El Diario que genera opinión...

IGNACIO MALIG MEZA, Director Nacional de CONADI



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IGNACIO MALIG MEZA, Director Nacional de CONADI



LAS 7 PROPUESTAS DEL DOCTOR CARLOS DEL VALLE para la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la “UFRO”
ENTREVISTA

El Director Nacional de CONADI, aclara los alcances del debate en torno a la modernización de la normativa, desmiente los rumores sobre una supuesta privatización y defiende la necesidad de dotar a las comunidades de mejores herramientas para el desarrollo productivo de sus territorios.

ENTREVISTA

ENTREVISTA
“Un tercio de los adolescentes de la región, sufre depresión”
El consejero regional Miguel Ángel Contreras, vicepresidente de la Comisión de Salud del Gobierno Regional, se refirió a la preocupante situación que está afectando a los adolescentes de la región.
ESTUDIO REVELA ALTA JUDICIALIZACIÓN por deudas en La Araucanía

GUSTAVO VALENZUELA, Presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Temuco “Cuando la seguridad se transforma en el principal gasto, la economía local pierde”
ENTREVISTA
Por primera vez en Chile, un estudio con trazabilidad de una década logró identificar con precisión quiénes son las personas que llegan a enfrentar una demanda judicial por deudas. Se trata de una investigación desarrollada por la firma especializada en data science y análisis de datos Unholster, junto a DefensaDeudores.cl, que examinó 116.612 causas de cobranza ingresadas al Poder Judicial entre enero de 2015 y diciembre de 2025, asociadas a clientes del estudio de abogados.
El análisis cruzó expedientes judiciales con información del padrón electoral y datos sociodemográficos, construyendo el primer perfil longitudinal del deudor judicial en Chile. Se trata del primer perfilamiento que permite observar este fenómeno con este nivel de detalle. Uno de los hallazgos más relevantes es que el 82% de las personas demandadas aparece solo una vez en el sistema judicial durante el período analizado. Cabe precisar que la verificación de reincidencia se hizo únicamente sobre causas por cobranza. La cifra pone en duda la idea de que la cobranza judicial esté asociada principalmente a “deudores seriales” o a personas permanentemente morosas. En ese escenario es donde la Región de La Araucanía concentra el 44,78% de los casos de la zona sur, seguida por Los Lagos (36,93%) y Los Ríos (18,30%). De hecho, la Región de La Araucanía ocupa el sexto lugar a nivel nacional de regiones con mayor

número de personas demandadas, siendo superada por la Región Metropolitana (41,72%), Valparaíso (10,67%), Maule (6,90%), Biobío (6,74%) y Antofagasta (5,70%).
“El hecho de que La Araucanía concentre una proporción importante de las personas demandadas por deudas en la zona sur refleja una realidad económica que la región arrastra desde hace años. Se trata de una zona donde muchas familias enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad, ingresos más ajustados y empleos menos estables, por lo que cualquier dificultad económica puede afectar rápidamente su capacidad de pago y derivar en procesos de cobranza judicial”, señala Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl.
ENDEUDAMIENTO ES TRANSVERSAL
El estudio identificó que el perfil más frecuente del demandado corresponde a hombres (entre 61% y 66% según el año observado) de entre 31 y 50 años, es decir, personas en plena etapa laboral y generalmente con mayores cargas financieras familiares y de consumo. En general, el peak de personas demandadas se produjo en 2019, cuando 16.605 personas enfrentaron procesos judiciales por cobranza.
Otro hallazgo relevante es que la cobranza judicial aparece distribuida de manera más transversal. En esa línea, al listar las 10 comunas del país con mayor volumen de demandados, lideran comunas como Puente Alto

