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temática La obra colectiva Aspectos de interés para una futura reforma de las Haciendas Locales, constituye una guía útil que analiza minuciosamente toda la problemática actual que encierra la normativa tributaria local. Dicho libro desgrana toda la imposición tributaria poniendo el acento en cada una de las cuestiones litigiosas que concurren en las distintas figuras impositivas tanto obligatorias de las Corporaciones Locales (Impuesto sobre Bienes Inmuebles —IBI—; Impuesto sobre Actividades Económicas —IAE—; e Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica –IVTM-), como potestativas (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras —ICIO—; e Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana –IIVTNU—), así como tasas y contribuciones especiales. Así mismo, dada su enorme transcendencia para la recaudación de las arcas públicas locales tras la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de varios preceptos relativos a la normativa relativa a la denominada plusvalía municipal —IIVTNU—, la obra recoge varios capítulos sobre esta materia donde se analiza —a la luz de la legalidad vigente— todas las acciones que pueden ejercitar los administrados para invocar dicha jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional, y se aportan finalmente soluciones de futuro para reducir la ingente tasa de litigiosidad actual. También especial interés dedica la obra por su continua litigiosidad, las liquidaciones conjuntas que son giradas por numerosos Ayuntamientos relativas al Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, así como de la tasa de licencia urbanística, analizándose caso por caso aquellas situaciones en particular que podrían ser contrarias a la legalidad vigente. Igualmente se hace un recorrido por los Autos de admisión dictados recientemente por el Tribunal Supremo que servirán para crear jurisprudencia tan necesitada en esta esfera local. Por último, dicha obra contiene un sinfín de consideraciones críticas y propuestas de lege ferenda de la normativa tributaria y presupuestaria local identificando determinados nichos de conflictividad con la Administración a fin de reducir sustancialmente la excesiva litigiosidad en esta esfera, y valorando positivamente algunas de las propuestas presentadas en el Informe de la Comisión de expertos para la revisión del sistema de financiación local (julio-2017) como la implementación del nuevo Impuesto sobre estancias turísticas.

TIRANT

TRIBUTARIO

Aspectos de interés para una futura reforma de las Haciendas Locales Pablo Chico de la Cámara Dirección

Pablo Chico de la Cámara (Dirección)

TRIBUTARIO

Aspectos de interés para una futura reforma de las Haciendas Locales

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ASPECTOS DE INTERÃ‰S PARA UNA FUTURA REFORMA DE LAS HACIENDAS LOCALES

TIRANT TRIBUTARIO Directores:

Juan López Martínez

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada

José Manuel Pérez Lara

Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada

Consejo científico:

Antonia Agulló Agüero

Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Pompeu Fabra

Ignacio Corral Guadaño

Jefe de Estudios de la Escuela de Hacienda Pública

Rafael Fernández Montalvo Magistrado del Tribunal Supremo

Amparo Navarro Faure

Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

ASPECTOS DE INTERÉS PARA UNA FUTURA REFORMA DE LAS HACIENDAS LOCALES Dirección

PABLO CHICO DE LA CÁMARA Autores

Miguel Alonso Gil Carmen Banacloche Palao Juan Calvo Vérgez Amable Corcuera Torres Pablo Chico de la Cámara Arturo José Delgado Mercé Rosa Fraile Fernández

Rosa Galapero Flores Juan Ignacio Gomar Sánchez Marcos Gómez Puente Ana González Pelayo Francisco Javier Martín Fernández César Martínez Sánchez Juan Ignacio Moreno Fernández

Ana D’Ocón Espejo

Gemma Patón García

Javier Galán Ruiz

Mercedes Ruiz Garijo

tirant lo blanch Valencia, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1313-563-2 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicasde-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice I. IMPUESTOS LOCALES Propuestas de reforma en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles............................ 11 Miguel Alonso Gil

La notificación de valores catastrales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles...... 55 Juan Calvo Vérgez

Algunos apuntes acerca del pasado, presente y futuro del Impuesto sobre Actividades Económicas. Especial referencia a la inspección y jurisprudencia......... 79 Arturo José Delgado Mercé

Algunas cuestiones en torno al IVTM a la luz del Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Sistema de Financiación Local (julio 2017)..... 115 Carmen Banacloche Palao

La determinación de la base imponible en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: doctrina jurisprudencial y propuestas de reforma....... 137 Ana Mª D’Ocón Espejo

