1_9788491901648 by Editorial Tirant Lo Blanch

Blanca Soro Mateo

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

BLANCA SORO MATEO

DERECHO DE LOS PESTICIDAS DERECHO DE LOS PESTICIDAS

El estudio analiza la evolución de la regulación de los pesticidas, desde la ausente regulación hasta la consagración normativa de la lucha frente a su utilización y el fomento de métodos alternativos. Se incorporan nuevos planteamientos en torno a su disciplina a partir de la cristalización del principio de precaución a la luz del derecho y jurisprudencia europeos, en el complejo contexto de confrontación entre los objetivos ambientales y de salud y la libre circulación de mercancías. Para profundizar en la posición que cabe ser adoptada por España en relación con el uso de pesticidas, atendiendo al nivel de armonización comunitaria fijada por la Directiva 2009/128/CE, y estar en condiciones de reflexionar acerca de la posibilidad de que las Comunidades Autónomas se encuentren habilitadas, de conformidad con el bloque de la constitucionalidad, para efectuar una eventual prohibición de los pesticidas autorizados conforme a Derecho comunitario, se lleva a cabo un análisis de la reciente jurisprudencia del TC sobre la prohibición autonómica del fracking, así como del discutido principio de subsidiariedad que rige en el ámbito de los OMG a partir de la Directiva 2015/412, negado por el TS en materia de contaminación electromagnética. Ello nos permitirá encarar la cuestión central de nuestro estudio, relativa a la posibilidad de que el Estado o las CCAA prohíban el uso de pesticidas en su territorio, en el marco del Derecho comunitario y constitucional. Se abordan, asimismo, los retos que el Derecho de los pesticidas tiene planteados a día de hoy, ofreciéndose el necesario enfoque integrado de la fitosanidad a la luz del Bioderecho, Se formulan, para finalizar, algunas respuestas jurídicas que pueden resolver el legado ambiental de los pesticidas.

monografías

DERECHO DE LOS PESTICIDAS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

DERECHO DE LOS PESTICIDAS

BLANCA SORO MATEO

Valencia, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-164-8 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

“Ne voir dans la nature qu´un ennemi à vaincre par tous les moyens ne peut que conduire à notre ruine” (Robert BARTBAULT)

Para ti, Paola

Índice RESUMEN............................................................................................... 15 1. LA CRECIENTE PREOCUPACIÓN POR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE PLAGUICIDAS EN LA AGRICULTURA Y EL PAPEL DEL DERECHO.................................................................... 17 2. DE LA INICIAL AUSENCIA DE MARCO NORMATIVO A LA DECIDIDA TOMA DE CONCIENCIA DEL PROBLEMA DE LOS PESTICIDAS............................................................................................ 23 2.1. La toma de conciencia de los impactos negativos de los pesticidas a nivel internacional................................................................... 23 2.2. La evolución de las medidas europeas en torno a los pesticidas: tímida e inicial incorporación de la variable ambiental a la PAC vs. nacimiento de una incipiente política ambiental de lucha frente a los pesticidas........................................................................ 24 2.2.1. La contribución de la PAC a la protección del medio ambiente. La discutible “ecocondicionalidad”: nuestra postura................................................................................. 25 a. La inexistencia de un marco jurídico adecuado en materia de pesticidas...................................................... 25 b. La limitada efectividad ambiental de la ecocondicionalidad de las ayudas a la PAC. Nuestra postura........... 30 2.2.2. La producción ecológica como sistema voluntario de producción: tímidas restricciones a la aplicación de fitosanitarios............................................................................... 34 2.3. El cambio de rumbo de la agricultura española en relación con el empleo de pesticidas. Del empleo masivo de pesticidas a la consagración de la agricultura ecológica y la producción integrada como prácticas voluntarias......................................................... 37 3. LA CONSAGRACIÓN DE UNA LUCHA DIRECTA FRENTE A LA UTILIZACIÓN DE FITOSANITARIOS Y LA APUESTA POR MÉTODOS ALTERNATIVOS................................................................. 43 3.1. La tímida lucha directa frente a la utilización de fitosanitarios por el Derecho comunitario reciente: el Reglamento nº 1107/2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y la Directiva 2009/128/CE que establece un marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios......... 43 3.2. Un cambio de rumbo en Derecho español: el Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el Marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios......... 47 3.2.1. Una defectuosa transposición de la Directiva 2009/128, que deviene directamente aplicable.................................. 48

