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LOS PROCESOS DE EXACCIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DE PROCURADORES Y ABOGADOS Análisis a la luz de la doctrina constitucional y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH MARÍA JOSÉ AÑÓN ROIG

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

ANA CAÑIZARES LASO Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

JORGE A. CERDIO HERRÁN

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

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OWEN FISS Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

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LUIS LÓPEZ GUERRA Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

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Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

MARTA LORENTE SARIÑENA

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

JAVIER DE LUCAS MARTÍN

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

VÍCTOR MORENO CATENA

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

FRANCISCO MUÑOZ CONDE

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

ANGELIKA NUSSBERGER

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

HÉCTOR OLASOLO ALONSO

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

LUCIANO PAREJO ALFONSO

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

TOMÁS SALA FRANCO

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

IGNACIO SANCHO GARGALLO

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

TOMÁS S. VIVES ANTÓN

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

RUTH ZIMMERLING

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

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LOS PROCESOS DE EXACCIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DE PROCURADORES Y ABOGADOS Análisis a la luz de la doctrina constitucional y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

MARINA CEDEÑO HERNÁN Profesora Titular de Derecho Procesal Universidad Complutense de Madrid

tirant lo blanch Valencia, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Colección Derecho Procesal Directores:

IGNACIO DÍEZ-PICAZO Catedrático de Derecho Procesal

FERNANDO GASCÓN INCHAUSTI Catedrático de Derecho Procesal

Esta monografía ha sido realizada en el marco del Proyecto Nacional I+D «El Tribunal de Justicia de la Unión europea: su incidencia en la configuración normativa del proceso civil español y en la protección de los derechos fundamentales» (Ref. DER 2016-75567-R), y de la Red Temática «Justicia Civil: Análisis y Prospectiva» (DER 2016-81752-REDT), ambos financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1313-601-1 MAQUETA: Innovatext Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A Emilio, mi padre. Con toda mi admiraciรณn.

Índice Abreviaturas........................................................................................ 15 Capítulo I INTRODUCCIÓN: LA FUNCIÓN DE COLABORADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LOS CAUCES PARA RECLAMAR LOS CRÉDITOS PROCESALES DE PROCURADORES Y ABOGADOS.................................................................................. 17 1. La función de colaboradores con la Administración de Justicia de los procuradores y abogados........................................................ 17 2. La postulación y defensa en el proceso civil.................................. 18 2.1. Carácter facultativo de la intervención del procurador y del abogado............................................................................... 19 2.2. Carácter facultativo de la intervención del procurador........ 21 2.3. Carácter facultativo de la intervención del abogado............ 21 3. Algunas notas sobre la postulación y defensa en procesos de otra naturaleza..................................................................................... 22 4. Los cauces procesales para reclamar los derechos y honorarios de procuradores y abogados.............................................................. 23 Capítulo II LA REGULACIÓN DE LOS PROCESOS DE EXACCIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DE PROCURADORES Y ABOGADOS EN LA LEC 1/2000 Y SUS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS....... 33 Capítulo III ¿ES CONFORME CON EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EL ESTABLECIMIENTO DE UN CAUCE PRIVILEGIADO PARA EL COBRO DE HONORARIOS?................................................................ 39 Capítulo IV LA FINALIDAD DE LOS PROCESOS DE EXACCIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DE PROCURADORES Y ABOGADOS Y SU NATURALEZA JURÍDICA......................................................... 45

Índice

1. La tutela jurisdiccional del acreedor............................................. 45 2. La finalidad ejecutiva de los procesos de “cuenta y minuta jurada” y sus diferencias con el proceso monitorio.................................... 49 3. ¿El desapoderamiento al juez en beneficio del letrado de la Administración de Justicia ha transformado la naturaleza jurídica de los procesos de “cuenta y minuta jurada”?................................... 53

