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INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL. PARTE GENERAL
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INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL PARTE GENERAL
Introducción. La relación jurídica. Sujetos y objeto Francisco de P. Blasco Gascó
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Belén Campuzano Laguillo
Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Jorge A. Cerdio Herrán
Angelika Nussberger
José Ramón Cossío Díaz
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Owen M. Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania) Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
José Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
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INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL PARTE GENERAL Introducción. La relación jurídica. Sujetos y objeto
FRANCISCO DE P. BLASCO GASCÓ Catedrático de Derecho civil Universitat de València
Valencia, 2016
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© Francisco de P. Blasco Gascó
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Al Prof. Luis DĂez-Picazo, ejemplo de constancia, decencia y libertad intelectual
PRIMERA PARTE
ORDENAMIENTO JURÍDICO Y DERECHO CIVIL
Lección 1ª
El ordenamiento jurídico y la norma jurídica SUMARIO: I. EL DERECHO OBJETIVO. 1. Concepto. 2. Características. 2.1. Conjunto de normas y principios. 2.2. Expresión de una idea de justicia y orden. 2.3. Coercibilidad. 3. Legitimación del derecho: autoridad y consenso. 4. Predeterminación de las normas. 5. La sistematización del ordenamiento jurídico. II. LA NORMA JURÍDICA. 1. Naturaleza y estructura. 2. Norma jurídica general y norma jurídica especial. 3. Norma jurídica dispositiva y norma jurídica imperativa. III. EFICACIA GENERAL DE LAS NORMAS JURÍDICAS. 1. El deber jurídico de cumplimiento. El error de derecho. 2. La eficacia sancionadora: la nulidad. 3. La eficacia constitutiva de las normas jurídicas. 4. El fraude de ley. 5. La exclusión voluntaria de la ley y la renuncia a los derechos. IV. LA EFICACIA TEMPORAL DE LA NORMA JURÍDICA. 1. Vigencia temporal de la norma jurídica. 1.1. Inicio de la eficacia obligatoria. A) Publicidad de la norma jurídica. B) Certidumbre de la norma jurídica. 1.2. Fin de la eficacia de las leyes: la derogación. 2. Eficacia retroactiva de las normas jurídicas. 2.1. La regla general de la irretroactividad. 2.2. Grados de retroactividad. V. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS LEYES. 1. Interpretación de las normas jurídicas. 2. Criterios de interpretación. 3. La interpretación por su resultado y por sus autores. 3.1. Interpretación restrictiva y extensiva. 3.2. Interpretación auténtica, judicial y doctrinal. 4. La equidad como criterio de interpretación y aplicación de las normas jurídicas. 5. Aplicación de la norma jurídica. 5.1. Aplicación directa. 5.2. Aplicación analógica. A) La analogía. B) Analogía legis y analogía iuris. C) Límites de la aplicación analógica. D) La aplicación analógica de la doctrina jurisprudencial. 6. Aplicación supletoria.
I. EL DERECHO OBJETIVO 1. Concepto La dificultad de definir qué es derecho se manifiesta en su propia definición lingüística. Curiosamente, su origen etimológico no coincide con su homólogo latino, que utilizaba el sustantivo ius (de ahí, justo, justicia, jurisprudencia, etc.) y no la palabra directus (de donde deriva derecho). El DRAE recoge más de una veintena de acepciones para la palabra derecho, sin contar locuciones adverbiales y otras expresiones donde aparece la palabra derecho (mano derecha, ir por derecho, a derechas, etc.). Por lo que aquí interesa, son importantes las acepciones 9 a 14, pues son las que nos permite distinguir entre derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho, en sentido objetivo, lo define el DRAE (edición 23ª, 2014) en su acepción 14 como el conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.
