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homenajes & congresos

coordinadores

La madurez de la sociedad mexicana en nuestros días, manifestada en una creciente participación democrática, plantea la urgencia de repensar un modelo de justicia a la altura de sus requerimientos. De esa manera nació el concepto de Justicia Abierta, el cual implica nuevos estándares de relación entre la sociedad y sus instituciones judiciales, dirigidos a incrementar la transparencia en el ámbito jurisdiccional, así como en el administrativo. Acercar el conocimiento y comprensión de la actividad de los tribunales, demanda acciones proactivas de apertura que fomenten el dialogo y transformen los lazos entre la ciudadanía y la judicatura, mediante la creación de una serie de círculos virtuosos que confluirán en el fomento de la cultura de la legalidad y reforzarán la confianza ciudadana, indispensable en la relación recíproca entre autoridades y gobernados. La Justicia Abierta, como nuevo paradigma de actuación institucional, es una prioridad para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta obra reúne múltiples testimonios que puntualizan los principios del tema desde diferentes ángulos, enfatizando su aplicación práctica en el ámbito judicial. Así, la justicia electoral contribuye a la evolución de una sociedad que demanda modernizar y transparentar el entramado de sus instituciones.

LEOPOLDO GAMA LEYVA CARLOS SORIANO CIENFUEGOS

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DIÁLOGOS PARA LA JUSTICIA ABIERTA

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DIÁLOGOS PARA LA JUSTICIA ABIERTA

LEOPOLDO GAMA LEYVA CARLOS SORIANO CIENFUEGOS

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DIÁLOGOS PARA LA JUSTICIA ABIERTA


COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales


DIÁLOGOS PARA LA JUSTICIA ABIERTA

LEOPOLDO GAMA LEYVA CARLOS SORIANO CIENFUEGOS Coordinadores

Ciudad de México, 2017


Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© Leopoldo Gama Leyva, Carlos Soriano Cienfuegos y otros

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO COEDICIÓN ENTRE TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-448-9 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicasde-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf


PARTICIPAN Francisco Abundis Luna Director Asociado de Parametría S.A. de C.V.

Francisco Javier Acuña Llamas Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Marcela Allón Zúñiga Magistrada Suplente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

Nicole Bradick Directora de Estrategia en CuroLegal

Germán Bula Escobar Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Colombia

José Antonio Caballero Juárez Profesor e Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas

Natalia Calero Sánchez Asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, Suprema Corte de Justicia de la Nación

Jorge Arturo Cerdio Herrán Jefe del Departamento Académico de Derecho del ITAM

Clicerio Coello Garcés Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

José Ramón Cossío Díaz Suprema Corte de Justicia de la Nación

Adín Antonio de León Gálvez Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Felipe de la Mata Pizaña Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Gabriela Eugenia del Valle Pérez Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Hazel Feigenblatt Periodista y Directora de Ciudadano Inteligente

Felipe Alfredo Fuentes Barrera Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Roberto Gil Zuarth Senado de la República

Carlos G. Gregorio Asesor del Programa de Justicia Abierta en la Secretaría de Planificación Estratégica en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina

Eduardo Guerrero Gutiérrez Socio de Lantia Consultores


Ma. Amparo Hernández Chong Cuy Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Andrés Hofmann Experto en Gobierno Abierto

Alejandra Lagunes Soto Ruiz Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República

Armando I. Maitret Hernández Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Martha C. Martínez Guarneros Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Ángeles Navarro Rueda OpenDataSoft

Janine M. Otálora Malassis Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Alejandro Poiré Romero Decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM

Reyes Rodríguez Mondragón Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Joel Salas Suárez Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Pamela San Martín Ríos y Valles Instituto Nacional Electoral

Jorge Emilio Sánchez-Cordero Grossmann Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

María Guadalupe Silva Rojas Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Carlos Alfredo Soto Morales Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región

Michael Svetlik Vicepresidente de Programas del Centro para la Investigación Aplicada y el Aprendizaje de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES)

Claudia Valle Aguilasocho Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación


Índice Prólogo Janine M. Otálora Malassis......................................................................................... 11

MESA 1. ¿QUÉ SON EL GOBIERNO Y EL PARLAMENTO ABIERTOS? Ángeles Navarro Rueda.............................................................................................. 19 Alejandra Lagunes Soto Ruiz..................................................................................... 23 Joel Salas Suárez.......................................................................................................... 27 Roberto Gil Zuarth..................................................................................................... 31

MESA 2. UN NUEVO PARADIGMA DE ACTUACIÓN INSTITUCIONAL: ¿QUÉ ES LA JUSTICIA ABIERTA? Jorge Arturo Cerdio Herrán...................................................................................... 39 María Amparo Chong Cuy......................................................................................... 45 María Guadalupe Silva Rojas...................................................................................... 51 Felipe de la Mata Pizaña............................................................................................. 59 Conferencia Magistral “30 años de la justicia electoral: hacia un Tribunal abierto” José Antonio Caballero Juárez................................................................................... 65