La gestión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras................. 165 Javier Galán Ruiz

Die philosophie des als-ob: el gravamen de las minusvalías “como si” fuesen plusvalías....................................................................................................... 199 Juan Ignacio Moreno Fernández

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: presente y futuro............................................................................................ 259 Javier Martín Fernández

II. TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES Breves observaciones sobre la reforma de las tasas locales................................... 277 Juan Ignacio Gomar Sánchez

Cuestiones de urgencia para una reforma de las tasas locales a partir de la jurisprudencia y los autos del Tribunal Supremo................................................... 309 Mercedes Ruiz Garijo

La Tasa de Licencia Urbanística & el ICIO: ¿matrimonio bien avenido o un buen ejemplo de pareja en crisis...?......................................................................... 341 Pablo Chico de la Cámara Rosa Fraile Fernández

Índice

Tasas municipales por utilización privativa o de aprovechamiento especial del dominio público local a la vista de la reforma de las haciendas locales.......... 369 Rosa Galapero Flores

La problemática regulación de las contribuciones especiales en España............... 387 César Martínez Sánchez

III. OTROS TEMAS DE INTERÉS PARA UNA FUTURA REFORMA DE LAS HACIENDAS LOCALES Procedimientos tributarios y conflictividad fiscal: breve reflexión sobre la reforma de las haciendas locales.................................................................................. 451 Marcos Gómez Puente

La necesaria adaptación de la normativa presupuestaria local a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera...................................................... 461 Amable Corcuera Torres

Los procedimientos tributarios en la esfera local. Propuestas para la implantación de nuevas medidas de resolución de conflictos............................................... 493 Ana González Pelayo

Fundamento y aportes a la propuesta de municipalizar el Impuesto sobre Estancias Turísticas....................................................................................................... 515 Gemma Patón García

I. IMPUESTOS LOCALES

Propuestas de reforma en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles* Miguel Alonso Gil

Prof. Asociado Derecho Financiero y Tributario UC3M

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. NATURALEZA JURÍDICA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. III. LOS TITULARES CATASTRALES Y LOS SUJETOS PASIVOS DEL IBI EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. 1. La distinción entre el titular catastral y el sujeto pasivo del IBI. 2. Los titulares catastrales en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo. 3. Los sujetos pasivos del IBI en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo. IV. LA BASE IMPONIBLE Y LA BASE LIQUIDABLE DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 1. La base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 2. La base liquidable en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. V. EL RECARGO ESTATAL EN EL IBI SOBRE LOS INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL DESOCUPADOS CON CARÁCTER PERMANENTE. VI. EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN CATASTRAL Y TRIBUTARIA DEL IBI EN LOS NUEVOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CATASTRAL. 1. La inspección catastral y la omisión de la inspección tributaria del IBI en la redacción originaria de la Ley de Haciendas Locales. 2. La regulación vigente en materia de inspección catastral y tributaria del IBI. 3. La omisión del procedimiento de inspección catastral conjunta y de la delegación de actuaciones de investigación en los nuevos convenios de colaboración catastral. VII. LA IMPRESCRIPTIBILIDAD CATASTRAL Y LA PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA EN EL IBI. 1. La imprescriptibilidad catastral. 2. La prescripción tributaria en el IBI. 3. La interrupción de la prescripción en el IBI por la notificación de actos de gestión catastral. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en adelante, IBI) es el recurso tributario más importante de las Haciendas locales. En el año 2015 aportó a los ayuntamientos una recaudación global de 13.794,62 millones de euros, y representó el 62,10% de los ingresos tributarios recogidos en los capítulos I y II de sus presupuestos, el 27,78% de los ingresos no financieros y el 26,51% del total de ingresos.

Este trabajo tiene su origen en la ponencia presentada sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en la mesa redonda “Reforma del IBI, del IVTM y del IAE”, en el Congreso “Claves para la reforma de las Haciendas Locales”, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos el día 15 de marzo de 2018.

Miguel Alonso Gil

Impuestos municipales (Capítulos 1 y 2 de ingresos)

Fuente: Informe de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades locales “Haciendas Locales en cifras. Año 2015” (septiembre 2017), pág. 51. Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos.

