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Luis Manuel Miranda López

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

LUIS MANUEL MIRANDA LÓPEZ

PARLAMENTO Y CONTROL JUDICIAL

“La democracia parlamentaria no se agota, ciertamente, en formas y procedimientos, pero el respeto a unas y otros está entre sus presupuestos inexcusables” (STC 109/2016). Esta cita sirve muy bien para situar esta monografía en la que se analiza el diálogo procesalmente formalizado entre las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional. Un estudio que se centra en el análisis del procedimiento legislativo y el posterior control de constitucionalidad de la ley resultante de ese procedimiento y en el que se abordan cuestiones hasta ahora poco estudiadas como la intervención de las Cámaras en los procesos constitucionales, el problema de quién debe asumir la defensa de la Ley, el análisis de los mecanismos de control del procedimiento legislativo y otros temas de interés. Todo ello al hilo de la jurisprudencia constitucional que aporta siempre matices y perspectivas nuevas para los operadores jurídicos, ya sean estos estudiosos teóricos o aplicadores prácticos.

monografías

PARLAMENTO Y CONTROL JUDICIAL

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

PARLAMENTO Y CONTROL JUDICIAL LA PARTICIPACIÓN DE LAS CÁMARAS PARLAMENTARIAS EN LOS PROCESOS DE CONSTITUCIONALIDAD

LUIS MANUEL MIRANDA LÓPEZ Letrado de las Cortes Generales

Valencia, 2018

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A mi padre

Índice PRESENTACIÓN.................................................................................... 13 INTRODUCCIÓN................................................................................... 17

CAPÍTULO I

LA ACTIVIDAD DE LAS CORTES GENERALES: UNA REALIDAD SUSCEPTIBLE DE CONTROL 1. Los actos parlamentarios.................................................................... 23 2. El control de los actos parlamentarios: planteamiento general. Tipos de controles........................................................................................ 32 2.1. Los recursos internos.................................................................. 32 A) Recursos frente a los actos parlamentarios dictados en el cumplimiento de las funciones constitucionales............................ 32 B) Recursos frente a actos parlamentarios materialmente administrativos.............................................................................. 42 2.2. Los recursos externos ante la jurisdicción ordinaria.................... 44 2.3. Los recursos externos ante la jurisdicción constitucional............ 45 A) El recurso y la cuestión de inconstitucionalidad..................... 45 B) El recurso de amparo. En especial, el recurso de amparo parlamentario.............................................................................. 46 C) El conflicto de competencias entre órganos constitucionales... 58 3. En particular, el control de constitucionalidad de la ley...................... 59 3.1. Planteamiento general. El objeto del control de constitucionalidad............................................................................................. 59 3.2. La intervención de las Cámaras en los procesos de control de constitucionalidad de las leyes.................................................... 73 A) Procesos en los que intervienen las Cámaras. Delimitación material.................................................................................. 73 B) La posición procesal de las Cámaras en los procesos de control de constitucionalidad de las leyes. La diversidad de situaciones..................................................................................... 80 C) La cuestión de quién debe asumir la defensa de la constitucionalidad de la Ley.................................................................... 93 D) El procedimiento para personarse y formular alegaciones...... 99

Índice

CAPÍTULO II

EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO: UNA CUESTIÓN ESENCIAL 1. Planteamiento general........................................................................ 105 2. El procedimiento legislativo: teoría general........................................ 108 2.1. Concepto y naturaleza jurídica................................................... 108 2.2. Finalidad del procedimiento legislativo: el principio democrático............................................................................................... 111 3. La regulación del procedimiento legislativo........................................ 114 4. El control de constitucionalidad del procedimiento legislativo............ 119 5. Los parámetros de control de la constitucionalidad formal................. 122 5.1. La Constitución.......................................................................... 123 5.2. Los Reglamentos parlamentarios................................................ 124 5.3. Las normas interpretativas y supletorias de los reglamentos parlamentarios................................................................................. 128 5.4. La Ley........................................................................................ 129 6. Relación entre el control de constitucionalidad formal y la tutela del ius in officium..................................................................................... 130 7. Vicios en el procedimiento legislativo................................................. 133 7.1. Concepto, determinación y tratamiento de los vicios de inconstitucionalidad del procedimiento legislativo.................................. 134 7.2. Clasificación de los vicios formales............................................. 141 7.3. Medios previos de subsanación de los vicios............................... 143

