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JOSÉ DANIEL PELAYO OLMEDO

UNA NUEVA REGULACIÓN DEL REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS

Tras treinta y cuatro años vigencia del RD 142/1981 en el año 2015 se promulga, en su lugar, un nuevo Real Decreto que viene a concretar, reformar o sustituir aspectos importantes del procedimiento seguido para el reconocimiento de las entidades religiosas en España. Esta nueva regulación resulta extraordinariamente importante desde un punto de vista técnico, pues recoge gran parte de las recomendaciones que la doctrina venía solicitando en cuanto a la organización y funcionamiento del Registro, condensa una realidad normativa fundamentalmente dispersa, que se movía entre lo especíﬁco y el procedimiento administrativo general, y trata de acomodarse a la interpretación emitida por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 46/2001. Pero, además, en él se introducen importantes novedades materiales que conviene estudiar, aporta nuevas soluciones a cuestiones inéditas, vinculadas fundamentalmente con la necesidad de dar respuesta a la gestión de la diversidad religiosa en España, o plantea otras vinculadas con la adecuación de nuevos requisitos, actos y sujetos inscribibles a la regulación del derecho a la protección de datos. En esta monografía el autor pretende presentar, contrastar y analizar esas novedades, detectar sus carencias o contradicciones con el marco constitucional y, en su caso, ofrecer soluciones. Pero, además, las cuestiones no sólo se abordan desde un punto de vista meramente procedimental si no que, en su análisis, trata de comprobar en qué medida los nuevos parámetros jurídicos inﬂuyen en el equilibrio entre la seguridad y la gestión de la libertad al que deben responder los ordenamientos jurídicos actuales.

JOSÉ DANIEL PELAYO OLMEDO

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UNA NUEVA REGULACIร N DEL REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS Entre el control y la gestiรณn de la libertad en el tratamiento de la diversidad religiosa

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

UNA NUEVA REGULACIÓN DEL REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS Entre el control y la gestión de la libertad en el tratamiento de la diversidad religiosa

JOSÉ DANIEL PELAYO OLMEDO

Valencia, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Este libro se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación DER2015-63640 Integra2. Claves Jurídicas: Derecho a la educación, diversidad religiosa y cohesión social.

José Daniel Pelayo Olmedo

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A mi maestra, Ana, de la que me siento deudor más allá de lo que pudiera expresar en este agradecimiento. A Claribel, Beltrán y Cayetana, sólo una mínima parte de todo lo que os debo.

Índice Prólogo............................................................................................................ 11

1. UN NUEVO PUNTO DE PARTIDA: la modificación del marco jurídico sobre organización y funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas................................................................................................... 19

2. LAS NOVEDADES Y REFORMAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN EL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL RER.......................... 23 2.1. Nuevos aspectos orgánicos y funcionales del RER......................... 23 a) Estructura, organización y funcionamiento del RER............... 23 b) El sistema de publicidad formal en el Registro de Entidades Religiosas.................................................................................... 27 2.2. Una nueva categoría: los actos inscribibles y sus requisitos de inscripción............................................................................................. 32 a) Reflexiones sobre el fundamento de la inclusión de una nueva categoría, ¿por qué incluir los actos inscribibles?................ 33 b) Los requisitos necesarios para la inscripción de los actos inscribibles....................................................................................... 51 2.3. Precisando la relación de entidades inscribibles. La inscripción de las entidades menores en el nuevo RD 594/2015..................... 58 a) En busca de un mayor alcance para la regulación específica.. 58 b) La necesidad de aclarar los requisitos específicos exigibles para las entidades menores, las Federaciones y las entidades extranjeras.................................................................................. 78 2.4. Novedades en los requisitos para la inscripción de las entidades religiosas. La inscripción de las entidades mayores en el RER...... 79 a) El prerrequisito de la solicitud por parte de la entidad. Sobre la voluntariedad de inscripción en el RER............................... 82 b) Los requisitos generales para la inscripción de las entidades. Nuevos alcances materiales y revisiones formales.................... 85 3. ¿NUEVOS CRITERIOS JURÍDICOS PARA NUEVAS SOLUCIONES?.......................................................................................................... 107 3.1. La cuestión de la configuración jurídica del RER.......................... 107 3.2. Sobre la personalidad jurídica, la utilidad del RER y el estatuto específico de las comunidades religiosas. Propuesta para una in-

Índice

terpretación integral del RER en el sistema de reconocimiento de entidades religiosas español....................................................... 124 4. UNA DICOTOMÍA: entre el control y la gestión de la libertad en el tratamiento de la diversidad religiosa................................................. 155