(8,67%), Maipú (8,02%) y La Florida (6,24%), pero también aparece Las Condes en el ranking.
“Uno de los resultados más interesantes es que la cobranza judicial aparece distribuida de manera mucho más transversal de lo que normalmente se cree. No es un fenómeno concentrado exclusivamente en sectores vulnerables. Cuando se mira la data longitudinalmente, el endeudamiento judicial cruza distintos niveles socioeconómicos y territorios”, explica Ibáñez.
En cuanto a los acreedores, la banca es quien más demanda: acumula el 56,49% de las causas; le sigue el retail con el 21,65% y otras Instituciones -como cajas de compensación y cooperativas- con un 21,86%.
“Cruzar 10 años de causas judiciales con el perfil demográfico de los demandados nos permite retratar a quienes enfrentan el sistema de cobranza en Chile: quiénes son, de dónde vienen, cuántas veces lo viven. No es solo una descripción del pasado, es un insumo concreto para diseñar mejores políticas públicas sobre endeudamiento”, agrega Cristóbal Huneeus, economista, socio y director de Data Science de Unholster.
ALERTA PARA 2026
l comparar la evolución de las demandas judiciales con las cifras nacionales de morosidad reportadas por USS y Equifax “se puede identificar un patrón consistente: los aumentos en la morosidad suelen anticipar incrementos en la judicialización de deudas con un desfase de entre 12 y 18 meses”, advierte Ibáñez.
Ese comportamiento ya se observó antes del peak de 2019, que fue precedido por el alza en la morosidad registrada entre 2017 y 2018. El antecedente cobra especial relevancia considerando que el informe del primer trimestre de 2026 de la USS y Equifax cifró en 4.011.868 las personas morosas en Chile. En total suman una deuda impaga total de US$10.828 millones, su nivel más alto desde 2021 y un aumento anual de 15% en 12 meses.
Diputado Juan Carlos Beltrán destacó labor de la PDI durante su 93° aniversario
En el marco de la conmemoración del aniversario número 93 de la Policía de Investigaciones de Chile, el diputado por el Distrito 22 Juan Carlos Beltrán Silva, participó en una actividad realizada en el cuartel de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Lautaro, instancia en la que destacó la labor desarrollada por la institución en materia de investigación criminal y seguridad pública. Durante la ceremonia, el Parlamentario Mallequino entregó un saludo a los funcionarios de la PDI y reconoció su vocación de servicio y el trabajo que
realizan diariamente en favor de la comunidad.
“Quiero destacar y valorar — manifestó— el trabajo que realizan, el profesionalismo y, sobre todo, la calidad humana. También quiero reconocer la importante labor investigativa que desarrollan al servicio de la ciudadanía”. El diputado Beltrán sostuvo, además, que la Policía de Investigaciones es una de las instituciones más valoradas por la comunidad y resaltó el compromiso de sus funcionarios con el esclarecimiento de delitos y la
protección de las personas. Asimismo envió un saludo a las familias de los detectives y funcionarios de la institución y aseguró que detrás de cada servidor público existe un entorno familiar que también contribuye al cumplimiento de esta labor.
Por su parte, el jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Lautaro, subprefecto Pedro Norato Salvo, agradeció la visita y destacó que el aniversario institucional también representa una oportunidad para reforzar el vínculo entre la PDI y la
“Con ese telón de fondo, de repetirse la tendencia histórica, Chile podría enfrentar durante el segundo semestre de 2026 un nuevo aumento en las demandas de cobranza judicial, en un contexto marcado por desempleo persistentemente sobre el 8%, desaceleración económica y mayor presión sobre los hogares”, puntualiza el fundador de DefensaDeudores.cl. ciudadanía.
“Nosotros —aseveró— nos debemos a ustedes. Trabajamos de manera profesional para contribuir al esclarecimiento de los delitos mediante la investigación y aportar a la seguridad de las personas”.
De igual modo dijo que la institución continuará desarrollando su labor investigativa con el objetivo de contribuir a la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la provincia y del país.
El Director Nacional de CONADI, aclara los alcances del debate en torno a la modernización de la normativa, desmiente los rumores sobre una supuesta privatización y defiende la necesidad de dotar a las comunidades de mejores herramientas para el desarrollo productivo de sus territorios.
El debate sobre la Ley N° 19.253 —conocida popularmente como la Ley Indígena— siempre genera intensas reacciones en las regiones del sur del país. En las últimas semanas, diversas interpretaciones y rumores en redes sociales han levantado alertas entre las comunidades respecto a un eventual debilitamiento de la protección jurídica de las tierras entregadas por el Estado.
Para abordar estas inquietudes, conversamos en profundidad con el Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Ignacio Malig Meza, quien se muestra categórico al disipar los temores y reafirmar el compromiso institucional con el patrimonio territorial de los pueblos originarios.
—Director, para entrar de lleno en la preocupación de muchas comunidades: ¿Existe en la agenda o en las propuestas técnicas alguna intención de permitir la venta de las tierras mapuche a agentes privados o grandes empresas?
—Quiero ser absolutamente tajante y dar tranquilidad a las comunidades: la propuesta de cambio o modernización de la Ley Indígena no considera, bajo ningún punto de vista, vender tierras mapuche ni quitar la protección que les da la ley. Es lamentable que se levanten noticias falsas o interpretaciones maliciosas

