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Apuntes sobre la transferencia de investigación en Derecho Financiero y Tributario DIRECCIÓN

Juan López Martínez José Manuel Pérez Lara Autores por orden de firma: Pilar Aranda Ramírez

Pedro Ángel Colao Marín

Ángel Urquizu Cavallé

Rectora de la Universidadd e Granada

Universidad Politécnica de Cartagena

Universitat Rovira i Virgili

Amparo Navarro Faure

María del Carmen Pastor del Pino

María Bertrán Girón

Universidad de Alicante

Universidad Politécnica de Cartagena

Teresa Pontón Aricha

Ana Isabel González González

Universidad de Cádiz

Universidad de Oviedo

Doctora por la Universidad de Granada

Elizabeth Gil García

Milenka Villca Pozo

Yolanda García Calvente

Universidad de Alicante

Universitat Rovira i Virgili

Universidad de Málaga

Universidad de Cádiz

Cristina Pérez-Piaya Moreno

Fco. Carrasco González

Patricia Herrero de la Escosura

Universidad de Cádiz

Universidad de Oviedo

TIRANT TRIBUTARIO Directores:

Juan López Martínez Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada

José Manuel Pérez Lara Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada

Consejo científico: Antonia Agulló Agüero Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Pompeu Fabra

Ignacio Corral Guadaño Jefe de Estudios de la Escuela de Hacienda Pública

Rafael Fernández Montalvo Magistrado del Tribunal Supremo

Amparo Navarro Faure Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante

APUNTES SOBRE LA TRANSFERENCIA DE INVESTIGACIÓN EN DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO DIRECCIÓN

Juan López Martínez José Manuel Pérez Lara Autores por orden de firma: Pilar Aranda Ramírez

Milenka Villca Pozo

Rectora de la Universidad de Granada

Universitat Rovira i Virgili

Amparo Navarro Faure

Ángel Urquizu Cavallé

Universidad de Alicante

Universitat Rovira i Virgili

Teresa Pontón Aricha

María Bertrán Girón

Universidad de Cádiz

Universidad de Cádiz

Elizabeth Gil García

Cristina Pérez-Piaya Moreno Doctora por la Universidad de Granada

Universidad de Alicante

Pedro Ángel Colao Marín Universidad Politécnica de Cartagena

María del Carmen Pastor del Pino Universidad Politécnica de Cartagena

Yolanda García Calvente Universidad de Málaga

Fco. Carrasco González Universidad de Cádiz

Ana Isabel González González

Patricia Herrero de la Escosura

Universidad de Oviedo

Universidad de Oviedo

Valencia, 2017

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Capítulo Primero

IMPORTANCIA DE LA TERCERA MISION DE LA UNIVERSIDAD EN EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL Pilar Aranda Ramírez Rectora de la Universidad de Granada Sumario: 1. Historia: 1) Universidad docente 2) Investigación 3) Extensión universitaria 4) Transferencia de Conocimiento 2. Transferencia en jurídicas en la universidad de Granada

Si repasamos la historia de la institución universitaria podemos observar la evolución que su misión ha ido experimentando. A la tradicional de docencia, sumó la de investigación y posteriormente la de extensión y transferencia de conocimiento a la sociedad en todas las áreas del saber.

1. Historia 1) Universidad docente Al comienzo de la Edad Media el saber y la educación se encontraban relegados a las escuelas existentes en los monasterios y catedrales formadas en el siglo VI. Algunas de estas escuelas alcanzaron el grado de Studium Generale, porque recibían alumnos de fuera de sus diócesis y otorgaban títulos que tenían validez fuera de ellas; Tenían estatutos y privilegios otorgados, primero por el poder civil y posteriormente ampliados por el papado. De aquí surgieron las universidades.

El término universitas significa ‘comunidad de Profesores y académicos’. Estas comunidades inicialmente eran gremios medievales. Las ideas centrales para la definición de la institución de la universidad

Pilar Aranda Ramírez

era la noción de libertad académica y el otorgamiento de grados académicos. Históricamente, la universidad medieval fue un producto típico de la Europa medieval y sus condiciones sociales, religiosas y políticas. La primera creada fue la de Bolonia en 1088 en la que se impartía derecho y medicina La misión fundamental de estas universidades medievales era preservar el conocimiento y transmitirlo a través de la formación.

