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Inteligencia y Seguridad

INTELIGENCIA ECONÓMICA Y COMPETITIVA ESTRATEGIAS LEGALES EN LAS NUEVAS AGENDAS DE SEGURIDAD NACIONAL

Dr. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUSSAC Catedrático Derecho penal Universidad de Valencia (España) Dra. BEATRIZ LARRIBA HINOJAR Research Fellow/Visiting Professor. Faculty of Law Chulalongkorn University (Bangkok. Tailandia)

tirant lo b anch Valencia, 2011

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“Pienso que llas iinstituciones tit i bbancarias i son más á peligrosas li para nuestras t libertades que ejércitos enteros listos para el combate.

Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos, privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron”.

Thomas Jefferson, 1802.

SUMARIO Introducción .............................................................................................

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1. Cuestiones previas ............................................................................

1.1. Inteligencia y economía: una alianza necesaria para la salvaguarda de los intereses nacionales ..........................................................

1.2. Seguridad económica y seguridad nacional: políticas económicas de seguridad ...............................................................................

1.3. Seguridad nacional y seguridad jurídica: una relación en permanente debate ..............................................................................

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2. Breve descripción de los principales conceptos de inteligencia ......

2.1. Taxonomía de la Inteligencia económica ....................................

2.2. Los sistemas nacionales de inteligencia económica .....................

2.3. Economía de opción y fraude de ley ...........................................

2.4. Los gestores de los Hedge Funds y sus actividades .......................

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3. La necesaria distinción entre inteligencia económica y espionaje económico o industrial ....................................................................

3.1. La frontera entre actividades lícitas y conductas delictivas ...........

3.2. De la teoría a la práctica .............................................................

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4. Consideraciones acerca de los límites constitucionales en el proceso de inteligencia económica ...........................................................

4.1. Actividades de inteligencia y Ley Fundamental ..........................

4.2. Seguridad nacional y derechos fundamentales ............................

4.3. Intimidad (privacidad) y otros derechos fundamentales: su afectación por actividades de inteligencia económica ..........................

Bibliografía ..............................................................................................

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INTRODUCCIÓN En el contexto socio-económico global actual la necesidad de obtener y controlar la información sobre parámetros estratégicos esenciales (el entorno competitivo en el que se lleva a cabo la actividad empresarial, la gestión del riesgo del país y la defensa, y su potencial capital intelectual e industrial) se erige en un objetivo prioritario tanto para las empresas privadas como para las estatales, desde el momento en que los asuntos económicos han pasado a formar parte esencial de las nuevas agendas de seguridad nacional y defensa. Lo cual, ha tenido como consecuencia que los servicios de inteligencia hayan dedicado parte de sus esfuerzos, en los últimos años, a elaborar inteligencia con contenidos y objetivos de carácter económico.

Precisamente en este ámbito se enmarca el trabajo que aquí presentamos, que encuentra su principal objetivo en el intento de ofrecer un conjunto de reflexiones, principalmente jurídicas que, desde la racionalidad, permitan ayudar a resolver aquellas cuestiones problemáticas que surgen al abordar un fenómeno tan complejo como el de los procesos de inteligencia económica y competitiva que transforman la información en conocimiento, materia cuya relevancia, sin duda, aumentará en los próximos años. Así lo corroboran, por ejemplo, las investigaciones de la División de Inteligencia Económica del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), de febrero de 2010, sobre los ataques especulativos en los mercados financieros contra España, a raíz de la crisis fiscal griega y de las investigaciones de sus servicios secretos (EYP) sobre presiones especulativas contra la deuda griega.

La crisis financiera global, iniciada en octubre de 2008 y de resolución todavía incierta, junto a las revueltas en el mundo árabe, también de incierto desenlace y con repercusiones económicas globales especialmente por las fuertes repercusiones en el precio del petróleo, han puesto de manifiesto que una seguridad reactiva separada de la inteligencia constituye una respuesta desfasada del Estado frente a las nuevas amenazas. De ahí que, a nuestro entender, se aparezca como inexcusable en este contexto el acometimiento, primero, de un análisis de los límites constitucionales al proceso de producción de inteligencia económica y competitiva, por su

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afección a derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos. Y, segundo, el estudio de una respuesta legal preventiva y estratégica, basada en un análisis proactivo, que permita identificar con precisión las reglas jurídicas que disciplinan la materia económica en el entorno global actual, así como las líneas de actuación y los recursos jurídicos disponibles en el ámbito de la inteligencia económica y competitiva.

