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Jorge Manuel Aguirre Hernández

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

JORGE MANUEL AGUIRRE HERNÁNDEZ

DIGNIDAD HUMANA Y MÍNIMO VITAL

DOS DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN JURISPRUDENCIAL CONTRA LA POBREZA

El interés por encontrar una perspectiva jurídica para el combate a la pobreza lleva al autor a plantear interrogantes, sugerir preguntas y ofrecer argumentos crítico constructivos, que brindan al lector un enfoque distinto en la lectura del ordenamiento constitucional, que parte de la de la noción y posibles efectos de la dignidad humana como principio, valor fundamental y derecho; propone un nexo indubitable entre ella y la calidad de vida digna que debe procurarse a todos los mexicanos y establece las consecuencias al unir ambos principios y valores de contenido jurídico-constitucional en lo que se conoce como el derecho fundamental al mínimo vital. El derecho básico a la subsistencia, propone, debe servir como criterio para evaluar los aspectos distributivos del mandato constitucional. La interpretación de la Corte mexicana aporta un nivel máximo de protección y un estatus especial de configuración, como señal clara de su disposición para ampliar los derechos sociales con instrumentos específicos para otorgar amparo o protección a los quejosos en materia social y encontrar vías que permiten la aplicación de los derechos a la dignidad humana y al mínimo vital en lo que pudiera considerarse un derecho social jurisprudencial, a eso se avocan las reflexiones contenidas en este libro, las consecuencias son claras: los derechos sociales son ahora valores, principios y normas rectores de las políticas públicas de atención a la pobreza.

monografías

DIGNIDAD HUMANA Y MÍNIMO VITAL DOS DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN JURISPRUDENCIAL CONTRA LA POBREZA

DIGNIDAD HUMANA Y MÍNIMO VITAL: DOS DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN JURISPRUDENCIAL CONTRA LA PROBREZA

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

DIGNIDAD HUMANA Y MÍNIMO VITAL: DOS DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN JURISPRUDENCIAL CONTRA LA POBREZA

JORGE MANUEL AGUIRRE HERNÁNDEZ Profesor Investigador Miembro del Sistema Nacional De Investigadores Universidad Panamericana Campus Bonaterra

Ciudad de México, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-717-6 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice PRESENTACIÓN.................................................................................... 9 PRÓLOGO.............................................................................................. 13 INTRODUCCIÓN................................................................................... 23

Capítulo I POBREZA Y DERECHO 1. La responsabilidad de entender la pobreza......................................... 34 2. Los vínculos entre la pobreza y el derecho.......................................... 47

Capítulo II LA DIGNIDAD HUMANA COMO PRINCIPIO Y DERECHO EN SU RELACIÓN CON LA POBREZA 1. Reconocimiento jurídico de la dignidad humana a partir del desarrollo jurídico de los derechos humanos.................................................. 82 2. El desarrollo de la noción de dignidad humana y su vinculación con la pobreza.............................................................................................. 108 3. Revisión de algunas posiciones en la doctrina española...................... 123 4. Revisión de algunas posiciones en la doctrina alemana....................... 138 5. El derecho a la dignidad humana en México...................................... 152

Capítulo III EL DERECHO FUNDAMENTAL AL MÍNIMO VITAL 1. El derecho al mínimo vital en España................................................. 186 2. El derecho al mínimo vital en Colombia............................................. 194 3. La discusión del derecho fundamental al mínimo vital en la suprema corte de justicia de la nación............................................................... 203 4. Otros instrumentos jurídico-administrativos para el combate a la pobreza.................................................................................................. 227 4.1. La renta de inserción................................................................. 240 4.1.1. La renta de inserción en España (con especial referencia a la Comunidad de Madrid)............................................... 242 4.1.2. La renta de inserción en Francia...................................... 252 4.1.3. La renta de inserción en Argentina y Brasil...................... 256 4.2. La renta básica o el derecho a un ingreso ciudadano................. 260 A MANERA DE CONCLUSIÓN............................................................ 273 BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 297