MESA 3. ¿CÓMO PUEDEN COLABORAR LOS TRIBUNALES CON OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OSC PARA UNA JUSTICIA ABIERTA? Javier Acuña Llamas.................................................................................................... 79 Pamela San Martín Ríos y Valles................................................................................ 83 Jorge Emilio Sánchez-Cordero Grossmann............................................................... 91

MESA 4. CONVERSATORIO: EXPERIENCIAS DE JUSTICIA ABIERTA: ¿QUÉ BUENAS PRÁCTICAS SE HAN IMPLEMENTADO EN LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN? Gabriela Eugenia del Valle Pérez............................................................................... 99 Claudia Valle Aguilasocho.......................................................................................... 105 Adín Antonio de León Gálvez.................................................................................... 111


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Índice

Armando I. Maitret Hernández................................................................................. 115 Martha C. Martínez Guarneros.................................................................................. 123 Clicerio Coello Garcés................................................................................................ 127

MESA 5. JUSTICIA ABIERTA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL: ¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE EXPERIENCIAS GLOBALES? Carlos G. Gregorio...................................................................................................... 139 Michael Svetlik............................................................................................................ 151 Marcela Allón Zúñiga................................................................................................. 155 Germán Bula Escobar................................................................................................. 161

MESA 6. PERIODISMO Y OPINIÓN PÚBLICA. ¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN ES PRECISO CONSTRUIR ENTRE LOS MEDIOS Y LOS TRIBUNALES PARA UNA JUSTICIA ABIERTA? Hazel Feigenblatt........................................................................................................ 169 Francisco Abundis Luna............................................................................................. 177

MESA 7. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: ¿QUÉ RETOS ENFRENTAN LAS INSTITUCIONES? Natalia Calero Sánchez............................................................................................... 183 Eduardo Guerrero Gutiérrez..................................................................................... 187 Carlos Alfredo Soto Morales...................................................................................... 191 Felipe Alfredo Fuentes Barrera.................................................................................. 197

MESA 8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y USO DE TICS Alejandro Poiré Romero............................................................................................ 205 Nicole Bradick............................................................................................................. 209 Andrés Hofmann........................................................................................................ 213 Reyes Rodríguez Mondragón..................................................................................... 221 Conferencia Magistral de Clausura Ministro José Ramón Cossío Díaz.............................................................................. 235


Prólogo JANINE M. OTÁLORA MALASSIS Este documento pone en manos del lector las ponencias de uno de los primeros esfuerzos institucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en esta integración, que constituye uno de los ejes de actuación que se han instituido: una justicia abierta. El seminario “Diálogos para la justicia abierta” tuvo verificativo los días 2 y 3 de mayo de 2017, en donde se revisó y analizó el concepto, alcances y puesta en marcha justamente de una justicia abierta, como un modelo de gobernanza en la impartición y gestión de justicia que busca aumentar la confianza en los tribunales y acercarlos, consecuentemente, a la ciudadanía. En este sentido, el lector podrá preguntarse, ¿Porque acudir a una noción de justicia abierta surgida en el ámbito de la administración pública? La evolución que ha tenido la justicia a lo largo de los años hace cada vez más patente la distancia entre la representación tradicional de la justicia respecto de las funciones que en realidad desempeña. Un juez está dotado de la facultad de interpretar la ley y, cuando esto ocurre crea el derecho. “Mejor dicho, su decisión es una auténtica norma jurídica individual”. De este modo, la función judicial tiene un sentido público administrativo, es decir, la administración de la justicia tiene un enfoque más cercano a los comportamientos sociales que a las normas destinadas a disciplinarlos, lo que convierte a los jueces en actores político-sociales. De esta forma, “la ley se utiliza cada vez más no sólo para disciplinar comportamientos sino también para adelantar y guiar el desarrollo social y económico” (Guarnieri y Pederzoli,1999: 19-21). Por ello, es dable afirmar que las fronteras entre jurisdicción, legislación y administración se han ido difuminando y, en ocasiones, no se logra distinguir una de otra. Consecuentemente, un juez puede ser considerado un legislador, un buen administrador y un jurista cuyas decisiones, apegadas a derecho, tienen un impacto que se produce a través de la emisión de sus sentencias. Así, la impartición de justicia es un servicio


