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Relación jueces y abogados / Sustitución de abogado / Habeas corpus / Entrada y registro de bufete / Intervención de comunicaciones / Fallecimiento sin sustitución de abogado / Impacto de las tasas judiciales / Traslado de escritos con intervención de procurador / Tasas judiciales y responsabilidad civil / Registro de administradores concursales en Colegios de Abogados / Copago en la Justicia / Sanciones a abogados en la UE / Acceso a actuaciones judiciales / Asistencia letrada al detenido / Juicios paralelos / Maternidad y paternidad en la defensa procesal

El Derecho de Defensa en la fase de investigación y en el juicio, la detención preventiva, la grabación de declaraciones, la intervención de las comunicaciones telefónicas y electrónicas, la no autoinculpación, la presunción de inocencia, el cambio de abogado, el deber de conﬁdencialidad y reserva, la presunción de inocencia o las garantías de defensa son, entre otras, las principales materias que se abordan en la propuesta de ley orgánica del Derecho de Defensa elaborada por la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española.

PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA

EL DERECHO DE DEFENSA

La Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española responde a las cuestiones legales que la sociedad española plantea y ofrece en sus informes respuestas a los retos que deben afrontar los abogados y sus Colegios en sus actividades diarias. Estos objetivos constituyen la razón de ser de la Comisión Jurídica de la Abogacía, que elabora sus informes con la autonomía e independencia de unos autores ajenos a intereses corporativos.

Informes de la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española

Desde la aprobación de la Constitución Española, la jurisprudencia y la práctica judicial han ido consolidando los estándares de protección del Derecho de Defensa en los diversos órdenes jurisdiccionales. Ha llegado el momento de recoger este derecho fundamental en una ley orgánica que –sin agotar sus diversas facetas– desarrolle algunos de los aspectos esenciales de este principio básico del Estado de Derecho, reﬂeje el consenso social y político, sirva de guía a todos los actores de la Justicia y refuerce el mandato de asegurar en todo momento la efectividad del Derecho de Defensa con el máximo reconocimiento y garantías.

EL DERECHO DE DEFENSA PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA

Informes de la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española

EL DERECHO DE DEFENSA PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA

Informes de la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española

EL DERECHO DE DEFENSA PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA Informes de la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española

Valencia, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, el Consejo General de la Abogacía Española y la Editorial Tirant lo Blanch publicarán la pertinente corrección en las páginas web www.abogacia.es donde están recogidos todos los Informes públicos y www.tirant.com (http://www.tirant.com).

EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-144-0 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice PRÓLOGO. RESPUESTAS JURÍDICAS PARA MEJORAR LA SOCIEDAD........ 11 PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA DEL DERECHO DE DEFENSA................... 13 EL DERECHO A LA ASISTENCIA LETRADA AL DETENIDO (ART. 17.3 CE), SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA DEFENSA (ART. 24.2 CE) Y POSIBILIDADES PARA SU REFORZAMIENTO............................................................ 19

(INFORME 5/2011)

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS REUNIONES ENTRE LOS JUECES Y LOS ABOGADOS............................................................................................................... 37

(INFORME 1/2015)

EL DERECHO DE LOS ABOGADOS A ACCEDER AL CONTENIDO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES................................................................................. 57

(INFORME 12/2012)

LA INTERVENCIÓN JUDICIAL DE LAS COMUNICACIONES ABOGADOCLIENTE Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE EL DERECHO A LA DEFENSA EN EL PROCESO PENAL........................................................................................ 83

(INFORME 1/2011)

INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL IMPUTADO CON SU ABOGADO QUIEN, A SU VEZ, ES DECANO DE UN COLEGIO....................... 103

(INFORME 2/2015)

DENEGACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES POR IMPOSIBILIDAD DEL ABOGADO Y SU SUSTITUIBILIDAD POR OTRO LETRADO DEL MISMO DESPACHO..................................................................... 129

