Jon-Mirena Landa Gorostiza
LOS DELITOS DE ODIO delitos
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LOS DELITOS DE ODIO Artículos 510 y 22.4º CP 1995
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
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LOS DELITOS DE ODIO Artículos 510 y 22.4º CP 1995
JON-MIRENA LANDA GOROSTIZA
Catedrático (acred.) Derecho penal Director de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU
Valencia, 2018
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Director de la Colección: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUSSAC Catedrático de Derecho Penal Universitat de València
© Jon-Mirena Landa Gorostiza
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A Ana, Fran y Andoni
ÍNDICE ABREVIATURAS........................................................................................... 11 INTRODUCCIÓN......................................................................................... 13 1. DELITOS DE ODIO: CUESTIONES PREVIAS. DELIMITACIÓN TERMINOLÓGICA, CONCEPTUAL Y CONSIDERACIONES SISTEMÁTICAS................................................................................ 21 1.1. Discurso del odio (hate speech) y delitos de odio (hate crime): referentes terminológicos................................................................... 23 1.1.1. Primera matriz terminológica: Convención Europea de los Derechos Humanos.............................................................. 23 1.1.1.1. Discurso del odio y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos........................................... 27 1.1.1.2. Síntesis y conclusiones............................................ 37 1.1.2. Segunda matriz terminológica: la tradición legislativa de los Estados Unidos..................................................................... 39 1.2. Delitos de odio y normativa española: toma de postura..................... 45 2. DELITOS DE ODIO CON PALABRAS: EL DISCURSO DEL ODIO PENALMENTE RELEVANTE................................................................. 49 2.1. El delito de incitación (artículos 510 y 510 bis): bases de constitucionalidad y objeto de tutela.................................................. 49 2.1.1. Bases de constitucionalidad: STC 235/2007......................... 50 2.1.2. El bien jurídico protegido en el artículo 510......................... 57 2.2. Análisis típico del nuevo artículo 510: elementos comunes y modalidades comisivas....................................................................... 63 2.2.1. Incitación pública al odio (Art. 510.1.a CP)......................... 66 2.2.2. La cadena de difusión del discurso del odio incitador (Art. 510.1.b CP).......................................................................... 73 2.2.3. «Apologías» de crímenes de derecho penal internacional (Art. 510.1.c CP).................................................................. 76 2.2.4. La injuria colectiva de odio y la cadena de difusión del discurso de odio injurioso (Art. 510.2.a CP)......................... 80 2.2.5. «Apologías» de delitos de odio (Art. 510.2.b CP)................. 83
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2.3. Tipos cualificados por gran difusión y por alteración de la paz pública (Art. 510.3 y 4 CP)............................................................................ 86 2.4. Algunos aspectos comunes del artículo 510 CP: inhabilitación docente, responsabilidad de la persona jurídica, asociación ilícita discriminatoria y concursos............................................................... 88 2.5. Consideraciones sobre la incipiente jurisprudencia del nuevo artículo 510 CP tras la LO 1/2015.................................................................. 94 2.5.1. Odio contra las mujeres: ¿primera condena del nuevo art. 510 CP?................................................................................ 95 2.5.2. Artículo 510 CP y protección «institucional»....................... 100 2.5.3. Protección de inmigrantes y propaganda neonazi................. 103 2.5.3.1. «Mata a los judíos»................................................. 104 2.5.3.2. Campañas xenófobas contra inmigrantes................ 106 2.5.3.3. Insultos contra colectivos étnicos y/o ideológicos..... 112 3. DELITOS DE ACTOS DE ODIO: LA AGRAVANTE GENÉRICA.............. 117 3.1. Génesis y evolución legislativa del precepto....................................... 117 3.2. Discusión doctrinal y toma de postura............................................... 121 3.3. Estado de la jurisprudencia................................................................ 128 REFLEXIÓN FINAL Y CONCLUSIONES..................................................... 137 BIBLIOGRAFÍA............................................................................................. 145
