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ISBN 84-8456-756-7

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EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ ANTE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES

CARMEN MARÍA ÁVILA RODRÍGUEZ

tirant lo b anch Valencia, 2006

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Para Alfonso y Mari Carmen, mis padres

ÍNDICE PRESENTACIÓN ...............................................................................

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PRÓLOGO ...........................................................................................

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INTRODUCCIÓN ...............................................................................

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EL SENTIDO ALTERNATIVO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Y DE LOS COMISIONADOS PARLAMENTARIOS AUTONÓMICOS ...........................................................................

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1. La problemática del colapso de los Tribunales y la búsqueda de mecanismos alternativos en la figura del Defensor del Pueblo y de los Comisionados Parlamentarios Autonómicos: La Actividad Mediadora ............................

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EL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE ..................

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1. Una realidad dinámica ante peligros constantes...........

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2. Ámbito competencial de las Administraciones Públicas ..............................................................................................

2.1. Los principios de colaboración y coordinación que han de inspirar la actuación de las Administraciones Públicas en materia de Costas ..............................................................

3. La determinación del Dominio Público Marítimo-Terrestre .......................................................................................

3.1. El Deslinde y las quejas relativas al procedimiento ........

3.2. La previsión del deslinde en la planificación urbanística 4. Uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas ..............................................................................

4.1. Las playas y su utilización como Dominio Público Marítimo-Terrestre. El conflicto de Intereses en las quejas ante el Defensor del Pueblo ...........................................................

4.2. La accesibilidad a las playas: quejas relativas a las barreras arquitectónicas en los paseos marítimos ....................

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ÍNDICE

4.3. Las playas y los servicios de temporada: queja relativa a la privatización encubierta ....................................................

4.3.1. Las Administraciones competentes. Especial referencia a los establecimientos expendedores de comidas y bebidas ...........................................................

4.3.2. El Plan de Explotación/Ocupación Temporal de Playas ............................................................................

4.3.2.1. La explotación indirecta de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas; sus repercusiones urbanísticas y sanitarias ..........................................................

5. Utilización racional de los bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines, y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico ..................

5.1. La queja de oficio 93/1842. El incumplimiento de las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía ..............

5.1.1. La falta de publicación de las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía y su controvertida naturaleza jurídica .............................................................

5.1.2. La inobservancia del contenido de las Directrices 5.1.2.1. La protección del paisaje y del uso público del litoral ....................................................

5.1.2.2. La participación en el planeamiento urbanístico de las Administraciones Públicas implicadas ..................................................

5.1.2.3. La Coordinación y colaboración en la consecución de los objetivos de las Directrices ..

5.1.2.4. Seguimiento del cumplimiento de las Directrices ...........................................................

5.2. Queja de oficio 97/1602 motivada por la ausencia de respuesta expresa e individualizada a las resoluciones del Informe Especial sobre la Ordenación y Protección del Espacio Litoral ..................................................................

6. Adecuado nivel de calidad de las aguas, de la ribera del mar y de la arena de las playas...........................................

6.1. Vertidos de aguas residuales al mar ................................

6.2. Deficiente prestación de los servicios municipales en la limpieza de Playas .............................................................

7. La integridad y la adecuada conservación del dominio público marítimo-terrestre a través de la adopción de las medidas de protección y restauración necesarias.........

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ÍNDICE

7.1. Medidas a adoptar por la Demarcación de Costas cuando se ocupa el demanio marítimo-terrestre sin título habilitante o con éste, pero infringiendo sus términos ........................

7.2. Medidas a adoptar por la Comunidad Autónoma y por los Ayuntamientos: Los planes de Ordenación del Territorio, la planificación y la disciplina urbanística .....................

EL PATRIMONIO HISTÓRICO ......................................................

1. La existencia del Patrimonio Histórico, su protección y su puesta en valor ..................................................................

2. La experiencia del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz ante el Patrimonio Histórico .........

2.1. Quejas relativas al Patrimonio Arqueológico ...................

2.1.1. Las dilaciones en la tramitación de los expedientes de Declaración de Bienes de Interés Cultural .......

2.1.2. El expolio y la ausencia de respuestas administrativas. La problemática de la utilización incontrolada de detectores de metales .........................................

