Gilberto León Santamaría
Ignacio Santamaría
Milagros Santamaría
Mariano Méstola
Nicole Dillon
Guido Augusto Redelico
Santiago Gorla
Claudio Flavio Augusto Espósito
Marcelo Baez
Julián Leonel Iglesias
ENTREVISTAS
Rossana Bril
Cuentas monetizadas en plataformas y su transmisión mortis causa
Ana Victoria Psaropoulos Savickas
Junio 2026 - 16.a edición
Propietario: LA LEY SAEI Tucumán 1471 (C1050AAC) ISSN 2953-4100
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8 Davos y el nuevo paradigma tributario
Identidad digital, tokenización de activos reales, automatización regulatoria y la configuración del hecho imponible algorítmico frente a la teoría clásica del hecho imponible
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¿A quiénes exhibe la transparencia judicial? Fundamentos para un modelo de acceso diferenciado de publicidad judicial digital
Mariano Méstola
46 Nociones preliminares de la transmisibilidad mortis causa de las cuentas monetizadas en plataformas digitales
Ana Victoria Psaropoulos Savickas
56 La creciente relevancia del seguro de representaciones y garantías (RWI) en transacciones de M&A en Latinoamérica
Nicole Dillon
62 El fin del “presidencialismo pyme” ¿Por qué la intuición del dueño ya no alcanza para gestionar riesgos empresariales?
Guido Augusto Redelico
Santiago Gorla
70 Lenguaje claro, lectura fácil y comunicación aumentativa y alternativa
Ajustes de procedimiento como garantías del acceso a la justicia de las personas con discapacidad
Claudio Flavio Augusto Espósito
82 Veinte años de la Primera Conferencia Nacional de Jueces
Estrategias híbridas para la comunicación judicial en tiempos de transformación
Marcelo Baez
98 Naturaleza jurídica y necesidad de un régimen diferencial para los trabajadores de la industria del software y servicios informáticos
Julián Leonel Iglesias
Rossana Bril
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Davos y el nuevo paradigma tributario
Identidad digital, tokenización de activos reales, automatización regulatoria y la configuración del hecho imponible algorítmico frente a la teoría clásica del hecho imponible
Gilberto León Santamaría
Milagros Santamaría Ignacio Santamaría
En el marco de las discusiones globales promovidas en Davos en torno a la identidad digital y la automatización regulatoria, comienza a perfilarse una reconfiguración de los criterios clásicos de conexión tributaria. La residencia y la fuente, como ejes estructurales de la teoría tradicional del hecho imponible, enfrentan hoy el desafío de eventos económicos funcionales que se despliegan simultáneamente en redes distribuidas, sin anclaje territorial unívoco.
(*) Gilberto León Santamaría: Abogado (UM). Managing partner de Estudio Santamaría Abogados. Miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Miembro activo de la International Fiscal Association. Autor de numerosos artículos, trabajos y libros especializados en Derecho Tributario y fiscalidad en economías descentralizadas.
Ignacio Santamaría: Abogado (Universidad Nacional de Cuyo). Socio fundador del Estudio Jurídico Santamaría Abogados.. Director del Departamento de Derecho Tributario y Recursos de la Seguridad Social del Estudio Santamaría Abogados.
Milagros Santamaría: Abogada (UM) especializada en tecnologías innovadoras (Web3, DLTs, blockchain, tokenización). Directora del Departamento Regulatorio en Crecimiento Argentina. Responsable de Operaciones en Architect Systems. (*)
Davos y el nuevo paradigma tributario
Gilberto León Santamaría - Ignacio Santamaría - Milagros Santamaría
I. Introducción: lo que en Davos no fue titular, pero redefinirá el sistema
En la última edición del World Economic Forum celebrada en Davos, la atención mediática se concentró en la inteligencia artificial, la fragmentación geopolítica, la transición energética y la desaceleración económica global. Sin embargo, en los paneles técnicos, en las mesas de trabajo regulatorias y en los encuentros paralelos entre organismos multilaterales y reguladores financieros, se consolidó una arquitectura conceptual que marcará el rumbo del sistema económico en las próximas décadas: la convergencia entre identidad digital interoperable, tokenización de activos reales (RWA) y automatización regulatoria.
Este proceso no fue anunciado como una revolución. No hubo declaraciones grandilocuentes.
Pero emergió con claridad una premisa compartida por reguladores europeos vinculados a MiCA, técnicos de la OCDE responsables del Crypto-Asset Reporting Framework, funcionarios estadounidenses involucrados en la regulación de stablecoins bajo la GENIUS Act y representantes de bancos centrales que experimentan con activos tokenizados: la tokenización del mundo real exige identidad digital verificable.
En otras palabras, el blockchain no basta. El contrato inteligente no basta. La descentralización no basta. El sistema necesita saber quién opera.
Ese punto, aparentemente técnico, es estructural.