ABREVIATURAS ADL Anti-Defamation League Art. Artículo BOE Boletín Oficial del Estado CP Código penal de 1995 CEDH Convención Europea de Derechos Humanos. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Roma, 4 noviembre 1950. ECRI Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (European Commission against Racism and Intolerance) LO 1/2015 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE Núm. 77 martes 31 de marzo de 2015) LO 4/1995 Ley Orgánica 4/1995, de 11 de mayo, de modificación del Código penal, mediante la que se tipifica la apología de los delitos de genocidio (BOE Núm. 113 viernes 12 de mayo de 1995) LO 5/2010 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE Núm. 152 miércoles 23 de junio de 2010) Op. cit. Obra citada Passim Por todas partes RAE Real Academia Española (S) TC (Sentencia del) Tribunal Constitucional (S) TEDH (Sentencia del) Tribunal Europeo de Derechos Humanos (S) TS (Sentencia del) Tribunal Supremo
INTRODUCCIÓN 1. Es innegable que los delitos de odio han venido para quedarse1. Esta terminología, antes ajena y desconocida para el gran público, ocupa, de un tiempo a esta parte, un espacio creciente en los mass media hasta el punto que bien puede dar la impresión que estamos rodeados de este nuevo tipo de criminalidad. Una mirada a vista de pájaro de la hemeroteca que identifica este tipo de incidentes parece confirmar dicha impresión, al tiempo que desvela la enorme variedad de supuestos a que apunta. Para muestra un botón: La policía detiene al joven que lanzó un plátano a Dani Alves en El Madrigal (EL PAIS, 30/4/2014); La comunidad judía denuncia a cinco tuiteros por mensajes antisemitas (EL PAIS, 20/5/2014); Agredido un joven de 16 años por un grupo de neonazis en un bar de Manresa (EL PAIS, 26/3/2012); Archivada la querella contra Albiol por los panfletos que vinculaban rumanos con delincuencia (EL MUNDO, 4/6/2012); Un jurado federal de Ohio condena a 16 amish por crímenes motivados por el odio. Los acusados cortaron el pelo y la barba de otros miembros de su propia comunidad. Estos hechos son considerados una humillación bajo las leyes que rigen su fe (EL PAIS, 21/9/2012); La Fiscalía abre diligencias de investigación penal por las declaraciones de Sebastián sobre los gays. El arzobispo emérito de Iruñea: «Señalar a un gay una deficiencia no es una ofensa, es ayuda porque muchos casos se pueden normalizar con un tratamiento adecuado» (DEIA, 5/2/2014); Multan con 4.000 euros a un aficionado «rojillo» por proferir insultos xenófobos; gritó «judío cabrón» y «judío muérete» a Aouate. Además, la Comisión Antiviolencia también le ha prohibido el acceso a los recintos deportivos por un periodo de un año (DEIA, 10/2/2011); Quema simbólica del Corán en EEUU por un pastor causa revueltas y muertos en Afganistan durante varios días (EL PAIS, 3/4/2011); El Supremo revisa la condena a una librería de Barcelona (Kalki) por vender material nazi (EL PAIS, 30/3/2011); La campaña del PP, «Primero, los de Bilbao», denunciada por SOS Racismo (EL PAIS, 8/5/2012); La muerte de un nigeriano hace estallar la violencia racial en Palma. Amigos del fallecido acusan a varios gitanos de haberle tirado desde un cuarto piso (EL PAIS, 30/8/2011); La [Policía Vasca] Ertzaintza investiga una agresión homófoba en un bar de Algorta (EL CORREO,
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Lo que por otra parte puede parecer razonable en la medida en que se trata más que de un sector político-criminal particular sin más, del correlato de protección penal del paradigma del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación con toda la profundidad y complejidad que ello entraña en cuanto nos remite a la cuestión del tratamiento diferencial —o no— del amplio y variado conjunto de colectivos que deben convivir en el espacio democrático. Para un estudio completo y de gran angular de la implicaciones filosófico jurídicas y de los principios contrapuestos subyacentes a la regulación del discurso del odio véase, sólo, la reciente monografía de BROWN, Hate 2015, passim.
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8/4/2015); Detenido un grupo musical por incitar al odio contra los discapacitados (EL PAIS, 26/4/2015); Marine Le Pen juzgada por incitar al odio contra los musulmanes (EL PAIS, 20/10/2015); El fiscal tendrá que decidir si llamar «cerdos» a vascos y catalanes es delito (PUBLICO, 14/4/2015); Imputan un delito de odio a la mujer de Eibar que deseó la muerte al niño con cáncer que quiere ser torero (EL CORREO, 3/12/2016); Urkullu [Lehendakari vasco] dice que el ataque a la mezquita [en Vitoria] produce «perplejidad y vergüenza» (EL CORREO, 16/3/2016); El ministro del interior afirma que la agresión de Altsasu es un delito de odio (ABC, 18/10/2016); Primera condena por catalonofobia a raíz de un tuit sobre el accidente de German wings (EL MUNDO, 16/3/2017); La Audiencia de Madrid admite la denuncia de una asociación franquista contra Wyoming y Dani Mateo (PUBLICO, 5/4/2017); Antiviolencia llevará a la fiscalía la pitada al himno en la final de Copa (EL PAIS, 1/6/2015); Jean Marie Le Pen dice que las cámaras de gas son «un detalle» histórico (PUBLICO, 3/4/2015); La Fiscalía investiga posibles delitos de odio, amenazas y coacciones por la expulsión de fuerzas de Seguridad de hoteles de Cataluña (EL MUNDO, 3/10/2017); y, finalmente, La Asamblea Constituyente de Venezuela (ANC) aprueba una Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (PANORAMA, 8/11/2017).