CAPÍTULO III

EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. UN ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 1. El diseño del procedimiento legislativo: cuestiones generales.............. 148 1.1. La posición de las Cámaras y los principios estructurales del procedimiento legislativo................................................................. 150 1.2. La función de calificación en el procedimiento legislativo........... 154 1.3. El Reglamento parlamentario como parámetro de control de constitucionalidad...................................................................... 156 1.4. La técnica legislativa no es susceptible de control....................... 157 1.5. El veto del Senado...................................................................... 158 1.6. Mensaje motivado del Senado.................................................... 158 2. La documentación que acompaña a los proyectos/proposiciones de ley...................................................................................................... 159 3. La colaboración de las Comunidades Autónomas en el procedimiento legislativo........................................................................................... 168 3.1. Previsiones constitucionales. El supuesto del régimen económico y fiscal de Canarias..................................................................... 170

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A) Consideraciones generales...................................................... 170 B) La publicidad en el procedimiento legislativo no es argumento suficiente que exima la obligación de solicitar informe o dar audiencia al Parlamento canario............................................. 174 C) La perentoriedad de los plazos y la taxatividad del procedimiento legislativo no es argumento suficiente que exima la obligación de solicitar informe o dar audiencia al Parlamento canario................................................................................... 175 3.2. La previsión de Informes preceptivos de las Comunidades Autónomas en los Estatutos de Autonomía........................................ 176 A) El caso de la Comunidad Autónoma de Aragón..................... 177 4. La elección del procedimiento legislativo............................................ 182 4.1. El procedimiento legislativo según la materia............................. 183 A) La tramitación de las leyes orgánicas...................................... 183 B) Ley de Presupuestos Generales del Estado.............................. 187 C) Las llamadas Leyes “de acompañamiento”............................. 193 D) Ley de armonización.............................................................. 194 E) Reforma de la Constitución.................................................... 197 4.2. Los procedimientos legislativos especiales abreviados................. 199 A) Procedimiento de lectura única............................................... 199 B) Procedimiento de urgencia-reducción de plazos...................... 204 4.3. Reserva de procedimiento........................................................... 206 4.4. ¿Existe un procedimiento específico, completo y diferenciado para la tramitación de las iniciativas legislativas populares?........... 207 5. Las enmiendas en el procedimiento legislativo.................................... 209 5.1. Consideraciones generales.......................................................... 209 5.2. Delimitación material entre iniciativa legislativa y enmienda...... 210 5.3. Las enmiendas en la tramitación de los proyectos/proposiciones de ley de contenido heterogéneo................................................. 212 5.4. La posición de los órganos de las Cámaras en el trámite de calificación y admisión a trámite de las enmiendas............................. 212 5.5. Las enmiendas en el Senado........................................................ 213 5.6. Enmiendas a la totalidad y enmiendas al articulado.................... 215 5.7. Enmiendas transaccionales......................................................... 216 5.8. Enmiendas que reproducen preceptos legales.............................. 217 5.9. Recapitulación............................................................................ 217 6. Los actos de trámite y la ordenación del procedimiento legislativo..... 218 6.1. Ordenación del debate y votación de las enmiendas del Senado.. 218 6.2. Decisión sobre la solicitud de avocación..................................... 219 6.3. Distribución previa de documentos............................................. 219 6.4. Acumulación de iniciativas legislativas en su tramitación parlamentaria y negativa de la Mesa de la Cámara a solicitar un informe previo a otras comisiones en relación con el objeto de tramitación................................................................................. 220

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6.5. Presentación de un proyecto de ley idéntico a uno anterior......... 222 6.6. La publicación en los boletines oficiales...................................... 223 7. Los vicios en el procedimiento legislativo en la jurisprudencia constitucional. Recapitulación..................................................................... 224 BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 237 ANEXO................................................................................................... 245

