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COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA FISCALIDAD EN LA PRÁCTICA NOTARIAL HOMENAJE A JOAQUÍN ZEJALBO MARTÍN

VÍCTOR M. GARRIDO DE PALMA Director

Valencia, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-376-5 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice PRÓLOGO.......................................................................................................... 9 Víctor M. Garrido de Palma

LOS PODERES OTORGADOS ANTE NOTARIO EXTRANJERO EN LA JURISPRUDENCIA RECIENTE DE LA DGRN.................................. 13 Francisco Javier Aranguren Urriza

2. 3. 4. 5.

LA TRIBUTACION POR IVA DEL USUFRUCTO................................... 35

Jesús Beneyto Feliu

EL CONTRATO DE ALIMENTOS COMO ALTERNATIVA FISCAL..... 53

Jose Mª Carrau Carbonell

LOS DESAHUCIOS................................................................................... 61

Jose Ignacio Fernández Gutiérrez

REPERCUSIÓN FISCAL DE LAS DONACIONES EN IRPF (GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES)............................................................. 71 Juan Galdón López

APUNTES SOBRE LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD EN LA CESIÓN DE SOLAR A CAMBIO DE OBRA............................................ 77 Salvador-Eduardo García Parra

7. JOAQUÍN ZEJALBO MARTÍN, DE SU COMPAÑERO DE DESPACHO............................................................................................................ 107 Emilio García Peña

EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES.............................................. 111 Víctor Manuel Garrido de Palma

A VUELTAS CON EL SUJETO PASIVO EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS.................................................................................................. 139 Javier Máximo Juárez González

10. LA PLUSVALÍA MUNICIPAL: UN IMPUESTO LOCAL A REINVENTAR............................................................................................................. 137 Javier Máximo Juárez González

11. APUNTES PRÁCTICOS SOBRE LA INMATRICULACIÓN Y REANUDACIÓN DEL TRACTO REGISTRALES.................................................. 145 Vicente Martorell

12. OTRA VISIÓN DE LA INMATRICULACIÓN POR DOBLE TÍTULO.. 157 (COMENTARIOS A LA RES 1/6/17)...................................................... 167 Rafael Rivas Andrés

Índice

13. NOTAS SOBRE LA TRIBUTACIÓN EN EL IVA DE LA TRANSMISION DE LOCALES ARRENDADOS.................................................................. 177 Joaquín Zejalbo Martín

14. EXENCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES DE LA TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES CIVILES.............................................................................................. 193 Joaquín Zejalbo Martín

15. SOBRE EL REQUISITO DE LA SIMULTANEIDAD CUANDO LA HIPOTECA SE CONSTITUYE POR UN SUJETO PASIVO DE IVA CON POSTERIORIDAD AL OTORGAMIENTO DE UN PRÉSTAMO CONCEDIDO POR UN PARTICULAR............................................................. 225 Joaquín Zejalbo Martín

16. LA IDENTIFICACIÓN MEDIANTE EL PERMISO DE CONDUCCIÓN Y EL DERECHO COMUNITARIO............................................................ 233 Joaquín Zejalbo Martín

17. LA CAPACIDAD DEL MENOR NO EMANCIPADO PARA ACEPTAR DONACIONES NO ONEROSAS NI CONDICIONALES: VISIÓN HISTÓRICA Y DOCTRINAL........................................................................... 271 Joaquín Zejalbo Martín

18. INTERPRETACIÓN GRAMATICAL DEL ARTÍCULO 2.1 DE LA LEY ANDALUZA 13/2005, DE 11 DE NOVIEMBRE...................................... 337 Joaquín Zejalbo Martín

19. LA RETROACTIVIDAD Y LA APLICACIÓN INMEDIATA DE LA LEY ANDALUZA DE VIVIENDA PROTEGIDA............................................... 343 Joaquín Zejalbo Martín

20. LAS LIBERALIDADES DE USO............................................................... 367 Joaquín Zejalbo Martín

21. LA FAMILIA DE JUAN VALERA Y LOS PERSONAJES REALES DE LA NOVELA PEPITA JIMÉNEZ...................................................................... 385 Joaquín Zejalbo Martín