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2. Características De esta definición se pueden extraer los elementos conformadores del derecho:
2.1. Conjunto de normas y principios En primer lugar, el derecho es un conjunto de normas y principios regulador de las relaciones humanas en toda sociedad. La vida de las personas es una vida en sociedad, en colectividad, lo cual supone un tejido, más o menos denso, de relaciones de alteridad que pueden abocar en conflictos entre las personas, como el cumplimiento de los compromisos, la apropiación y disfrute de los bienes, los conflictos en el seno de las familias, etc. Toda sociedad precisa una ordenación de la convivencia, de los conflictos personales y económicos de sus miembros. Esta ordenación se articula a través de un conjunto de normas, no todas de naturaleza jurídica, pues la convivencia humana se modula sobre relaciones personales de distinto alcance y estas relaciones se rigen por normas de diferente naturaleza, como las normas morales, las normas sociales, las normas religiosas, etc. En todo caso, en dicha ordenación social se hallan presentes las normas jurídicas, lo cual se manifiesta en el brocardo latino ubi societas, ibi ius (donde hay sociedad, hay derecho). El derecho es, ante todo, una categoría de normas que, junto con otras, tienden a regular la pacífica convivencia humana, es decir, las relaciones de alteridad de las personas. Este elemento (conjunto de normas y principios) nos advierte, además, de que el derecho no está formado sólo por normas en sentido estricto, sino también por principios (como, en nuestro ámbito cultural, no dañar a otro o no enriquecerse sin causa legítima, o no ir contra los propios actos o ejercitar los derechos conforme a la buena fe etc.) que expresan el grado de civilización de una sociedad y que normalmente, pero no necesariamente, se manifiestan a través de normas: por ejemplo, el de no dañar a otro, en el art. 1.902 CC; otros, como la prohibición de ir contra los propios actos tienen una manifestación más difuminada, aunque es expresión del comportamiento según la buena fe (art. 7-1 CC). Por último, la idea de disponer el derecho como un conjunto de normas y principios supone su configuración como un ordenamiento, es decir, como un sistema articulado de normas, hasta el punto que en la actualidad puede decirse que derecho objetivo y ordenamiento jurídico son conceptos coextensivos.
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2.2. Expresión de una idea de justicia y orden En segundo lugar, ese conjunto sistemático de normas y principios regulador de las relaciones humanas expresa una determinada idea de justicia y de orden. A diferencia de otros conjuntos normativos, las normas jurídicas tienden a expresar o materializar una idea de justicia y de orden en la concreta sociedad en la que se aplican. Las normas éticas expresan lo bueno y lo malo; las sociales, lo que es correcto y lo que no lo es; las religiosas, lo que es pecado y lo que no lo es; etc. La norma jurídica, en cambio, materializa lo que es justo y ordenado (lo que es razonable) y lo que no lo es en una determinada sociedad y en un concreto momento histórico. Por eso, la norma jurídica (a diferencia de las normas físicas de la naturaleza) no dice lo que es, sino lo que debe ser. Esta expresión de la idea de justicia y de orden a través de las normas jurídicas no es abstracta e intemporal, sino que viene referida a una determinada idea de justicia y de orden: precisamente, a la idea de justicia y de orden mayoritaria en la conciencia colectiva de la sociedad donde se aplican. No se trata, pues, de expresar la idea abstracta de justicia y de orden, sino una concreta (y, por tanto, temporal y relativa) idea de justicia y de orden. A veces, la norma jurídica coincide con otra clase de normas: lesionar a otra persona, no cumplir la palabra dada o el compromiso adquirido o defraudar a hacienda (no pagar impuestos) es objeto de reproche jurídico (es ilícito y a veces incluso delictivo), de reproche moral (está mal hecho), de reproche social (es incorrecto), etc. Otras veces, la relación entre norma jurídica y norma moral o norma social es indiferente: conducir por la derecha o por la izquierda no es objeto de juicio ético ni social ni religioso; no corresponder al saludo de otro, no es objeto de juicio jurídico. Finalmente, en ocasiones la norma jurídica diverge de otros conjuntos normativos no jurídicos: negarse a contraer, con causa o sin causa, el matrimonio prometido carece de efectos jurídicos (salvo la indemnización por los gastos ocasionados precisamente por la promesa de matrimonio), en cambio, el incumplimiento de la promesa matrimonial sin una causa justa es un acto moral y socialmente reprochable.
2.3. Coercibilidad En tercer lugar, la observancia de las normas y principios puede ser impuesta coactivamente. Este elemento nos permite identificar e individualizar la norma jurídica del resto de ámbitos normativos que regulan la convivencia de las personas: aunque históricamente no siempre ha sido así, en nuestro grado de civilización la única norma cuya observancia se puede imponer coactivamente es la norma jurídica. El
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incumplimiento de otras normas puede llevar aparejado otro tipo de reproche (el rechazo social, la tacha de persona inmoral, la calificación como pecado o como acto inoportuno etc.); pero su cumplimiento no se impone por la fuerza: nadie puede obligar a otro a dar una limosna o a su saludar educadamente a un vecino. La imposición coactiva de la observancia de la norma jurídica se manifiesta además en un doble plano: en el plano preventivo, porque el conocimiento de la posible coacción impela al cumplimiento voluntario de la norma; y en el plano represivo, toda vez que la inobservancia de la norma lleva aparejada una consecuencia jurídica que denominamos sanción.