PRESENTACIÓN El libro de D. Luis Manuel Miranda López ve la luz en un momento muy oportuno. El Estado de Derecho en España se está sometiendo a duras pruebas. En estas circunstancias la reflexión y el conocimiento del ordenamiento jurídico resulta clave para superar los desafíos. Su autor cursó la carrera de Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid. Asimismo, en 2014 accedió al Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales por oposición. Me consta que superó las pruebas selectivas con brillantez. Ya adelanto que sorprende la madurez de la obra, que contrasta con la juventud de su autor. Su título, “Parlamento y control judicial. La participación de las Cámaras parlamentarias en los procesos de constitucionalidad” resulta expresivo. El fondo de la obra se refiere al control del Poder. Este es un objetivo y, al mismo tiempo, una obsesión dentro de cualquier sistema democrático. En este orden de consideraciones, cabe citar el pensamiento de Madison: “Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, sobrarían los controles externos e internos. Al organizar un gobierno que ha de ser administrado por hombres, la dificultad consiste en esto: primero hay que dar poder al gobierno para mandar y, a continuación, hay que controlarlo.” En este caso, el libro se refiere al control del parlamento, uno de los tres grandes poderes del Estado en la concepción tradicional. Esta necesaria fiscalización, a través del sistema de frenos y contrapesos, se plasma en todos los ámbitos de una organización política que pretende articular una sociedad en libertad. En el trabajo ahora analizado se estudia el control en el ámbito parlamentario. Esta actividad se conecta directamente con el control de constitucionalidad, que se plasmó en 1803 en Estados Unidos, con la sentencia del caso Marbury vs. Madison. Como es sabido, será en este país donde se establece por primera vez el control de constitucionalidad. Para ello, se aplicó la doctrina de la “Higher Law”, esto es, la supremacía constitucional de la Constitución sobre cualquier otra norma de rango inferior, construida en los principios del “judicial review” y del stare decisis. El nacimiento de la

Luis Manuel Miranda López

fiscalización constitucional de las leyes en Norteamérica no fue una casualidad. La promulgación de la Constitución en ese país se basó en la idea de edificar un sistema jurídico y político de nueva planta. Los jueces emanaban del pueblo y no tenían ningún vínculo con ningún otro poder. Este extremo no se produjo en Europa, donde la lealtad hacia la Corona condicionó y retrasó la implantación del sistema de justicia constitucional hasta 1919, en la Constitución austríaca, gracias a la obra de Kelsen. La confianza en los poderes públicos resulta esencial en democracia. En el caso del Tribunal Constitucional, el prestigio, la competencia y la independencia de criterio de sus magistrados permiten alcanzar tal requisito de fiabilidad. La obra se articula en tres capítulos. El primero se refiere a la actividad de las Cortes Generales como una realidad susceptible de control. Aquí se analiza la fiscalización de los actos parlamentarios revisando los recursos internos, distinguiendo aquellos dictados en el cumplimiento de las funciones constitucionales de los que son actos parlamentarios materialmente administrativos. Igualmente, se examinan los recursos externos ante la jurisdicción ordinaria, así como los que se formulan ante la justicia constitucional, esto es, el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, el recurso de amparo y el conflicto de competencias. El capítulo segundo trata, de forma específica, del control de constitucionalidad del procedimiento legislativo. Se revisa la teoría general, la regulación del procedimiento legislativo, el control de constitucionalidad de tal procedimiento y la espinosa cuestión de los parámetros de control de la constitucionalidad formal. Merece una atención especial en este apartado el análisis de los vicios en el procedimiento legislativo. En este apartado se estudia su concepto y el tratamiento de este tipo de irregularidades. Se incluye una interesante clasificación de los vicios formales y se analizan los medios de subsanación de los vicios. El capítulo tercero, último, aborda el procedimiento legislativo y el Tribunal Constitucional, con un estudio de la jurisprudencia constitucional. La configuración del procedimiento legislativo permite al autor considerar la posición de las Cámaras y los principios estructurales del procedimiento legislativo. Merece una atención especial la función de calificación en el procedimiento legislativo. Entre otras