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Janine M. Otálora Malassis

público y, en esto, guarda un valor con las actividades públicas, y toda actividad pública debe estar dispuesta al cuidado de la ciudadanía, por lo que no puede ejercerse al margen de la opinión de ésta. En el Tribunal Electoral se entrelazan estas dimensiones. Su interacción con el sistema político mexicano se concentra en la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, en particular de la decisión que toman en las urnas, en garantizar la participación igualitaria de los actores políticos y asegurar la legalidad y el cumplimiento de los principios constitucionales en el desarrollo de los procesos electorales. En este sentido, la actuación del Tribunal es clave para generar la confianza en los procesos electorales y sus resultados y, con ello, la legitimidad de las autoridades electas. Desafortunadamente, a pesar de los importantes avances en el diseño de nuestro sistema electoral, la confianza ciudadana en las instituciones y procesos electorales aún sigue baja. De acuerdo con algunas encuestas recientes1 esta confianza se ve reflejada en la opinión de los ciudadanos, que inclusive, ponen de relieve su falta de credibilidad en la organización de los procesos electorales por parte de la autoridad administrativa2. Pero también observamos que algunas mediciones hacen referencia a los órganos jurisdiccionales3.

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Buendía y Laredo, Confianza en Instituciones, Encuesta Nacional Trimestral, marzo de 2017. En esta encuesta la autoridad administrativa federal (marzo de 2017), alcanza un 56% de desconfianza (poco o nada) por parte de los ciudadanos que, en una línea del tiempo parecería ir en aumento. Fuente: http://www.buendiaylaredo.com/publicaciones/404/confianza_instituciones1.pdf Encuesta publicada por el diario Reforma, el 20 de junio de 2017. En esta encuesta se mide la credibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los institutos electorales locales luego de la jornada electoral del 4 de junio pasado. Los datos reflejan que un 40% consideró que fue malo o muy malo el desempeño del INE, por un 23% que le otorgó una calificación regular y sólo un 35% optó por darle una categoría de bueno o muy bueno. Para los institutos locales (Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado de México) el panorama no es mejor, toda vez que arroja que, de los ciudadanos encuestados, un 48% le otorgan una calificación de mala a muy mala, 26% de regular y un 23% de bueno o muy buena. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Reforma en materia electoral: Encuesta telefónica nacional”, Cámara de Diputados, febrero de 2016.


Prólogo

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Estos datos resultan preocupantes. Es claro que las autoridades electorales y su labor resienten la tendencia registrada en la última década y media: una caída en los índices de confianza de prácticamente todas las instituciones públicas, tanto en México como en la mayor parte de la región. Adicionalmente, la dinámica política y social actual: altos niveles de desconfianza en las instituciones, corrupción, debilidad de las autoridades, crecientes desigualdades sociales, conflictos internacionales y crisis económica presentan retos mayores para la democracia mexicana y vislumbran escenarios complicados para las elecciones presidenciales de 2018 y los demás procesos concurrentes. Estos escenarios complejos demandan de las autoridades una actuación firme y contundente. Por ello, una de las directrices que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha planteado y que es parte del análisis de las ponencias que el lector encontrará en este trabajo, es la de constituir un Tribunal con vocación de justicia abierta, es decir, encaminada a fomentar la confianza ciudadana y, con ello, lograr incrementar la legitimidad de los procesos electorales. Queda claro que, más allá de los factores externos que impactan en la evaluación de nuestra democracia, la confianza en las instituciones no mejorará si la ciudadanía no conoce y comprende el sentido y los resultados de dichas acciones. Por ello, debemos apostar por el fortalecimiento de la justicia abierta, principio que nos permitirá diseñar políticas y estrategias comunicativas que sirvan para hacer frente al difícil contexto político y social que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Este precepto parte de la idea de que una democracia requiere de un gobierno abierto y transparente que, por un lado, rinda cuentas y, por el otro, abra vías adecuadas de participación y deliberación, que permitan involucrar a quienes resienten los efectos de sus decisiones4.

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Los datos referían que más de la mitad de las personas encuestadas dijeron confiar poco o nada en los tribunales electorales, mientras que un 48% de las y los encuestados confiaban en el Instituto Nacional Electoral y una proporción aún menor (43%) sentía confianza en el proceso electoral en su conjunto. Villoria Mendieta, Manuel. (2010). “La democratización de la administración pública: marco teórico”. En Gobernanza democrática y fiscalidad: una reflexión sobre las instituciones, Ruiz-Huerta, Jesús y Manuel Villoria (eds.), Tecnos, Madrid.


