Issuu

Carolina del Carmen Castillo Martínez

LA NULIDAD DE LA CLÁUSULA DE GASTOS EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CON CONSUMIDORES

Cuando las reclamaciones judiciales por abusividad en los préstamos asegurados mediante garantía real hipotecaria–inicialmente sustanciadas de manera habitual en el incidente de oposición a la ejecución hipotecariaparecían agotarse en los motivos relativos a la nulidad por abusivas de las cláusulas de intereses moratorios y vencimiento anticipado, asumida la estimación retroactiva de las demandas —tramitadas a través del procedimiento declarativo correspondiente— por las que se interesa la restitución de las cantidades indebidamente cobradas por las entidades financieras por aplicación de las estipulaciones que limitan la subida de interés en los préstamos pactados con interés variable (cláusula suelo), se abre una nueva brecha reivindicatoria de los derechos de los consumidores que ahora reclaman a los bancos la devolución del importe de los gastos generados por la constitución del préstamo hipotecario (aranceles notariales y registrales, gestoría, tasación e impuestos, entre otros) indebidamente abonados por los prestatarios como consecuencia de la aplicación de la cláusula contenida en las escrituras de préstamo garantizado con hipoteca por la que se le repercute el pago de los mismos al cliente. El presente trabajo ofrece una revisión crítica de las posiciones doctrinales y de la doctrina jurisprudencial más reciente en relación con las principales cuestiones que suscita el estudio de la nulidad de la cláusula de gastos en los préstamos hipotecarios celebrados con consumidores.

monografías

monografías ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

CAROLINA DEL CARMEN CASTILLO MARTÍNEZ

LA NULIDAD DE LA CLÁUSULA DE GASTOS EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CON CONSUMIDORES

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA NULIDAD DE LA CLÁUSULA DE GASTOS EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CON CONSUMIDORES

CAROLINA DEL CARMEN CASTILLO MARTÍNEZ Magistrado-juez titular del Juzgado de Instancia nº 4 de Castellón Doctora en Derecho Profesora Titular de Derecho Civil (excedente) Profesora Asociada de Derecho Civil Universitat de València

Valencia, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-559-2 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A mi madre, testigo silenciosa de mis fatigas, por ser para mĂ cada dĂa el mejor ejemplo de fortaleza y humildad. Gracias siempre.

Las leyes no dejan de ser una frágil red a través de cuyas mallas presiona, y a veces desborda, la realidad social. Piero Calamandrei (“Proceso y democracia”)

Sumario

INTRODUCCIÓN................................................................................... 13

I. LA TRANSPARENCIA COMO CRITERIO PARA ENJUICIAR LA VALIDEZ DE LAS CONDICIONES GENERALES EN LA CONTRATACIÓN HIPOTECARIA CON CONSUMIDORES... 19 1. La transparencia en la contratación hipotecaria con consumidores....................................................................................... 19 2. El control de transparencia y la Directiva 2014/17/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados por consumidores para bienes inmuebles de uso residencial.............................................. 40

II. LA DIRECTIVA 93/13/CEE, DEL CONSEJO, DE 5 DE ABRIL DE 1993, SOBRE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON CONSUMIDORES, Y LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE QUE LA INTERPRETA. SU REFLEJO EN LA STS, SALA 1ª, DE PLENO, Nº 705/2015, DE 23 DE DICIEMBRE, QUE SE CONSIDERA COMO NECESARIO PUNTO DE PARTIDA. CONSIDERACIÓN DE LOS GASTOS DECLARADOS POR EL TRIBUNAL SUPREMO NULOS POR ABUSIVOS................................................................................... 49 1. Gastos de registro y notaría..................................................... 80 2. Gastos pre-procesales y procesales.......................................... 88 3. Tributos vinculados al préstamo hipotecario; especial referencia al impuesto sobre actos jurídicos documentados................ 92

III. CONSIDERACIÓN CRÍTICA DE LA ABUSIVIDAD DE LA CLÁUSULA DE GASTOS EN LA DOCTRINA DE JUZGADOS Y AUDIENCIAS PROVINCIALES............................................... 107 1. Gastos por aranceles notariales y registrales............................ 111 2. Gastos de gestoría................................................................... 116 3. Gastos derivados del impuesto sobre actos jurídicos documentados....................................................................................... 122 4. Gastos de tasación del inmueble.............................................. 134 5. Gastos generados por la contratación de un seguro de daños sobre el inmueble gravado con la hipoteca.............................. 145 6. Gastos derivados del seguro de amortización del préstamo hipotecario y de la contratación de seguros de vida del prestatario........................................................................................... 151

