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LEGISLACIÓN DE CONSUMO Revisada, concordada y actualizada.

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7ª EDICIÓN

LEGISLACIÓN DE CONSUMO

7ª EDICIÓN

textos legales

textos legales

Legislaciรณn de Consumo

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Ángel M. López y López

Tomás S. Vives Antón

Marta Lorente Sariñena

Ruth Zimmerling

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

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Legislación de Consumo 7ª Edición

ANA BELÉN CAMPUZANO Catedrática de Derecho Mercantil

Valencia, 2018

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ÍNDICE Introducción.................................................................................... 9

I. LEGISLACIÓN GENERAL §1. REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS............................................................................... 19 §2. LEY 7/1998, DE 13 DE ABRIL, SOBRE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.......................................................................... 153 §3. LEY 7/1996, DE 15 DE ENERO, DE ORDENACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA....................................................................................... 175 §4. LEY 34/1988, DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1988, GENERAL DE PUBLICIDAD......................................................................................... 213 §5. LEY 3/1991, DE 10 DE ENERO, DE COMPETENCIA DESLEAL................. 225 §6. LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.................................................... 255 §7. LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO................................... 289 §8. REAL DECRETO 231/2008, DE 15 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO.............................................. 349 §9. LEY 7/2017, DE 24 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE INCORPORA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 2013/11/UE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 21 DE MAYO DE 2013, RELATIVA A LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO................................................................................. 387

II. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA §10. LEY 16/2011, DE 24 DE JUNIO, DE CONTRATOS DE CRÉDITO AL CONSUMO.......................................................................................... 429

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ÍNDICE

§11. LEY 28/1998, DE 13 DE JULIO, DE VENTA A PLAZOS DE BIENES MUEBLES........................................................................................ 481 §12. LEY 22/2007, DE 11 DE JULIO, SOBRE COMERCIALIZACIÓN A DISTANCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS DESTINADOS A LOS CONSUMIDORES.. 499 §13. LEY 2/2009, DE 31 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA LA CONTRATACIÓN CON LOS CONSUMIDORES DE PRÉSTAMOS O CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMO O CRÉDITO............................................. 519 §14. LEY 43/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES CON OFERTA DE RESTITUCIÓN DEL PRECIO............................................................................... 547 Índice de voces................................................................................ 559

INTRODUCCIÓN Es indudable que en los últimos años se han producido cambios muy notables en nuestro ordenamiento jurídico, como consecuencia de la irrupción de la figura del consumidor. Ello había conllevado la publicación de numerosas normas de protección de los consumidores, que son en último extremo normas de protección del modelo económico diseñado en la Constitución, pero, que no siempre preveían una adecuada coordinación.

En este sentido, era deseable refundir estas normas, lo que se lleva a cabo a través del texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (BOE 30 de noviembre). Con ello, además, formalmente se dio cumplimiento a la previsión recogida en la disposición final quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, que habilitaba al Gobierno para que, en el plazo de 12 meses, procediera a refundir en un único texto la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposición de las directivas comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios que incidieran en los aspectos regulados en ella, regularizando, aclarando y armonizando los textos legales que tuvieran que ser refundidos.

En la determinación de las normas objeto de refundición, como se indica en la Exposición de Motivos, se ha considerado el listado del anexo de la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios, y se ha tenido en cuenta que la delegación legislativa no autoriza a incorporar al texto refundido disposiciones reglamentarias, por lo que éstas no se integran en el mismo.

Sobre esta base, el texto refundido incorpora las previsiones de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios —que deroga en su totalidad— e integra, además: – las previsiones establecidas para los contratos celebrados a distancia (derogando los preceptos correspondientes de la Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista)

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INTRODUCCIÓN

– la normativa sobre contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles (derogando la Ley 26/1991, de 21 de noviembre) – el régimen de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos (derogando la Ley 22/1994, de 6 de julio) – la regulación de los viajes combinados (derogando la Ley 21/1995, de 6 de julio) – las normas sobre garantías en la venta de bienes de consumo (derogando la Ley 23/2003, de 10 de julio) Por el contrario, no se refunden las leyes que regulan los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico, las normas sobre radiodifusión televisiva y las previsiones de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, al considerar que instrumentan regímenes jurídicos muy diversos que regulan ámbitos sectoriales específicos alejados del núcleo básico de la protección de los consumidores y usuarios. Igualmente, se excluye del texto refundido la normativa de crédito al consumo1, en consideración a su incidencia específica en el ámbito financiero (lo que es extensible a la normativa sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores) y el peculiar régimen de constitución de los derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico, dada su indudable incidencia también en los ámbitos registral y fiscal, ajenos al núcleo básico de protección de los consumidores. En fin, tampoco es objeto de refundición la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad, por considerar que su ámbito subjetivo de aplicación incluye también las relaciones entre empresarios y su contenido está pendiente de revisión.

