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COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH MARÍA JOSÉ AÑÓN ROIG Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

ANA BELÉN CAMPUZANO LAGUILLO Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

JORGE A. CERDIO HERRÁN Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

OWEN M. FISS Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

LUIS LÓPEZ GUERRA Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

ÁNGEL M. LÓPEZ

VÍCTOR MORENO CATENA Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

FRANCISCO MUÑOZ CONDE Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

ANGELIKA NUSSBERGER Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

HÉCTOR OLASOLO ALONSO Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

LUCIANO PAREJO ALFONSO Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

TOMÁS SALA FRANCO Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

LÓPEZ

JOSÉ IGNACIO SANCHO GARGALLO

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

MARTA LORENTE SARIÑENA Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

JAVIER

LUCAS MARTÍN

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

TOMÁS S. VIVES ANTÓN Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

RUTH ZIMMERLING Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: http://www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

Manual práctico de reconocimiento mutuo penal en la Unión Europea Preguntas, respuestas y formularios de la Ley 23/14 de 20 de noviembre

CARMEN RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO ÁNGELES SEBASTIÁN MONTESINOS

Valencia, 2015

Copyright ® 2015 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de las autoras y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www.tirant.com).

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A la memoria de mi madre, Carmen Nieto Cano Carmen Rodríguez-Medel Nieto Para mi hija, Ana Pérez Sebastián Ángeles Sebastián Montesinos

ABREVIATURAS BOE Carta CE CEDH D DC DM DOUE EEP EPYAP LECrim LO LOPJ LRM LV MA OEDE OEI OEP PPL RJE SP STJUE TCE TEDH TFUE TJUE TS TUE UE

Boletín oficial del Estado Carta de Derechos Fundamentales en la Unión Europea Constitución española Convenio Europeo de Derechos Humanos Directiva Decomiso Decisión Marco Diario oficial de la Unión Europea Exhorto europeo de prueba Embargo preventivo y aseguramiento de prueba Ley de enjuiciamiento criminal Ley orgánica Ley orgánica del Poder Judicial Ley 23/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea Libertad vigilada Medidas alternativas Orden europea de detención y entrega Orden europea de investigación Orden europea de protección Penas privativas de libertad Red Judicial Europea Sanciones pecuniarias Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Tratado de la Comunidad Europea (sustituido por el TFUE) Tribunal Europeo de Derechos Humanos Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Tribunal de Justicia de la Unión Europea Tribunal Supremo Tratado de la Unión Europea Unión Europea

INTRODUCCIÓN: ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE MANUAL Y CÓMO UTILIZARLO? Cada vez más frecuentemente un cliente preguntará a su letrado si la pena de privación del permiso de conducir que le ha sido impuesta en España estará vigente en todo el territorio europeo, así como las consecuencias de ser sorprendido en otro Estado miembro conduciendo sin permiso. El estudiante erasmus, que fue condenado por un delito de daños durante su estancia en un colegio mayor en España, si se dispone a regresar a su país tras finalizar el año académico, querrá cumplir los trabajos en beneficio de la comunidad en su Estado de origen, evitando tener que permanecer en España hasta cumplir la sentencia. En ocasiones pueden estar en juego los intereses económicos de nuestro cliente. La ejecución de la resolución dictada en otro Estado miembro puede conllevar el decomiso de un bien inmueble que se encuentre en España. O el abogado español puede tener que dar respuesta jurídica a un cliente que ve embargada su cuenta corriente por una multa que le ha sido impuesta durante sus vacaciones en otro Estado miembro. No sólo el responsable penal, sino también la víctima, necesitarán de la asistencia de un letrado especializado en derecho procesal europeo. Si ha sufrido un delito violento y goza de protección en su Estado de origen, cuando decida trasladarse a España acudirá a un abogado español para lograr que la protección se extienda a nuestro territorio, donde la amenaza subsiste. O durante una investigación judicial en España el letrado de la acusación particular puede solicitar al Juez de Instrucción que obtenga un dato que se encuentra disponible para las autoridades judiciales o policiales de otro Estado miembro. Como resulta patente, los ejemplos expuestos no son supuestos de compleja delincuencia organizada transfronteriza, sino situaciones cada vez más cotidianas gracias a la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea. Son casos que en cualquier momento pueden plantearse al abogado penalista, sea o no de oficio. Estas situaciones tienen ahora un nuevo marco jurídico para su resolución ante los tribunales españoles: la Ley 23/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (en adelante LRM), publicada en el BOE de 21 de noviembre y en vigor en nuestro país desde el 11 de diciembre de 2014. Con la LRM se transponen al ordenamiento jurídico español más de diez normas europeas, entre ellas la orden europea de protección, el exhorto europeo de obtención de prueba, las resoluciones de medidas alternativas a la prisión provisional o de penas

