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ESQUEMAS DE LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA

DERECHO PROCESAL ELECTORAL

DERECHO PROCESAL ELECTORAL ESQUEMAS DE LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA COORDINADOR

AUTORES

Clicerio Coello Garcés Alejandro Santos Contreras Clicerio Coello Garcés Iván Gómez García Jorge Alberto Orantes López José Alfonso Herrera García Luis Rodrigo Galván Ríos

María Cecilia Guevara y Herrera Nadia Janet Choreño Rodríguez Rolando Villafuerte Castellanos Salvador Andrés González Bárcena Samantha M. Becerra Cendejas Víctor Manuel Rosas Leal

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Ángel M. López y López

Ana Belén Campuzano Laguillo

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

José Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

DERECHO PROCESAL ELECTORAL ESQUEMAS DE LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA Coordinador

Clicerio Coello Garcés Autores

Alejandro Santos Contreras Clicerio Coello Garcés Iván Gómez García Jorge Alberto Orantes López José Alfonso Herrera García Luis Rodrigo Galván Ríos

María Cecilia Guevara y Herrera Nadia Janet Choreño Rodríguez Rolando Villafuerte Castellanos Salvador Andrés González Bárcena Samantha M. Becerra Cendejas Víctor Manuel Rosas Leal

Edición y compilación

Caridad G. Hernández Zenteno, Cecilia Margarita Becerra Alva y Samantha M. Becerra Cendejas

México D.F., 2015

Copyright ® 2015 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© CLICERIO COELLO GARCÉS (Coord.)

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, PH Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 MÉXICO D.F. Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9119-271-18 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index. php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Siglas y abreviaturas COFIPE

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CQyD

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

DEPPP

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral

INE

Instituto Nacional Electoral

JDC

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

JIN

Juicio de inconformidad

JLI

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral

JRC

Juicio de revisión constitucional electoral

LGIPE

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

LGPP

Ley General de Partidos Políticos

LGSMIME

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

LOPJF

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

OPLES

Organismos Públicos Locales en materia electoral

PES

Procedimiento especial sancionador

POS

Procedimiento ordinario sancionador

RAP

Recurso de apelación

REC

Recurso de reconsideración

Siglas y abreviaturas

REP

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador

RITEPJF

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

RQyD

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

RRV

Recurso de revisión

Sala Superior

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

SCJN

Suprema Corte de Justicia de la Nación

TEPJF

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

UTCE

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral

Capítulo 1

Introducción Clicerio Coello Garcés1 1.1. Justicia electoral • La justicia electoral constituye un pilar esencial para la garantía y defensa del sistema democrático, ya que a través de los mecanismos jurisdiccionales de tutela en materia electoral se salvaguarda la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades electorales; así como, el libre ejercicio de los derechos político electorales de la ciudadanía y la eficacia de los principios que rigen a los procesos comiciales en un Estado democrático constitucional.

La justicia electoral en el sistema democrático

• Así, la jurisdicción electoral contribuye a la consolidación del modelo democrático al constituirse como garante de los derechos de participación política de la ciudadanía, que recobran particular relevancia con la obligación prevista para todos los órganos del poder público, en el artículo 1º de la Constitución Política, a efecto de realizar interpretaciones favorables al ejercicio de los derechos y la protección más amplia a las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

• De manera que el eje central de la justicia electoral radica en generar, por una parte, las mejores condiciones para la tutela judicial de las libertades políticas, con la finalidad de preservar el ejercicio del voto libre, universal y secreto en la integración de la representación política y, por otra, hacer prevalecer los principios constitucionales de equidad e imparcialidad que deben regir a los procesos electorales.

• De ahí la trascendencia de las reformas constitucionales que han fortalecido a la jurisdicción electoral federal en México, las cuales se emprendieron a partir de 1996, con la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, y su reconocimiento como máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con excepción de lo previsto en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política, en relación con la resolución de las acciones de inconstitucionalidad de leyes electorales, cuya competencia exclusiva corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1

Magistrado Presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clicerio Coello Garcés

La justicia electoral en el sistema democrático (cont.)