Al margen de todas estas normas, referidas en la Exposición de Motivos para justificar su inclusión o exclusión en el texto refundido, la protección básica de los consumidores exige, además, tener en cuenta la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y la Ley 28/1998, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles que mantiene una estrecha vinculación con la normativa de crédito al consumo 1

El texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, alude a la exclusión de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo, norma que ha sido derogada por la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.

INTRODUCCIÓN

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El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias se estructura en cuatro libros.

El libro primero recoge las denominadas «disposiciones generales», en el que junto a la imprescindible delimitación de conceptos, a efectos de la aplicación de la ley, se recogen cuatro cuestiones fundamentales (arts. 1-58). La primera, la relativa a los derechos básicos de los consumidores y usuarios, que se listan en el artículo 8 y cuyo desarrollo se recoge en los preceptos posteriores. Esta lista de derechos reconoce a los consumidores y usuarios la información, protección, reparación e indemnización de sus derechos y legítimos intereses, así como su derecho a participar en la elaboración de las disposiciones que les afectan y la representación de sus intereses a través de asociaciones legalmente constituidas. El régimen jurídico de estas asociaciones, como cauce idóneo para articular el derecho de representación, consulta y participación, conforma la segunda cuestión fundamental que aborda este título primero. Se trata, en suma, de articular sus reglas básicas de funcionamiento, con especial atención a su independencia y transparencia, imponiéndoles su inscripción en un Registro Estatal —salvo que desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito de una Comunidad Autónoma— y creando el Consejo de Consumidores y Usuarios, como órgano nacional que integre asociaciones de ámbito supraautonómico. Esta permanente concurrencia competencial, Estado-Comunidades Autónomas, justifica el reconocimiento específico, en tercer lugar, de la necesaria cooperación institucional y la consiguiente creación de la Conferencia Sectorial de Consumo, como máximo órgano de cooperación del Estado con las Comunidades Autónomas. En fin, en cuarto lugar, se aborda el régimen de infracciones y sanciones en materia de defensa de consumidores y usuarios.

El libro segundo se refiere a los «contratos y garantías» (arts. 59-127).

En general, los contratos con consumidores y usuarios deben venir precedidos de una clara y precisa información precontractual y deben recoger, de forma inequívoca, la voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato.

Además, de un lado, como técnica protectora de los derechos del consumidor y usuario, se establece que esta contratación siempre debe recoger el derecho de desistimiento, como facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido —como mínimo catorce días naturales— sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase. De otro lado, se recogen los requisitos que han de cumplir las cláusulas no negociadas individualmente,

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INTRODUCCIÓN

frecuentísimas en la contratación con consumidores y que, inevitablemente, conecta con la normativa en materia de condiciones generales de la contratación, y se sistematizan los supuestos de cláusulas abusivas, auténtica piedra angular del sistema de protección de los consumidores y usuarios. En este sentido, siguiendo la técnica precedente, se considera cláusula abusiva toda aquella estipulación no negociada individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibro importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Y, a continuación, se establece un listado, ejemplificativo, de cláusulas que serán abusivas: por vincular el contrato a la voluntad del empresario; por limitar los derechos básicos del consumidor y usuario; por falta de reciprocidad; sobre garantías; por afectar al perfeccionamiento y ejecución del contrato; sobre competencia y derecho aplicable. A este régimen básico de contratos con consumidores, añade el texto refundido, en este mismo libro, disposiciones específicas aplicables a los contratos a distancia y a los contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles que, en suma, responden a los mismos principios que integraban la legislación de la que traen origen. Todo este régimen contractual se acompaña, además, de la imprescindible previsión de garantías y servicios posventa. El consumidor y usuario tiene derecho a la reparación del producto, a su sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato en un plazo de dos años desde la entrega, plazo que podrá rebajarse en los productos de segunda mano, sin que pueda ser inferior a un año desde la entrega. Esta responsabilidad del vendedor, que le obliga a responder frente al consumidor y usuario de cualquier falta de conformidad, se diferencia de la garantía comercial, definida como aquélla que puede ofrecerse adicionalmente con carácter voluntario y que obligará a quien figure como garante en las condiciones establecidas en el documento de garantía y en la correspondiente publicidad.

El libro tercero se dedica, íntegramente, a la «responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos» (arts. 128-149): los productores serán responsables de los daños causados por los defectos de los productos que, respectivamente, fabriquen o importen. Esta responsabilidad se extiende a daños personales y materiales, excluyendo la protección de otro tipo de derechos que el perjudicado deberá reclamar por los cauces generales, lo que reduce conside-

INTRODUCCIÓN

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rablemente las causas de exoneración de la responsabilidad y limita la cuantía de la indemnización a la que deba hacer frente el productor.