Introducción

privativas de libertad, por destacar sólo algunas de las que, sin duda, serán objeto de más frecuente aplicación práctica ante nuestros tribunales, dando lugar a la armonización del derecho procesal de los distintos Estados miembros. Mención especial merece la nueva regulación de la orden europea de detención, que deroga la que hasta ahora venía siendo la normativa española sobre el mandato de arresto europeo, introduciendo importantes novedades que permiten hablar de una orden europea de detención más respetuosa con principios como la proporcionalidad, en definitiva, más acorde con los Derechos y Libertades Fundamentales de los ciudadanos de la Unión. Con el Manual se pretende facilitar al abogado penalista la aplicación práctica ante los órganos judiciales españoles de esta ley, que supone un nuevo escenario en la eficacia de las resoluciones penales en el privilegiado ámbito de la Unión Europea, haciendo que las decisiones judiciales surtan efecto más allá de las fronteras del Estado en el que fueron dictadas por la simple transmisión de un certificado. Esta compleja materia se aborda en el Manual desde la perspectiva práctica del letrado que ejerce la acusación particular o la defensa, si bien el papel de uno y de otro variará en función del concreto instrumento de reconocimiento mutuo de que se trate. Está estructurado en capítulos, cada uno de ellos (excepto el primero, dedicado a la parte preliminar y general de la LRM) se refiere a un tipo específico de resolución judicial, siguiendo en este sentido la propia estructura de la ley. Para introducir las explicaciones oportunas y facilitar la comprensión de este extenso texto legal, que cuenta con un total de doscientos artículos, se ha optado por la fórmula de preguntas y respuestas, en el convencimiento de que este sistema ayuda a identificar la información relevante para cada supuesto práctico al que se enfrente el abogado. No es una obra académica para el estudioso teórico, sino que, con ocasión de las preguntas y respuestas, se facilitan las explicaciones oportunas para comprender la operatividad práctica de cada instrumento y los formularios para articular ante los tribunales las concretas peticiones. En el anexo del Manual se encuentran disponibles los textos legales, concretamente la LRM y las Decisiones Marco o Directivas que son traspuestas al ordenamiento jurídico español, así como la Jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Con todos estos elementos el abogado penalista español está en plena disposición para resolver cuantas cuestiones prácticas se planteen en relación con este elenco de órdenes europeas, garantizando, de manera efectiva, la defensa de los intereses de su cliente en todo el territorio de la Unión.

NOTA DE LA COAUTORA, Carmen Rodríguez-Medel Nieto RAZONES DE UNA JUEZ PARA ESCRIBIR PARA ABOGADOS “El objeto de toda discusión no debe ser el triunfo, sino el progreso” (Joseph Joubert)

Puede que el lector se pregunte qué lleva a una juez a escribir un Manual destinado principalmente a abogados. Algún colega considerará que este libro supone una cierta deslealtad profesional, especialmente en una materia como la cooperación judicial penal internacional, que todavía hoy día está asociada a la delincuencia organizada más execrable: el terrorismo, el tráfico de drogas o la trata de seres humanos, por ejemplo. Respeto, como no puede ser de otra manera, a quien así piense, pero intentaré explicar sucintamente en estas líneas mis razones para discrepar de este planteamiento. Al margen de la libertad intelectual y de producción científica que todos tenemos (incluso los jueces) y que por sí misma justificaría mi participación en este proyecto, considero que sólo un debate jurídico rico y documentado entre jueces y abogados permite progresar en esta tarea no siempre fácil de aplicar la legalidad vigente. Los jueces de hoy día se enfrentan a un sistema jurídico de notable complejidad: las leyes nacionales en permanente cambio —incluso en lo que hasta ahora era considerados sus pilares irrefutables—, una ingente producción normativa europea, gran proliferación de convenios internacionales directamente invocables ante nuestros tribunales y una jurisprudencia nacional en permanente diálogo con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A pesar de esta complejidad, para realizar su cometido los jueces únicamente pueden servirse de una Administración, la de Justicia, carente de medios personales y técnicos, saturada de procedimientos y con reminiscencias decimonónicas en sus aspectos estructurales básicos. Con este panorama, que creo sinceramente refleja la realidad cotidiana de la gran mayoría de nuestros órganos judiciales, cualquier ayuda al juez para hacer realidad el aforismo “iura novit curia” parece tener suficiente justificación. Ahí es donde la actuación de los buenos abogados puede marcar la diferencia. Viene a mi memoria un autor al que mi preparador, el magistrado Fernando Fernández, siempre citaba. Calamandrei decía en su famoso libro “Elogio de los jueces escrito por un abogado” que “Óptimo es el abogado de quien el juez, terminada la discusión, no recuerda ni los gestos, ni la cara, ni el nombre; pero recuerda exactamente los argumentos que, salidos de aquella