que solo buscan generar temor e incertidumbre en las familias. Lo que buscamos no es enajenar el territorio, sino todo lo contrario: potenciarlo, protegerlo mejor y entregar herramientas reales para que esas tierras sean prósperas y sustentables para las futuras generaciones.
—Si el objetivo no es la venta, ¿cuál es el verdadero espíritu de las modificaciones que se están conversando y analizando a nivel técnico?
—El espíritu es la modernización y el desarrollo integral. La Ley Indígena se promulgó en 1993; han pasado más de tres décadas y el mundo, la economía y las propias necesidades de las comunidades han cambiado profundamente. Hoy nos encontramos con un problema real: las comunidades carecen de las herramientas legales para desarrollar sus tierras. Por ejemplo, una comunidad vecina de un productor agrícola que voluntariamente quiere asociarse, hoy no puede arrendar sus tierras y recibir los beneficios de las rentas. Queremos resolver esos nudos críticos.
—Existe un temor histórico a que la introducción de lógicas de mercado termine fragmentando la propiedad comunitaria. ¿Cómo se conjuga el desarrollo productivo con la cosmovisión y el resguardo cultural?


"Nuestro norte es el bienestar, la restitución justa cuando corresponde, pero sobre todo el acompañamiento productivo y social. Ningún cambio legal se hará a espaldas de los pueblos originarios; cualquier paso hacia el futuro se construirá conversando, escuchando y respetando la ley y la historia".
—Esa convivencia no solo es posible, sino que ya ocurre con éxito en muchos territorios. Cuando conversamos con los agricultores, con las cooperativas de La Araucanía o del Biobío, ellos nos piden apoyo técnico, caminos, agua y conectividad. El resguardo cultural se defiende cuando las comunidades son autónomas, cuando los jóvenes no se ven obligados a migrar a las grandes ciudades por falta de oportunidades en el campo. Si logramos que la tierra sea productiva bajo un modelo respetuoso y sostenible, estamos fortaleciendo la cultura y el arraigo territorial.
—Finalmente, Director, frente al clima de desconfianza que a veces dificulta el diálogo, ¿cuál es el mensaje final que le transmite a los dirigentes y familias del pueblo mapuche?
—Las puertas de la CONADI están abiertas para un diálogo transparente, de cara a la gente. No caigamos en las caricaturas ni en la desinformación de quienes instrumentalizan la causa indígena para fines políticos. Nuestro norte es el bienestar, la restitución justa cuando corresponde, pero sobre todo el acompañamiento productivo y social. Ningún cambio legal se hará a espaldas de los pueblos originarios; cualquier paso hacia el futuro se construirá conversando, escuchando y respetando la ley y la historia. Por eso, tras el anuncio, estamos realizando diálogos políticos, luego realizaremos la consulta indígena con los más altos estándares y acompañados técnicamente por la OIT, para recién ahí presentar las modificaciones que recojamos.
“Necesitamos construir la Facultad como una comunidad real”, dijo del Valle

“La Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de La Frontera, enfrenta desafíos de gestión y transparencia que deben ser abordados con urgencia; no hay tiempo ni lugar para eufemismos o para salir a buscar votos como si fuese solamente un asunto electoral”.
Así lo expresó el doctor Carlos del Valle, al dar a conocer sus siete propuestas, en el marco de lo que será su candidatura a Decano de la citada Facultad. “Lo primero, dijo, es participación real y no solo declarativa; debemos avanzar hacia una gestión en la cual cada integrante de la comunidad conozca y participe en las decisiones que le afectan”.
“Se trata de decidir con legitimidad, agregó, en un diseño en el que la participación no es un costo, sino una base de la gestión”.
Lo segundo, prosiguió del Valle son las condiciones materiales dignas para trabajar y formar. “En un escenario de déficit de recursos, se requiere un plan para la adquisición de infraestructura y equipamiento, con prioridades acordadas, un cronograma público y la rendición de los avances”.
Como tercera prioridad ubicó la regularización contractual con equidad. “Se necesita actuar evitando las discrecionalidades; la Facultad cuida a quienes la sostienen,