Durante los siglos XVI y XVII, la Universidad, entra en una etapa de declive debido a un conservadurismo contracorriente que se prolonga a lo largo del XVIII lo que favorece que aparezcan nuevas instituciones, las sociedades científicas y academias, que se convierten en las protagonistas del desarrollo de la investigación científica. De hecho descubrimientos científicos realizados por Copernico, Kepler, Newton y Lavoisier entre otros se realizaron fuera de la Universidad.

Sin embargo, el desarrollo de nuevos campos científicos y la incapacidad de estas instituciones para abordar la especialización de la ciencia permite el resurgir de las universidades en el siglo XIX.

2) Investigación A principios de ese siglo, en Alemania se crea la Universidad de Berlín con un nuevo modelo propuesto por Humboldt que combina la función tradicional, la docencia, con una segunda función, la investigación, organizada mediante disciplinas especializadas.

Este modelo es la base para hacer la transformación de las universidades medievales y crear nuevas universidades en toda Europa. A partir de este momento, con la incorporación de áreas científicas, la misión de la universidad es desarrollar el conocimiento científico puro con base empírica, y transmitirlo mediante la formación, la publicación y la divulgación.

3) Extensión universitaria Con la reforma universitaria de Córdoba de 1918 surge una nueva misión la extensión universitaria.

Fue una Reforma universitaria surgida a partir de un movimiento estudiantil iniciado en la universidad nacional de Córdoba (Ar-

Capítulo Primero. Importancia de la tercera misión de la universidad…

gentina) y se extendió a las corrientes reformistas que defendieron la autonomía universitaria, el cogobierno,l a extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras y los concursos oposición. Ortega y Gasset en su discurso la misión de la universidad de 1930 introduce claramente en la universidad española la idea de extender la Cultura como tercera misión de la universidad.

4) Transferencia de Conocimiento A partir la revolución industrial empiezan las relaciones entre investigación e industria. Surgen los conceptos de investigación básica, aplicada y desarrollo y nuevos agentes se implican en actividades de investigación, centrándose la universidad en la investigación básica principalmente, algo de aplicada y muy poco de desarrollo.

A partir de entonces se desarrollan modelos de universidad muy heterogéneos en los aspectos de investigación sobre todo en las Escuelas y centros más ligados a formar profesionales muy relacionados con el mundo industrial y empresarial. Durante la primera mitad del siglo XX, las universidades no tenían un papel definido en la innovación, sino que la colaboración con las empresas surgía espontáneamente en los países líderes en tecnología y apenas se producía en otros países. Esta actividad comenzó fundamentalmente en la Alemania entreguerras y en las universidades norteamericanas a partir de la segunda guerra mundial.

En el tercer cuarto del siglo XX, se desarrolla un enfoque lineal del proceso de innovación, siendo el desencadenante del proceso: la ciencia o el mercado.

Este planteamiento puede justificar una de las misiones tradicionales de la universidad, la de producir ciencia. Este conocimiento puede ser transformado en innovación por la empresa.

En los últimos años del siglo XX, los economistas empiezan a cuestionar este enfoque ya que añaden nuevos elementos complejos a la relación entre las fases del cambio tecnológico Este nuevo planteamiento justifica que, a diferencia de la espontaneidad conque ocurrió en la 1ª mitad del siglo XX, esta vez la interacción se promueva. La universidad debe adoptar un papel activo a la

Pilar Aranda Ramírez

hora de difundir su conocimiento mediante la aplicación de políticas que potencien la relación universidad-empresa y la transferencia de conocimiento.

Algunos aspectos que hay que valorar en relación a estas relaciones son: • La responsabilidad de que la investigación pública llegue a la empresa no debe recaer exclusivamente en la universidad, sino también en la propia empresa, lo cual requiere en ésta una cierta capacidad de absorción para que sea eficaz la transferencia de conocimiento.