2.1.3. La inactividad de la Administración pública cuando se produce un hallazgo de restos arqueológicos ....

2.2. Quejas relativas a los bienes inmuebles ............................

2.2.1. Las demoras en los expedientes de declaración de Bien de Interés Cultural .........................................

2.2.2. Las dilaciones en la aprobación de la planificación de protección del Patrimonio Histórico .......................

2.2.3. El incumplimiento en la delimitación de los entornos protegidos. La discrecionalidad administrativa y la participación ciudadana ..........................................

2.2.4. El excesivo celo de los Ayuntamientos en su labor conservadora del Patrimonio Histórico ..................

2.2.5. El incumplimiento de los Entes Locales en sus deberes de información y solicitud de previa autorización a la Consejería de Cultura para la ejecución de obras que afecten a bienes culturales o a sus entornos protegidos .................................................

2.2.6. La falta de conservación de un Bien de Interés Cultural ...................................................................

2.2.7. La Descoordinación Administrativa, la falta de resolución expresa y la infracción urbanística en la Protección de un Bien de Interés Cultural ............

2.3. Actuaciones de oficio sobre cuestiones de interés general .

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ÍNDICE

2.3.1. La falta de financiación cultural y de racionalidad en los gastos ..................................................................

2.3.2. La puesta en valor de los bienes y el acceso ciudadano a los bienes culturales .............................................

2.3.3. La contaminación visual en el Patrimonio Histórico Cultural ...................................................................

LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA ................................................

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1. Tratamiento constitucional del Ruido y Bienes jurídicos en conflicto ..............................................................................

1.1. Tratamiento Constitucional del Ruido .............................

1.2. Los Bienes Jurídicos en conflicto ......................................

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2. Ámbito normativo: Títulos competenciales de intervención ............................................................................................

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3. Técnicas que ofrece el Ordenamiento jurídico en la lucha contra el ruido.............................................................

3.1. El papel de las ordenanzas ...............................................

3.2. Las licencias .......................................................................

3.3. La Actividad de policía: El régimen sancionador ............

3.4. La planificación urbanística .............................................

3.4.1. Las servidumbres acústicas: ...................................

3.4.2. Los emplazamientos de las actividades: ................

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4. La experiencia del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz frente a la Contaminación acústica ......

4.1. La contaminación acústica en el ambiente exterior: ........

4.1.1. Quejas sobre el tráfico rodado: ...............................

4.1.1.1. Actuación de oficio en 61 municipios andaluces sobre la contaminación acústica producida por vehículos a motor ....................

4.1.1.2. Concentración de motos ............................

4.1.1.3. Transportes Públicos .................................

4.1.1.4. Pasividad de la Administración local y a las escasas medidas de control y vigilancia ...

4.1.2. Construcción de nuevas infraestructuras ..............

4.1.2.1. Las infraestructuras aeroportuarias ........

4.1.2.1.1. Ampliación del Aeropuerto de Madrid-Barajas ..............................

4.1.2.1.2. Las bases aéreas. Los peculiares planteamientos del Ministerio de Defensa ......................................

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ÍNDICE

4.1.2.2. Las infraestructuras de comunicación terrestre .........................................................

4.1.3. Quejas de Oficio sobre el consumo de bebidas en las vías públicas ............................................................

4.2. Contaminación acústica con origen en los establecimientos y locales de actividades recreativas y de ocio ...................

4.2.1. Las actividades clandestinas y las licencias inadecuadas ......................................................................

4.2.2. La concentración de locales y la ubicación de las ferias ........................................................................

4.2.3. El incumplimiento del horario de cierre de los establecimientos públicos de diversión .........................

4.2.4. La falta de Coordinación de las Administraciones Públicas y las irregularidades en actuación administrativa .................................................................

4.2.5. La falta de medidas administrativas efectivas y las actitudes de los titulares de la actividad ...............

4.2.6. La pasividad de las Administraciones públicas ....

CONCLUSIONES ...............................................................................

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PRESENTACIÓN Con la publicación de este trabajo de investigación continuamos la línea recientemente iniciada, de promover la publicación de Tesis Doctorales que tengan como objeto el estudio y análisis de la actuación que viene desarrollando el Defensor del Pueblo Andaluz. Nos congratulamos, pues, de que en pocos meses podamos presentar la segunda publicación de una joven investigadora andaluza sobre las intervenciones de esta Institución en un determinado ámbito y que contribuye a difundir y divulgar el contenido de la función garantista que tiene encomendada.

