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Colección Derecho y...

DERECHO Y CAMBIO CLIMÁTICO

Marisol Luna Leal Luis Gerardo Samaniego Santamaría (Coordinadores)

DERECHO Y CAMBIO CLIMÁTICO

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

DERECHO Y CAMBIO CLIMÁTICO MARISOL LUNA LEAL LUIS GERARDO SAMANIEGO SANTAMARÍA Coordinadores

JULIO CÉSAR ARANGO CHONTAL ALEJANDRA VERÓNICA ZÚÑIGA ORTEGA ENRIQUE URIBE ARZATE DIEGO ENRIQUE URIBE BUSTAMANTE LUIS GERARDO SAMANIEGO SANTAMARÍA MARINA DEL PILAR OLMEDA GARCÍA LUIS ALBERTO BAUTISTA ARCINIEGA HENRY JIMÉNEZ GUANIPA MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ BRENDA FABIOLA CHÁVEZ BERMÚDEZ JOSÉ ALFREDO GÓMEZ REYES ISIDRO DE LOS SANTOS OLIVO FLOR MARÍA ÁVILA HERNÁNDEZ ANA LILIA ULLOA CUÉLLAR CARLOS RUZ SALDIVAR Autores

tirant lo blanch Ciudad de México, 2021

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En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

COLECCIÓN DERECHO Y… Director

Dr. José Ramón Cossío Díaz Secretario

David Sánchez Mejía

© AA.VV.

D. R. © 2021. El Colegio Nacional Luis González Obregón 23 Centro Histórico 06020, Ciudad de México © EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1336-501-5 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

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ÍNDICE Prólogo............................................................................................... 9 Presentación........................................................................................ 13 El interés superior en materia medioambiental en la mitigación del cambio climático................................................................................. 19 Julio César Arango Chontal Alejandra Verónica Zúñiga Ortega

Cambio climático. La necesaria reconfiguración normativa-institucional en México..................................................................................... 43 Marisol Luna Leal

El nuevo derecho humano a la pervivencia y sus retos frente al cambio climático............................................................................................. 57 Enrique Uribe Arzate Diego Enrique Uribe Bustamante

La técnica de fracturación hidráulica en México y su impacto en el cambio climático................................................................................. 73 Luis Gerardo Samaniego Santamaría

La defensa del agua, como un derecho humano y servicio público...... 91 Marina del Pilar Olmeda García Luis Alberto Bautista Arciniega

Los derechos de acceso como herramientas claves para el litigio climático, a la luz del Convenio de Aarhus y el Acuerdo de Escazú.............. 111 Henry Jiménez Guanipa

Acuerdo de París y su repercusión en la legislación mexicana.............. 139 Miguel Ángel Rodríguez Vázquez Brenda Fabiola Chávez Bermúdez

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Índice

El derecho humano al medio ambiente sano frente a los grupos vulnerables.................................................................................................. 151 José Alfredo Gómez Reyes

Cambio climático, desarrollo sostenible y gobernanza. Un apunte desde la jurisprudencia ecológica en Colombia......................................... 163 Isidro de los Santos Olivo Flor María Ávila Hernández

Cambio climático: reflexiones filosóficas sobre la epistemología ambiental de Enrique Leff........................................................................ 181 Ana Lilia Ulloa Cuéllar Carlos Ruz Saldivar

Prólogo Durante muchos años, la tierra fue concebida como mera proveedora de bienes y servicios para las diversas sociedades humanas. Del mar, los campos, ríos, bosques, pastizales y otras modalidades o posibilidades físicas, los seres humanos extrajimos recursos para satisfacer las necesidades que nuestras propias culturas iban generando o imponiendo. Desde el nomadismo al sedentarismo, en la formación de pueblos, aldeas o ciudades, se afirmaron distintos modos de utilización del mundo físico. La complejidad creciente de las urbes, los imperios de tierra y mar, la incorporación de nuevas y crecientemente potentes tecnologías, fijaron una imagen simple del mundo: lo que en él había, físico u orgánico, estaba ahí para ser explotado por el hombre. Las razones que fueron dándose para sustentar tales posibilidades, variaron en el tiempo. En un arco que bien podría arrancar con el designio de los dioses para después situarse en la sangre, las dinastías, los esfuerzos civilizatorios u otro tipo de justificaciones semejantes, pueblos y naciones asumieron sus más amplias posibilidades de explotación.