Índice

3.2.2. Sistemas alternativos al uso de productos fitosanitarios convencionales. El enriquecimiento del marco normativo europeo mediante el establecimiento de la obligatoria Gestión Integrada de Plagas............................................ 53 3.2.3. Posibilidad de aplicar el principio de precaución limitando o prohibiendo el uso de productos fitosanitarios en zonas o circunstancias específicas.................................... 56 3.2.4. Algunas cuestiones pendientes de perfilar: régimen sancionador específico y habilitación para realizar tratamientos................................................................................... 57 4. NUEVOS ENFOQUES DE LA FITOSANIDAD A PARTIR DE LA FORMULACIÓN LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN............................................................................. 61 4.1. La confrontación de los objetivos ambientales y de salud con la libre circulación de mercancías: primeros conflictos, primeras respuestas................................................................................... 61 4.2. La reacción de la doctrina en torno a la aplicación del principio de precaución en casos de incerteza............................................ 65 4.3. La vinculación del principio de precaución al legislador europeo según el TJUE: potestad u obligación de adoptar medidas restrictivas en ausencia de riesgos ciertos para la salud y para el medio ambiente. Algunas conclusiones.................................................. 72 4.4. La adopción de medidas más restrictivas en torno a los pesticidas por parte de los Estados: precaución en defecto de armonización y mientras subsista la incertidumbre........................................... 87 4.5. La tímida acogida del principio de precaución en Derecho español.............................................................................................. 91 4.5.1. Vinculación del principio de precaución en sede regulatoria................................................................................... 91 a. Doctrina constitucional............................................... 91 b. Doctrina Contencioso-administrativa.......................... 95 4.5.2. Aplicación administrativa del principio de precaución.... 100 4.6. Una virtualidad olvidada del principio de precaución: el principio de precaución como principio general del derecho ambiental .............................................................................................102 4.7. Algunas reflexiones en torno al principio de precaución: alcance, naturaleza y criterios.................................................................. 104 5. LA POSIBILIDAD DE LIMITAR Y/O PROHIBIR EL USO DE PESTICIDAS A NIVEL ESTATAL Y AUTONÓMICO: JUICIOS DE COMUNITARIEDAD Y CONSTITUCIONALIDAD............................... 115 5.1. Sobre la posibilidad autonómica de limitar o prohibir el “fracking” en sus territorios. La posición del Tribunal Constitucional. 117 5.1.1. Sobre la prohibición absoluta del fracking en derecho autonómico......................................................................... 121

Índice

5.1.2. Sobre la controvertida inconstitucionalidad de la prohibición parcial del fracking en derecho catalán.................... 132 5.1.3. ¿Cuál ha sido la suerte de la Ley vasca antifracking?....... 135 5.2. Nueva directiva OMG. Existencia de armonización e invocación de otros intereses. Encubrimiento de la insuficiencia de la armonización...................................................................................... 137 5.3. ¿Cabe la prohibición nacional y/o autonómica de pesticidas? Sobre la conformidad a derecho de las eventuales prohibiciones.... 148 6. RETOS PARA EL DERECHO AMBIENTAL EN ÁMBITOS DE INCERTIDUMBRE. EL CASO DE LOS PESTICIDAS............................ 153 6.1. El tratamiento de la incertidumbre en Derecho ambiental. Retrasos sistemáticos en la aplicación del principio de precaución en espera de niveles altos de certeza................................................. 153 6.2. Retrasos sistemáticos en la aplicación de medidas en espera de niveles altos de certidumbre: alerta temprana, independencia de la ciencia y protección de los denunciantes................................. 154 6.3. Omisión de la diligencia pública debida...................................... 159 6.4. Sobre el riesgo aceptable y el riesgo aceptado como presupuesto para la aplicación del principio de precaución en sede de pesticidas.............................................................................................. 162 6.5. Pesticidas autorizados, salud y medio ambiente ¿de quién es la responsabilidad? El nivel de riesgo aceptable.............................. 167 7. EL NECESARIO ENFOQUE INTEGRADO DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA SALUD. HACIA UN BIODERECHO DE LOS PESTICIDAS...................................................................................... 177 7.1. Enfoque preventivo de la reciente normativa en torno a la salud. 177 7.1.1. La evaluación del impacto sobre la salud en ámbitos de incertidumbre.................................................................. 177 7.1.2. La importancia de la salud en las leyes ambientales horizontales. Su aplicación en el ámbito de los fitosanitarios. 184 7.2. El Bioderecho de los fitosanitarios. Hacia un cambio de modelo desde nuevas perspectivas........................................................... 188 8. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTAMINACIÓN HISTÓRICA DEL SUELO. RESPUESTAS JURÍDICAS PARA RESOLVER EL LEGADO AMBIENTAL DE LOS FITOSANITARIOS............................ 197 8.1. Reflexiones sobre el enfoque espacio-temporal del daño ambiental............................................................................................... 197 8.2. ¿De quién es la responsabilidad ambiental por contaminación histórica? La determinación del sujeto responsable..................... 199 8.3. Régimen jurídico de la contaminación de los suelos contaminados. Especial referencia a la contaminación como consecuencia de la utilización de pesticidas...................................................... 203 8.3.1. Aplicabilidad del derecho de la responsabilidad ambiental. 203