Prólogo VÍCTOR M. GARRIDO DE PALMA

“De puente Genil a Lucena, de Loja a Benamejí, las mocitas de Sierra Morena, se mueren de pena, llorando por tí” ... Ésta copla, dedicada a Antonio Vargas Heredia, “flor de la raza calé”, para ti, Joaquín Zejalbo, he dedicado. Egabrense ilustre, valenciano por apego a mi “terrata”, (verano en la Librería de Grabador Esteve en ocasiones, ahora seguro que gocen en el Señor; has sido fiel en lo poco, ven conmigo para la eternidad. Así empezaba, recién fallecido Joaquín, mi petición a los Notarios para que hicieran patente su homenaje, dieran testimonio de agradecimiento al que nos acababa de dejar. La respuesta queda plasmada en el presente libro. El poco tiempo concedido y el mes de julio —intenso, frenético—, han impedido mayor participación. Doy fe de que así me lo ha manifestado más de uno. ¿Por qué aparecen de cuando en cuando personas como Joaquín Zejalbo? Hay más razones de las que voy a exponer, pero quiero exteriorizar la que sigue: Quién a lo largo de la preparación de la oposición ha recibido ayuda desinteresada, consejo generosos, dedicación de tiempo extra y ello en casos de modo continuado, recibe un ejemplo que moralmente le hace deudor: “lo que has recibido gratis, dalo gratis”. Ëste ha sido el caso de Joquín. Y como él, muchísimos: es la cadena ... Generosidad que se extiende a Tirant. Gracias Salvador Vives. Gracias María Ángeles Alberni (fuiste la primera a quién llamé al enterarme que Joaquín Zejalbo abiit.). Yo estoy feliz por haber podido recibir, una vez más, el ejemplo de quienes habéis contribuido al Homenaje a Joaquín, porque la oración la hemos impetrado todos. Gracias.

PRIMERA PARTE

1. Los poderes otorgados ante notario extranjero en la jurisprudencia reciente de la DGRN FRANCISCO JAVIER ARANGUREN URRIZA Notario

SUMARIO: Presentación. I. Consideraciones generales. 1. Recepción de documento extranjeros en España y nivel de calidad del documento. 2. Nivel de calidad del documento público español. 3. Eficacia del documento público español. 4. Examen de tipicidad del documento extranjero. 5. Responsabilidad del notario. II. Doctrina de la DGRN. Resolución de 14 de septiembre de 2016. III. Resolución de 17 de marzo de 2017. IV. Conclusiones.

PRESENTACIÓN Mi intervención en el día de hoy viene a clausurar el primer curso de la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Sevilla. Es un acto gozoso y esperanzado. Gozoso, porque durante el curso se han llevado a cabo con éxito las actividades programadas. Y esperanzado, porque está en perspectiva el próximo curso, con proyectos que nos llenan de ilusión. La Cátedra es un vehículo de participación de los notarios en los trabajos docentes de la Universidad, una forma de aproximar a la Comunidad Universitaria la función que desempeñamos, de darnos a conocer y aportar la visión práctica del Derecho que nos proporciona el trabajo diario en nuestros despachos. Y desde una perspectiva egoísta, enriquecernos en esta relación con los estudiantes y profesores. He de excusar la asistencia de nuestro Decano del Colegio Notarial de Andalucía, José Luis Lledó González en este acto. Desgraciadamente, ayer falleció en accidente de tráfico un querido compañero, Joaquín Zejalbo Martín, notario de Lucena y hoy se ha desplazado a Cabra nuestro Decano para estar presente en su funeral. Joaquín Zejalbo, al que muchos conocíais, ha sido un ejemplo de notario y hombre estudioso y trabajador. Un hombre que amaba los libros.

Francisco Javier Aranguren Urriza

Siempre que te lo encontrabas en las conferencias de la Academia Sevillana del Notariado, a las que no solía faltar, iba cargado con unos cuantos libros bajo el brazo. Joaquín ha formado parte durante muchos años del equipo de redacción de una página web de referencia, “notarios y registradores”, encargándose de elaborar unos completos y utilísimos informes fiscales. Desde su mismo título, la página web a que me refiero, ha sabido canalizar la colaboración de ambos cuerpos, en una labor cotidiana y ejemplar, con una vocación de hermanamiento. Quiero que el recuerdo de Joaquín Zejalbo nos ayude a imitarlo en esto y en el amor al estudio y la entrega generosa al trabajo. Y le dedico desde aquí mi intervención.