• Para aprovechar de forma más directa los resultados de la investigación académica, es conveniente la existencia de instituciones-puente cuya misión sea reconvertirlos en resultados más cercanos a la innovación Ej: centros tecnológicos.

• La administración pública tiene que hacer un mayor o menor esfuerzo en la financiación de la investigación universitaria dependiendo del contexto económico geográfico, nacional o regional. Así, en países o regiones donde las empresas cuenten con suficiente capacidad de absorción y la especialización sectorial sea en actividades dependientes de la ciencia, la financiación empresarial de la investigación académica no tenderá a poner en peligro la investigación básica. En otros países, es fundamental que el estado asuma dicha financiación. Por eso, puede ser un error que Europa trate de imitar en exceso el modelo estadounidense de sustitución de fondos públicos para investigación por fondos privados, porque en EE.UU. eso no tiene consecuencias negativas sobre la realización de investigación básica que en Europa sí puede tener y por supuesto en nuestro país y Comunidad autónoma.

No obstante, un excesivo énfasis en esta nueva misión puede tener una repercusión negativa en la estructura de la universidad, y lo que es más importante en la calidad de la investigación. Todos los informes de la OCDE recogidos por COTEC (Fundación española para la innovación) constatan los cambios experimentados por las universidades en los últimos años (disminución y orientación más comercial de la investigación financiada públicamente, aumento de la investigación financiada por empresas, etc.) y recomienda y advierte de la

Capítulo Primero. Importancia de la tercera misión de la universidad…

necesidad de mantener un cierto nivel de investigación básica a largo plazo y encontrar un equilibrio entre la enseñanza, la investigación y la transferencia de conocimiento. La frontera entre investigación básica y aplicada no está muy delimitada, lo que es claro es que sin la básica no hay aplicada Hay que ser muy cautos para que el nuevo modelo de universidad no esté fuertemente influido por una aproximación al funcionamiento de una economía de mercado. En ese modelo, los estudiantes son clientes que buscan conseguir unas habilidades y competencias acreditadas y las universidades compiten por satisfacerlas. Asimismo, en el ámbito de la investigación hay un incremento de la financiación a través de contratos y una más estrecha colaboración con la industria: tanto la administración como las empresas son clientes, y las universidades compiten por adjudicarse los proyectos de investigación. En estas relaciones la crisis económica ha tenido una repercusión negativa disminuyendo las posibilidades de colaboración.

Nadie cuestiona ya que la misión de la universidad es desarrollar el conocimiento científico, entendiendo por tal el de todos los ámbitos del saber, tanto básico como aplicado, transmitirlo mediante la formación, la publicación y la divulgación, y transferirlo a las organizaciones del entorno (empresa, entidades públicas, organizaciones sociales, etc.),de forma que impulse la innovación y favorezca el desarrollo económico y social en su entorno.

La transferencia de conocimiento mediante estudios, proyectos bajo contrato, investigación en colaboración, creación de empresas de base tecnológica resultado de investigaciones, explotación de patentes, etc. Es una actividad importante de la universidad que ayuda al desarrollo socioeconómico de su entorno en particular y de la sociedad en general.

Por tanto, a las dos misiones clásicas de la universidad, docencia e investigación, se ha venido a sumar una tercera denominada de diversas formas: el desarrollo económico y social, servicios a la comunidad o extensión.

Como hemos visto, en una sociedad del conocimiento, esta tercera misión, no es sólo la que propugnaba Ortega, sino que implica considerar la universidad como una institución de educación para toda la

Pilar Aranda Ramírez

vida y de prestación de servicios científicos mediante la transferencia de conocimiento y tecnología al sector productivo con el objetivo último de ayudar a la consecución de una ventaja competitiva a nivel nacional o regional. Hoy, la universidad es vista como un importante elemento en el desarrollo regional.