2. El objetivo principal de esta monografía es proporcionar a los operadores jurídicos una propuesta interpretativa fundamentada y de lege lata con relación a los delitos del artículo 510 CP y a la agravante del artículo 22.4º CP y que se adecúe a su versión tras la reforma operada por LO 1/2015. Se busca ofrecer criterios eficaces y justos de interpretación, conformes a la letra de la ley, pero con un espíritu de contención del instrumento penal que no lo convierta en un arma limitadora de derechos impropia de un Estado de Libertades. Se busca una interpretación conforme al principio de legalidad pero, a la vez, orientada teleológicamente a que se cumpla la función de ultima ratio del derecho penal. Estará, por ello, especialmente atenta a proponer y analizar constelaciones de casos relevantes, y en particular al estado de la jurisprudencia, como elemento clave de orientación sobre qué supuestos deben incluirse en la prohibición penal y cuáles deben quedar en el espacio del libre ejercicio y disfrute de las libertades fundamentales. 3. Más allá de la perspectiva puramente legal, la materia de este libro está sometida a un torbellino terminológico de muy difícil solución si por tal se entiende anudar a cada concepto una definición precisa —clara y pacífica— que ayude a delimitarlo de otros conceptos próximos2. La pluralidad de denominaciones no deja de crecer. Los delitos de odio, an2
Véase al respecto LANDA GOROSTIZA, La intervención 1999, p. 39 ss.
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tirracistas, antixenófobos, antidiscriminatorios, protectores del principio de igualdad, de prejuicio, de motivación política, ideológica, religiosa… nos adentran en un sinfín de discusiones sobre cómo denominar a los colectivos —vulnerables o no; minoritarios o mayoritarios— pero, al fin y a la postre, colectivos diana de agresiones de mayor o menor entidad y, correlativamente, seleccionar los preceptos que despliegan prohibiciones de protección jurídico-penal sobre los mismos. Resulta fuera del objeto de este trabajo siquiera aspirar a asentar esa malla terminológica de forma definitiva. La pretensión es mucho más humilde: indicar desde un principio unas referencias terminológicas que permitan identificar con coherencia interna a qué colectivos estamos haciendo mención y que ello sirva de propuesta operativa y de debate. Por ello distinguiremos el plano de protección penal en el que se manejarán, salvo ulterior precisión, como denominaciones genéricas, omnicomprensivas y fundamentalmente equivalentes las expresiones «delitos de odio» (hate crime), «delitos antidiscriminatorios», «delitos protectores del principio de igualdad» o «delitos de prejuicio» (bias crime); del plano descriptivo de cada colectivo diana o de referencia. El primero hace referencia al conjunto de preceptos penales afectados admitiendo, como se verá, versiones amplias o estrictas de los mismos. El segundo plano pretende ordenar a qué grupos nos referimos como objeto de ataque, necesitados de protección o, por el contrario, como referente desde el que la agresión se pone en marcha. Desde este último plano, con una vocación clarificadora y pedagógica en la materia, cabría distinguir fundamentalmente tres conjuntos de grupos diana3. El primero es aquel que hace referencia a los grupos «étnicos» en sentido amplio: esto es, el construido sobre la base de elementos biológicos (por ejemplo el color de la piel), históricos, culturales, lingüísticos y de identidad y/o origen nacional (con o sin Estado). Los grupos étnicos vendrían a constituir el nucleo originario de los delitos de odio y se sitúan a modo de diana respecto de manifestaciones xenófobas en las que lo «extraño» contra lo que la fobia se proyecta se articula sobre la «raza» —pretendida— de los sujetos y/o su origen nacional que nos remite a sus características étnicas definidas por su conciencia de grupo, historia en común y, también, en muchos casos por su religión, creencias y/o ideología. El grupo «étnico» acoje así el origen nacional como matriz de partida 3
Inspirado en la evolución terminológica que refleja la experiencia de la Hate Crime Statistics Act 28 U.S.C. § 534 (véase el resumen de su evolución en https://ucr.fbi. gov/hate-crime/2015/resource-pages/abouthatecrime_final —último acceso 9 agosto 2017—) e infra apartado 1.1.2.