Bibliografía...................................................................................................... 177

Prólogo El propio título de la excelente monografía “Una nueva regulación del Registro de Entidades Religiosas. Entre el control y la gestión de la libertad en el tratamiento de la diversidad religiosa”, revela al estudioso nuevas perspectivas en el tratamiento de una cuestión tan espinosa y controvertida como es la que conecta a las confesiones religiosas con la personalidad jurídica y la actividad registral. Estas nuevas perspectivas vienen de la mano de la modificación del sistema jurídico vigente hasta el momento, llevada a cabo por el RD 594/2015 sobre la regulación del Registro de Entidades Religiosas, pero también de la necesidad, más que deseo, de adecuar ese nuevo marco jurídico a la gestión de la diversidad religiosa en una sociedad pluralista, multicultural y multirreligiosa, como es la nuestra. El profesor Pelayo Olmedo no es nuevo en estas lides, pues cuenta con el importante bagaje de la también excelente monografía “Las comunidades ideológicas y religiosas, la personalidad jurídica y la actividad registral” (Ministerio de Justicia 2007) que constituyo una parte esencial de su tesis doctoral, merecedora del premio extraordinario de doctorado en la UNED. En ella ya se había puesto de manifiesto su buen hacer en el campo de la investigación científica, con un estudio profundo y exhaustivo que le permitió analizar de forma pormenorizada y con gran claridad sistemática y conceptual, el marco jurídico recogido en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 y sus normas de desarrollo específico en esta materia. Para lograr este cometido, como ya señale entonces en el Prólogo a aquel estudio, el profesor Pelayo Olmedo desmenuza literalmente el hecho asociativo, partiendo de su configuración como elemento de participación democrática, al hilo de los postulados de la legislación vigente en aquel momento. Una vez logrado este cometido, se sumerge en un complejo y didáctico análisis técnicojurídico, que abarca desde la persona jurídica en toda su estruc-

Ana Fernández-Coronado González

tura, hasta el papel que juegan los Registros, en su doble categoría de administrativos y jurídicos como elementos de publicidad y seguridad. Los resultados de ese análisis los vuelca, finalmente, sobre la realidad del Registro de Entidades Religiosas, sus quiebras, su naturaleza jurídica y, en consecuencia, su virtualidad en el sistema entonces vigente. Este inestimable bagaje de su primera monografía sobre el tema, forma los mimbres del trabajo ahora realizado y permite al profesor Pelayo Olmedo acometer con una metodología de contraste el estudio de la modificación de ese antiguo marco jurídico, llevada a cabo por el nuevo Real Decreto. Se trata, así, de un cierre de círculo sobre la investigación en esta materia, realizado mediante un análisis técnico jurídico impecable, llevado a cabo con indudable solvencia por quien tiene todos los instrumentos para hacerlo, y que le permite a la postre valorar los resultados del análisis y proponer soluciones de futuro. En este sentido estamos ante una obra de madurez investigadora que afianza los argumentos ya expuestos y los actualiza, con la pretensión de sentar las bases para la resolución definitiva de esta ardua cuestión. Pues bien, esta metodología de contraste o comparación entre el marco jurídico anterior y la nueva regulación, comienza por identificar los nuevos parámetros, reflexionar sobre las causas que han llevado a la reforma legal, analizar su contenido y determinar su engarce constitucional. Para ello, el autor enmarca la investigación en el principio personalista recogido en la vigente Constitución, que obliga al sujeto colectivo del derecho de libertad de conciencia a situarse al servicio del sujeto individual y a actuar como simple canal que permita al ciudadano alcanzar la plenitud de sus derechos como persona, y que obliga, también, al Estado democrático a la garantía y promoción de este proceso sobre la base del pluralismo. Partiendo de esta premisa, para llevar a cabo este cometido, y sobre la base de su profundo conocimiento del tema, se centra en las novedades que aporta el Real Decreto sobre la estructura

