



El Diario que genera opinión...

MEGARREFORMA SUPERA EL SENADO POR LA MÍNIMA y abre batalla ante el Tribunal Constitucional

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El Diario que genera opinión...

MEGARREFORMA SUPERA EL SENADO POR LA MÍNIMA y abre batalla ante el Tribunal Constitucional

Una víctima fatal, más de 100 mil clientes sin luz y cuantiosos daños
OPINIÓN

¿POR QUÉ EUROPA PUDO Y SUDAMÉRICA NO?
Por Marco Vásquez
AUTORIZAN IMPLEMENTACIÓN DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA LICENCIAS DE CONDUCIR EN LABRANZA
OPINIÓN
Abogada Carla Fernández Montero
PREVARICACIÓN IMPRUDENTE: Cuando el poder pide amparo


El Senado despachó el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social luego de una sesión que se extendió hasta las 02:39 horas. La rebaja del impuesto corporativo, la reintegración tributaria y la invariabilidad para grandes inversiones fueron aprobadas con apenas 26 votos frente a 24 o 23 rechazos. La oposición formuló reservas de constitucionalidad sobre la exención de contribuciones, las garantías para grandes inversiones y diversas modificaciones ambientales. El proyecto vuelve ahora a la Cámara de Diputados, mientras se prepara una eventual presentación ante el Tribunal Constitucional.
Después de una extensa jornada que se prolongó hasta la madrugada, el Gobierno consiguió que el Senado despachara su proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, conocido como la “megarreforma”. La iniciativa superó su segundo trámite constitucional, pero lo hizo con el mínimo de votos en sus disposiciones centrales y en medio de múltiples reservas de constitucionalidad anunciadas por parlamentarios de oposición. La rebaja del impuesto de Primera Categoría para medianas y grandes empresas, la reintegración del sistema tributario y la invariabilidad para grandes inversiones avanzaron con 26 votos favorables. En los dos primeros casos hubo 24 rechazos, mientras que la invariabilidad obtuvo 23 votos en contra y una abstención. El estrecho resultado dejó expuesta la división política frente a una reforma que modifica simultáneamente materias tributarias, laborales, ambientales, habitacionales y administrativas.
El Ejecutivo presenta el proyecto como una herramienta para recuperar el crecimiento, atraer inversiones y generar empleo formal. La oposición, en cambio, cuestiona su costo fiscal, la amplitud de las materias incluidas y la velocidad de su tramitación. Esa controversia ya no se limitará al Congreso: distintos senadores

dejaron formalmente planteadas objeciones constitucionales y anticiparon que buscarán llevar parte de sus normas ante el Tribunal Constitucional.
UNA APROBACIÓN AL LÍMITE
La votación en particular comenzó durante la noche del miércoles y terminó a las 02:39 horas de este jueves, cuando la presidenta del Senado, Paulina Núñez, declaró despachado el proyecto. La iniciativa regresa ahora a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional, donde deberán revisarse las modificaciones introducidas por el Senado. El Gobierno llegó a la votación después de una difícil negociación con senadores del PPD. Hacienda había alcanzado un principio de entendimiento con integrantes de esa colectividad, pero el acuerdo se quebró luego de que el Ejecutivo presentara una indicación para reducir el impuesto corporativo al 22%, un punto menos que el 23% originalmente propuesto. La modificación fue posteriormente retirada, pero no logró recomponer completamente las confianzas. Pese a esa ruptura, el oficialismo logró ordenar sus 26 votos y aprobar el núcleo tributario. El resultado fue suficiente para avanzar, pero quedó lejos de la mayoría política amplia que tradicionalmente han buscado las grandes reformas fiscales desde el retorno a la democracia.
EL CORAZÓN TRIBUTARIO
Una de las principales modificaciones
es la reducción gradual del impuesto de Primera Categoría desde el actual 27% hasta el 23%. La aplicación comenzaría a partir del año comercial 2029 y forma parte de la estrategia del Ejecutivo para recuperar competitividad tributaria e incentivar nuevas inversiones.
La Sala también aprobó la reintegración del sistema tributario por 26 votos contra 24. Este mecanismo permite que los impuestos pagados por una empresa puedan utilizarse progresivamente como crédito por sus propietarios al momento de cumplir sus obligaciones personales, avanzando hacia una integración completa del sistema. Otro eje fue la invariabilidad tributaria para proyectos de gran tamaño. La norma establece un período de estabilidad de 20 años para inversiones iguales o superiores a US$350 millones; 15 años para aquellas desde US$100 millones e inferiores a US$350 millones; y 10 años para proyectos desde US$50 millones e inferiores a US$100 millones. La disposición obtuvo 26 votos favorables, 23 en contra y una abstención.
El proyecto también contempla un crédito tributario destinado a incentivar el empleo formal. Esta norma consiguió un respaldo considerablemente más transversal: 44 votos a favor, uno en contra y una abstención. El Gobierno sostiene que la medida permitirá apoyar a los empleadores en el pago de cotizaciones y estimular la contratación formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