También el libro cuarto, último del texto refundido, se dedica, como el precedente, a una cuestión específica, en este caso, los «viajes combinados» (arts. 150-165). En este supuesto de combinación previa de, por lo menos, dos elementos entre los de transporte, alojamiento y otros servicios turísticos, vendidos u ofrecidos con arreglo a un precio global, cuando dicha prestación sobrepase las 24 horas o incluya una noche de estancia, se pone especial énfasis en dos aspectos. De un lado, los derechos del consumidor y usuario en el proceso de contratación: desde la imprescindible información precontractual que el organizador o detallista —que tienen la consideración de agencia de viajes— deben poner a disposición de los consumidores y usuarios, pasando por la formalización del contrato por escrito y con un contenido mínimo hasta el reconocimiento de la cesión gratuita de la reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas para el mismo o la regulación de la revisión de precios del contrato. De otro lado, la previsión específica de la resolución del contrato, atendiendo a la existencia o no de una causa imputable al organizador, diferenciándolo de la no prestación de servicios contratados y la consiguiente responsabilidad de los organizadores y detallistas. En suma, un régimen específico que persigue incrementar la protección de los consumidores y usuarios en este ámbito y que se cierra con una doble previsión al respecto: la obligación de organizadores y detallistas de constituir y mantener en permanente vigencia una fianza para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios —en especial, recoge, entre otros supuestos, el del resarcimiento por insolvencia— y la exclusión de este tipo de contratos del régimen sancionador general previsto en el libro primero del texto refundido, por resultarle de aplicación la legislación específica sobre la materia dictada por las Administraciones públicas competentes en materia de turismo. *************** En definitiva, un texto refundido que supone un avance importante en la protección de los consumidores y usuarios, aunque, sin duda deberá aún ser objeto de diversas mejoras. No sólo porque excluya algunas normas que, probablemente, deban acabar integrando un texto único, motivo por el que esta edición recoge otras normas que deben considerarse complementarias al texto

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INTRODUCCIÓN

refundido, sino, también, porque el propio texto refundido faculta al Gobierno para dictar las disposiciones precisas para la aplicación de esta norma y por la necesaria adaptación de esta normativa a los avances en materia de protección de los consumidores y usuarios.

Entre estas modificaciones destaca la reforma operada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, a fin de transponer la Directiva 2011/83/UE, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican las Directivas 93/13/CEE y 1999/44/CE y se derogan las Directivas 85/577/CEE y 97/7/CE. La Directiva 2011/83/UE procede a derogar la normativa europea vigente sobre la protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, estableciendo un nuevo marco legal en esta materia, al tiempo que modifica la normativa europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo.

También son reseñables las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores, que en su disposición final primera modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, por la necesidad de dar inmediata respuesta al Proyecto Piloto 8007/15/JUST abierto al Reino de España a consecuencia de una incorrecta transposición de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea y evitando la imposición de posibles sanciones económicas a España. Así, la modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios incide en la necesaria protección de los consumidores en sus relaciones con los empresarios, en el aspecto concreto relativo al medio que debe utilizar el empresario para reembolsar el pago recibido del consumidor en caso de desistimiento, garantizando que éste no incurra en ningún gasto como consecuencia del desistimiento del contrato

INTRODUCCIÓN

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Igualmente son destacables las modificaciones introducidas en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que forma parte del proceso general de modernización del sistema positivo de tutela del Derecho privado. Se opta por separar la jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común —manteniéndose entre ellas las relaciones de especialidad y subsidiariedad— lo que supone el reconocimiento de la autonomía conceptual de la jurisdicción voluntaria dentro del conjunto de actividades jurídico-públicas legalmente atribuidas a los tribunales de justicia. Atendiendo a diversas razones, la Ley encomienda a otros órganos públicos, diferentes de los órganos jurisdiccionales, la tutela de determinados derechos que hasta el momento actual estaban incardinados en la esfera de la jurisdicción voluntaria y que no afectan directamente a derechos fundamentales o suponen afectación de intereses de menores o personas que deben ser especialmente protegidas. Así, se opta por atribuir el conocimiento de un número significativo de los asuntos que tradicionalmente se incluían bajo la rúbrica de la jurisdicción voluntaria a operadores jurídicos no investidos de potestad jurisdiccional, tales como letrados de la administración de justicia, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, compartiendo con carácter general la competencia para su conocimiento. Por el contrario, otros expedientes se mantienen en el seno de la administración de justicia, otorgando el impulso y la dirección de los mismos a los letrados de la administración de justicia —denominados, con anterioridad, secretarios judiciales2— y atribuyéndose al juez o al propio letrado de la administración de justicia, según el caso, la decisión de fondo que recaiga sobre aquellos y las demás resoluciones que expresamente se indican. Y reservando la decisión de fondo al juez de aquellos expedientes que afectan al interés público o al estado civil de las personas, los que precisan una específica actividad de tutela de normas sustantivas, los que pueden deparar actos de disposición o de reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos o cuando estén en juego los derechos de menores o personas con capacidad modificada judicialmente. De este modo, el juez es el encargado de decidir, como regla general, los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas y 2