Capítulo V EL OBJETO: RECLAMACIÓN DE DERECHOS Y GASTOS SUPLIDOS DEL PROCURADOR Y HONORARIOS DEL ABOGADO...... 59 1. Reclamación por el procurador de derechos y gastos suplidos...... 59 2. Reclamación por el abogado de sus honorarios............................ 63 3. La tradicional polémica en torno a la reclamación por el procurador de los honorarios del abogado: la solución ofrecida por la Ley 1/2000.......................................................................................... 64 3.1. Los problemas derivados de la inclusión de los honorarios del abogado en la cuenta del procurador en la legislación precedente........................................................................... 64 3.2. La reclamación de los honorarios del abogado en la LEC vigente................................................................................. 69 4. Honorarios excluidos del ámbito de la “jura de cuentas”.............. 71 5. Acumulación de objetos en el procedimiento de “cuenta o minuta jurada”......................................................................................... 73

Capítulo VI JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. LAS ATRIBUCIONES DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA................... 75 1. La jurisdicción.............................................................................. 75 2. La competencia............................................................................. 79 2.1. La regla del artículo 34 de la LEC y la omisión del artículo 35 de la LEC........................................................................ 79 2.2. Competencia mientras el proceso está pendiente o una vez que ha concluido por sentencia firme................................... 81 2.3. Competencia en caso de derechos u honorarios devengados en recursos devolutivos........................................................ 84

Índice

2.4. Competencia en caso de declaración de concurso del poderdante o cliente..................................................................... 87 3. Un caso especial: la “jura de cuentas” ante el Tribunal Constitucional. 89 4. Las atribuciones del letrado de la Administración de Justicia y la reserva a los jueces y magistrados del ejercicio de la potestad jurisdiccional................................................................................ 95 Capítulo VII LA LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA.......................................... 101 1. La legitimación activa................................................................... 101 1.1. Del procurador o sus herederos........................................... 101 1.2. Del abogado o sus herederos............................................... 102 1.3. Del procurador o del abogado en los casos en que su intervención no sea preceptiva.................................................... 106 1.4. De otros profesionales......................................................... 109 1.4.1. Los graduados sociales............................................. 110 1.4.2. Los peritos............................................................... 113 2. La legitimación pasiva.................................................................. 117 2.1. En el proceso de reclamación de derechos económicos del procurador: legitimación pasiva del “poderdante”............... 117 2.2. En el proceso de reclamación de honorarios del abogado: legitimación pasiva de la parte defendida............................. 120 2.2.1. El problema de la legitimación pasiva antes de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil............................... 120 2.2.2. La legitimación pasiva en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil: la supresión de la legitimación pasiva del procurador......................................................... 124 2.3. La incidencia del pronunciamiento sobre las costas en la legitimación pasiva en los procesos de “cuenta y minuta jurada”................................................................................... 125 2.4. La reclamación de derechos y honorarios en el caso de que la parte tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita................................................................................ 129 2.4.1. Designación provisional de abogado y procurador y denegación definitiva del derecho de asistencia jurídica gratuita............................................................. 130 2.4.2. Condena en costas a la parte contraria al beneficiario de la justicia gratuita........................................... 131 2.4.3. Condena en costas al beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita........................................ 134

Índice

2.4.4. Falta de pronunciamiento sobre las costas, venciendo en el proceso el beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita............................................. 135