CONTRIBUCIONES Y MUNICIPIOS Uno de los puntos más sensibles fue la exención del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años respecto de su primera vivienda. La medida fue aprobada por 28 votos favorables y 22 en contra. La discusión estuvo atravesada por la preocupación respecto del efecto que la disminución de estos ingresos puede producir sobre el Fondo Común Municipal, del cual dependen especialmente las comunas con menores recursos propios. La senadora Yasna Provoste sostuvo que la exención no podía traducirse en un debilitamiento de las finanzas municipales y anunció una reserva de constitucionalidad después de la votación.
La Sala aprobó posteriormente mecanismos de compensación al Fondo Común Municipal y respaldó por unanimidad de los 49 senadores presentes un aporte fiscal equivalente a 1.500.000 UTM para financiar esa fórmula. Sin embargo, durante la madrugada no hubo unanimidad para incorporar una última indicación presentada por Hacienda respecto de las compensaciones, lo que anticipa que el diseño final seguirá siendo objeto de discusión.
La objeción de Provoste no fue la única. El senador Juan Luis Castro anunció una reserva sobre la invariabilidad tributaria concedida a grandes inversiones, mientras que Claudia Pascual formuló
reparos respecto de los artículos 12, 13, 14, 15 y 16, relacionados con garantías para proyectos de inversión y modificaciones en materias ambientales. Diego Ibáñez se sumó posteriormente a esta última presentación.
Entre las disposiciones cuestionadas se encuentra un mecanismo de indemnización para proyectos de inversión cuya Resolución de Calificación Ambiental sea revocada. La norma fue aprobada por 25 votos contra 24, la diferencia más estrecha registrada durante la jornada. El propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, efectuó reservas de constitucionalidad sobre normas incorporadas durante la tramitación y que no eran respaldadas por el Ejecutivo, entre ellas disposiciones relativas al derecho al olvido financiero y a los pagos del Estado a pequeñas y medianas empresas.
En términos prácticos, una reserva de constitucionalidad deja constancia de la objeción formulada durante la tramitación y anticipa la posibilidad de presentar posteriormente un requerimiento. No paraliza por sí sola el proyecto ni elimina automáticamente la norma cuestionada. La Constitución permite que una cuestión de constitucionalidad surgida durante la tramitación sea llevada ante el Tribunal Constitucional por los órganos legitimados, antes de la promulgación del proyecto.
UNA REFORMA QUE EXCEDIÓ LA RECONSTRUCCIÓN
La propuesta fue ingresada inicialmente como respuesta a la reconstrucción de zonas afectadas por incendios y como un plan para reactivar la economía. Sin embargo, su contenido terminó abarcando cerca de 40 medidas y múltiples áreas de política pública.
El diseño oficial se estructura sobre cinco grandes ejes: financiamiento adicional para la reconstrucción; reactivación del mercado de viviendas; competitividad tributaria; agilización de permisos y regulaciones para proyectos de inversión; y contención del gasto con convergencia fiscal. Hacienda incorporó además incentivos al empleo formal y la eliminación de contribuciones para adultos mayores.
Para el Gobierno, esa amplitud permite abordar simultáneamente las urgencias de reconstrucción, crecimiento y empleo. Para la oposición, en cambio, el proyecto utiliza la emergencia como vehículo para introducir una transformación estructural del sistema económico y tributario sin una discusión
suficientemente extensa ni un acuerdo político transversal.
El argumento central del Ejecutivo es que una menor carga tributaria, acompañada de estabilidad para las inversiones y simplificación de permisos, permitirá recuperar el crecimiento económico. Hacienda ha señalado que Chile lleva más de una década creciendo en torno al 2% y que el debilitamiento de la actividad ha afectado directamente la generación de empleo.
Sus detractores advierten que el resultado inmediato será una menor recaudación fiscal, mientras los posibles efectos sobre inversión y empleo solo podrán medirse en el mediano o largo plazo. La discusión ocurre en un escenario de bajo crecimiento y elevado desempleo, lo que convierte a la reforma en una de las mayores apuestas económicas del Gobierno de José Antonio Kast. El debate, por tanto, ya no está concentrado únicamente en determinar si el proyecto será aprobado. También gira en torno a dos preguntas de fondo: cuánto costará al Estado y si los incentivos tributarios conseguirán efectivamente traducirse en mayor inversión, crecimiento y trabajo formal.
La Cámara de Diputados deberá pronunciarse durante su tercer trámite sobre los cambios introducidos por el Senado. Según la programación conocida, la revisión se realizaría durante el lunes y martes próximos. Si la Cámara acepta las modificaciones, el proyecto quedaría en condiciones de avanzar hacia su promulgación; si rechaza parte de ellas, las diferencias deberán ser resueltas mediante una comisión mixta.
Paralelamente, la oposición deberá reunir los apoyos y preparar los fundamentos jurídicos de los eventuales requerimientos ante el Tribunal Constitucional. Hasta que ese proceso legislativo y constitucional termine, ninguna de las rebajas, exenciones o garantías aprobadas se encuentra vigente.
La megarreforma superó una de sus pruebas más difíciles, pero lo hizo por la mínima diferencia posible. El Gobierno ganó la votación en el Senado; ahora deberá defender su mayoría en la Cámara y, probablemente, la constitucionalidad de parte de su proyecto ante el TC.