Porque cuando identidad digital, tokenización y regulación convergen, lo que se transforma no es solo el mercado. Se transforma la forma misma en que el derecho tributario identifica, califica y controla el hecho imponible.
II. Tokenización de RWA: el puente entre el mundo jurídico tradicional y la arquitectura programable
La tokenización de activos reales representa la integración definitiva entre economía física y economía digital.
Un Real World Asset tokenizado no es un activo nuevo. Es la representación programable de un derecho patrimonial existente. Puede tratarse de un inmueble fraccionado en tokens, de participaciones fiduciarias digitalizadas, de deuda corporativa emitida on-chain, de regalías productivas, de créditos comerciales o incluso de patentes tecnológicas.
La tokenización permite:
- La divisibilidad económica del activo.
- La transferibilidad global sin intermediación física.
- La incorporación de reglas programables de circulación.
- La trazabilidad permanente de la titularidad.
- La automatización de flujos financieros.
Pero esa programabilidad requiere una condición previa: identificación verificable del titular.
El derecho patrimonial clásico descansa sobre una estructura tripartita: sujeto, objeto y vínculo jurídico. La tokenización modifica el instrumento de circulación del objeto, pero no elimina la necesidad de un sujeto jurídicamente determinado.
La institucionalización de los RWA no puede apoyarse en pseudonimato. Este es el punto en el que Davos consolidó el consenso.
III. Identidad digital como infraestructura crítica del mercado tokenizado
La identidad digital dejó de ser un elemento administrativo para convertirse en infraestructura económica estructural.
No se trata simplemente de un documento digitalizado. Se trata de una arquitectura interoperable capaz de validar atributos jurídicamente relevantes:
- Residencia fiscal.
- Condición de inversor calificado.
- Cumplimiento AML/KYC.
- Estatus regulatorio.
- Perfil de riesgo.
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- Historial de cumplimiento.
- Través Rule (GAFI)
La identidad digital es la capa que permite que el contrato inteligente consulte condiciones antes de ejecutar una operación.
Así, el mercado deja de depender exclusivamente del control ex post y comienza a estructurarse mediante control ex ante incorporado en el código.
En Davos se debatió este punto en el marco de la denominada Digital Public Infrastructure, donde la identidad digital interoperable es considerada condición esencial para inclusión financiera, trazabilidad de activos y supervisión prudencial.
Lo que pasó desapercibido es que esa infraestructura no solo facilita el mercado: lo condiciona.
IV. Proyecto de verificación LATAM: soberanía regulatoria en la era algorítmica
América Latina enfrenta un dilema estratégico.
Puede integrarse pasivamente a la arquitectura global diseñada por la OCDE, la Unión Europea y Estados Unidos, o puede desarrollar una infraestructura regional de verificación interoperable que preserve el margen de autonomía fiscal y regulatoria.
El proyecto de verificación LATAM debe contemplar:
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- Identidad digital interoperable regional.
- Integración técnica con CRS y CARF.
- Compatibilidad con DAC8 y MiCA.
- Capacidad de monitoreo onchain de RWA.
- Gobernanza multilateral con garantías constitucionales.
La región no puede limitarse a ser territorio reportante. Debe participar en la definición de estándares.
El caso argentino es ilustrativo. Argentina ha adoptado CRS, participa activamente en estándares OCDE y enfrenta desafíos crecientes en materia de fiscalización de crip-
toactivos, identificación de wallets no custodiales y determinación de residencia fiscal en entornos descentralizados.
La experiencia demuestra que la brecha entre norma y tecnología puede ampliar la inseguridad jurídica si no se desarrolla una arquitectura coherente.
La región necesita un marco que articule identidad digital, tokenización y debido proceso (regulación, aunque no regular es regular también).
V. De CRS a CARF: del intercambio automático al control estructural y fiscal
- El CRS (CRS2 a criptoactivos) inauguró el intercambio automático de información financiera.
- CARF lo extiende a criptoactivos.
- DAC8 amplía la cooperación administrativa europea a proveedores de servicios cripto.
- MiCA regula emisores y custodios.
- La GENIUS Act establece reservas y supervisión federal para stablecoins.
- La CLARITY Act introduce clasificación funcional.
Todos estos instrumentos comparten un principio: la transparencia.
La transparencia ya no puede entenderse como un mecanismo reactivo que se activa frente a la sospecha o la verificación posterior de una conducta. En la arquitectura digital contemporánea, la transparencia comienza a configurarse como una cualidad estructural del sistema. No es el resultado de un requerimiento puntual ni de una fiscalización ex post, sino una consecuencia inherente al diseño mismo de las infraestructuras tecnológicas que registran, almacenan y procesan la información económica.
La lógica regulatoria (y fiscal) evoluciona así hacia la detección automática de eventos. Las transacciones dejan de ser simples actos económicos que requieren reconstrucción probatoria y pasan a convertirse en datos estructurados que el sistema identifica, clasifica y vincula a sujetos determinados en tiempo real. La información no espera a ser declara-
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da: se genera simultáneamente con la operación.