Índice

8.3.2. La aplicación de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. La obligación de descontaminar. Régimen actual.................................................................................. 209 8.3.3. El establecimiento de Valores genéricos de referencia (VGR)............................................................................. 216 8.3.4. Reflexiones sobre la problemática jurídica de los supuestos de contaminación histórica........................................ 224 9. EPÍLOGO............................................................................................ 229

CONCLUSIONES 1. Sobre el avance armonizador del derecho comunitario sobre pesticidas y el fomento de su uso sostenible........................................................ 233 2. La defectuosa transposición española de la Directiva 2009/128/CE, que establece un marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios mediante el Real Decreto 1311/2012.. 233 3. El nivel de armonización comunitaria en sede de pesticidas. La consagración del principio de precaución.................................................... 234 4. Sobre el principio de precaución y su limitado alcance en Derecho español............................................................................................... 235 5. Sobre la constitucionalidad de la eventual prohibición o limitación del uso de pesticidas por las CCAA autorizados en Europa...................... 238 6. Inaplicación del principio de precaución, responsabilidad de las AAPP por omisión de la diligencia debida o aplicación del principio quien contamina paga.................................................................................. 240 7. Lobbys y salud pública....................................................................... 242 8. La importancia de la evaluación del impacto sobre la salud de políticas públicas........................................................................................ 243 9. La necesidad de abordar la dimensión temporal del daño ambiental y a la salud derivado de pesticidas......................................................... 244 10. Necesidad de desarrollo de los NGR de pesticidas y la declaración de suelos contaminados por no resultar aptos para el cultivo.................. 245 BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 249

RESUMEN El estudio analiza la evolución de la regulación de los pesticidas, desde la ausente regulación hasta la consagración normativa de la lucha frente a su utilización y el fomento de métodos alternativos. Se incorporan nuevos planteamientos en torno a su disciplina a partir de la cristalización del principio de precaución a la luz del derecho y jurisprudencia europeos, en el complejo contexto de confrontación entre los objetivos ambientales y de salud y la libre circulación de mercancías. Para profundizar en la posición que cabe ser adoptada por España en relación con el uso de pesticidas, atendiendo al nivel de armonización comunitaria fijada por la Directiva 2009/128/CE, y estar en condiciones de reflexionar acerca de la posibilidad de que las Comunidades Autónomas se encuentren habilitadas, de conformidad con el bloque de la constitucionalidad, para efectuar una eventual prohibición de los pesticidas autorizados conforme a Derecho comunitario, se lleva a cabo un análisis de la reciente jurisprudencia del TC sobre la prohibición autonómica del fracking, así como del discutido principio de subsidiariedad que rige en el ámbito de los OMG a partir de la Directiva 2015/412, negado por el TS en materia de contaminación electromagnética. Ello nos permitirá encarar la cuestión central de nuestro estudio, relativa a la posibilidad de que el Estado o las CCAA prohíban el uso de pesticidas en su territorio, en el marco del Derecho comunitario y constitucional. Se abordan, asimismo, los retos que el Derecho de los pesticidas tiene planteados a día de hoy, ofreciéndose el necesario enfoque integrado de la fitosanidad a la luz del Bioderecho, Se formulan, para finalizar, algunas respuestas jurídicas que pueden resolver el legado ambiental de los pesticidas.

1. LA CRECIENTE PREOCUPACIÓN POR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE PLAGUICIDAS EN LA AGRICULTURA Y EL PAPEL DEL DERECHO1 La agricultura es un elemento central de la economía de los territorios y en España se erigió como el sector económico más importante hasta 1960. Unos años después, además de la fuerte crisis económica del momento, la agricultura de nuestro país tuvo que hacer frente al gran reto derivado de la integración en la Unión Europea. Como consecuencia fue necesaria la adaptación del sector agrícola a un mercado mucho más competitivo, amplio y libre, que debía moverse en el marco de una política agraria más compleja y exigente. La agricultura ya no sólo tenía que cumplir su tradicional función productiva de alimentos y materias primas, sino que debía diversificarse para dar satisfacción a nuevas demandas sociales ligadas a la conservación del medio ambiente y a la economía del ocio en el medio rural. En este nuevo contexto, la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias se fijó como objetivo aumentar las posibilidades de competir, superando viejos problemas como la reducida dimensión de las explotaciones, el envejecimiento de la población agraria, la rigidez en los mercados de la tierra, la escasa flexibilidad en los modos de producción o la insuficiente organización comercial, con el fin de que la agricultura española pudiera afrontar la creciente liberalización de mercados, al tiempo que se aseguraran los equilibrios ecológicos básicos2. Se cumplía así el mandato constitucional contenido en el artículo 130.1 de la Carta Magna, según el cual “los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo

El presente trabajo se realiza en el marco del Proyecto de Investigación sobre Daño ambiental histórico en la Región de Murcia: Desafios, amenazas y soluciones (19461 PS/14) financiando por la Fundación Séneca (Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia). Otras normas relevantes, en las que encuentra su precedente la Ley 19/1995, de 4 de julio, fueron la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, cuyo texto fue aprobado por Decreto 118/1973, de 12 de enero; la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos, donde se define agricultor como la persona que se dedique o vaya a dedicarse de manera preferente a actividades de carácter agrario, ocupándose de una manera efectiva y directa de la explotación; la Ley 49/1981, de 24 de diciembre, de Reforma y Desarrollo Agrario y la Ley 49/1981, de 24 de diciembre, del Estatuto de la Explotación Familiar Agraria y de los Agricultores Jóvenes.

Blanca Soro Mateo

de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles”3. A día de hoy, aunque puede afirmarse que la actividad agrícola sigue siendo el motor de la economía de diversas regiones españolas, sobre todo del sureste, el desarrollo de otros sectores, así como el éxodo hacia las ciudades, supuso una enorme transformación del sector agrícola en España, ampliándose las zonas regables e introduciéndose mejoras de la mano del progreso técnico, como la selección de semillas, la mecanización de ciertas actividades y la utilización de productos químicos al servicio del control de las plagas. Todas estas mejoras se enderezaban a mejorar el rendimiento de los cultivos. No obstante, la evolución tecnológica y científica que se ha experimentado de forma exponencial en las últimas décadas, dirigida a la consecución de una mejora en las condiciones de vida de la sociedad, ha supuesto la asunción de riesgos derivados de estas tecnologías y de efectos desfavorables para el medio ambiente y para la salud humana. Así, por lo que al presente estudio interesa, el recurso a productos fitosanitarios, que genera indudables beneficios para la agricultura como herramienta de control de plagas, sin embargo, no resulta inocuo y provoca la contaminación del suelo y de los acuíferos, entrando algunos productos tóxicos en la cadena trófica, con los consiguientes daños a la salud que ello implica. Durante los últimos años, muchos trabajos han puesto de relieve el daño ecológico producido por el uso generalizado de pesticidas agrícolas. Los niveles de residuos de tales compuestos pueden constituir, en algunos casos, una fuente importante de contaminación, principalmente si se han utilizado durante mucho tiempo. Su movilidad a través del aire y el agua, su acumulación

Debe tenerse en cuenta que todas las Comunidades Autónomas han asumido competencias en agricultura en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Pero, como advierten todos ellos, aunque con distinta formulación, dicha competencia autonómica se entiende atribuida “de acuerdo con las bases y la ordenación de la economía” o “de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general”, en los términos de lo dispuesto en los arts. 38, 131 y 149.1. 13.ª CE. Por ello, la intervención legislativa estatal en materia de modernización de las explotaciones agrarias se halla legitimada, en virtud de las competencias que le corresponden al Estado para la regulación de las bases o medidas que requieran la ordenación y la coordinación de la planificación general de la economía.

Derecho de los pesticidas

y/o transformación en el medio ambiente y, por último, su biomagnificación, constituyen verdaderos riesgos para la salud humana, la fauna y el medio ambiente4. Además, estos efectos negativos sobre el entorno y sobre la salud humana pueden rebasar las fronteras nacionales y perdurar demasiado tiempo, lo cual exige incorporar la variable espacial o transfronteriza y temporal del daño a las soluciones que el Derecho arbitre para prevenir, evitar y dar respuesta a los nocivos efectos de los pesticidas. Debe tenerse en cuenta que, además de los daños ciertos que se derivan del empleo de los pesticidas, razón por la cual se encuentra vedado o limitado su uso, aún existen zonas de incerteza que requieren un tratamiento jurídico adecuado. Por esta razón, en este sector cobra especial importancia el perfilar desde el punto de vista del Derecho el concepto de riesgo, detrás del cuál, como advierte Esteve Pardo —uno de los grandes administrativistas que se ha ocupado de estudiar las relaciones entre el avance tecnológico y el Derecho—, siempre encontraremos una tecnología5”. Y a renglón seguido, será preciso distinguir aquellos riesgos conocidos, predecibles por los expertos y sobre los que existe una probabilidad cierta de que se concreten en daños, de aquéllos otros que se desconocen o que, aún conocidos los riesgos, existen dudas sobre la probabilidad de su concreción en daños, puesto que la reacción del Derecho frente a ellos pudiera deber