Cuando hablamos de transferencia de conocimiento, no debemos sólo pensar en la de los conocimientos en salud, química, ingeniería TIC etc, áreas con una aplicación al desarrollo sobre todo social y económico sino que debemos tener presente la gran aportación que desde las áreas de sociales, jurídicas y humanísticas se hace a lo que es más importante, la innovación social, la creación de pensamiento.

Si analizamos los problemas que realmente preocupan a la ciudadanía, a la sociedad no son las células madre, el supercomputador Big Data Mare Nostrum o la última partícula descubierta en el CERN de Ginebra; más bien son temas relacionados con la corrupción, paro, refugiados, violencia de género, terrorismo... asuntos más ligados a la transformación social, al pensamiento, a la vida cotidiana.

De ahí la importancia de exigir a las administraciones la financiación adecuada a generar conocimiento, a investigar en todas las áreas muy especialmente en aquellas menos favorecidas consideradas tradicionalmente como muy básicas, que algunos tienden a considerar poco productivas: humanidades, sociales, jurídicas. Las verdaderamente transformadoras de la sociedad.

Igualmente importante es volviendo a la tradicional extensión universitaria el papel universitario en la cultura. La creación artística en todas sus ramas debe ser transmitida a la sociedad haciendo que la cultura sea aquello que nos permite ser “mejores” Precisamente por ello en los tiempos de crisis es donde hay que hacer mayor esfuerzo todas las instituciones públicas y la universidad la primera, como vanguardia social, para que presupuestariamente no se resientan las actividades culturales.

Estas ideas se reflejan extraordinariamente en: “La utilidad de lo inútil” de Nuccio Ordine en el que se trata de cómo en tiempos de crisis se tiende a suprimir aquella que se considera erróneamente poco productivo. Craso error como escribe Fernando Savater: “Algunos impenitentes agradecemos a Nuccio Ordine su manifiesto en el que

Capítulo Primero. Importancia de la tercera misión de la universidad…

repasa las opiniones de filósofos y escritores sobre la importancia de seguir tutelando en escuelas y universidades ese afán de saber y de indagar sin objetivo inmediato práctico en el que tradicionalmente se ha basado la dignitas hominis.

2. Transferencia en jurídicas en la Universidad de Granada Para finalizar algunos datos, recogidos en la OTRI, de la transferencia de conocimiento en nuestra universidad del área jurídica: • Oferta I+D UGR En la UGR hay 61 grupos pertenecientes al área de conocimiento Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (SEJ), de los que 28 han participado en el proyecto Oferta I+D desde su puesta en marcha en 2010.

Hay 20 grupos de investigación vinculados a la Facultad de Derecho, todos en la categoría SEJ. De estos, solo 8 grupos han participado en la Oferta I+D. Actualmente, se tienen identificadas 39 líneas de investigación en el ámbito jurídico, que en la inmensa mayoría coinciden con el tipo de servicios que pueden prestar a terceros.

Los grupos registrados son: Andalucía, la Unión Europea y el Estado Social, Estudios Jurídicos Internacionales y Europeos, Derechos Humanos y Garantías, Comunidad Europea y Derecho Internacional Privado, Seminario Miguel Motos, Derecho Privado Patrimonial, Reforma de la Función Pública de Andalucía, Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Energía.

La tabla muestra los resultados entre 2012-2015.

UGR

Nº contratos artículo 83 LOU

Importe (sin IVA)

Nº investigadores

OTRI

33

257.323,78 €

10

FGUGRE

30

371.926 €

15

TOTAL (*) julio 2015

63

629.249,78 €

-

Pilar Aranda Ramírez

El tipo de actividad para la que se contrata vía artículo 83 LOU en orden de mayor a menor frecuencia es: – Informes solicitados por despacho de abogados.

– Asesoramiento a empresas.

– Compatibilidad para ejercer como abogado.

No hay proyectos de I+D colaborativa promovidos por profesorado de Derecho.

Otros datos de interés: – El número de investigadores (Catedráticos y Profesores Titulares) vinculados a la Facultad de Derecho es de 204.

– Menos de un 10% del profesorado de esta misma Facultad participa en la Transferencia de Conocimiento.