Sumario

7. Gastos vinculados a comisiones por reclamación de posiciones deudoras................................................................................. 162 8. Gastos relativos a comisiones por impago y por devolución de recibos o cuotas....................................................................... 168 9. Gastos atinentes a comisiones por cancelación........................ 170 10. Otros gastos............................................................................ 176

IV. PLAZO DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE LA CLÁUSULA DE GASTOS EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CON CONSUMIDORES; REFERENCIA AL PRÉSTAMO CON HIPOTECA YA CANCELADA. OBLIGACIÓN DE RESTITUCIÓN DE LAS CANTIDADES INDEBIDAMENTE COBRADAS POR PARTE DE LA ENTIDAD BANCARIA....................... 179 1. Plazo de ejercicio de la acción declarativa de la nulidad de la cláusula de gastos de la hipoteca. Acción declarativa de nulidad y acción restitutoria de las cantidades indebidamente abonadas....................................................................................... 179 2. El ejercicio de la acción declarativa de nulidad en el supuesto de préstamo con hipoteca ya cancelada................................... 194 3. Alcance de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos: la obligación de restitución de las cantidades indebidamente cobradas por la entidad financiera........................................... 198

BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 227 ANEXO I. RELACIÓN DE CLÁUSULAS DE GASTOS DECLARADAS NULAS POR LOS TRIBUNALES............................................................ 231 ANEXO II. LOCALIZACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE GASTOS MÁS FRECUENTES......................................................................................... 251

INTRODUCCIÓN Cuando las reclamaciones judiciales por abusividad —inicialmente sustanciadas de manera habitual en el incidente de oposición a la ejecución hipotecaria— parecían agotarse en los motivos relativos a la nulidad por abusivas de las cláusulas de intereses moratorios y vencimiento anticipado, asumida la estimación retroactiva de las demanda, tramitadas a través del procedimiento declarativo correspondiente, por las que se interesa la restitución de las cantidades indebidamente cobradas por las entidades financieras por aplicación de las estipulaciones que limitan la subida de interés en los préstamos pactados con interés variable, se abre una nueva brecha reivindicatoria de los derechos de los consumidores que ahora reclaman a los bancos la devolución de los gastos generados por la constitución del préstamo hipotecario. La STS, Sala 1ª, de Pleno, nº 705/2015, de 23 de diciembre, declaró abusiva la cláusula de gastos contenida en las escrituras de préstamo hipotecario de BBVA, por entender que mediante su inclusión en los contratos se desplazaban al consumidor concretos gastos cuyo pago incumbía por naturaleza al prestamista, tales como los gastos de notaría y registro y los generados por el devengo del impuesto sobre actos jurídicos documentados, y se limitaban asimismo los derechos esenciales de los consumidores, con específica referencia a la imposición de los gastos procesales y preprocesales. Recién publicada esta resolución, el protagonismo de la misma pareció centrarse casi de manera exclusiva en el sentido de los pronunciamientos del Alto Tribunal sobre la abusividad de las cláusulas relativas al interés moratorio convenido y al vencimiento anticipado. Ninguna especial difusión mediática acentuaba entonces el interés de la declaración atinente a los gastos de constitución del préstamo hipotecario. No obstante lo cual, transcurridos algunos meses desde que se conoció la que hasta el momento constituye la única resolución a través de la cual nuestro Tribunal Supremo ha sentado doctrina jurisprudencial al respecto, nuestros órganos judiciales han empezado a experimentar la proliferación de demandas a través de las cuales los consumidores reclaman a los bancos el reintegro de las cantidades desembolsadas