3. Legitimación del derecho: autoridad y consenso El elemento coactivo de la norma jurídica nos coloca ante una de las cuestiones más importantes de la filosofía del derecho: hemos dicho que el derecho es un conjunto de normas y principios cuya finalidad es resolver, con base en las ideas de justicia y de orden, determinados conflictos entre las personas; pero ¿por qué obliga el derecho?, ¿por qué observamos, en la mayoría de los casos de manera voluntaria, el cumplimiento de las normas jurídicas? En otras palabras, ¿cuál es la legitimidad del derecho para ser impuesto coactivamente? El recurso a su naturaleza coactiva no es una respuesta suficiente; por un lado, de hecho, la mayoría de las normas jurídicas se obedecen por la convicción personal de que deben ser observadas; por otro lado, se trata de una respuesta tautológica que confunde una de las características de la norma jurídica (la coercividad) con el fundamento que la legitima: sería tanto como decir que el derecho obliga porque obliga, o sea, porque se puede imponer por la fuerza. La cuestión admite dos ámbitos de respuesta: formalmente, el derecho obliga porque emana de una autoridad, reconocida o impuesta, a la que estamos sometidos; por tanto, el fundamento legitimador del derecho sería el poder de dicha autoridad para crear la norma jurídica y para imponerla coactivamente. Pero esto nos conduce a cuestionarnos la legitimidad de dicha autoridad o poder. Como se acaba de decir, la mayoría de las normas jurídicas se observan voluntariamente, lo cual significa que hay una suerte de consenso social mayoritario, cuando no unánime, que legitima la norma jurídica y su imposición coactiva. Materialmente, pues, la legitimidad del derecho descansa en la conciencia colectiva de una determinada ordenación de la sociedad y solución de los conflictos. Esta conciencia social se manifiesta y articula precisamente a través de normas cuya observancia se puede imponer coactivamente. Así, la legitimidad del derecho descansa en el binomio consenso social (tesis organicistas tendentes a sistemas democráticos)-autoridad (tesis voluntaristas que fundamentan sistemas autoritarios o totalitarios).
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4. Predeterminación de las normas En definitiva, el derecho es la expresión de la concepción de las relaciones personales y económicas de una determinada sociedad manifestada a través de normas de conducta cuya observancia puede ser impuesta coactivamente. La función básica de tales normas y principios jurídicos es dirimir los conflictos entre personas mediante la superación del recurso a la violencia, salvo la generada por los órganos que tienen encomendada precisamente la función de hacer observar (juzgar y ejecutar lo juzgado) el cumplimiento de la norma jurídica. La evolución y la experiencia ha hecho que, en nuestro entorno cultural, dichas normas se hallen preestablecidas y publicadas, de manera que se puede afirmar que la posibilidad de conocimiento previo al conflicto de la norma jurídica que lo dirima, es decir, la previsión certera de la respuesta jurídica ante un posible conflicto entre sujetos, indica el grado de civilización de esa sociedad. El derecho objetivo es, pues, el conjunto de normas emanadas de una autoridad legítima que ordenan determinadas relaciones entre las personas, imponiendo deberes y reconociendo derechos, predeterminando las consecuencias de las inobservancia de los deberes y su imposición coactiva así como el contenido de los derechos. El conjunto más o menos complejo (a resultas de la complejidad cualitativa y cuantitativa de relaciones económicas y personales de los sujetos) de normas jurídicas y de instituciones conforma el llamado ordenamiento jurídico, el cual se configura como un sistema, más o menos coherente, coordinado y conexo, que tiende a ordenar unitariamente determinadas relaciones y a solucionar equilibradamente los diferentes conflictos.