• En tanto que, en 2007 se le otorgó al Tribunal Electoral la facultad de inaplicar normas electorales al caso concreto, con efectos inter partes, consolidándose con ello el control de constitucionalidad en la resolución de los medios de impugnación electorales; ya que con anterioridad, únicamente se podía controvertir la constitucionalidad de una ley electoral a través del control abstracto, mediante la acción de inconstitucionalidad a cargo del Alto Tribunal.

• Por último, la reforma constitucional y legal de 2014, creó una nueva Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el reconocimiento de atribuciones para resolver bajo criterios que orientan a la función judicial, los procedimientos especiales sancionadores iniciados por la posible vulneración al modelo de comunicación política y en relación a los alcances y límites de la libertad de expresión en el ámbito político electoral. Con lo que, de manera paulatina se ha fortalecido a la judicatura electoral en beneficio de la consolidación institucional y normativa del sistema democrático; como podrá advertirse en la presente obra, en el capítulo de antecedentes históricos de la justicia electoral.

• Asimismo, otro de los aspectos medulares de la jurisdicción electoral, consiste en garantizar el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, que se caracterizan por ser derechos fundamentales que permiten que las personas físicas y jurídicas puedan acudir ante los tribunales del Estado para interponer un medio de impugnación, a efecto de que se les imparta justicia de manera pronta y expedita, en atención a los principios de legalidad y debido proceso.

Derecho de acceso a la justicia electoral

• El acceso a la justicia electoral genera mejores condiciones para la defensa de los principios y valores del sistema democrático, y garantiza la eficacia de los derechos político electorales; por ello, los partidos políticos, candidatos, actores políticos y ciudadanía en general cuentan con procedimientos judiciales de protección, en los que los operadores jurídicos del ámbito electoral deben garantizar la aplicación de la ley y acudir a los mecanismos disponibles en el orden constitucional y convencional, que en la actualidad establecen como obligación la maximización de los derechos y la minimización de las amenazas a las libertades y sus restricciones (Gascón, 2005: 22).

• Así, las exigencias sociales, la necesidad de contar con espacios para la deliberación política y la creación de controles jurisdiccionales a cargo de un órgano judicial especializado en materia electoral, hacen posible el establecimiento de procedimientos que tienen por objeto proteger y tutelar los derechos político electorales, con un papel preponderante de la justicia electoral.

Sistema de medios de impugnación en materia electoral

• La jurisdicción electoral federal se compone de diversos medios de impugnación o de control de actos y procedimientos electorales. De manera que, un medio de impugnación en la materia constituye un mecanismo jurídico previsto en la ley procesal para modificar, revocar o anular actos y resoluciones de autoridades electorales contrarias a Derecho.

• Los medios de impugnación están diseñados con el propósito de garantizar: a) que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad, y b) la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales.

Introducción. Justicia electoral

• Por tanto, el Derecho Procesal Electoral es la “rama del Derecho Público que tiene por objeto inmediato, directo y exclusivo, al proceso electoral”, entendiéndose por proceso jurisdiccional en esta materia al conjunto sistematizado de hechos y actos jurídicos, de las partes directamente interesadas (actor o impugnante y responsable o demandado), de los terceros o ajenos vinculados (tercero interesado o coadyuvante) a la relación sustancial y del correspondiente órgano estatal jurisdiccional (Tribunal Electoral, tanto en el orden federal como local) cuya finalidad consiste en resolver, mediante la aplicación del Derecho, un conflicto de intereses jurídicos de trascendencia político-electoral calificado por la pretensión del actor y por la resistencia de la demandada o responsable (Galván, 2006: 942-943).

• En ese sentido, el sistema de medios de impugnación en materia electoral se integra por los siguientes juicios y recursos (art. 3.2 LGSMIME): Sistema de medios de impugnación en materia electoral (cont.)