I. CONSIDERACIONES GENERALES 1. Recepción de documento extranjeros en españa y nivel de calidad del documento La globalización de las relaciones económicas y el acortamiento de las distancias entre países han hecho cada vez más frecuentes las relaciones jurídicas en que concurre algún elemento extranjero. Se ha convertido en algo habitual en las Notarías la aportación de poderes otorgados en el extranjero para celebrar contratos que se han de formalizar en España. Y en el ámbito de la Cooperación Jurídica Internacional se proclama, como un deseo y a la vez necesidad, el objetivo de posibilitar la libre circulación internacional de los documentos. En relación con el contenido de éstos documentos no se suelen plantear problemas de validez pues se ha ido imponiendo en el Derecho Internacional Privado, lo mismo en el ámbito de los contratos que en otras áreas como responsabilidad extracontractual o sucesiones, el principio de libre elección de la Ley aplicable, admitiéndose una gran diversidad de puntos de conexión posibles. Este principio en el Derecho europeo viene recogido en el Reglamento (UE), 593/2008 —Roma I—, para los contratos y el Reglamento (UE) 650/2012, para las sucesiones, como expresión de la autonomía de la voluntad de las partes. Sin embargo, en relación con la forma de la documentación, los problemas son mayores al existir una gran diversidad en los distintos Estados a la hora de definir el estatuto y funciones de los notarios y la eficacia de los

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documentos públicos. Tanto el sistema de documentación pública como el de publicidad registral son competencia exclusiva de los Estados, y al ser cuestiones vinculadas a la soberanía nacional, pueden plantear dificultades a la recepción de documentos procedentes de otros Estados, vinculadas al orden público nacional. A diferencia de otras naciones como Francia, Alemania o Países Bajos que restringen reservan el acceso a Registros Públicos a sus propios documentos públicos, la ley española, tradicionalmente ha sido generosa en la admisión de documentos extranjeros. Con mucho, la más generosa en nuestro entorno. Así, la Ley Hipotecaria, tras proclamar en el artículo 3 el principio de titulación auténtica (consecuencia del principio de legalidad), declara en el artículo 4 que: “También se inscribirán (los documentos públicos) otorgados en el extranjero que tengan fuerza en España con arreglo a las leyes”. Por su parte, el artículo 323 LEC, considera documento público a efectos procesales, el documento extranjero que reúne una serie de requisitos mínimos: De carácter material, que en el otorgamiento y confección del documento se hayan observado los requisitos que se exijan en el país donde se hayan otorgado para que el documento haga prueba plena en juicio. Y de carácter formal, que el documento contenga la legalización o apostilla y demás requisitos necesarios para su autenticidad en España, y además, conforme al artículo 144 LEC, que se acompañe la traducción de dicho documento si estuviera redactado en otro idioma que no sea el castellano. La política legislativa en esta materia debe procurar un equilibrio entre el reconocimiento de documentos extranjeros en España y la necesidad de preservar el nivel de calidad de los documentos que accedan a nuestros Registros Públicos. En este sentido, la conciliación de ambas necesidades aconseja discriminar, en el tratamiento y requisitos exigibles para su aceptación, los documentos según su complejidad. Aquellos documentos sencillos y destinados a circular como los poderes y aquellos otros que tengan un contenido negocial complejo. En relación con éstos el control de calidad ha de ser más estricto, sobre todo cuando pretenda su acceso a un Registro Público, especialmente cuando se trate de contratos traslativos del dominio.

Francisco Javier Aranguren Urriza

El poder, en cambio, se caracteriza porque sirve para integrar otro documento al que se refieren las facultades otorgadas. Es, por tanto, un documento secundario o accesorio, jurídicamente menos complejo, y que no está sujeto a inscripción, con carácter general, por lo que el notario extranjero estará en condiciones de dotar al documento de los requisitos de calidad necesarios para la eficacia del poder en España.

2. Nivel de calidad del documento público español Como hemos visto, el artículo 4 LH pone condiciona el reconocimiento del documento extranjero a la posibilidad de atribuirle la misma fuerza que el documento público español, lo que exige un análisis previo del documento extranjero para determinar por comparación con el español, si la fuerza que despliega en el país de procedencia es equivalente a la del documento público en España. Para ello hay que definir, en primer lugar, cuál es esa fuerza atribuida por nuestra ley al documento público o, lo que es lo mismo, definir qué valor añade al documento la autorización por el notario español con las formas y solemnidades exigidas por la ley, según la definición de documento público del artículo 1216 CC). En esta materia, en el orden internacional se puede afirmar un principio y es que cuanta mayor actividad despliega y más responsabilidad asume el funcionario autorizante mayor va a ser la eficacia del documento que autoriza. Pues bien, el ordenamiento español es extraordinariamente exigente en relación con los requisitos de las formas documentales públicas. Por una parte, para determinados actos y contratos se exige legalmente la forma de escritura pública como forma de ser, sin cuya forma son nulos (artículos 632 CC para las donaciones, o 1875 CC para la hipoteca), en otros casos se exige como forma de valer, sin cuya forma no producen determinados efectos (artículo 1280 CC), pudiendo los otorgantes compelerse recíprocamente a llenar dicha forma (1279 CC). El artículo 258 RN no permite legitimar firmas en documentos privados que no hayan cumplido los requisitos establecidos por la legislación fiscal ni en aquellos para los que el artículo 1280 CC o en otra disposición legal exijan la escritura pública como requisito de existencia o de eficacia. Especial importancia, para analizar luego la doctrina de la DGRN sobre poderes extranjeros, tiene conocer los requisitos que nuestra legislación impone al notario para la legitimación de firmas en documentos privados.