– El volumen contratado en este sector representa un ~3% del total de la UGR en este mismo periodo (Total UGR, 19 M€).

• Spin-off UGR - http://spinoff.ugr.es/showcase entro de Asesoramiento y Documentación Jurídica S.L. (CADOJ) C http://spinoff.ugr.es/showcase/company/centro-de-asesoramientoy-documentacion-juridica-sl-cadoj/Quaestio Soluciones S.L -http://www.quaestio.legal/aviso-legal.phpActividades Dentro del programa ‘Humaniza TC’, puesto en marcha en 2012, la OTRI organiza actividades junto con el Decanato de la Facultad de Derecho como por ejemplo el Foro en Transferencia e Innovación en el ámbito jurídico.

La jornada pretendió, por un lado, promover la Transferencia de Conocimiento entre los investigadores de ese centro ante las cifras anteriores, y por otro, aprovechar los cambios legislativos en relación a la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual (en vigor desde el 1 enero de 2015) y a la nueva Ley de Patentes (entrará en vigor en diciembre de 2016), y su aplicación en la Universidad.

Capítulo Segundo

LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DEL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO A EFECTOS CURRICULARES Amparo Navarro Faure Catedrática de Derecho Financiero y Tributario Universidad de Alicante Sumario: 1. EL CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO APLICADO A LAS CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS. 2. MODELOS DE TRANSFERENCIA Y EVOLUCIÓN EN LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA. 3. VALORACIÓN DE LA TRANSFERENCIA EN EL CURRICULUM VITAE DE LOS PROFESORES DE UNIVERSIDAD. 3.1. La transferencia en los baremos para la acreditación del profesorado universitario. 3.2 La transferencia a efectos de los sexenios de investigación.

1. El concepto de transferencia de conocimiento aplicado a las ciencias sociales y jurídicas La primera cuestión sobre la que hay que ponerse de acuerdo para poder valorar a efectos curriculares la transferencia de conocimiento de los profesores de Derecho Financiero y Tributario, y en general de los profesores de ciencias no experimentales o tecnológicas, es si lo que la leyes universitarias españolas, desde la Ley de Reforma Universitaria de 1983 (LO 11/1983, de 25 de agosto; en adelante LRU) y la Ley Orgánica de Universidades en sus dos versiones (LO 6/2001, de 21 de diciembre; en adelante LOU) y 2011 (LO 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la LOU6/2001; en adelante LOMLOU), entienden por transferencia de conocimiento es aplicable a las ciencias jurídicas.

Amparo Navarro Faure

En efecto, y para ello remito al trabajo de Elizabeth Gil García1 sobre el concepto de transferencia de conocimiento. Así es, la transferencia se puede entender en un sentido muy estricto como todas aquellas actividades que van a dar como resultado un derecho de propiedad industrial o una patente, que se transferirá al sector privado a través de un contrato de cesión o de licencia, o que se desarrollará a través de una Empresa de Base Tecnológica o spin-off universitaria. En este concepto es evidente que no encajan los estudios o proyectos que puedan llevar a cabo los profesores de Derecho cuya relación con el sector privado puede realizarse a través de otros modelos, como luego veremos, pero que no generan conocimientos protegibles o patentes.

En un concepto más amplio, la transferencia de conocimiento abarca todas las actividades realizadas a través de contratos o convenios con instituciones o empresas cuyo objetivo es la obtención de un rendimiento comercial o social de aquellos conocimientos y resultados de la I+D+i generados por los investigadores. Este es el concepto más aceptado en el momento actual, a pesar de que la leyes españolas, tanto las universitarias como las que regulan la ciencia y la tecnología, siguen sin definir el concepto. No obstante, todas estas leyes están plagadas de referencias a la actividad de transferencia, y contienen un mandato expreso dirigido a las universidades para su fomento, e incluso han declarado a la transferencia como la tercera misión, junto con la docencia y la investigación, que compete a las universidades.