5. La sistematización del ordenamiento jurídico El ordenamiento jurídico es un conjunto sistemático y complejo de normas que se ordena de acuerdo con diferentes criterios. En la actualidad, fruto fundamentalmente de la Codificación (es decir, de la formulación del derecho en distintos Códigos), los criterios principales son el de la cualidad de los sujetos destinatarios de las normas y el de la materia regulada. Esto nos permite, en primer lugar, establecer la clásica distinción entre derecho público y derecho privado (la summa divisio, para los autores antiguos). En segundo lugar, permite distinguir el derecho mercantil, el derecho laboral, el derecho procesal, el derecho administrativo o el derecho penal, a resultas de que los sujetos destinatarios de las normas sean, respectivamente, los comerciantes y empresarios, los trabajadores y empleadores, los sujetos que intervienen en los procesos judiciales, las administraciones públicas o los delincuentes. Si se prefiere, con base en el criterio de la materia objeto de regulación, la actividad empresarial o comercial está regulada por el derecho
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mercantil, la actividad de los sujetos como trabajadores o empleadores conforma el derecho laboral o del trabajo, la actividad de los sujetos en el proceso judicial se regula por el derecho procesal, las relaciones con la Administración pública y entre Administraciones públicas las regula el derecho administrativo, las conductas delictivas de las personas se regulan en el derecho penal, el cual determina qué actos son delito y qué pena castiga cada acto delictivo. Todas esas materias se hallan reguladas por leyes de carácter general, sin perjuicio de otras normas reguladoras. Unas, fueron objeto de codificación, dando lugar a los Códigos civil, penal o de comercio o a las leyes procesales (ley de enjuiciamiento civil y ley de enjuiciamiento criminal). Otras responden a leyes generales, no llamadas Códigos, pero que responden al menos formalmente a la técnica y estructura de los Códigos: así, la ley de la jurisdicción contenciosoadministrativa, las leyes del sector público y del procedimiento administrativo o el Estatuto de los Trabajadores.
II. LA NORMA JURÍDICA 1. Naturaleza y estructura Desde una perspectiva estructuralista, la unidad mínima del derecho es la norma jurídica. Cuando un conjunto de normas jurídicas regula de manera coordinada y unitaria un conjunto determinado de relaciones y conflictos, se denomina institución (la institución de la filiación, de la propiedad, la de la responsabilidad, la del matrimonio, etc.). La norma jurídica contiene siempre una proposición preceptiva, aunque su expresión sea descriptiva o sea asertiva: la norma jurídica expresa no lo que es, sino lo que debe ser. Y lo hace con una estructura cuya formulación básica es la siguiente: si es A (siendo A el supuesto de hecho específico) debe ser B (siendo B la consecuencia jurídica). Por ese motivo, la norma jurídica no se debe confundir con la ley ni con los artículos en que normalmente se estructura o divide una ley. Un artículo de una ley, e incluso los distintos apartados que conforman tal artículo, puede contener diversas normas jurídicas (es decir, una o varias proposiciones preceptivas) formuladas de manera sucesiva o con la forma de excepción (aunque en el derecho no hay excepciones, sino normas jurídicas). Así, por ejemplo, el art. 149-1-8º CE contiene hasta cuatro normas jurídicas: 1º. La legislación civil es competencia del Estado. 2ª. Las Comunidades Autónomas (algunas) tienen competencia para conservar, modificar y desarrollar el llamado derecho foral. 3ª. En todo caso, es competencia del Estado las materias que expresamente menciona dicho artículo.
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4º. Las Comunidades Autónomas con competencia en materia de derecho civil no podrán regular esas materias, pero sí las fuentes de su propio derecho. Normalmente, la proposición preceptiva se formula en términos abstractos y generales: por ejemplo, el que matare a otro, es decir, cualquiera que quitare la vida a otro cualquiera; el comprador está obligado a pagar el precio al vendedor, o sea, cualquier comprador debe pagar el precio al quien sea el vendedor; etc. La formulación descriptiva o narrativa de la norma jurídica no empece su naturaleza preceptiva; es más, una norma que fuera meramente descriptiva no tiene la consideración de norma jurídica, como sucede con las proposiciones no de ley emanadas de los órganos legislativos: se llaman precisamente no de ley porque carecen de proposiciones preceptivas, sino sólo meramente asertivas o descriptivas. La norma jurídica siempre tiene un contenido obligatorio, aunque éste pueda ser derogado por la voluntad de los sujetos (son las normas dispositivas), pues en este caso, si los sujetos no pactan nada en contrario, se aplica la norma y su consecuencias jurídicas. El contenido preceptivo de la norma jurídica se manifiesta incluso en aquellas que se formulan como proposiciones descriptivas o asertivas: cuando la norma constitucional dice que todos somos iguales ante la ley (art. 14 CE), no está diciendo que todos somos idénticos (o sea, no nos describe iguales ni afirma que somos idénticos unos y otros), sino que las diferencias entre unos y otros por razón de sexo, nacimiento, religión, origen social, raza, etc. no pueden ser causa de trato desigual, es decir, contiene una prohibición de discriminación. De hecho, la ley dice que todos somos iguales precisamente porque no lo somos y quiere proscribir que las diferencias sea causa legítima que justifique la desigualdad jurídica. Si todos fuéramos efectivamente iguales, no sería precisa una norma jurídica que lo afirmara. Igual discurso cabe para la definiciones jurídicas: cuando el art. 1.445 CC define la compraventa, no la está describiendo, sino preceptuándola: si no hay precio, no hay compraventa (puede haber, en cambio, donación); si el precio no se pacta en dinero o signo que lo represente, no hay compraventa (puede haber, en cambio, permuta); cuando el art. 1.740 define el contrato de comodato, no lo describe, sino que, con contenido preceptivo, prohíbe que se llame comodato si, por el uso de la cosa, media precio (porque, entonces, es un arrendamiento de cosa), o que se pueda devolver una cosa distinta a la entregada, etc.
