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Al tratarse de un evento histórico de un fenómeno jurídico como lo es la promulgación de la Constitución local de una entidad que; a través de los tiempos ha contribuido a la nación en sus diversas etapas y evolución; resulta trascendente su contenido al abordar desde un análisis multidisciplinar, sucesos plasmados en el texto; lo cual es de suma importancia para la vida jurídica y académica de Michoacán y la democracia. La visión que se presenta en cada uno de los trabajos tiende a revisar, dentro del contexto de la interdisciplinariedad, aspectos donde la Historia, la Filosofía, la Sociología, la Ciencia Política y el Derecho, entre otras materias, se eslabona para darnos un panorama comparativo de la realidad histórica frente al presente en Michoacán y sus múltiples problemas, intentando abonar a la construcción e impulso de mejores estándares de vida de la sociedad y su entorno.

Coordinadores

Humberto Urquiza Martínez José Alfredo Tapia Navarrete

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

HUMBERTO URQUIZA MARTÍNEZ JOSÉ ALFREDO TAPIA NAVARRETE Coordinadores

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MICHOACÁN A 100 AÑOS DE SU PROMULGACIÓN

A 100 años de la Constitución en Michoacán, la Universidad Latina de América en coordinación con el Instituto Electoral de Michoacán, con los aportes de los participantes; se pretende analizar e investigar desde una perspectiva crítica y propositiva; los diversos contextos en los cuáles se conformó el Estado de Michoacán en varias ópticas, intentando resolver un planteamiento jurídico con impacto social, económico, cultural y político que dé respuesta a la interrogante sobre si es necesario reformar el texto actual y sus contribuciones al desarrollo de la entidad, su población y sus aportes al País.

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LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MICHOACÁN A 100 AÑOS DE SU PROMULGACIÓN SU GÉNESIS, RETOS Y PERSPECTIVAS Prólogo de Armando Alfonzo Jiménez


LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MICHOACÁN A 100 AÑOS DE SU PROMULGACIÓN Su génesis, retos y perspectivas


COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales


LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MICHOACÁN A 100 AÑOS DE SU PROMULGACIÓN Su génesis, retos y perspectivas

Coordinadores

HUMBERTO URQUIZA MARTÍNEZ JOSÉ ALFREDO TAPIA NAVARRETE

tirant lo blanch Ciudad de México, 2019


Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© Humberto Urquiza Martínez José Alfredo Tapia Navarrete (Coords.) y otros

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1313-381-2 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf


Índice Presentación............................................................................................. 9 Los Derechos Humanos y los retos constitucionales locales..................... 15 Alma Rosa Bahena Villalobos

La Constitución de 1918 y sus deudas pendientes en materia de Derechos Humanos................................................................................................. 31 Elvia Higuera Pérez

La representación en el Sistema Político Michoacano, a cien años de la Constitución de 1918 en Michoacán........................................................ 51 Humberto Urquiza Martínez

Análisis, retos, perspectivas y realidades de la educación en Michoacán al amparo del artículo 139 de la Constitución de 1918................................ 69 José Alfredo Tapia Navarrete

La participación ciudadana y la construcción del estado virtual a la luz de la Constitución del Estado de Michoacán................................................. 93 Monserrat Olivos Fuentes

Procesos de «reconocimiento jurídico» de los derechos de los pueblos indígenas de Michoacán. A 100 años de la constitución política de 1918.... 109 Orlando Aragón Andrade Víctor A. Zertuche Cobos

Libertades sociales e individuales de la democracia 3.0. A cien años de la Constitución Política de Michoacán (100 Años para su actualización)..... 127 Paola Viridiana López Ávila

La Constitución de 1918, forjadora de instituciones: Una revisión constitucional de las elecciones en Michoacán................................................... 147 Ramón Hernández Reyes