Nuestra propuesta es reconocer lo que ya somos, ordenar lo que ya tenemos y gestionar con método hacia un horizonte compartido, porque creemos que lo que falta es una conducción que escuche y cumpla”, dijo el doctor del Valle.
en todos sus ámbitos y la gestión debe asegurar estas condiciones”, indicó.
Convertir las capacidades de los integrantes de la Facultad en áreas de desarrollo, es su cuarta propuesta. “El desafío estratégico, manifestó el doctor del Valle es acompañar esa trayectoria, desde la conexión hacia la especialización, articulando armónicamente formación, investigación y vinculación”.
Para el creador y actual director del Doctorado en Comunicación de la Universidad de La Frontera, Carlos del Valle otro tema prioritario y que corresponde a su quinta propuesta, es el bienestar y clima laboral como política y no como retórica: “política de bienestar con indicadores y evaluación periódica del clima laboral; se necesita una política de calidad de vida en el trabajo, espacios de descanso, programas de bienestar físico y mental, y la reducción de la burocratización”, expresó.
El doctor Carlos de Valle, es un reconocido académico de la Universidad de La Frontera, con una destacada trayectoria a nivel nacional e internacional.
Profundizando en esta materia, del Valle señaló: “Se requiere transparencia en la asignación de recursos, equidad en las tareas, respeto a las personas y fin de las prácticas de grupos cerrados”.
Un tema trascendente también para el doctor del Valle (su sexta propuesta) es la vinculación con el medio con perspectiva territorial y bidireccional, es decir, un sello intercultural y regional propio de La Araucanía. “La identidad de esta Facultad es inseparable de su territorio; el Plan FECSH lo muestra con claridad: entre las áreas de desarrollo figura de manera destacada la interculturalidad, la sociedad mapuche y los derechos humanos, articulando líneas de investigación, formación y proyectos de vinculación en lengua, cultura, educación intercultural y políticas públicas con pertinencia regional”, manifestó.
En su séptima propuesta, Carlos del Valle se refirió a una gobernanza transparente. “La comunidad necesita que se comunique públicamente las decisiones estratégicas, que se transparente la asignación de recursos, difundiendo las actas de las reuniones y reduciendo la burocratización de los procesos académicos y de gestión, además de evitar el compadrazgo y la discrecionalidad en el uso de
recursos”, expresó. Nuestro compromiso, manifestó el doctor del Valle, es una gobernanza de puertas abiertas: “información pública sobre decisiones y recursos, procesos simplificados, y un trabajo estable y coordinado con las direcciones de departamento como norma de gestión, porque la transparencia reduce la desconfianza, acelera la toma de decisiones y blinda a la Facultad frente a observaciones de auditoría externa”.
Además, añadió del Valle: “una gobernanza clara es la condición que hace creíbles y sostenibles los otros seis compromisos. Sin transparencia, ningún plan se sostiene”, dijo.
INVITACIÓN
“Nuestra propuesta, dijo por último el doctor Carlos del Valle, es reconocer lo que ya somos, ordenar lo que ya tenemos y gestionar con método hacia un horizonte compartido, porque creemos que lo que falta es una conducción que escuche y cumpla”.
Profundizando en este tema, agregó: “Construir la Facultad no es tarea de un equipo de personas y sus cargos, sino el resultado de una comunidad que decide, con voz y con datos, su rumbo como comunidad; a esa construcción, participativa y transparente, convoca este programa”, dijo.
sufre depresión”
• El consejero regional Miguel Ángel Contreras, vicepresidente de la Comisión de Salud del Gobierno Regional, se refirió a la preocupante situación que está afectando a los adolescentes de la región.
• “Resulta evidente que, como región, no estamos pudiendo dar cobertura a esta urgente necesidad de salud mental que está afectando a nuestros jóvenes”, dijo el consejero regional.
“
En la Región de La Araucanía hay más de 20 mil niños y adolescentes, de entre 13 y 18 años, que presentan depresión juvenil, lo que constituye una grave crisis de salud pública, que debería movilizar al Estado a implementar un plan amplio que permita dar cobertura y atención a esta grave situación que están enfrentando los jóvenes de nuestra región”
Lo anterior fue expresado por el consejero regional y vicepresidente de la Comisión de Salud del Gobierno Regional, Miguel Ángel Contreras, quien informó que en la región residen aproximadamente 69 mil 815 adolescentes (con 13 años o más) y que, según estudios recientes, un 29 por ciento de ellos presenta síntomas de depresión y ansiedad, agregando que las cifras oficiales muestran un aumento preocupante en las hospitalizaciones y la demanda de atención psiquiátrica, lo que impacta fuertemente el bienestar emocional y académico de los adolescentes.
NECESIDAD URGENTE
“Por los datos que hemos logrado recabar, dijo el consejero Contreras, resulta evidente que, como región, no estamos pudiendo dar cobertura a esta urgente necesidad de salud mental que está afectando a nuestros jóvenes, en un porcentaje
no menor, un tercio de ellos está padeciendo una situación delicada y, desgraciadamente, las instituciones pertinentes así como los profesionales del área, no están pudiendo brindar la ayuda que se requiere y que, no me cabe duda, desean proporcionar; por ello la necesidad de implementar un plan concreto para colaborar en la solución del problema, cuyas directrices tienen que venir desde el Estado, es decir, del gobierno de turno, que debe impulsar medidas focalizas en esta problemática”.
Sobre las principales preocupaciones de los adolescentes en la actualidad, Miguel Ángel Contreras, señaló que todos los expertos manifiestan que éstas giran en torno a la salud mental, la autoimagen, la presión social, el rendimiento académico y su futuro, lo que se intensifica en una etapa de profundos cambios físicos, psicológicos y de búsqueda de identidad. Cabe destacar, prosiguió el consejero Contreras, que algunas de las instituciones de educación superior de la región, principalmente, las que tienen sus casas centrales en Temuco, se encuentran atentas a lo que está sucediendo, destacando, por ejemplo, el trabajo que realiza la Universidad Católica de Temuco, la que ha abordado la citada problemática en