En este contexto, cuando la detección se automatiza, el hecho imponible comienza a independizarse parcialmente de la declaración humana como punto de partida. La manifestación voluntaria del contribuyente deja de ser el único eje de activación del sistema fiscal. La arquitectura tecnológica introduce una nueva dimensión: el evento económico registrado y procesado algorítmicamente como presupuesto de la obligación tributaria.
Nos encontramos, entonces, ante una transición profunda: del modelo declarativo clásico hacia una estructura en la que la fiscalidad se apoya crecientemente en la capacidad del sistema para identificar hechos relevantes de manera inmediata y objetiva, integrando derecho, tecnología y datos en una misma matriz operativa.
VI. El panóptico digital global y la fiscalidad algorítmica
La convergencia entre identidad digital, tokenización de RWA, inteligencia artificial y análisis forense blockchain configura un entorno de trazabilidad permanente.
La tokenización del mundo real exige identidad digital verificable.
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El sistema puede identificar en tiempo real:
- Adquisiciones.
- Enajenaciones.
- Rentas generadas por contratos inteligentes.
- Distribuciones automáticas.
- Movimientos transfronterizos.
- Beneficiarios finales.
Este escenario comienza a configurar lo que puede describirse como un panóptico digital de alcance global.
No se trata necesariamente de una estructura centralizada en una única autoridad visible, sino de una arquitectura sistémica, distribuida y persistente, en la que la observabilidad económica queda incorporada al diseño mismo de la infraestructura tecnológica.
de analizar, correlacionar y clasificar información económica en tiempo real. La supervisión deja de depender exclusivamente de la intervención directa del funcionario y pasa a apoyarse en sistemas automatizados que operan sobre datos estructurados.
En este contexto, el dato económico adquiere una nueva cualidad: deja de ser efímero o circunstancial para convertirse en registro permanente. Cada operación queda inscripta en una arquitectura que no solo almacena, sino que vincula y contextualiza.
La transacción, entonces, ya no es simplemente un acto privado entre partes. Se transforma en un evento potencialmente relevante desde el punto de vista fiscal, susceptible de ser identificado, categorizado y eventualmente integrado en la determinación de obligaciones tributarias. Así, la economía digital no solo circula valor; produce información estructural que redefine la relación entre actividad económica y potestad fiscal.
El blockchain no basta. El contrato inteligente no basta. La descentralización no basta. El sistema necesita saber quién opera.
No estamos ante un modelo de vigilancia manual ni ante la clásica fiscalización basada en inspecciones humanas. Lo que emerge es un procesamiento algorítmico continuo, silencioso y constante, capaz
VII. Del hecho imponible clásico al hecho imponible algorítmico
El hecho imponible clásico se encontraba anclado en una lógica territorial y documental. Era localizable en un espacio físico determinado, vinculado a jurisdicciones concretas y a criterios relativamente estables de territorialidad. Su constatación dependía de la posibilidad de reconstruirlo a través de documentos, registros contables, contratos, facturas y demás elementos probatorios
que permitían acreditar la realización del evento gravado.
Asimismo, el sistema descansaba en la declaración del contribuyente como punto de partida. Era el propio sujeto quien informaba la ocurrencia del hecho generador y determinaba la base imponible correspondiente. La administración intervenía posteriormente, verificando ex post la veracidad de esa declaración, contrastando datos y, en su caso, ajustando o determinando de oficio.
En la economía tokenizada, este esquema comienza a experimentar una transformación profunda. El hecho imponible ya no se presenta únicamente como un evento que debe ser reconstruido a partir de documentación o declaraciones humanas. Puede convertirse en un suceso algorítmicamente detectable.
La operación económica queda registrada de manera inmediata e inmutable en blockchain. La identidad digital la vincula a un sujeto determinado con atributos verificables. El algoritmo la clasifica conforme a criterios jurídicos previamente definidos. Y el sistema, a partir de esa clasificación, puede incluso calcular la obligación tributaria correspondiente.
La lógica cambia sustancialmente: el sistema no necesita reconstruir la realidad económica; la detecta en el mismo momento en que se produce.
Este es el núcleo de la mutación doctrinaria El hecho imponible algorítmico no elimina la norma ni sustituye el principio de legalidad. Lo que
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hace es integrar la norma en la arquitectura técnica, modificando la relación entre evento económico, sujeto pasivo y potestad tributaria.
VIII. Smart Tax Contracts y oráculos regulatorios
En este nuevo escenario, los smart tax contracts representan una evolución coherente del sistema. Se trata de contratos inteligentes diseñados para incorporar directamente reglas fiscales en su programación, de modo que el cumplimiento normativo forme parte del diseño mismo de la operación económica.
Estos contratos pueden calcular automáticamente las bases imponibles a partir de los datos transaccionales registrados en la red. Pueden aplicar retenciones en origen en el instante mismo en que se ejecuta la operación. Pueden distribuir ingresos fiscales conforme a parámetros programados y emitir reportes automáticos que alimenten sistemas de información interoperables.