2. Norma jurídica general y norma jurídica especial Habitualmente, la norma jurídica se formula en términos generales y abstractos: su destinatario es una pluralidad normalmente indeterminada de personas (todos tienen derecho a la vida, o sea, todas las personas; el comprador debe pagar el precio, es decir, cualquier comprador; etc.); igualmente, no resuelve un caso concreto (como hace el juez al dictar una sentencia), sino un conflicto paradigmá-
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tico (la regulación de los vicios en la compraventa no se formula para una determinada compraventa, sino para todas las compraventas en que aparezcan vicios). El grado de abstracción permite distinguir el llamado derecho común del derecho especial; así como el grado de generalidad permite diferenciar un derecho general y un derecho particular; finalmente, la adecuación de la norma jurídica a los principios básicos del ordenamiento jurídico permite hablar de un derecho normal (las normas que se basan en el principio de libertad individual, contractual o capitular) y de un derecho excepcional (las normas jurídicas que derogan tales principios, como por ejemplo las que imponen contratos forzosos). Los caracteres de generalidad y abstracción de la norma jurídica, así como su predeterminación, permiten alcanzar, en mayor o menor medida, dos principios básicos en nuestro ordenamiento jurídico: el de uniformidad de la consecuencia jurídica y el de previsibilidad o certidumbre de tal consecuencia.
3. Norma jurídica dispositiva y norma jurídica imperativa Aunque la norma jurídica contiene siempre una proposición preceptiva, algunas veces, sobre todo en sede de derecho privado (esencialmente, derecho civil y derecho mercantil), la propia norma jurídica permite que la consecuencia jurídica sea sustituida por voluntad de los sujetos. Se trata de normas dispositivas o de derecho dispositivo y se suelen reconocer porque permiten expresamente el pacto en contrario; pero, en defecto de pacto, se aplica la previsión normativa. La norma dispositiva puede ser, a su vez, interpretativa (tiende a determinar la voluntad de las partes cuando ésta se ha expresado de modo dudoso e incompleto) o integrativa o supletoria (la cual suple la falta de declaración de voluntad de las partes respecto de determinados aspectos del acto omitidos por los interesados o prevé una regulación total del acto jurídico para el caso de que falte en absoluto la previsión voluntaria de las partes). En todo caso, la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos no siempre es lícita. El art. 6-2 CC las declara válidas si no son contrarias al interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. Otras veces, el carácter preceptivo aparece de manera absoluta: se trata de normas imperativas o de ius cogens, las cuales no pueden ser sustituidas por la voluntad de los sujetos; es decir, no admiten pacto en contrario. Para éstas rige la norma del art. 6-3 CC, el cual establece que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Las normas imperativas, a su vez, de distinguen en normas prohibitivas y normas preceptivas. Aquéllas vetan determinadas conductas; éstas imponen u ordenan determinados actos o prestaciones.
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III. EFICACIA GENERAL DE LAS NORMAS JURÍDICAS 1. El deber jurídico de cumplimiento. El error de derecho Las normas jurídicas, al expresar siempre una proposición preceptiva (imperativa o dispositiva), contienen el deber jurídico de su observancia o cumplimiento, es decir, de la sujeción de todos a su previsión. Así, actualmente, el art. 9-1 CE establece que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Este deber de cumplimiento de la norma jurídica está aparejado al deber de su conocimiento (y, por extensión al principio de publicidad de las normas ex art. 9-2 CE). Por ello, el art. 6-1 CC establece que “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”. (La inexcusabilidad de la ignorancia alcanza incluso a la propia norma transcrita; es decir, el incumplimiento de las leyes no lo excusa ni la ignorancia de la propia norma que establece que la ignorancia de la ley no excusa su de cumplimiento). El deber de cumplimiento de la norma jurídica vigente afecta de manera especial a los funcionarios públicos (la administración se rige por el principio de legalidad) y, más concretamente, a jueces y magistrados. Éstos están sujetos al imperio de la ley (art. 117 C) y tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido (art. 1-7 CC), así como el deber de conocimiento del derecho en virtud del principio iura novit curia. De este modo, el párrafo segundo del art. 218-1 LEC establece que “el tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes”. Para el Tribunal Constitucional, el art. 39-2 LOTC dice que dicho tribunal podrá fundar su declaración de inconstitucional en la infracción de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el curso del proceso (vid. también STC 20/1982, de 5 de mayo). En definitiva, la norma jurídica impone el deber de su conocimiento y de su cumplimiento, sin que éste pueda quedar al libre arbitrio de los sujetos ni a éstos les exima su ignorancia de la norma. Sin embargo, tras afirmar que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, el propio art. 6-1 CC añade que el error de derecho “producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen”. Por error de derecho se debe entender tanto la ignorancia como falso conocimiento de la norma jurídica respecto de su existencia, contenido, interpretación o aplicación. En todo caso, es preciso que el sujeto que sufra el error de derecho haya actuado a causa precisamente de su ignorancia o falso conocimiento de la norma jurídica.