Lo importante de esos ejercicios era la extracción, la siembra y el cultivo, la pesca y todo aquello que pudiera significar riqueza. Fuera ésta en forma directa o como insumo. En las condiciones de construcción de esos procesos, los verbos dominantes eran pocos y definitivos.

Lo que importaba y justificaba, era el hacer mismo, siempre en condiciones instrumentales. No lo era, en sentido contrario, la realización de actividades paralelas, vinculadas o concomitantes, para lograr sustentos, reparaciones u otras acciones semejantes respecto a lo que estaba siendo objeto de explotación.

Tanto en el proceso de extracción, dicho ahora de manera general, como en el de utilización de los insumos extraídos, el papel del derecho fue definitorio. Hurgando un poco en la historia, por una parte, es fácil encontrar ejemplos en los que las normas jurídicas le dieron sustento a la totalidad de las posibilidades explotatorias y, por otra, ayudaron a constituir la ideología dominante. Es decir, que la utilización sin límite de los recursos era, precisamente, lo propio de ellos. ¿Para qué éramos propietarios de algún bien, sino para sacarle todos

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José Ramón Cossío Díaz

los provechos posibles? ¿Para qué se contaba con una concesión minera o un permiso de explotación, sino para aprovechar totalmente el bien conferido, precisamente, para ser explotado? La revisión de los títulos de los ordenamientos civiles en materia de bienes y derechos reales, contratos u obligaciones, así lo acreditaban. También, los de los ordenamientos de bienes nacionales, comercio o, prácticamente, cualquier otro tema. En el common law, lo mismo puede verse en los precedentes relacionados con los mismos temas.

Las normas jurídicas, reflejo de los modelos económicos y políticos dominantes, no se ocupaban de las cuestiones relacionadas con el mejoramiento del ambiente, la sustentabilidad, las remediaciones o las reparaciones, por ejemplo. Tales posibilidades estaban excluidas del derecho, en tanto no estaban siquiera concebidas en el mundo. Ha sido hasta años recientes cuando, de a poco, tímidamente y con retrocesos, comenzó a entenderse que las formas de explotación causaban daños y riesgos que iban más allá de las previsiones a los derechos de propiedad o a los límites de permisos o concesiones.

Lo que, me parece, fue estableciéndose es la idea de que aquello que era objeto de explotación, se encontraba colocado en un contexto más amplio que el de las relaciones privadas, del de las bilateralidades o, inclusive, de las públicas. Que, por el contrario, lo que se hacía o se dejaba repercutía más allá de los vínculos estrechos en los que hasta entonces se habían dado. Es interesante ver como fue expandiéndose el sentido de afectación. Primeramente y como es bastante evidente y comprensible, fue sobre los bienes, recursos o personas cercanas, física o causalmente. Por ejemplo, sobre los ríos y su contaminación, sobre la tierra y su erosión o sobre las personas y su afectación. En la medida en que la conciencia aumentó y las posibilidades de identificación de males y remedios se perfeccionaron, en la misma condición erráticas que antes, las ampliaciones jurídicas se fueron dando para identificar, conceptualizar, regular y ordenar un número creciente de fenómenos. Sin embargo, en mucho, aún vinculados con elementos jurídicos tradicionales, como la propiedad o la posesión. De alguna manera, la necesidad de la tangibilidad, de la fisicalidad de las cosas, determinaba en mucho las posibilidades normativas.

En el amplio proceso de exploración que, desde diversos saberes, se ha venido haciendo para comprender primero los daños generales

Prólogo

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a la tierra, los mares y, en general, a todo lo que constituye nuestro mundo, sus posibilidades, bienes y servicios; la intangibilidad estrictamente material se ha ido desplazando. Se han elaborado poderosos conocimientos para saber qué le pasa a la capa de ozono, por qué se han acidificado los mares o generado las condiciones de un calentamiento global, constante y creciente. Al parecer, la veracidad de tales resultados se ha ido consolidando frente a las posiciones que por distintos motivos buscaban rechazarlos, cuando no de plano negarlos.

