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LAS ACTIVIDADES ´ EDILBERTO´ JOSE

LAS ACTIVIDADES CALIFICADAS

Edilberto Jos茅 Narb贸n Lainez PresidentedelaSaladeloContencioso-Administrativodel TribunalSuperiordeJusticiadelaComunidadValenciana

Ayuntamiento de Burriana

tirant lo b anch Valencia,2006

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Directordelacolección: DAVID BLANQUER

© EDILBERTO JOSÉ NARBÓN LAINEZ

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Libreríavirtual:http://www.tirant.es DEPOSITO LEGAL: I.S.B.N.: 84 - 8456 - 537 - 8

Í NDICE Presentación ..........................................

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I . CONCEPTO

II. INFORMES

TÉCNICOS

1. Informe Urbanístico ............................. a) Delalimitacióndeactividadesenfuncióndeladistancia . b) Licenciasdeactividadensuelonourbanizable ........ c) Licencia de Obras/Licencia de Actividad. Conexión ..... d) Delosaparcamientosdevehículosenrelaciónconlaslicenciasdeactividad ............................. e) De las salidas de humos de los locales donde se ubica una actividadcalificada ............................ f ) Limitacionesdecaráctercivil ....................

2. Informesobrelascondicionestécnicasdelproyecto .......

3. Informesanitario ...............................

4. Delaslicenciasprovisionales .......................

5. Licencia de actividad y la posibilidad de los Ayuntamientos de solicitarsegurosparacubrirresponsabilidadescivilesopatrimoniales .......................................

23 24 25 31

..

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III. INFORMACIÓN

PÚBLICA

Y

AUDIENCIA

VECINAL

IV. DEL INFORME DEFINITIVO DE LA COMISIÓN VINCIAL DE ACTIVIDADES CALIFICADAS

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PRO-

1. El problema de la identificación de los miembros de la Comisión ProvincialdeActividadesCalificadas ..................

2. En cuanto al procedimiento y contenido ...............

3. Posibilidad de delegación de competencias de la Generalidad Valenciana a los Ayuntamientos y dentro del propio Ayuntamiento ..........................................

54 56

58

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ÍNDICE

V. LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y SILENCIO ADMINISTRATIVO 1. NormativaEstatal ...............................

2. Normativa Autonómica ...........................

3. Normativaparaespectáculos,establecimientospúblicosyactividadesrecreativas ................................

4. Normativa relativa a las actividades de la Ley 16/2002, de 1 de Julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación 5. Normativacuandolaslicenciasdeactividadnecesitenunaautorización de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica .

6. Delaaperturadellocaltrasentenderunapersonaquehaobtenido lalicenciaporsilencioadministrativodecarácterpositivo ...

VI. DEL

ACTA

DE

59 61 66 67

67 67

COMPROBACIÓN

1. Naturaleza del acta de comprobación .................

2. Procedimientoyefectos ..........................

71 73

...................

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VII. TRANSMISIÓN

VIII. INSPECCIÓN NES 1.

2.

3.

4.

DE

LICENCIAS

CONTROL,

INFRACCIONES

Y

SANCIO-

Delainspección,controlycompetenciasenmateriasancionadora Delasinfracciones ..............................

Régimen sancionador y ordenanzas municipales ..........

Medidascautelaresenlosprocedimientossancionadores .... a) Delasmedidascautelarespreviasalprocedimientoadministrativosancionador ........................... b) De las medidas cautelares una vez se ha iniciado el procedimientoadministrativosancionador ................

IX. DEL

RESTABLECIMIENTO

DE

LA

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LEGALIDAD

1. Actividadesqueserealizansinlicenciaoseapartanmanifiestamente de la licencia que ha sido otorgada ...............

2. Actividadesquenocumplenconlosrequisitosycondicionesdela licencias ......................................

96 99

ÍNDICE

3. Ejecutividad de estas medidas por parte de la Administración, tantolasdecaráctersancionadorcomoelrestablecimientodela legalidad .....................................

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PRESENTACIÓN Es para nosotros una sentida satisfacción presentar los “Cuadernos de Urbanismo de la Comunidad Valenciana”. Este ilusionante proyecto colectivo nace de la altruista colaboración entre la Universidad y la Empresa, filantrópica alianza impulsada por las Fundaciones y fraguada por el Ayuntamiento de Burriana.