En este libro abordamos la publicación del contenido substancial de la Tesis Doctoral elaborada por Carmen María Ávila Rodríguez en la que, en primer lugar, se analiza minuciosamente y con gran rigor científico, la naturaleza de las intervenciones y resoluciones del Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo Andaluz en el ejercicio de sus competencias.

En segundo lugar, se afronta, con lucidez, la ardua y compleja tarea de investigar la labor efectuada por estas Instituciones dibujando, con trazos claros, el posicionamiento que han adoptado ante el establecimiento y ejecución por parte de los poderes públicos de sus políticas territoriales, en el ámbito del dominio público marítimo terrestre, el patrimonio histórico y la contaminación acústica.

Por otro lado, es preciso poner de manifiesto que el trabajo realizado por la Doctorando incorpora una valoración crítica de la actuación de unos poderes públicos que no acaban, por distintos motivos, de asumir con efectividad la tutela de los derechos constitucionales y de los intereses públicos que en estos ámbitos le corresponde.

Entrando a comentar, siquiera brevemente, la primera cuestión, la Tesis dedica amplias páginas a poner el acento en un tema que estimamos de trascendental importancia para entender el presente y futuro de estos Comisionados Parlamentarios. Nos referimos al papel que, como vehículo de participación ciudadana real y efectiva en los asuntos públicos, pueden ejercer; de manera especial, a la hora de resolver por vía extrajudicial los conflictos entre la ciudadanía y la administración.

En este sentido, en nuestra Institución venimos entendiendo que el papel del Defensor del Pueblo Andaluz, en la defensa de los derechos

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constitucionales, puede articularse, bien a través de una técnica supervisora del poder público, ya a través de una labor de mediación, o formulando propuestas que no tienen, necesariamente, su origen en una violación de una norma substantiva por parte de la Administración, sino en las disfuncionalidades o carencias que, a veces, se observan en el actuar administrativo.

La Doctora Ávila Rodríguez, en éste libro, pone de manifiesto, aún mejor, desvela, en el sentido más estricto del término, todo esto y de forma singular investiga, a través de los Informes Especiales y Anuales, el sentido alternativo de las intervenciones de los ombudsman ante las políticas territoriales.

De este modo, colabora en la consolidación de nuestras Instituciones al dar a conocer la naturaleza de los actos y vías instrumentales de actuación de los Comisionados Parlamentarios, captando, con ello, la atención de la comunidad científica hacia los mismos. Asimismo, haciendo un esfuerzo de síntesis de su propio trabajo, lo cual no está exento de dificultad, pone a disposición de cualquier ciudadano que tenga necesidad, o simple curiosidad por conocer las características, naturaleza y alcance de las funciones de estas Instituciones, un texto que, sin lugar a dudas, les va a ser de gran utilidad.

De ahí nuestro especial agradecimiento por la selección de los temas que motivaron la realización de una Tesis que obtuvo, brillantemente, por parte del Tribunal, la calificación de Sobresaliente Cum Laude. Agradecimiento que queremos hacer extensible, en estas páginas a Don Ángel Sánchez Blanco, Catedrático de Derecho Administrativo y Director de la Tesis y del que nos consta que conoce profundamente la figura del Defensor del Pueblo Andaluz.

Respecto de lo que podríamos denominar segunda parte de la Tesis, el estudio de las políticas territoriales antes mencionadas, únicamente diremos que no cabe mayor oportunidad en cuanto a su elección. La «cuestión ambiental» en el espacio rural y urbano, inseparable del fomento, protección y acrecimiento de nuestro patrimonio histórico —y de tutela del frágil espacio litoral que tantas y tantas agresiones ha recibido en nuestras costas— es, sin discusión, una de las grandes cuestiones, no resueltas, de nuestro tiempo.

Al fin y al cabo, de la capacidad de garantizar un medio ambiente adecuado al que, como reza la Constitución, todos tenemos derecho,

PRESENTACIÓN

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depende en gran medida la calidad de vida tanto de nuestra generación como de las venideras.