Capítulo VIII EL PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR EL COBRO................. 137 1. Iniciación del procedimiento: demanda, cuenta o minuta y otros documentos.................................................................................. 137 2. ¿Es aplicable la caducidad de la instancia a los procesos de reclamación de derechos y honorarios?................................................ 143 3. La tutela cautelar en los procesos de “jura de cuentas”................. 146 4. Examen de oficio de los presupuestos procesales generales y específicos........................................................................................... 151 5. Orden de pago o impugnación bajo apercibimiento de apremio. El problema de atribuir el control de los presupuestos al letrado de la Administración de Justicia.................................................... 154 6. Actitudes posibles del deudor ante la orden de pago..................... 159 6.1. El pago................................................................................ 159 6.2. La inactividad del deudor y el despacho de la ejecución....... 160 6.3. La oposición del deudor...................................................... 161 6.3.1. El caótico panorama en torno a la oposición del deudor durante la vigencia de la LEC de 1881......... 162 6.3.1.1. La oposición antes de la STC 110/1993, de 25 de marzo............................................... 162 6.3.1.2. La oposición conforme a la STC 110/1993, de 25 de marzo............................................ 164 a) El ámbito de la oposición del deudor... 165 b) El cauce procesal para articular la oposición del deudor.................................. 170 6.3.2. La oposición del deudor en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000: luces y sombras................................. 172 6.3.3. La inconstitucionalidad de la exlcusión de recurso frente al decreto que decide sobre la oposición........... 179 7. La denominada “vía de apremio”................................................. 189 8. Efectos económicos y procesales................................................... 190 8.1. Los efectos económicos: las costas....................................... 190 8.2. Los efectos procesales: la cosa juzgada................................ 192

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Capítulo IX EL CONTROL DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS PROCESOS DE RECLAMACIÓN DE DERECHOS Y HONORARIOS....... 199 1. La sujeción de los servicios concertados entre abogados y clientes a la directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas................................ 200 2. ¿Quién ha de controlar la concurrencia de cláusulas abusivas y en qué momento ha de llevarse a cabo ese control?........................... 202 2.1. La Sentencia del TJUE de 16 de febrero de 2017, asunto Margarit Panicello c. Hernández Martínez........................... 203 2.1.1. La cuestión previa: ¿son los letrados de la Administración de Justicia “órganos jurisdiccionales” a efectos del planteamiento de cuestiones prejudiciales?.... 204 2.1.2. La incertidumbre sobre el tratamiento de las cláusulas abusivas en el proceso de reclamación de derechos u honorarios..................................................... 209 2.2. El necesario retorno a la “judicialización” del proceso de “jura de cuentas” y el control judicial de las cláusulas abusivas........ 212 Capítulo X LA LLAMADA “JURA DE CUENTAS” DE LOS REGISTRADORES Y NOTARIOS.................................................................................... 217 Bibliografía........................................................................................ 223

ABREVIATURAS AAP ATS CE CEDH FJ LEC LECrim LNOJ LO LOPJ LJCA LRJS SAP STJUE STC STS TC TFUE TJUE TS UE

Auto de la Audiencia Provincial Auto del Tribunal Supremo Constitución Española Convenio Europeo de Derechos Humanos Fundamento Jurídico Ley de Enjuiciamiento Civil Ley de Enjuiciamiento Criminal Ley 13/2009, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial Ley Orgánica Ley Orgánica del Poder Judicial Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa Ley Reguladora de la Jurisdicción Social Sentencia de la Audiencia Provincial Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Sentencia del Tribunal Constitucional Sentencia del Tribunal Supremo Tribunal Constitucional Tratato de Funcionamiento de la Union Europea Tribunal de Justicia de la Unión Europea Tribunal Supremo Unión Europea

Capítulo I

INTRODUCCIÓN: LA FUNCIÓN DE COLABORADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LOS CAUCES PARA RECLAMAR LOS CRÉDITOS PROCESALES DE PROCURADORES Y ABOGADOS Sumario: 1. La función de colaboradores con la Administración de Justicia de los procuradores y abogados. 2. La postulación y defensa en el proceso civil. 2.1. Carácter facultativo de la intervención del procurador y del abogado. 2.2. Carácter facultativo de la intervención del procurador. 2.3. Carácter facultativo de la intervención del abogado. 3. Algunas notas sobre la postulación y defensa en procesos de otra naturaleza. 4. Los cauces procesales para reclamar los derechos y honorarios de procuradores y abogados.