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Conforme al artículo 259.2 RN, deberá ser presencial la firma del documento privado cuando en él se contengan declaraciones de voluntad; en tal caso, no basta que el notario conozca la firma o la coteje con otra indubitada extendida en documento público; se requerirá la presencia de los otorgantes ante el notario, que deberá identificarlos, juzgar su capacidad y asegurarse de que conocen el contenido del documento y su alcance y efectos. Por tanto, aunque no se recoja en el mismo documento, la legitimación notarial de firmas en documento privado implica el juicio notarial de identidad de los firmantes, el juicio de capacidad de los mismos, el de suficiencia de la representación alegada y el consentimiento informado de los otorgantes. También puede el notario español legitimar las firmas de un documento privado, aunque sea de los que en España requieren forma de escritura pública, cuando deba producir sus efectos exclusivamente conforme a la ley de un país que admita el documento privado con firmas notarialmente legitimadas para la producción de los efectos pretendidos. Pero en tal caso, únicamente se permite al notario español la legitimación de las firmas en el propio documento privado mediante la autorización de un acta notarial de exhibición de documentos, en la que, conforme al artículo 207 RN, identificará a los firmantes quienes comparecerán ante él, y en el mismo acto firmarán el documento no notarial o declararán que las firmas estampadas son las suyas, y, en todo caso que conocen el contenido del documento y que libre y voluntariamente quieren que produzca los efectos que le sean aplicables conforme a lo previsto por las leyes extranjeras”. El documento o un ejemplar del mismo, original o por fotocopia queda incorporado a la matriz del acta y en el texto del testimonio de legitimación se incluirán, abreviadamente, los particulares contenido en el acta que sean pertinentes. Por tanto, externamente, el contenido negocial se recoge en un documento privado cuyas firmas legitima el notario, pero esa legitimación comprende una intensa intervención notarial del contenido del documento, no sólo en relación con la identidad, capacidad y conocimiento del documento, sino también en relación con la legislación del país en el que se quiere que surta efectos, si bien dicha intervención queda recogida en un documento público notarial separado por el que se incorpora al protocolo una copia del documento testimoniado.

Francisco Javier Aranguren Urriza

No podrá legalizarse ni apostillarse un documento privado con firmas legitimadas si no se han cumplido los requisitos de forma exigidos por la ley española, y en el caso de que ésta exija forma documental pública, deberán constar el testimonio de legitimación las circunstancias del acta de exhibición (fecha, número de protocolo) y su contenido. Esto por lo que se refiere a los documentos privados. En los documentos públicos, además, la intervención del notario es especialmente intensa pues no sólo aporta al documento los controles de identidad, capacidad y conocimiento, sino que asesora a las partes, con especial intensidad a la más necesitada de protección, redacta el documento (o asume su autoría) informando la voluntad de los otorgantes conforme a la ley y además realiza una importante actividad de colaboración con las Administraciones Públicas, mediante la conexión con los Registros Públicos para la obtención de información y presentación de documentos, elaboración del Índice Único de los documentos autorizados, remisión de fichas con información fiscal para las Haciendas Públicas, colaboración con el Catastro, con los organismos encargados de la lucha contra el Blanqueo de Capitales y Terrorismo, comunicaciones a los Registros civiles, a los Ayuntamientos y los organismos con competencias en materia de Viviendas de Protección Oficial, etcétera.