En la actualidad, más de 20 mil jóvenes presenta problemas de salud mental”
diversas instancias de análisis y reflexión, generando propuestas que deberían ser consideradas, indicó. De hecho, añadió Contreras, ante esta alarmante realidad, especialistas de la Universidad Católica de Temuco han analizado el fenómeno desde diversas disciplinas y enfatizan en la necesidad de una respuesta coordinada.
UC TEMUCO
En este contexto, Contreras manifestó que en informaciones públicas, la doctora Ana Barrera, directora del Magíster en Intervención Psicosocial para la Salud Mental y el doctor Christian Beyle, director del Departamento de Psicología de la citada casa de estudios superiores, explican que la adolescencia es una etapa de profundos cambios biológicos, emocionales y sociales, lo que aumenta la vulnerabilidad ante

trastornos de salud mental como la depresión y más allá del impacto inmediato, advierten que las dificultades psicológicas en esta fase pueden generar efectos en otras áreas del desarrollo, tales como problemas en el rendimiento académico y laboral, dificultades en las relaciones interpersonales y un mayor riesgo de desarrollar otros trastornos en la adultez. Por su parte, prosiguió Contreras, la Psicóloga Ana María Salinas, jefa de carrera de Psicología de la UC Temuco, subraya la gravedad del problema a nivel nacional desde los datos del Ministerio de Salud, considerando que en los últimos años Chile ocupaba el sexto lugar en Latinoamérica en tasas de suicidio y La Araucanía se posicionaba como la región más afectada, destacando, además que, entre 2022 y 2024 la demanda de atención psiquiátrica en menores de 15 años aumentó, en La Araucanía, un 103 por ciento, mientras que más de 15.000 niños/as y adolescentes seguían en lista de espera para hospitalización psiquiátrica.
En La Araucanía, ese margen de resistencia suele ser menor. La región convive con indicadores laborales complejos, altos niveles de informalidad y una estructura productiva donde muchas familias viven al día. En ese contexto, una deuda no pagada puede escalar rápidamente desde el atraso hasta la cobranza judicial. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser solamente financiero: se transforma en una presión emocional, familiar y social.
Que La Araucanía concentre cerca del 45% de las personas demandadas por deudas en la zona sur no es un dato menor. Tampoco puede ser leído únicamente como una estadística financiera. Es, más bien, una señal clara de las tensiones económicas que arrastran miles de familias en una región donde los ingresos ajustados, la informalidad laboral, la inestabilidad del empleo y la vulnerabilidad social siguen marcando la vida cotidiana. Un estudio elaborado por Unholster y DefensaDeudores.cl, a partir del análisis de más de 116 mil juicios de cobranza entre 2015 y 2025, permite mirar con mayor profundidad un fenómeno que suele ser abordado desde el prejuicio. La idea del “deudor serial” o de la persona que simplemente no quiere pagar queda debilitada por un dato contundente: el 82% de quienes enfrentaron una demanda judicial por cobranza apareció solo una vez en el sistema durante una década. Ese antecedente cambia la conversación. Si la mayoría de los demandados no reincide, entonces la judicialización por deudas parece

La situación demográfica de Chile tiene una mirada económica importante, ya que el rápido envejecimiento de la población genera efectos directos sobre el sistema de pensiones, la salud pública y las cuentas fiscales. El incremento en las expectativas de vida en el país lleva a que cada día gane más relevancia la economía plateada no solo como un problema,

responder más a crisis puntuales que a una conducta permanente. Una enfermedad, la pérdida de empleo, una baja de ingresos, un emprendimiento fallido o una emergencia familiar pueden ser suficientes para desordenar por completo la economía de un hogar. En La Araucanía, ese margen de resistencia suele ser menor. La región convive con indicadores laborales complejos, altos niveles de informalidad y una estructura productiva donde muchas familias viven al día. En ese contexto, una deuda no pagada puede escalar rápidamente desde el atraso hasta la cobranza judicial. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser solamente financiero: se transforma en una presión emocional, familiar y social.
El estudio también muestra que el endeudamiento judicial es transversal. No afecta únicamente a sectores vulnerables ni a un solo tipo de comuna. La banca concentra más de la mitad de las causas, seguida por el retail y otras instituciones como cajas de compensación y cooperativas. Es decir, el sistema
de crédito está profundamente instalado en la vida diaria de las personas, desde el consumo básico hasta las necesidades familiares más urgentes.
Por eso, discutir sobre deudas exige más responsabilidad pública. No se trata de promover el no pago ni de desconocer obligaciones legítimas. Se trata de entender que la cobranza judicial, cuando se masifica, revela algo más profundo: hogares con poca capacidad de ahorro, escasa protección frente a imprevistos y un modelo económico que muchas veces empuja a las personas a endeudarse para sostener su vida cotidiana.
La alerta hacia 2026 debe tomarse en serio. Si los aumentos en la morosidad suelen anticipar nuevas alzas en demandas judiciales con un desfase de 12 a 18 meses, el país podría enfrentar un nuevo ciclo de cobranza en un escenario marcado por desempleo persistente, desaceleración económica y mayor presión sobre los hogares. En regiones como La Araucanía, ese impacto puede sentirse con mayor fuerza.
El desafío no es solo jurídico. Es