Carmen Rodríguez-Medel Nieto

toga sin nombre, harán triunfar la causa del cliente”. Este libro pretende colaborar precisamente en esto, en facilitar que los abogados que lleven cualquier asunto penal con una dimensión europea, sea desde la defensa o sea desde la acusación, puedan argumentar sus pretensiones con rigor jurídico, invocando los preceptos de una ley que será clave en los próximos años, la Ley 23/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, pero que dista mucho de ser de fácil entendimiento en muchos de sus preceptos. En este sentido, siempre me pareció que este proyecto que Angelines y yo hemos compartido, y que ha dado lugar a este Manual, encaja perfectamente en la expresión “win, win” tan extendida en el mundo anglosajón y que podría traducirse con la afirmación “todos ganamos”. Considero que el Manual que el lector tienen entre sus manos puede implicar una ganancia para la preparación jurídica de los abogados en una materia que hasta ahora estaba reservada a especialistas. Fue diseñado pensando siempre en facilitar la labor de cualquier operador jurídico en un procedimiento penal cotidiano en el que se pretenda que la resolución judicial dictada en España surta efecto en otro Estado de la Unión Europea o cuando, en sentido contrario, sea una resolución dictada por la autoridad de otro Estado la que pretenda hacerse eficaz en España. Y estas situaciones, fruto de la libre circulación de ciudadanos por el espacio europeo, se producirán cada día más habitualmente ante delitos menores y en cualquier parte de la geografía nacional. Con este Manual el abogado puede localizar fácilmente el instrumento de reconocimiento mutuo de aplicación a ese supuesto, puede dar respuesta a las preguntas más frecuentes tanto de carácter jurídico como de índole práctico (en qué idioma debe remitirse el certificado o cómo cumplimentar debidamente éste) y ello, por las razones antes expuestas, implicará sin duda una ganancia también para el tribunal que deba enfrentarse con ese caso transfronterizo. Pero qué duda cabe que también ha supuesto una ganancia personal. Las horas de estudio dedicadas a la Ley 23/2014 en preparación de este Manual han sido desde luego provechosas, pero más aún las horas de debate con la coautora, mi querida amiga Angelines Sebastián. Su perspectiva, muy americana, pero sobre todo indiscutiblemente una perspectiva propia de una abogada, me ha hecho reparar en problemas, ambigüedades y deficiencias del texto legal. Y también el debate con ella, intenso en muchas ocasiones, nos ha permitido encontrar (o al menos proponer) algunas soluciones para la efectividad práctica de esta Ley. Que tengamos ya en mente otros dos proyectos en los que colaborar juntas no es sino significativo de lo mucho que ambas hemos disfrutado y aprendido con éste. Para finalizar estas notas quiero pensar que hay otro beneficiario del esfuerzo que ha supuesto escribir este Manual y sus formularios. Me gustaría pensar que, de manera indirecta, algún ciudadano de la Unión se verá favorecido por este trabajo. Espero que

Nota de la coautora, Carmen Rodríguez-Medel Nieto

un penado pueda cumplir la condena en otro Estado miembro, cerca de su familia y con más posibilidades de reinserción social, gracias a que el letrado que le asistió tuvo en sus manos este ejemplar y pudo articular la pretensión exitosamente ante nuestros tribunales. O quizás una víctima pueda hacer valer su orden europea de protección en España gracias a la actuación de un fiscal, de un abogado o de un colega juez o magistrado que resolvió alguna duda con nuestro trabajo. En definitiva, creo que este tipo de obras prácticas acercan el Derecho europeo al profesional jurídico y que ello redunda, a la postre, en el ciudadano. Con que sólo haya un justiciable beneficiado este proyecto habrá merecido la pena. El Escorial, 14 de enero de 2015