3. Eficacia del documento público español Dados estos requerimientos estrictos de forma y la intensidad de la actuación notarial, y en correspondencia con el nivel de calidad del documento que de ello resulta hay que destacar la extraordinaria eficacia que nuestra ley reconoce al documento público. Por una parte, eficacia probatoria: hace prueba plena de su contenido y de la fecha del mismo. Así resulta del artículo 1218 CC y del artículo 319 LEC: “…los documentos públicos…harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella”. Prueba plena quiere decir que no puede ser contradicha por otra, ni el juez puede hacer una valoración conjunta de las pruebas. El contenido del documento y la identidad del notario y los otorgantes están bajo la salvaguarda de los Tribunales por lo que únicamente mediante un procedimiento penal (falsificación, suplantación de personalidad), puede desmontarse la fuerte presunción de validez y eficacia que el documente público comporta.

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En segundo lugar, eficacia ejecutiva: el documento público es un documento ejecutivo, conforme al artículo 517.2-4º LEC, llevarán aparejada ejecución, “las escrituras públicas con tal que sea primera copia…”, esto último para evitar dobles ejecuciones. En tercer lugar, eficacia legitimadora en el tráfico: la actuación asesora del notario y el control de legalidad sobre el contenido del documento, aseguran una voluntad informada de las partes y la conformidad del acto o contrato con las leyes. Ello determina una presunción de que los derechos que documentados en escritura pública existen, con la extensión que de ella resulta, sirviendo la escritura a su titular para acreditarlos y oponerlos a terceros, dándoles publicidad mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad. En algunos, pocos, casos, el documento público tiene eficacia constitutiva, es decir, sin él no es válido el acto o negocio: así, la donación de inmuebles (artículo 633 CC) o la hipoteca (artículo 1875 CC), que no pueden existir sino mediante el otorgamiento de escritura pública (y, en el caso de la hipoteca, una escritura inscrita en el Registro de la Propiedad). Por último, y muy importante en nuestro sistema de adquisición y transmisión de derechos, el otorgamiento de la escritura, que funciona como título de adquisición, produce el efecto traditorio, pues conforme al artículo 1462, párrafo segundo CC, equivale a la entrega (traditio ficta) de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario. Por ello, la escritura pública de compraventa confiere al comprador la propiedad de la cosa vendida. La misma eficacia traditoria resulta, en relación con el documento notarial de partición de herencia, del artículo 1068 CC.

4. Examen de tipicidad del documento extranjero Como dijimos, el documento extranjero es ampliamente admitido en España, siempre que tenga en España la fuerza de documento público, es decir que supere el examen de tipicidad, y pueda considerarse documento público en España. Y aquí es donde se plantea a los notarios españoles la cuestión del valor que debemos dar al documento que recibimos autorizado por notario extranjero. La pregunta que debemos hacernos es: ¿en el país de procedencia la eficacia del documento es semejante a la que tiene el documento público en España? La dificulta surge porque no existe una definición de “documento público” en la legislación comunitaria. A la vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el elemento definitorio es que se trate de un

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“documento auténtico”, lo que supone “la intervención de una autoridad pública o de cualquier otra autoridad habilitada por el Estado” (SS. TJUE de 24 de mayo y 1 de diciembre de 2011, citando la Sentencia UNIBANK, de 14 de junio de 1999). Al respecto, para determinar la competencia de la autoridad que intervenga, habrá que tener en cuenta que la Directiva 2006/123/CE excluye de liberalización los servicios notariales y la 2005/36/CE (modificada por la 2013/55/UE) excluye la equiparación de títulos entre los notarios. Para llevar a cabo ese examen de tipicidad, la legislación española en los últimos años ha superado la construcción doctrinal del llamado principio de equivalencia de formas, consagrando un doble control de equivalencia: equivalencia de funciones y equivalencia de efectos. El concepto de “función y efectos equivalentes”, va a imponer un mayor control de calidad sobre todo a los documentos de contenido negocial. La Ley 15/2015, de dos de julio, de Jurisdicción voluntaria, en su Disposición adicional tercera se refiere a la Inscripción en los registros públicos de documentos públicos extranjeros imponiendo unos requisitos similares a los del artículo 97 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil: a) Que el documento ha sido otorgado por autoridad extranjera competente conforme a la legislación de su Estado. b) Que la autoridad extranjera haya intervenido en la confección del documento desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia de que se trate y surta los mismos o más próximos efectos en el país de origen. c) Que el hecho o acto contenido en el documento sea válido conforme al ordenamiento designado por las normas españolas de Derecho internacional privado. d) Que la inscripción del documento extranjero no resulte manifiestamente incompatible con el orden público español. La Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, ha concluido este proceso conceptualizador de la equivalencia de funciones y efectos. Por una parte, en su artículo 43 aporta una definición de documento público como “cualquier documento formalizado o registrado oficialmente con esta denominación en un Estado y cuya autenticidad se refiera a la firma y al contenido del instrumento, y haya sido establecida por una autoridad pública u otra autoridad habilitada a tal fin”.