El IBI es también la figura impositiva más estable y contracíclica del sistema tributario, incluso en los años de aguda crisis económica y de deterioro de las finanzas públicas su recaudación se ha visto incrementada. Durante los ejercicios 2012 y 2013, el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, estableció, de manera transitoria y excepcional, un incremento del tipo impositivo del IBI para determinados inmuebles urbanos, a fin de que las corporaciones locales no pusieran en peligro la consecución de los objetivos de minoración del déficit público1 y, posteriormente, la Ley 16/2013, de 29 de octubre por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, prorrogó para los años 2014 y 2015 el incremento del tipo previsto inicialmente por el citado Real Decreto-Ley 20/2011. La exposición de motivos de la citada ley justificó esta medida con el objeto de mantener los compromisos de estabilidad presupuestaria del Reino de España.

Vid. El Informe de la Secretaria de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) de 20 de febrero de 2012 sobre los criterios de aplicación del art. 8 del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, en www.meh.es. También, la STS de 28 de junio de 2016 (Rec. Nº 1280/2015).

Propuestas de reforma en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Fuente: Elaboración propia

En consecuencia, el IBI es el tributo sobre el que pivota el sistema tributario local. En este trabajo analizaremos algunas propuestas de reforma y también comentaremos cuestiones polémicas derivadas de su aplicación. Así, en primer lugar nos referiremos a su naturaleza jurídica, es decir, a su condición de tributo real de carácter objetivo. En segundo lugar, haremos referencia a dos elementos esenciales del tributo, los sujetos pasivos y su relación con los titulares catastrales, y la base imponible constituida por el valor catastral y su relación con el novedoso “valor de referencia de mercado”. A continuación, nos detendremos en la omisión reglamentaria estatal que ha impedido a los ayuntamientos aplicar el recargo en el IBI sobre los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente. Y, finalmente, haremos referencia a dos cuestiones relacionadas con la aplicación del impuesto, la primera, la inspección catastral y su relación con la inspección tributaria del IBI y, por último, veremos cómo opera la prescripción tributaria en el ámbito de un tributo de gestión compartida con actos de gestión catastral y tributaria que se suceden y entrecruzan.

Miguel Alonso Gil

II. NATURALEZA JURÍDICA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES En un sugerente estudio sobre la reforma de la Hacienda municipal del año 2010, el Prof. Calvo Ortega señalaba que la futura reforma del Impuesto sobre Bienes Inmuebles debía partir de la desagregación de los bienes en función de uso o destino: vivienda habitual, segunda residencia, vivienda desocupada, inmuebles afectos a actividades económicas e inmuebles de características especiales, y concluía que es cierto que todos estos inmuebles tienen en común ser una manifestación de capacidad económica, pero sus circunstancias subjetivas y su destino económico exigirían una diferenciación en su gravamen impositivo. La Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local en su Informe de 27 de julio de 2017 también se ha planteado esta cuestión. La posición mayoritaria de la Comisión consideraba que, dada la naturaleza del impuesto (como es sabido, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un impuesto de carácter real y objetivo), no resultaba adecuado realizar una distinción entre inmuebles en función de su destino o utilización. Desde esta posición se argumentaba que el tratamiento diferenciado introduciría elementos de discriminación (por ejemplo, entre inquilinos y propietarios). Una parte minoritaria de la Comisión, por el contrario, optaba por conferir un tratamiento fiscal más favorable a la vivienda habitual, y dotar de la regulación necesaria al recargo sobre bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, actualmente previsto en el TRLRHL. El ATC 109/2017, de 18 de julio, que ha inadmitido la cuestión prejudicial sobre la validez del artículo 14.5 de la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto de Bienes Inmuebles de Guipúzcoa constituye un nuevo e interesante elemento para reavivar esta polémica. El artículo 14.5 de la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en la redacción dada por la Norma Foral 4/2012, de 4 de julio, establece la posibilidad de que los ayuntamientos de Guipúzcoa apliquen un recargo de hasta el 150 por 100 de la cuota líquida del IBI, para aquellos inmuebles de uso residencial que no constituyan la residencia habitual o de terceros por arrendamiento o cesión de uso. La norma foral presume que un inmueble de uso residencial es residencia habitual cuando a fecha de devengo del impuesto, en el padrón del municipio donde radique la vivienda conste que constituye la residencia habitual de sus ocupantes.