NOTA SOBRE LA ALEGRÍA DE ESTUDIAR Y COMPARTIR DE LA COAUTORA, Ángeles Sebastián Montesinos En este Manual he intentado poner mi experiencia y conocimientos sobre la cooperación judicial en materia penal. Me gustaría que todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida profesional en esta área no quede solo en algo personal sino que pueda servir al conjunto de las profesiones jurídicas. No sola, pero he pretendido que este Manual sirva para facilitar la práctica al penalista que no está familiarizado con la cooperación jurídica en el ámbito europeo. Los instrumentos de reconocimiento mutuo son herramientas necesarias y que serán cada vez más utilizadas para el ejercicio de la defensa penal en el mundo sin fronteras en el que ya vivimos y poder hacer efectivo el espacio de libertad, seguridad y justicia. Quiero expresar mi agradecimiento a la coautora, Carmen Rodríguez-Medel, por su confianza y por la oportunidad de realizar este trabajo juntas. Ha sido una labor llena de retos pero también de crecimiento personal y de puesta en común de nuestra dedicación y esfuerzo en crear algo verdaderamente valioso y práctico. Tengo el profundo convencimiento de que Jueces, Fiscales y Abogados han de trabajar juntos en el empeño de conseguir una sociedad más justa, especialmente en el ámbito penal. Nosotras hemos puesto nuestro granito de arena para demostrar que se puede. Confío que el Manual sea de utilidad para facilitar el conocimiento y la práctica del derecho penal en el ámbito europeo que afecta a muchos ciudadanos y que será cada vez más relevante en un espacio de libre circulación de ciudadanos como es la Unión Europea.

PRÓLOGO El Espacio Europeo de Justicia en materia penal hace tiempo que dejó de ser una novedad, aunque tal vez aún no se haya logrado que pase a formar parte de la realidad cotidiana de la praxis judicial. Es cierto que, desde hace tiempo, la Unión Europea se esfuerza por lograr la aprobación de normas jurídicas bastante sofisticadas —en su mayoría decisiones marco (antes del Tratado de Lisboa) y directivas (tras Lisboa)— que tienen la finalidad de potenciar la cooperación judicial penal y borrar, en la mayor medida posible, las fronteras dentro de la Unión para la circulación de todo tipo de resoluciones judiciales penales. Y es igualmente cierto que los Estados —con más o menos diligencia— acaban incorporando los mandatos procedentes de la normativa europea a sus legislaciones internas. Gracias a ese proceso legislativo se está tratando de dotar del máximo desarrollo posible, jurídica y políticamente, al principio del mutuo reconocimiento (tan manido, definido y redefinido a estas alturas que, a día de hoy, resulta difícil describir con precisión su significado y su alcance). Sobre la base de una cierta armonización de la legislación penal sustantiva en determinados ámbitos significativos de la delincuencia transfronteriza y, muy especialmente, sobre la base de una importante armonización de las garantías procesales de víctimas y de imputados/acusados, el legislador europeo está tejiendo de forma progresiva un entramado normativo destinado a permitir que la cooperación entre autoridades de persecución penal pertenecientes a Estados miembros diferentes se parezca cada vez más a la cooperación entre autoridades del mismo Estado. Tanto esfuerzo, sin embargo, no encuentra su debido reflejo en el día a día de nuestros procesos penales. Es indudable el éxito de la orden europea de detención y entrega, posiblemente porque es la solución a una necesidad que, con cierta frecuencia, se plantea en el desarrollo del proceso penal: la orden europea se conoce y se usa porque no existe otra vía para obtener la puesta a disposición judicial del imputado que se encuentra en otro Estado miembro y porque sin el imputado, de ordinario, no puede tramitarse el proceso penal. Sin embargo, otros textos normativos, que tal vez no satisfacen necesidades en sentido estricto del proceso penal, pero que aportan mejoras o ventajas indiscutibles, han pasado más desapercibidos: así, por ejemplo, aunque resulte posible incautar y decomisar bienes situados en el extranjero (y sin duda muy provechoso para la más eficaz persecución de ciertos tipos graves de delincuencia), el proceso penal puede, hasta cierto punto, desarrollarse sin que tales actuaciones se lleven a cabo. La razón primordial de esta falta de uso de instrumentos ya existentes y que podrían resultar mucho más cotidianos se halla en el desconocimiento que, aún hoy, impera respecto de esta materia en buena parte de los “operadores jurídicos” (jueces, fiscales y abogados, básicamente). Tal vez esa falta de necesidad a que me he referido antes ex-