Una pasantía académica en España permite observar algo que va mucho más allá de las aulas. Invita a preguntarse cómo un continente marcado por guerras, profundas diferencias culturales e idiomas diversos logró construir uno de los procesos de integración política y económica más exitosos del mundo. La pregunta surge de forma inevitable: ¿por qué Europa pudo avanzar hacia un mercado común y Sudamérica, con tantas similitudes históricas y culturales, aún no lo consigue?
La respuesta no parece estar en la abundancia de recursos. Sudamérica posee enormes reservas de minerales estratégicos, agua dulce, biodiversidad y una capacidad agrícola privilegiada. Tampoco radica en la falta de identidad regional. A diferencia de Europa, gran parte de nuestros países comparte un idioma y una historia común. La diferencia parece encontrarse en un aspecto menos visible, pero decisivo: la fortaleza de las instituciones.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa comprendió que la paz y el desarrollo exigían mucho más que tratados comerciales. Era necesario construir instituciones capaces de generar confianza, establecer reglas estables y sobrevivir a los cambios de gobierno. La integración económica fue el resultado de esa decisión política, no su punto de partida.
En Sudamérica el camino ha sido distinto. Iniciativas como Mercosur o la Alianza del Pacífico representan avances importantes, pero han estado condicionadas por los ciclos políticos de cada país. Con demasiada frecuencia, los proyectos de integración cambian con cada administración. Sin continuidad institucional, la confianza entre los Estados se debilita y los acuerdos pierden profundidad. Europa también ofrece una advertencia. La crisis financiera que golpeó a Grecia, Portugal, España e Italia demostró que compartir un mercado o una moneda no basta. La integración requiere economías competitivas, disciplina fiscal e instituciones sólidas. Cuando esos pilares son desiguales, las tensiones aparecen y los costos terminan siendo compartidos por todos.
La principal lección para nuestra región no consiste en copiar el modelo europeo, sino en comprender el orden en que ocurrieron las cosas. Antes de eliminar fronteras comerciales, Europa fortaleció sus instituciones. Antes de compartir una moneda, consolidó la confianza política. Antes de hablar de integración económica, acordó reglas comunes que trascendieran los gobiernos de turno. Hoy el escenario internacional abre una oportunidad excepcional para Sudamérica. La transición energética y la demanda de minerales críticos, alimentos, agua y energías renovables sitúan a la región en una posición estratégica. Sin embargo, ese potencial difícilmente se traducirá en desarrollo si continuamos actuando como economías aisladas que compiten entre sí, en lugar de construir una visión compartida de largo plazo.
La experiencia europea demuestra que la integración no comienza con tratados ni discursos. Comienza cuando los países deciden fortalecer sus instituciones, respetar reglas comunes y construir confianza duradera.
Quizás esa sea la verdadera tarea pendiente de Sudamérica. La integración no es la recompensa que reciben los países desarrollados; es una herramienta para alcanzarla. El desafío consiste en decidir si seguiremos administrando oportunidades individuales o si, por fin, seremos capaces de construir un proyecto regional que permita transformar nuestras ventajas naturales en prosperidad compartida.

El balance se agravó con el paso de las horas: Senapred informó 34 personas damnificadas y 44 viviendas con daños en la región, mientras la capital regional atendió casi 200 emergencias. El viento también afectó el Estadio Germán Becker, el Museo Ferroviario y establecimientos educacionales.
Claudio Núñez Q.
El sistema frontal que golpeó a La Araucanía dejó de ser solamente una emergencia marcada por cortes de electricidad y anegamientos. Con el avance de las evaluaciones apareció una dimensión más grave: una persona fallecida en Temuco, decenas de familias damnificadas, viviendas dañadas, árboles caídos y una larga lista de afectaciones en infraestructura pública y privada. A las 13:00 horas de este viernes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles registraba 101.524 clientes sin suministro eléctrico en la región. Villarrica encabezaba la afectación con 16.145 interrupciones, seguida por Cunco con 10.502, Temuco con 9.907, Padre Las Casas con 5.928 y Lautaro con 5.383. La cifra regional continuaba siendo la más alta del

país y se mantenía dinámica debido a reposiciones parciales, nuevas fallas y dificultades de acceso a sectores rurales.
Senapred elevó además el balance de La Araucanía a 34 personas damnificadas, 12 viviendas con daño mayor y 32 con daño menor. Estos datos reemplazan los primeros reportes difundidos durante la mañana del jueves y confirman que el impacto real fue apareciendo gradualmente, a medida que municipios y equipos de emergencia pudieron recorrer las zonas afectadas.
El escenario regional formaba parte de una emergencia de alcance nacional. El balance oficial de la mañana contabilizaba tres personas fallecidas, siete lesionadas, 79 damnificadas y 466 albergadas. También se informaban cinco viviendas destruidas, 96 con daño mayor, 700 con daño menor y otras
Al cierre de esta edición, La Araucanía registraba 101.524 clientes sin suministro eléctrico, 34 personas damnificadas y 44 viviendas con daños mayores o menores, mientras la Municipalidad de Temuco había atendido más de 195 emergencias. Las cifras permanecían sujetas a actualización durante la jornada.
330 bajo evaluación. La Araucanía aparecía entre los territorios con mayores consecuencias por la combinación de viento, caída de árboles y cortes eléctricos.
UNA EMERGENCIA
QUE COBRÓ UNA VIDA
La consecuencia más dolorosa se registró en Temuco, donde un hombre de 65 años murió luego de caer desde el techo de su vivienda mientras realizaba labores relacionadas con los daños provocados por el temporal. El hecho ocurrió en el sector de Las Palomas con avenida Javiera Carrera y pasó a formar parte de las tres víctimas fatales contabilizadas a nivel nacional por el sistema frontal.
La tragedia reforzó el llamado de las autoridades a no subir a techumbres mojadas, especialmente mientras persistan el viento, la lluvia o
condiciones de baja visibilidad. Una canaleta obstruida o una plancha levantada puede parecer una reparación urgente, pero intervenir sin elementos de seguridad transforma una emergencia material en un riesgo directo para la vida.
TEMUCO: CASI 200 EMERGENCIAS Y CERCA DE 120 VIVIENDAS AFECTADAS La Municipalidad de Temuco informó que sus equipos atendieron más de 195 emergencias durante las horas más complejas del evento. El despliegue consideró alrededor de 120 funcionarios distribuidos en ocho brigadas, con labores de despeje de calles, retiro de árboles y ramas, apoyo a familias y evaluación de inmuebles.
El balance comunal estimó que cerca de 120 viviendas presentaron algún nivel de afectación, principalmente por voladuras de techumbre,