Propuestas de reforma en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Desde la perspectiva del principio de capacidad económica, y ante las dudas de constitucionalidad que podría suscitar una diferente carga tributaria en relación con la titularidad de los inmuebles por el hecho de no constituir la residencia habitual, el ATC 109/2017, de 18 de julio, con apoyo en la STC 37/1987, de 26 de marzo, que consideró viable el establecimiento del impuesto andaluz sobre tierras infrautilizadas, y también en la STC 295/2006, de 11 de octubre, que avaló la constitucionalidad del régimen de imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF, ha señalado que la no utilización de un bien o su uso no habitual ponen de manifiesto una riqueza real o potencial, cuyo gravamen a través de un recargo en el IBI es coherente con el principio de capacidad económica. Desde la perspectiva del principio de igualdad, con apoyo en el ATC 123/2009, de 28 de abril, que consideró admisible un trato fiscal diferente para los inmuebles residenciales y no residenciales estableciendo tipos de gravamen diferenciados en el IBI, en función de los diferentes usos catastrales para determinados bienes inmuebles, y el ATC 417/2005, de 22 de noviembre, sobre el impuesto extremeño sobre suelo sin edificar y edificaciones ruinosas, también considera posible que, dentro de los inmuebles residenciales, se diferencie entre los que constituyen residencia habitual y los que no, aplicando un mayor gravamen en el IBI a los segundos, desincentivando fiscalmente las viviendas que no son residencia habitual del sujeto pasivo o de un tercero. Como veremos posteriormente, este recargo foral en el IBI presenta diferencias significativas con el recargo estatal previsto en el art. 72.4 del TRLRHL. Este último toma como elemento objetivo que el inmueble residencial “se encuentre desocupado con carácter permanente”, en tanto que la norma foral amplía el recargo a todos los inmuebles residenciales “que no constituyan la residencia habitual del propietario o de terceros por arrendamiento o cesión de uso”, lo que se presume a partir del empadronamiento; y cuantitativamente el recargo foral puede alcanzar hasta el 150 por 100 de la cuota líquida del IBI, mientras que el recargo estatal se cuantifica sobre un máximo del 50 por 100 de la citada cuota y, sobre todo, presenta una diferencia sustancial con respecto al recargo estatal, y es que recoge una delimitación completa de las viviendas a las que va a resultar de aplicación, todo ello sobre la base de la existencia de un régimen especial de los Territorios Históricos del País Vasco en materia tributaria local, que encuentra su anclaje constitucional en la DA 1ª de la Constitución. Coincidimos con la posición minoritaria de la citada Comisión de expertos que, como acabamos de exponer, defendía conferir un tratamiento fiscal

Miguel Alonso Gil

más favorable a la vivienda habitual (tipo reducido o coeficiente reductor) y dotar de la regulación necesaria al recargo sobre bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente actualmente previsto en el TRLRHL. El establecimiento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de un tipo reducido para la vivienda habitual (instrumento de persuasión) y un tipo incrementado para las viviendas desocupadas con carácter permanente (instrumento de disuasión) son medidas que podrían coadyuvar a promover el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada previsto en art. 47 de la CE. En nuestra opinión, las medidas de gravamen sobre las viviendas vacías son un instrumento que puede servir de complemento para incorporar al mercado las viviendas permanentemente desocupadas en ámbitos de acreditada necesidad de acceso a la vivienda, y constituyen un instrumento menos invasivo, respecto de los derechos subjetivos de contenido patrimonial, que los mecanismos sancionadores y expropiatorios que se suceden actualmente en el ámbito autonómico, y que son objeto de constantes recursos de inconstitucionalidad por el Presidente del Gobierno, que reflejan el difícil equilibrio entre la competencia exclusiva autonómica en materia de vivienda, y las competencias transversales estatales que inciden en este ámbito2. Como es sobradamente conocido la realidad del sector inmobiliario de la última década se ha revelado como un modelo patológico, y la crisis eco-

Vid. Las siguientes sentencias del Tribunal Constitucional: • STC 93/2015, de 14 de mayo, que resolvió la impugnación del Decreto-ley andaluz de 6/2013, de 9 de abril. • STC 16/2018, de 22 de febrero, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra. • STC 32/2018, de 10 de abril, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Presidente del Gobierno contra el artículo 1 y la disposición adicional primera de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. • STC 43/2018, de 26 de abril de 2018, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda. • STC 80/2018, de 5 de julio de 2018, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana.