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2. La eficacia sancionadora: la nulidad La infracción de la norma jurídica (o sea, la violación del deber de cumplimiento) puede realizarse directamente o de manera indirecta. En el primer caso, hay un acto franco contrario a la previsión normativa que llamamos contravención. En el segundo caso, la infracción de la norma jurídica se produce al amparo formal de otra norma. Es el llamado fraude de ley. La inobservancia o incumplimiento de la norma jurídica, tanto por contravención como mediante el fraude de ley, es un acto ilícito y lleva aparejada una determinada reacción del ordenamiento jurídico que denominamos sanción. El ordenamiento jurídico prevé distintas clases de sanciones, si bien la regla general es la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención (art. 6-3 CC). Respecto del ámbito de aplicación de la citada norma, se debe decir que alcanza a todo tipo de acto jurídico, incluidos tanto los actos unilaterales como los bilaterales, los gratuitos y los onerosos, los actos inter vivos y los mortis causa. Asimismo, el supuesto de hecho de la norma alcanza a conductas activas y a actos o conductas omisivas. No obstante, quedan fuera de la eficacia sancionadora de la norma jurídica las normas dispositivas y las que pueden ser objeto de exclusión y de renuncia. Igualmente, la norma infringida puede ser tanto de derecho público como de derecho privado, con tal de que se trate de una norma imperativa o prohibitiva. La nulidad supone la ineficacia del acto. Esto no significa que el incumplimiento no produzca ningún efecto: no produce los efectos voluntarios o queridos por el infractor o que le sean favorables, sino los previstos en la norma para el caso de su infracción (como la propia nulidad del acto o la indemnización de los daños y perjuicios o incluso efectos favorables para terceros, como sucede en el supuesto del art. 34 LH). Asimismo, la ineficacia no alcanza necesariamente a todo el acto, pues puede haber supuestos de nulidad parcial. En todo caso, la nulidad del acto se produce ipso iure. Sólo es necesaria su declaración judicial en los casos en que ha habido una mínima apariencia de licitud del acto. También manifiestan la eficacia sancionadora de la norma jurídica otros supuestos de ineficacia del acto jurídico (normalmente de los contratos), como la anulabilidad, la rescisión, la revocación o la resolución del contrato. En todos estos casos es preciso que sea la norma contravenida la que establezca tales efectos (art. 6-3 i.f. CC).
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El ordenamiento jurídico prevé, junto a la nulidad, otros efectos que igualmente expresan la eficacia sancionadora de la norma incumplida. Tales son los siguientes: 1ª) La pena; es decir, la privación al infractor de bienes jurídicos o de derechos. La pena va aparejada a la comisión de delitos (privación de libertad, sanciones económicas, inhabilitaciones, etc.); pero también a las infracciones administrativas (multas por infracciones de tráfico o por infracciones tributarias, etc.). En el ámbito civil, las penas (llamadas penas civiles) son privaciones de derechos, como las causas de desheredación (arts. 848 y sigs. CC) o la incapacidad para suceder por indignidad (art. 756 CC). 2ª) La ejecución forzosa: Supone el cumplimiento coactivo de la norma jurídica infringida. Es, junto con la indemnización de los daños y perjuicios, la sanción típica de los incumplimientos contractuales o, en general, de las relaciones jurídicas obligatorias (vid. arts. 1.098 y 1.099 CC). Se suele distinguir entre la ejecución forzosa in natura y la ejecución forzosa por equivalente. La primera tiene por objeto la misma conducta que ha sido inobservada por el infractor. Así, por ejemplo, el art. 701-1 LEC para la entrega de bienes muebles (“cuando del título ejecutivo se desprenda el deber de entregar cosa mueble cierta y determinada y el ejecutado no lleve a cabo la entrega dentro del plazo que se le haya concedido, el Secretario judicial responsable de la ejecución pondrá al ejecutante en posesión de la cosa debida, empleando para ello los apremios que crea precisos”) y los arts. 703 y sigs. LEC para la entrega de bienes inmuebles. En ocasiones, se permite la ejecución por otro a costa del infractor (art. 702-1 LEC para la entrega de cosas genéricas o indeterminadas y art. 706 LEC, si se trata de un hacer no personalísimo). Otras veces, es el juez quien sustituye la voluntad rebelde del infractor al cumplimiento de la norma (por ejemplo, art. 708 LEC respecto de la condena a la emisión de una declaración de voluntad). La ejecución por equivalente supone convertir la conducta incumplida por el infractor en su equivalente dinerario cuando no es posible su ejecución forzosa o se trata de una conducta personalísima (art. 709 LEC).