Es más, el conocimiento y análisis de la regulación jurídica, sea de naturaleza civil, mercantil, administrativa, procesal o penal, resulta absolutamente básico para poder desarrollar adecuadamente cualquier actividad empresarial pública o privada en un determinado país. De forma que, sin conocer con precisión las reglas jurídicas que disciplinan una materia económica, se asumen graves riesgos no sólo para el éxito del negocio concreto de las empresas en ese país, sino también para la eficaz salvaguarda, por parte de los servicios de inteligencia, de los intereses nacionales tanto en el interior como en el exterior.

En las líneas que siguen, intentaremos también aportar algunas consideraciones críticas que estimulen el debate sobre la conminación sancionadora de aquellas actividades de inteligencia económica y competitiva que, en el marco del ejercicio de un nuevo modelo estratégico de gestión de operaciones empresariales acorde con el entorno global económico y empresarial descrito, puedan llegar a ser calificadas de espionaje corporativo, industrial o económico (Corporate Espionage/Industrial Espionage/Economic Espionage). Poniendo de manifiesto, además, la ausencia de instrumentos legales armonizados para luchar contra este fenómeno —sin que ello sea óbice para reconocer que la mayoría de las legislaciones penales contienen infracciones relativas a esta materia—, a excepción de la Economic Espionage Act norteamericana de 1996 que, sin embargo, en la práctica, tampoco ha alcanzado plenamente su objetivo de evitar la obtención clandestina de información comercial protegida por su propietario, como lo corrobora el dato de que esta ley no haya sido realmente aplicada por los Tribunales hasta junio de 2008, cuando se emitió la primera sentencia condenatoria en materia de espionaje económico, por violación de la Ley de Espionaje Económico de 1996 (18 USC Sección 1831). Ello no obstante, hay que reconocer que 2010 ha sido un año determinante en materia de espionaje económico e industrial, pues en este año, por ejemplo, fueron enjuiciados en los Estados Unidos once casos de espionaje económico e industrial re-

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lacionados con China, lo que supone el mayor número de procesos en la materia hasta la actualidad. Quizás esto se explica por la reorientación que han sufrido las actividades de contrainteligencia del FBI en 2010 y 2011, centradas hasta entonces, básicamente, en tareas de contraterrorismo. Lo cual demuestra, una vez más, la trascendencia que la materia objeto de este trabajo está adquiriendo año tras año.

En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que China es, en la actualidad, un país clave en la economía mundial. Es más, la importancia creciente de su poder económico, no sólo en Occidente sino también en el área geoestratégica del continente asiático, hace que la tarea de los servicios de inteligencia en materia económica sea, en relación a este país, uno de los mayores retos a los que se enfrentan las unidades especializadas de los diferentes servicios nacionales. Esta tarea, ya de por sí complicada, se encuentra además con una dificultad añadida, como es la de la complejidad que existe a la hora de esclarecer todo el imbricado entramado jurídico, económico, financiero y empresarial de los Estados asiáticos. Con todo, y sin merma de lo que se acaba de afirmar, no faltan voces que abogan por no magnificar el poder de China como líder económico mundial. Pues esta es una tendencia que se advierte, fundamentalmente, tras la crisis financiera mundial iniciada en 2008, a partir de la cual cada vez más analistas valoran la creciente influencia de China y otros países emergentes, véase India o Brasil, como una amenaza real, por ejemplo, al poder de los Estados Unidos en Asia Oriental.

Ciertamente nos encontramos en el transcurso de una enorme crisis financiera y económica, pero para algunos autores (por ejemplo Paul Krugman, Alain Touraine, Fernández Durán) no solo se trata de una profunda crisis económica, sino también política y social, esto es, de un auténtico y completo cambio de paradigma mundial: la geoeconomía entra en escena.

En cualquier caso, la superación de la crisis y sus efectos, así como la evolución política, social y económica a escala global, agudizan las incertidumbres y consiguientemente las necesidades de dotarse del conocimiento capaz de minimizar errores, optimizar aciertos y buscar la anticipación para la toma racional de decisiones.

Como toda gran crisis económica, con sus efectos en todos los espacios y actores, aunque de diferente impacto, conlleva un riesgo adicional de

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primera magnitud para la estabilidad política. Sabido es que la evolución de las mismas se acentúan las diferencias sociales, y por tanto representan un escenario idóneo para los estallidos sociales, el auge de los movimientos populistas y el brote de los radicalismos. Todo lo cual, sumado y agitado constituye el mayor de los peligros para los sistemas democráticos y el Estado de Derecho.