social, económico y político. Se requieren políticas de educación financiera, mejores mecanismos de renegociación, mayor regulación de prácticas abusivas, acompañamiento temprano antes de que las deudas lleguen a tribunales y una mirada territorial que entienda que no todas las regiones enfrentan el endeudamiento desde las mismas condiciones.
La Araucanía no necesita ser estigmatizada por sus cifras de cobranza. Necesita que esas cifras sean leídas como una advertencia. Porque detrás de cada demanda no hay solo un expediente judicial: hay una familia, una historia laboral, una emergencia, una caída de ingresos o una cadena de decisiones tomadas bajo presión. Cuando una región aparece con este nivel de judicialización por deudas, el problema no está únicamente en quienes deben. También está en la fragilidad del sistema que los rodea. La deuda puede ser una obligación individual. Pero cuando se convierte en fenómeno masivo, es también una responsabilidad colectiva.
sino como una oportunidad para la innovación, la productividad y el desarrollo de nuevos mercados. Generalmente, el envejecimiento de la población se ha mirado como una carga estructural tanto para las familias como para el país, asumiendo un elemento estático de la vejez. Pero si uno mira a las personas mayores de 60 años en el Chile actual, el escenario es completamente distinto a lo que observaban nuestros padres a nuestra edad. Por ejemplo, hoy las personas de la tercera edad poseen más años de escolaridad, mayor conectividad digital y un firme deseo de mantener una participación en la economía. No se les puede restringir a ser receptores de ayudas del Estado, pues es desperdiciar
un capital humano acumulado invaluable. La economía plateada nos invita a modificar la estructura productiva considerando que el empleo sea adaptativo, y generar un consumo especializado. Para ello, el mercado laboral chileno debe extender la vida laboral de forma voluntaria. Esto puede ser mediante jornadas de trabajo flexibles, teletrabajo o roles de mentoría, lo que permite suavizar el déficit de fuerza laboral joven y mantener la transferencia de conocimiento en sectores complejos. Asimismo, este desafío requiere una alianza público-privada, donde el Estado actúe como catalizador, modernizando las regulaciones, buscando incentivar la contratación de este segmento de la población,
y promoviendo y garantizando la inclusión digital. Por su parte, la academia y el sector privado deben abandonar los estereotipos comerciales y entender que la población mayor es un motor de demanda sofisticado y creciente. El envejecimiento no es el fin del crecimiento; es la reconfiguración de este. Si logramos articular políticas públicas flexibles y un entorno empresarial que valore la experiencia y la innovación adaptativa, Chile no sufrirá el invierno demográfico. Al contrario, podrá capitalizar un robusto "dividendo canoso", demostrando que una sociedad más longeva es también una economía más resiliente, integrada y desarrollada.