Medio de impugnación en la jurisdicción electoral federal Recurso de apelación (RAP) Recurso de reconsideración (REC) Juicio de inconformidad (JIN) Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (JDC) Juicio de revisión constitucional electoral (JRC) Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador (REP) Recurso de revisión (RRV) Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral (JLI)

Clicerio Coello Garcés

1.2. Objetivo de la obra • Dada la trascendencia de la jurisdicción electoral federal para el fortalecimiento del Estado democrático de Derecho, en la presente obra se analiza de manera pormenorizada el sistema de medios de impugnación en materia electoral; para lo cual, en cada uno de los capítulos subsecuentes se da cuenta de los antecedentes históricos de la justicia electoral en México, de las reglas generales aplicables en el Derecho Procesal Electoral, así como un estudio específico por cada uno de los juicios y recursos que lo integran, a partir de lo establecido en la legislación aplicable, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la doctrina.

Objetivo de la presente obra

• El objetivo del presente estudio es explicar de manera didáctica y a través de esquemas el sistema de medios de impugnación en materia electoral, a efecto de aportar una herramienta práctica para el mejor entendimiento del Derecho Procesal Electoral; para lo cual, en esta obra participan servidores públicos de la justicia electoral mexicana que han laborado a lo largo de diversos años en la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

• De acuerdo con el jurista italiano Piero Calamandrei, la justicia es un acto de fidelidad y sólo se manifiesta en los que creen en ella; en tal virtud, los autores de este proyecto editorial hacemos votos para que el lector encuentre en esta obra un instrumento de utilidad práctica que coadyuve al conocimiento de las vertientes de la jurisdicción electoral y, resguarde con ello, la confianza en la justicia como la virtud más noble de la razón.

Introducción. Justicia electoral

Fuentes consultadas Franco González Salas, José Fernando, “Evolución del contencioso electoral federal mexicano: 1916-1996”, Justicia Electoral, Vol. 5, núm. 8, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1996.

Galván Rivera, Flavio, Derecho procesal electoral mexicano, 2ª. ed., México, Porrúa, 2006.

– “Acceso a la justicia electoral en el Estado democrático de derecho”, Revista Mexicana de Derecho Electoral, México, número 1, enero-junio 2012.

Gascón Abellán, Marina, “La teoría general del garantismo: rasgos principales”, en Carbonell Sánchez, Miguel y Salazar Ugarte, Pedro (coords.), Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, Madrid, España, Trotta, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.

Guastini, Riccardo, “Il fondamenti teorici e filosofici del garantismo”, en Gianformaggio, Letizia, Le ragioni del garantismo. Discutiendo con Luigi Ferrajoli, Turín, Giappichelli, 1993.

Nava Gomar, Salvador Olimpo, “Democracia constitucional: El papel de la justicia electoral y el derecho de asociación política”, Cuestiones Constitucionales, número 20, enero-junio, 2009.

Orozco Henríquez, José de Jesús, Justicia electoral y garantismo jurídico, México, Porrúa - Universidad Nacional Autónoma de México, 2006.

Penagos López, Pedro Esteban, “El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Salas Regionales”, en Córdova Vianello, Lorenzo y Salazar Ugarte, Pedro (coord.), Estudios sobre la reforma electoral 2007: hacia un nuevo modelo, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2008.

Capítulo 2

Antecedentes históricos de la justicia electoral en México Clicerio Coello Garcés12 2.1. Evolución del contencioso electoral mexicano

Etapas de la justicia electoral en México

1 2

• La historia del contencioso electoral del México independiente se puede dividir, en relación a los medios de impugnación, en cuatro etapas (Orozco, 2006: 15)2:  Contencioso político (1824-1987).  Contencioso mixto (1987-1993-1996).  Contencioso jurisdiccional (1993-1996-2000).  Consolidación de la jurisdicción constitucional electoral (de 2007 hasta la reforma de 2014).

Magistrado Presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

José de Jesús Orozco Henríquez, hasta el 2006 consideraba que existían tres etapas en el desarrollo histórico del contencioso electoral; la cuarta etapa a la que hacemos referencia incluye las reformas constitucionales de 2007 y 2014.

Clicerio Coello GarcĂŠs

Etapas de la justicia electoral en MĂŠxico (cont.)