Sin embargo, la eficacia de estos mecanismos depende de que la información normativa se mantenga actualizada. Las leyes cambian, las tasas se modifican, las categorías jurídicas se redefinen y las reglas de residencia fiscal evolucionan. El sistema técnico necesita incorporar esas variaciones.
Allí intervienen los oráculos regulatorios. Estos funcionan como puentes entre el orden jurídico y la infraestructura digital, introduciendo en el sistema los cambios legislativos, las tasas vigentes, las clasifica-
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ciones jurídicas aplicables, las reglas de residencia fiscal y las interpretaciones normativas pertinentes.
Gracias a esta interacción, el contrato inteligente deja de ser un mero instrumento de ejecución automática para convertirse en un vector normativo dinámico: internaliza variables regulatorias, actualiza parámetros legales y ajusta su comportamiento conforme a la legislación vigente en tiempo real. El derecho ya no opera exclusivamente como mandato interpretado ex post por la administración o el juez, sino como arquitectura lógica ex ante, incorporada en la propia infraestructura tecnológica.
Transitamos así del “Code is Law” de Lessig, donde el código regula de facto las conductas, al “Law is Code”, en el cual la norma jurídica se traduce en estructura algorítmica
ejecutable. En este desplazamiento epistemológico, el hecho imponible clásico, concebido por Jarach como presupuesto normativo cuya verificación activa la obligación tributaria, se transforma en una condición programable, susceptible de verificación automática y continua mediante oráculos regulatorios. La subsunción deja de ser exclusivamente una operación intelectual posterior al acontecimiento económico y pasa a integrarse en la propia arquitectura del sistema.
Esta mutación implica, además, la superación de la teoría clásica del derecho tributario internacional fundada en los criterios rígidos de residencia, fuente y nexo territorial (EP) como puntos exclusivos de conexión. En ecosistemas Web3, los eventos económicos funcionales pueden producirse de manera si-
multánea en nodos distribuidos de la red, sin localización física unívoca. La capacidad contributiva ya no se agota en una residencia formal ni en una fuente geográficamente delimitada, sino que emerge como capacidad económica funcional, vinculada a una residencia digital funcional determinada por el centro efectivo de decisión, control y aprovechamiento económico del protocolo o activo digital.
En este contexto, la automatización regulatoria, que desarrollaremos infra con mayor detalle, se erige como punto de partida para reconstruir los criterios de conexión tributaria sobre bases algorítmicas, permitiendo identificar en tiempo real dónde y cuándo se configura la capacidad contributiva en entornos descentralizados. El eventual control de estas determinaciones automatizadas encontrará su cauce institucional en instancias como el Tribunal Administrativo Fiscal Algorítmico (TAFA), concebido como garante del debido proceso frente a decisiones fiscales producidas ex ante por sistemas inteligentes.
IX. El dilema constitucional
La integración entre norma y arquitectura técnica plantea un dilema estructural que trasciende la eficiencia operativa.
Es innegable que la eficiencia recaudatoria puede incrementarse en este modelo. La evasión se reduce cuando las operaciones quedan registradas y clasificadas en tiempo real. La trazabilidad de los flujos económicos se vuelve prácticamente
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completa en entornos tokenizados con identidad digital interoperable.
Sin embargo, junto con estos avances emergen interrogantes fundamentales. ¿Cómo se garantiza el principio de legalidad cuando la norma se traduce en código y se ejecuta automáticamente? ¿Cómo se preserva el debido proceso frente a decisiones automatizadas que pueden afectar de inmediato el patrimonio de los sujetos? ¿Qué margen queda para la interpretación judicial cuando la regla opera como arquitectura técnica preprogramada? ¿Puede un algoritmo bloquear activos o impedir operaciones sin intervención jurisdiccional previa? ¿Dónde se sitúa el control democrático sobre el diseño del código regulatorio?
La identidad digital dejó de ser un elemento administrativo para convertirse en infraestructura económica estructural.
La fiscalidad algorítmica tiene el potencial de fortalecer al Estado en términos de eficiencia, coordinación y capacidad de supervisión. Pero también puede concentrar poder de manera inédita si no se establecen límites claros.
El desafío no consiste en frenar la evolución tecnológica ni en desconocer la transformación digital de la economía. El verdadero desafío radica en diseñar límites constitucionales precisos dentro de la arqui-
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tectura algorítmica, asegurando que la automatización regulatoria conviva con los principios fundamentales del Estado de derecho.