Por ello, la garantía de sostenibilidad, en términos ambientales, del desarrollo económico en todas sus vertientes, ha pasado a ser un objetivo lejano, pero irrenunciable de los poderes públicos y de una sociedad que ha comenzado a sentirse insegura ante la acción degradadora del ser humano.

Estos problemas los ha tratado la Doctorando temáticamente con una gran precisión técnica en la que no han faltado los análisis previos y, siempre necesarios en estos ámbitos, de las cuestiones competenciales que, como sabemos, han generado una prolija e importante jurisprudencia del Tribunal Constitucional en torno a los títulos competencíales y, sobre todo, a la delimitación de su alcance entre Administraciones Territoriales.

No obstante ese deslinde, la Doctora Ávila nos recuerda, muy oportunamente, que si tales Administraciones quieren actuar eficazmente, es decir, si desean poner en valor los principios constitucionales a los que están sometidas, tendrán que actuar, ahora y siempre, dentro de los principios de coordinación, cooperación y lealtad institucional, tal y como se infiere del articulado y de los principios que informan la Constitución Española.

En fin, no queremos concluir esta presentación sin añadir dos notas que me parecen de interés. La primera, es la idea que comparto plenamente y que extraigo del Texto de la Tesis, relativa a que «es necesario exigir que el planificador integre el dato de que su función primordial es organizar y facilitar la convivencia».

La segunda nota hace alusión a las reflexiones que se incluyen en una de las conclusiones de la Tesis Doctoral en torno a la responsabilidad de las Cortes Generales y de los respectivos Parlamentos con motivo de la recepción de los Informes Anuales y Especiales por parte de los Comisionados. Tal acto se configura como el auténtico mecanismo de cierre de un sistema de tutela y protección de los derechos constitucionales que, aunque nuevo en la historia del constitucionalismo español, poco a poco va adquiriendo la credibilidad que debe exigir una ciudadanía para cuyo servicio, y nada más, fue creado.

No queremos concluir estas páginas sin agradecer a la Editorial Tirant Lo Blanch la cooperación que presta a esta Institución en la edición de estos trabajos de investigación. Y, finalmente, deseamos reiterar nuestro reconocimiento a la Doctorando y a su

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JOSÉ CHAMIZO DE LA RUBIA

Director por haber incluido la figura del ombudsman como objeto de esta Tesis, lo que contribuirá, sin duda, a que estas Instituciones sean más conocidas por la ciudadanía y respetadas por los poderes públicos.

José Chamizo de la Rubia Defensor del Pueblo Andaluz

PRÓLOGO La monografía que la profesora Carmen María Ávila Rodríguez dedica al Defensor del Pueblo y al Defensor del Pueblo Andaluz ante las políticas ambientales, es el compendio de su Tesis de Doctorado en Derecho por la Universidad de Málaga y tiene el mérito inicial de ser la primera incursión investigadora en la importante base de datos del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz en materia ambiental. El estudio evalúa la posición institucional del Defensor del Pueblo que, de modo muy explícito, sintetiza en el carácter alternativo de sus muy significativas misiones institucionales y que tiene como contenido el específico procedimiento de acceso del ciudadano ante el Defensor del Pueblo y su procedimiento de actuación en relación con los requerimientos procesales que rigen el acceso a los Tribunales de Justicia y la tramitación de sus procesos. La posición alternativa del Defensor del Pueblo en relación con los Tribunales, en calidad de factor de inmediata constatación por los ciudadanos y por los colectivos sociales, en el análisis de sus opciones de reacción y defensa jurídica en el momento en que tienen que dirimir la elección de la vía procedimental del Defensor del Pueblo o la vía procesal de los Tribunales de Justicia, no es óbice para que el estudio, que tengo la satisfacción de prologar, coexistan el análisis de la jurisprudencia de los Tribunales con el análisis de las soluciones a las quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo. La integración en esta monografía del estudio de la base de datos jurisprudencial y de la base de datos del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz en la específica materia de las políticas ambientales, es su inicial atractivo, en la medida en que unifica referencias que considera alternativas y que permiten analizar si se mantienen criterios dirimentes o, por el contrario, Defensor del Pueblo y Tribunales de Justicia confluyen en las soluciones que aportan y en los resultados del procedimiento o del proceso.

