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TIRANT

TRIBUTARIO

Fiscalidad y sesgos de género María del Mar Soto Moya Coordinadora Autores

Yolanda García Calvente Mercedes Ruiz Garijo José Francisco Sedeño López

temática

FISCALIDAD Y SESGOS DE GÉNERO

TIRANT TRIBUTARIO Directores:

Juan López Martínez

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada

José Manuel Pérez Lara

Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada

Consejo científico:

Antonia Agulló Agüero

Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Pompeu Fabra

Ignacio Corral Guadaño

Director de la Escuela de Hacienda Pública

Rafael Fernández Montalvo Magistrado del Tribunal Supremo

Amparo Navarro Faure

Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

FISCALIDAD Y SESGOS DE GÉNERO

Coordinadora

MARÍA DEL MAR SOTO MOYA

Autores

Yolanda García Calvente Mercedes Ruiz Garijo José Francisco Sedeño López

tirant lo blanch Valencia, 2020

Copyright ® 2020 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Esta obra se ha desarrollado en el marco del Proyecto I+D+i “Políticas públicas incentivadoras de la Economía Circular: sostenibilidad ambiental, social y financiera” (RTI 2018-098715-B-C21).

© María del Mar Soto Moya (Coord.)

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1336-841-2 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/ politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

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Índice Capítulo 1 ¿Por qué es necesario analizar con perspectiva de género el ingreso y el gasto público? Hacia la igualdad impositiva de mujeres y hombres........... 9 Mercedes Ruiz Garijo

Capítulo 2 Normativa de la Unión Europea y Derecho interno: Hacia un ordenamiento jurídico sin desigualdades de género.............................................. 27 José Francisco Sedeño López

Capítulo 3 Sesgos de género en la imposición directa.................................................. 47 Mercedes Ruiz Garijo

Capítulo 4 Igualdad en la imposición sobre las sucesiones.......................................... 93 Yolanda García Calvente

Capítulo 5 Sesgos de género en la imposición indirecta............................................... 113 Mercedes Ruiz Garijo

Capítulo 6 Fiscalidad autonómica y local y (des)igualdad de género........................... 125 María del Mar Soto Moya

Capítulo 7 La igualdad de género en el Derecho comparado: ejemplos y experiencias............................................................................................................ 153 José Francisco Sedeño López

Capítulo 8 La perspectiva de género en los presupuestos públicos.............................. 167 María del Mar Soto Moya

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Índice

Capítulo 9 Sistema tributario, gasto público y violencia económica............................ 185 Yolanda García Calvente

Capítulo 1

¿Por qué es necesario analizar con perspectiva de género el ingreso y el gasto público? Hacia la igualdad impositiva de mujeres y hombres Mercedes Ruiz Garijo

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario Universidad Rey Juan Carlos

La fiscalidad no es, ni nunca ha sido, ajena a la igualdad de mujeres y hombres y, aunque pudiera pensarse lo contrario, nos encontramos con una potente herramienta, con un enorme potencial transformador para avanzar hacia un modelo económico y social sostenible, justo e igualitario.

Ya en la revolución francesa, Olympe de Gouges redactó una adaptación de la Declaración de Derechos Humanos y Ciudadanos que incluía dos artículos referidos a esta cuestión: «Art. XIII. Para el mantenimiento del poder público y los gastos administrativos, las contribuciones de mujeres y hombres son iguales.

Art. XIV. —Los ciudadanos y los ciudadanos tienen derecho a verificar, solos o por medio de sus representantes, la necesidad de una contribución pública. Los ciudadanos pueden aprobarlo solo si se permite una distribución justa, no solo por suerte sino también en la administración pública, y si determinan la cuota, la base imponible, la recaudación y la duración del impuesto».

Incluso las sufragistas, en el siglo XIX, argumentaron que si las mujeres pagaban los mismos impuestos también deberían poder votar. Se puso de relieve, de esta forma, la relación estrecha que existe entre el deber de contribuir y el sufragio universal que no solamente constituye un derecho sino también un deber de suerte que aquellos que son designados como representantes de la ciudadanía han de solventar, entre otras cuestiones ineludibles para los Estados, la de la fiscalidad.

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– Una fiscalidad justa es la que se involucra en el objetivo de la igualdad de género Sin la fiscalidad, los Estados no serían posibles tal y como los conocemos actualmente. En efecto, la actividad financiera de los Estados se concreta, de este modo, en dos vertientes: la de los ingresos públicos (en particular los impuestos) y la del gasto público.