De hecho, la LRU, aceptaba este concepto amplio, ya que si bien no hacía referencia a la denominación “transferencia”, su art. 11 otorgaba a los profesores de universidad sin distinción, a través de sus Departamentos o Institutos, la posibilidad de contratar con entidades públicas y privadas, o con personas físicas, la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de cursos de especialización.

La prueba de que la legislación actual acepta implícitamente este concepto amplio es la denominación que utiliza la LOU desde 2001

1

GIL GARCIA, E. “Una aproximación al concepto de transferencia de conocimiento desde el Derecho Tributario”, comunicación presentada en la IV Reunión de Profesores de Derecho Financiero y Tributario, Granada, 2 y 3 octubre 2015.

Capítulo Segundo. La transferencia de conocimiento del derecho financiero…

de “transferencia de conocimiento” y no solo “transferencia de tecnología o de investigación”. A mayor abundamiento, ha mantenido esta denominación la Ley 14/2011, de 1 de junio de la Ciencia, la tecnología y la innovación (en adelante Ley de la Ciencia). También, y sensu contrario, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible (en adelante LES), dedica su capítulo V a regular la “transferencia de los resultados de la actividad investigadora”, incluyendo en estos resultados los derechos de la propiedad intelectual e industrial, y por lo tanto denominándola de forma distinta a la transferencia de conocimiento.

Así pues, y para concluir, hay un concepto amplio, que es el denominado transferencia de conocimiento en el que sin lugar a dudas se puede incluir la actividad de los profesores de Derecho Financiero y Tributario (en adelante DFT) y un concepto más estricto, que es aquél que incluye en esa transferencia resultados susceptibles de generar derechos de propiedad industrial o intelectual.

Es evidente, que la transferencia de conocimiento realizada por los profesores de DFT encaja en este concepto amplio, y que, por lo tanto, si las universidades y los poderes públicos deben fomentar esta actividad, debería ser objeto de valoración a los efectos curriculares del profesor universitario.

El fomento de la transferencia no es sólo una cuestión importante en el desarrollo social y económico del entorno, sino que asimismo procura unos ingresos cada vez más importantes para las universidades, las cuales financian en buena medida la investigación con convenios, contratos y proyectos desarrollados con el sector privado, sobre todo en momentos en los que la financiación de proyectos a través de subvenciones se ha reducido considerablemente.

2. Modelos de transferencia y evolución en la legislación universitaria española Para llevar a cabo la transferencia de conocimiento, la legislación universitaria y la ley de la ciencia prevén diferentes instrumentos jurídicos. Con carácter general, se incluye dentro de los modelos de transferencia la constitución de empresas de base tecnológica (en adelante EBT) asociadas en muchos casos a los parques científicos de las pro-

Amparo Navarro Faure

pias universidades; los contratos suscritos con empresas u otros entes públicos para la realización de trabajos de carácter científico, técnico y artístico, y de proyectos relacionados con la actividad investigadora (son los denominados contratos art. 83 de la LOU, por ser éste el precepto que los contempla); e incluso los convenios de consorcio de universidades y empresas para concurrir conjuntamente a convocatorias públicas de subvenciones para financiar proyectos de investigación.

Esta última forma de colaboración, ha sido especialmente fomentada por la Unión Europea en su último programa plurianual Horizonte 2020 y en la convocatoria nacional “retos de la investigación” del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Tanto la ley de la ciencia, como la LES, y la LOU regulan la transferencia de conocimiento de acuerdo con un principio de flexibilidad que favorezca la colaboración pública/privada y que sea proporcional a la aportación de la empresa o la entidad externa, a la financiación de la investigación. En efecto, el art. 36 de la Ley de la Ciencia, establece la aplicación del Derecho privado a todos estos contratos, con sujeción al principio de libertad de pactos, y posibilitando a las universidades expresamente la adjudicación directa de: “los contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación.” (art. 36 b) y “contratos de prestación de servicios de investigación y asistencia técnica con entidades públicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación” (art. 36. c).

Asimismo, y abundando en esta flexibilidad, la LES establece que la transmisión de derechos de la propiedad industrial e intelectual, ya sea cesión o licencia, se regirá por el Derecho privado y se llevará a cabo mediante adjudicación directa en una serie de supuestos.