De todo lo anterior se deriva la necesidad de modificar, actualizar y revisar los modelos normativos, con el objetivo de reforzar el sistema institucional propio del Estado democrático de Derecho, único capaz de brindar la seguridad jurídica mínima para garantizar una convivencia civilizada.

INTELIGENCIA ECONÓMICA Y COMPETITIVA 1. CUESTIONES PREVIAS 1.1. Inteligencia y economía: una alianza necesaria para la salvaguarda de los intereses nacionales ¿Por qué hablar de Derecho? ¿Qué tienen que ver las normas jurídicas con la economía y con los servicios de inteligencia? Basta ahora con recordar la clásica trilogía de política, economía y derecho, con sus tormentosas relaciones y lo que parece un punto de partida bastante sólido: la primacía de los intereses del capitalismo privado sobre la gerencia estatal de la economía, incluso durante regímenes autoritarios, como lo demuestra, por ejemplo, la terrible experiencia del nacional-socialismo en Alemania. En efecto, pues la entonces llamada oligarquía financiera e industrial condicionó la toma de decisiones, incluso de índole militar durante la guerra, con la finalidad de obtener enormes beneficios.

Esta misma comprobación se pone de relieve en la actualidad, en el sentido de explicitar una fuerte vinculación entre materias aparentemente distantes, como son la militar y la comercial. Otro ejemplo como muestra: en febrero de 2000, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores del Parlamento Europeo, investigó el papel de la NSA (National Security Agency) y la red Echelon para favorecer la venta de un radar a Brasil, donde competían una empresa norteamericana frente a una francesa (Raytheon vs. Thompson). Finalmente el multimillonario contrato fue para la empresa estadounidense, en medio de fuertes acusaciones francesas por considerar que los servicios de inteligencia norteamericanos habían utilizado información confidencial obtenida con intromisión en comunicaciones privadas y cerradas.

Quizás también debe recordarse desde ahora que Gobierno y estructura de poder no son sinónimos, sino el resultado de un compromiso entre fuerzas políticas diversas, con deseos e intereses contrapuestos, que producen resultados incongruentes (Neumann). Y en este contexto, tampoco

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debemos olvidar que la pena (el ius puniendi) es la manifestación más fuerte del poder estatal, esto es, del poder institucional y formalizado.

En la situación de las actuales relaciones de mercado han surgido nuevas formas de ataque a las empresas —y, por ende, a bienes jurídicos individuales—, así como a los intereses económicos de los Estados. Ataques que provienen tanto del interior como del exterior y que se inscriben en un contexto diferente al de antaño, en el que intervienen múltiples agentes, entre ellos el Estado. Éste también debe desarrollar estrategias, y éstas, generalmente, se implementan a través de normas jurídicas en materia económica: política fiscal, aduanera, libre competencia, persecución del fraude, subvenciones, etc. Sin embargo, el fenómeno de la globalización supone uno de los cambios más importantes al que han de enfrentarse la tradición histórica del Estado-Nación, y, especialmente, sus servicios de inteligencia.

Si bien es cierto que las afirmaciones que formulase en el siglo V a.c el general chino Sun Tzu, considerado por muchos como el primer maestro de la inteligencia militar, en su tratado Arte de la Guerra —acentuando la trascendencia de la anticipación y la adaptación a los cambios del entorno y enfatizando la importancia de la obtención de información sobre el enemigo como prácticas de estrategia militar para su sometimiento— siguen teniendo plena vigencia en nuestros días (no hay más que echar un vistazo a la literatura más reciente sobre estrategia empresarial y militar). No lo es menos el hecho de que el actual entorno global económico y empresarial, y también de seguridad y defensa, nos plantea la necesidad de adaptarlas a nuevos modelos de gestión de operaciones tanto empresariales como militares o de seguridad.

Ante la complejidad del contexto socio-económico actual, caracterizado por el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones (TIC), y fundamentalmente de Internet, por la asociación entre globalización y mercado y por el dominio de la denominada sociedad de la información y del conocimiento, las empresas nacionales se han visto obligadas a adaptarse, a la misma velocidad, a las nuevas reglas que rigen la competencia y, por ende, la ordenación del mercado, de los trabajadores y empresarios, y de los consumidores. Intentando, al mismo tiempo, dar respuesta a los nuevos riesgos y amenazas que surgen en un ambiente tan

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diverso como el descrito donde, a título de ejemplo, el grupo norteamericano de expertos SysAdmin Audit Network Security (Think-Thank SANS) ha situado el ciberespionaje, en su informe del año 2008, como la tercera entre las 10 ciberamenazas más importantes para la seguridad, subrayando además que el ciberespionaje se expandirá de manera notable en los próximos años, particularmente, entre las compañías extranjeras que buscan una buena posición en sus negociaciones con grandes multinacionales, preferentemente de EE.UU o Europa.