PRESENTACIÓN La Facultad Libre de Derecho de Monterrey se complace en editar junto con Tirant lo Blanch una obra dedicada a la reflexión, desde el derecho, sobre uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad: la pobreza. La publicación de esta Obra responde de manera directa a uno de los principios filosóficos del quehacer de nuestra Institución, estudiar y enseñar el derecho como una disciplina humanista, normativa y social, en el contexto de las realidades socioeconómicas y políticas, como un medio para el mejoramiento de nuestras instituciones y de la calidad de nuestra vida personal y colectiva. Estamos comprometidos, entre otras tareas educativas, con la divulgación de materiales que fomenten el espíritu crítico de los integrantes de la comunidad jurídica para abordar las temáticas actuales desde nuestra profesión y desde una óptica integral. Este documento incorpora el estudio de la pobreza desde la visión de los Derechos Humanos y su necesaria consideración en los ordenamientos jurídicos. En efecto, la oficina de alto comisionado de Naciones Unidas, en su Publicación sobre los Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los Derechos Humanos, expone como premisa para erradicar la extrema pobreza, que debe considerarse no solo como un deber moral, sino también como una obligación jurídica en el marco de la normativa internacional de derechos humanos vigente. En dicho documento se considera que tanto las normas como los principios de derechos humanos deben considerarse en la lucha contra la pobreza y en la orientación de todas las políticas públicas que afectan a las personas que viven en dichas condiciones.1 En el libro que ahora presentamos el autor comenta, como aporte de su trabajo, que: “La unión de esos dos conceptos: dignidad humana y mínimo vital, permite demostrar que hace falta una mayor comprensión sobre el sentido

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_ExtremePovertyandHumanRights_SP.pdf

José Roble Flores Fernández

y alcance de ambos derechos como factores fundamentales para alcanzar un real establecimiento de condiciones de dignidad de las personas y un efectivo marco jurídico para el combate a la pobreza”.

Esta publicación cumple una tarea fundamental para el orden jurídico: revelar el escaso cumplimiento o quizá el abandono del derecho a su misión de servir como instrumento de trasformación social. Se recoge, de alguna manera, una idea del derecho que supera la concepción normativa y que lo ubica como una práctica social guiada por fines y valores. El dinamismo que se vive en los distintos ámbitos de la sociedad no siempre va acompañado de la actualización de los marcos jurídicos que los regulan. Así, el derecho se convierte más bien en un instrumento que favorece el status quo en vez de ser un elemento catalizador de los cambios que se requieren para responder a los retos y desafíos que enfrentan quienes se encuentran en situaciones de mayor estrechez; esta situación es insostenible en sociedades con altos niveles de pobreza; Por otro lado, el libro destaca o centra su reflexión en la concepción de la dignidad humana como un derecho fundamental; rescatar la esencia de éste, sólo podría hacerse bajo el cumplimiento de mínimos de justicia. La voluntad de construir un verdadero estado de derecho que genere justicia, es quehacer que compete a todos. Una justicia que se debe traducir en todos los aspectos de la vida cotidiana: no es justo que una persona pase dos o hasta tres horas para trasladarse de su casa al trabajo; no es justo que después de dedicar su esfuerzo a un trabajo arduo, se reciba un salario que para poco alcanza; no es justo que no haya norma jurídica que proteja a la mujer contra el hombre irresponsable que la dejó desamparada con sus hijos; no es justo que, arbitrariamente, el pobre se encuentre en la cárcel por falta de una adecuada defensa que no pueda probar su inocencia; no es justo para el pequeño empresario sentirse acosado por autoridades o demandas fantasmas y a quien el negocio no le alcanza para pagar “un buen abogado”. Nada de esto es justo y muchas de esas situaciones son “legales”. Así pues, cierto es que desgraciadamente no siempre lo jurídico es justo o en ocasiones nos topamos con que lo justo es antijurídico. De esta forma el derecho no está cumpliendo con su principal aspiración que es la justicia.

Presentación

Por ello, la comunidad educativa que forma la Facultad Libre de Derecho de Monterrey se siente muy orgullosa de que uno de sus destacados integrantes, como los es el Dr. Jorge Manuel Aguirre Hernández, quien fuera uno de los profesores fundadores de esta Institución, haya continuado la línea de investigación en sus estudios postdoctorales, sobre la pobreza y el papel del derecho, pues estamos seguros que, gracias a su rigor metodológico y recto criterio analítico su obra permitirá que el derecho se interese efectivamente por la dignidad de las personas. Tenemos que convencernos que la paz sólo puede ser fruto de la justicia, pues sin ella difícilmente se alcanza y el derecho tiene ese gran compromiso de ser una herramienta de paz. Estamos seguros que esta publicación es una valiosa aportación a la sociedad para una reflexión profunda y dejarnos interpelar por esta realidad, y desde el derecho generar alternativas para lograr que la Dignidad Humana sea un Mínimo Vital.