1. LA FUNCIÓN DE COLABORADORES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS PROCURADORES Y ABOGADOS El establecimiento de un cauce especial y privilegiado para que los procuradores y abogados puedan hacer efectivos ciertos créditos frente a su poderdante o cliente obedece en gran medida a la función de colaboradores con la Administración de Justicia que tradicionalmente se les ha reconocido a estos profesionales. En todos los sistemas jurídicos, el legislador se enfrenta al dilema de permitir a los justiciables, a las partes del proceso, que actúen por sí mismas ante los tribunales o interponer entre las partes y el tribunal un profesional con conocimientos jurídicos que se encargue de dirigir la actuación procesal y de dar forma y contenido jurídico a las peticiones de los justiciables.

Marina Cedeño Hernán

En la mayoría de las legislaciones, el dilema se resuelve en favor de la segunda opción, es decir, la actuación en juicio no se realiza de forma directa por las partes sino por mediación de unos técnicos en Derecho. Las razones por las que se suele considerar preferible esta solución son de dos tipos. De un lado, se trata de salvaguardar los intereses de los propios litigantes. Éstos son normalmente legos en conocimientos jurídicos, no conocen los derechos, cargas y responsabilidades inherentes al proceso y, desde luego, no están en condiciones de moverse con cierta soltura dentro del complejo laberinto que es el proceso. En este sentido, es necesaria la intervención de un técnico en Derecho que auxilie a las partes. Y no se trata de una simple conveniencia sino de un derecho de los ciudadanos elevado a rango de derecho fundamental en el artículo 24.2 de la CE. De otro lado, se trata de facilitar la labor del órgano judicial que se vería obstaculizada si tuviera que relacionarse de manera constante con personas carentes de los necesarios conocimientos técnicos. En este sentido se califica a los profesionales que representan y defienden a las partes ante los tribunales como colaboradores de la Administración de Justicia. Nuestro ordenamiento jurídico ha asumido la necesidad de que exista el personal técnico, que auxilie a las partes y colabore con el órgano judicial, y ha dividido las funciones propias de este personal entre dos profesionales: los procuradores y los abogados. El procurador está unido al poderdante a través de un contrato de mandato y su función es la de representar a la parte ante los tribunales. El abogado está unido al cliente a través de un contrato de arrendamiento de servicios y su función es la de defender los intereses de la parte. Puede concluirse, pues, que la intervención de abogado y procurador sirve a una doble finalidad: facilitar las relaciones y comunicaciones entre el órgano jurisdiccional y las partes y garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

2. LA POSTULACIÓN Y DEFENSA EN EL PROCESO CIVIL Los artículos 23 y 31 de la LEC disponen, tal y como hacía su predecesora, que la regla general en el proceso civil es que los litigantes deben comparecer representados por procurador y dirigidos por abogado legalmente habilitados para actuar ante el tribunal que conozca del juicio.

Introducción: la función de colaboradores de la Administración de Justicia...

No obstante, tanto la anterior como la nueva LEC, aunque con distinto alcance, prevén una serie de excepciones a la regla general, las cuales, en ningún caso, prohíben la intervención de estos profesionales, sino que le otorgan un carácter facultativo. Debe subrayarse una importante diferencia entre la anterior legislación y la vigente: la legislación procesal vigente reconoce, sin fisuras, la exclusividad en el desempeño de las funciones de ambos profesionales. Dicho más claramente, con la legislación vigente la defensa es función exclusiva del abogado y la representación técnica es función exclusiva del procurador. No se prevén, por tanto, excepciones similares a las recogidas en la Ley de 1881 y en el Decreto de 1952 en las que el procurador podía asumir la defensa y el abogado la representación. Vamos a analizar, siquiera someramente, los casos en los que tanto la intervención del procurador como del abogado es facultativa y después nos referiremos a aquellos otros en los que el carácter facultativo solo afecta a la intervención de uno de estos profesionales.