Fernando Gascón Inchausti

plique el desconocimiento: quienes nos dedicamos a la docencia somos conscientes de que cuando las ocupaciones son muchas y el tiempo es limitado sólo se estudia aquello que resulta imprescindible. Posiblemente haya contribuido también a esta situación de desconocimiento de las normas —y de las posibilidades que ofrecen— la dispersión normativa vigente hasta hace bien poco y que, sin duda, generaba una suerte de desconcierto que tampoco era beneficioso para lograr el objetivo que las propias normas pretendían alcanzar. A ese desconcierto se ha añadido a menudo una importante desconfianza en el operador jurídico, la sensación de que «no se pisa sobre seguro» cuando se aplica algún elemento de esta parcela del ordenamiento. Nuestro legislador, cada vez más consciente de lo anterior, ha tratado de ponerle fin con la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, que constituye el objeto del trabajo que tengo ahora la satisfacción de prologar: un texto legal único que acoge la trasposición de todas las decisiones marco y directivas a través de la cual se articula la cooperación judicial penal en la Unión Europea y que está diseñado para seguir dando cabida a las que en un futuro sea necesario incorporar (como sucede ya, de hecho, con la orden europea de investigación). La pretensión de la obra que el lector tiene ahora ante sí es acercar el texto normativo a sus destinatarios y potenciales usuarios (especialmente a los abogados). Para ello, las autoras han optado por un modelo de trabajo de estructura sencilla, pues sigue la del propio texto legal; organizado formalmente bajo un sistema de preguntas y respuestas, que sin embargo no obvia los problemas jurídicos y prácticos que puede suscitar la normativa analizada; acompañado de una batería exhaustiva de formularios, rigurosos y destinados a facilitar la utilización de las normas y sacarles el máximo rendimiento en función de la posición procesal que corresponda a cada cual; y comprensivo igualmente de los textos legales de referencia, de modo que la obra sea de algún modo «autosuficiente», de modo que su usuario no necesite manejar ningún otro texto. Las autores se han marcado una meta clara: que quien se vea en la tesitura de promover —o de soportar— la aplicación de alguno de estos instrumentos esté seguro de que con el manejo de este libro le será más que suficiente para hacerlo con éxito; y lo han conseguido, con creces. Construir el Espacio Europeo de Justicia no consiste sólo en aprobar normas; requiere, además, alcanzar el objetivo de que esas normas reciban la aplicación práctica que les corresponde. Por eso, obras como ésta también forman parte del proceso de construcción del Espacio Europeo de Justicia, pues sirven, como pocas, para lograr superar la «barrera mental» del desconocimiento, del desconcierto y de la desconfianza a que antes me refería; sirven, en definitiva, para facilitar la puesta en práctica de las posibilidades que ofrecen a los justiciables los instrumentos de reconocimiento mutuo creados por la Unión Europea. Podría decirse, recurriendo a cierto simplismo, que nos hallamos ante un libro para prácticos: eso es lo que han pretendido sus autoras al confeccionarlo —nada más, y

Prólogo

también nada menos— y al ponerle título. Pero este dato objetivo no debe, en modo alguno, desmerecer su valor o su calidad. Al contrario, todo lo que en el libro se expone y se explica parte de un profundo conocimiento previo de la materia, esto es, de un estudio reposado y riguroso, imprescindible para detectar los problemas y para ofrecerles soluciones razonables y razonadas. En definitiva, se comprueba, una vez más la vigencia de una expresión en la que siempre he creído: no hay nada más práctico que una buena teoría. Se debe, pues, agradecer a las autoras que hayan acometido la tarea que fructifica en el ejemplar que ahora tiene el lector entre sus manos, y que lo hayan hecho, además, con tanto rigor y tanta seriedad. Ambas son personas que merecen la máxima confianza del lector: por su trayectoria profesional previa, por su alto grado de especialización y de conocimiento respecto de aquello sobre lo que escriben, y por el alto nivel de autoexigencia que se imponen al trabajar. De todo ello es buena muestra este libro. Y por todo ello hemos de felicitarnos y felicitarlas. En Madrid, a 29 de abril de 2015 FERNANDO GASCÓN INCHAUSTI Profesor Titular de Derecho Procesal Universidad Complutense de Madrid