Propuestas de reforma en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles

nómico-financiera iniciada en el año 2007 se ha manifestado con especial intensidad a través del estallido de la denominada “burbuja inmobiliaria”. También es sabido que el principal incentivo fiscal en materia de vivienda, consustancial con la historia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ha sido la deducción en cuota por la adquisición de la vivienda habitual, cuya evolución normativa ha presentado incoherentes vaivenes, privilegiando el acceso a la vivienda en propiedad, en perjuicio del acceso en alquiler. Todavía en el año 2017, y en aplicación de la DT 18 de la LIRPF, ha tenido un coste superior a los 1.100 millones de euros, constituyendo el beneficio fiscal más importante desde un punto de vista cuantitativo de este impuesto. Paralelamente, según se recoge en las últimas noticias de prensa, el precio del alquiler de viviendas en el año 2017 ha registrado la mayor subida en 10 años, sobre todo, en las zonas con una mayor actividad económica, turística y demográfica, al resultar la demanda muy superior a la oferta. Por ello, entendemos que el IBI no debería ser un impuesto real y objetivo “químicamente puro”, y que la regulación legal del IBI debería permitir que los ayuntamientos pudieran establecer tipos diferenciados para los bienes inmuebles urbanos de uso residencial distinguiendo la residencia habitual, que constituye un bien de primera necesidad, de las segundas residencias y las viviendas vacías, que constituyen bienes de esparcimiento e inversión. En nuestro criterio, esta distinción comportaría una tributación más justa, y contribuiría más eficazmente a la materialización del art. 47 de la CE, que proclama que los poderes públicos están obligados a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. En nuestra opinión, las eventuales dificultades de gestión o de control que pudieran derivarse de su establecimiento no pueden servir para justificar un tratamiento homogéneo para todos los inmuebles. Estos problemas de gestión deberían encontrar remedio en los mecanismos de delegación y colaboración entre Administraciones tributarias ya previstos en las leyes. En conclusión, con esta distinción no se pretende aumentar la carga tributaria en el IBI sino de modularla en función de su destino.

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III. LOS TITULARES CATASTRALES Y LOS SUJETOS PASIVOS DEL IBI EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 1. La distinción entre el titular catastral y el sujeto pasivo del IBI Con anterioridad a las relevantes modificaciones legales en este ámbito, operadas por la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario y por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Tribunal Supremo analizó los efectos jurídicos que producía en los sujetos pasivos del IBI el incumplimiento de las obligaciones formales catastrales. Así, en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2001 (Rec. Nº. 7238/2000) concluyó que el sujeto pasivo del IBI, cuando del derecho de propiedad se trata, se determina por la formalización de la escritura pública con independencia de que la transmisión no haya tenido acceso al Catastro. La citada sentencia fijó como doctrina legal que “el sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es el propietario de los mismos, cuando de dicho derecho se trata y dado que los efectos traslativos del dominio, en caso de otorgarse escritura pública y si otra cosa no se acuerda en ella, se producen desde su formalización, el adquirente asume en ese momento la posición de sujeto pasivo del IBI a quien le será exigible en el siguiente devengo, con independencia de que cumpla o no con su obligación de efectuar la declaración de la variación jurídica por cambio de titular y ésta tenga acceso al catastro, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en que se haya podido incurrir por incumplimiento de dicha obligación”3. Con la finalidad de clarificar esta cuestión entendemos que la futura reforma de las Haciendas locales debería avanzar en la autonomía del sujeto pasivo del IBI con respecto al titular catastral, y permitir que las Entidades locales puedan modificar el sujeto pasivo del IBI si resulta acreditado que el titular catastral no ostenta ninguno de los derechos constitutivos del hecho imponible de este impuesto. Expresado en otros términos, el sujeto pasivo del IBI no puede quedar predeterminado por el titular catastral por el mero hecho de que la variación jurídica no haya tenido acceso al catastro4. Esta es la idea que subyace

3 4

Vid. En la misma línea, STS de 6 de octubre de 2010 (Rec. Nº. 5515/2005). En la redacción originaria del art. 77.3 de la LRHL se requería “inexcusablemente” la previa modificación catastral. En este sentido, GARCÍA-MONCÓ MARTÍNEZ, A. (1995), págs. 265-266 ha señalado que los términos imperativos de este precepto determinaban que cualquier actuación tributaria realizada por los Ayuntamientos en fun-