Presentación El 5 de febrero de 2018 se conmemoró el Centenario de la entrada en vigor de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo. Justo un año posterior al Centenario de la Ley fundamental de México. El 31 de enero de 1918 la propia Carta magna michoacana determinó, en el artículo primero transitorio, que ese ordenamiento surtiría sus efectos precisamente el día 5 de febrero de ese año y que en ceremonia solemne todos los funcionarios públicos rendirían la protesta de ley correspondiente en presencia del Gobernador del Estado, los magistrados y el Secretario General del Despacho. Fechas emblemáticas que nos invitan a meditar sobre lo acontecido en México y en Michoacán: los avances y los obstáculos, las metas cumplidas y los retos por venir. En el caso específico de Michoacán, es propicia la ocasión para recordar algunas de las grandes aportaciones, de los oriundos de esa querida tierra, a la formación actual de la nación mexicana y al desarrollo del constitucionalismo. Miguel Hidalgo, José María Morelos e Ignacio López Rayón: precursores de la independencia de México e ideólogos del pensamiento constitucional liberal. Melchor Ocampo: uno de los artífices de la Reforma bajo el liderazgo del Presidente Benito Juárez. Francisco J. Múgica: constituyente de 1917 y pionero en lograr plasmar en un texto constitucional los derechos sociales. Lázaro Cárdenas del Río: decidido defensor, a partir de la Constitución General de la República, de la soberanía popular y de la propiedad de la Nación de los recursos naturales. Sin duda alguna, Michoacán es un referente a nivel nacional de mosaico pluricromático, en donde convergen diversas expresiones ideológicas en un contexto de convivencia política civilizada. En los años recientes, Michoacán ha sido ejemplo de un laboratorio de intercambio de ideas y de soluciones jurídicas, algunas de las cuales han servido de modelo para transformaciones normativas a nivel nacional.


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De ahí la trascendencia de la obra que tengo el honor de presentar y que se intitula «La Constitución Política de Michoacán a 100 años de su promulgación. Su génesis, retos y perspectivas». Este libro es un esfuerzo emprendido por un conjunto de académicos michoacanos que deslizaron su pluma para abordar tópicos específicos relacionados con el derecho constitucional michoacano. Son ocho los ensayos que integran este libro, a saber: I Orlando Aragón Andrade y Víctor A. Zertuche Cobos reflexionan sobre los «Procesos de “reconocimiento jurídico” de los derechos de los pueblos indígenas de Michoacán. A 100 años de la Constitución Política de 1918», para lo cual delinean tres ejes fundamentales: primero, la evolución de las organizaciones indígenas en el Estado de Michoacán; segundo, la constitucionalización del paradigma multicultural en el artículo tercero de la Ley fundamental local, acompañada del impulso institucional con la inclusión de liderazgos indígenas en la estructura del Poder Ejecutivo Estatal, así como el establecimiento de una jurisdicción indígena; y, tercero, lo que los autores denominan «la revolución de los derechos indígenas en Michoacán», gracias a los litigios exitosos que la comunidad indígena de Cherán ventilaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. II Alma Rosa Bahena Villalobos para abordar el tema relativo a «Los Derechos Humanos y los retos constitucionales locales», parte de un repaso histórico a las Constituciones michoacanas de 1825, 1858 y 1918, textos que contemplaron un incipiente contenido dogmático, principalmente bajo la lógica de la simple remisión a lo establecido en la Constitución Federal correspondiente. Este paradigma fue superado hasta la reforma constitucional de junio de 2011, la cual es analizada puntualmente por la autora de este ensayo, y que desataca el principio pro persona como criterio hermenéutico de interpretación en caso de multiplicidad normativa, las obligaciones de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los mexicanos y la trascendencia que ahora tiene la fuente internacional de los derechos humanos que complementa a la fuente nacional y ambas constituyen el llamado «bloque de constitucionalidad».