Los secretarios judiciales han pasado a denominarse Letrados de la Administración de Justicia, por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

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de familia, y también alguno de los expedientes en materia mercantil y de derecho de obligaciones y sucesorio que no se encomiendan a letrados de la administración de justicia, notarios o registradores.

De forma complementaria cabe destacar, además, la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Como se indica en su Preámbulo, en la evolución de la protección jurídica del consumidor, tanto en los ordenamientos nacionales como en el derecho comunitario, se pueden distinguir, algo distantes, aunque no del todo separadas, dos etapas.

En una primera etapa se reconocen principios y derechos en favor de los consumidores, mientras que en una segunda etapa los Estados advierten que no es suficiente el reconocimiento de un repertorio de derechos a los consumidores por lo que resulta imprescindible el establecimiento de cauces adecuados para que estos puedan hacer valer los derechos reconocidos en la etapa anterior. De esta forma, la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, persigue que los consumidores residentes en España o en cualquier Estado miembro de la Unión Europea tengan la posibilidad de resolver sus litigios de consumo con empresarios establecidos en España acudiendo a entidades de resolución alternativa de calidad que hayan sido acreditadas por la autoridad competente e incluidas en un listado nacional de entidades acreditadas, el cual será trasladado a la Comisión Europea para que sea incluido en el listado único de entidades notificadas por los diferentes Estados miembros de la Unión Europea.

En fin, esta Legislación de Consumo recoge, además, un índice analítico o de voces, que facilite al lector el manejo de esta normativa.

Marzo de 2018

Ana Belén Campuzano

Catedrática de Derecho Mercantil

I. LEGISLACIÓN GENERAL

§1. REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS Téngase en cuenta la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, aplicable a los contratos con los consumidores y usuarios celebrados a partir del 13 junio de 2014.

El Preámbulo de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, establece: I El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, procedió a refundir en un único texto la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposición de las directivas comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios que incidían en los aspectos regulados en ella, en cumplimiento de la previsión recogida en la disposición final quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios.

Con fecha 22 de noviembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

La citada directiva procede a derogar la normativa europea vigente sobre la protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, estableciendo un nuevo marco legal en esta materia, al tiempo que modifica la normativa europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumi-

§1. RDL 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE

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dores y sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo.

La directiva supone un nuevo impulso a la protección de los consumidores y usuarios europeos y a la consolidación de un mercado interior, dirigido a reforzar la seguridad jurídica, tanto de los consumidores y usuarios como de los empresarios, eliminando disparidades existentes en la legislación europea de los contratos de consumo que crean obstáculos significativos en el mercado interior. Con esta finalidad, la directiva amplía la armonización de los ordenamientos internos de los Estados bajo un enfoque de armonización plena, con excepciones puntuales, e introduce modificaciones sustanciales en la vigente normativa europea en materia de contratos con los consumidores y usuarios, recogida en nuestro derecho interno a través del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

En consecuencia, mediante esta ley se procede a modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a fin de transponer al derecho interno la Directiva 2011/83/UE. El enfoque de armonización plena al que responden la mayor parte de las disposiciones de la directiva que ahora se integran en el texto refundido hace preciso clarificar el ámbito de aplicación de la norma y su coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, especialmente con la regulación sectorial en materia de protección de los consumidores y usuarios. Por ello, mediante la nueva redacción del artículo 59.2 del texto refundido se aclara esta cuestión y se garantiza en todo caso la aplicación de aquellas normas sectoriales que, partiendo del nivel de protección previsto por la legislación general, otorguen una mayor protección a los consumidores y usuarios, siempre que respeten en todo caso el nivel de armonización que establecen las disposiciones del derecho de la Unión Europea.

Los criterios seguidos en la transposición se han basado, preferentemente, en la fidelidad al texto de la directiva y en el principio de mínima reforma de la actual normativa.

II En el ámbito de las modificaciones de carácter legal necesarias para transponer la directiva, cabe mencionar, en primer lugar, las definiciones armonizadas que recoge la nueva ley. El concepto de consumidor y usuario engloba a las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores y usuarios a efectos de la ley, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.