JOSÉ ROBLE FLORES FERNÁNDEZ

Director Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Septiembre 2017.

PRÓLOGO En dos apartados didácticos he dividido este prólogo. El primero es una serie de cuestionamientos hacia la pertinencia o no del Derecho en general, para atacar la pobreza en nuestra sociedad; el segundo, en cambio, habrá de referirse a la riqueza de conceptos, citas bibliográficas, ideas filosóficas, principios éticos, proyecto de soluciones y doctrina actualizada que el Dr. Jorge Manuel Aguirre Hernández, generosamente desarrolla en las páginas de esta obra. Debo advertir al lector sobre la posible evolución de su estado de ánimo, desde el momento que vaya adentrándose en el contenido del libro motivo de este prólogo, hasta el final de la descripción del tema de la pobreza. Al menos les confesaré, en cuanto a mi persona, que, a medida del avance de mi lectura, mi estado de ánimo fue cambiando de apacible a enojo; de molesto a horror; de coraje activo a frustración; de aparente insensibilidad a una sensibilidad extrema. No puede ser de otra manera cuando hablamos de los terribles efectos ocasionados por nuestro desamor —y por nuestra nula perspectiva del derecho— cuando a la vista tenemos ejemplos desagradables del tema en cuestión; y, además, pareciera que el autor nos quiere llevar intencionalmente a conocer el dolor y la profundidad de la pobreza. Vaya que sí lo logra. Están informados y advertidos. El primero de los apartados bien pudiera llevar como título el siguiente: por la pobreza existente en nuestra sociedad mexicana, ¿estamos ante la presencia de un Estado de derecho o Estado de injusticia? Tal es el extremo al que nos ha llevado la realidad en nuestro país. Ni duda hay de que el escenario en que se dan a conocer los datos de la pobreza mexicana —y su contraparte— la riqueza y estado de bienestar social, son altamente contradictorios. Para comprender lo anterior y el entramado en que habrá desarrollarse la tesis de nuestro autor, debemos recurrir a varios pensadores líderes de este tema: Jürgen Habermas, John Rawls y Niklas Luhmann, ellos dan, entre otros, el marco doctrinal de su propuesta que más abajo mencionaremos. Para tales autores el Derecho, el Estado y la Justicia constituyen los grandes mediadores entre las constantes tensiones y conflictos que se dan en las estructuras de las complejas

Germán Cisneros Farías

sociedades modernas. Son grandes mediadores, pero cuestionados en su esencia. Para Habermas las sociedades actuales se han vuelto, mientras tanto, tan complejas, que estas dos figuras de pensamiento, a saber, la de una sociedad centrada en el Estado y la de una sociedad compuesta de individuos, ya no pueden mediar sin problemas. La teoría marxista de la sociedad había sacado de ello la consecuencia de renunciar a una teoría normativa del Estado. Pero aún en este caso la razón práctica —ahora en términos de filosofía de la historia— deja sus huellas en el concepto de una sociedad que habría de administrarse democráticamente a sí misma y en la que, junto con la economía capitalista, habría de quedar absorbido, disuelto y extinguido el poder burocrático del Estado. En tanto, para Rawls el concepto justicia nace del único fin que poseen las personas al vivir en sociedad: obtener el máximo bien de satisfacción. La justicia así, la concibe como una utilidad residual que el hombre busca al convivir en sociedad; sin embargo, esta búsqueda no es azarosa o eventual, sino que está inducida por la presencia de una gran estructura social, en este caso el derecho, que orienta los modos de conseguir ciertas ventajas, bajo el riesgo calculado de aceptar otras desventajas sociales. Contrario de la tesis de Luhmann quien pretende construir una teoría general de la sociedad para comprenderla, pero en ningún caso para cambiarla, nuestro autor con todas las descripciones que hemos hecho sobre los conceptos de Estado, justicia, pobreza, dignidad humana, y libertad, en cambio no pretende describir la sociedad y los conceptos anteriores sino construir propuestas para cambiar las circunstancias diferenciales y establecer el reino del bien común. Ciertamente, los efectos de la complejidad de las sociedades contemporáneas y, de calcular la posibilidad de conseguir o no ciertas ventajas o desventajas, entre ellas pobreza y estado de bienestar, nos llevan irremediablemente a cuestionar la pertinencia de la normatividad del Estado y su poder burocrático. Nuestro autor, en esa línea doctrinal propone el reforzamiento de la estructura constitucional, bien adicionando en nuestra Constitución o pretendiendo su más alta comprensión en el entramado legislativo, el derecho a la dignidad humana y el derecho a un mínimo vital.