EDICIÓN 920/ del 18 al 24 de julio 2026
filtraciones y caída de árboles en las inmediaciones de las casas. En los casos más urgentes se entregaron materiales de protección, como nylon, mientras continuaban las inspecciones para determinar la magnitud de los daños y las ayudas necesarias.
La capital regional también enfrentó cortes de energía prolongados. Aunque los números variaron a lo largo del día, el registro de la SEC situaba a Temuco con 9.907 clientes sin servicio a las 13:00. La recuperación se volvió más compleja por árboles sobre líneas, postes dañados y fallas que involucraron tanto transmisión como distribución.
EL VIENTO DAÑÓ EL GERMÁN
BECKER Y EL MUSEO
FERROVIARIO
Entre las imágenes más visibles que dejó el temporal estuvieron los daños en el Estadio Germán Becker. Las ráfagas desprendieron parte de la lona que cubre el sector Cautín, obligando al municipio a iniciar una evaluación técnica de la estructura y de las reparaciones que serán necesarias.
El Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda también sufrió daños en su cubierta exterior, sumándose a otros recintos municipales afectados. El catastro incluyó bibliotecas comunitarias, gimnasios y dependencias destinadas a personas mayores. La prioridad inmediata fue asegurar las áreas comprometidas y evitar el ingreso de público a sectores que pudieran presentar riesgos.
En el sistema municipal de educación se reportaron 17 incidencias. Cerca de la mitad estuvieron asociadas a interrupciones eléctricas, mientras el resto correspondió a filtraciones, daños en techumbres y otras consecuencias del viento y la lluvia. Entre los establecimientos con mayores afectaciones fueron mencionados el Liceo Pablo Neruda, la Escuela Artística Armando Dufey, el Liceo Bicentenario y la Escuela Millaray.
LA ELECTRICIDAD, EL PROBLEMA MÁS EXTENDIDO
La magnitud de los cortes volvió a evidenciar la vulnerabilidad de una región extensa y con alta dispersión territorial. En sectores urbanos, la falta de energía altera comunicaciones, calefacción y conservación de alimentos. En áreas rurales puede comprometer además sistemas de agua potable, bombeo, conectividad y acceso a