Prólogo

orgánica, el funcionamiento del Registro de Entidades religiosas y la configuración del sistema de publicidad que ha de ser formal, ya que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la función del Registro de Entidades Religiosas, le niega la función calificadora, lo que hace muy difícil, como señala el autor, que el citado Registro cumpla con una posible función de publicidad material. Además, esta metodología de contraste, sirve al autor para poner de manifiesto la conveniencia jurídica de la nueva regulación y especificar sus logros, ciertamente importantes, como la simplificación y clarificación jurídica, mediante la aglutinación de la normativa dispersa, sin olvidar la adecuación del funcionamiento del citado Registro a las nuevas tecnologías, y, en otro orden de cosas y muy especialmente, la ampliación de los elementos susceptibles de inscripción, introduciendo una nueva categoría de actos inscribibles, y de la inscripción de las entidades religiosas menores, o la consideración de la inscripción como un derecho. Sin embargo, también le permite detectar las posibles quiebras, contradicciones legales, incongruencias y ausencia de soluciones o de efectividad práctica que afectan a algunos de esos logros, por ejemplo, en relación a las posibles consecuencias jurídicas con respecto a los actos inscribibles y sus requisitos, cuando la entidad religiosa no cumpla con los términos previstos, y a la inscripción de entidades religiosas en relación con la acreditación de su creación y establecimiento en España. Por esta razón, la regulación del Real Decreto, por muy novedosa que sea, no solventa muchos de los problemas que se detectan en un desmenuzamiento del tema, como el que se realiza aquí, y que incluso lleva a producir ciertas contradicciones entre la nueva normativa y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa actualmente vigente. Ello induce al profesor Pelayo Olmedo a plantearse una serie de interrogantes sobre la materia y a realizar propuestas sólidas y bien argumentadas, y formuladas, como no podía ser de otro modo, en el contexto constitucional y en concreto en la laicidad positiva del Estado, para tratar de dar respuesta a los mismos, como, por ejemplo, el prerequisito de solicitud de inscripción

Ana Fernández-Coronado González

por parte de las entidades religiosas y su relación con la inscripción como un derecho, o el siempre espinoso tema de los fines religiosos, dado que el nuevo Real Decreto obvia toda referencia al art. 3.2 de la ley orgánica de Libertad Religiosa, estrella de la regulación anterior, quizás por los problemas planteados en vía judicial y sustituye este “olvido” por una relación expresa de fines y actividades religiosas. Pero, sin duda, dentro de todas las cuestiones planteadas en su estudio, coincido con el autor en que el punto álgido de la investigación lo constituye el relativo a la vinculación que hace el RD 594/2015 de la inscripción de las entidades religiosas con la adquisición de la personalidad jurídica, lo que elevaría al Registro de Entidades Religiosas a la categoría de Registro jurídico, pues el Preámbulo de la norma habla de adquisición de personalidad jurídica claramente, aunque en su parte dispositiva no es tan contundente, refiriéndose al tema con los términos “gozar” y “derecho de inscripción”. Y es sobre este extremo donde el profesor Pelayo Olmedo centra su sólida argumentación sobre el debate relativo al carácter constitutivo o declarativo de la inscripción en el citado Registro de forma impecable. Toma como un elemento fundamental para su argumentación la STC 46/2001 de 15 de febrero y su afirmación de que la adquisición de la personalidad jurídica constituye un derecho de las entidades religiosas, ya que las comunidades religiosas son titulares del Derecho de libertad de conciencia por disposición constitucional, sin necesidad de control registral previo, a tenor del art. 16 CE. De este modo, solo cuando se quiera por decisión voluntaria ejercer ese derecho a asociarse con fines religiosos, interviene la figura del Registro de Entidades Religiosas. Sobre esta base considera con fundamento, opinión que comparto plenamente, que las entidades religiosas son asociaciones privadas de interés público y, en consecuencia, el reconocimiento de su personalidad a tenor del Código civil, comienza desde el momento en que se constituyen conforme a derecho, con el sim-

Prólogo

ple cumplimiento de una serie de requisitos formales. En lógica deducción, la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas lo que hace es formalizar ese reconocimiento jurídico, produciendo el pleno disfrute de la personalidad jurídica, esto es, el poder gozar de la misma, y facilita, por ende, el ejercicio del derecho colectivo de libertad religiosa, garantizado en el art. 16 CE con autonomía plena y sobre la base de su colaboración con el Estado, bajo en paraguas de la laicidad positiva, lo que les otorga una situación jurídica específica. En este sentido se había pronunciado ya la sentencia del Tribunal Constitucional de 2001 antes citada, que ha sido clave para la modificación legal acometida por el vigente Real Decreto, y las Sentencias de la Audiencia Nacional, de 11 de febrero de 2005 y de 4 de octubre de 2007 contra dos Resoluciones del Ministerio de Justicia que deniegan la inscripción registral a entidades religiosas, prohibiendo al Estado el ejercicio de una función calificadora, y señalando su función de mera constatación de que la entidad religiosa correspondiente no esté excluida por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. En caso contrario, como señala el profesor Pelayo acertadamente, se estaría calificando jurídicamente lo religioso para concretar su validez jurídica o para determinar a través de la Ley los requisitos de estructura y funcionamiento de las entidades religiosas, valorando su capacidad o la legitimación de quien los otorga y sus fines, y limitando su autonomía organizativa y el principio de no injerencia en asuntos internos derivado de la laicidad. Esta actuación supondría, además, un menoscabo del pleno ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa en su dimensión colectiva, que derivaría, incluso, en discriminación. Esto no implica, ni mucho menos, devaluar la importancia del Registro de Entidades Religiosas. Su necesidad es absoluta para gozar de esa personalidad jurídica ya adquirida, pues, como señala el autor, es la inscripción la que permitirá el disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos en el ámbito civil.