Parlamento y control judicial

cuestiones, se revisan aspectos de la práctica habitual en las Cámaras, como es la que se refiere a la documentación que debe acompañar a las iniciativas legislativas, la colaboración de las Comunidades Autónomas en el procedimiento legislativo de las Cortes Generales, la elección del procedimiento legislativo y los problemas que puede plantear. Las enmiendas son objeto de un análisis pormenorizado. Así, se estudia el deslinde que debe existir entre la iniciativa legislativa y la enmienda, el tema de la tramitación de enmiendas y los requisitos de homogeneidad y coherencia, las enmiendas en el Senado o las enmiendas transaccionales. En este último capítulo se incluye la repercusión de los actos de trámite en la ordenación del procedimiento legislativo, en supuestos que han dado lugar a resoluciones del Tribunal Constitucional para cuestiones como la solicitud de avocación, la distribución previa de documentos en plazo, la acumulación de iniciativas legislativas o la presentación de un proyecto de ley idéntico a uno anterior. Finaliza el libro con una breve reseña bibliográfica y un anexo donde se incluye la relación de resoluciones del Tribunal Constitucional en las que ha existido una participación del Congreso de los Diputados o del Senado. Para terminar, se puede ya deducir el esfuerzo de investigación requerido para la elaboración de la obra. Recoge la jurisprudencia desde la fundación del Tribunal Constitucional, proporcionando una completa y útil sistematización de la misma. Además, hay que ponderar la labor crítica del autor a lo largo de todo el trabajo, que resulta de un enorme interés. En consecuencia, debemos felicitarnos por la aparición de esta importante monografía. Luis de la Peña Rodríguez Letrado de las Cortes Generales

INTRODUCCIÓN “Lo que preserva de la arbitrariedad es la observancia de las formas” - Benjamin Constant

1. En un Estado democrático y de Derecho, los Poderes del Estado están sometidos a control. Este control puede ser de carácter político o judicial. El control político es el que va a permitir que los representantes públicos rindan cuentas ante los ciudadanos. El control judicial es el que enfrentará la actuación de los poderes públicos con el ordenamiento jurídico. Sin embargo, en un Estado democrático y de Derecho de configuración clásica, el poder legislativo puede quedar fuera del ámbito del control judicial pues, como máximo representante del pueblo, parece difícil que la voluntad de los ciudadanos manifestada a través de las leyes pueda ser fiscalizada por otro órgano, dado que nadie cuenta con mayor legitimidad democrática. Es aquí donde aparece un órgano suprapartes, fuera de la configuración clásica de los tres poderes del Estado —el Tribunal Constitucional—, al que se le reconocerá la potestad de controlar la acción legislativa del Parlamento, al ser configurado como el garante del Poder Constituyente; poder originario que se sitúa por encima de los tres poderes del Estado al emanar el poder de éstos del texto elaborado por aquél: la Constitución. La obra que tiene el lector en sus manos tiene que ser entendida como un diálogo entre las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional. Diálogo que es configurado en tres etapas: la producción legislativa del Parlamento (tesis), la oposición a esta producción legislativa (antítesis) y el resultado de esta confrontación a través de la sentencia constitucional (síntesis). En consecuencia, lo que se pretende es analizar de qué forma se produce el control de la actividad legislativa de las Cortes Generales por parte del Tribunal Constitucional y la defensa que realizan de su obra el Congreso de los Diputados y el Senado en el marco de los procesos de control de constitucionalidad de la ley. De este análisis, se demostrará cómo este diálogo acaba cristalizando en el diseño del procedimiento legislativo y el control de sus vicios.