servicios básicos.
Las autoridades reconocieron que no era posible asegurar una hora única de reposición. El subsecretario General de Gobierno, desplegado como enlace en la zona, explicó que existían problemas tanto en transmisión como en distribución. A ello se sumó la caída de árboles sobre las redes y la dificultad para que las cuadrillas ingresaran a puntos apartados.
La emergencia es especialmente sensible para las 623 personas electrodependientes registradas en La Araucanía. Las distribuidoras comprometieron equipos de respaldo y atención prioritaria para quienes necesitan mantener conectados concentradores de oxígeno u otros dispositivos médicos. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles debe fiscalizar que esas prestaciones se cumplan mientras continúen las interrupciones.
CUADRILLAS DESPLEGADAS Y CUESTIONAMIENTOS POR LA PREPARACIÓN
CGE había activado un plan preventivo para nueve comunas de la provincia de Cautín, con más de 117 brigadas livianas y pesadas y alrededor de 300 personas operativas. El despliegue se concentró en reparar líneas, reemplazar postes, retirar vegetación y reconstruir infraestructura dañada. Sin embargo, la magnitud y duración de los cortes generó cuestionamientos desde las propias autoridades regionales. El seremi de Energía sostuvo que, aunque existió una reacción importante durante la emergencia, la preparación previa de la empresa no habría sido suficiente. Esa discusión será relevante una vez
superada la fase crítica, porque la región ha enfrentado temporales similares y mantiene extensas redes eléctricas expuestas a árboles, ramas y dificultades de acceso. La evaluación no debiera limitarse al tiempo de reposición, sino también al despeje preventivo, la comunicación con los usuarios y la capacidad de respaldar servicios esenciales.
LA ZONA LACUSTRE Y LOS SECTORES RURALES
Villarrica y Cunco estuvieron entre las comunas más afectadas por los cortes de energía, con 16.145 y 10.502 clientes sin suministro, respectivamente. La zona lacustre ya había sufrido durante las semanas anteriores caída de árboles, problemas de tránsito e interrupciones de servicios, por lo que el nuevo evento encontró suelos húmedos y vegetación debilitada. En los sectores rurales, el impacto de un temporal suele conocerse con retraso. Un camino secundario bloqueado, una alcantarilla colapsada o un puente dañado puede tardar horas en ser reportado y evaluado. Por eso, aunque las precipitaciones disminuyan, municipios, Vialidad y equipos de emergencia deben mantener la vigilancia sobre rutas interiores, comunidades aisladas y puntos cercanos a esteros o laderas saturadas.
Aunque la banda de precipitaciones más intensas comenzó a desplazarse hacia otras regiones, la emergencia en La Araucanía no terminó con la disminución de la lluvia. Los suelos permanecen saturados, numerosos árboles quedaron debilitados y todavía existen daños que no han
sido incorporados a los catastros oficiales, sobre todo en caminos secundarios y sectores rurales. El Código Azul excepcional continuará activo en Temuco hasta el lunes 20 de julio a las 13:00 horas. La medida refuerza los recorridos para entregar alimentación, abrigo y traslado a albergues a personas en situación de calle. El Fono Calle 800 104 777, opción 0, permanece disponible para informar sobre personas expuestas a las condiciones climáticas. El trabajo preventivo en canales y esteros también seguirá siendo decisivo. Durante el primer semestre, el municipio intervino 8.320 metros lineales de cauces en una red comunal de más de 59 kilómetros. Sin embargo, la limpieza pierde eficacia cuando se arrojan residuos, ramas o escombros que bloquean la evacuación de las aguas lluvias.
El temporal volvió a poner a prueba a La Araucanía en un invierno marcado por episodios sucesivos de lluvia y viento. La respuesta inmediata permitió atender cientos de situaciones, pero el balance deja preguntas sobre el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, la protección de viviendas, la preparación de recintos públicos y la capacidad de llegar con rapidez a zonas rurales. El desafío ya no es solo superar esta emergencia, sino reducir los daños antes del próximo sistema frontal.
Fuentes consultadas para la actualización: Senapred, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Municipalidad de Temuco, autoridades regionales de Energía y antecedentes policiales difundidos durante el 16 y 17 de julio de 2026.

El fuerte temporal que durante esta semana ha golpeado a La Araucanía volvió a poner a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones, los municipios, las empresas de servicios básicos y de la propia ciudadanía. La caída de árboles, los cortes de energía eléctrica, las voladuras de techumbres, los caminos interrumpidos y la suspensión de actividades demostraron nuevamente la fuerza que pueden alcanzar los fenómenos meteorológicos en una región extensa, rural y geográficamente diversa.
Frente a eventos de esta magnitud, la prioridad inmediata debe ser proteger la vida y la integridad de las personas. Sin embargo, una vez controladas las situaciones más urgentes, resulta indispensable hacerse una pregunta que reaparece después de cada sistema frontal: ¿estamos haciendo lo suficiente para prevenir sus consecuencias? No es posible detener la lluvia ni impedir que el viento alcance altas velocidades. Tampoco se puede garantizar que ningún árbol caerá o que jamás se interrumpirá el suministro eléctrico. Lo que sí puede hacerse es reducir los riesgos, anticipar los puntos más vulnerables y preparar a los territorios para responder con rapidez y coordinación.
La prevención no comienza cuando se emite una alerta meteorológica. Debe desarrollarse durante todo el año. Comienza con la revisión permanente de árboles que se encuentran junto a viviendas, caminos, tendidos eléctricos, establecimientos educacionales y recintos de salud. Continúa con la limpieza de colectores de aguas lluvias, canales, alcantarillas y cauces que, al encontrarse obstruidos, pueden provocar anegamientos que habrían sido evitables.
También exige fiscalizar el estado de postes, cables, transformadores, techumbres, letreros publicitarios y estructuras que podrían transformarse en un peligro durante una jornada de viento intenso. En muchas ocasiones, las consecuencias más graves de un temporal no se producen solamente por la intensidad del fenómeno, sino por vulnerabilidades que ya existían antes de su llegada. Árboles debilitados, canaletas sin mantención, sistemas eléctricos antiguos, viviendas precarias o caminos sin conservación aumentan considerablemente el nivel de riesgo.