(INFORME 5/2015)

Índice

EL TRATAMIENTO JURÍDICO-PROCESAL DE LAS SITUACIONES DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD CONCURRENTES EN LAS ABOGADAS Y ABOGADOS QUE EJERZAN LA DEFENSA PROCESAL...................................... 149

(INFORME 12/2011)

LOS DENOMINADOS JUICIOS PARALELOS O VIRTUALES EMITIDOS EN MEDIOS AUDIOVISUALES QUE REPRESENTAN Y REPRODUCEN HECHOS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO DE UN PROCESO PENAL EN SITUACIÓN DE LITISPENDENCIA.............................................................................................. 167

(INFORME 7/2011)

LA INCLUSIÓN DE LA FIGURA DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL PERSONA JURÍDICA EN LOS REGISTROS DE ADMINISTRADORES CONCURSALES DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS............................................... 191

(INFORME 1/2012)

EL INTRUSISMO PROFESIONAL EN LA ABOGACÍA........................................ 195

(INFORME 1/2016)

ENTRADA Y REGISTRO DE DESPACHOS DE ABOGADOS.............................. 219

(INFORME 08/2015)

LOS COLEGIOS DE ABOGADOS ANTE EL FALLECIMIENTO SIN SUSTITUCIÓN DE UNO DE SUS COLEGIADOS................................................................ 243

(INFORME 8/2014)

COMUNICACIÓN A AUTORIDADES DE OTROS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA (Y A SUS CIUDADANOS) DE DATOS RELATIVOS A SANCIONES IMPUESTAS A ABOGADOS............................................................. 257

(INFORME 8/2012)

REGULACIÓN DE LA LEY DE HABEAS CORPUS Y PRECEPTIVIDAD DE INTERVENCIÓN LETRADA................................................................................... 281

(INFORME 6/2015)

LA MEMORIA DEL IMPACTO NORMATIVO DE LA LEY DE TASAS................ 295

(INFORME 4/2013)

Índice

TASAS JUDICIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL............................................. 347

(INFORME 2/2013)

LA POSIBLE IMPLANTACIÓN DEL COPAGO EN LA JUSTICIA...................... 363

(INFORME 6/2012)

ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO.......... 381

(INFORME 1/2013)

EL IMPACTO DE LA LEY 20/2013 DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO SOBRE EL ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO Y SU EJERCICIO............................................................................................................................. 401

(INFORME 6/2016)

Prólogo

Respuestas jurídicas para mejorar la sociedad VICTORIA ORTEGA BENITO

Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

El tiempo pasa muy deprisa. En 2009 se creó la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española. Se trata de una Comisión formada por destacados abogados que no son miembros del Consejo y que actúan con absoluta independencia. Son abogados comprometidos con su profesión, con sus compañeros, con los Derechos Humanos y con el fin último de poner su granito de arena para mejorar la sociedad en que vivimos. El objetivo esencial de su creación fue que el Consejo General de la Abogacía tuviera la capacidad de dar respuesta jurídica a los problemas que se nos plantean a los abogados y a los Colegios, pero también a nuestro país y, en definitiva, a la sociedad española. Es compromiso de la Abogacía Española dedicar una parte importante de su esfuerzo a tratar de mejorar la legislación mediante la elaboración de las propuestas oportunas, facilitar respuestas comunes para las cuestiones que se plantean a los Colegios de Abogados y analizar en profundidad los problemas más importantes del ejercicio profesional del abogado. Es evidente que el Consejo General de la Abogacía Española debe estar a la cabeza de la reflexión jurídica en nuestro país. La defensa en general de los Derechos Humanos y, en particular, del esencial derecho de defensa es ejemplo paradigmático del reto permanente a que se enfrenta la Abogacía Española. Los informes elaborados por la Comisión Jurídica abarcan las diferentes ramas del Derecho, si bien revisten relevancia especial los dedicados al ejercicio profesional de los abogados, a sus relaciones con los clientes y al análisis de la normativa colegial. Y dentro de ellos son destacables por pura lógica los que entroncan de manera más o menos directa con el derecho fundamental de defensa, que no son pocos. En este libro presentamos una selección de ellos.