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pero también, a veces de forma imposible de deslindar con claridad, la religión, las creencias o incluso lo ideológico enlazando de manera fluida con la delincuencia de motivación política. Esta última, por cierto, nos llevaría, en el extremo, incluso a problemas de delimitación de los delitos de odio respecto de dinámicas de macrocriminalidad que van mucho más allá de la mera delincuencia común u organizada, a su versión terrorista e incluso a los delitos de derecho penal internacional (genocidio, crímenes contra la humanidad, de guerra…). Los colectivos diana también pueden ser construidos, en un segundo conjunto, sobre el sexo. El legislador se refiere en particular al sexo pero también a la orientación sexual, la identidad sexual y más recientemente se incorporan específicamente las razones de género. Todo ello alude a colectivos cuya construcción social parte de la matriz del sexo en sus diferentes proyecciones. Nos movemos aquí en un plano de relaciones sociales (igualdad, patriarcado, trato de los colectivos LGTB, LGTBI o LGTBQ…) que se puede distinguir de la matriz étnica pero que se aloja bajo el paraguas general del plano de las políticas antidiscriminitarios y de su vertiente jurídico-penal. Este segundo colectivo apunta pues a una dinámica sociológica propia que se define en tensión respecto de la denominada violencia de género (artículos 153, 173… CP). Quedaría un último (sin que la indicación «último» implique ninguna minusvaloración) conjunto de grupos que acogen «otros colectivos sociales» definidos a partir de múltiples elementos de construcción social como pueden ser la situación o estatus familiar (solteros, casados, con hijos, adoptados…), la enfermedad o la discapacidad u otras condiciones sociales (situación económica de pobreza —aporofobia, sin techo…—, profesión…) al margen de que no todos ellos tengan un reconocimiento homogéneo de protección jurídico-penal4. 4. Determinados los colectivos objeto de ataque, grupos diana, la labor de precisar cuáles son los preceptos penales destinados específicamente a su protección es un reto formidable. Y lo es porque el legislador no ha abordado esta materia con una clara conciencia omnicomprensiva de todos ellos sino más bien sirviéndose de líneas de intervención muy diferen4
Piénsese, por ejemplo, en la exclusión en la agravante genérica (art. 22.4º CP) de la denominada aporofobia (la Sentencia del Tribunal Supremo 1160/2006 de 9 de noviembre, expresamente excluye dicho colectivo como tal del ámbito de protección de la circunstancia) o de una mención a grupos profesionales en contraste con el art. 170.1 CP que al describir la amenaza colectiva incluye «(…) atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas (…)».
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tes, en momentos históricos diversos y con objetivos político-criminales también variados. No se ha planificado a nivel legislativo la intervención penal respecto de la violencia de género de forma coordinada con la política penal antirracista, antixenófoba o antidiscriminatoria y, menos aún, lo que tiene que ver con el combate penal antiterrorista o el castigo de los crímenes internacionales. Como a lo largo del libro se dará cuenta, sin embargo, más allá de la mens legislatoris de origen, hay una cierta tensión de atracción interpretativa entre preceptos específicos y generales, entre preceptos anti-odio u otros específicos dirigidos contra campos tan variopintos como la violencia de género, el terrorismo o los crímenes internacionales por lo que aclarar de qué preceptos en cuestión hablamos no será un esfuerzo menor. A partir de lo señalado anteriormente, y con esa cautela previa, en este estudio los delitos de odio que se van a presentar son los que pueden considerarse tales en su sentido más estricto y que hacen referencia, por tanto, a los prohibiciones penales del discurso del odio —criminalizado— en el artículo 510 CP (y correlativos 510 bis y 515.4 CP) y los delitos de —actos de— odio que resultan de la aplicación de la agravante del artículo 22.4ª CP a tipos delictivos básicos. Ello refleja en esencia el programa político-criminal propio de la Decisión Marco 2008 de la Unión Europea que prevé la incorporación por parte de los Estados miembros de figuras de incitación y de una agravación por motivación racista y xenófoba5. Desde luego que ello deja fuera de este estudio monográfico algunos preceptos agravados como el de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197.5º CP); o modalidades de la amenaza colectiva (art. 170 CP) y del delito de tortura discriminatoria (art. 174 CP). Tampoco alcanza a preceptos que en un entendimiento más amplio de los delitos de odio deberían incluirse como las prohibiciones penales de actos discriminatorios (artículos 511, 512 y 314 CP) o los delitos de derecho penal internacional 5
Decisión marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal. Véase, también, el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Decisión marco 2008/913/JAI del Consejo relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, Bruselas, 27.1.2014 COM(2014) 27 final (accesible on line en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC00 27&from=ES —último acceso 9 noviembre 2017—), p. 2, en que se resumen las líneas de política criminal de la Decisión Marco asegurando que ésta «(…) define un enfoque penal común para determinadas formas de racismo y xenofobia, en particular en lo que respecta a dos tipos de delitos, comúnmente conocidos como el discurso de odio racial y xenófobo y los delitos motivados por el odio».