Por esa razón, la prevención no puede limitarse a recomendaciones generales entregadas durante las horas previas a una emergencia. Debe traducirse en inversiones, fiscalizaciones y planes concretos. Las empresas eléctricas tienen una responsabilidad especialmente importante. Los cortes de energía prolongados no solo afectan la iluminación de los hogares. También comprometen la calefacción, la conservación de alimentos y medicamentos, las comunicaciones, el funcionamiento de sistemas de agua potable rural y la atención de personas electrodependientes.
La mantención de las redes, la poda preventiva y la identificación de sectores críticos deben realizarse con anticipación. No corresponde esperar que un árbol caiga sobre una línea para descubrir que representaba un riesgo evidente. Del mismo modo, las empresas deben contar con brigadas suficientes, sistemas de respaldo y canales de información que permitan a las personas conocer el estado de la emergencia. En circunstancias complejas es comprensible que la reposición del servicio no siempre sea inmediata, pero la ciudadanía tiene derecho a recibir información clara, actualizada y transparente.
Los municipios también cumplen una función fundamental. Por su cercanía con los territorios, son los organismos que mejor pueden identificar caminos vulnerables, viviendas en riesgo, familias aisladas, sectores propensos a inundaciones y comunidades que podrían quedar sin acceso a servicios básicos. Cada comuna debería contar con catastros permanentemente actualizados y no elaborarlos únicamente cuando el temporal ya comenzó. Saber dónde viven los adultos mayores solos, las personas electrodependientes o las familias que habitan en construcciones precarias puede marcar una diferencia decisiva durante una emergencia. La prevención debe considerar, además, la realidad rural de La Araucanía. En las ciudades, un corte de energía o un camino bloqueado puede generar importantes dificultades. En una comunidad rural, en cambio, puede significar aislamiento completo. Existen sectores que dependen de un único camino, de una pasarela, de un puente o de sistemas eléctricos para extraer y distribuir agua.
Por eso no basta con diseñar protocolos desde las capitales regionales o comunales. Las comunidades, juntas de vecinos, organizaciones territoriales y comunidades indígenas deben participar en la elaboración de los planes de emergencia. Son sus habitantes quienes conocen los caminos que se inundan, los árboles que representan una amenaza, las quebradas que aumentan rápidamente su caudal y los sectores donde las comunicaciones suelen perderse. Escuchar ese conocimiento no es solamente una muestra de participación ciudadana. Es una herramienta efectiva de prevención. También es necesario avanzar en educación. La población debe conocer qué hacer antes, durante y después de un temporal. Acciones sencillas como asegurar objetos que puedan desprenderse, limpiar canaletas, mantener linternas y baterías, cargar teléfonos, contar con agua almacenada y evitar desplazamientos innecesarios pueden reducir significativamente los riesgos.
No obstante, el autocuidado ciudadano no puede transformarse en una excusa para disminuir las responsabilidades institucionales. Una familia puede revisar su vivienda, pero no puede reparar un poste, podar un árbol en la vía pública, mantener un camino rural o instalar sistemas de respaldo en un servicio sanitario. La prevención debe ser una responsabilidad compartida, pero cada actor debe asumir las obligaciones que le corresponden. Los establecimientos educacionales, centros de salud y edificios públicos también necesitan protocolos claros. Deben revisarse sus techumbres, sistemas eléctricos, vías de evacuación y disponibilidad de equipos de emergencia. En el caso de los centros de salud, la existencia de generadores y combustible suficiente es indispensable para garantizar continuidad de atención.
En una región donde los sistemas frontales forman parte de la realidad invernal, estos preparativos no pueden ser considerados extraordinarios. Deben incorporarse como parte habitual de la gestión pública y privada. La Araucanía necesita pasar de una cultura de reacción a una cultura de anticipación.
Sin embargo, el esfuerzo de quienes responden a la emergencia no debería reemplazar la preparación previa.
Retirar un árbol después de que cayó es necesario; identificarlo y reducir el peligro antes de que caiga es prevención. Reparar una techumbre destruida es urgente; fiscalizar y reforzar estructuras vulnerables antes del invierno es planificación. La diferencia entre reaccionar y prevenir puede medirse en daños materiales, recursos públicos y, en los casos más graves, en vidas humanas. Después de cada emergencia deberían realizarse evaluaciones públicas que permitan determinar qué funcionó, qué falló y qué medidas deben adoptarse antes del siguiente evento. No basta con informar cuántas cuadrillas fueron desplegadas o cuántos caminos lograron ser despejados. También es necesario saber por qué algunos sectores permanecieron aislados, cuáles infraestructuras fallaron, dónde se concentraron los mayores retrasos y qué instituciones no contaban con los recursos necesarios.
El cambio climático y la creciente intensidad de algunos fenómenos meteorológicos obligan a revisar la forma en que construimos ciudades, mantenemos caminos, distribuimos energía y protegemos las zonas rurales. Las soluciones no serán inmediatas ni económicas, pero seguir reparando una y otra vez los mismos daños tampoco lo es. Invertir en prevención puede parecer menos visible que inaugurar una obra o entregar ayuda después de una emergencia. Sin embargo, es una de las decisiones públicas más responsables que pueden adoptarse. El temporal de esta semana debe servir como advertencia, pero también como una oportunidad para mejorar. No se trata de generar temor ni de buscar culpables mientras todavía existen familias afectadas. Se trata de comprender que la naturaleza seguirá poniendo a prueba a la región y que nuestra obligación es enfrentar esos eventos con mayor preparación. La lluvia y el viento volverán. Lo que debe cambiar es nuestra capacidad de anticiparnos. Prevenir significa actuar antes de que caiga el árbol, antes de que colapse la techumbre, antes de que el camino quede bloqueado y antes de que una comunidad permanezca durante horas sin energía, agua o comunicación. Esa es la principal lección que deja este temporal. Y es una lección que La Araucanía no debería volver a olvidar cuando regresen los días de calma.