Carolina del Carmen Castillo Martínez

por el abono de gastos que no les incumbían. Los pronunciamientos de los órganos unipersonales —juzgados de instancia y mercantiles— empiezan a ser abundantes —y no siempre coincidentes— en este ámbito, así como también las declaraciones de nuestras Audiencias Provinciales en la resolución de los numerosos recursos de apelación que sobre esta materia se les han planteado. El caso de la Comunidad Valenciana puede servir de significativo paradigma pues sus tres Audiencias Provinciales ya han tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión de la nulidad de la cláusula de gastos en los préstamos hipotecarios. En efecto, las Audiencias Provinciales de Valencia, Castellón y Alicante han dictado sentencias —en las que se aplica la doctrina del TJUE1 y del TS—2 por las que se condena a las entidades bancarias a reintegrar al cliente-consumidor los gastos correspondientes a los aranceles notariales y registrales, los generados a consecuencia del devengo del impuesto de actos jurídicos documentados, e incluso en algún supuesto los gastos de gestoría y los derivados de la contratación del seguro obligatorio que los consumidores hubieron de abonar a su costa a los efectos de formalizar los préstamos hipotecarios que les permitieron la adquisición de sus viviendas. Así, La SAP de Valencia, Sección 9ª, nº 744/2016, de 17 de junio3, declara en su fundamentación jurídica lo siguiente: “La cláusula controvertida comienza precisando que son objeto de la misma las cantidades que la entidad se vea obligada a satisfacer por cuenta de la parte prestataria e hipotecante, lo que evidentemente implica que

De manera esencial, Sentencia del TJUE de 21 de enero de 2015 (asuntos acumulados C-482/13, C-484-13, C-485/13 y C-487/13) y Auto del TJUE de 11 de junio de 2015 (asunto C-602/13) que, en aplicación de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, declaraban que en la medida en que a cláusula predispuesta en el contrato con el consumidor es abusiva debe declararse su nulidad absoluta, con todas sus consecuencias, independientemente de que se haya aplicado o no. Significativamente, STS, Sala 1ª, de Pleno, nº 705, de 23 de diciembre (ROJ: STS 5618/2015-ECLI:ES:TS:2015:5618. Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres). SAP de Valencia, Sección 9ª, nº 744/2016, de 17 de junio, recurso núm. 52/2016. ROJ: SAP V 2795/2016-ECLI:ES:APV:2016:2795. Ponente: Ilma. Sra. Dña. Rosa María Andrés Cuenca.

La nulidad de la cláusula de gastos en los préstamos hipotecarios con consumidores

son aquellas a cuyo pago venga obligada la parte prestataria, si bien es necesario puntualizar que: Ha de declararse la nulidad del inciso relativo a honorarios profesionales (aunque su intervención sea potestativa), pues, respecto de los primeros, rige el criterio de las costas y no cabe imponer otros distintos, y menos forzar al pago de los no fueran sino potestativos. Tal apartado se expulsa de la cláusula en cuestión. Los gastos notariales, registrales y de impuestos, deberán ser repercutidos conforme a las normas de aplicación, sin que proceda su imposición imperativa al demandante (el cliente que formaliza el préstamo hipotecario), en su caso” (F. Jco. Cuarto). Incluso antes de la STS de 23 de diciembre de 2015, la SAP de Castellón, Sección 3ª, nº 137/2015, de 18 de mayo4, contiene un pronunciamiento del tenor siguiente: “La imposición al prestatario, sin ninguna precisión, del pago de la totalidad de los aranceles notariales y registrales relativos a la constitución, modificación o cancelación de la hipoteca, partiendo de que estamos ante cláusulas que no han sido negociadas individualmente, puede ser calificada de abusiva. Téngase en cuenta que se trata de la imposición de una obligación de pago de forma genérica e imprecisa, en que lo único que no parece dudoso es que deberá pagar en todo caso el prestatario, con independencia de quién sea el o los usuarios del servicio prestado por fedatario público o encargado del Registro inmobiliario. Ello no quiere decir, desde luego, que nunca deba pagar el prestatario sino únicamente que no debe establecerse a priori que en todo caso deba ser él el pagador. Lo será cuando así le corresponda con arreglo a la normativa reguladora del pago de los aranceles correspondientes, pero no siempre y porque venga impuesta la obligación en una cláusula no negociada”, resultando además, por cuanto a los impuestos se refiere, que “la cláusula que, si se atiende a su literalidad, parece imponer al prestatario la obligación de hacer frente a toda suerte de tributos relacionados con la operación reflejada en el contrato es superflua en el mejor de los casos y perturbadora en el peor, pues podría sustentar la indebida imposición de aquella obligación de pago. En consecuencia, concluimos con el juez de primer grado que lo procedentes es su eliminación del

SAP de Castellón, Sección 3ª, nº 137/2015, de 18 de mayo, recuso núm. 188/2015. ROJ: SAP CS 568/2015-ECLI:ES:APCS:2015:568. Ponente: Ilmo. Sr. D. José Manuel Marco Cos.