Antecedentes históricos de la justicia electoral en México

2.2. Contencioso político (1824-1987)

Concepto de contencioso político

• Sistema que reserva a un órgano político, a las propias cámaras legislativas, a los legisladores electos o a una parte de ellos, la facultad de resolver sobre la validez de determinada elección. También se le denomina, de acuerdo a la tradición francesa, verificación de poderes, calificación de elecciones o certificación de actas. En México este sistema se conoció como de autocalificación, ya que el propio órgano legislativo electo, era quien calificaba la elección (Orozco, 2007: 1155-6).

• Es posible advertir la distinción entre la verificación de poderes o calificación de elecciones, consistente en el examen de oficio (sin que medie impugnación) sobre la legalidad y validez de determinada elección, concretamente, respecto de la regularidad de sus resultados o en cuanto a la satisfacción de los requisitos de elegibilidad del candidato electo, y la resolución o juicio que recae ante la interposición de una impugnación por presuntas irregularidades en determinada elección, ya que esta última es la que efectivamente tiene el carácter contencioso en sentido estricto (Orozco, 2007: 1157).

• La doctrina considera que el sistema de autocalificación se apoyaba en la autonomía de los poderes, conforme a la cual, cada órgano del poder público es independiente de los otros. Con ello, se pretendía evitar que el Poder Judicial conociera de asuntos políticos, pues desde esa perspectiva se estimaba que estaría inmerso en las luchas políticas partidistas (Orozco, 2007: 1157), con lo que, se podría convertir en un árbitro de la vida política nacional (Castillo, 2006: 126).

Razón histórica

• Asimismo, en el sistema jurídico mexicano se arraigó durante mucho tiempo la denominada tesis Vallarta, que sostenía que la jurisdicción federal no debía conocer de asuntos de carácter político (Penagos, 2012: 418). Su origen tiene lugar en el siglo XIX, a partir de la controversia sostenida por los juristas Ignacio Luis Vallarta y José María Iglesias, quienes debatieron si los asuntos políticos debían resolverse en sede jurisdiccional o no (Cabrera, 1997: 115-62). José María Iglesias consideraba que el Poder Judicial sí debía conocer de asuntos políticos, en tanto que Ignacio Vallarta estimaba que el Poder Judicial no estaba autorizado para intervenir en esos casos, con el riesgo de judicializar la política. De este debate, prevaleció por casi dos siglos la doctrina de la “incompetencia de origen” o “tesis Vallarta”, que considera que los órganos jurisdiccionales no deben conocer de asuntos político-electorales; por esta razón, históricamente el juicio de amparo es improcedente para resolver asuntos electorales (Penagos, 2012: 418).

• Por otra parte, se argumentó que este sistema respondía al propósito de fortalecer la autonomía del Poder Legislativo, lo que reviste particular importancia porque este poder resolvía sobre el acto político más importante de la ciudadanía: el voto (Patiño, 1993: 95).

Clicerio Coello Garcés

• El sistema contencioso político está caracterizado por la autocalificación de las elecciones, que en el caso mexicano sólo operó para las elecciones de diputados y senadores, de manera que, ningún otro poder o autoridad podía intervenir en la decisión final sobre las elecciones de los miembros que integrarían al Poder Legislativo (Franco, 1993: 235).

• El sistema de autocalificación implicaba que le correspondía al Colegio Electoral de cada Cámara calificar la elección de sus miembros, con plena libertad e independencia no sólo de los Poderes Ejecutivo y Judicial, sino también de la Cámara colegisladora (Patiño, 1993: 95).

Autocalificación de las elecciones en México

• La Constitución Federal de 1824, adoptó el sistema contencioso electoral de carácter político, al reservar a las respectivas cámaras del Congreso o a una parte de sus miembros (los llamados colegios electorales) la facultad de calificar finalmente, según el caso, la elección de diputados o senadores; por otra parte, se confería al propio Congreso la facultad de determinar la validez de la elección presidencial, dando lugar en este último supuesto a la heterocalificación política (Orozco, 2006: 15).