2.1. Carácter facultativo de la intervención del procurador y del abogado La regla general de la obligatoriedad de la intervención de abogado y procurador se exceptúa respecto de ambos profesionales en tres casos. El primero es la solicitud de medidas urgentes con anterioridad al juicio. Esta excepción, recogida en los artículos 23.2.3.º y 31.2.2.º de la LEC, guarda cierto paralelismo con la prevista en el art. 4.4.º de la Ley anterior, que permitía no valerse de procurador en los incidentes relativos a alimentos provisionales, embargos preventivos y diligencias urgentes que sean preliminares del juicio. No obstante, se observan una importante diferencia: el carácter facultativo no afecta solo a la intervención del procurador sino también del abogado. Dentro de este supuesto exceptuado pueden entenderse incluidos las diligencia preliminares (artículo 256); la anticipación y aseguramiento de la prueba (artículos 293 y 297); y la solicitud de medidas cautelares con carácter previo a la demanda (solo la solicitud, no el procedimiento de adopción). En todo caso, será imprescindible que el solicitante acredite y el tribunal estime que concurren razones de urgencia que justifiquen que se prescinda del procurador y del abogado.

Marina Cedeño Hernán

También podrán las partes comparecer por sí mismas en los juicios verbales por razón de la cuantía siempre que ésta no exceda de 2000 euros (artículos 23.2.1.º y 31.2.1.º de la LEC). Esto significa, por tanto, que cuando el juicio verbal se sigue por razón de la materia no es aplicable la excepción a la regla general y, por lo tanto, las partes habrán de comparecer representadas por procurador y asistidas por abogado. La razón estriba en que cuando una norma permite a las partes comparecer y defenderse por sí mismas lo hace en atención tanto a la simplicidad del procedimiento como del objeto del proceso. El juicio verbal tiene una tramitación sencilla, pero no todas las cuestiones que pueden resolverse a través del mismo participan de esta sencillez. El legislador ha considerado que esta sencillez solo se da en reclamaciones de cuantía no muy elevada –hasta 2000 euros– y prueba de ello es que solo en tales casos permite que el actor presente su demanda en unos impresos normalizados (artículo 437.2 de la LEC)1. Otra excepción se refiere a la petición inicial de los procesos monitorios. La simplicidad que informa el acceso a este proceso especial es la que justifica la excepción a la regla general de intervención preceptiva de abogado y procurador2. De conformidad con el artículo de la 814 de la LEC, la petición inicial del proceso monitorio puede extenderse en un impreso o formulario, que se limitará a expresar la identidad y domicilio del acreedor y del deudor, el origen y cuantía de la deuda, y a esta petición se acompañarán alguno de los documentos enumerados en el artículo de la 812 de la LEC (albaranes, facturas, etc.). Esta previsión ha sido objeto de algunas críticas desde diversos sectores, especialmente de la abogacía. Sin embargo, no se debe olvidar el carácter no

Durante mucho tiempo se suscitó la duda de si la excepción a la regla general de intervención de procurador y abogado opera solo cuando se sigan los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, pero no cuando sea procedente el juicio verbal por razón de la materia o si, por el contrario, la excepción es aplicable en ambos casos. La Ley 42/2015, de 5 de 5 de octubre, resolvió esta duda. Cfr. DE LA OLIVA SANTOS, A., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, (con DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I.; VEGAS TORRES, J. y BANACLOCHE PALAO, J.), Civitas, 2001, pág, 127; y HERRERO PEREZAGUA, J.F., La representación y defensa de las partes y las costas en el proceso civil, La Ley, Madrid, 2000, págs. 81 y 82. En el mismo sentido, cfr. GONZÁLEZ GARCÍA, J. M., “La representación procesal y la defensa técnica en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil”, Tribunales de Justicia, n.º 1, 2001, págs. 14 y 15.