Victoria Ortega Benito

La defensa es una función propia y exclusiva de los abogados y así resulta de nuestra Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que lo garantizan. No se atribuye a otras profesiones, por muy dignas que éstas sean. Y la razón de ello no radica en la protección de los abogados, sino de los ciudadanos, quienes son titulares de ese derecho fundamental de defensa por medio de abogado, con especial énfasis en quienes carecen de recursos para litigar. El derecho de defensa tiene múltiples manifestaciones y es objeto de específicas medidas de garantía. Por ejemplo, el derecho/deber de secreto profesional que se impone a los abogados con respecto a todo aquello que conozcan con motivo de su ejercicio profesional. El logro de una ya no eficaz, sino mínima, defensa depende en términos absolutos de la garantía de una comunicación reservada entre el imputado privado cautelarmente de libertad —o que, en su caso, se encuentre cumpliendo la correspondiente pena— y su abogado defensor. Más aun, lo contrario implica una quiebra en la confianza de la relación abogado-cliente y una correlativa quiebra del derecho de defensa porqué sin confianza no se puede asegurar la defensa. Confianza y confidencia son dos pilares esenciales del derecho fundamental de defensa y, en relación con él, del derecho a la tutela judicial efectiva. Bien es verdad que la efectividad del derecho de defensa necesita del abogado, pero no puede quedarse en la garantía de una adecuada relación abogado-cliente. No, la efectividad real del derecho de defensa necesita que el Poder Judicial funcione, pero es harina de otro costal. Eso es Justicia. Para la conciencia colectiva del sistema de libertades al que aspiramos son imprescindibles imágenes que nos ayuden a confiar en que el sistema, mejor o peor, funciona y los tribunales también. Por no referirnos a ejemplos actuales, acudiremos a uno de los históricos más significativos para enseñar qué es un Estado de Derecho La historia del molinero y Federico II de Prusia, elevada al olimpo de los mitos por un poema de François Andrieux. Cuando el monarca ilustrado pudo instalarse en el nuevo palacio de Sans Souci, el ruido de un viejo molino colindante molestaba su descanso. Rápidamente mandó llamar al molinero para conminarle a que se lo vendiera; pero, ante su obstinada negativa a desprenderse del molino, el rey le amenazó con echarle a patadas de su propiedad y demoler el ingenio. A lo cual replicó el molinero: “eso sólo sería posible si no tuviéramos jueces en Berlín”. Y abogados, querido molinero. Abogados que defiendan tus derechos y que también defiendan los de quien se sitúa enfrente.