Debido a la base material con la cual se habían modelado y regulado las condiciones de apropiación y explotación de los bienes, resultó complejo, al inicio, modelar y regular los daños y las soluciones que se estaban generando más allá de las señaladas relaciones de propiedad o de bilateralidad. Una cosa es, en efecto, condenar a quien emite descargas en un río y otra, muy distinta, es precisar, con algún grado de relación causal, quién o cómo, es responsable del calentamiento global.

Como ha sucedido ya tantas veces en la historia del derecho, las categorías de éste tuvieron que reformularse en distintos aspectos. En una inicial y comprensible, relacionado con las fuentes desde las cuales las normas tratarían de ser eficaces. De las soluciones nacionales propias de los derechos civiles o administrativos, hubo que transitar a las internacionales a fin de capturar, del mejor modo posible, a la totalidad de los actores involucrados. Adicionalmente, tuvo que cambiarse la perspectiva general en cuanto a los restantes ámbitos de validez. Los sujetos se hicieron globales, las materias más difusas y las acotaciones temporales ciertamente indeterminadas. Con todo ello, también se produjo un ajuste hacia la condición diferencial del derecho, esto es, su posibilidad sancionatoria. En un mundo donde difícilmente es posible establecer causalidades individuales y con ello imponer las correspondientes penas, ¿cómo resulta factible la eficacia del derecho o, al menos, esa eficacia por vía sancionatoria? La reinvención de las categorías jurídicas ha sido un intenso y continuo batallar, a fin de encontrar las maneras de hacer algo con respecto a tan indeterminadas cuestiones. El presente libro es una muestra de ello.

En los correspondientes capítulos, distintos profesores y profesoras universitarios se enfrentan con el reto de identificar y proponer, respectivamente, problemas y soluciones jurídicas respecto de una de

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José Ramón Cossío Díaz

las más graves dificultades de nuestro tiempo. Ellos quieren saber qué cosas se están haciendo o pueden llegar a hacerse con las normas jurídicas para paliar, acotar o reparar el calentamiento que nuestro mundo padece. En diez capítulos se exponen los usos del interés superior medioambiental para la mitigación del cambio climático; la necesidad de reconfigurar nuestro entramado institucional; las posibilidades de un derecho humano a la pervivencia; las consecuencias de la fracturación hidráulica en México y su impacto en el cambio climático; la defensa del agua; el análisis de los convenios de Aarhus, Escazú y París y sus repercusiones en el derecho mexicano; la condición particular de los grupos vulnerables; el vínculo entre cambio climático y desarrollo sostenible y distintas reflexiones filosóficas sobre la epistemología ambiental.

Por la importancia y novedad de los temas abordados en cada uno de los capítulos y por el resultado conjunto alcanzado, es para mí motivo de particular alegría el que Marisol Luna y Luis Samaniego hayan decidido, primero, coordinar tales esfuerzos y, segundo, publicarlo en la colección que dirijo. Como su nombre lo indica, su objetivo es dar a conocer trabajos respecto de temas en los que no con gran claridad o, al menos, todavía no con suficiente desarrollo, existen vinculaciones entre el derecho y ciertas cuestiones de actualidad. El que con carácter exploratorio varios juristas mexicanos hayan abordado la manera en cómo las normas jurídicas de nuestro orden jurídico se están relacionando con una de las grandes amenazas de nuestro tiempo, es algo muy significativo para sus posibilidades de regulación racional de convivencia. También lo es para mí y en mi carácter de director de la colección “Derecho y …”, el que me hayan otorgado la confianza de publicarlo en ella.

José Ramón Cossío Díaz Ministro en retiro Miembro de El Colegio Nacional

Presentación El cambio climático es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Los cambios de temperatura sucedidos en espacios de tiempos muy cortos, vinculados al aumento de la concentración de gases efecto invernadero (GEI), de los cuales México contribuye con el 1.68%; ponen en riesgo la salud, la seguridad hidríca, alimentaria y energética; así como el equilibrio social y económico.