Nuestra Constitución Española se refiere a ellas en diversos artículos. El 31 regula el deber de contribuir de todas y todos de acuerdo con “un sistema tributario justo inspirado en el principio de igualdad, progresividad y no confiscatoriedad”. Igualmente, el artículo 31.2 establece que “el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. Por último, el artículo 31.3 y el artículo 133 regulan el principio de reserva de ley en materia tributaria, también conocido como principio de auto imposición: no hay tributo sin leyes, fundamentado históricamente en la exigencia de que toda la ciudadanía, hombres y mujeres, deben darse para sí mismos los impuestos, a través de sus representantes en el Parlamento.

En todos estos artículos se incluye, sin duda, y ya sea de forma directa o indirecta, la plena igualdad de mujeres y hombres como premisa de convivencia y como condición esencial para la creación y pervivencia de los Estados.

Porque un Estado solo es igualitario si permite la participación de mujeres y hombres, en igualdad de condiciones, en la decisión del sistema fiscal. A su vez, y aunque suene a perogrullada, un sistema tributario justo inspirado en el principio de igualdad será la mejor garantía de la consecución misma de la citada igualdad.

Numerosas autoras nos hemos referido a esta cuestión. PAZOS MORÁN ha afirmado que «la política fiscal es una herramienta fundamental para avanzar hacia un modelo económico y social sostenible y justo. En particular, los impuestos progresivos sobre la renta, los servicios públicos y un sistema de transferencias personales adecuada-

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mente diseñado son las mejores armas de los Estados para combatir la desigualdad y la pobreza»1.

En efecto, un sistema tributario progresivo que recaude los impuestos en función de la capacidad económica de los contribuyentes constituye un elemento importante para transformar la realidad social (debido a su poder redistributivo) y, en particular, para modificar las causas estructurales o raíces profundas de las desigualdades entre mujeres y hombres.

El problema, en los últimos años, es la premisa de partida: recaudar en función de la capacidad económica de los contribuyentes. Sin la misma, la igualdad no es posible. Y es por ello por lo que nuestros sistemas tributarios han venido estando más al servicio de los mercados que al servicio de la igualdad de género. Los ingresos públicos se han reducido enormemente, en particular el Impuesto sobre Sociedades, que en los últimos 4 a 8 años se ha reducido de forma gradual.

De acuerdo con el Informe de Oxfam «Índice de compromiso para la reducción de la desigualdad (CRI) 2018», dentro de los países ricos de la OCDE (con renta más altas, un total de 35 países), España se encuentra peor clasificada en cuanto al uso de las políticas publicas para abordar la desigualdad2. Tenemos un sistema fiscal cada vez menos progresivo y cuya recaudación decrece a pesar de su potencial y de su relación con las características del país. Los años de la crisis no han sido propicios para una defensa del incremento de la recaudación e, incluso, las propuestas de creación de nuevos impuestos, exigidos a entidades financieras o a grandes compañías tecnológicas, resultan sumamente polémicos y de aplicación nada pacífica.

Esta pérdida de recaudación propiciada por la reducción de impuestos tiene un impacto negativo desde una perspectiva de género por cuanto representa una amenaza para los derechos de las mujeres, que son las beneficiarias tradicionales del gasto público social.

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PAZOS MORÁN, M.: “¿Afectan los impuestos a la (des)igualdad de Género? El caso del IRPF español”, Documentos de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, Nº 2, 2011.

Puede verse el Informe en https://www.oxfam.org/es/informes/indice-de-compromiso-con-la-reduccion-de-la-desigualdad-cri-2018

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Del mismo modo, se hace preciso contrarrestar los fenómenos de fraude fiscal que implican una fractura de la soberanía fiscal de los estados. Permitir el fraude fiscal también tiene una lectura de género en el sentido de que, tal y como se advierte en la Resolución del Parlamento Europeo, la evasión y la elusión fiscales son algunos de los principales factores que contribuyen a la desigualdad de género en la Unión y a nivel mundial, dado que limitan los recursos de que disponen los Gobiernos para aumentar la igualdad a escala nacional e internacional.

– Principio de capacidad económica, redistribución de la renta y autonomía de las mujeres Pero volvamos a la hipótesis de partida: el principio de capacidad económica. Así, un sistema fiscal que recae sobre sociedades y economías desigualitarias y no se basa en el principio de capacidad económica es una herramienta poco eficaz para la redistribución de la renta, fomentando, a su vez, las mismas desigualdades en una especie de círculo vicioso. La igualdad impositiva, en dichas condiciones, es una quimera.