Por Claudio Núñez Q.
Una mirada crítica sobre el momento económico que atraviesa La Araucanía entregó el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Temuco, Gustavo Valenzuela, quien advirtió que la región muestra señales parciales de recuperación, pero aún lejos de un repunte consolidado.
En conversación con Tiempo21, el dirigente gremial abordó el impacto de la inseguridad en el comercio establecido, la situación del centro de Temuco, la necesidad de recuperar el Mercado Municipal, el déficit habitacional, la llamada megarreforma económica y el crecimiento de los denominados “malls chinos”.
Valenzuela sostuvo que el consumo sigue contenido, que la inversión avanza con cautela y que muchos comerciantes continúan enfrentando mayores costos, menores ventas y la obligación de invertir cada vez más en seguridad.
“Cuando la seguridad se transforma en el principal gasto, la economía local pierde”, afirmó.
Presidente, desde el comercio local, ¿cómo observa hoy la situación económica de La Araucanía?
Considerando el empleo, el consumo, la inversión y el movimiento del centro de Temuco, ¿la región está dando señales de recuperación o todavía sigue estancada?
Desde el comercio local vemos una economía regional con señales parciales de recuperación, pero todavía muy frágil y el consumo sigue contenido, la inversión avanza con cautela y el centro de Temuco aún no recupera plenamente su dinamismo histórico.
La Araucanía necesita certezas, seguridad, permisos más ágiles, mejor conectividad, vivienda, mayor empleo
Presidente
“Cuando la seguridad se transforma en el principal gasto, la economía local pierde”
El dirigente gremial abordó el complejo momento que enfrenta el comercio regional, marcado por una recuperación económica frágil, bajo dinamismo en el centro de Temuco, inseguridad, déficit habitacional y la necesidad de políticas públicas con bajada territorial.
formal y una mirada regional en las políticas públicas. No podemos hablar de una recuperación consolidada mientras muchos comerciantes siguen vendiendo cada vez menos, enfrentando mayores costos y postergando inversiones.
La Cámara ha insistido en que la seguridad es clave para reactivar la economía.
¿Cuánto está afectando la delincuencia al comercio establecido y qué resultados concretos han visto del trabajo coordinado con el municipio, Carabineros y otras autoridades?
La seguridad es hoy una condición básica para la reactivación, La delincuenta afecta directamente al comercio establecido porque encarece la operación, genera temor en trabajadores y clientes y además desincentiva la inversión. Valoramos el trabajo coordinado con el municipio, Carabineros, PDI y autoridades, porque ha permitido mayor presencia preventiva y una mejor coordinación. Pero todavía falta constancia, mayor fiscalización y resultados efectivos. El comercio necesita sentir que no está solo.
En Temuco se ha hablado de una alta victimización del comercio y de una sensación de normalización de los delitos. ¿Siente que el comerciante se está acostumbrando a funcionar bajo amenaza, invirtiendo cada vez más en seguridad en vez de crecimiento, empleo o mejoras para sus locales? Sí, existe un riesgo muy grave, que el comerciante termine acostumbrándose a trabajar bajo amenazas. Eso no puede normalizarse. Hoy muchos locales destinan recursos en cámaras, alarmas, rejas, guardias, etc, recursos que deberían ir a mejorar sus negocios, contratar más trabajadores o modernizarse. Cuando la seguridad