Propuesta de Ley Orgánica del Derecho de Defensa EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El pleno y libre ejercicio de la defensa en todo tipo de diligencias, actuaciones y procesos es un principio básico del Estado de Derecho como estructura política destinada a garantizar los derechos e intereses de los ciudadanos frente a cualquier forma de arbitrariedad en una sociedad democrática avanzada. La Constitución Española consagra, con el rango de derecho de fundamental, la garantía de la defensa de los ciudadanos en todo tipo de procesos y, en especial, frente al ejercicio por los poderes públicos del ius puniendi. Y la jurisprudencia constitucional ha reiterado que entre las garantías que integran el derecho a un proceso justo se incluye como prioritario el derecho a la defensa y a la asistencia letrada, que debe ser reconocido y asegurado no solo en el proceso penal sino también en el resto de procedimientos y actuaciones. La finalidad del reconocimiento constitucional de este derecho es la de asegurar los derechos de los ciudadanos así como la efectiva realización de los principios de igualdad entre las partes y contradicción, que imponen a los poderes públicos el deber positivo de evitar desequilibrios entre la posición de las partes o limitaciones en la defensa que puedan conducir a un resultado material de indefensión. Es por esta razón que el Tribunal Constitucional ha declarado que “el mandato legal de defensa por medio de abogado encuentra su propia y específica legitimidad, ante todo en beneficio del propio defendido, pero también como garantía de un correcto desenvolvimiento del proceso penal, asegurando, en particular, la ausencia de coacciones durante el interrogatorio policial y, en general, la igualdad de las partes en el juicio oral, y evitando la posibilidad de que se produzca la indefensión del imputado de tal modo que frente a una acusación técnica aparezca también una defensa técnica (STC 29/1995, FJ 4). Consecuencia de todo ello es que la asistencia letrada ‘ha de ser proporcionada en determinadas condiciones por los poderes públicos, por lo que la designación de tales profesionales se torna en una obligación jurídico-constitucional que incumbe singularmente a los órganos judiciales (SSTC 47/1987, 139/1987 y 135/1991)’ (STC 132/1992, FJ 2)’ (STC 229/1999, de 13 de diciembre, FJ 2)” (STC 60/2003, de 24 de marzo). Pero la plenitud en el ejercicio de la defensa no es solo una condición de validez del proceso sino también un factor de legitimación del ejercicio del ius puniendi al asegurar la protección de los ciudadanos y preservar, al mismo tiempo, determinados bienes jurídicos esenciales socialmente necesitados de tutela frente a abusos o ataques de cualquier procedencia. Desde la aprobación de la Constitución Española, la jurisprudencia y la práctica judicial han ido consolidando los estándares de protección del derecho a la defensa en los diversos órdenes jurisdiccionales, procedimientos y actuaciones. Pero ha llegado el momento de recoger este básico principio estructural del Estado en una ley orgánica que, sin agotar sus diversas facetas, desarrolle algunos de los aspectos esenciales de este derecho fundamental, refleje el consenso social y político sobre una materia de especial

Borrador de propuesta

importancia, sirva de guía a todos los operadores y refuerce el mandato de asegurar en todo momento la efectividad del derecho con el máximo reconocimiento y garantías. Con este objetivo, esta norma proyecta la garantía de la defensa desde las primeras actuaciones policiales y de investigación hasta el juicio oral, dando respuesta a muchos de los problemas que la práctica ha ido poniendo de manifiesto a lo largo de estos años. La ley atiende de este modo a la evolución del derecho de defensa en los países de nuestro entorno y a los Tratados internacionales sobre derechos humanos para establecer que el derecho del detenido a preparar la defensa se integra en el contenido esencial del derecho a la defensa, consagrado tanto en el artículo 24.2 como en el artículo 17.3 de la Constitución Española. En consecuencia, cualquier declaración policial en la que el detenido declare sin asistencia letrada será nula y no podrá producir ningún efecto. Entre las principales novedades puede asimismo destacarse el establecimiento de una directriz sobre la duración de la detención preventiva, que favorezca la previsibilidad y sea respetuosa con la libertad personal; se concretan diversas facetas del derecho de defensa en la investigaciones policiales y del Ministerio Fiscal y en el juicio; y se relacionan los derechos que configuran el estatuto de la defensa así como sus deberes de confidencialidad y reserva. La Ley reitera, en fin, el derecho de los ciudadanos que carecen de recursos económicos para sufragar los gastos de asistencia letrada a que se le provea de un abogado de oficio. Artículo 1. Derecho de defensa Es obligación de los poderes públicos garantizar el derecho de todas las personas a la defensa y asistencia de abogado, en los términos establecidos en la Constitución y las leyes. Artículo 2. Derecho de defensa en la fase de investigación de la persona detenida o imputada 1. Toda persona, desde que en la fase de investigación sea detenida por la autoridad competente o citada en calidad de imputada, tiene derecho a que se le informe de inmediato, detalladamente y de manera que le sea comprensible, de sus derechos y de la concreta imputación formulada en su contra, especificando los hechos que se le atribuyen y el delito presuntamente cometido. En particular, tendrá el derecho a designar abogado de su libre elección, con anterioridad a la práctica de cualquier declaración o diligencia. Si el detenido o imputado no designara abogado, se procederá a su designación de oficio en los términos establecidos en la ley. En ningún caso podrá practicarse la declaración o el reconocimiento del detenido sin la presencia de abogado que le asista y defienda. También se informará al detenido de su derecho a solicitar el habeas corpus si considera que la detención no está justificada o transcurre sin ajustarse a las previsiones legales. 2. El detenido o imputado será también informado del derecho que le asiste a entrevistarse reservadamente con su abogado, durante un tiempo razonable, tanto antes como después de prestar declaración. En su caso, se aplicará el régimen establecido en norma con rango de ley para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes. 3. Con anterioridad a la entrevista reservada y a la declaración deberá facilitarse al abogado del detenido o imputado el acceso a las diligencias completas, dándole tiempo suficiente para instruirse sobre su contenido, salvo que las diligencias se hayan declarado

