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Programa operativo FEDER 2014-2020

homenajes & congresos

MIGUEL ABEL SOUTO NIELSON SÁNCHEZ STEWART

coordinadores

El área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, en desarrollo del proyecto DER2015-67422R (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía y Competitividad), programa operativo FEDER 2014-2020 “Una manera de hacer Europa”, con la colaboración de la EGAP y la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia, organizó el V Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, celebrado en Santiago en julio de 2017, que como en sus cuatro ediciones anteriores congregó a los especialistas más reconocidos en la investigación de este fenómeno. En el simposio se analizaron las importantes novedades producidas desde la celebración, en la sede madrileña del Consejo General de la Abogacía Española, del IV Congreso en julio de 2013, como la expansión de los hechos previos del blanqueo a las antiguas faltas, la exención de responsabilidad criminal de las personas jurídicas por la adopción de programas eficaces de prevención o la desnaturalización del bien jurídico protegido en las modalidades de blanqueo con finalidad terrorista, cambios introducidos en el Código penal por la leyes orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo, el real decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento a la ley preventiva 10/2010, las directivas 2014/42, sobre embargo y decomiso, y 2015/849, relativa a la prevención del blanqueo de dinero, así como otros temas de actualidad. Tirant lo Blanch y Salvador Vives han hecho posible ofrecer a juristas, jueces, fiscales, abogados, directivos de empresas, economistas, asesores tributarios y toda suerte de lectores el resultado de este V Congreso que viene a agregar a la colección un volumen más.

V CONGRESO SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO

homenajes & congresos

V CONGRESO SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO coordinadores

MIGUEL ABEL SOUTO NIELSON SÁNCHEZ STEWART

Proyecto DER2015-67422R (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía y Competitividad)

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V CONGRESO SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO Ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2015 e incidencia en la economía y sociedad digital, celebrado en el salón de actos de la EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2017

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

Miguel Abel Souto Nielson Sánchez Stewart Coordinadores

Valencia, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com. Esta monografía se integra en el proyecto DER2015-67422R (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía y Competitividad), Programa operativo FEDER 2014-2020 “Una manera de hacer Europa”.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-687-2 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice I. PONENCIAS A) Sección profesional, administrativa, constitucional y económica Creación en virtud de la IV directiva de un órgano centralizado de prevención del blanqueo de dinero para la abogacía................................................................. 15 NIELSON SÁNCHEZ STEWART (relator de la primera sección del congreso)

Personas con responsabilidades públicas y prevención del blanqueo de capitales.. 33 Mª TERESA CARBALLEIRA RIVERA

Posible vulneración de principios constitucionales por las recientes reformas penales sobre blanqueo de dinero........................................................................... 47 ANTONIO-CARLOS PEREIRA MENAUT

Limitación de la informática por los derechos constitucionales en la prevención y persecución del blanqueo según la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.......................... 61 FERNANDO MARTÍNEZ ARRIBAS

Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa en España de la Ley de 2010 de prevención del blanqueo y su reglamento de 2014.............................. 91 Mª MERCEDES TATO RODRÍGUEZ

Análisis del volumen y evolución del blanqueo de dinero durante los últimos años en España sobre la base de estadísticas judiciales, policiales y penitenciarias....... 127 CARMEN LÓPEZ ANDIÓN

B) Sección penal La expansión, operada por la Ley orgánica 1/2015, de los hechos previos del delito de blanqueo a las antiguas faltas.................................................................... 157 MIGUEL ABEL SOUTO (relator de la segunda sección del congreso)

Índice

La posesión y utilización de los bienes como formas de blanqueo: excesos punitivos y criterios de corrección.................................................................................... 189 ÁNGELA MATALLÍN EVANGELIO

El blanqueo imprudente: algunas reflexiones sobre normativa de prevención y deber de cuidado....................................................................................................... 217 EDUARDO DEMETRIO CRESPO