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Janine M. Otálora Malassis

Estos preceptos obligan al Tribunal Electoral a modernizar su funcionamiento, a ser más transparente y lograr generar mayor confianza ciudadana en sus decisiones y en los resultados electorales que avala. En especial, los ejes de transparencia y colaboración pueden fortalecer el papel del Tribunal como el máximo defensor de derechos políticos. En la presente obra, se recogen las consideraciones presentadas en el evento de mérito y que establecen directrices generales para que el Tribunal Electoral pueda arribar a una justicia abierta, tales como mejorar la elaboración y comunicación de sus sentencias, con ello, el Tribunal se colocaría en el centro del actuar ante el ciudadano mismo. Es importante mejorar el acceso y difusión de los recursos electrónicos con que cuentan los órganos jurisdiccionales, poniendo a disposición de los ciudadanos la información jurisdiccional y administrativa. Asimismo, la utilización de las nuevas tecnologías de información permitirá cumplir con estas políticas, como se ve reflejado en el diseño e implementación de los estrados electrónicos, las notificaciones por correo electrónico, así como el diseño de un nuevo IUS Electoral. Del mismo modo, la utilización de recursos electrónicos deberá integrar los componentes necesarios para que su página web pueda ser utilizada por el mayor número de personas, independientemente de sus conocimientos o capacidades personales, es decir, que contenga controles de navegación para los principales tipos de discapacidad: visual, de audición, de motor o cognitiva. Igualmente, deben identificarse las áreas de oportunidad, tales como diseñar los mecanismos adecuados para que la ciudadanía pueda tener plena confianza de que los recursos públicos que son asignados al Tribunal Electoral son ejercidos de acuerdo con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. También, es vital para el Tribunal Electoral contar con medios de comunicación y líderes de opinión bien informados, con el objetivo de que su ejercicio periodístico tenga la certeza de que la difusión de sus notas, reportajes, opiniones, investigaciones y análisis se desarrollen con toda la información y conocimiento especializado que la justicia electoral requiere. Por ello, el Tribunal debe ser una fuente abierta al diálogo con quien la cubre y que, a su vez, los periodistas, puedan traducir lo que las sentencias y el ejercicio de la función pública del Tribunal está queriendo decir.


Prólogo

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Por último, un tribunal y una justicia abierta, implican el estrechamiento de la colaboración con las instituciones electorales, jurisdiccionales y académicas. La organización de los procesos electorales requiere de una estrecha colaboración con otras autoridades del Estado mexicano, especialmente con las autoridades electorales nacional y locales, haciendo frente a los retos comunes que se enfrentan. Ante esto, se debe valorar, analizar y buscar generar observatorios que revisen que las directrices referidas cumplen con la función de generar un tribunal y una justicia abierta. Además, por definición, un tribunal abierto tiene que estar sujeto al escrutinio público de sus decisiones y, en general, de su actuación. La idea de justicia abierta debe estar relacionada con los procesos de transparencia gubernamental entre los que resalta la rendición de cuentas, lo que deberá concluir en garantizar juicios no solo claros, sino también justos. Por lo pronto, me aventuro a formular una invitación a que el lector revise este trabajo institucional en el que participó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se enriqueció, en un seminario desarrollado a través de ocho mesas temáticas y dos conferencias magistrales, la perspectiva de quien ejerce la justicia en un contexto de buscar un mejor acercamiento con la sociedad.


Mesa 1. ÂżQuĂŠ son el gobierno y el parlamento abiertos?


Mesa 1. ¿Qué son el gobierno y el parlamento abiertos? ÁNGELES NAVARRO RUEDA

La tecnología puede ayudar a acelerar los procesos del Gobierno Abierto y a reducir la brecha entre los gobiernos y los ciudadanos mediante la implementación de la tecnología de la información y la comunicación para facilitar la comprensión de los datos abiertos. El Gobierno Abierto se basa en tres pilares principales, el primero es la transparencia del gobierno a partir de la presentación de datos del gobierno en formatos abiertos; el segundo es la participación de la ciudadanía, y el tercero es la colaboración entre los ciudadanos y los gobiernos. Lo que se busca como ciudadanía con estos tres pilares es, principalmente, la transparencia proactiva, no la transparencia reactiva, ya que aunque ésta es muy importante, lo que se pretende es que el gobierno no espere a que el ciudadano pregunte por los datos, sino que abra los datos sobre su desempeño de manera voluntaria, sobre el ejercicio del presupuesto y rinda cuentas sobre su toma de decisiones. Dentro de los ejercicios de participación ciudadana hay muchos ejemplos a nivel internacional, como lo que se conoce por “presupuestos participativos”. En este sentido, los procesos deliberativos y también los datos abiertos ayudan mucho en la planeación de los territorios y lo que normalmente conocemos como “ciudades inteligentes” o “ciudades resilientes”. Hablar de Gobierno Abierto no quiere decir nada más Ejecutivo abierto, sino Legislativo y Judicial, porque ambos forman parte de la estructura del gobierno. Sobre Parlamento Abierto les recomiendo leer el libro Open Parliaments, coordinado por Eduardo Bohórquez, en el que hay varios ejemplos de ejercicios de varios think tanks en México y en el mundo sobre monitoreo del trabajo legislativo.


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