Y es que la capacidad económica (junto con otros principios moduladores, como el de progresividad) es la medida de la igualdad y en particular, de la igualdad de hombres y mujeres. Hasta el punto de que desde la fiscalidad se puede promover la autonomía económica de las mujeres (una de las premisas de la efectiva igualdad) luchando contra las discriminaciones irrazonables y poniendo fin, a su vez, a lo que se han denominado «sesgos de género fiscales».

En relación con la promoción de la autonomía económica de las mujeres, es por todas y todos conocida la función redistributiva de los impuestos de suerte que haciendo recaer la carga fiscal sobre quienes más tienen, los Estados pueden disponer de ingresos y recursos monetarios para hacer frente al gasto público, gasto social y familiar, del que son beneficiarias las personas con menos ingresos y, en particular, las mujeres.

La autonomía económica de las mujeres no ha venido siendo ni es, hoy en día, una preocupación urgente de los poderes públicos.

El retrato sobre el nivel económico de las mujeres resulta, además,

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desalentador. Conviene conocerlo, no obstante, si queremos tener un diagnóstico de la situación para poder articular medidas eficacias de transformación de la realidad de las mujeres.

La Resolución del Parlamento Europeo contiene algunas cifras, destacables, sobre la denominada brecha salarial que pone de manifiesto las importantes desigualdades económicas entre mujeres y hombres sin las cuales no es posible la igualdad fiscal. A ellas nos remitimos para evitar así la falta de credibilidad y legitimidad de las fuentes, así como el cuestionamiento de la autoría de los trabajos existentes sobre brecha salarial femenina que, a menudo se utiliza como argumento por parte de sus detractores, obstinados por cuestionar la existencia de este tipo de brecha salarial.

Así, el Parlamento Europeo advierte que las mujeres están infrarrepresentadas en el mercado de trabajo en toda la UE, con una tasa de empleo general de un 12% inferior a la de los hombres; unas tasas de empleo de mujeres a tiempo parcial del 31,5% (frente a los 8,2%); la existencia de sectores económicos claramente feminizados; o la brecha de género en materia de pensiones, de media cerca del 40% (UE), resultado de las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida de las mujeres y por sus períodos de ausencia del mercado de trabajo.

Por si fuera poco, los Tribunales españoles permanecen poco sensibles en relación con el impacto que sobre la igualdad de mujeres y hombres tienen muchas de sus decisiones. En particular, cuando tratan de aplicar o interpretar la legislación laboral o económica. Citaremos algunos ejemplos de total desconocimiento de la perspectiva de género, en detrimento de la situación económica y social de las mujeres lo que, por ende, impide su plena autonomía.

– Sentencias impermeables a la perspectiva de género, en detrimento de la autonomía económica de las mujeres. Sentencia 118/2019, de 16 de octubre, sobre despidos laborales por causa de absentismo El primer pronunciamiento que queremos evidenciar es la reciente del Tribunal Constitucional en la que se avaló la constitucionalidad del derogado artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, TRLET) (extinción del contrato de

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trabajo por causas objetivas), que permitía al empresario extinguir la relación laboral por causa de absentismo derivado de enfermedades intermitentes de corta duración del trabajador, hubiesen dado lugar o no a la expedición de partes oficiales de baja médica3.

En el artículo 52.d) citado se establecía, no obstante, como requisito para que pudiera extinguirse el trabajo que las bajas debían alcanzar el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos “siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco porciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses”. No obstante, se establecía que no se consideraban como faltas de asistencia “las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda. Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave”.

A juicio del máximo intérprete de la Constitución Española, el precepto invocado por los recurrentes (artículo 52.d) del TRLET, vigente en el momento de dictar la sentencia) no vulneraba los derechos a la integridad física (art. 15 CE), al trabajo (art. 35.1 CE), y a la protección de la salud (art. 43.1 CE) sino que “responde al objetivo legítimo de proteger la productividad de la empresa y la eficiencia en el trabajo, atendiendo a la singular onerosidad que las bajas intermitentes y de corta duración suponen para el empleador”. El fundamento se encontraba en la libertad de empresa que reconoce el art. 38 CE, que encomienda a los poderes públicos la garantía y protección de su ejercicio, así como “la defensa de la productividad”. De este modo, en la polémica sentencia, se añade “la naturaleza objetiva del despido regulado en el art. 52 d) LET obedece a la finalidad lícita de eximir al empresario de la obligación de mantener una relación laboral que ha

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Derogado por el Real Decreto-Ley 4/2020 de 18 de febrero.