Propuesta de Ley Orgánica del Derecho de Defensa

secretas de acuerdo con lo establecido en el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 4. El abogado del detenido o imputado deberá estar presente en cualquier declaración de su cliente, en sede policial o judicial, y podrá formular en su transcurso preguntas y realizar las observaciones o precisiones que sean relevantes para el desarrollo de la investigación. Tendrá además derecho a comunicarse con su cliente, en cualquier momento de la declaración, en condiciones que aseguren la confidencialidad. 5. El detenido o imputado que no tenga como lengua materna el español tendrá derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete. 6. Las autoridades facilitarán los medios adicionales que sean precisos, en cada caso, para la plena efectividad de estas garantías en las personas con discapacidad. 7. Serán nulas todas las actuaciones o diligencias que se practiquen sin ajustarse a las previsiones establecidas en este artículo. Artículo 3. Detención preventiva La detención preventiva durará el tiempo imprescindible para practicar las averiguaciones necesarias que lleven a la adopción de otra medida cautelar o a la puesta en libertad sin cargos. El tiempo de la detención preventiva no excederá de 24 horas, salvo en casos justificados que deberán ser expresamente motivados por la autoridad judicial. Artículo 4. Comunicación del detenido con la persona de su elección y, en su caso, con las autoridades consulares Todo detenido será informado, sin demora, de que tiene derecho de avisar al menos a una persona de su privación de libertad. Además, cuando la medida de privación de libertad se haya adoptado en relación con un nacional de un tercer Estado, el detenido será igualmente informado de que tiene derecho a advertir a las autoridades consulares competentes de su privación de libertad. Artículo 5. Principio de libertad El detenido será puesto a disposición judicial inmediatamente después de practicada la diligencia de declaración o de la manifestación de que declarará en el Juzgado. Artículo 6. Derecho de defensa en las investigaciones del Ministerio Fiscal En las investigaciones realizadas por el Ministerio Fiscal se garantizará, en todo caso, la intervención de las personas físicas y jurídicas que sean investigadas, quienes podrán personarse en las actuaciones y alegar en defensa de sus derechos e intereses, pudiendo proponer la práctica de las diligencias que consideren convenientes. Artículo 7. Derecho de defensa en juicio 1. El acusado tendrá derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare en sentencia firme su culpabilidad. 2. Todo acusado tendrá derecho a la asistencia letrada tanto en el juicio oral y para su preparación. 3. El abogado tendrá derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa del acusado. 4. El acusado tendrá derecho a una audiencia justa y pública.