Prólogo

Para ello, se apoya con fuerza en las tesis de varios autores, con la siguiente premonición: “En efecto, el estado moderno es el responsable en generar las bases del desarrollo humano de sus habitantes. Y es aquí donde según mi punto de vista —dice el autor— está el quid de la cuestión. Si el estado moderno no establece las bases jurídicas y políticas para el sano desarrollo humano, será prácticamente imposible erradicar la pobreza, su misión esencial, en los tiempos en que vivimos, estriba en cumplir con el bien público el cual tiene como enemigo bien identificado a la pobreza”. O se da ahora lo anterior, o el Estado será derribado como estructura social, por la pobreza. Así de simple Fuertemente asido de la tesis mencionada el autor habla —mejor dicho, grita— que la pobreza enferma no solo al individuo que la sufre sino a las sociedades en que se presenta. Por ello está convencido de que para enfrentar la pobreza se requiere la transformación de instituciones y políticas públicas, siendo el derecho constitucional, un ámbito propicio para impulsar el cambio social que requiere el país. Afirma que el marco constitucional es determinante en la lucha contra la pobreza, y ello es así por la fuerza que en ese marco han tomado los derechos económicos sociales y culturales a partir de la protección de la dignidad humana en los derechos fundamentales de los individuos. Antes de señalar con detenimiento y minuciosidad el contenido de su propuesta, el autor nos lleva al conocimiento de varios conceptos institucionales y doctrinales sobre la pobreza. ¿Con cuál de ellos nos quedaremos?, o mejor dicho ¿cuál puede ser el concepto central de pobreza compartido por el autor? Nos atrevemos a afirmar que la tesis de José María López Jiménez permea todas las palabras e ideas desarrolladas por el autor para construir la propuesta constitucional de la dignidad humana y el mínimo vital: “no es más pobre quien menos tiene sino quien más necesita” y que, en sociedades desarrolladas, como parte del propio juego capitalista empresarial, son numerosísimas las necesidades creadas artificialmente, de las que se podría prescindir sin dificultad. Por eso, muchos de los términos de la controversia sobre las necesidades creadas por el capitalismo, carecen absolutamente de sentido en conexión, en cambio, con la realidad objetiva en que viven cientos millones de personas que simplemente “no disponen de lo más básico

Germán Cisneros Farías

y elemental para subsistir: un techo para cobijarse, algo que llevarse a la boca para el sustento, una formación suficiente, una asistencia sanitaria básica y medios para resistir ante la vejez o el infortunio”. Convencido el autor de que el marco teórico doctrinal de su propuesta, es decir, la pertinencia del derecho para atacar la pobreza en los integrantes de nuestra sociedad lo ha cumplido, avanza, con determinación en el deslinde conceptual de la dignidad humana y el mínimo vital. Difícil tarea académica deslindar los conceptos de dignidad y derechos humanos. Ciertamente son concomitantes, pero tiene cada uno de ellos su propio peso específico, por supuesto en la pertinencia del centro de este trabajo como lo es la pobreza. Nuestro autor afirma que la puesta en práctica del principio de dignidad humana como eje rector de todos los derechos humanos y fundamentales, así como la prohibición legal de cualquier práctica de los órganos del estado, es aún una aspiración en muchos órdenes jurídicos, lo mismo en países desarrollados como en países de rango inferior. Ciertamente la idea básica de dignidad aparece evocando situaciones de sufrimiento por parte del sujeto implicado, es decir la “indignidad” mediante la presencia de la humillación, el hambre o la vejación misma; pero aceptarlo así implica la ausencia de otros valores, o lo que es peor, la ausencia de otras perspectivas o participación en las tareas sociales. El deslinde de ambos conceptos lo logra nuestro autor con el apoyo de la tesis de César Landa Arroyo, cuando afirma que la dignidad humana “se funda e inserta en la esfera de lo jurídico-político. En este sentido, la dignidad se convierte en un principio constitucional portador de los valores sociales y de los derechos de defensa de los hombres, que prohíbe consiguientemente, que la persona sea un mero objeto del poder del Estado o se le dé un tratamiento peligroso a la cuestión principal de su cualidad subjetiva, que afirma las relaciones y obligaciones de los hombres, así como también su autonomía”. Así, autonomía y libertad constituyen el puente jurídico para transitar a los derechos humanos, desde la dignidad. Con esta tesis, el autor expresa que la idea de dignidad humana es referida en el sentido de que el respeto a la dignidad de todo ser humano prohíbe al Estado tratar a una persona como un medio para