Si bien nuestro país en el ámbito internacional se ha caracterizado por ser un agente activo en contra del cambio climático, es necesario reflexionar qué es lo que desde el derecho se puede y debe aportar, no solo para la mitigación y adaptación al cambio climático, sino también, para cumplir con la contribución determinada que en el marco de la COP 21-Acuerdo de París, se ha comprometido. Dado que el daño que el cambio climático causa al medio ambiente constituye un impedimento para el disfrute de los derechos humanos, y al mismo tiempo, el respeto a los derechos humanos nos ayuda a proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible.

En dicho contexto en el presente texto Arango y Zúñiga en el apartado intitulado El interés superior en materia medioambiental en la mitigación del cambio climático analizan la importancia de la vía jurisdiccional en el ámbito ambiental, específica y principalmente en la esfera de la mitigación del cambio climático, así como la tarea de reconocer el interés supremo de la humanidad en materia ambiental, dentro del cual se pueden identificar ciertos rasgos que lo caracterizan, como el notable impacto negativo, su duración y afectación de generaciones presentes y futuras; con el objeto de brindar en sus resoluciones protección internacional a un “sujeto” presente y futuro que si bien no es determinable cuantitativamente, sí es definitiva su existencia.

En el capítulo Cambio climático. La necesaria reconfiguración normativa-institucional en México de Marisol Luna a partir de la consideración de que nuestro país cuenta con un potente y amplio

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Marisol Luna Leal y Luis Gerardo Samaniego Santamaría

esquema jurídico de protección ambiental y cambio climático,1 se pregunta ¿cuál es la causa para que no exista un combate efectivo y articulado contra el cambio climático?; ¿por qué las entidades federativas, los municipios particularmente, se encuentran ajenos y desarticulados del SINACC?; si las atribuciones para cada uno de los órdenes normativos se encuentran perfectamente identificadas y asignadas?; ¿cuál es la racionalidad con la que se deben atender y distribuir las competencias en la materia?, ¿cuáles son las áreas en las cuales los municipios cuentan con efectiva capacidad institucional para actuar?; y si el modelo actual, en el particular de nuestro interés, es el adecuado, o requiere de ajustes?, concluye su colaboración con propuestas puntuales derivadas de los cuestionamientos formulados.

Por su parte, Enrique y Diego Uribe en el apartado El nuevo derecho humano a la pervivencia y sus retos frente al cambio climático, plantean que más allá de la disputa entre antropocentrismo y geocentrismo, la protección y defensa de la tierra, los ríos, el aire, los glaciares, las selvas, etc., constituyen en sí mismas, la defensa y garantía de los derechos de los seres humanos, que por ello, el derecho humano a la pervivencia, es un derecho de nuevo cuño que definirá en los próximos años la agenda encaminada a preservar la vida humana frente al cambio climático que sin distingo, nos afecta cotidianamente y nos vuelve vulnerables. Así, la parte teórica conceptual, se erige como la referencia obligada para conocer las categorías jurídicas, los conceptos técnicos y los contornos del nuevo derecho humano a la pervivencia, con el propósito de ser susceptibles de orientar las políticas de desarrollo sostenible, para registrar las nuevas tendencias del constitucionalismo global en materia ambiental.

En el capítulo La técnica de fracturación hidráulica en México y su impacto en el cambio climático de Samaniego Santamaría, analiza contexto, causas y consecuencias de la técnica de extracción del

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Integrado por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; la Ley General de Vida Silvestre; la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; la Ley de Aguas Nacionales; la Ley General de Protección Civil; la Ley General de Cambio Climático; y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Presentación

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llamado fracking en nuestro país, la cual implica grandes impactos ambientales que contribuyen al cambio climático, con la afectación a diversos derechos humanos, ya que a pesar de los importantes avances tecnológicos que supone la utilización de esta técnica extractiva y la regulación existente para llevarla a cabo, lo cierto es que afecta gravemente a los suelos, subsuelos y recursos hídricos, no solo por la enorme cantidad de agua que se requiere para su utilización, sino por los contaminantes a los mantos freáticos debido a la explosión a grandes profundidades para fragmentar las rocas de esquisto. Cuestión que ha generado un gran debate sobre el modelo de desarrollo económico, de seguridad energética y los fuertes impactos sobre el medio ambiente que contribuyen al cambio climático.