También, la empresa española de peritaje informático Recovery Labs aportaba el dato, en un informe dado a conocer en 2008, de un aumento en España del 18%, respecto al año anterior, entre los clientes que sufrieron casos de ciberespionaje económico o industrial. En el mismo contexto, un reciente estudio sobre ciberseguridad de McAfee, concluía que el aumento del ciberespionaje internacional se había colocado como la mayor amenaza a la seguridad desde 2008.

A partir de ahí, la necesidad de obtener y controlar la información sobre parámetros estratégicos esenciales, esto es, sobre los competidores y sobre el entorno en el que se lleva a cabo la actividad empresarial, se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios para la supervivencia no sólo de las empresas privadas, sino también de las estatales, desde el momento en que los asuntos económicos han pasado a formar parte del concepto de seguridad. No hay que olvidar que, en la actualidad, existe acuerdo en afirmar que alrededor de un 75% del valor de una empresa reside en los datos e información que esta posee. Es más, algunos datos apuntan a que un 80% de la información estratégica no sólo no está estructurada, sino que, fundamentalmente, está dispersa en Internet.

Lo anterior ha tenido como consecuencia que los servicios de inteligencia también hayan dedicado parte de sus esfuerzos, en los últimos años, a la elaboración de inteligencia con contenidos y objetivos de carácter económico, en el contexto de lo que se ha venido a denominar cultura de inteligencia.

De esto último es indicativo la considerable evolución que se ha producido en el concepto de inteligencia económica (Economic Intelligence), cuyas vastas dimensiones han sido puestas de manifiesto con el desarrollo de términos como el de vigilancia tecnológica o corporativa (Technological

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Surveillance), inteligencia empresarial (Enterprise Intelligence), inteligencia comercial, inteligencia de negocio o de mercado (Business/Market Intelligence) o inteligencia competitiva (Competitive Intelligence).

La reciente integración de los asuntos económicos en el concepto de seguridad ha motivado que entre la inteligencia y la economía se haya establecido una alianza estratégica esencial que, aunque no es nueva (recuérdese que ya Keohane y Nye pusieron de manifiesto en 1971, en su clásico tratado Transnational Relations & World Politics, el elevado grado de interdependencia entre economía e inteligencia y su traducción en índices de vulnerabilidad y sensibilidad de seguridad nacional), sí que ha adquirido una dimensión muy diferente a la de antaño. Puesto que, en cierto modo, la inteligencia se ha puesto al servicio de la economía, lo cual ha originado el desarrollo del concepto de inteligencia económica. De ahí que, la inteligencia económica puede ser entendida, con carácter general y sin perjuicio de las precisiones que formularemos en apartados posteriores, como el tipo de inteligencia que se ocupa de la obtención y el procesamiento de la información financiera, económica y empresarial de un Estado, para permitir una eficaz salvaguarda de los intereses nacionales tanto en el interior como en el exterior (Esteban Navarro, 2007).

En este contexto posee un gran interés la idea lanzada por estos autores sobre el llamado “poder blando” (soft power), en contraposición al poder de disuasión militar y al uso de la fuerza. En su seno cobra especial protagonismo las políticas orientadas a ejercer influencia a través de las industria cultural y del ocio, en el que la innovación, la creatividad y la transferencia de conocimiento son condiciones esenciales. El especial régimen jurídico que en todo el mundo disciplina estas materias, muy diferente al resto de productos, bienes y mercancías, ofrece ya una pista muy sólida sobre su capacidad de influencia (Arcos Martín, 2010). La industria norteamericana cinematográfica o la del pop británico, junto a otras que tratan de anudar a ciertos productos una suerte de “marca nacional” que ofrece prestigio internacional, constituyen ejemplos suficientemente ilustrativos de esta realidad.

A lo que hay que añadir, como acciones complementarias y esenciales dentro del ámbito de la inteligencia económica, las dirigidas a sensibilizar a las empresas nacionales acerca de la necesidad de adoptar medidas preven-

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tivas contra el espionaje económico. Pero también la necesidad de realizar análisis macroeconómicos de los países en los que se pretende invertir, o de los que ya existiendo inversiones, se precisa actualizarlos y anticipar su evolución. Igualmente las gestiones orientadas a la protección interna y externa de la industria nacional, así como a su promoción en el mercado.