Bajo este marco normativo, las normas estatales analizadas, remiten a los estatutos de la Universidades y su normativa de desarrollo el procedimiento para suscribir todos estos contratos relacionados con la transferencia.

El instrumento jurídico más utilizado por los profesores de ciencia sociales y jurídicas para la realización de transferencia es el art. 83 de la LOU. En él encajan los dictámenes, informes y contratos de asesoramiento con empresas, despachos e instituciones.

Capítulo Segundo. La transferencia de conocimiento del derecho financiero…

Sin embargo, es más problemática la posible creación de EBTs, asi como una actividad habitual y continuada de asesoramiento y defensa, que pueda entrar en conflicto con el ejercicio de la actividad universitaria con carácter exclusivo. En efecto, el art. 83 de la LOU, tras la reforma de la citada Ley en 2007, establece que siempre que una empresa de base tecnológica sea creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, el profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el contratado con vinculación permanente a la universidad que fundamente su participación en los mencionados proyectos podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha empresa, mediante una excedencia temporal. Dicho precepto, puede ser interpretado en el sentido de que una empresa de base tecnológica siempre desarrollará patentes o resultados de la investigación, por lo que no se podría incluir en el concepto meros servicios profesionales derivados de la competencia profesional que otorga los estudios de licenciatura o grado cursado por el profesor.

Por ello, entiendo que las actividades de transferencia realizadas por el profesor universitario de ciencias jurídicas se incluyen en los dos primeros apartados del art. 83, sin perjuicio de que su actividad profesional ejercida fuera de la universidad, como profesional de Derecho, pueda también ser valorada a efectos curriculares, pero en este último caso, no encajaría en el concepto de transferencia sino en el de ejercicio profesional. Esto es, la transferencia de conocimiento en mi opinión es siempre una actividad realizada en el seno de la Universidad a través de los cauces que permite la LOU y los Estatutos de las Universidades. El ejercicio profesional a través de dedicaciones plenas, pero no exclusivas, las excedencias o servicios especiales, podrán ser valoradas como actividades profesionales, pero no formaría parte de la actividad realizada dentro de la Universidad.

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, modificada a través de la Ley de la Ciencia, ha fijado un régimen muy favorable a la compatibilidad del profesorado universitario con actividades en el sector privado, lo cual no hay que confundir con la percepción o no de los complementos de exclusividad. En efecto el art. 6 de la citada Ley es-

Amparo Navarro Faure

tablece que “excepcionalmente podrá autorizarse al personal incluido en el ámbito de esta ley la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación de carácter no permanente, o de asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos, que no correspondan a las funciones del personal adscrito a las respectivas Administraciones Públicas. Dicha excepción se acreditará por la asignación del encargo en concurso público, o por requerir especiales calificaciones que sólo ostenten personas afectadas por el ámbito de aplicación de esta ley.

2. El personal investigador al servicio de los Organismos Públicos de Investigación, de las Universidades públicas y de otras entidades de investigación dependientes de las Administraciones Públicas, podrá ser autorizado a prestar servicios en sociedades creadas o participadas por los mismos en los términos establecidos en esta ley y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, por el Ministerio de la Presidencia o por los órganos competentes de las Universidades públicas o de las Administraciones Públicas.”

La valoración del ejercicio profesional fuera de la universidad y su compatibilidad puede ser objeto de otra reflexión más amplia, ya que la interpretación de este precepto y su uso por parte de los profesores de universidad es una cuestión controvertida en la ordenación académica de muchas universidades. En esta exposición, nos ceñiremos a lo que las leyes universitarias entienden por transferencia de conocimiento recogidas en el art. 83 de la LOU.