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Por otra parte, en su artículo 60, determina los documentos públicos extranjeros inscribibles en Registros públicos españoles exigiendo: 1.- Que dichos documentos cumplan los requisitos establecidos en la legislación específica aplicable. 2.- Que la autoridad extranjera haya intervenido en la confección del documento desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia de que se trate. 3.- Y que el documento de que se trate surta los mismos o más próximos efectos en el país de origen. A la vista de esta normativa podemos hacer una serie de consideraciones: En primer lugar, parece que puede considerarse definitivamente desmontada la argumentación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2012 que, anulando Resoluciones de la DGRN de 7 y 20 de mayo de 2005, admitió la inscripción de una escritura de compraventa de un inmueble autorizada por un notario alemán. En efecto, la citada escritura, conforme a la Ley de Cooperación Internacional, no podría tener acceso al Registro de la Propiedad, pues carece en Alemania de la eficacia traditoria que en España atribuye a la escritura pública por el artículo 1462.1 CC. Un documento no puede producir fuera de su país más efectos que los que tiene en él. Y en su país el documento público alemán no puede cabalmente tener efecto traditorio porque el sistema alemán es no es un sistema de título y modo, por tanto no quedaría consumada en España la transmisión de dominio por el solo otorgamiento de la escritura de compraventa y no podría inscribirse el dominio a favor del adquirente. En segundo lugar, la normativa vigente contempla el documento extranjero desde dos perspectivas distintas: 1.- La de su autenticidad, esto es, cuándo podemos decir que estamos ante un documento público. 2.- La de su acceso a los Registros públicos y los requisitos para ello. Así, el artículo 43 LCI se refiere a cuándo un documento extranjero puede tener la consideración de documento público. Lo hace de forma exigente, pues requiere: Por una parte, en cuanto a la autenticidad formal, que el documento sea establecido “por una autoridad pública u otra autoridad habilitada a tal fin”, requisito que vendrá muy facilitado por la legalización o apostilla, si bien ésta por sí sola no implica que estemos ante un documento público,

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pues por una parte, puede apostillarse un documento privado y por otra, la normativa sobre apostilla se ha extendido a la firma de funcionarios distintos de los que tienen atribuida la fe pública. Por otra parte, en cuanto a la autenticidad material, requiere que la intervención autenticadora se extienda no sólo a la firma (identidad y capacidad), sino al contenido del instrumento. Se excluyen así de su posible consideración como documento público aquellas formas documentales abreviadas en las que el notario se limite a legitimar las firmas extendidas en documentos privados. Dicha legitimación no convierte el documento en público. El documento público extiende su autenticidad al contenido del mismo, porque el notario ejerce un control de adecuación de dicho contenido a la legalidad, además de dar fe de la identidad de los otorgantes, su capacidad y que su consentimiento ha sido debidamente informado. Distinto es el alcance del artículo 60 LCI que, lo mismo que el artículo 97 LRC, se refiere a los requisitos que debe reunir el documento extranjero para su inscripción en Registros Públicos españoles, exigiendo, sustancialmente: Primero, que la autoridad extranjera desarrolle funciones equivalentes a las que desarrolla el notario español. Segundo, que el documento surta en el país de efectos equivalentes (los mismos o los más próximos) a los que produce en España. Sin embargo, volvemos a la distinción hecha anteriormente entre documentos complejos y documentos sencillos y destinados a circular. No todos los documentos públicos contienen actos o n negocios inscribibles. En concreto los poderes contienen un contrato de mandato y no son ellos mismos inscribibles (salvo los poderes generales mercantiles). Por eso, si distinguimos, en entre requisitos para la validez del negocio y requisitos para la eficacia del mismo, lo relativo a la inscripción del documento no afecta a la validez. Para determinar la validez del acto o negocio documentado, debemos determinar la ley material reguladora del mismo (la ley aplicable al fondo), mediante aplicación de las normas de conflicto españolas. Partiendo del principio de libre elección sancionado por Reglamento UE 593/08 (ROMA I), en el ámbito contractual, quedará garantizada la validez del contenido del poder extranjero. En este punto, no juega el artículo 11 CC