3. La eficacia constitutiva de las normas jurídicas La doctrina suele determinar una eficacia constitutiva de la norma jurídica en el sentido de que la regulación jurídica de una determinada porción de la realidad, sujetándola a un concreto orden jurídico supone una suerte de transmutación de dicha realidad social a la que convierte en realidad jurídica. La norma jurídica, por tanto, constituye la realidad jurídica.
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4. El fraude de ley La sanción de nulidad o, en general de ineficacia, alcanza incluso al supuesto en que el acto, contrario al ordenamiento jurídico o que persiga un resultado prohibido por el mismo, se realice al amparo del texto de una norma permisiva. Tales actos se consideran ejecutados en fraude de ley y no impiden la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir (art. 6-4 CC). Así sucede, por ejemplo, con los llamados matrimonios de favor o de conveniencia celebrados para la obtención de la nacionalidad española.
5. La exclusión voluntaria de la ley y la renuncia a los derechos En virtud del art. 6-2 CC “la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros”. La exclusión voluntaria de la ley aplicable sólo cabe respecto de las normas jurídicas dispositivas. Sin embargo, se debe tomar en consideración que mientras algunas normas jurídicas dispositivas permiten su exclusión pura, otras sólo permiten su sustitución por la previsión voluntaria del sujeto. En estos casos, no cabe la mera exclusión de la ley aplicable si no es reemplazada por la voluntad del sujeto o por otra norma jurídica o por la derivada de la determinación de su voluntad; en otro caso, se aplicará la ley cuya aplicación se quiso excluir. Por ejemplo, en sede de compraventa se puede pactar que el vendedor no responda de los vicios ocultos si los ignorase (art. 1.485, párrafo segundo CC). Igualmente, se puede pactar que el precio o la cosa se entreguen en un determinado lugar; pero, en este caso, se debe fijar otro lugar de pago y entrega y, si no se hace, se aplicarán las normas (dispositivas) de los arts. 1.171 y 1.500 CC. Igual sucede para el pacto en cuya virtud los cónyuges o futuros cónyuges estipulan en capitulaciones que no regirá ni el régimen de sociedad de gananciales ni el de separación de bienes: se aplicará el régimen económico matrimonial legal supletorio que corresponda.
Respecto a la renuncia a los derechos reconocidos por la ley, ésta supone un acto unilateral de disposición realizado al amparo de la autonomía privada en virtud del cual el titular de un derecho se desprende del mismo, sacándolo de su patrimonio sin recibir nada a cambio y sin transmitirlo directamente a otro sujeto. Normalmente a esta renuncia se le denomina renuncia abdicativa, frente a la renuncia traslativa y a la renuncia preventiva; pero realmente ni la renuncia traslativa ni la preventiva son verdaderas renuncias. Por otro lado, no todos los derechos pueden ser objeto de renuncia. El Código Civil establece expresamente que no son renunciable: el derecho a percibir alimentos futuros (art. 151 CC), la acción de revocación de donaciones por causa de
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superveniencia o supervivencia de hijos (art. 646 CC), la legítima futura (art. 816 CC) y la prescripción para lo sucesivo (art. 1.935 CC). El art. 6-2 CC sujeta la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos a los mismos requisitos: que no sean contrarias al interés o el orden público ni perjudique a terceros.