Esa colaboración entre lo público y lo privado ha rendido ya frutos para el progreso social en la ordenación y gestión del territorio, en el que la Comunidad Valenciana se ha significado por su espíritu innovador.

El origen de los Cuadernos es el “Curso Superior de Ordenación y Gestión Urbanística y Territorial” que desde octubre de 1999 viene desarrollándose en Burriana, y por ello gran parte de los trabajos que se publiquen serán aportaciones de quienes imparten docencia en el Curso. Ahora bien, queremos hacer una invitación abierta a todos los estudiosos de la materia a participar activamente en los Cuadernos y sumarse a este proyecto colectivo.

Confiamos que los análisis y reflexiones que se desarrollen en estos Cuadernos contribuyan también a seguir avanzando en la utilización racional de los recursos naturales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida.

Alfonso Ferrada Alcalde de Burriana

Luis Batalla Lubasa Social

Carlos Pascual Fundación Cañada Blanch

Rafael Benavent Fundación Universitat-Empresa

I.

CONCEPTO

Para el estudio de las actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, nada mejor que partir de un concepto de las mismas. La legislación autonómica (Ley de las Cortes Valencianas 3/1989 (Tol 14036), de 2 de Mayo, de Actividades Calificadas) no da una definición, la única norma que hace un intento de definir cada una de ellas es el Decreto 2414/1961 (Tol 136593), de 30 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas que en su Art. 3 establece: • Molestas Serán calificadas como “molestas” las actividades que constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen.

• Insalubres Se calificarán como “insalubres” las que den lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana.

• Nocivas Se aplicará la calificación de “nocivas” a las que, por las mismas causas, puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola.

• Peligrosas Se consideran “peligrosas” las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos

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graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o los bienes.

Partiendo de la descriptiva definición que nos da el legislador estatal conviene poner de relieve la legislación aplicable a las denominadas “actividades calificadas” pues la simplicidad y uniformidad con que tradicionalmente han sido tratadas se ha roto en la actualidad, no sólo por la aparición de las legislaciones autonómicas de gran trascendencia en la materia que nos ocupa sino desde la perspectiva de su contemplación que ha dado lugar a diferentes regímenes jurídicos en función del tipo de actividad.

La normativa básica en materia de actividades calificadas viene recogida a nivel estatal por: Decreto 2414/1961 (Tol 136593), de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (BOE 292/1961, de 7 Diciembre 1961), cuyo anexo I contiene el nomenclátor anejo a la reglamentación de actividades molestas insalubres, nocivas y peligrosas (con indicación de la clasificación decimal internacional adoptada por el Instituto Nacional de Estadística).

A nivel autonómico: a) Ley 3/1989 (Tol 14036), de 2 de Mayo de Actividades Calificadas. b) Decreto 54/1990 (Tol 156791), de 26 de Marzo, del Consell de la Generalidad Valenciana, por el que se aprueba el nomenclátor de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en cumplimiento de lo establecido en el art. 1º de la Ley 3/1989 (Tol 14036), de 2 de Mayo, sobre Actividades Calificadas.

Ahora bien, si examinamos el nomenclátor de actividades calificadas tanto a nivel autonómico como a nivel estatal veremos que una parte muy importante (grupo de las más molestas, nocivas, insalubres o peligrosas) que contiene el anexo I del Decreto 54/1990 (Tol 156791) se corresponde con el anexo I de la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación, directiva que ha sido transpuesta por España y ha pasado a la Ley 16/2002 (Tol 168909), de 1 de Julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, es decir, este grupo de actividades ya no se rigen por la normativa general de las actividades calificadas que hemos citado sino que lo hacen por esta Ley y la normativa que la desa-

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rrolle, singularmente, en la Comunidad Valenciana por el Decreto 40/ 2004 (Tol 347978), de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla el régimen de prevención y control integrados de la contaminación en la Comunidad Valenciana, (DOGV 4710/2004, de 11 Marzo 2004, Modelo añadido por c.e. DOGV núm. 4712, de 15 de marzo de 2004).