Borrador de propuesta

5. El acusado tendrá derecho a presentar en juicio pruebas de descargo. La defensa tendrá también derecho a interrogar a los testigos y peritos, tanto los propuestos por la acusación como los propuestos por la propia defensa. Artículo 8. Grabación de las declaraciones Todas las declaraciones que preste la persona detenida, imputada o acusada deberán grabarse en un sistema que permita la reproducción del sonido y la imagen. Artículo 9. Derecho a la no autoinculpación 1. Todo detenido, imputado o acusado tiene derecho a no autoinculparse, así como a ser informado del derecho a evitar la autoinculpación. 2. En concreto, toda persona detenida, imputada o acusada tiene derecho a no confesarse culpable, a no prestar declaración, a no contestar a todas o algunas de las preguntas que se le formulen y a no dar respuesta a los requerimientos de información o documentación que se le realicen. 3. El detenido, imputado o acusado que se acoja a su derecho a no contestar a todas o algunas de las preguntas que se le formulen podrá realizar una manifestación en la que exponga lo que considere oportuno en ejercicio de su derecho de defensa. 4. Los jueces y tribunales no podrán en ningún caso interpretar en contra del detenido, imputado o acusado el hecho de que se acoja, total o parcialmente, a su derecho a no declarar. 5. El reconocimiento por el detenido, imputado o acusado de un hecho cuya acreditación derive de una prueba declarada nula no tendrá ningún efecto, quedando afectado por la misma nulidad que la prueba de la que deriva. Artículo 10. Presunción de inocencia 1. Todos tienen derecho a la presunción de inocencia y, en consecuencia, a recibir la consideración y el trato de no autores ni partícipes de los hechos presuntamente delictivos que sean objeto de investigación o de enjuiciamiento hasta que no se haya probado en sentencia firme su culpabilidad. 2. Los jueces y tribunales, de oficio o a instancia de parte, prohibirán a las partes personadas y a quienes tengan con ellas alguna vinculación, relación o influencia, que hagan declaraciones y valoraciones públicas de culpabilidad sobre cualquier detenido, imputado o acusado durante la sustanciación de diligencias y causas antes de que haya recaído sentencia condenatoria. Artículo 11. Derecho al cambio de abogado Toda persona detenida, imputada o acusada podrá, en cualquier momento, cambiar de abogado que le asista o defienda, ya sea de su elección o del turno de oficio. Los jueces y tribunales, autoridades y funcionarios garantizarán la efectividad de este derecho y adoptarán las medidas oportunas para asegurar que el abogado sustituto haya podido instruirse adecuadamente y entrevistarse el tiempo necesario con su cliente con anterioridad a su primera intervención y resolverán lo necesario para evitar que la sustitución ocasione dilaciones indebidas.