IV. LA EFICACIA TEMPORAL DE LA NORMA JURÍDICA 1. Vigencia temporal de la norma jurídica 1.1. Inicio de la eficacia obligatoria A) Publicidad de la norma jurídica Por vigencia de una norma jurídica se entiende el período de tiempo en que una norma es eficaz y, por tanto, aplicable. Aunque lo normal es que la norma jurídica esté vigente desde su publicación hasta su derogación, no es así en todos los casos pues la norma pude aplicarse a casos anteriores a su promulgación y a casos posteriores a su derogación. El art. 2 CC dispone que las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa. Esta norma debe ser actualmente interpretada de acuerdo con los criterios constitucionales. Por un lado, la norma subordina la eficacia obligatoria de las leyes a su publicación y, por tanto, a su cognoscibilidad. La publicación de la norma jurídica escrita es una garantía constitucional. El art. 9-3 CE establece que la Constitución garantiza la publicidad de las normas; publicación que, como exige el art. 2 CC debe ser completa. La publicidad de las leyes es, pues, una garantía constitucional que permite su cognoscibilidad, dota de seguridad jurídica a las relaciones intersubjetivas y constriñe la arbitrariedad e interdicción de los poderes públicos. De ahí que la ignorancia de la ley no exima de su cumplimiento (art. 6-1 CC), pues, tras su publicación, la ignorancia de la norma es atribuible al sujeto. Por tanto, no basta con que una ley se elabore de acuerdo con el íter legislativo previsto en la Constitución (arts. 81 y sigs. CE) y sea sancionada y promulgada por el Jefe del Estado; además es preciso que dicha ley sea publicada íntegramente. El art. 2 CC dice que la publicación se debe realizar en el Boletín Oficial del Estado. Esta exigencia debe cohonestarse con la capacidad legislativa de las Comunidades Autónomas, las cuales disponen de sus propios Diarios Oficiales como medios de publicación de sus leyes. Como criterio general, las leyes entran en vigor a los veinte días de su publicación en la Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente. Pero la
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propia ley puede determinar un plazo distinto, más corto o más largo, incluso disponer, como sucede a veces, que entren en vigor al día siguiente de su publicación completa. Igualmente, la ley puede determinar distintos plazos de entrada en vigor para los diferentes artículos que la conforman. El período entre la publicación de la ley y su entrada en vigor se denomina vacatio legis. Durante ese período la ley carece de eficacia obligatoria, pero puede ser modificada e incluso derogada.
B) Certidumbre de la norma jurídica La publicidad de la norma jurídica hace que el derecho sea cierto y, por tanto, la respuesta jurídica predecible. La complejidad y vastedad de los ordenamientos jurídicos actuales hace que, algunas veces, la determinación de la norma jurídica aplicable al caso concreto sea difícil. Pero eso no significa, como se dice sin fundamento alguno, que en el derecho todo es discutible. Esta es una afirmación radicalmente falsa, aunque es cierto que a veces hay antinomias (contradicciones) o lagunas (supuestos de hecho no regulados expresamente por la norma jurídica). La incerteza de la norma jurídica es la negación del derecho. De hecho, el mayor grado de predictibilidad de la consecuencia jurídica corresponde a un mayor grado de civilización de la sociedad. Cuestión distinta es que la subsunción de los hechos en el supuesto de hecho normativo no resulte fácil o que no se dé prueba suficiente del hecho afirmado por una de las partes en litigio. Pero esta incertidumbre de los hechos o la insuficiencia probatoria de los mismos no confiere incertidumbre a la norma jurídica que los regula. Por ejemplo, en una compraventa concreta se puede discutir en qué estado se hallaba la cosa en el momento de la perfección del contrato (si las partes no tuvieron la precaución de describirla) y si dicho estado difiere de aquel en se halla en el momento de la entrega. Pero no se puede discutir que, salvo pacto en contrario, el vendedor debe entregar la cosa vendida en el estado en que se hallaba al perfeccionarse el contrato y que todos los frutos pertenecerán al comprador desde el día en que se perfeccionó el contrato (arts. 1.468 y 1095 CC). Se puede discutir si el comitente o dueño de la obra la ha abandonado o no, pero no se puede discutir que, si ha desistido, debe indemnizar al contratista de todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiera obtener de ella (art. 1.594 CC). Después discutiremos en qué estado se hallaba la cosa vendida o a cuánto ascienden los gastos, el trabajo y la utilidad de la obra; pero eso no es incertidumbre del derecho, sino determinación y prueba de los hechos. No obstante, en ocasiones el derecho se manifiesta incierto debido a la citada complejidad del ordenamiento jurídico, a sus lagunas y a la oscuridad de ciertas normas jurídicas. De ahí la relevancia de la función de los tribunales y sobre todo del Tribunal Supremo en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas y la previsión de las olvidadas tres originarias Disposiciones Adicionales del Có-