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III Ramón Hernández al referirse a «La Constitución de 1918, forjadora de instituciones: una revisión constitucional de las elecciones en Michoacán» precisa que los derechos políticos encontraron su fundamento original en ese ordenamiento jurídico en el artículo octavo para, posteriormente, centrarse en la evolución histórica, primero, del régimen constitucional electoral en el Estado de Michoacán y, enseguida, hacer dicha revisión en cuanto a las bases constitucionales a nivel local de los procesos electorales de Michoacán. El autor no pasa desapercibido las transformaciones realizadas a partir de las últimas décadas del siglo XX que apuntalaron la consolidación de las autoridades electorales, tanto federales como locales, así como la maduración de las garantías constitucionales de los ciudadanos en los ámbitos de competencia señalados. IV Elvia Higuera Pérez en un ensayo de corte filosófico medita sobre «La Constitución de 1918 y sus deudas pendientes en materia de Derechos Humanos». En este texto la autora denuncia las graves desigualdades prevalecientes en el mundo y el urgente desafío para encontrar las mejores soluciones a los problemas que enfrentamos como civilización. Ya en la esfera estadual, Higuera Pérez formula una crítica a la versión original de la Constitución de 1918 debido a que considera que fue omisa al no considerar a los derechos fundamentales, en especial a los derechos sociales, aunque reconoce la paulatina incorporación de ciertos derechos en el devenir del constitucionalismo michoacano como la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Sin embargo, la autora subraya que hay deudas que se encuentran pendientes saldar, a nivel de la Ley fundamental local, dentro de las cuales se encuentra la armonización del orden jurídico local con el derecho convencional y con los criterios derivados de los casos resueltos por los órganos que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. V Un tema verdaderamente novedoso es estudiado someramente por Paola Viridiana López Ávila: «El derecho a la propia imagen en el derecho michoacano y su contexto de violencia», trabajo en el que resalta cómo el avance de las tecnologías de la información en el mundo y en cada país ha desquiciado realidades y ha propiciado la violación


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de derechos humanos. Derivado de la falta de regulación jurídica, a través de las redes sociales y de internet, se transmiten imágenes e información que pueden ser lesivas a la dignidad de la persona. La autora de este ensayo advierte de la prácticamente nula atención de las autoridades mexicanas para atender la problemática y para configura el derecho a la imagen propia, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha reconocido este derecho fundamental. En el caso de Michoacán hace falta establecer en sede constitucional este derecho y su consecuente desarrollo legislativo. VI Monserrat Olivos Fuentes colabora con su artículo intitulado «La participación ciudadana y la construcción del Estado virtual a la luz de la Constitución del Estado de Michoacán» para lo cual inicia con una invocación histórica del sustento constitucional en el artículo octavo de la Carta magna michoacana de 1918, en el que se previeron los derechos políticos como prerrogativas. Fue hasta la reforma constitucional de 1960 cuando se incluyó por primera vez la participación política igualitaria sin distinción de ningún tipo. La autora de este ensayo llama la atención de que fue a partir del año 2000 cuando se realizaron múltiples reformas constitucionales que introdujeron las figuras de democracia participativa como el referéndum, la consulta ciudadana, el plebiscito y la iniciativa popular. Sobre el Estado virtual Olivos Fuentes asevera que es un nuevo modelo de participación mediante el uso de las tecnologías de la información y que además significa una manera distinta de intercambiar información para incidir en la política. VII José Alfredo Tapia Navarrete se dedica al «Análisis, retos, perspectivas y realidades de la educación en Michoacán al amparo del artículo 139 de la Constitución de 1918». Con interesantes fuentes de información y muestras gráficas, el autor de este ensayo disecciona la parte normativa constitucional de 1918, cómo el modelo local adoptó la fórmula planteada en la Constitución Federal para otorgarle a la educación los rasgos de democrática, nacional y posibilitadora de la convivencia humana. Resulta loable la capacidad del autor de este ensayo por ilustrar al lector con cuadros comparativos de la versión original de la Constitución michoacana de 1918 y el texto actual. Otra cualidad de esta colaboración es el análisis que efectúa el autor