Por su parte, Olmeda y Bautista en el capítulo La defensa del agua, como un derecho humano y servicio público, plantean los mecanismos jurídicos de acceso y defensa del derecho al agua, tras destacar la importancia del acceso y cuidado del agua en una doble vertiente: como un derecho humano y como servicio público, con énfasis en la consideración del principio biológico, de que el agua es indispensable para la supervivencia y necesaria para la salud. Fundamentos jurídicos de fuente convencional y disposiciones de derecho interno son los elementos de análisis para sostener la obligatoriedad de garantizar el cumplimiento del derecho en cuestión por parte del Estado mexicano.

En Los derechos de acceso como herramientas claves para el litigio climático, a la luz del Convenio de Aarhus y el Acuerdo de Escazú de Henry Jiménez Guanipa, muestra la existencia de un acervo normativo en materia de derechos humanos ambientales construido desde la década de los noventa del siglo pasado de la mano de los derechos de acceso: a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental, el cual ha adquirido rango constitucional en los países del Sur y Centro América y se encuentra entrelazado a través de la doctrina y la jurisprudencia interamericana. La adopción del Acuerdo de Escazú sobre los derechos de acceso, como instrumento jurídico internacional de protección ambiental y de derechos humanos, abre las puertas no solo a la sistematización normativa necesaria en esta materia, sino que además, permitirá una mejor y más efectiva participación ciudadana en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos, mediante el uso del litigio climático cuando este sea necesario,

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Marisol Luna Leal y Luis Gerardo Samaniego Santamaría

teniendo la experiencia europea como referencia, después de más de 20 años de vigencia del Convenio de Aarhus con similares características, pero con muchas complejidades.

En el capítulo intitulado Acuerdo de París y su repercusión en la legislación mexicana de Rodríguez y Chávez, detallan, a partir de la ratificación del Acuerdo de París por parte del estado mexicano, los avances alcanzados en la legislación mexicana en materia de cambio climático, concretamente los generados en la Ley General de Cambio Climático, lo anterior, con el propósito de evidenciar las deficiencias existentes en los ámbitos de las entidades federativas y la imperiosa necesidad de que se realicen las adecuaciones respectivas en dichos niveles de gobierno a efecto no solo de armonizar los diversos ordenamientos jurídicos, sino, principalmente, alcanzar el compromiso internacional contraído por el estado mexicano.

Por su parte, Gómez Reyes en el capítulo El derecho humano al medio ambiente sano frente a los grupos vulnerables, plantea que ante la colisión de dos o más derechos —derecho humano a un medio ambiente sano frente a grupos vulnerables sean estos comunidades indígenas o personas en situación de pobreza, extrema pobreza o marginación— se debe ir más allá de una ponderación; propone la realización de un test de proporcionalidad para ver qué derecho en el caso específico debe prevalecer, ejercicio que debe llevar a una reflexión de cómo se están aplicando las políticas públicas que intentan atacar los problemas correspondientes, al tiempo de considerar que dichas políticas públicas contra el daño al medio ambiente, deben ser aquellas que ataquen dos verdaderos problemas de raíz, la pobreza y la explotación ambiental. De tal suerte que, el primero debe atenderse con aquellas acciones y programas serias encaminadas a dotar del piso mínimo de derecho a cada persona, como lo son trabajo, salud y educación, ello en un estándar de calidad digno. El segundo atacando la corrupción existente entre las empresas explotadores y los servidores públicos concesionarios para evitar con ello en un primer momento no desplazar a los pueblos originarios, sino la explotación inmoderada del medio ambiente.