De particular relevancia el control del tráfico de material de defensa o de doble uso civil y militar y la creación de una cultura de la inteligencia económica (Esteban Navarro, 2004). Sin olvidar, también, el papel que algunos reivindican de la contrainteligencia empresarial como una práctica eficaz de anticipación de riesgos de cualquier naturaleza en la nueva economía (Cardoso, 2007).

En todo caso, de lo que no cabe duda es que muchas de las operaciones a nivel empresarial, sobre todo las de mayor envergadura, se llevan a cabo con la ayuda de los servicios de inteligencia de cada país. Así, por ejemplo, en España el CNI actúa, dentro y fuera de las fronteras estatales, en defensa de los intereses estratégicos y de las empresas nacionales, frente a los nuevos retos que se derivan de los llamados riesgos emergentes. De ahí que, el gobierno incluya, entre los objetivos del servicio de inteligencia, la protección de secretos vitales entre los que se encuentran, por ejemplo, el energético y el financiero. En particular, la ley 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, encarga al CNI, en su artículo 4, apartado 1, la protección y promoción de los intereses económicos, comerciales e industriales de España (además de los clásicos objetivos políticos y estratégicos, claro está). Anualmente, el ejecutivo —en concreto, la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia— fija la planificación operativa de los objetivos concretos del centro en la denominada “Directiva de Inteligencia”.

Este instrumento normativo, que se elabora en el último trimestre del año y es presentado en enero del siguiente, es una instrucción cuyo contenido es clasificado como “secreto”. Teniendo en cuenta que puede ser modificada a lo largo del año, en atención a la aparición de nuevas necesidades o amenazas, hay que indicar que abarca, también, los intereses económicos que han de salvaguardarse de manera eficaz. Los cuales, en la mayoría de los casos, están vinculados a sectores estratégicos como el energético. A nadie escapa, a estas alturas, que el aseguramiento de los suministros, por ejemplo, de petróleo o de gas natural, es un objetivo estratégico esencial

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para la supervivencia de un país. Y que el logro del mismo, muchas veces, dependerá de la información que posean las empresas nacionales y del empleo que hagan de esta para protegerse y para obtener ventajas competitivas en el mercado, tanto nacional como internacional.

Algunas operaciones de los últimos tiempos quizás pueden ilustrar con más claridad todo lo dicho hasta el momento.

En relación a la denominada guerra energética, las cada vez mayores necesidades de energía mundiales —particularmente de energía fósil—, frente a la evidente escasez de recursos naturales y energéticos como el gas, la electricidad o el petróleo —algunos economistas sitúan el Peak en la producción mundial de petróleo entre el 2011 y el 2026—, así como su concentración en áreas geográficas de Oriente Próximo, Asia, Rusia y América del Sur, han dibujado un nuevo escenario estratégico, político y económico mundial en el que la batalla se libra, en gran medida, en el campo del suministro energético y, como derivado, en el campo financiero. Ejemplo paradigmático, en este sentido, lo constituye el documento que contiene la última National Security Strategy norteamericana, dada a conocer en la primera semana de 2011, donde se señala que para tener un crecimiento económico constante, Estados Unidos debe “tratar de depender menos del petróleo extranjero”, a pesar de que el documento no menciona, como problema para la seguridad nacional, el elevado endeudamiento de Estados Unidos con países como China.

En este contexto se puede enmarcar también la llamada guerra del gas en Rusia. Esta guerra se inició en 2006 —fecha en la que se desató una crisis entre Rusia y Ucrania al cuadruplicar Rusia los precios de gas a Ucrania— y afectó al suministro de gas de media Europa, ya que la casi totalidad de este combustible destinado a la UE se suministra a través de Ucrania. Reavivada en 2009, el penúltimo capítulo de esta guerra ha sido dado a conocer a finales de enero de 2011, cuando, tras hacer públicos la televisión estatal rusa unos informes del FSB (el Servicio Federal de Seguridad Ruso heredero de la extinta KGB), en los que se acusa a cuatro diplomáticos británicos de espionaje y apoderamiento de secretos relativos a materias que afectan a la seguridad nacional, Georgia acusó a Rusia de hacer explotar un gasoducto para intimidarla cuando la temperatura llegara a 20 grados bajo cero. A lo que el gobierno ruso ha respondido oficialmente

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volviendo a denunciar que es Ucrania el que roba el gas que pasa por el país rumbo a la UE y denunciando, a su vez, una conspiración contra su ejecutivo. También puede citarse aquí la detención en Estados Unidos, en julio de 2010, de dos ciudadanos latinoamericanos nacionalizados estadounidenses —uno de los cuales había publicado recientemente un artículo sobre el problema del gas en Bolivia— acusados de formar parte de una presunta red de espionaje rusa.