POR CARLA FERNÁNDEZ MONTERO
Abogada Penalista – Magíster en Derecho Penal
Un ministro de la Corte de Apelaciones enfrenta cuatro querellas por hechos que, de acreditarse, comprometen la fe pública y el Estado de Derecho.
Acaba de producirse un hecho sin precedentes en la historia judicial chilena. Por primera vez, un Ministro de una Corte de Apelaciones en ejercicio enfrenta cuatro querellas por el delito de prevaricación imprudente, todas ellas declaradas admisibles por los tribunales competentes. La investigación se dirige contra el Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, por hechos ocurridos en dos causas distintas de derechos humanos, conocidas como Polvorín y Húsares de Angol.
Conviene precisar un aspecto esencial desde el inicio. La admisibilidad de una querella no constituye una declaración de culpabilidad. Significa únicamente que un tribunal estimó que los hechos denunciados poseen suficiente fundamento jurídico para ser investigados. Ese principio protege tanto a los querellantes como al imputado y constituye una garantía básica del debido proceso. La imputación formulada no corresponde a la denominada prevaricación dolosa, que exige demostrar que el juez dictó una resolución injusta con conocimiento de su ilegalidad. Lo que aquí se sostiene es distinto: que el magistrado habría incurrido en prevaricación imprudente, prevista en el artículo 224 N°1 del Código Penal, por haber infringido gravemente los deberes propios de su función mediante una ignorancia
jurídicamente inexcusable.
En Derecho Penal esta diferencia resulta decisiva. Ningún sistema jurídico sanciona a un juez por el solo hecho de equivocarse. Para corregir los errores existen los recursos procesales. La responsabilidad penal aparece únicamente cuando el apartamiento de la ley deja de ser una simple discrepancia jurídica y pasa a constituir una infracción grave de deberes profesionales que el ordenamiento considera intolerable.
Entre las conductas denunciadas destacan:
• la exclusión de prueba de descargo utilizando la denominada "prueba propia", categoría que —según la querella— no existe en la legislación chilena;
• la incorporación de antecedentes provenientes de otros procesos en infracción al deber de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, establecido en el artículo 109 del Código de Procedimiento Penal;
• y la atribución de responsabilidad penal por pertenecer a una determinada organización o estamento, en lugar de fundarla en conductas individuales acreditadas, cuestión que la querella estima incompatible con el principio de culpabilidad y la teoría del dominio del hecho.
Lo jurídicamente relevante es que estas tres situaciones, según la parte querellante, se repetirían en ambos procesos, circunstancia que explica por qué la controversia trasciende una mera diferencia interpretativa entre abogados y adquiere relevancia penal.
ANTE SU PROPIA CORTE
El propio Ministro interpuso recursos de amparo en contra de las resoluciones que admitieron las querellas en su contra, recurriendo ante la Corte de Apelaciones de Temuco, tribunal del cual forma parte. Debido a ello, fue necesario que dicho tribunal se inhabilitara íntegramente y remitiera el conocimiento de los recursos a
otras Cortes de Apelaciones.
FALLOS UNÁNIMES DE LA CORTE
SUPREMA: 7 DE JULIO DE 2026
La controversia llegó finalmente a la Segunda Sala de la Corte Suprema, que el 7 de julio de 2026 dictó dos fallos unánimes.
En los Roles N°35.140-2026 y N°35.142-2026, el máximo tribunal confirmó íntegramente las sentencias de la Corte de Apelaciones de Valdivia que habían rechazado los recursos de amparo deducidos por el magistrado. Ambos recursos fueron desestimados por unanimidad y la Corte Suprema resolvió incluso sin estimar necesaria la realización de alegatos, quedando firme la admisibilidad de las querellas y permitiendo que la investigación penal continúe su curso.
SIETE FRENTES ABIERTOS
Actualmente la causa continúa desarrollándose en siete frentes simultáneos, que comprenden
actuaciones judiciales, disciplinarias y administrativas.
• Querellas penales por prevaricación imprudente (2 episodios).
• Casaciones de fondo pendientes ante la Corte Suprema.
• Acciones disciplinarias ante el Pleno de la Corte Suprema.
• Recursos ante la Contraloría General de la República.
• Recursos ante el Consejo para la Transparencia.
• Investigación penal en curso, con audiencia fijada para el 10 de septiembre de 2026.
• Denuncias por eventuales gastos indebidos y otras irregularidades administrativas.
Porque el verdadero Estado de Derecho no se pone a prueba cuando la ley protege al ciudadano común; se pone a prueba cuando debe aplicarse, con el mismo rigor, a quienes ejercen el mayor poder dentro del propio sistema judicial.
Entel PCS Telecomunicaciones S.A. se permite dirigirse a Ud. con el objeto de informarle respecto de un proyecto de infraestructura de comunicaciones que contribuirá a mejorar la conectividad de la comunidad y la calidad de vida de sus habitantes.
El proyecto corresponde a la instalación de una torre de telecomunicaciones que se ubicará en Ex Línea Férrea N° 928, comuna de Teodoro Schmidt, en las coordenadas geográficas 38.0° 59.0' 40,3" // 73.0° 4.0' 57,2", otorgando una solución a los actuales problemas de conectividad que se viven en esta comuna.
Esta torre, además, permitirá que diferentes compañías se puedan instalar, minimizando así la necesidad de instalar varias torres en el mismo sector. Para esto se propone la instalación de una estructura Monoposte armonizado tipo pino, diseño del catálogo MINVU de 39,2 m de altura (36,0 m estructura + 3,2 m pararrayos), de acuerdo con lo establecido en el Art. 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Como alternativa se propone la instalación de una estructura de la misma altura, sin armonización, y realizar una obra de mejoramiento de luminarias en la vía pública, por un monto equivalente al 30% del valor del proyecto. Los antecedentes técnicos serán debidamente ingresados a la Dirección de Obras al momento de solicitar el permiso de instalación.
Hacemos presente que el proyecto propuesto queda sujeto y se llevará a cabo una vez que se obtenga el permiso correspondiente por parte de la I. Municipalidad de Teodoro Schmidt, conforme a lo preceptuado en la ley referida.
Solo falta la publicación en el Diario Oficial, para que el municipio pueda iniciar sus operaciones en este macrosector de la capital regional, medida que, además permitirá a la Dirección de Tránsito de Temuco evaluar todas las exigencias que se deben cumplir para la obtención de la obtención de la licencia de conducir digital.
El seremiTT de La Araucanía, Rodrigo Lagos, firmó la resolución para que el Municipio de Temuco pueda implementar un nuevo Gabinete Psicotécnico en el macrosector de Labranza. Una importante medida que permitirá descongestionar las actuales oficinas ubicadas en calle Antonio Varas 755, para la obtención de las licencias de conducir digital. Además, con este nuevo servicio, no solo los vecinos de Labranza podrán obtener su licencia de conducir, sino que también podrán renovar este importante documento personas de cualquier comuna del país.
Sobre este nuevo gabinete, el seremiTT Rodrigo Lagos, afirmó que, “firmamos la resolución que autoriza al gabinete psicotécnico de la localidad de Labranza. Estamos muy contentos por ello, fue una gestión realizada desde la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de La Araucanía, y efectivamente, la Municipalidad de Temuco hizo este requerimiento hace algún tiempo atrás; sin embargo, hay que precisar que esta tramitación demoró por falta de documentación para poder cumplir con lo exigido normativamente, pero estamos muy felices porque