X. Davos y la mutación del paradigma normativo. Automatización regulatoria como tendencia estructural1
X.1. Una discusión indirecta pero decisiva
En el último Foro Económico Mundial celebrado en Davos no existió
1 Si bien en el Foro Económico Mundial (Davos) no existió un panel formalmente titulado “Regulatory Automation”, la discusión sobre integración estructural entre regulación y arquitectura tecnológica emergió de manera transversal en diversos espacios vinculados a infraestructura digital pública, identidad digital, RegTech/SupTech, tokenización de activos y supervisión financiera basada en IA. El propio World Economic Forum ha señalado que “regulation now shapes innovation as much as technology”, destacando la necesidad de marcos regulatorios interoperables y orientados al futuro, lo que se alinea con la lógica de cumplimiento embebido y regulación legible por máquina. Véase: World Economic Forum, Technology regulation must be embraced as an infrastructure project, https://www.weforum.org/stories/2026/01/technology-regulation-must-be-embraced-as-an-infrastructure-project/ Asimismo, coberturas especializadas sobre Davos 2026 reflejan debates en torno a finanzas digitales, activos tokenizados e interoperabilidad regulatoria, en línea con procesos de automatización del cumplimiento (RegTech Times, Davos 2026 discussions outline current regulatory challenges, https://regtechtimes.com/davos-2026-discussionsoutline-current-regulatory/).
En igual sentido, el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos presentó en Davos el whitepaper The UAE: Shaping the Future of Regulatory Intelligen-
un panel formalmente titulado “Regulatory Automation” como categoría jurídica cerrada ni se anunció una norma global bajo esa denominación. Sin embargo, la automatización regulatoria fue tratada de manera indirecta, transversal y técnicamente consistente a lo largo de múltiples espacios de debate.
No apareció como consigna política ni como declaración programática, sino como consecuencia lógica del rediseño de la infraestructura financiera digital. La discusión emergió en paneles y foros vinculados a la Digital Public Infrastructure, la identidad digital, RegTech y SupTech, los trust frameworks, la tokenización de Real-World Assets (RWA), la inteligencia artificial aplicada a la supervisión financiera y el futuro de los sistemas monetarios y financieros.
En todos estos ámbitos apareció un denominador común: la necesidad de integrar el cumplimiento normativo dentro del diseño mismo de los sistemas digitales. El debate no giró en torno a si regular más o menos, sino a cómo hacer que la regulación opere desde la arquitectura tecnológica.
ce, donde se describe un ecosistema regulatorio basado en inteligencia artificial y supervisión continua, ejemplo concreto de regulación programable (https://uaelegislation.gov.ae/en/news/ uae-government-launches-at-world-economic-forum-in-davos-its-1st-whitepaper-on-shaping-future-of-regulatory-intelligence).
X.2. Los conceptos clave debatidos en Davos
Dentro de esos paneles se abordaron explícitamente nociones técnicas que, en conjunto, configuran lo que hoy puede describirse como automatización regulatoria. Se habló de embedded compliance, es decir, cumplimiento embebido en el diseño del sistema. Se discutió la posibilidad de machine-readable regulation, normas redactadas en formatos susceptibles de ser interpretados por sistemas informáticos. Se destacó la importancia de la supervisión basada en datos en tiempo real y la necesidad de marcos interoperables de identidad digital. Asimismo, se planteó el desarrollo de infraestructuras financieras programables.
El mensaje implícito fue claro: el mercado financiero tokenizado no puede sostenerse exclusivamente sobre controles posteriores. La arquitectura tecnológica permite que las reglas regulatorias se incorporen directamente en la infraestructura operativa. En consecuencia, la regulación comienza a migrar desde el plano declarativo hacia el plano arquitectónico.
X.3. De “Code is Law” a “Law is Code”
Este proceso se inscribe en una transición conceptual profunda. El paradigma inicial de blockchain se sintetizaba en la fórmula “Code is Law”: el código informático define las posibilidades de acción dentro del sistema. El smartcontract ejecuta automáticamente lo programado y el
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diseño técnico sustituye, en muchos casos, la coerción externa.
Lo que comenzó a consolidarse en Davos es el paso hacia un estadio diferente: “Law is Code”. En este nuevo escenario, la ley tradicional, dictada por el legislador, interpretada por los tribunales y aplicada por la administración, no desaparece. Se traduce deliberadamente en código ejecutable.
La norma jurídica se convierte en parámetro técnico. Los activos digitales incorporan restricciones regulatorias desde su origen. Los contratos inteligentes verifican condiciones antes de ejecutar operaciones. La identidad digital valida atributos jurídicamente relevantes en tiempo real. El cumplimiento deja de depender exclusivamente de la conducta posterior del sujeto y se transforma en condición estructural del sistema.
El futuro del derecho tributario no se escribirá únicamente en códigos legislativos. Se programará.
X.4. Automatización regulatoria y fiscalidad algorítmica
Desde la perspectiva tributaria, este desplazamiento tiene consecuencias decisivas. En el modelo clásico, el hecho imponible es definido normativamente y su constatación depende de la declaración del contribuyente y de la fiscalización posterior por parte de la administración.
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En el modelo emergente, la operación económica se registra digitalmente, se vincula a una identidad verificable, se clasifica algorítmicamente y puede activar automáticamente reglas fiscales preprogramadas. Cuando la norma fiscal se traduce en código y el sistema puede detectar eventos económicos en tiempo real, el hecho imponible comienza a independizarse parcialmente de la declaración humana como punto de partida.