Ana Fernández-Coronado González

Es, en definitiva, el instrumento clave para la formalización de las entidades religiosas, con el fin de facilitar el ejercicio colectivo de su derecho de libertad religiosa, que exige de los poderes públicos remover los obstáculos y promover las condiciones para que la igual libertad de individuos y grupos sea real y efectiva (art. 9.2 CE). No cabe duda de que una fiscalización previa de estas entidades por parte del Estado supondría un menoscabo del pleno ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa en su aspecto colectivo y una discriminación y obstaculizaría una adecuada gestión de la laicidad positiva. De lo expuesto hasta aquí, parece claro que los problemas planteados desde antiguo siguen coleando, aún después de la nueva regulación sobre el Registro de Entidades Religiosa que realiza el Real Decreto de 2015, como se puede constatar en este excelente trabajo de investigación. Estos problemas producen, incluso, fricciones entre el nuevo régimen jurídico establecido y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Sería necesario plantear, entonces, de cara al futuro que el correcto desarrollo y aplicación del principio de laicidad demanda la elaboración de una nueva Ley de Libertad de Conciencia con la pretensión de aclarar y perfilar los fundamentos necesarios para dar solución a las cuestiones que siguen abiertas, como es el sistema de adquisición de personalidad jurídica de las confesiones y otras no menos importantes. A este respecto, como ya he señalado en otro lugar, esta futura reforma legal debería tener en cuenta dos aspectos nucleares para la resolución del problema. En primer lugar, la idea de diversidad religiosa, producto del pluralismo y de la aplicación de los principios constitucionales, en tanto que valor superior y principio conformador de la convivencia, como vía para integrar y gestionar adecuadamente las manifestaciones de la nueva realidad social desde la perspectiva de la libertad de conciencia. Esta diversidad está en función no solo de principios, valores y derechos, sino también, como nos recuerda el profesor Pelayo Olmedo, de que las soluciones adoptadas para su gestión sean las adecuadas para

Prólogo

una sociedad democrática, con plenitud de ejercicio de los derechos fundamentales. El respeto de esta diversidad es, entonces, algo obligado para el Estado, que no puede conformarse con ser neutral y respetuoso con todas las opciones y señas de identidad posibles, sino que debe de disponer un plus de actividad positiva en orden a lograr el reconocimiento pleno para el ejercicio de la libertad. En segundo lugar, la integración definitiva del principio de cooperación en la laicidad como contenido propio de ella, dentro de los cauces que la propia laicidad señala. Esta perspectiva solventaría los problemas actuales de identificación de la cooperación, considerando el pacto con las confesiones como su elemento central, que ha producido, como es sabido, consecuencias negativas, como la consolidación de residuos confesionales y el tratamiento discriminatorio de las confesiones religiosas, distinguiendo hasta cinco tipos de confesiones desde la perspectiva de la consideración estatal. Se trataría de una laicidad positiva, en la formulación realizada por el Tribunal Constitucional, configurada como fundamento de una cooperación acorde con los principios constitucionales de igualdad en la libertad, neutralidad y separación, pero también como límite de la misma. Avanzando por este camino, podría decirse que la nueva frontera de la laicidad se concreta en la inclusión de todas las ideas y opiniones que como valor ciudadano integran la diversidad social. No quisiera terminar estas páginas sin reiterar mi sincera felicitación al profesor Pelayo Olmedo por su excelente trabajo. El rigor científico, la correcta metodología, la adecuada sistematización y la cuidada exposición didáctica, con el aval del recurso a la doctrina y jurisprudencia sobre la materia, constatan, como ya he señalado anteriormente, que nos encontramos ante una obra de gran madurez intelectual sobre uno de los temas más complejos en el ámbito del Derecho Eclesiástico. No cabe duda de que con una perspectiva de futuro la sustitución del control por la gestión

Ana Fernández-Coronado González

de la diversidad religiosa aportará innumerables beneficios en un mundo como el que nos ha tocado vivir. Por último, quisiera expresar mi satisfacción al profesor Pelayo Olmedo por su invitación para escribir el Prólogo de este magnífico trabajo y por la amistad que me expresa al situarme en su dedicatoria en la buena compañía de Claribel, Beltrán y Cayetana. Madrid, 18 de diciembre de 2016 Ana Fernández-Coronado González Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado Universidad Complutense de Madrid.