3. Valoración de la transferencia en el Curriculum Vitae de los profesores de universidad Respecto a la valoración curricular de la transferencia de conocimiento, debemos distinguir, por un lado, la importancia que se otorga a estas actividades a efectos de la acreditación del profesorado a los cuerpos docentes universitarios, y, por otro, su posible valoración a los efectos de los sexenios de investigación concedidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (en adelante CNEAI). Aunque parezca que son aspectos distintos, ambos están interrelacionados, ya que los sexenios de investigación han dejado

Capítulo Segundo. La transferencia de conocimiento del derecho financiero…

de ser lo que eran en sus inicios, –un complemento retributivo– para convertirse en la vara de medir de la calidad y cantidad de la investigación de los profesores de universidad y, por lo tanto, pieza fundamental para su estabilidad y promoción.

A pesar del mandato que la Ley impone a las universidades para que fomenten la transferencia del conocimiento, y de la importancia otorgada a la misma, incluso machaconamente en los últimos años, se puede afirmar que ésta no ha tenido ningún valor académico o muy escaso a efectos curriculares. De hecho, se entendía, y aún en el momento presente muchos universitarios consideran, que es una actividad que proporciona rendimientos económicos adicionales al sueldo del profesor, y que su compatibilidad con la retribución del complemento de exclusividad, es suficiente tratamiento favorable como para otorgarle una importancia curricular semejante a la que se concede a la actividad docente e investigadora.

3.1. La transferencia en los baremos para la acreditación a los cuerpos docentes universitarios Aunque, como acabo de decir, la valoración de la actividad de transferencia ha tenido tradicionalmente muy poco valor curricular, su reconocimiento, aunque tímido, ha iniciado su andadura.

En efecto, a pesar de que el art. 11 de la LRU reconocía las actividades de transferencia, éstas se contemplaban como una actividad marginal, respecto a la cual, el avance que supuso la ley era su compatibilidad con la actividad docente e investigadora.

Por ello, en el modelo de acceso a los cuerpos docente universitarios, los artículos 37 y ss. de la citada Ley establecían dos pruebas para acceder a los cuerpos de profesores titulares y catedráticos en las que no existía ninguna referencia a la actividad de transferencia. La primera de ellas consistía en la presentación y discusión con la Comisión juzgadora, de los méritos e historial académico e investigador del candidato, así como de su proyecto docente; y la segunda, en un tema de su elección, para las plazas de profesor titular, y en la exposición y debate de un trabajo original de investigación para los catedráticos de universidad.

Amparo Navarro Faure

Por tanto, quedaba a juicio de la Comisión establecer en el baremo de méritos la actividad profesional o de transferencia del candidato. He de decir que en mi experiencia como candidata o miembro de comisiones, la actividad profesional o las relaciones con el sector privado siempre tuvieron un valor ínfimo o nulo respecto a la investigación, reflejada en publicaciones, y la docencia, reflejada en años de actividad docente y puestos desempeñados. Incluso, la transferencia tenía un valor inferior a la gestión académica, que tampoco ha gozado hasta hace poco de valor curricular alguno.

Lo mismo se puede decir con el proceso de habilitación. Según el artículo 57 de la LOU, El procedimiento de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios seguía el sistema de habilitación nacional previa. La habilitación facultaba para concurrir a concursos de acceso regulados por cada universidad a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. Las pruebas de habilitación eran juzgadas por Comisiones compuestas por siete profesores del área de conocimiento correspondiente o, en su caso, afines, todos ellos pertenecientes al cuerpo de funcionarios docentes universitarios de cuya habilitación se trataba, o de cuerpos docentes universitarios de iguales o superiores categorías. Las pruebas se celebraban en la Universidad de adscripción del Presidente.

Las pruebas fueron desarrolladas por el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos.

La primera prueba de habilitación para Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, Catedráticos de Escuelas Universitarias, Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Universidad, consistía en la exposición oral de los méritos e historial académico, docente e investigador y, en su caso, asistencial-sanitario, alegados. En el caso de las pruebas para Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, Catedráticos de Escuelas Universitarias y Profesores Titulares de Universidad la defensa del proyecto docente y, en estos dos últimos casos, la defensa del proyecto investigador presentado.

El sistema de habilitación incluía una segunda prueba de habilitación para Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, Catedráticos de Escuelas Universitarias y Profesores Titulares de Universidad,