Carolina del Carmen Castillo Martínez

contrato, en la medida en que una de sus posibles interpretaciones encaja en el concepto de abusividad” (F. Jco. Segundo.4). Por su parte, la SAP de Alicante, Sección 8ª, nº 304/2016, de 4 de noviembre5, en su argumentación jurídica declara cuanto seguidamente queda expuesto: “Entendemos que lo relevante, desde la perspectiva del carácter abusivo, es la amalgama, sin distinción, y sin orden ni concierto, que contiene la cláusula: un auténtico amasijo de gastos, de muy variada naturaleza (tributarios o fiscales, registrales, notariales, seguros, de correo…), que se imputan a la parte deudora o prestataria, prescindiendo de la concreta normativa que así lo pudiera establecer; incluso, en la mayor parte de los casos, se trata de gastos futuros, inciertos, definidos en términos absolutamente generales. El carácter abusivo deviene, por tanto, de la absoluta indefinición, de la ausencia de distinción entre gastos y tributos que puedan incumbir a una u otra parte, permitiendo (o intentándolo apriorísticamente) la derivación universal de todos ellos, con independencia de su origen o causa, al consumidor. Desde luego, y sin necesidad de cláusula alguna, producido que sea alguno de los gastos previstos en aquélla, habrán de corresponder a quien la disposición legal concreta de aplicación establezca. Subyace en la cláusula una intención de imputar al deudor cualquier gasto que pueda tener relación con el contrato, o con su devenir. Y no nos parece dable imputarlos, de esa forma tan genérica y arbitraria, al consumidor, abstracción hecha de las circunstancias fácticas y legales que ocasionen el gasto, pues ello podría permitir a la entidad bancaria, en ejecución de la cláusula, cargarlos en la cuenta del cliente, incluso cuando dichos gastos pudieran ser de cuenta de la misma” (F. Jco. Octavo). No obstante, la doctrina emanada de nuestros tribunales no es homogénea, planteándose en muchos supuestos sustanciales discrepancias valorativas al tiempo de considerar la procedencia de la declaración de nulidad de determinados gastos y su consecuente devolución al cliente, cuyo efecto y alcance también presenta interesantes matices divergentes. Por otra parte, tampoco los gastos relativos a la

SAP de Alicante, Sección 8ª, nº 304/2016, de 4 de noviembre, recurso núm. 285/2016. ROJ: SAP A 3066/2016-ECLI:ES:APA:2016:3066. Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán.

La nulidad de la cláusula de gastos en los préstamos hipotecarios con consumidores

constitución del contrato de préstamo hipotecario y los procesales y preprocesales, a los que se refiere la STS de 23 de diciembre de 2015, son los únicos cuya validez viene siendo debatida. Por ello resulta de interés, tomando como punto de partida la declaración de nulidad emitida por nuestro Tribunal Supremo, examinar los pronunciamientos de nuestros juzgados y tribunales al respecto, ampliando la consideración a otros gastos que expresamente el Alto Tribunal no considera, a los efectos de ofrecer un completo panorama de la situación que pueda servir de guía práctica al operador jurídico que lo consulte. Con el mismo propósito se incluye una relación de las cláusulas de gastos declaradas nulas por nuestros tribunales, así como una localización de las cláusulas de gastos más frecuentemente incluidas en los contratos de préstamo hipotecario celebrados con consumidores en atención a la entidad financiera que la presenta. A la revisión de todas estas cuestiones, de candente actualidad, se dedica este trabajo, que parte de una necesaria previa consideración de la transparencia como criterio de validez de las condiciones generales en la contratación bancaria con consumidores, también declarado por nuestro Tribunal Supremo al amparo de los pronunciamientos —no siempre uniformemente recibidos— de la abundante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo. En Valencia, a 15 de octubre de 2017 Festividad de Santa Teresa de Jesús