Otro importante grupo de actividades que recoge el anexo I del Decreto autonómico 54/1990 (Tol 156791) lo constituyen los de la Agrupación 65 (restaurantes, cafés) 66 (hostelería) y 96 (servicios y actividades recreativas), ahora bien, esas actividades de tanta trascendencia en España en general y la Comunidad Valenciana en particular tampoco se rigen por la normativa general de actividades calificadas sino que tienen su normativa propia (salvo en lo no previsto en la misma) y se recoge por la Ley 4/2003 (Tol 242719), de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

Sobre todo este sustrato normativo ha adquirido gran relevancia todo lo referido a “contaminación acústica” tanto a nivel normativo como a nivel de litigiosidad en los Tribunales de Justicia relacionado con las licencias de actividad, la normativa en la Comunidad Valenciana vendría dada por la Ley 7/2002 (Tol 223999), de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, y a nivel estatal por la Ley 37/2003 (Tol 318686), de 17 de Noviembre, del Ruido. (B.O.E. 18.11.2003).

Por tanto, el objeto de este trabajo será de forma primordial examinar los aspectos fundamentales de la Ley 3/1989 (Tol 14036), de 2 de Mayo, de Actividades Calificadas pero con referencias y comparaciones con la normativa que se acaba de citar.

Expuesto lo anterior, se hace preciso tratar el tema sobre el carácter taxativo o no de las actividades calificadas a la vista del nomenclátor que contiene el Decreto 2414/1961 (Tol 136593), de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas o el Decreto 54/1990 (Tol 156791), de 26 de Marzo, del Consell de la Generalidad Valenciana, por el que se aprueba el Nomenclátor de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Se hace difícil pensar en una actividad que no venga incluida dentro del nomenclátor, ahora bien, tanto la legislación estatal en su art. 2 como

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el art. 1 de la Ley 3/1989 (Tol 14036) establecen que no tienen carácter limitativo, por tanto, lo que determina la necesidad de obtener licencia es el hecho de que pueda calificarse una actividad como molesta, insalubre, nociva o peligrosa, de acuerdo con las definiciones que se acaba de transcribir. Así lo han entendido numerosas sentencias del Tribunal Supremo (Sala Tercera-Sección Cuarta) de 4.10.2000 (Tol 34660) cuando afirma “…sentencias de 24.07.1998 y 25.03.1999, en la primera de ellas se precisa que: el hecho de que la actividad de la industria del apelante no se halle clasificada expresamente en el Anexo del RAM, no impide su clasificación en alguno de los grupos de actividades que regla el mencionado RAM, pues como señala el art. 2 del mismo, la inclusión en su ámbito no viene determinada sólo por la inclusión en el nomenclátor Anexo sino por la misma naturaleza de la actividad conforme a las definiciones del art. 3º…”.

A mi juicio una actividad no debe considerarse calificada en base a meros informes genéricos, en ocasiones, más que de una actividad cabría hablar de cambio de vocablos o modismos de la lengua inglesa, baste citar la polémica de hace varios años en torno a los “pubs” cuando se afirmaba que no estaban en el nomenclátor, no obstante, un pub no es más que un bar con ambiente musical subsumible claramente tanto en el nomenclátor estatal como autonómico y así la Generalidad Valenciana reguló normativamente los denominados “pubs” y los introdujo en el Decreto 54/1990 (Tol 156791) (Anexo I) en la Agrupación 96 dentro de los servicios y actividades recreativas, grupo 969, subgrupo 969.6, clasificación decimal 833-9 junto a los bares con ambiente musical. Cuestión diferente es cuando nos encontramos con una actividad verdaderamente nueva no incluida en el nomenclátor, a mi juicio, la labor de un Ayuntamiento para llevar a cabo la inclusión será, en primer lugar, elaborar un informe siguiendo las pautas del Anexo I del Decreto Autonómico 54/1990 (Tol 156791) y examinar si debe ser “actividad calificada” por molesta, nociva, insalubre o peligrosa, en segundo lugar, establecer en función del punto anterior los posibles grados de molestia, nocividad, insalubridad o peligrosidad, en tercer lugar, teniendo la referencia de los dos puntos anteriores determinar las medidas correctoras conforme al Anexo II del Decreto 54/1990 (Tol 156791) y, en cuarto lugar, cuando pase a informe de la Comisión Provincial de Actividades Calificadas de aceptar los tres puntos anteriores deberá remitirlo a la autori-

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dad competente para que la incluya en el nomenclátor y no se de la paradoja que una actividad sea calificada en un municipio y en otro no lo sea o siendo calificada en los diversos municipios estén dándole clasificaciones diversas y adoptando o exigiendo medidas correctoras diferentes, el principio de seguridad jurídica recogido en el art. 9 de la Constitución exige coherencia en el punto examinado.