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Hay numerosos estudios teóricos sobre el control de constitucionalidad de la ley y sobre el procedimiento legislativo, pero sin embargo hay pocos que analicen estas dos cuestiones de una manera conjunta. Por ello este trabajo se afronta con una cierta originalidad en el sentido de que aborda el tratamiento que ha dispensado el Tribunal Constitucional al procedimiento legislativo así como el papel que han jugado el Congreso de los Diputados y el Senado en su diseño. En consecuencia, sin haber dejado de lado los presupuestos teóricos que cimientan esta cuestión, el núcleo central de la obra es el estudio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el procedimiento legislativo en las Cortes Generales. 2. La obra esta dividida en tres capítulos. El primer capítulo, que sirve como introducción, plantea la cuestión central de si la actividad de las Cortes Generales puede estar sometida a control. Tras un breve estudio de los actos parlamentarios en el que se despeja esta duda concluyendo que, en efecto, la actividad de las Cortes Generales es una realidad susceptible de control, se analizan los tres tipos de controles: internos, externos ante la jurisdicción ordinaria y externos ante la jurisdicción constitucional. De los externos ante la jurisdiccional constitucional destaca uno: el control de constitucionalidad de la ley. Recordemos que el jurista austriaco Hans Kelsen configuró al Tribunal Constitucional como un legislador negativo cuyo cometido esencial era la depuración del ordenamiento jurídico. Pues bien, esta depuración del ordenamiento jurídico, que no significa otra cosa que la expulsión del ordenamiento de aquella ley que no tiene cabida por ser contraria al texto constitucional, es realizada a través del proceso del control de constitucionalidad. Que, dicho sea de paso, supone el control más completo de la actividad de las Cortes Generales al ser la ley un acto parlamentario, producto final de una pluralidad de subactos concatenados. En este contexto, el enfoque se sitúa en la intervención de las Cámaras en los procesos de control de constitucionalidad de la ley, comenzando con el análisis y la delimitación de cuáles son los procesos en los que intervienen y las distintas posiciones procesales que pueden asumir. Sin embargo, detrás de este estudio procesal subyace un planteamiento material mucho más profundo que conecta directamente con el principio democrático y la posición que tienen el Congreso de los Diputados y el Senado en nuestro Estado constitucional. Estoy ha-

Parlamento y control judicial

ciendo referencia a la cuestión central de quién debe asumir la defensa de la constitucionalidad de la ley. En este apartado se analizarán las diversas posturas que caben y se intentará argumentar de la mejor manera posible que las Cámaras sólo deben defender la ley cuando los motivos de impugnación afecten a su tramitación parlamentaria, al procedimiento legislativo en definitiva. En fin, se analizará el procedimiento para personarse y formular alegaciones en los procesos de control de constitucionalidad de la ley, dando por concluida esta primera parte. 3. Expuesto en el primer capítulo que los actos parlamentarios son objeto de control judicial y que el proceso de control de constitucionalidad de la ley se erige como el principal pues su objeto es, justamente, el control de la ley, el acto más prototípico de cualquier Parlamento, el segundo capítulo se centra en la cuestión esencial del control de constitucionalidad del procedimiento legislativo, constituyendo el siguiente escalón dentro del desarrollo de la obra. Como se ha dicho al principio, este trabajo no pretende un estudio sobre el procedimiento legislativo en las Cortes Generales ni el análisis de sus fases. Por el contrario, lo que pretende es situar al lector ante el diseño material del procedimiento legislativo según el texto constitucional, pivotado entorno al principio democrático, así como el resto de normas que lo disciplinan, llegando al punto de plantearse la procedencia y necesidad de someter a control de constitucionalidad el procedimiento legislativo y determinar cuáles han de ser los parámetros para ejercer tal control. Con todo, este planteamiento sería insuficiente para entender el significado que el constituyente quiso dotar al procedimiento legislativo. Por ello, se precisa profundizar en la relación que existe entre el procedimiento legislativo y los derechos de los parlamentarios a través del ejercicio del ius in officium consagrado en el artículo 23.2 CE. De esta suerte, se produce una conexión formal y material, individual e institucional del procedimiento legislativo. El último apartado de este capítulo será el estudio del reverso del procedimiento legislativo: sus vicios. La Ley se puede configurar con dos caras como el dios Jano: en positivo, el procedimiento legislativo; en negativo, sus vicios. Así pues, el estudio de los vicios se va a erigir en una pieza central para que el Tribunal Constitucional pueda diseñar el procedimiento legislativo pues va a ser, en negativo, como determine su constitucionalidad.