De no menor importancia resultan los casos conocidos en relación a la lucha energética en América del Sur, clave en los próximos años por ser una de las áreas geográficas poseedoras de recursos naturales y de reservas energéticas vitales (Milano, 2007). De particular interés son, al respecto, las últimas revelaciones, en diciembre de 2010, del sitio web especializado en filtrar presuntamente archivos secretos Wikileaks. Entre estas revelaciones se encuentran miles de documentos y cables relativos a una presunta política estratégica de los Estados Unidos de América dirigida a la apropiación de los recursos naturales de Latinoamérica.

Por ejemplo, en varios de los cables revelados, los servicios diplomáticos estadounidenses ponen en duda la capacidad de la compañía española Repsol YPF (una de las mayores multinacionales petroleras del mundo, presente en más de treinta países, y que constituye la mayor compañía privada energética de Hispanoamérica) para desarrollar su mayor proyecto petrolero en Venezuela, en concreto, el desarrollo de las reservas de crudo pesado de Carabobo, en la faja del Orinoco. En los citados documentos también se insta a Washington a intensificar el apoyo a la californiana Chevron —empresa que, junto a Repsol, también forma parte del consorcio que ganó el proyecto petrolero de Carabobo— para elevarla al estatus de socio privilegiado de Caracas.

Otro de los casos que se puede traer a colación, en este ámbito, es el del supuesto espionaje militar y económico de Chile a Perú, denunciado a finales de 2009. En esas fechas, concretamente a mediados del mes de noviembre, fue detenido en Lima un militar peruano, que trabajó en la embajada de Perú en Santiago, acusado de traición a la patria, por haber vendido a Chile información relativa a la seguridad nacional en 2003. En este último caso descrito, todavía sin resolver y que reavivó las históricas tensiones entre ambos países, que se remontan a la Guerra del Pacífico de

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finales de 1800 cuando Chile se quedó con parte de territorio peruano y cortó la salida al mar de Bolivia —aliado peruano en aquella guerra—, subyace, una vez más, el tema del espionaje económico relacionado con el suministro de recursos naturales vitales.

Por último, entendemos que resulta también de interés citar el gran acuerdo económico al que han llegado, en la primera semana de enero de 2011, España y las empresas españolas, tanto públicas como privadas, con el gobierno de la República Popular China. Un acuerdo que, supervisado por las divisiones especializadas en inteligencia económica del CNI español, alcanza los 5.650 millones de €, cantidad de la que el 97% corresponde a acuerdos con la empresa española de petróleos e hidrocarburos Repsol YPF. En todo caso, no está de más recordar aquí que, como se desarrollará en apartados siguientes, son las fuentes de información abiertas las mayoritariamente empleadas para la producción de inteligencia económica. Si bien, ello no es óbice para reconocer que, cuando es necesario, también se hace uso de información secreta obtenida por medios encubiertos. Precisamente, este último es el hecho diferencial básico entre la inteligencia económica que producen los servicios de inteligencia y la que producen otros órganos de la Administración o empresas privadas especializadas.

Para terminar, una reflexión que creemos que puede ayudar a completar el escenario en el que actúa la inteligencia económica. Ciertamente, la crisis financiera global, iniciada en octubre de 2008 y de resolución todavía incierta, ha puesto de manifiesto que una seguridad reactiva separada de la inteligencia constituye una respuesta desfasada del Estado frente a las nuevas amenazas. De ahí que, cada vez más, el valor estratégico de la cooperación entre los servicios de inteligencia y las empresas nacionales, en materia de inteligencia económica, sea incalculable para enfrentar las amenazas a la seguridad económica.

Quizás por ello, el camino que debe emprenderse pasa por la toma de conciencia de que la inseguridad económica y financiera se erige, hoy más que nunca, en una de las más importantes amenazas para la seguridad nacional. No hay más que tener presente el grave momento por el que pasan países como Grecia, Irlanda y Portugal, o incluso Italia y España en relación a los ataques especulativos que sufren sus economías en los mercados