Utilización de las nuevas tecnologías en la comisión del blanqueo de dinero...... 229 DIEGO JOSÉ GÓMEZ INIESTA

Adaptación de la normativa penal española a la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea.... 263 JAVIER G. FERNÁNDEZ TERUELO

II. COMUNICACIONES

Secreto profesional y abogados como sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de dinero................................................................................................... 283 JHÉSICA ÁLVAREZ GONZÁLEZ

Disposiciones generales de la Ley antiblanqueo en México................................... 287 JUAN ANTONIO BARRAGÁN CABRAL

Delitos susceptibles de comisión imprudente por las personas jurídicas.............. 293 LAURA CASAL FERNÁNDEZ

Breve análisis del lavado de activos en el Ecuador.................................................. 297 MARÍA DEL MAR GALLEGOS ORTIZ

La protección del denunciante como medida indispensable en la lucha contra el blanqueo de dinero y otras actuaciones ilícitas................................................... 301 ANDREA GARRIDO JUNCAL

Blanqueo de dinero y fútbol: los intermediarios..................................................... 309 DANIEL GONZÁLEZ URIEL

Índice

A percepção social do segredo profissional do advogado.................................................... 313 FERNANDO ANTÓNIO OLIVEIRA

III. CONCLUSIONES A) Sección profesional, administrativa, constitucional y económica Creación en virtud de la IV directiva de un órgano centralizado de prevención del blanqueo de dinero para la abogacía................................................................. 321 NIELSON SÁNCHEZ STEWART

Personas con responsabilidades públicas y prevención del blanqueo de capitales................................................................................................................................ 325 Mª TERESA CARBALLEIRA RIVERA

Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa en España de la Ley de 2010 de prevención del blanqueo y su reglamento de 2014.............................. 331 Mª MERCEDES TATO RODRÍGUEZ

Análisis del volumen y evolución del blanqueo de dinero durante los últimos años en España sobre la base de estadísticas judiciales, policiales y penitenciarias....... 333 CARMEN LÓPEZ ANDIÓN

El orden socioeconómico como bien jurídico protegido por el tipo penal del blanqueo de dinero................................................................................................... 335 JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ

Índice

Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delito de blanqueo de dinero................................................................................................................................. 345 JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC

Esclusione della responsabilità penale delle persone giuridiche sulla base dell’adozione di programmi efficaci di prevenzione del riciclaggio introdotta dalla LO 1/2015.................. 351 LUIGI FOFFANI

La responsabilidad criminal y la gestión del riesgo mediante programas de cumplimiento en relación con la Directiva de 2015....................................................... 359 MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ PAZ

Utilización de las nuevas tecnologías en la comisión del blanqueo de dinero...... 365 DIEGO JOSÉ GÓMEZ INIESTA

El blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, la protección del orden socioeconómico y la desnaturalización del bien jurídico en las modalidades de blanqueo con finalidad terrorista, introducidas por la Ley orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código penal............................................. 371 JOSÉ MANUEL LORENZO SALGADO

I. PONENCIAS

A) Secciรณn profesional, administrativa, constitucional y econรณmica

Creación en virtud de la IV directiva de un órgano centralizado de prevención del blanqueo de dinero para la abogacía NIELSON SÁNCHEZ STEWART

Abogado Doctor en Derecho Consejero del Consejo General de la Abogacía Española Relator de la sección profesional, administrativa, constitucional y económica