• La salvedad a la autocalificación estuvo prevista por las Siete Leyes Constitucionales de 1836, en las que se encomendaba a la Cámara de Senadores calificar la elección de diputados. Otra excepción fue la establecida en la Constitución, a través de la reforma política de 1977, ya que se reconoció el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la resolución del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados respecto de la elección de alguno de sus miembros; sin embargo, los efectos de las resoluciones de este recurso no tenían efectos vinculantes, por lo que equivalían a una opinión, ya que si difería de la del Colegio Electoral, el asunto regresaba a la Cámara de Diputados para que se emitiera la resolución definitiva e inatacable (Orozco, 2006: 15-16).

• En términos generales, el contencioso electoral de carácter político, prevaleció hasta 1987, año en el que se crea el primer tribunal electoral, estableciéndose un sistema contencioso electoral mixto, es decir, jurisdiccional y político, a la vez.

Antecedentes hist贸ricos de la justicia electoral en M茅xico

Autocalificaci贸n de las elecciones en M茅xico (cont.)

Clicerio Coello Garcés

2.3. Contencioso mixto: jurisdiccional y político (1987-1993 y 1996) Concepto de contencioso mixto

• Se denomina mixto porque en la calificación de las elecciones participan los órganos políticos de manera fundamental y los órganos jurisdiccionales en vía excepcional de impugnación, a fin de resolver las controversias o litigios político-electorales, conforme a estrictos principios de Derecho, lo cual significa que el procedimiento de calificación tiene una etapa preponderantemente política y también una fase jurídica (Franco, 1993: 233-4).

• Esta etapa está caracterizada por la creación de dos tribunales electorales, sucesivamente, que dotan al sistema de un carácter jurisdiccional, es decir, se inaugura la posibilidad de controvertir ante órganos jurisdiccionales especializados ciertos actos que tradicionalmente se consideraron como decisiones políticas no judiciables (Terrazas, 1998: 57). Sin embargo, las resoluciones del primer tribunal electoral podían ser modificadas por los colegios electorales de los órganos legislativos, por lo que el sistema de autocalificación permanecía, y se excluyó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conocer de estos asuntos a través del recurso de reclamación.

• No obstante ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservó la facultad de investigación por vulneración del voto público, prevista en el artículo 97 constitucional, hasta la reforma política de 2007, en la que se derogó esta atribución con la que contaba el Alto Tribunal.

Contencioso mixto en México

• Si bien, en esta etapa se crearon dos tribunales electorales, de manera sucesiva, los colegios electorales siguieron teniendo amplias facultades para intervenir en la calificación de las elecciones. De ahí el carácter mixto del sistema contencioso electoral.

CONTENCIOSO MIXTO

CIUDADANÍA ELIGE

A LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONOCE DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

EL COLEGIO ELECTORAL DE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS RESUELVE EN DEFINITIVA LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN

Antecedentes históricos de la justicia electoral en México

Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal (TRICOEL)

• Con las reformas constitucionales y legales de 1986 y 1987, respectivamente, se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal como un organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de plena autonomía para resolver los recursos de revocación, revisión, apelación y queja en materia electoral.

Integración

• Se integró por una Sala con sede en la Ciudad de México, compuesta por siete magistrados numerarios y 2 supernumerarios, nombrados por el Congreso de la Unión a propuesta de los partidos políticos, con un carácter temporal, pues sólo funcionaba durante el proceso electoral (Orozco, 2006, 16).

• Se estableció que se podrían interponer los recursos de revocación, revisión y apelación durante la etapa preparatoria de la elección y, el recurso de queja para impugnar los cómputos distritales y la validez de cualquier elección, después de la jornada electoral (Franco, 1996: 23). Sin embargo, en estricto sentido era un órgano revisor, porque no decidía controversias inter partes, no tenía competencia para declarar la nulidad de la votación recibida en una o más casillas y tampoco de las elecciones, pues ésta era facultad exclusiva del Colegio Electoral de las Cámaras del Congreso de la Unión; asimismo, no resolvía en definitiva, pues los colegios electorales eran la última instancia en la calificación de las elecciones, incluso las resoluciones que emitía podían ser modificadas, revocadas o hacerse nugatorias por dichos colegios, que eran en realidad los órganos supremos en materia electoral (Burgoa, 1988: 29-32).