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como el genocidio (art. 607 CP), los crímenes contra la humanidad (art. 607 bis) o algunos de los crímenes de guerra (art. 611.6º CP). Con ello, no obstante, no acabaría la lista in extenso de un entendimiento amplio de los delitos de odio a los que podrían añadirse los delitos contra los sentimientos religiosos (art. 522 ss. CP); el delito de manipulación genética de creación de seres humanos idénticos por clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza (art. 160.3 CP); o preceptos incluso con perfiles delimitados como los de terrorismo (art. 571 ss. CP) o los relativos a la violencia de género, esporádica o habitual (art. 153.2, 173.2… CP). Por último, también se han utilizado en diversos pronunciamientos jurisprudenciales preceptos generalistas en la lucha contra agresiones de odio, xenófobas y/o discriminatorias a modo de tutela complementaria o funcional: nos referimos a preceptos como el delito de trato degradante (art. 173.1 CP); el delito de impedimento de derechos cívicos (art. 542 CP); o ciertos preceptos contra el orden público (art. 557 ss. CP)6. Limitaciones del objeto de estudio hacen sencillamente imposible un manual omnicomprensivo, monográfico, de todos esos preceptos, aunque desde el estudio del delito de incitación del art. 510 CP y de la agravante del 22.4º CP, se harán las oportunas referencias de delimitación —concursal— respecto del panorama normativo acabado de esbozar. La frondosa ramificación de normativa a la que una perspectiva amplia de los delitos de odio aboca es la que debe constituir el primer argumento a favor de la urgencia y necesidad de acometer, antes de nada, una delimitación estricta de a qué preceptos se restringe tal denominación y cuáles son las razones que lo avalan. A ello se dedica la primera parte de esta monografía en la que se busca establecer claridad terminológica pero también claridad sistemática. Para ello deberán revisarse y sintetizarse las evoluciones político-criminales a ambos lados del Atlántico (Europa versus Estados Unidos de América) y particularmente los referentes de contenido esenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que resultan sin duda insoslayables en esta materia. Tras esa primera parte quedará ya expedito el camino para el análisis más extenso del artículo 510 CP y una presentación, más sintética, de la agravante genérica del artículo 22.4º CP. 5. El presente trabajo se inscribe en el marco de los Proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad 6
Nótese que tras la LO 1 y 2/2015, se han introducido modificaciones en estos preceptos que acercan su ámbito de aplicación a comportamientos de incitación (artículo 559 CP: distribución o difusión pública de mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de desórdenes públicos) y también de terrorismo (art. 573 bis.4/ art. 557bis).
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(DER 2015-64599 MINECO/FEDER UE), «Factores postdelictivos y peligrosidad postdelictual. Incidencia en delitos de odio y de terrorismo»., Investigador Principal Jon-M. Landa; y por el Gobierno Vasco (GV IT 1156-16), Investigador Principal Iñaki Lasagabaster. Se inscribe igualmente en las actividades de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos UPV/EHU financiada por el Gobierno Vasco (Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación). Es necesario señalar que el libro igualmente se ha enriquecido con las discusiones y la colaboración entre la propia Cátedra y el Departamento de Seguridad (Ertzaintza) del Gobierno Vasco en el empeño por impulsar un Informe de Incidentes de Odio en Euskadi a partir esencialmente de las fuentes policiales al respecto. Debo agradecer, por último, muy sinceramente al Profesor González Cussac y a la propia editorial Tirant lo Blanch su amabilidad y profesionalidad a la hora de haber aceptado la publicación de esta obra.