Dos situaciones concretas se han repetido en la Comunidad Valenciana y han dado lugar a numerosos procesos: 1.- Casales falleros, moros y cristianos etc., la cuestión se planteó ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso 533/1995, dando lugar a la Sentencia de 23.03.1998 cuyo criterio se ha venido repitiendo, en la misma se decía (en el mismo sentido Sentencia Sala Tercera del Tribunal Supremo 23.06.2003 (Tol 573561): “… toda asociación cultural debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalidad Valenciana, por regla general, tiene una sede social que le sirve de soporte y además despliega como mínimo una actividad de gestión y administración con sus asociados.

Desde este punto de vista abstracto, evidentemente ninguna asociación cultural, festera etc. necesita licencia de actividad a que hace referencia la Ley de las Cortes Valencinas 3/1989 (Tol 14036), de 2 de Mayo, de Actividades Calificadas, pero como quiera que su sede social suele congregar público (dependiendo del número de asociados y actividad) estarán sujetos a las autorizaciones y controles de la Ley de las Cortes Valencianas 2/1991 (Tol 148386), de 18 de Febrero, de Espectáculos, Establecimientos públicos y Actividades Recreativas, al establecer en su art. 1 (hoy art. 1 de la Ley 4/2003 (Tol 242719), de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos) que la Ley será de aplicación con independencia de que su titularidad sea pública o privada y tengan o no finalidad lucrativa; en este tipo de autorizaciones la administración competente tendrá en cuenta a título de ejemplo, las medidas contra incendios del Real Decreto 2177/1996 (Tol 160724), de 4 de Octubre, posible incidencia de ruidos y molestias al vecindarioetc.

En los últimos años se observa que estas asociaciones culturales, festeras, lúdicas etc. además de la actividad propia del objeto social, utilizan su sede para la realización de actividades anexas o complementarias de carácter permanente, es decir, se convierte en lugar de reunión permanente donde acuden sus asociados para la celebración de bailes, juegos, bar etc., pues bien, cuando este tipo de Asociacio-

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nes con cierta vocación de permanencia realicen actividades complementarias que se encuentren incluidas en el Decreto 54/1990 (Tol 156791), de 26 de Marzo, de la Consellería de Administración pública, por el que se aprueba el nomenclátor de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, o análogas (art. 1 de la Ley 3/1989 (Tol 14036)), automáticamente se hallarán inmersos en el ámbito de la Ley de las Cortes Valencianas 3/1989 (Tol 14036), de 2 de Mayo, de Actividades Calificadas y le serán inexcusablemente exigibles por las Administraciones Públicas competentes los mismos requisitos que a cualquier otra empresa pública o privada, con ánimo o sin ánimo de lucro.

La Ley de las Cortes Valencianas 3/1989 (Tol 14036), de 2 de Mayo, de Actividades Calificadas como la normativa estatal, básicamente, el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobado por Decreto 2414/1961 (Tol 136593), de 30 de Noviembre, tienen como objetivo básico la actividad potencialmente molesta, insalubre, nociva o peligrosa que se va a ubicar en un determinado local, tanto para las personas que vayan a trabajar o acudan a los citados locales, como al conjunto del vecindario a que puedan afectar, la ley no entra ni sale, en que, además, deba estarse en posesión de licencia fiscal o pagar los correspondientes tributos, se trata de una normativa que trata de regular la convivencia armónica con un medio ambiente adecuado, por ello el art. 2 de la ley de las cortes valencianas 3/1989 (Tol 14036), de 2 de mayo, de actividades calificadas, se centra únicamente en la actividad y deja a un lado ulteriores consideraciones “…para poder desarrollar cualquiera de las actividades sujetas a la presente ley será necesario obtener… la licencia correspondiente…”.

En esta misma sentencia se planteó por parte del Ayuntamiento la interpretación de las normas conforme a la realidad social, la respuesta fue la siguiente: “… No pasa desapercibido a esta Sala el alegato del Ayuntamiento de Sagunto sobre la interpretación de las normas, art. 3.1 del Código Civil “…la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, teniendo en cuenta fundamentalmente el espíritu y finalidad de aquellas…; la presente sentencia en modo alguno contraviene el precepto citado, una cosa es que los casales falleros, durante la semana de fallas, presentación de la fallera mayor etc. organicen actividades que ciertamente van a producir ruidos y molestias al vecindario donde se ubican, en cuyo caso bastará la autorización municipal de los artes.