En el capítulo Cambio climático, desarrollo sostenible y gobernanza. Un apunte desde la jurisprudencia ecológica en Colombia de De los Santos y Ávila Hernández, analizan de manera sucinta el concepto

Presentación

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de desarrollo sostenible, desde sus dimensiones económica y social, con énfasis en el aspecto ambiental con miras a la aplicación de la gobernanza política, en tanto ámbito de aplicación y materialización del desarrollo sostenible tal como es aplicada en Colombia, cuyo principal motor en la figura del Tribunal Supremo que, con tres sentencias claves, ha marcado la pauta de una nueva era jurídica-ecológica como modelo de avance, de las políticas que estimulan el desarrollo sostenible en la región.

Finalmente, Ulloa y Ruz en Cambio climático: reflexiones filosóficas sobre la epistemología ambiental de Enrique Leff, realizan una reflexión filosófica sobre la epistemología ambiental propuesta por Leff para la problemática del cambio climático con la cual, si bien coinciden en cuanto a su crítica al paradigma racionalista mecanicista y al enfoque positivista de la ciencia, y reconocen la importancia de la complejidad y los enfoques holísticos; no comparten del todo la propuesta epistémica, pues estiman que esta debe ser superada por una propuesta onto-ecocéntrica, cuestión que desarrollan a lo largo del trabajo.

Los Coordinadores Octubre 2019

El interés superior en materia medioambiental en la mitigación del cambio climático JULIO CÉSAR ARANGO CHONTAL* ALEJANDRA VERÓNICA ZÚÑIGA ORTEGA*

I. PLANTEAMIENTO Actualmente podemos encontrar una creciente literatura relativa a las formas en que el derecho puede influir en la problemática del cambio climático o viceversa, como pasa con los derechos fundamentales de un determinado sistema jurídico que pueden verse afectados por el cambio climático.

En este sentido, se vincula al derecho en el ámbito de la adaptación que se requiere para hacer frente al cambio climático, identificando cuáles son las situaciones que el Estado mexicano ha de considerar para que su impacto sea menor, obteniendo mínimas afectaciones.

Por otro lado, suele vincularse al derecho con el aspecto de mitigación del cambio climático, más en el ámbito del derecho internacional referido a los grandes acuerdos entre los países que conforman la comunidad internacional y que tienden a disminuir las condiciones o factores que influyen en el cambio climático.

Evidentemente, estos Acuerdos que revisten diferentes formas y metodologías, generan obligaciones de carácter interno para los países, mismos que a partir de su orden jurídico medioambiental tenderán a generar las normas, procedimientos e instituciones del Estado que consideren necesarios a tales efectos de adaptación y/o mitigación.

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Docentes de Tiempo Completo del programa de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana.

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Julio César Arango Chontal y Alejandra Verónica Zúñiga Ortega

Muchos de los casos en materia de medio ambiente —que pueden estar de alguna manera relacionados con la problemática del cambio climático— llegan a los tribunales, sobre todo cuando tienen implicaciones económicas importantes.

En tal tenor, es conveniente preguntarnos si puede derivarse de la propia normatividad el uso de una noción vinculada con el interés común de una nación —o de la humanidad— en materia de medio ambiente. De ser esto posible, nos servirá como una idea trascendental que permita a distintas autoridades tomar decisiones a partir de esa noción de interés superior.

En ese sentido, consideramos que la vía jurisdiccional puede ser un verdadero instrumento que permita fortalecer la necesidad de unificar la voluntad estatal general, brindando pautas hermenéuticas a quienes han asumido esta vertiente de protección de los derechos humanos que se ven afectados con el cambio climático.

II. DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO Y CAMBIO CLIMÁTICO El derecho a un medio ambiente adecuado incluye el derecho a disfrutar de un entorno ambiental seguro para el desarrollo de la persona y tiene como correlativo el deber estatal de conservarlo y la obligación por parte de los poderes públicos de velar por una utilización racional de los recursos naturales.

El derecho a un ambiente adecuado se relaciona con otros como el derecho a una alimentación apropiada, el derecho a la salud e incluso el derecho a la vida. Explícitamente ha sido recogido en varias declaraciones de la ONU como la Resolución de la Asamblea General 45/94 en la que se puede leer que: “todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente adecuado para su salud y bienestar”. También hay un reconocimiento de este derecho en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, en la Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en el Protocolo de Kyoto de 2005 y en la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes que, en su artículo 3, reconoce el derecho a habitar el planeta y al