Sistema de medios de impugnación

Clicerio Coello Garcés

Tribunal Federal Electoral (TRIFE)

• Derivado de las elecciones de 1988, se planteó la necesidad de reformar el sistema contencioso electoral mexicano, misma que tuvo lugar en 1990, mediante la cual se creó el Tribunal Federal Electoral, definido como órgano jurisdiccional especializado en materia electoral. Sin embargo, no se derogó la participación de los colegios electorales de las cámaras legislativas, con la función calificadora de las elecciones. Se estableció en la Constitución Federal que en contra de las resoluciones del tribunal dictadas en la etapa preparatoria de la elección, no procedía medio de impugnación alguno, y en cuanto a las emitidas con posterioridad a la jornada electoral, éstas serían revisadas y modificadas, en su caso, por los colegios electorales (Galván, 2006: 105).

Naturaleza jurídica

• Respecto a su naturaleza jurídica, el Tribunal Federal Electoral era un órgano jurisdiccional autónomo, porque contra sus resoluciones no procedía juicio ni recurso alguno, salvo las que se emitieran con relación a los resultados de la jornada electoral que, como se precisó, sí podían ser modificadas o revocadas por los colegios electorales (Franco, 1996: 27). Además, este órgano jurisdiccional estaba plenamente facultado para declarar la nulidad de la elección de diputados federales y senadores (Santiago, 2011: 24).

Integración

• El Tribunal Federal Electoral quedó integrado por una Sala Central, con sede en el Distrito Federal, conformada por cinco magistrados propietarios y dos suplentes; y por tres magistrados propietarios y un suplente para cada una de las cuatro Salas Regionales. La Sala Central sería permanente, mientras que las Salas Regionales sólo funcionarían durante los procesos electorales.

Designación de magistrados electorales

• Los magistrados electorales se elegían mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta del Ejecutivo Federal. Para ser magistrado era necesario cumplir con los mismos requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto significó reconocer la jerarquía de este órgano jurisdiccional y de sus integrantes (Franco, 1996: 26-8).

Sistema de medios de impugnación

• El sistema de medios de impugnación previsto en el código electoral, producto de las reformas de 1990, consideró los siguientes juicios o recursos en materia electoral: 1) Durante los dos años previos al proceso electoral: a) recurso de aclaración; b) recurso de revisión y, c) recurso de apelación. 2) Durante el proceso electoral: a) recurso de revisión; b) recurso de apelación y, c) recurso de inconformidad. Cabe destacar que este sistema tenía por objeto garantizar la sujeción irrestricta al principio de legalidad de todos los actos y resoluciones electorales (Franco, 1996: 30-3).

Antecedentes históricos de la justicia electoral en México

Sistema de medios de impugnación (cont.)

• Este catálogo de medios de impugnación constituyó un aspecto preponderante para la jurisdicción electoral, pero todavía se mantenía el sistema de calificación de las elecciones de diputados y senadores, y la heterocalificación política de la elección presidencial a cargo de la Cámara de Diputados. Además, se mantuvo a los colegios electorales como última instancia en la calificación de las elecciones. Este sistema prevaleció hasta la reforma de 1993, tratándose de las elecciones de diputados y senadores, y hasta la reforma constitucional de 1996, en relación a la elección presidencial. De ahí que la evolución del sistema mixto al sistema jurisdiccional haya sido dispar, pues se judicializó en primer lugar las inconformidades respecto a las elecciones de diputados y senadores, y con posterioridad la elección presidencial. De ahí que, para el sistema contencioso electoral mixto se señalen de manera paulatina los años 1987-1993 y 1996.

CONOCE DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

EL COLEGIO ELECTORAL DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

TRIFE 1990-­‐1993

TIENE FACULTADES PARA ANULAR CASILLAS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS Y SENADORES

NO PROCEDE RECURSO EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS PREVIO A LA JORNADA ELECTORAL

EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS DESPUÉS DE LA ELECCIÓN PROCEDE REVISIÓN

RESUELVE EN DEFINITIVA Y CALIFICA LA ELECCIÓN