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devenido onerosa en exceso para la empresa, por las repetidas faltas de asistencia del trabajador a su puesto; esas ausencias intermitentes, aun cuando lo sean por causas justificadas, generan un incremento de costes laborales que la empresa no tiene por qué soportar. El absentismo conlleva para el empresario un perjuicio de sus intereses legítimos, por la menor eficiencia de la prestación laboral de los trabajadores que faltan a su puesto de trabajo de forma intermitente y con la periodicidad que el precepto legal cuestionado indica, dados los costes directos e indirectos que suponen para la empresa. De ahí que el legislador procure paliar sus consecuencias, con medidas tales como la cuestionada o la prevista en el art. 64.2.d) LET”.

De sumo interés es el voto particular a la sentencia efectuado por la magistrada Mª Luisa Balaguer Callejón en el que denunciaba que la norma incurría en una discriminación indirecta por razón de sexo que la sentencia no era capaz de apreciar “aun siendo incontestable su evidencia”. En efecto, dicha discriminación se producía por cuanto siendo una norma formalmente igual para mujeres y hombres, acudiendo a los datos estadísticos del INE y otros estudios oficiales, se llega a la conclusión de que tenía un impacto diferenciado y desfavorable para las mujeres “debido a las negativas consecuencias que tiene su doble jornada, es decir, su mayor dedicación al cuidado de los hijos, de los discapacitados y los dependientes (ascendientes y descendientes), junto a su jornada laboral, lo que conlleva también una afección sobre su salud, incidiendo todas esas circunstancias de manera negativa en su actividad laboral”.

El Tribunal Constitucional desconocía la existencia de “ese malestar que no tiene nombre”, del que ha advirtió Betty Frieddan en su obra “La mística de la feminidad”, y el impacto que el mismo tiene en el acceso de las mujeres al mercado laboral y, para aquellas que lo consiguen, el impacto que tiene en su continuidad laboral en condiciones óptimas de salud lo que, muy a menudo, no se produce, viéndose obligadas a coger bajas laborales. La norma se convierte en un obstáculo para la incorporación o continuidad laboral de las mujeres y el hecho de frivolizar una baja laboral como algo caprichoso e injustificado resulta peligroso, especialmente si tras él existe un cuestionamiento del trabajo realizado por las mujeres.

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Los datos nuevamente son reveladores. La magistrada, en el voto particular que comentamos, se refiere a un estudio reciente (VII informe Adecco sobre absentismo), de junio de 2018, en el que se destaca que un 55% de las bajas por incapacidad temporal por procesos comunes en 2017, son cursadas por mujeres lo que se ve incrementado a medida que aumenta la edad. De este modo, en los mayores de 49 años se alcanza un índice de 1692 días de baja por cada 100 hombres y de 2237 días por cada 100 mujeres.

Pero no solamente es la edad sino la incidencia de los procesos fisiológicos hormonales que padecen las mujeres. Asimismo, muchas de las bajas que se cogen las mujeres son para el cuidado de los hijos (según datos del INE, el número de hogares monoparentales en 2018 en los que el progenitor es una mujer asciende a 1.538.200 (81,88%), frente a los 340.300 (18,12%) en los que el progenitor es un varón)).

Asimismo, según también el INE, “el número de discapacitados y dependientes cuyo cuidador principal es una mujer asciende a 1.198.100, mientras que los cuidados por hombres ascienden a 378.200. De todos ellos, son cuidados por mujeres que trabajan 414.700, mientras que 117.100 son cuidados por varones que trabajan”. Todas estas mujeres sufren la carga de la doble jornada, laboral y familiar lo que tiene consecuencias negativas tanto en su salud como en su actividad laboral. En definitiva, mantener un precepto que permitía al empresario extinguir la relación laboral por causa de absentismo derivado de enfermedades intermitentes de corta duración resultaba a todas luces inconstitucional a partir de una mirada de género, como indicó al citada magistrada. Y este fue uno de los motivos de su derogación, mediante el Real Decreto-Ley 4/2020.