1. UN NUEVO PUNTO DE PARTIDA: la modificación del marco jurídico sobre organización y funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas Con fecha de 3 de julio de 2015 se aprobó el Real Decreto 594/2015 por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas1 (en adelante RD 594/2015). Su entrada en vigor2 ha supuesto la derogación de la mayor parte de la normativa que componía, hasta el momento, el régimen jurídico sobre organización y funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas3 (en adelante RER). De una lectura completa del texto se puede observar como el nuevo RD incluye nuevos requisitos, delimita las pautas del procedimiento y concreta los plazos preceptivos para la realización de las actividades que le son propias4 pero, sobre todo, está nueva norma es extraordinariamente importante para el régimen jurídico de las entidades religiosas en España, pues incluye reformas

BOE núm. 183, sábado 1 de agosto de 2015, SEC. I., pp. 66721 a 66737. Que se produjo el 1 de noviembre de 2015, tres meses después de su publicación según establece la disposición final quinta del RD 594/2015. Específicamente, viene a sustituir el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, de Organización y Funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas, el artículo 5 del Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas normas procedimentales en materia de Justicia e Interior y, finalmente, la Orden de 11 de mayo de 1984 sobre publicidad del Registro de Entidades Religiosas. Para ello nos remitimos a otros estudios pormenorizados que no sólo exponen cuáles estos elementos sino que, además, los analizan en profundidad, vid. E. HERRERA CEBALLOS, “Hacia la construcción de un Registro fiel reflejo de la realidad. La reforma del Registro de Entidades Religiosas”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho eclesiástico del Estado, núm. 39 (2015), pp. 1 a 34. De una manera más instrumental puede verse J.D. PELAYO OLMEDO, “Régimen jurídico de las comunidades ideológicas y religiosas en España”, en VV.AA. Derecho eclesiástico del Estado, Tirant lo Blanch, 2ª ed., 2016, pp. 273 a 305.

José Daniel Pelayo Olmedo

que en nuestra opinión trascienden los meros cambios formales5. Su gran impacto sobre el modelo español aconseja realizar un estudio pormenorizado que nos permita hacer las valoraciones oportunas sobre su novedad y algunas conclusiones sobre su encaje en el sistema. En este trabajo, sin dejar de presentar los cambios formales, trataremos de centrarnos en las novedades de contenido material. Para identificarlas correctamente consideramos muy útil comparar las nuevas prescripciones que recoge el RD 549/2015 con la regulación anterior, especialmente el marco legislativo y su desarrollo reglamentario, pues su contraste nos permitirá detectar cuáles son los nuevos parámetros y reflexionar sobre las causas que han podido llevar al legislador a incluir o reformar estos criterios. Una vez identificados, trataremos de comprobar su encaje con las pautas constitucionales y la doctrina jurisprudencial ad hoc. Por ello, nuestro estudio se desarrollará en torno a una serie de cuestiones que directamente pone sobre la mesa la propia estructura interna del Decreto y que, en nuestra opinión, se sustancian por sí mismas como asuntos centrales del nuevo marco jurídico: a) los sujetos y actos inscribibles; b) un mayor detalle del procedimiento registral; c) la exposición de la estructura y funcionamiento del RER y, finalmente, d) la configuración del sistema de publicidad6. A ellas nos ajus-

Nos estamos refiriendo a la declaración expresa de la inscripción como un derecho de la entidad y la adquisición de personalidad jurídica como su efecto jurídico directo, o a la descripción que el RD plantea sobre lo que puede/debe entenderse por actividades y fines religiosos, una definición que, aunque se presenta a modo de ejemplo, no resulta inocua por su incidencia sobre uno de los requisitos más controvertidos en la actuación del RER, los fines religiosos. Ya hay quien lo considera la solución más adecuada para dotar de cierta objetividad a la labor del encargado del Registro cuando trata de contrastar la concurrencia de los requisitos exigidos para proceder a la inscripción, E. HERRERA CEBALLOS, “Hacia la construcción de un Registro fiel reflejo de…”, op. cit., vid. p. 16. El Título I se refiere a las entidades y actos inscribibles en el Registro, el Título II regula los procedimientos de inscripción, el Título III concreta la estructura y funcionamiento del Registro de entidades religiosas y, por último, el Título IV determina la publicidad del Registro.