Pérez-Ruzafa, A., Navarro, S., Barba, A., Marcos, C., Cámara, M. A., Salas, F., Gutiérrez, J. M., “Presence of Pesticides throughout Trophic Compartments of the Food Web in the Mar Menor Lagoon (SE Spain)”, Marine Pollution Bulletin, Volume 40, Issue 2, February 2000, pp. 140-151. Se puede dar cuenta de muchos estudios recientes sobre la presencia de pesticidas en el organismo humano y de los riesgos endocrinos a que se encuentran sometidos en http:// www.generations-futures.fr/2011generations/wp- content/uploads/2014 /04/rapport_exppert_3.pdf, http://ideaa.eu/politiche-economia/contaminazione-salute/ el-primer-estudio-espanol-desvela-una-elevada-presencia-de-ddt-en-la-sangre/, http://www.elmundo.es/salud/2014/01/28/52e6a536e2704eb07e8b458e.html Hablamos de riesgo, frente al peligro, el cual tiene “un origen natural, son peligros naturales. No hay intervención humana en la generación de los peligros, mientras que el riesgo tiene un origen tecnológico. Detrás de un riesgo siempre hay, ineludiblemente, una tecnología, y detrás de una tecnología siempre hay un conjunto de decisiones humanas”. Esteve Pardo J. “Derecho y medio ambiente: problemas generales; El Derecho del medio ambiente como Derecho de decisión y gestión de riesgos”, REDUR, núm. 4, 2006, pp. 7-16.

Blanca Soro Mateo

ser diferente. Así, frente a la aplicación del principio de prevención que inspirará la reacción del Derecho frente a los riesgos conocidos o ciertos6, y que se articula a través de técnicas jurídicas como la prohibición o, en caso de decidirse su asunción, con la evaluación de impacto ambiental y la adopción de medidas de carácter correctivo, cuando los riesgos son desconocidos por existir una situación de incertidumbre científica, ante la que no cabe la denominada “parálisis por análisis” a la que se refería Riechman7, al Derecho se le exige que proporcione una solución la cual ha sido fundamentada y construida a partir en el denominado principio de precaución, configurado hoy en día como otro gran principio del Derecho Ambiental y que puede decirse que nace como oposición a la presunción general de inocuidad del desarrollo, según la cual “cuando no se sepa o no se tenga la certeza de que una actividad […] tiene impactos negativos, la conclusión por defecto es que la actividad puede desarrollarse. Este principio, como veremos, va a servir de basamento para la adopción de decisiones políticas, normativas y administrativas e incluso judiciales y en último término como mecanismo de control de la discrecionalidad pública8”. Así, además de los daños constatados o ciertos, prohibidos o asumidos, la utilización de fitosanitarios genera riesgos sobre los que la doctrina científica se encuentra investigando.

Los principales mecanismos jurídicos que derivan de este principio son la evaluación de impacto ambiental, los sistemas de licencias y autorizaciones, que suponen políticas preventivas frente a los daños ambientales “traduciéndose estas en la preparación y evaluación anticipada de la actividad generadora de un daño irreparable […] y que son de importancia fundamental y estratégica para el desarrollo de las actividades que desarrollan los seres humanos y el sector empresarial”, Barreira A., Ocampo P, Recio E. “Medio Ambiente y Derecho Internacional: Una Guía Práctica”, Madrid, Coedición: Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente y Obra Social Caja Madrid, 2007, pp. 39 y 40. Riechmann, J., “Tres principios básicos de justicia ambiental”, disponible en http://www.istas.ccoo.es/descargas/Introducci%C3%B3n%20al%20Principio%20de%20Precauci%C3%B3n.%20Jorge%20Riechmann.pdf (fecha de consulta 1 de julio de 2016). Embid Tello A.E., “El principio de precaución”, Santamaría Pastor, J. A., (dir.), Los principios jurídicos del Derecho Administrativo, LA LEY, Madrid, p. 4. En este trabajo se efectúa un concienzudo e interesante análisis del principio de precaución y su relación con la evaluación de riesgos ante una situación de incertidumbre.