Propuesta de Ley Orgánica del Derecho de Defensa

Artículo 12. Derechos del abogado con ocasión del ejercicio del derecho de defensa 1. En el ejercicio del derecho de asistencia letrada o de defensa el abogado tendrá los mismos derechos que el detenido, imputado o acusado, salvo aquellos que explícitamente estén reservados a los anteriores. 2. En particular el abogado tendrá derecho a comunicarse con el detenido, imputado o acusado en condiciones que garanticen la confidencialidad. 3. Se garantiza el derecho de acceso del abogado a las diligencias policiales y atestados así como al expediente judicial del detenido o imputado con anterioridad a la entrevista reservada, salvo en el caso en que las diligencias hayan sido declaradas secretas para las partes personadas. 4. El abogado, en el ejercicio de la defensa, tiene derecho a que se le notifique anticipadamente el momento en que se va a realizar cualquier actuación procesal, así como a intervenir en la misma. 5. Solo por ley se podrán establecer limitaciones o restricciones a los derechos establecidos en este artículo, en supuestos excepcionales de incomunicación, secreto de las diligencias para todas las partes personadas, así como que resulten de la aplicación de la legislación dictada en relación con conductas o personas integradas o relacionadas con bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, en atención, en todo caso, a la gravedad de las conductas y a la protección de derechos fundamentales prevalentes o de los que sean titulares terceras personas, y siempre con respeto al principio de proporcionalidad. Artículo 13. Garantías de la defensa 1. Los poderes públicos garantizarán la actuación libre e independiente del abogado como presupuesto para la efectividad del derecho de defensa. 2. Los jueces y tribunales, así como a las autoridades, funcionarios y agentes de las fuerzas y cuerpos de la seguridad, tienen el deber de asegurar el pleno respeto a la dignidad del abogado en el desempeño de sus funciones, tanto en las diligencias policiales y de investigación como en todo tipo de procesos, y adoptarán las decisiones y medidas necesarias para que el abogado pueda desarrollar su defensa sin limitaciones y con arreglo a lo establecido en las leyes. 3. El abogado que asista o defienda a una persona detenida, imputada o acusada no será objeto de medida alguna que pueda limitar a restringir el debido ejercicio de sus funciones de defensa, en particular aquellas que lesionen el derecho de comunicación y la confidencialidad de la misma con sus defendidos. 4. Se garantiza la inviolabilidad y el secreto de todos los documentos y comunicaciones del abogado que estén relacionadas con el ejercicio de sus funciones de defensa. 5. El abogado tiene el derecho a renunciar, libremente y en cualquier momento, a cualquier encargo profesional que hubiera aceptado. Al renunciar deberá adoptar las medidas imprescindibles y realizar las actuaciones precisas para no generar indefensión a su cliente y facilitar la sustitución por otro abogado. Los jueces y tribunales velarán para que la sustitución se produzca sin dilaciones. 6. Se garantiza la inmunidad del abogado por las declaraciones que haga, en el ejercicio del derecho de defensa, verbalmente o por escrito, en las diligencias policiales o de investigación así como en cualquier fase del procedimiento. La inmunidad se extenderá incluso después de terminado su encargo profesional. Los Colegios de Abogados ve-

Borrador de propuesta

larán porque se respete la inmunidad del abogado, su libertad e independencia como garantes del derecho de defensa. Artículo 14. Deber de confidencialidad y reserva 1. El secreto profesional del abogado garantiza la confidencialidad y reserva de todas las comunicaciones, datos, informaciones y propuestas que haya conocido como consecuencia de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, así como de todos los hechos y documentos de los que, como abogado, haya recibido o tenido noticia, incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente. 2. Los abogados estarán sujetos a la obligación de mantener la más estricta confidencialidad y reserva en cuanto a la información que reciban de sus clientes para su defensa o asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido esa información antes, durante o después de tales procesos. 3. Los abogados no vendrán obligados a prestar declaración ante ninguna autoridad, instancia o jurisdicción sobre hechos, documentos o informaciones de los que tuvieran conocimiento como consecuencia de su desempeño profesional, con la sola excepción de las obligaciones de información establecidas en la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 4. La obligación de guardar confidencialidad y reserva es indisponible e irrenunciable. Artículo 15. Intervención de las comunicaciones telefónicas y electrónicas y derecho de defensa 1. En ningún caso podrá ser acordada la intervención de las comunicaciones telefónicas o electrónicas del imputado, detenido o acusado con su abogado ni la grabación de las conversaciones presenciales que tenga el abogado con su cliente. 2. En todo caso se estará a lo que se establezca específicamente en norma con rango de ley, cuando la intervención de las comunicaciones telefónicas o electrónicas del detenido, imputado o acusado, o la grabación de sus conversaciones presenciales, se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes. 3. La inobservancia de lo previsto en este artículo se sancionará con nulidad de pleno derecho de lo actuado, sin que las actuaciones así obtenidas puedan incorporarse al juicio oral ni ser objeto de valoración por los jueces y tribunales, y ello sin perjuicio de las responsabilidades penales o de otra naturaleza que se deriven, en su caso, del incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo. Artículo 16. Personas jurídicas Las disposiciones de esta ley que se refieran al imputado o acusado serán de aplicación a los supuestos en que la imputación o acusación recaiga sobre una persona jurídica en aplicación de lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal. Disposición final. Entrada en vigor Esta ley orgánica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