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en el vigente art. 77.7 del TRLRHL5, aunque su redacción mantiene una primacía de la titularidad catastral sobre el sujeto pasivo del IBI, al requerir la confirmación catastral y calificar la liquidación como provisional si no existe convenio de delegación de funciones entre el catastro y la Entidad local correspondiente6. En nuestra opinión, las liquidaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles deben resultar provisionales o definitivas conforme al parámetro general previsto en al art. 101 de la vigente LGT, por lo que su calificación no puede depender de que se haya suscrito convenio de delegación de funciones en materia catastral. Esta subordinación catastral también se manifiesta en el desarrollo reglamentario del citado art. 77.7 del TRLRHL. Así, el art. 43 del RCI prevé, para los supuestos de discordancia entre el titular catastral y el sujeto pasivo del IBI, la necesaria confirmación de las rectificaciones a los efectos exclusivos de la liquidación de este impuesto. En nuestra opinión, la validez de la rectificación del sujeto pasivo del IBI no debería supeditarse a esta confirmación catastral, aunque pueda ser tácita, sino que debería resolverse a través de los procedimientos ordinarios de revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria. Por lo expuesto no compartimos alguna opinión doctrinal que, analizando la evolución normativa del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Catastro, mantiene que las últimas modificaciones legislativas han servido para acabar con la subordinación del Catastro respecto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles7. En nuestra opinión, la Ley reguladora de las Haciendas

ción de los datos del padrón no obrantes en el catastro padecía de un vicio de nulidad que impedía la producción de los efectos jurídicos a dicha actuación. Art. 77.7 del TRLRHL que establece que “en los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los documentos a que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se determine. Esta liquidación tendrá carácter provisional cuando no exista convenio de delegación de funciones entre el Catastro y el ayuntamiento o entidad local correspondiente. En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección General del Catastro confirmará o modificará el titular catastral mediante acuerdo que comunicará al ayuntamiento o entidad para que se practique, en su caso, la liquidación definitiva”. Cfr. GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Mª. L. (2010), págs. 162-165, pone de manifiesto las limitaciones de este procedimiento destinado exclusivamente para la actualización del sujeto pasivo y no para ningún otro tipo de circunstancia relevante. Cfr. MIRANDA HITA, J. S. (2008), pág. 101. RIPOLLÉS I ARMENGOL, A. (2010), pág. 45.

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Locales mostraba una total dependencia del impuesto en relación con los datos contenidos en el Catastro, cuya manifestación más palmaria fue el art. 77.3 de la LRHL que en su redacción originaria estableció que cualquier modificación del padrón del IBI, referida a datos obrantes en el Catastro, requería “inexcusablemente” la previa alteración de los datos catastrales en el mismo sentido. Por todo ello, la próxima reforma de las Haciendas locales debería reflejar claramente que la determinación del sujeto pasivo del IBI es una potestad propia de las Entidades locales, que forma parte de la gestión e inspección tributaria del impuesto y que no requiere un control “ex ante” del Catastro. Una vez reconocida esta realidad, se deberían reforzar las relaciones interadministrativas entre las Entidades locales y la Dirección General del Catastro para materializar la deseable concordancia entre el IBI y el Catastro.

2. Los titulares catastrales en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo En la redacción originaria de la Ley reguladora de Haciendas locales existía una identidad entre el sujeto pasivo del IBI y el titular catastral. Así, el IBI tenía por sujeto pasivo a quien el Catastro tenía como titular catastral. Tanto la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario como la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales mantuvieron esta equiparación entre titular catastral y sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, si bien la Ley catastral habilitó la incorporación como titular catastral al propietario que lo solicitara, cuando concurriera con alguno de los restantes derechos constitutivos de la titularidad catastral, iniciando de esta forma un proceso de ampliación de nuevos titulares catastrales, en lo que se ha calificado como una titularidad catastral más expresiva y versátil, y que es consecuencia de un modelo catastral plurifuncional, que alumbró la citada Ley catastral8. En la regulación de los titulares catastrales resultó transcendente la modificación del art. 9 del TRLCI, operada por la DA 34ª apartado segundo de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2005, que en lo que aquí interesa, estableció que la titularidad catastral pudiera recaer tanto sobre la totalidad como sobre una parte del

Cfr. MIRANDA HITA, J. S. (2004), pág. 28.