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de la realidad educativa del Estado de Michoacán, en el que deja claro que la educación es la piedra de toque del mejoramiento social, la cual incide —sin lugar a dudas— en la calidad de la democracia. VIII Humberto Urquiza Martínez desarrolla el tópico «La representación en el sistema político michoacano, a cien años de la Constitución de 1918 en Michoacán» e inicia con una caracterización del modelo político en ese ordenamiento jurídico que se procesó a imagen y semejanza del federal. La Ley fundamental de 1918 canalizó las expresiones de las diversas expresiones revolucionarias que se encontraban en tensión para sujetarlas a las «nuevas» reglas del juego. En ese tenor, se instaló un esquema de representación política, cercano a los partidos políticos pero que preveía la posibilidad de candidaturas independientes. Así, en el sistema electoral de esa época se determinó un sistema de mayoría relativa para la elección del Titular del Ejecutivo, de guisa directo y popular, también para el caso de los integrantes de la Legislatura, al igual que los Ayuntamientos. El autor de este ensayo no omite mencionar los retos hacia el futuro: Michoacán necesita adoptar nuevas formas de representación política, en el que se incluya la voz de quienes han sido históricamente relegados, como lo son los pueblos indígenas, y perfeccionar otras expresiones como las candidaturas independientes. Como puede apreciar el lector son muchos y variados los horizontes planteados por los autores que participan de este esfuerzo colectivo. Para mi representa un honor sumarme a tal empeño al escribir las breves notas introductoras a este conjunto de reflexiones. Aprecio en todo lo que vale la invitación que me formularon los coordinadores del libro. Michoacán debe estar de plácemes con este tipo de productos académicos. Qué bueno que el constitucionalismo michoacano no deja de avanzar. Y como decía Cicerón: si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetir los mismos errores del pasado. Michoacán merece el mejor de los porvenires. Armando Alfonzo Jiménez Otoño de 2018


Los Derechos Humanos y los retos constitucionales locales Alma Rosa Bahena Villalobos SUMARIO. I. Introducción. II. Antecedentes constitucionales locales. III. Evolución de la regulación de la protección de los derechos fundamentales en Michoacán. IV. El nuevo paradigma constitucional en materia de derechos humanos y los retos próximos. V. Fuentes consultadas

I. INTRODUCCIÓN Hace apenas unos pocos años, se conmemoró el Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acontecimiento que sin duda alguna fue un encuentro común entre académicos, políticos y la sociedad civil, en cuanto al análisis, debate y prospectiva de la misma, analizándose a través de sus diversas funciones, es decir como pacto social, económico, político y como se ha mencionado de manera doctrinaria, democráticamente en su función de pacta societatis y subiuntionis (Zagrebelsky, 2005). Ahora bien, el Estado Mexicano optó por constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos; de manera que, las entidades federativas, de conformidad con el artículo 40 constitucional, cuentan con autonomía para regular su régimen interior1, de donde se desprende que tienen la facultad de dotarse de una Constitución propia. Las constituciones representan las leyes fundamentales que, como lo dice su nombre, fundan o constituyen la forma de vida de un pueblo, definiendo su orden jurídico y sientan las bases a partir de las cuales se desarrolla la vida en sociedad.

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El término más apropiado es la autonomía, pese a que el artículo 40 disponga que la Federación está compuesta de «Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior… establecida según los principios de esta ley fundamental».


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De ahí la relevancia del estudio, análisis y debates en torno al marco fundamental que nos rige, pero más importante aún, nos dota de protecciones y garantías que nos brindan una mayor calidad de vida en la medida en que nos reconoce un crisol de derechos humanos y el conjunto de instituciones garantes de los mismos. El Estado de Michoacán de Ocampo ha contado con tres constituciones, las cuales han regulado con diversa intensidad y compromiso social e individual el tópico de los derechos fundamentales. El presente artículo reseña las diferentes etapas de la evolución en la protección de los derechos humanos en nuestro Estado y los principios que los caracterizan, como el principio pro persona, destacando la relación con el marco nacional e internacional que los condicionan y complementan. Asimismo, finaliza con un conjunto de reflexiones, retos y propuestas que pongo a consideración de la academia y la labor legislativa para una nueva agenda en materia de derechos humanos en los años venideros para nuestro Estado.

II. ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES LOCALES De acuerdo con la teoría constitucional, toda Carta Magna debe contener como mínimo: la forma de gobierno2 y los órganos encargados de las funciones de gobierno, dotándolos de su competencia respectiva, al igual que un catálogo de derechos fundamentales. En este tenor, este modelo de forma de Estado y de gobierno se replica para las propias entidades federativas. La superioridad o prelación de las constituciones de los estados en sus respectivos territorios, dentro de un sistema federal como el nuestro, se puede catalogar más bien como un requisito sine qua non para justificar y sostener esa forma de Estado —la federal—, misma que encuentra su fundamento en los siguientes numerales: a) El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que determina: «El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y

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La cual no podrá ser incompatible en México con la forma de gobierno del orden federal.


Los Derechos Humanos y los retos constitucionales locales

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por los de los Estados en lo que toca sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal». b) Lo dispuesto por cada una de las constituciones de los estados, siendo que en nuestro Estado de Michoacán se expresa en su artículo 12: «La soberanía del Estado radica esencial y originariamente en el pueblo, y se ejerce por medio de los poderes públicos, en los términos que establece esta Constitución»3, así como en la obligación de los funcionarios públicos de protestar su cumplimiento4. No obstante lo anterior, y a manera de antecedentes, debe destacarse que en la historia constitucional de Michoacán, se han tenido tres constituciones políticas, de las que puede constatarse en su análisis que han sido diversas en sus contenidos fundamentales. En primer término, se encontraba la Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán, correspondiente al 19 de julio de 1825, la cual debido al contexto social en que se gestó tuvo una fuerte influencia de la Constitución de Apatzingán5. De su texto se desprende que en su artículo 12, se consagraron un conjunto de derechos humanos protegidos por el orden jurídico constitucional, tales como: la libertad de expresión, la igualdad, la propiedad y la seguridad, así como que en el subsecuente artículo 14, se estableció la prohibición de la esclavitud y en el numeral 15

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Vid. Artículo 12. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, promulgada el 31 de enero de 1918 y vigente a partir del 5 de febrero de ese mismo año. En el artículo 59 se establece la obligación para el Gobernador del Estado de protestar el cumplimiento de la Constitución Federal, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen; en el artículo 80 se dispone que todo Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado emita su respectiva protesta; igualmente el artículo 157 constitucional de manera general expresa lo siguiente: «Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, protestará guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente su encargo, ante la autoridad que lo haya designado o ratificado». Que a su vez, adoptó la ideología liberal y vanguardista en cuanto a derechos humanos se refiere, de los Sentimientos de la Nación de Don José María Morelos I. Pavón.


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se reconocieron como derechos de los michoacanos, los de votar y la preferencia en la obtención de empleos en igualdad de circunstancias. Cabe mencionar que durante la vigencia de este ordenamiento, el estado Mexicano atravesó una serie de procesos en su régimen interior cambiando la forma de gobierno, de un Estado federal a uno de corte centralista, cuestión que desde luego afectó a las entidades federativas, hasta que en 1858, al igual que a nivel federal, se declaró como Estado libre, independiente y soberano (Herrera, 2010). En segundo término, la Constitución Política del Estado de Michoacán, del 1º de febrero de 1858, en la que si bien no hay un capítulo consagrado para enumerar los derechos humanos reconocidos a la población, sí se contemplan derechos públicos subjetivos para los inculpados6, así como derechos políticos de los ciudadanos michoacanos7 y el derecho a la educación pública8. Pero más que lo anterior, este texto jurídico se dedicó a enfatizar la forma de gobierno y adoptar las atribuciones demarcadas para el ámbito estatal. Y por último, promulgada en nuestro país la Constitución Federal de 1917, se dijo que era preciso reformar cuanto antes las constituciones de los estados en consonancia con aquella (Barceló, 2016). De esta manera la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, del 5 de febrero de 1918, de la cual se conmemora el centenario de su creación, fue una forma de armonización con la adaptación de la del 58 a las amplias y profundas reformas que hizo el Constituyente de Querétaro en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (Barceló, 2016). Puesto que en los transitorios de la constitución nacional, así como en las reformas del Plan de Guadalupe, se detalló la necesidad de conferir a las legislaturas de los estados que resultaren en las próximas elecciones el carácter de constituyentes, y cumpliendo con ello, precisamente en la convocatoria realizada en Michoacán, de abril de 1917, se estipuló que para efecto de implantar en las constituciones locales

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Dentro del capítulo «De la Administración de Justicia en lo Criminal», correspondiéndole los artículos 95-104, en: http:www.congresomich.gob.mx. Artículo 6. Artículos 121 y 122.