El derecho a la asistencia letrada al detenido (art. 17.3 CE), su relación con el derecho a la defensa (art. 24.2 CE) y posibilidades para su reforzamiento (Informe 5/2011)

Se ha solicitado informe sobre el derecho a la asistencia letrada al detenido (art. 17.3 de la Constitución), su relación con el derecho a la defensa (art. 24.2 CE) y las posibilidades que se pueden proponer para su reforzamiento. Cabe formular al respecto las siguientes: CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN EJECUTIVO El presente informe pretende formular propuestas de mejora o reforzamiento de la protección del derecho a la asistencia letrada al detenido del art. 17.3 de la Constitución (CE), necesariamente vinculado con el derecho de defensa, consagrado en el art. 24.2 CE, partiendo del análisis de la situación actual en cuanto a las condiciones de ejercicio del derecho en tres concretas áreas: (1) El principal foco de atención se sitúa sobre la actual imposibilidad del detenido, en nuestro Derecho procesal, de mantener con su abogado una entrevista previa a su declaración en sede policial. El problema tiene estrecha relación con una materia más amplia, como es el papel marcadamente pasivo que se ha asignado en nuestro sistema procesal y en la práctica forense al letrado que asiste al detenido.

Desde la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) nº 196/1987 se afirma que el detenido en sede policial no está protegido por el derecho de defensa (art. 24.2 CE), sino sólo por el derecho a la asistencia letrada al detenido del art. 17.3 CE, garantía del derecho a la libertad que otorga facultades mucho más limitadas. Esta premisa ha facilitado una concepción eminentemente pasiva de la intervención del abogado en la asistencia al detenido (positivizada en el art. 520.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, LECr) y, en especial, ha venido a negar la posibilidad de que el detenido mantenga una entrevista reservada con su letrado previa a la declaración policial.

Informe 5/2011

A nuestro juicio son numerosas las críticas que cabe hacer a este statu quo de la cuestión y no es la menor de ellas que los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por España, a la luz de los cuales se deben interpretar los derechos fundamentales constitucionalizados, contemplan expresamente un derecho a preparar la defensa, lo que naturalmente debe hacerse a través de una entrevista previa a la declaración.

(2) Se propone incorporar una previsión legal expresa para sancionar con nulidad de pleno derecho la declaración realizada en ausencia de abogado cuando la presencia de éste resulta preceptiva por imperativo constitucional. (3) Se propone eliminar o, al menos, limitar los tres supuestos de renuncia válida al derecho a la asistencia letrada admitidos en la actualidad por la LECr.: (i) la renuncia del imputado no detenido; (ii) la prevista para los casos de delitos contra la seguridad del tráfico; (iii) la relativa los supuestos en que el abogado no acude al lugar de la detención en el plazo de ocho horas previsto por la Ley.

2. LA “ENTREVISTA PREVIA” Y EL PAPEL DEL ABOGADO DURANTE EL INTERROGATORIO POLICIAL DEL DETENIDO 2.1. Estado de la cuestión 2.1.1. Podría afirmarse que, en la actualidad, en nuestro sistema procesal penal, nadie (esto es, ni la Jurisprudencia ordinaria ni constitucional, ni la Fiscalía General del Estado, ni la práctica policial, ni la doctrina científica mayoritaria, ni el propio Derecho positivo) parece dudar de que el abogado que asiste a un detenido no puede entrevistarse con él antes de la declaración en sede policial. Es decir, parece que nadie duda de que una entrevista previa a la declaración entre abogado y detenido para preparar dicha declaración no sólo es una facultad que no forma parte del haz de derechos que asisten al detenido, sino que está expresamente prohibida. Que es incluso nociva. Que resulta rechazable desde un punto de vista valorativo, principial y se diría que hasta moral. Parece que se teme que el abogado, en esa entrevista previa, pueda “aleccionar”