sabemos que esto va a venir a mejorar la calidad de vida y de las gestiones en la renovación de la licencia en las personas que estén cercanas a esta localidad". En estas nuevas dependencias que estarán ubicadas en calle Mollulco 0880, los ciudadanos podrán obtener su Licencia de Conducir por primera vez, realizar el trámite de renovación u obtener el duplicado del documento, siendo el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de sus secretarías regionales, quienes tienen la atribución legal de otorgar la autorización a los municipios para
emitir licencias de conducir. Una vez que la municipalidad de Temuco, concrete el proceso con la publicación en el Diario Oficial de la resolución que autoriza el funcionamiento de este nuevo Gabinete Psicotécnico, los habitantes de Temuco y otras comunas podrán realizar los trámites respectivos para la obtención de este importante documento. En cuanto a la solicitud de horas, valores a cancelar o consultas sobre los documentos a presentar, estás serán atendidas en las nuevas oficinas ubicadas a un costado del complejo deportivo de Labranza.
Aunque ha habido avances en la accesibilidad televisiva y eventos públicos, el acceso a la educación bilingüe y a la salud adaptada, sigue siendo un desafío prioritario para la comunidad sorda. Bajo la Ley 20.422 se establecen normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión para personas con discapacidad, pero tendrían que pasar años para lograr un reconocimiento específico para la comunidad sorda chilena. Considerando este contexto, y como una forma de acercar esta lengua chilena a la comunidad, la alumna del IBICIEN Carmen Luisa Curihuil, diseñó el Taller denominado: “Manos en movimiento En-Señas”, donde convocó a la instructora Luz Curin en conjunto con Camila Rebolledo, ambas pertenecientes a la comunidad sorda, y también a familias que cuentan con personas sordas en su entorno cercano y a personas en general, que estuvieran interesados en conocer sobre la temática.
El objetivo general del Taller fue tener


un acercamiento con la Lengua de señas chilena con un Instructor Sordo y la ayuda de un intérprete o facilitador o persona capacitada para poder trasmitir el mensaje en LSCH. Por otro lado, se buscó enseñar vocabulario básico en Lengua de señas chilena o palabras de uso cotidiano que facilite la comunicación con personas Sordas. La coordinadora del Taller, Carmen Luisa Curihuil, técnico diferencial de profesión, señaló respecto de la jornada: “Hoy se pudo realizar un
proyecto para poder enseñar lengua de señas en su nivel básico. Aprendimos palabras donde podemos interactuar con las personas sordas, ya sea en la calle o en cualquier lugar donde nosotros necesitemos comunicarnos con ellos. Contamos con la ayuda de tres personas de la comunidad sorda de la ciudad de Temuco”.
ESTADÍSTICAS DE LA COMUNIDAD SORDA EN CHILE De acuerdo a cifras manejadas por el
Servicio nacional de la discapacidad Senadis, en Chile existen 712.005 personas con discapacidad que tiene algún grado de pérdida de audición, y de ellas se estima que 179.268 personas tendrían sordera total. En los últimos años se ha ido avanzando en la legislación al respecto, y el año 2021 se promulga la Ley Nº21.303 que busca promover el uso de la lengua de señas, siendo uno de los principales avances: “deberá garantizar el acceso a todos los contenidos del currículo común, así como cualquier otro que el establecimiento educacional ofrezca, a través de la lengua de señas como primera lengua y en español escrito como segunda lengua”. Por otro lado, y desde el punto de vista de grupos humanos y étnicos presentes en Chile, a través de la plataforma de “Joshua Project”, se observa que la comunidad sorda de Chile es el grupo más numeroso con menor acceso a material cristiano, con cerca de 21.000 personas sordas.