se transforma en el principal gasto, la economía local pierde.
Otro tema sensible es la vivienda. La CChC ha planteado críticas por el déficit habitacional y la necesidad de acelerar proyectos. Desde la mirada del comercio y los servicios, ¿cómo impacta la falta de vivienda, planificación urbana y permisos más ágiles en el desarrollo económico de Temuco y la región?
La falta de vivienda y planificación urbana impacta directamente al comercio y los servicios. Una ciudad que no crece ordenadamente genera más costos, más congestión, menos inversión y menor calidad de vida. Temuco y La Araucanía necesitan proyectos habitacionales, pero también barrios integrados, servicios, transporte, comercio de cercanía y permisos más ágiles. La vivienda no es solo un tema social también es un importante motor económico.
A nivel nacional se discute la llamada megarreforma económica o Plan de Reconstrucción Nacional, con medidas tributarias, laborales, de empleo y vivienda.
¿La Cámara ve en esta reforma una oportunidad real para reactivar la inversión y el empleo en regiones como La Araucanía, o cree que todavía falta una bajada concreta al territorio?
Toda reforma que busque reactivar inversión, empleo y vivienda puede ser una oportunidad, pero debe tener bajada regional concreta. La Araucanía no necesita solo anuncios nacionales, necesita medidas aplicables a nuestra realidad, como incentivos a la inversión, apoyo al comercio formal, seguridad, infraestructura, vivienda y reglas claras. Si la reforma no llega al territorio, difícilmente generará confianza en la región.
El Mercado Municipal de Temuco aparece como una de las obras más esperadas por la ciudad. ¿Qué significado tendría para el comercio local recuperar definitivamente este espacio y qué condiciones deberían cumplirse para que no sea solo una obra patrimonial, sino también un motor económico para el centro?
Recuperar el Mercado Municipal sería un hito enorme para Temuco, no solo por su valor patrimonial, sino porque puede transformarse nuevamente en un motor del centro, del turismo, la gastronomía, de nuestra artesanía y del comercio local.
Pero no basta con reconstruir el edificio, debe tener buena administración, seguridad, accesos, estacionamientos, promoción turística, conexión con el comercio del centro y una oferta atractiva. El Mercado debe volver a ser un punto de encuentro y actividad económica permanente.
Un estudio reciente ubicó a Temuco como la tercera comuna del país con más “malls chinos”, con 11 establecimientos activos. ¿Cómo mira la Cámara este fenómeno? ¿Cómo una nueva competencia legítima, como una señal de cambios en el consumo o como un desafío para la fiscalización, la formalidad y la competencia pareja con el comercio local?
Lo miramos con realismo, es una competencia legítima en la medida que cumpla las mismas reglas que todos, como lo son las tributarias, laborales, sanitarias, de seguridad, rotulación y derechos del consumidor.
También refleja cambios en el consumo, la gente busca precio y variedad, pero la competencia debe ser pareja. Lo que preocupa no es el origen del comercio, sino que existan diferencias en fiscalización o cumplimiento normativo frente al comercio local establecido, que paga impuestos, genera empleo y cumple exigencias todos los días.

