la Sala Tercera pese a que nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil solo se refiere a la prejudicialidad penal y civil1.

CELSA PICO LORENZO

Magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

AATS 10 de julio de 2018 y 15 noviembre de 2018, recurso 628/2008, con amplia referencia a otras resoluciones de idéntico tenor. Se acuerda la suspensión de recursos contencioso administrativos contra Acuerdos del Consejo de Ministros sobre determinadas Ayudas a Comunidades Autónomas cuya validez se discute mientras no se pronunciase el TJUE ante el que penden un recurso del Reino de España frente a Decisión de la Comisión.

Nota de la autora El presente trabajo tiene su origen en la ponencia que, con el título “Restricciones en los recursos de los procesos contencioso-administrativos”, presenté en la primera sesión del XIV Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA) “20 años de la Ley de lo Contencioso-Administrativo”, celebrado los días 8 y 9 de febrero de 2019 en Murcia. Quiero agradecer a la Junta Directiva de la AEPDA y, en especial, a su presidente, el profesor Fernando López Ramón, la confianza depositada en mí al proponerme realizar esta ponencia, poniendo ante mí un difícil reto. De no haber sido por aquella propuesta, probablemente este trabajo nunca habría visto la luz. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la magistrada Celsa Pico Lorenzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por su extraordinaria generosidad y amabilidad al recibirme y dedicarme su valioso tiempo, por haberme permitido mantener con ella una larga conversación sobre la nueva casación y por haber dado respuesta a las numerosas cuestiones que le he planteado. Ha sido un auténtico privilegio y un honor para mí poder conversar con ella sobre el nuevo recurso de casación en el ámbito contenciosoadministrativo. También lo es que prologue este libro. Igualmente, agradezco al magistrado Xavier Bonet Frigola, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, haberme permitido realizar con él un intercambio de impresiones sobre la materia objeto de esta ponencia y haber atendido todas las cuestiones que le he planteado, que no han sido pocas. Asimismo, estoy enormemente agradecida a los magistrados Jesús Miguel Escanilla Pallás, Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, y Daniel Ruiz Ballesteros, Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con quienes no he podido hablar personalmente, pero que, a pesar de no conocerme, amablemente y desde el primer momento, aceptaron mantener una conversación telefónica conmigo sobre el conflictivo tema del recurso de casación autonómica y también me han proporcionado algunos materiales interesantes para la elaboración de este trabajo, facilitándome algunos autos que no están disponibles en el CENDOJ. Este trabajo también es tributario, en buena medida, de las ponencias y debates a que he podido asistir sobre el tema y que han sido una auténtica fuente de inspiración. En especial, quiero hacer referencia a la Jornada conmemorativa del número 100 de la Revista Andaluza de Administración Pública La Jurisdicción Contenciosa 20 años después de la Ley 29/1998, realizada en Sevilla, el día 19 de

Lucía Casado Casado

octubre de 2018; a las Jornadas Balance y perspectivas de la LJCA en su XX aniversario, realizadas en Barcelona los días 15 y 16 de noviembre de 2018; y a las diferentes sesiones a que he podido asistir del Aula Contencioso Administrativa “Juli Gens i Rivalt”, en Reus, entre octubre y diciembre de 2018. Asimismo, debo mencionar el XVII Curso sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y su relación con otras Jurisdicciones. El Recurso de Casación Autonómico en el Orden Contencioso-Administrativo, realizado en Santander, los días 12 y 13 de abril de 2018, al que no asistí, pero a cuyo contenido he podido acceder, al estar disponibles en internet los vídeos de las diferentes ponencias y mesas redondas. Asimismo, es de justicia mencionar la siempre desinteresada y valiosa ayuda proporcionada por la Sra. Maria Teresa Massas con el material bibliográfico, siempre que he necesitado de los servicios de la Biblioteca del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. Tampoco puedo dejar de mencionar a mis compañeras y compañeros del Área de Derecho Administrativo de la Universidad Rovira i Virgili, por su apoyo y sus ánimos constantes durante todo el proceso de elaboración de este trabajo. En especial, ha sido un puntal fundamental el profesor Josep Ramon Fuentes i Gasó, por estar siempre ahí apoyándome, por haberme brindado todas las facilidades para que este trabajo llegase a buen puerto y por haber tenido la generosidad de realizarme algunos comentarios a un borrador previo. Por último, debo transmitir mi más sincero agradecimiento a mi familia, sin la cual este trabajo nunca hubiera podido completarse. En especial, a mis padres, a quienes está dedicada esta obra; y a mi marido y a mis hijas, por su apoyo incondicional y su comprensión y paciencia infinitas. Ellos mejor que nadie saben el esfuerzo y el sacrificio que conlleva la realización de un trabajo de este tipo.