La ley no desaparece. Se integra en la arquitectura técnica. La automatización regulatoria se convierte así en el puente entre la tokenización de RWA, la identidad digital interoperable y la fiscalidad algorítmica.
X.5. El dilema constitucional del derecho ejecutable
La transformación que se perfila no es meramente tecnológica, es estructural. Volvemos a formular y reformular las preguntas hechas desde el debate constitucional. Si la norma se traduce en código ejecutable, surgen interrogantes fundamentales: ¿quién controla el diseño del código regulatorio? ¿Cómo se garantiza el principio de legalidad tributaria cuando la regla opera como parámetro técnico? ¿Qué margen queda para la interpretación judicial? ¿Cómo se preserva el debido proceso frente a decisiones automatizadas? ¿Puede la arquitectura técnica anticipar o bloquear conductas sin intervención jurisdiccional?
La automatización regulatoria, tal como fue debatida indirectamente en Davos, no representa simplemen-
te una mejora en la eficiencia del enforcement. Representa una mutación en la forma en que el derecho opera sobre la economía: del cumplimiento declarativo al cumplimiento arquitectónico; del control ex post al diseño ex ante; del texto normativo a la ejecución programable.
En ese tránsito se redefine el futuro del derecho tributario en la era de la tokenización y los activos digitales.
XI. Conclusión: la arquitectura del futuro fiscal
Davos no anunció una revolución visible. Consolidó una arquitectura silenciosa. La identidad digital aparece como la llave que habilita el acceso al mercado regulado. La tokenización de RWA funciona como el vehículo de transformación económica. El algoritmo se convierte en el mecanismo operativo. El control deja de ser episódico y se vuelve estructural.
En este contexto, el proyecto LATAM debe asumir el desafío de diseñar su propia arquitectura interoperable, garantizando soberanía regulatoria y límites constitucionales claros. La discusión ya no gira en torno a si el control algorítmico existirá o no. La cuestión central es quién diseña el algoritmo y bajo qué garantías institucionales.
El futuro del derecho tributario no se escribirá únicamente en códigos legislativos. Se programará. Y esa programación exige una reflexión jurídica profunda, técnica y constitucional que preserve los principios fundamentales del Estado de Dere-
cho en la era de la economía tokenizada.
XII. Anexo documental
Digital Public Infrastructure (DPI) en Davos
XII.1. Marco general: ¿Qué es Digital Public Infrastructure (DPI) y por qué se trató en Davos?
En el World Economic Forum (WEF) – Annual Meeting 2025, el concepto de Digital Public Infrastructure (DPI) ocupó un lugar central en las discusiones técnicas vinculadas a inclusión financiera, interoperabilidad transfronteriza y confianza digital.
La DPI se define, en términos generales, como el conjunto de sistemas digitales compartidos que permiten:
- Identificación digital interoperable.
- Sistemas de pago digitales.
- Intercambio seguro de datos.
El WEF encuadró la DPI como una arquitectura esencial para construir economías digitales resilientes y escalables.
Sesión clave:
WEF – “Empowering People with Digital Public Infrastructure” (Annual Meeting 2025): https://www. weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2025/ sessions/empo wering-people-with-digital-public-infrastructure/
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En esta sesión se discutió cómo la identidad digital interoperable puede facilitar inclusión financiera, prestación de servicios públicos y eficiencia regulatoria.
Resumen independiente del panel: https://dig.watch/event/wef-2025davos/empowering-people-with-digital-public-infrastructure
Guía de lectura (qué buscar):
- Cómo se define DPI (componentes: ID, pagos, data exchange).
- Qué rol se asigna a la interoperabilidad transfronteriza.
- Cómo se vincula identidad digital con supervisión financiera.
- Participación de reguladores y organismos multilaterales.
XII.2. Identidad digital interoperable: fundamento estructural
Uno de los ejes centrales fue la necesidad de una identidad digital interoperable y verificable.
El WEF ha desarrollado previamente marcos conceptuales sobre identidad digital, destacando que no se trata únicamente de identificación civil, sino de verificación de atributos.
Documento clave:
WEF – “Reimagining Digital ID” (2023): https://www3.weforum.org/ docs/WEF_Reimagining_Digital_ ID_2023.pdf.
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El documento analiza:
- Modelos de identidad descentralizada.
- Credenciales verificables.
- Estándares de interoperabilidad.
- Confianza digital y gobernanza.
En el contexto Davos, la identidad digital fue presentada como condición esencial para:
- Acceso a mercados digitales.
- Cumplimiento AML/KYC.
- Supervisión prudencial.
- Integración con activos tokenizados.
Artículo complementario WEF: https://www.weforum.org/stories/ 2025/04/digital-public-infrastructure-building-connected-future/.
Guía de lectura:
Buscar específicamente:
- Concepto de “Digital Trust”.