El estudio proyecta su analítica en el doble frente del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz. En ambos concurre un primer factor que justifica su interrelación y la limitación del estudio a ellos: tienen publicada la base de datos completa de sus actuaciones y, como complemento, la dimensión espacial y diversidad territorial y socioeconómica de Andalucía, ofrece cobertura a la fenomenología que

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presentan las políticas ambientales, con un factor significativo, que avala el modelo elegido y que tiene síntesis en el dato de que, la ubérrima Andalucía, y la potente proyección de inversiones que sobre ella confluye —bien en áreas de importancia logística de su interior o en sus privilegiados espacios de sus muy diversos espacios litorales— y las tensiones que esta dinámica ha generado, aportan datos particularmente significativos que no concurren en otras Comunidades Autónomas del Estado. La proyección de la investigación en el análisis de las quejas del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz, en unión de los informes sectoriales específicos de este último, como singular y ejemplar proyección de su actuación institucional, en el triple referente ambiental: del dominio público marítimo-terrestre, del patrimonio histórico y de la contaminación acústica, con la integración en estas tres áreas sectoriales de los correlativos contenidos legislativos, doctrinales y jurisprudenciales, aporta a la analítica de la doctora Ávila Rodríguez un indubitado interés por los datos que aporta y la evaluación que realiza, con rigor metodológico y exhaustividad en las fuentes.

El interés de la valoración de las quejas e informes de los Defensores del Pueblo, objeto de estudio en el ámbito de los bienes de dominio público marítimo terrestre, del patrimonio histórico y del medio acústico, conecta con la más sensible problemática en la que están inmersos los ciudadanos afectados por la contravención de los principios normativos que rigen cada uno de estos sectores ambientales, en los que confluye la calidad de vida ciudadana y los derechos personales que avalan las quejas. La específica problemática de las quejas, es objeto de minucioso análisis en el estudio, con el conseguido propósito de apreciar el grado de cumplimiento de las previsiones de procedimiento establecidas en las actuaciones de las Administraciones públicas afectadas por las pretensiones de los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo.

Como observará el lector de esta monografía, el balance que ofrece el análisis de las quejas no es nada positivo para la evaluación institucional de las Administraciones afectadas, de tal modo que la Administración local, la Administración autonómica y la Administración General del Estado confluyen en demasiados casos de vulneración de las previsiones procedimentales de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y en mas situaciones que las deseables mediante la conculcación de las previsiones procedimentales y sustantivas de la legislación sectorial de costas, de patrimonio histó-

PRÓLOGO

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rico y actividades molestas, en detrimento del resultado del Derecho del Ciudadano a una Buena Administración, obstaculizado por la renuencia de las Administraciones a su corrección, como constata, también en mas casos de los deseables, esta investigación. El derecho a una Buena Administración enunciado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000 — con tan brillantes como relativizados antecedentes en la referida Ley española 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el catálogo de derechos de los ciudadanos ante las Administraciones públicas que contiene— no es identificable con las actuaciones procedimentales de las Administraciones públicas en el sensible campo de las políticas ambientales que este estudio realiza, por la desatención de las Administraciones públicas a las sugerencias, iniciativas, recomendaciones presentadas por el Defensor del Pueblo, en detrimento de la cualificada misión de supervisión de la actividad de las Administraciones públicas que la Constitución y el Estatuto de Autonomía le encomiendan.

El vínculo parlamentario de Defensor del Pueblo y, con ello y por ello, la legitimidad democrática del sistema institucional, requiere, en desarrollo de la analítica de esta investigación y de sus conclusiones, conferir la obligada trascendencia institucional a los Informes anuales del Defensor del Pueblo ante el correlativo Parlamento, que debe proyectar la evaluación institucional en las correspondientes medidas legislativas, con el objetivo de reparar las disfunciones institucionales apreciadas en las Administraciones públicas afectadas. El valioso instrumento de evaluación institucional que sintetiza la figura —de relieve constitucional y estatutario— del Defensor del Pueblo, en garantía de los derechos de los ciudadanos, no puede ser menoscaba por la desconsideración a sus fundados Informes, en los que, de modo pormenorizado y singularizado, relata las disfunciones administrativas que deben ser corregidas. Si la actual inercia de desatención sigue, bien el ámbito de los dobles informes ante el Congreso y el Senado, en las Cortes Generales, o en el informe anual ante el Parlamento de Andalucía, será manifiesta la connivencia, de las Cortes Generales y del Parlamento Andalucía, con la vulneración de los derechos de los ciudadanos objeto de las pertinentes actuaciones procedimentales, y la connivencia, de ambos, en la obstaculización de la premisa organizativa y operativa y, al tiempo resultado, de conseguir y operar con una buena administración que contribuya a materializar los derechos ciudadanos. Evidencia esta monografía la identificación