Prólogo

alcanzar un fin, simplemente como objeto, este podría ser, en términos generales, el sentido negativo o limitativo. En cambio, cuando la dignidad humana es un referente obligado para las acciones positivas del Estado, es decir en un sentido afirmativo, pareciera haber bastantes más cuestionamientos. Como pretende demostrar en el desarrollo de su trabajo, las obligaciones que derivan para que los órganos públicos asuman directamente acciones que posibiliten el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, se basan en considerar como más relevante este último sentido, por lo que en su trabajo se acerca más a este concepto de la dignidad, desde una propuesta afirmativa o positiva. El primer dato relevante resulta de la incorporación de la noción de dignidad de la persona o dignidad humana en el propio texto constitucional, estableciéndolo entonces al más alto nivel de un sistema normativo y como guía de la acción o referente para el funcionamiento de los órganos del Estado y de la sociedad misma. Mediante un repaso a las diferentes constituciones del mundo que de manera significativa hacen referencia a un contenido sobre la dignidad de la persona humana, el autor nos convence en este ejercicio de derecho comparado que ya es el momento de su inserción constitucional en nuestro país, pero con una orientación específica relativa al ataque a la pobreza, agregándole la pertinencia del mínimo vital, en nuestra Constitución Política Nacional. Esa propuesta la fundamenta, en lo que considero su discurso propositivo: “en el ámbito jurídico la idea de dignidad de la persona se erige como uno de los derechos fundamentales. Es un derecho que engloba ámbitos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, que deriva de la naturaleza misma del ser humano y que impacta tanto a su persona directamente, como a su desenvolvimiento y participación en la vida de la comunidad y la necesaria sociabilidad. Su perfil puede ser pauta de la redistribución de bienes y recursos de un Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho, en consecuencia, el Estado, en la búsqueda general del bien común que le es obligatorio, tiene el deber de propiciar la realización de un proyecto común y general que vincule a todos en la obtención de los beneficios colectivos, y particularmente debe atender a aquellos individuos o grupos cuyo desarrollo se encuentra en condiciones de mayor rezago”.

Germán Cisneros Farías

De lo abstracto y teórico de los temas arriba mencionados, el autor nos lleva al tema de lo concreto, mediante otro ejercicio de derecho comparado que, en otros países tienen diferentes denominaciones pero que el autor propone para nuestro país, bajo el concepto de mínimo vital. Para la comprensión de este tema resulta indispensable dar un repaso metodológico a los distintos aspectos que en el derecho comparado se toman en cuenta para el contenido del mínimo vital. De ahí que, de la mano de nuestro autor haremos el recorrido correspondiente y al final nos centraremos en su propuesta específica. En España: el derecho al mínimo vital se refiere, más que a prestaciones de carácter material, a la libre disposición de unos recursos económicos mínimos para hacer frente a las necesidades más perentorias del ser humano, pudiendo provenir estos recursos del pago de un salario a los trabajadores por cuenta ajena o bien de una cantidad periódica abonada por los poderes públicos. La primera justificación que se ha esgrimido para legitimar el derecho al mínimo vital es el argumento de la libertad real, señala: “Uno de los pilares básicos del Estado de Derecho es la garantía de libertad; la Constitución española de 1978 la reconoce como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Pero para que los individuos puedan disfrutar realmente de su libertad es preciso que dispongan de un mínimo de seguridad económica”; Por otra parte, señala que en Colombia: es un derecho fundamental no consagrado expresamente en la Carta, pero que se desprende de una interpretación sistemática de la Constitución y de los derechos a la vida, a la integridad física, a la igualdad, a la salud, al trabajo, y a la seguridad social, entre otros, a través del cual se garantizan los requerimientos básicos indispensables para asegurar unas subsistencia digna de la persona y su familia, no solamente en lo relativo a alimentación y vestuario sino también lo referente a la salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente. El derecho fundamental al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas constitucionalmente ordenadas con el fin de evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano debido a que no cuenta con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Este derecho fundamental busca