CAPÍTULO 1º

RÉGIMEN GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO SUMARIO: I. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 1. ¿Cómo cooperan internacionalmente las autoridades responsables de un proceso penal? 2. ¿Dónde están regulados los instrumentos de reconocimiento mutuo en el Ordenamiento Jurídico Español? 3. ¿Qué caracteriza a los instrumentos de reconocimiento mutuo de la Unión Europea? 4. ¿Cómo está estructurada la Ley 23/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea? 5. ¿Cuál es el principio rector de la aplicación de la Ley 23/2014 LRM? 6. ¿Cuál es el régimen jurídico de los instrumentos de reconocimiento mutuo? 7. ¿Hay otros instrumentos de reconocimiento mutuo en materia penal promulgados por la Unión Europea y que no se comprendan dentro de la Ley 23/2014 de 20 de noviembre? 8. ¿Qué autoridades españolas son competentes para emitir o para ejecutar los instrumentos de reconocimiento mutuo? 9. ¿Cuándo aplicar las normas de emisión y cuándo las de ejecución? II. EMISIÓN EN ESPAÑA DE INSTRUMENTOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO. 10. ¿Cuál es el presupuesto para poder emitir un instrumento de reconocimiento mutuo? 11. ¿En qué medida es importante conocer la legislación del Estado Miembro al que se va a remitir el instrumento de reconocimiento mutuo para su ejecución? 12. ¿Quién emite los instrumentos de reconocimiento mutuo en España? 13. ¿Cómo se documentan los instrumentos de reconocimiento mutuo? 14. ¿Quién firma el certificado? 15. ¿Es necesario proceder a la traducción del formulario o certificado? 16. ¿Es el certificado o formulario el único documento que se transmite al otro Estado Miembro? 17. ¿Es necesario traducir la resolución judicial en los casos en los que también ésta debe transmitirse junto con el certificado? 18. ¿Cómo se transmiten los instrumentos de reconocimiento mutuo emitidos por las autoridades judiciales españolas? 19. ¿Cómo se conoce la autoridad competente del Estado Miembro de ejecución de cada instrumento de reconocimiento mutuo? 20. ¿Cuáles son los recursos personales disponibles para localizar las autoridades competentes para la ejecución de un instrumento de reconocimiento mutuo en un determinado Estado Miembro? 21. ¿Puede la autoridad judicial emisora española cursar comunicaciones a la autoridad de ejecución una vez transmitido el instrumento de reconocimiento mutuo? 22. ¿Qué recursos caben contra la resolución judicial española que acuerde la emisión del instrumento de reconocimiento