– Las justificaciones biologicistas sustentadoras de discriminaciones de género en las políticas públicas de cuidado. Sentencias 117/2018, de 29 de octubre y 2/2019, de 14 de enero sobre permisos de paternidad versus permisos de maternidad Pero si el máximo intérprete de la Constitución no advierte del impacto que sobre la igualdad de género y, en particular, sobre la autonomía económica de las mujeres tienen sus sentencias, tampoco parece ser capaz de entender que las diferencias de trato en materia de políticas públicas a favor de mujeres y hombres no pueden ampararse

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ni sostenerse en circunstancias biológicas. Esta justificación no resulta ni objetiva ni razonable desde un punto de vista jurídico (tampoco desde otros puntos de vista, como el sociológico) y está más anclada en un pensamiento patriarcal propio de otros tiempos.

Esto es lo que ha sucedido en las Sentencias 117/2018, de 29 de octubre y 2/2019, de 14 de enero, en las que se planteó si la diferencia de trato dispensada en cuanto a la duración de las prestaciones de maternidad y paternidad, basada en una interpretación literal y formalista de la normativa aplicable (en aquél momento eran los artículos 133 octies a 133 decies del actualmente derogado texto refundido de la Ley general de Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, preveían 13 días de permiso de paternidad frente a las dieciséis semanas el permiso de maternidad), suponía para los varones un trato discriminatorio por razón de sexo, lesivo del artículo 14 CE. El Tribunal Constitucional, sin embargo, considera que la “finalidad primordial” que se persigue al establecer el descanso por maternidad y el correspondiente subsidio económico de la seguridad social es proteger “el hecho biológico de la maternidad” y, más específicamente, la protección de la salud de la mujer trabajadora, durante el embarazo, parto y puerperio. Distinto es el permiso por paternidad cuya finalidad es favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, fomentando la corresponsabilidad de madres y padres en el cuidado de los hijos, con un reparto más equitativo de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. Llamativa es su afirmación respecto a que “la maternidad, el embarazo y el parto son realidades biológicas diferenciadas de obligatoria protección, derivada directamente del artículo 39.2 CE, que se refiere a la protección integral de las madres” concluyendo, de este modo, que las ventajas que se determinen para la mujer no pueden considerarse discriminatorias para el hombre, sin perjuicio de que el legislador, en el legítimo ejercicio de su libertad de configuración del sistema de seguridad social pueda ampliar la duración del permiso de paternidad.

Llamativo es igualmente el voto particular efectuado, nuevamente, por la magistrada Mª Luisa Balaguer Callejón a la primera de las sentencias en el que, pone en evidencia la falta de perspectiva de género en los pronunciamientos del máximo intérprete de la Constitución y,

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en este caso concreto, cómo la defensa de una justificación biológica para la diferencia de trato de los permisos de maternidad y paternidad redunda, claramente, a fortalecer e incluso perpetuar las desigualdades entre mujeres y hombres, en claro detrimento de la autonomía de las primeras. Advierte la citada magistrada que el Tribunal ha perdido la ocasión de analizar el impacto negativo que tienen parte de esas medidas garantistas del fenómeno de la maternidad. Es decir, la ocasión de explicar “por qué las medidas de protección de la parentalidad, cuando se asocian exclusivamente o con una naturaleza reforzada a las mujeres, si bien pueden suponer una garantía relativa para quienes ya están en el mercado laboral, sin duda se erigen como una clara barrera de entrada frente a quienes están fuera y un obstáculo a la promoción de quienes están dentro, porque generan un efecto de desincentivo en quien contrata que solo afecta a las mujeres, y que, por tanto, incide en la perpetuación de la discriminación laboral”.

El principal disenso con el contenido de la citada Sentencia se encuentra, de este modo, en la finalidad de los citados permisos. Se apunta, muy sagazmente, que la finalidad exclusiva del permiso de maternidad no es, exclusivamente, la recuperación física de la madre como tampoco, respecto del de paternidad, es (solo) la conciliación.

Por el contrario, se trata, sobre todo, de garantizar la igualdad en el acceso, promoción y desarrollo de la actividad laboral de hombres y mujeres (“y es que no se trata únicamente de asegurar al padre el disfrute de “su” derecho a conciliar la vida laboral y el cuidado de sus hijos, sino de repartir entre el padre y la madre el coste laboral que la decisión de tener descendencia tiene en las personas, de modo tal que dicha decisión impacte por igual, en el sentido que sea (positivo o negativo) tanto en el hombre como en la mujer”).