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4. El estudio teórico y planteamiento general del control de constitucionalidad del procedimiento legislativo da paso al tercer escalón de esta obra: el análisis jurisprudencial constitucional del procedimiento legislativo en las Cortes Generales. Generalmente, los estudios sobre el procedimiento legislativo parten de la consideración de las distintas fases que se desarrollan en su seno. Sin embargo, ya se ha avisado que esta obra no es un estudio típico del procedimiento legislativo luego ese planteamiento tiene que quedar descartado. Por el contrario, tras la lectura y análisis de las sentencias constitucionales se ha intentado agrupar los temas sobre los que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado. Así, encontramos, como punto de partida, la posición de cada Cámara en el procedimiento legislativo y sus principios estructurales junto con la función que cumplen los órganos de gobierno de las Cámaras y la determinación del parámetro en el control de la constitucionalidad formal de la ley, entre otros. Además, se analiza la cuestión relativa a la documentación que tiene que acompañar a las iniciativas legislativas como punto de partida del procedimiento legislativo. Como bloque diferenciado que, por su especialidad, bien merece un tratamiento aparte, se estudia la colaboración de las Comunidades Autónomas en el procedimiento legislativo. En principio, pudiera parecer peculiar, incluso extravagante, su inclusión en un estudio como el del procedimiento legislativo en las Cortes Generales que, por definición, se desarrolla en el seno del Congreso y del Senado. Sin embargo, en el marco de la configuración de España como Estado compuesto va a tener una razón de ser. Ahora bien, no podemos dejar de plantear en este momento si el elemento estructurador del Estado autonómico, el principio de lealtad, tiene la suficiente fuerza como para que las Comunidades Autónomas incidan en el procedimiento legislativo, chocando con uno de los pilares basales del Parlamento: la autonomía parlamentaria. La Constitución no impone que la Ley deba ser tramitada por un procedimiento concreto. Por el contrario, abre la posibilidad a que se establezcan diferentes procedimientos acomodados a la materia objeto de regulación e incluso a la urgencia de su tramitación. Por ello, el estudio de la elección del procedimiento legislativo es una pieza esencial para entender cómo la concepción estrictamente formal del mismo tiene que abrirse a una concepción material.

Parlamento y control judicial

Quizá el primer caballo de batalla al que hizo frente el Tribunal Constitucional fue el estudio del derecho de enmienda. La jurisprudencia constitucional ha sido rica en este tema y su estudio le sirvió como punto de partida para establecer las líneas maestras a la hora de declarar la inconstitucionalidad formal de una ley. Con todo, esta jurisprudencia se vio profundamente afectada, constituyendo un auténtico overruling, en el año 2011. Como es lógico, se estudia esta cuestión en profundidad. El último de los apartados referidos al análisis jurisprudencial del procedimiento legislativo en las Cortes Generales lo constituye una suerte de cajón de sastre referido a los actos de trámite y de ordenación del mismo. A pesar de que pudiera parecer una cuestión menor si la comparamos con lo analizado en otros apartados, ha sido en estos supuestos en los que el Tribunal Constitucional ha tenido que realizar un mayor esfuerzo argumental para no romper la presunción de constitucionalidad de la ley. 5. La obra finaliza con la extracción de la doctrina constitucional del procedimiento legislativo plasmado en el reverso del mismo: el tratamiento de los vicios en el procedimiento legislativo. De esta manera, el lector podrá ver, negro sobre blanco, cuáles son los requisitos que el Tribunal Constitucional exige para declarar la inconstitucionalidad formal de una ley, en qué supuestos y cuáles son los efectos de las sentencias en caso de declarar su inconstitucionalidad. A modo de conclusión, valoramos la participación del Congreso de los Diputados y del Senado en los procesos de control de constitucionalidad de la ley y, en consecuencia, en el diseño en la jurisprudencia constitucional relativa al procedimiento legislativo. 6. Acabo. No querría terminar esta introducción sin una reflexión acerca de la importancia del estudio de este tema. Estas páginas se han abierto con una cita del teórico del liberalismo Benjamín Constant en la que se pone de manifiesto la importancia que tienen las formas, los procedimientos en Derecho como freno a la arbitrariedad del poder. Pues bien, el procedimiento legislativo hay que entenderlo en este mismo sentido: su diseño formal responde a una concepción material, el principio democrático, cuya inobservancia conlleva al ejercicio arbitrario del poder.