mutuo? III. EJECUCIÓN EN ESPAÑA DE LOS INSTRUMENTOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO. 23. ¿Qué se pretende con la remisión a España de un instrumento de reconocimiento mutuo? 24. ¿Quién ejecuta los instrumentos de reconocimiento mutuo en España? 25. ¿Qué tipo de procedimiento deben incoar las autoridades judiciales al recibir un instrumento de reconocimiento mutuo? 26. ¿Qué resolución procede dictar si el instrumento de reconocimiento mutuo se recibe en un órgano judicial que carece de competencia para su ejecución? 27. ¿Cómo se recibe por la autoridad judicial española el instrumento de reconocimiento mutuo remitido por la autoridad emisora del otro Estado Miembro? 28. ¿Qué puede hacer el letrado si se aprecia defectos en el formulario remitido por la autoridad de emisión? 29. ¿Cómo se cursan las comunicaciones entre la autoridad de emisión y la autoridad judicial española de ejecución? 30. ¿Es necesario recibir también la resolución judicial en que se basa ese instrumento de reconocimiento mutuo? 31. ¿En qué idioma debe recibirse el formulario del instrumento de reconocimiento mutuo o las comunicaciones que curse la autoridad emisora? ¿Puede instarse que se traduzca al español por los servicios oficiales de la Administración de Justicia española? 32. ¿En qué idioma debe recibirse la resolución que sirve de fundamento al instrumento de reconocimiento mutuo transmitido? 33. ¿Existe algún procedimiento previo al dictado del auto acordando reconocer o denegar el instrumento de reconocimiento mutuo? 34. ¿Existe algún plazo máximo para el dictado del auto que acuerde reconocer o denegar el instrumento de reconocimiento mutuo? 35. ¿Qué normativa regirá la ejecución del instrumento de reconocimiento mutuo recibido en España? 36. ¿En qué términos se llevará a cabo la ejecución del instrumento de reconocimiento mutuo en España? 37. ¿Qué intervención puede tener el afectado en la ejecución del instrumento de reconocimiento mutuo en España? 38. ¿Puede recurrirse la resolución que acuerda la ejecución en España del instrumento de reconocimiento mutuo recibido? 39. ¿Tiene el recurso carácter suspensivo? 40. ¿Puede suspenderse la ejecución en España del instrumento de reconocimiento mutuo cuya ejecución ha sido ya acordada? 41. ¿Por qué causas puede denegarse el reconocimiento o la ejecución del instrumento de reconocimiento mutuo recibido en España? 42. ¿Puede pedirse la subsanación del instrumento de reconocimiento mutuo transmitido o la remisión de información complementaria antes de denegar el reconocimiento o la ejecución? 43. ¿En qué consiste la causa de denegación relativa al no bis in ídem? 44. ¿En qué consiste la causa de denegación relativa a la prescripción? 45. ¿En qué consiste la causa de denegación relativa a las deficiencias en el certificado? 46. ¿En qué consiste la causa de denegación relativa a la inmunidad? 47. ¿En qué consiste la causa de denegación relativa a la doble tipificación de la conducta? 48. ¿En qué consiste la causa de denegación relativa a la territorialidad? 49. ¿En qué consiste la causa de denegación relativa a la ausencia del imputado? 50. ¿Qué consecuencias tiene la denegación del reconocimiento o de la ejecución del instrumento de reconocimiento mutuo transmitido para su ejecución en España? .IV. ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO. Alemania. Austria. Bélgica. Bulgaria. Chipre. Croacia. Dinamarca. Eslovaquia. Eslovenia. Estonia. Finlandia. Francia. Grecia. Hungría. Irlanda. Italia. Letonia. Lituania. Luxemburgo. Malta. Países Bajos. Polonia. Portugal. Reino Unido. República Checa. Rumanía. Suecia

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. ¿CÓMO COOPERAN INTERNACIONALMENTE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE UN PROCESO PENAL?

Las autoridades que conocen de un determinado proceso penal necesitan en ocasiones de la cooperación de autoridades de otros Estados, bien durante la fase de investigación, de enjuiciamiento o bien durante la ejecución de la sentencia dictada. El marco jurídico para esta cooperación diferirá en función de entre qué Estados resulta necesaria la prestación de asistencia internacional penal y del tipo de asistencia de que se trate: – en ocasiones sólo podrá invocarse la reciprocidad: en caso de no existir convenio alguno entre los Estados implicados, – en otras ocasiones podrá invocarse un convenio multilateral en el que esos Estados sean parte, convenios multilaterales que pueden haberse promulgado en organizaciones como Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la propia Unión Europea, – finalmente, en muchos casos existirá un convenio bilateral que regulará en qué condiciones debe prestarse o no esta asistencia penal. Para conocer qué convenios tiene suscritos España es conveniente consultar la página web www.prontuario.org. Esta página, gestionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de su Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), con participación de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio de Justicia, permite, sin necesidad de clave alguna, realizar esta búsqueda a través de la pestaña denominada “consultas”. Su permanente actualización permite al abogado conocer qué convenios multilaterales o bilaterales están vigentes entre España y otros Estados en el momento de realizar la búsqueda, pudiendo elegir la materia específica que resulta de interés en cada caso (por ejemplo, auxilio judicial en general, traslado de personas condenadas o medidas cautelares). La Unión Europea, única y exclusivamente para sus Estados miembros, se ha dotado de un cauce distinto al convencional: los instrumentos de reconocimiento mutuo, a cuyo estudio práctico se dedicará este Manual. Estos instrumentos se basan en un paradigma diferente: ya no se trata de peticiones de auxilio judicial entre autoridades, se trata de que las decisiones tomadas en un Estado miembro se ejecuten en otro.