I. LA TRANSPARENCIA COMO CRITERIO PARA ENJUICIAR LA VALIDEZ DE LAS CONDICIONES GENERALES EN LA CONTRATACIÓN HIPOTECARIA CON CONSUMIDORES 1. La transparencia en la contratación hipotecaria con consumidores Sabido es que en el ámbito de las relaciones contractuales la dogmática tradicionalmente estudiada ha padecido relevantes transformaciones que imponen su adecuación a la realidad social6, económica y tecnológica del momento presente, permitiendo diferenciar con mayor nitidez que nunca dos posibles formas de contratación en función de la primacía que en la relación contractual se conceda al principio de igualdad entre las partes contratantes (art. 1256 del CC). Por una parte, el contrato por negociación, que presume una convención entre partes relacionadas en un plano de igualdad, en el que el fundamento esencial se localiza en el libre consentimiento de los intervinientes (art. 1255 del CC). De otro lado, la contratación seriada, en masa o mediante condiciones generales de la contratación (sometida al régimen de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación —LCGC—)7, que poco tiene que ver con la contrata-

Precisamente, en el ámbito de la interpretación de las normas jurídicas, el artículo 3.1 del Código Civil recoge el canon hermenéutico de la realidad social que, si bien no permite al juzgador desvincularse de la norma misma toda vez que su función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado está sometida, en todo caso, al imperio de la ley (art. 117.1 de la CE), “debe hacerse referible a las circunstancias que cualifican a la sociedad en un tiempo histórico determinado —el que debe ser tenido en cuanta al aplicar la norma—” (cfr. PÉREZ ÁLVAREZ, M. A., Realidad social y jurisprudencia. Diez tesis sobre la realidad social en tanto canon de interpretación de las normas, Madrid, 2005, p. 22). Cfr. DE CASTRO Y BRAVO, F., Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las leyes, discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Madrid, 1960, 2ª ed. Reimpresión 2016, Cuadernos Civitas (la primera edición del discurso vio la luz en 1975, la segunda en 1985

Carolina del Carmen Castillo Martínez

ción por negociación y en la cual el consentimiento contractual no interviene con la misma relevancia, pues concurre una relación asimétrica entre las partes, que se manifiesta desde el inicio incluso con la denominación de las partes intervinientes, que se designan como predisponente y adherente, toda vez que la primera de ellas plantea una oferta de contenido innegociable que la otra no puede más que aceptar o rechazar pero en ningún caso modificar8. Un ejemplo paradigmático de una de estas transformaciones de significativa hondura lo encontramos en el fenómeno jurídico de la contratación seriada que acompaña, habitualmente, a la contratación

y la primera reimpresión data de 1987). Resulta de interés significar cómo ya en 1960 el maestro DE CASTRO se planteaba cuestiones que, aunque en la actualidad ya se encuentran absolutamente superadas, no están exentas de interés incluso hoy en día, tales como la atinente a si las condiciones generales de la contratación tienen valor de fuente del Derecho, siquiera como usos mercantiles; o la relativa a si las condiciones generales aceptadas por las partes pueden exonerar al empresario de las obligaciones y responsabilidades impuestas por la ley de manera que las obligaciones de las mismas derivadas únicamente incumban al cliente. El Prof. DE CASTRO responde negativamente a las apuntadas cuestiones, fijando su discurso en localizar los remedios legales proporcionados por el ordenamiento jurídico entonces vigente a los efectos de evitar los abusos derivados de la utilización indiscriminada de las condiciones generales o, producidos los mismos, de remediar los efectos contrarios a la equidad, habida cuenta de la ausencia en la época de una cobertura normativa específica tuitiva de los derechos de los clientes, acudiendo con tal propósito a la veterana regla hermenéutica “contra proferentem”, contenida en el artículo 1288 del CC, invocando la buena fe, y también el abuso de derecho, como límites infranqueables de la eficacia de las condiciones generales de la contratación, proclamando la inadmisibilidad de la renuncia a la aplicación de las normas imperativas y prohibitivas, precisando que el abandono de las facultades, acciones o excepciones, sin justificación alguna, sin reciprocidad de contraprestación o especialidad del contrato, no puede resultar eficaz por implicar renuncia de la ley. Como señala DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., Derecho y masificación social. Tecnología y Derecho Privado, Madrid, 1979, p. 25, el fenómeno de masificación social presenta dos características. La primera es la presencia de un gran número de individuos en el mercado, en situaciones que normalmente son transitorias o esporádicas y sólo excepcionalmente de carácter permanente. La segunda es una clara despersonalización de las relaciones que se traban, en las cuales, por obra del número y de las necesidades que el número impone, domina el anonimato.