El plazo para la trasposición de la llamada Cuarta Directiva (Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo por la que se modifica el Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión) venció el 27 de junio de 2017 y al escribir estas líneas no se conoce aún el texto de la norma que cumplirá con ese mandato de la Unión Europea. Surge pues, la posibilidad de recurrir a la aplicación directa de su texto, posibilidad remota según se han encargado de resolver nuestros tribunales de justicia. Ya la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, Segunda Directiva, estableció que los Estados miembros podrían designar al organismo autorregulador de los profesionales obligados como la autoridad a la que se ha de informar de cualquier indicio de blanqueo de capitales y establecerían las formas apropiadas de cooperación entre dicho organismo y las autoridades. En el supuesto de los Abogados, podría ser de aplicación el artículo 9.1 a) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales cuando atribuye como función esencial a los Colegios Profesionales la de ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por la administración. La Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005 —Tercera Directiva— previó en su considerando 29 una trasmisión por parte de esos organismos a la unidad de inteligencia financiera (UIF), “con prontitud y no filtrada para que éstas puedan reali-

Nielson Sánchez Stewart

zar adecuadamente su trabajo, incluida la cooperación internacional con otras UIF”. Y su Artículo 23 insiste que los organismos autorreguladores designados “transmitirán de inmediato la información sin filtrar a la UIF”. La Ley 10/2010, de 28 de abril, traspuso la Directiva a la legislación interna de España. Su artículo 27 bajo el epígrafe “Órganos centralizados de prevención” previó la constitución de órganos centralizados de prevención1 de las profesiones colegiadas sujetas a esa Ley. Bajo el epígrafe “Órganos centralizados de prevención”, dispone lo siguiente: “1. Mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda podrá acordarse la constitución de órganos centralizados de prevención de las profesiones colegiadas sujetas a la presente Ley. Los órganos centralizados de prevención tendrán por función la intensificación y canalización de la colaboración de las profesiones colegiadas con las autoridades judiciales, policiales y administrativas responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio de la responsabilidad directa de los profesionales incorporados como sujetos obligados. El representante del órgano centralizado de prevención tendrá la condición de representante de los profesionales incorporados a efectos de lo dispuesto en el artículo 26.2. 2. Los órganos centralizados de prevención examinarán, por propia iniciativa o a petición de los profesionales incorporados, las operaciones a que se refiere el artículo 17, comunicándolas al Servicio Ejecutivo de la Comisión cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 18. Los profesionales incorporados deberán facilitar al órgano centralizado de prevención toda la información que éste les requiera para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, los profesionales incorporados facilitarán toda la documentación e información que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o sus órganos de apoyo les requieran, directamente o por intermedio del órgano centralizado de prevención, para el ejercicio de sus competencias. 3. Con excepción de los funcionarios a que se refiere el artículo 2.1.n), la incorporación de los sujetos obligados a los órganos centralizados de prevención será voluntaria”.

A pesar de la condición de “reglamentista” que la propia ley se atribuye al consignar en su Exposición de Motivos, “Finalmente, se han elevado de rango diversas previsiones contenidas en el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, lo que se traduce en una Ley notablemente más extensa que, desde un punto de vista crítico, podría tacharse de excesivamente reglamentista. Sin embargo,

Estos organismos son conocidos por sus siglas OCP y así me referiré a ellos en este artículo.

Creación en virtud de la IV Directiva de un órgano centralizado de prevención…

esta técnica se estima preferible por tratarse de deberes específicos, impuestos a los sujetos obligados, que encuentran mejor acomodo en normas de rango legal”.

Se preveía en su Disposición final quinta. Bajo el epígrafe de “Desarrollo reglamentario”: “Se habilita al Gobierno para que, en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, apruebe las disposiciones reglamentarias para su ejecución y desarrollo”.

Resultaba necesario ya que en una pléyade de normas contenidas en la ley se remitía al reglamento para su desarrollo2.