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ÁNGEL SÁNCHEZ BLANCO

social y la consolidada trascendencia institucional del Defensor del Pueblo en un tránsito temporal, tan poco dilatado, como el transcurrido desde su novedosa recepción, en la Constitución de 1978 y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía en 1981, consolidación que es producto del innato sentido de justicia que radica en la mente del ser humano y que, en contraste con la compleja problemática de los procesos jurisdiccionales, registra el éxito de las sencillas fórmulas procedimentales del Defensor del Pueblo, este carácter alternativo, constatado en el origen del estudio, constituye el punto de reflexión final: la delimitación de las funciones y de los procedimientos del Defensor del Pueblo en relación con las funciones y procesos judiciales que tienen, en las propuestas del reciente proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial al regular la justicia de proximidad, un obligado punto de reflexión institucional.

La investigación realizada por la doctora Ávila Rodríguez, realizada como Becaria de Investigación en el Proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología BJU 2001-1933, «Medio ambiente, legislación sectorial y políticas territoriales», y beneficiada por las sugerencias recibidas por los miembros del Tribunal de especialistas que la enjuició: Dr. Blasco Esteve, Dr. López González, Dr. del Guayo Castiella, Dr. Jiménez de Cisneros Cid y Dra. Barrero Rodríguez, y que la valoró con la máxima calificación, es expresión de un afortunado trabajo investigador que proyecta el efecto de su análisis en la interrelación investigación-docencia y en la interrelación, valorativa y propositiva de la Universidad en su entorno social e institucional, en coherente aplicación de las misiones encomendadas a la Universidad y a sus docentes-investigadores. Ángel Sánchez Blanco Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga

INTRODUCCIÓN La monografía que presentamos es un resumen de la Tesis Doctoral que se realizó en el ámbito del Derecho Administrativo y fue defendida el 18 de marzo de 2004 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga llevando por título «El sentido alternativo del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz ante las políticas territoriales: Dominio Público Marítimo Terrestre, Patrimonio Histórico y Contaminación Acústica». Nuestro trabajo consta de dos partes diferenciadas y a su vez complementarias. En la primera nos centramos en el análisis de la mediación como actividad de la institución del Defensor del Pueblo y de las instituciones homólogas que los Parlamentos Autonómicos han creado en ejercicio de su potestad de autoorganización. En la segunda nos centramos en las aportaciones que el Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo Andaluz han realizado sobre tres factores de las políticas ambientales que inciden muy directamente en la calidad de vida: el Dominio Público Marítimo Terrestre; el Patrimonio Histórico y la Contaminación Acústica.

Muchos han sido los estudios que se han llevado a cabo sobre el Defensor del Pueblo, estudios excelentes y profundos que han sido realizados por maestros y docentes de distintas disciplinas jurídicas y han sido objeto de oportuna consideración en este trabajo: desde filósofos del Derecho como los profesores Peces-Barba, o Giner de Grados, hasta procesalistas de reconocido prestigio como el profesor Fairén Guillén, sin obviar a expertos constitucionalistas como los profesores Pérez Calvo o Pérez-Ugena Coromina e importantes administrativistas como los profesores Sainz Moreno o Parejo Alfonso. Una especial mención requieren los trabajos de Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado por ser pionero en esta materia, padre del texto de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo y titular de la institución desde 1988 hasta 1993. Porque en sus libros, como docente, y sus informes, como Defensor del Pueblo, ha arrojado luz sobre las funciones del Comisionado Parlamentario de Cortes Generales y le ha dotado de prestigio y autoridad. Este reconocimiento también es extensible a todos aquellos que han tenido la responsabilidad de ser titulares de la institución: Joaquín Ruiz-Giménez (1982-1987), Fernando Álvarez de Miranda (1994-1999) y, desde el año 2000, Enrique Múgica Herzog. Porque con su trabajo han contribuido a dar a conocer