- Vinculación entre identidad digital y sistemas financieros.
- Modelos de gobernanza de identidad.
- Riesgos de fragmentación regulatoria.
XII.3. Tokenización de RWA (Real World Assets) en la agenda Davos
La tokenización fue abordada como evolución natural del sistema financiero hacia mercados programables.
Sesión específica:
WEF – “Is Tokenization the Future?” (Annual Meeting 2026): https://www. weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/ sessions/is-tok enization-the-future/
En esta sesión se debatió:
- Tokenización de bonos y activos financieros.
- Tokenización inmobiliaria.
- Impacto en liquidez y acceso.
- Rol de stablecoins y regulación.
Cobertura complementaria:
Dig Watch: ¿Es la tokenización el futuro?: https://dig.watch/event/ world-economic-forum-2026-atdavos/is-tokenization-the-future?utm_sou rce=chatgpt.com
Yahoo Finance - “Davos 2025 Highlights Real World Asset Tokenization”: https://finance.yahoo.com/ news/davos-2025-highlights-realworld-154821511.html
Guía de lectura:
Analizar:
- Cómo se define RWA en términos institucionales.
- Qué barreras regulatorias se identifican.
- Qué papel cumple la identidad digital.
- Qué se menciona respecto a compliance automatizado.
XII.4. Automatización regulatoria y fiscal
Si bien en el Foro Económico Mundial (Davos) no existió un panel formalmente titulado “Regulatory Automation”, la discusión sobre integración estructural entre regulación y arquitectura tecnológica emergió de manera transversal en diversos espacios vinculados a infraestructura digital pública, identidad digital, RegTech/SupTech, tokenización de activos y supervisión financiera basada en IA. El propio World Economic Forum ha señalado que “regulation now shapes innovation as much as technology”, destacando la necesidad de marcos regulatorios interoperables y orientados al futuro, lo que se alinea con la lógica de cumplimiento embebido y regulación legible por máquina.
World Economic Forum, Technology regulation must be embraced as an infrastructure project: https://www.weforum.org/stories/2026/01/technology-regulation-must-be-embraced-as-a n-infrastructure-project/.
Asimismo, coberturas especializadas sobre Davos 2026 refle -
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jan debates en torno a finanzas digitales, activos tokenizados e interoperabilidad regulatoria, en línea con procesos de automatización del cumplimiento (RegTech Times, Davos 2026 discussions outline current regulatory challenges): https://regtechtimes.com/davos2026-discussions-outline-currentregulatory.
En igual sentido, el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos presentó en Davos el whitepaper The UAE: Shaping the Future of Regulatory Intelligence, donde se describe un ecosistema regulatorio basado en inteligencia artificial y supervisión continua, ejemplo concreto de regulación programable: https://uaelegislation.gov.ae/en/ news/uae-government-launchesat-world-economic-forum-in-davos -its-1st-whitepaper-on-shaping-future-of-regulatory-intelligence.
White Paper : Desarrollado por el Foro Económico Mundial en colaboración con la Secretaría General del Gabinete de los Emiratos Árabes Unidos y Boston Consulting Group, el informe técnico presenta un marco práctico para construir sistemas regulatorios preparados para el futuro: https://www.weforum.org/ publications/the-regulatory-frontier-designing-the-rules-that-sha pe-innovation/.
XII.5. Fuentes de autoría o cita
Statement on Tokenized Securities. Division of Corporation Finance, Division of Investment Management, Division of Trading and Markets: https://www.sec.gov/
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Davos y el nuevo paradigma tributario newsroom/speeches-statements/ corp-fin-statement-tokenizedsecurities-012826-statementtokenized-securities
Análisis Crítico de la RG 1069/2025 de la CNV sobre Tokenización de Fideicomisos.
Financieros y Fondos de Inversión Cerrados: https://www. linkedin.com/pulse/an%C3%A1lisiscr%C3%ADtico-de-la-rg-10692025cnvsobre-y-fondos-gilbertole%C3%B3n-asjtf?utm_source=share&utm_medium=member_a ndroid&utm_campaign=share_via .
La GENIUS Act EE. UU. y su articulación con el Proyecto FIT21 y la Resolución General 1069/2024 de la CNV: https://www.linkedin.com/ pulse/la-genius-act-eeuu-y-su-articulaci%C3%B3n-con-el-proyecto-gilberto-le%C3%B3n-c5puf?utm_source=share&utm_medium=member_android&ut m_campaign=share_via .
RG 1081/2025 CNV: Tokenización, Reserva de Actividad y el Desencuentro entre Regulación y Web3 - Parte 1 Deconstructiva: https:// www.linkedin.com/pulse/rg-10812025-cnv-tokenizaci%C3%B3nreserva-de-actividad-y-gilbertole%C3%B3n-scd7f?utm_source=share&utm_medium=member_android& utm_campaign=share_via .