Así, para establecer excepciones a la aplicación de la ley a las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones; (artículo 2.1 b),para excluir de su aplicación a las personas que realicen actividades financieras con carácter ocasional o de manera muy limitada cuando exista escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo (artículo 2.3); para establecer los documentos que deban reputarse fehacientes a efectos de identificación. ´(Artículo 3.2) para autorizar la aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida respecto de otros clientes que comporten un riesgo escaso de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo (artículo 9.2 d); para autorizar la no aplicación de las medidas de diligencia debida previstas en los artículos 3.2, 4, 5 y 6 respecto del dinero electrónico (artículo 10.1 d); para autorizar la aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida respecto de otros productos u operaciones que comporten un riesgo escaso de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.(Artículo 10.3); para autorizar la no aplicación de todas o algunas de las medidas de diligencia debida en relación con aquellas operaciones que no excedan un umbral cuantitativo; para autorizar la aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida en las pólizas del ramo de vida que garanticen exclusivamente el riesgo de fallecimiento, incluidas las que contemplen además garantías complementarias de indemnización pecuniarias por invalidez permanente o parcial, total o absoluta o incapacidad temporal. (Artículo 10.3); para determinar las medidas reforzadas de diligencia debida que los sujetos obligados aplicarán, además de las medidas normales de diligencia debida por presentar un alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo (artículo 11) y para concretar dichas las medidas reforzadas de diligencia debida exigibles en las áreas de negocio o actividades que presenten un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo (mismo artículo); para establecer nuevos requisitos para que los sujetos obligados puedan establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentren físicamente presentes (artículo 12.1 c); para establecer excepciones en relación a determinadas categorías de sujetos obligados en la aplicación de medidas especia-

Nielson Sánchez Stewart

El Reglamento era esperado con impaciencia por los sujetos obligados de reducido tamaño ya que habían sido sometidos a las mismas exigencias de las grandes entidades al haberse suprimido por la ley la categoría de sujetos obligados de naturaleza especial que preveía la antigua Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales3.

les en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad pública (artículo 14.2); para determinar las operaciones que deben ser en todo caso objeto de examen especial por los sujetos obligados (artículo 17); para establecer otro datos relevantes que deban contener las comunicaciones que los sujetos obligados deben efectuar, por iniciativa propia, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (artículo 18); para determinar la periodicidad con que los sujetos obligados deban efectuar las comunicaciones sistemáticas al Servicio Ejecutivo de la Comisión y las operaciones que deban comunicarse; igualmente, para exceptuar de la obligación de comunicación sistemática de operaciones a determinadas categorías de sujetos obligados y para determinar la periodicidad con que haya de comunicarse la no existencia de operaciones susceptibles de comunicación (artículo 20); para determinar excepciones a la obligación de almacenar las copias de los documentos de identificación en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos que garanticen su integridad, la correcta lectura de los datos, la imposibilidad de manipulación y su adecuada conservación y localización (artículo 25.2); para establecer excepciones a la adopción de determinadas medidas de control interno (Artículo 26); para determinar circunstancias excepcionales que permitan a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias acordar el intercambio de información referida a determinado tipo de operaciones (artículo 33); para extender, en función de un análisis del riesgo otras obligaciones a las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con bienes (Artículo 38); y a las fundaciones y asociaciones (artículo 39) para establecer la periodicidad con que las entidades de crédito deberán declarar al Servicio Ejecutivo de la Comisión la apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo (artículo 43); para determinar la composición de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y de su Comité permanente y el establecimiento de otros Comités (Artículo 44. 3) para determinar la unidad orgánica que desempeñará la Secretaría de la Comisión (artículo 45.2) y para establecer determinadas excepciones los informes que evacúe el Servicio Ejecutivo(artículo 45.4). El artículo 2 de la ley distinguía dos grupos de sujetos obligados: el primero constituido por las entidades de crédito, las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con la inversión, las sociedades y agencias de valores, las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión colectiva cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora, las entidades gestoras de fondos de pensiones, las sociedades