Los Derechos Humanos y los retos constitucionales locales

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las reformas que les conciernan se adaptaría por un mes la respectiva Legislatura Constituyente.

III. EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MICHOACÁN Es así que, en la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo actual, que data del año 1918, se estableció de manera original un capítulo denominado De los habitantes del Estado, en el que a partir del primer numeral se decía que «(E) l Estado garantiza a sus habitantes los derechos del hombre consignados en la Constitución General y en las leyes particulares», hablando posteriormente de los derechos ciudadanos. Ulteriormente, este capítulo fue titulado como de los Derechos Individuales y Sociales, mismo que únicamente contempló en los tres primeros artículos constitucionales una precaria relación de derechos públicos subjetivos9. Mientras que en el Capítulo III, De los Michoacanos, se estipularon como derechos, los concedidos en la Constitución Federal y el de ser preferidos los michoacanos para ocupar los empleos, cargos o comisiones que otorgue el Estado. A su vez, en el Capítulo IV, De los Ciudadanos, el numeral 8 reconoció derechos políticos como: votar, ser votados y desempeñar los cargos y empleos que el Estado y los Ayuntamientos dispongan, así como los de representación popular. Como podemos apreciar, en la historia constitucional de Michoacán la consagración de derechos fundamentales no ha sido nula, sin embargo, en su origen no había contado con un capítulo bien estructurado de derechos fundamentales y se hacía mención con más especificidad a los de carácter político electoral. No fue sino hasta el año 2012 que, en armonía con la reforma constitucional federal en materia de derechos humanos de 2011, se in

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En el artículo 1° se estableció el derecho de igualdad, en el segundo el de protección del Estado a la familia y en el tercero el derecho a una «existencia digna, a la instrucción, a la cultura y al trabajo. El Gobierno promoverá el mejoramiento físico, moral, intelectual y económico del pueblo».


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corporaron al artículo primero de la Constitución michoacana, aquellos derechos establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. En aras de proponer una definición sobre la defensa de la Constitución en el ámbito local, podría entenderse como «el cúmulo de principios normativos de naturaleza fundamental que prevén y regulan las instituciones por virtud de las cuales las autoridades y los particulares deben ajustar su actuación a lo que ella dispone, que establecen las vías y acciones por las cuales las autoridades competentes, a petición de parte interesada, anulen o dejen sin efectos los actos o hechos de autoridad que le son contrarios y, eventualmente, las vías e instancias por virtud de las cuales se sancione a quien haya actuado contra el texto de una norma de naturaleza suprema en el ámbito local». (Arteaga, 2003). Siguiendo al jurista Arteaga Nava en cuanto a la primacía constitucional local, se puede decir que «las constituciones de los estados son de naturaleza suprema… por cuanto a que regulan la organización de ellos (poderes y autoridades), establecen sus facultades, norman su actuación y les establecen limitaciones, obligaciones e inhibiciones. Las autoridades locales ordinarias son constituidas y no constituyentes; están sometidas tanto a lo que dispone la constitución general, como la particular de cada una de las entidades». (Arteaga, 2003).

IV. EL NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y LOS RETOS PRÓXIMOS Como ya se mencionó en el nuevo paradigma constitucional, el pasado 10 de junio de 2011 fueron publicadas, en el Diario Oficial de la Federación, un conjunto de reformas en materia de derechos humanos a partir de las cuales se establece, de manera contundente e inequívoca, un nuevo paradigma constitucional10.

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A decir de uno de los autores que escriben este texto, esta transición jurídica y cambio de paradigma, a diferencia de otras experiencias internacionales que fueron claras a partir de la promulgación de nuevos textos constitucionales, en México han sido dosificadas y progresivas, por lo que si bien esta reforma ha marcado avances sustantivos en la protección de los derechos humanos, la génesis del cam-


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