Ir en contra de lo anterior y mantener una justificación de las diferencias entre los permisos de maternidad y paternidad con un argumentario esencialmente biologicista tal y como hace el Tribunal Constitucional contribuye, como se pone de manifiesto en el voto particular que comentamos, a desincentivar la contratación de mujeres en edad fértil, validando un efecto claro de discriminación indirecta de las mujeres, asociado al hecho de la maternidad. Se olvida este Tribunal, de la fractura clara que existe entre hombres y mujeres en el mercado laboral y que se traduce, y se visualiza estadísticamente, tal y

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como advierte la magistrada Balaguer Callejón “en las diversas modalidades de contratación —mayor temporalidad en la contratación de mujeres y mayor contratación a tiempo parcial—; en la brecha salarial; en la elección de los perfiles profesionales; o en las dificultades de acceso a determinados puestos de responsabilidad. Hoy ya no se trata solo de lamentar que la mujer concentre la mayor parte de cargas derivadas del cuidado de la familia, y particularmente del cuidado de los hijos, porque sigue haciéndolo a pesar de los avances innegables. Se trata de analizar por qué las medidas desarrolladas para compensar esa realidad social, destinadas fundamentalmente a las mujeres, no logran superar como debieran esa realidad y no aseguran la igualdad real de las mujeres en el acceso al mundo laboral y su promoción dentro del mismo. Se trata de examinar por qué esas medidas no logran atajar el problema del desigual reparto de los desincentivos entre los hombres y las mujeres”.

– Al otro lado de la balanza, sentencias receptoras de la perspectiva de género en el ámbito laboral En otros casos, sin embargo, los Tribunales sí que han sido especialmente sensibles a situaciones de discriminación contra las mujeres producidas en el ámbito laboral.

En particular, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por primera, declaró nulo, en una Sentencia de 17 de octubre de 2008, el despido de una mujer embarazada (Recurso 1957/2007, ES:TS:2008:6593).

El 4 de abril de 2017 declaraba la nulidad de un despido de una trabajadora sometida a tratamiento de fecundación in vitro (recurso 3466/2015, ES:TS:2017:1584). Asimismo, se ha declarado discriminación directa la obligación establecida en un hospital para que las mujeres enfermeras o auxiliares tuvieran que llevar como uniforme, en planta o en consulta, falda y delantal, cofia y medias, frente al pijama sanitario de dos piezas, pantalón y chaqueta, que llevaban los trabajadores masculinos, con la misma categoría profesional e idéntica actividad (sentencia de 19 de abril de 2011, recurso 16/2009, ES:TS:2011:3120). Se ha fallado también, por considerar como discriminación indirecta, contra diversas medidas de promoción profesional como el establecimiento de un “plus voluntario y absorbible” cuya cuantía era inferior para camareros/as de piso, dándose la circunstan-

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cia de que en dicho departamento eran mayoría las mujeres (recurso 2328/2013, ES:TS:2011:5798); o como el sistema de libre designación para las categorías de coordinador y de mando en una empresa, en el que existía una desproporción adversa para las mujeres (sentencia de 18 de julio de 2011, recurso 133/2010, ES:TS:2011:5798).

Por último, es preciso hacer referencia a Sentencia 91/2019, de 3 de julio en la que se ha declarado la nulidad parcial del precepto legal (regla tercera, letra c), de la disposición adicional séptima, apartado 1, del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio) que regulaba la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial por incurrir en discriminación indirecta por razón de sexo, al evidenciarse estadísticamente que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, ocasionándoles la norma cuestionada un efecto perjudicial Como antecedentes relevantes debemos citar también las Sentencias del TJUE de 9 de noviembre de 2017, asunto C-98/15, María Begoña Espadas Recio y Servicio Público de Empleo Estatal; y la de 8 de mayo de 2019, asunto C-161/18, Violeta Villar Láiz e Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social donde se analizaba la compatibilidad con el art. 4.1 de la Directiva 79/7/CEE del método de cálculo de la pensión de jubilación de los trabajadores establecido en derecho español.

– Los sesgos de género en el ámbito fiscal Pero, además de ser obligado un favorecimiento de la autonomía económica de las mujeres, si queremos favorecer la igualdad impositiva con los hombres, asimismo es preciso acabar con los denominados sesgos de género en el ámbito impositivo. Tal y como advirtió STOTSKY4, y posteriormente se ha reflejado en la citada Resolución del Parlamento Europeo, existen sesgos de género explícitos y sesgos de género implícitos.

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“Sesgos de género en los sistemas tributarios”, en PAZOS MORÁN, María (dir.). Política Fiscal y Género, Ed. Instituto de Estudios Fiscales, colecc. Estudios de Hacienda Pública, 2005, páginas 41 a 62. http://www.ief.es/documentos/investigacion/genero/FG_Stotsky.pdf.