Creación en virtud de la IV Directiva de un órgano centralizado de prevención…

Efectivamente, el Reglamento, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, con tres años de retraso, vino a establecer un deseable equilibrio eximiendo a las llamadas “microempresas”4 de determinadas obligaciones que resultaban a veces grotescas5

gestoras de cartera, las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora, las sociedades de garantía recíproca, las sociedades emisoras de tarjetas de crédito, las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias, con inclusión de las actividades de giro o transferencia internacional realizadas por los servicios postales, las entidades de pago y las empresas de asesoramiento financiero, y un segundo grupo, de naturaleza especial integrado por los casinos de juego, las actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles, las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión como auditores, contables externos o asesores fiscales, así como las personas físicas o jurídicas, distintas de las incluidas en el primer grupo, dedicadas profesionalmente a la actividad de concesión de préstamos o créditos o a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, los notarios, abogados y procuradores cuando: 1º Participen en la concepción, realización o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales; la gestión de fondos, valores u otros activos; la apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores; la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fiducias (‘‘trust ’’), sociedades o estructuras análogas, o 2º Actúen en nombre y por cuenta de clientes, en cualquier transacción financiera o inmobiliaria y las demás que, atendiendo a la utilización habitual de billetes u otros instrumentos al portador como medio de cobro, al alto valor unitario de los objetos o servicios ofrecidos, al emplazamiento de los establecimientos o a otras circunstancias relevantes, se determinen reglamentariamente. Según la definición de la Recomendación 2003/361 de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre microempresas, pequeñas y medianas empresas. El artículo 31 del Reglamento determina la excepción de la obligación de aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a los corredores de comercio (que no existen desde mucho antes de la promulgación del Reglamento y los sujetos obligados comprendidos en el artículo 2.1 i) a u), ambos inclusive (entre ellos, letra ñ, a los Abogados) que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros. Igualmente, de las obligaciones de documentar el análisis de riesgo (artículo 32 del Reglamento), de redactar y mantener actualizado un manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (artículo 33), designar un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión y a la constitución de un órgano de control interno (excepción

Nielson Sánchez Stewart

El Reglamento tuvo un largo proceso de elaboración. El proyecto que fue sometido a información pública y enviado al Consejo General de la Abogacía Española para la formulación de observaciones contenía un perturbador artículo 43 que, después del 42, evidentemente, pretendía regular los órganos centralizados de incorporación obligatoria cuyo epígrafe era “Órganos centralizados de prevención de incorporación voluntaria” cuyo contenido era el siguiente: “1. Mediante Orden del Ministro de Economía y Competitividad podrá autorizarse la constitución de órganos centralizados de prevención en el ámbito de las organizaciones colegiales de ámbito nacional de las profesiones sujetas a obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 2. Los órganos centralizados de prevención ejercerán, en los términos que se determinen en la Orden de autorización, funciones de asesoramiento y formación de los profesionales incorporados”.

El Proyecto de Reglamento, apartándose de la Ley 10/2010 distinguía en sus artículos 42 y 43, pues, entre órganos centralizados de prevención de incorporación obligatoria y de incorporación voluntaria sustrayendo a estos últimos las facultades y atribuciones que preveía la Ley en aplicación de la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, y la que iba a ser la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Efectivamente, las funciones de tales órganos, según se desprende con meridiana claridad, son “la intensificación y canalización de la colaboración de las profesiones colegiadas con las autoridades judiciales, policiales y administrativas responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo” y desde luego no sólo el “asesoramiento y formación” como las que le atribuía el proyecto. El Consejo General de la Abogacía Española en el trámite de exposición pública hizo presente la ilegalidad de la disposición contenida en el proyecto en una alegación que fue acogida por la administración que decidió eliminar el artículo 43 por lo que el reglamento, prefiriendo, en su versión aprobada no disponer nada sobre los órganos centralizados de prevención

que también alcanza a las entidades que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 10 millones de euros) (artículo 35 del Reglamento), someter las medidas de prevención a un examen por experto externo (artículo 38) y aprobar un plan anual de formación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (artículo 39). El Reglamento se encargó de aclarar que las excepciones no serían aplicables a los sujetos obligados integrados en un grupo empresarial que supere las cifras antes indicadas.