Carmen Rodríguez-Medel Nieto - Ángeles Sebastián Montesinos

2. ¿DÓNDE ESTÁN REGULADOS LOS INSTRUMENTOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL?

Hoy día todos los instrumentos de reconocimiento mutuo están regulados en un único cuerpo legal, la Ley 23/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (en adelante LRM), que entró en vigor el 11 de diciembre de 2014. Hasta ese momento el legislador español había regulado de manera dispersa sólo alguno de los instrumentos de reconocimiento mutuo de la Unión Europea. Concretamente a través de los siguientes textos legales: – Ley 3/2003 de 14 de marzo sobre la orden europea de detención y entrega; – Ley 18/2006 de 5 de junio, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y aseguramiento de pruebas en procedimientos penales; – Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias; – Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. La disposición derogatoria única de la LRM deroga todas estas normas, regulando de nuevo estos instrumentos en distintos títulos de la nueva ley, en algunos casos introduciendo cambios de importancia. 3. ¿QUÉ CARACTERIZA A LOS INSTRUMENTOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE LA UNIÓN EUROPEA?

El Título Preliminar (artículo 1-6) y el Título I (artículos 7-33) de la LRM permiten definir las características claves de los instrumentos de reconocimiento mutuo en materia penal: • El reconocimiento mutuo está vigente sólo en el ámbito de la Unión Europea. Así se desprende claramente de la propia denominación de la LRM y de su artículo 1, y, por otra parte, está presente en todo el articulado de la ley, que se refiere siempre a autoridades de “Estados miembros” en referencia a que lo sean de la Unión. • Implica el dictado de una resolución u orden nacional, que se transmite a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecución (artículo 2 LRM). No se hace alusión, por tanto, a que se cursen peticiones o solicitudes de asistencia entre los distintos responsables del proceso penal, sino que se equipara la colaboración que se prestan las autoridades europeas a través de los instrumentos de reconocimiento mutuo a las que se prestarían las autoridades de un mismo Estado miembro cuando internamente se cursan exhortos.

Manual práctico de reconocimiento mutuo penal en la Unión Europea

• Los instrumentos de reconocimiento mutuo son concretos, limitados y vienen enumerados en el artículo 2.2 LRM. No se trata de un principio general del Derecho de la Unión Europea que pueda invocarse en relación con cualquier resolución u orden dictada en el proceso seguido ante un Estado miembro, sólo es de aplicación cuando se trate de una orden o resolución de las concretamente previstas en la LRM, como enfatiza reiteradamente el artículo 1 LRM. Estas órdenes y resoluciones son las siguientes: a) La orden europea de detención y entrega. b) La resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad. c) La resolución de libertad vigilada. d) La resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional. e) La orden europea de protección. f ) La resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas. g) La resolución de decomiso. h) La resolución por la que se imponen sanciones pecuniarias. i) El exhorto europeo de obtención de pruebas. • La emisión de los instrumentos de reconocimiento mutuo se documenta en un certificado o formulario uniforme para todos los Estados de la UE y obligatorio (artículo 7.1 LRM). Los formularios vienen recogidos en los diferentes anexos de la LRM. • La transmisión de los instrumentos de reconocimiento mutuo es directa, de la autoridad que lo emite a la autoridad que lo ejecuta (artículo 8.1 LRM). • El reconocimiento y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo sólo estarán sujetos a los trámites previstos en la LRM (artículo 1 párrafo segundo y artículo 16.1 LRM). • Sólo podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución del instrumento de reconocimiento mutuo por alguna de las causas previstas de forma tasada en la LRM (artículo 1 párrafo segundo y artículo 29 LRM). • La decisión sobre el reconocimiento y la ejecución deberá adoptarse en plazo (artículo 1 párrafo segundo y 16.1 LRM). Por decirlo gráficamente, en las peticiones basadas en convenios de asistencia judicial internacional o en el principio de reciprocidad la autoridad de un determinado Estado “pide un favor” a las autoridades de otro Estado, que tienen un cierto margen para acceder o denegar a esta prestación de asistencia. Este tipo de peticiones no tienen