10 y 12 de la Ley de las Cortes Valencianas 2/1991 (Tol 148386), de 18 de Febrero, de Espectáculos, Establecimientos públicos y Actividades Recreativas y, otra cosa diferente es destinar un local a bar con

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ambiente musical con carácter o vocación de permanencia, en el primer caso, nos encontraríamos con la tradición fallera que, evidentemente tiene por naturaleza un componente ruidoso importante; en el segundo, una actividad que causa ruidos y molestias con cierta asiduidad y continuidad y, que son evitables mediante medidas correctoras. Desde el punto de vista del que recibe los ruidos hay una diferencia importante, si no quiere recibir ruidos en la semana fallera le bastará con marcharse, lo que no puede hacer ni se le puede obligar es a desalojar su domicilio los fines de semana, algunos laborales, o períodos largos de tiempo, en definitiva, en este segundo caso se está violando el derecho al disfrute tranquilo de su domicilio….”

2.- La segunda gran polémica de los últimos años relacionada con este tema versa sobre la exigencia de algunos Ayuntamientos a las operadoras de telefonía móvil una licencia de actividad por cada antena, los Tribunales de Justicia han dado una respuesta diversa: a) Tribunales Superiores de Justicia que entienden justificada esta exigencia. b) Tribunales Superiores que entienden no justificada esta exigencia.

Entre los primeros, podemos citar la Sentencia 441/2003, de 17.03.2003 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Tercera), se basa la sentencia en dos pilares para entender justificada la exigencia de licencia de actividad para cada una de las antenas de telefonía móvil: – El principio de precaución.

– El carácter no limitativo que tiene el nomenclátor con apoyo en el art. 2 del Decreto 2414/1961 (Tol 136593), de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, como el art. 1 de la Ley 3/1989 (Tol 14036), de 2 de Mayo, de Actividades Calificadas.

Entre los segundos, el T.S.J. de Navarra 2.10.2002 (Tol 265985) “..en la Ley Foral 16/1999, de Control de Actividades Clasificadas para la Protección del Medio Ambiente, no se incluye la instalación de antenas de telefonía móvil entre las actividades clasificadas, principios como el “favor libertatis”, proclamado en el art. 84, 2 LRBRL (Tol 257364), aconsejan no imponer restricciones a la libertad individual en el ejercicio de actividades económicas…”. Las mismas razones, a las que se añaden la de falta de competencia podemos observar en la sentencia 46/2003, de

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la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Sin embargo, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de la Comunidad Valenciana, tras revisar diversos informes técnicos cambia el criterio, en concreto: – Comité científico de Toxicología, Ecotoxicología y Medio Ambiente de la Comisión Europea (año 2001).

– Comité de Expertos Reino Unido, Informe Steward. (año 2000).

– Comité de Expertos de Francia (año 2001).

– Comité de Expertos de España (año 2001).

– Dirección General de la Salud Pública del Ministerio Español de Sanidad y Consumo en informe publicado el 14.11.2003.

Estos concluyen que no se ha podido demostrar que las antenas de telefonía móvil sean molestas, peligrosas, nocivas, insalubres, por lo que, en el recurso AP-219/2003, se dictó la sentencia 1626/2003 de 30.09.2003 (Tol 314755) donde modificó su anterior decisión y, como resumen de su razonamiento, que en la actualidad es reiterado, se expuso: “.. La exposición que se acaba de hacer nos hace volver al punto de arranque sobre el “principio de precaución” que recogió nuestra Sentencia 441/2003, de 17.03.2003 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Tercera) entendiendo que hacía falta licencia de actividad calificada; no se rechaza en la presente sentencia el “principio de precaución” entre otras cosas por ser imperativo conforme al art. 95.3 y 174.2 del Tratado de la Unión Europea, sino que ese principio de precaución se recoge íntegramente en la normativa estatal que se acaba de citar.