Prólogo

garantizar que la persona, centro del ordenamiento jurídico, no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean. Tal derecho protege a la persona, en consecuencia, contra toda forma de degradación que comprometa no solo su subsistencia física sino por sobre todo su valor intrínseco; Para el caso mexicano, añade, que según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este derecho, no debe ser contemplado únicamente como un mínimo para la supervivencia económica (artículo 31, fracción IV, constitucional), sino también para la existencia libre y digna a la que se refiere el artículo 25 de la Constitución Federal (efectiva participación de todos los ciudadanos en la organización política, económica, cultural y social del país). También debe agregarse el contenido de la fracción VII del apartado A del artículo 123 de dicha Constitución, en el sentido de que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. De esta manera significativa el debate surge en torno al tema de la capacidad contributiva, aquella que determina nuestra contribución para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, en los términos de la Fracción IV del artículo 31 de nuestra Constitución. Ello, al estimar que no existe una intromisión por parte del legislador en la esfera que vulnere el mínimo vital del sujeto que actualiza el supuesto normativo, sino que simplemente se está gravando una manifestación de riqueza idónea para contribuir a los gastos públicos, como lo es la parte en la que el concepto exceda de noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por año de trabajo. En este orden de ideas, se sostiene que debe atenderse a que el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un supuesto que da lugar a que no se pague el impuesto sobre la renta respecto de dicho concepto —con el límite precisado—, lo cual manifiesta que efectivamente el legislador reconoció la existencia de un mínimo en el cual le resultaba dable limitar su facultad impositiva, en aras de garantizar la existencia digna de los contribuyentes, con lo cual no solo no se vulnera, sino que se salvaguarda la garantía constitucional; La política de mínimo social: en definitiva, los llamados salarios sociales, no han satisfecho las enormes expectativas que sobre ellos se habían

Germán Cisneros Farías

proyectado. Y no podía ser de otro modo. Desde muchos ámbitos se han querido ver en ellos una panacea, nada más y nada menos, que un principio de solución a los serios problemas de marginación y exclusión. Se afirma que ninguna sociedad desarrollada que se precie a si misma puede permitirse no atender a un grupo tan importante de ciudadanos a los que no llegan los sistemas clásicos de seguridad social y que no disponen de los medios más elementales de subsistencia. El llamado salario social o salario de los pobres es, sin duda, una medida esperanzadora para aquellos que pensamos que todavía es posible trabajar por una sociedad más solidaria. A nadie escapa que poner sobre la mesa una visión sobre la posibilidad de llevar hasta sus últimas consecuencias en México medidas como las comentadas, pone de manifiesto dificultades, resistencias, burocracias y objeciones de todo tipo, principalmente de carácter económico; Por otro lado, se alude a la renta de inserción en España, en donde, desde el ámbito del derecho laboral, se puso de manifiesto la vocación universalista del ámbito personal de cobertura del artículo 41 de la Constitución española con especial acento en la función de la seguridad social, que comprendió la posibilidad de otorgamiento de rentas de subsistencia a quienes se encuentran en situaciones de necesidad y carezcan de recursos; En el caso de la renta de inserción en Francia, la Ley consagra por primera vez el conocido como Revenue minimun d’insertion. El derecho se formula en su artículo primero que establece: “Artículo 1. Toda persona que, en razón de edad, de su estado físico o mental, de la situación de la economía y del empleo, se halle en incapacidad para trabajar, tiene derecho a obtener de la colectividad los medios necesarios para atender las necesidades básicas de existencia. La inserción social y profesional de las personas con carencias constituye un imperativo nacional. La Ley quiere ser un dispositivo global de lucha contra la pobreza, que tienda a suprimir toda forma de exclusión, especialmente en materia de educación, empleo, salud y vivienda”; Se refiere también a los supuestos de la renta de inserción en Argentina y Brasil: Argentina ha centrado en la discusión sobre un ingreso mínimo garantizado a través de la polémica generada por el denominado Plan de Jefes y Jefas de Hogar. Este Plan se creó mediante la Ley 565/2002, bajo la denominación Derecho Familiar de Inclusión Social: Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que estableció un