En puridad ningún Comité Científico ha podido demostrar mínimamente que las antenas de telefonía móvil sean contraproducentes o causen efectos a la salud, por tanto, se debería dejar a las empresas de telecomunicaciones que las instalasen donde tuviesen por conveniente con sólo respetar monumentos históricos o ciertos conceptos estéticos, en su lugar, tras el informe del Comité de Expertos comisionado por la Organización Mundial de la Salud que elaboró en 1998 para la protección del público en general y de los trabajadores contra posibles efectos nocivos de exposiciones agudas a CEM no ionizantes, el Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea elaboró la Recomendación en 1999 (1999/519/CE) y hemos de fijarnos que atendiendo a la naturaleza del informe se elabora una “recomendación” que a diferencia de los Reglamentos, Directivas y Deci-

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siones de las Unión Europea no obligan a los Estados Miembros (Art. 249 del T.U.E), se basan en el principio de precaución y aproximación de legislaciones a que hemos hecho referencia, de existir informes con datos concluyentes la Unión Europea hubiese actuado vía Reglamento o Directiva; la postura de España ha sido clara en este sentido, tras oír al Comité de Expertos Español ha asumido íntegramente la recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad, es decir, el vigente R.D. 1066/2001 (Tol 148307) está asumiendo íntegramente la “recomendación” lo que significa asumir íntegramente el principio de precaución, por tanto, lo que se concluye con la presente sentencia es que los Ayuntamientos no tienen competencia para exigir a las compañías de telefonía móvil licencia de actividad.

Es más, este principio de precaución es aplicable a toda actividad humana, de sacarlo de sus justos términos no se podría poner en circulación o disposición de los consumidores ningún producto, máquina, utensilio o proceso productivo pues bastaría afirmar que en un futuro pueden hacerse descubrimientos en los que se demuestre que puede perjudicar a la salud, seguridad, protección del medio ambiente o protección de los consumidores conforme al art. 95.3 del Tratado de la Unión. La propia Comisión de Expertos de la OMS puso énfasis en no trastocar el sistema que está siendo objeto de un profundo estudio científico con muestreos más amplios de población y que terminará en el año 2006 o 2007, trastocarlo sin bases científicas por parte de los Ayuntamientos puede producir más perjuicios que beneficios a la población que se trata de proteger. Ante una situación novedosa como las radiaciones no ionizantes de la telefonía móvil caben dos opciones a una sociedad: a) No poner en funcionamiento el servicio hasta que terminen todos los estudios b) De ponerlo en funcionamiento tomar las prevenciones que indican los estudios científicos, sin poder ir más lejos que los propios científicos so pena de hacer ineficaz el sistema después de cuantiosas inversiones.

Por último, la Sala deja claro y recalca que su postura no es definitiva y está dispuesta a revisarla conforme avancen los estudios científicos sobre la materia y justifica el cambio de criterio con respecto a la Sentencia 441/2003, de 17.03.2003…”.

II. INFORMES TÉCNICOS

1. INFORME URBANÍSTICO El art. 2 de la Ley autonómica 3/1989 (Tol 14036), de 2 de Mayo, de Actividades Calificadas, se dedica a los “informes técnicos”, distinguiendo el informe urbanístico que suele hacer el Arquitecto Municipal y el informe sobre las condiciones técnicas que suele hacer el Ingeniero Industrial, a ambos, añadiremos el informe sanitario.

Tanto el art. 2.1 de la Ley 3/1989 (Tol 14036) como el art. 4 del Decreto estatal 2414/1961 exigen el informe urbanístico como prelimitar, de tal forma que, si una determinada solicitud o proyecto no supera el informe urbanístico el procedimiento debe terminar: “.. Solicitada la licencia municipal para ejercer una actividad sometida a esta Ley, el Alcalde la denegará cuando no se ajuste a las normas establecidas en los Planes de ordenación Urbana o demás normas de competencia municipal, haciendo constar en la denegación de la licencia, los motivos concretos en los que se basa.

Sólo en el caso de que la solicitud de licencia respetase dichas normas y planes, se seguirá el procedimiento previsto en el párrafo siguiente…”.

El proceso es lógico, si una determinada actividad se pretende por ejemplo emplazar en una zona que el Plan General califica como zona verde, por muy perfecto que sea el proyecto desde el punto de vista técnico el Ayuntamiento nunca va a poder dar licencia, por tanto, por razones de economía procedimental la Ley establece que el Ayuntamiento deniegue la licencia de plano aunque de forma razonada.

Cuestión diferente es el contenido que deba tener ese informe, normalmente se limita a determinar si el uso está o no permitido y la volumetría del lugar donde vaya a emplazarse la actividad, sin embargo, entiendo que la perspectiva urbanística debe ir más allá que el mero informe sobre la compatibilidad de usos, nos bastaría recordar el art. 1 nº 2 de la Ley Autonómica 6/1994 (Tol 75985), de 15 de Noviembre (D.O.G.V. 24.11.1994) establece con claridad que son fines propios de