R.G. 1081/2025 CNV: Un paso firme hacia el mercado de capitales digital y la tokenización de activos en Argentina: https://www.linkedin. com/pulse/rg-10812025-cnv-unpaso-firme-hacia-el-mercado-
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RG 1081/2025 CNV: Tokenización, Reserva de Actividad y el Desencuentro entre Regulación y Web3: https://www.linkedin.com/pulse/rg10812025-cnv-tokenizaci%C3%B3nreserva-de-actividad-y-gilbertole%C3%B3n-dg2rf?utm_source=share&utm_medium=member_android&utm_campaign=share_via .
CNV RG 1060/2025. Tokenización con Regulación Inteligente: Argentina Inicia su Camino hacia el Mercado de Valores Web3: https://www.linkedin.com/pulse/ cnv-rg-10602025-tokenizaci%C3%B3n-con-regulaci%C3%B3nargentina-gilberto-le%C3%B3nwgyif?utm_source=share&utm_medium=member_android&utm_campaign=share_via .
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Impuestos al dólar cripto: cuál es el enfoque de Estados Unidos, que puede replicarse en la Argentina (05/08/25): https://www. iproup.com/finanzas/58688-impuestos-al-dolar-cripto-usdt-que-cambia-paralos-usua -
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Alivio impositivo para dólar cripto si se usa en gastos cotidianos: así es la otra reforma que mira Argentina (26/12/25): https://www.iproup.com/ economia-digital/63245-impuesto-a-criptomonedas-impacto-de-l a-otra-reforma-tributaria .
Santamaria Gilberto León, Milagros Santamaría e Ignacio Santamaría en: Stablecoin: tratamiento fiscal en EE.UU. - El antes y después del GENIUS Act: https://www.linkedin. com/pulse/stablecoin-tratamientofiscal-en-eeuu-el-antes-y-del-gilb erto-le%C3%B3n-8us0f/?trackingId=C376WaciR9yAmQqbReHCbw%3D%3D.
JPMorgan advierte sobre el peligro de ciertas stablecoins. Ver nota IProUp disponible al 18/01/26: https:// share.google/C7Qy7iGfQwg8X9y9S.
International Fiscal Association: Colección del Premio Internacional de Investigación IFA LATAM 2025: “Taxonomía fiscal de los criptoactivos: Activos Financieros vs. Activos Intangibles. Su funcionalidad como criterio rector de la realidad económica y tributaria” por Gilberto Leon Santamaria y Sebastian Heredia Querro - IJ Editores 2025.
XVIII Jornadas Nacionales de Derecho y Contabilidad (UNLZ): Desafíos profesionales en la web3. El Derecho Contractual Inherente como
Davos y el nuevo paradigma tributario
Gilberto León Santamaría - Ignacio Santamaría - Milagros Santamaría
traducción jurídica del “claim on another unit”: https://www.linkedin. com/pulse/desaf%C3%ADos-profesionales-en-la-web3-santamar%C3%ADa-suarez-lago-5shff?utm_source=share&utm_medium=member_android&utm_c ampaign=share_via .
Santamaria Gilberto Leon, “Hacia un marco global de criptoactivos y la necesidad de una taxonomia adecuada” en La ley, Año LXXXIX - Tomo 2025-B Viernes 9 de mayo 2025.
Santamaría, Gilberto León - Santamaría, Milagros: “GENIUS Act (EE. UU.) y el renacimiento del panóptico digital y fiscal: blockchain entre vigilancia, control de criptomonedas y soberanía digital”, LA LEY 05/09/2025 - AR/DOC/2178/2025.
Santamaria Gilberto León y Santamaria Milagros en “GENIUS Act (EE. UU.) y el renacimiento del panóptico digital y fiscal: blockchain entre vigilancia, control de criptomonedas y soberanía digital”, Publicado en: LA LEY 05/09/2025, Cita: TR LA LEY AR/ DOC/2178/2025 - AÑO LXXXIX NP 167 - TOMO LA LEY 2025-0 - Thomson Reuters.
Santamaria Gilberto León y Santamaria Milagros en “Del Pseudonimato en Web3 al Panóptico Fiscal: Harper v. IRS, el Poder Algorítmico, la Resurrección de las Patentes de Corso y los Nuevos Piratas Digitales, Publicado en: LA LEY 15/10/2025AÑO LXXXIX NP 194 - TOMO LA LEY 2025-E - Thomson Reuters.
Santamaría, Gilberto - Heredia Querro, Juan S.: “Taxonomía fiscal
de los criptoactivos: Activos Financieros vs. Activos Intangibles. Su funcionalidad como criterio rector de la realidad económica y tributaria”. Revista de Tributación de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales - Número 17 - agosto 2025Fecha: 17-07-2025.
Santamaria Gilberto León y Santamaria Milagros en Stablecoins en EE.UU.: del riesgo de tributación por uso al reconocimiento regulatorio como sistema de pagos: https:// www.linkedin.com/pulse/stablecoins-en-eeuu-del-riesgo-de-tributaci%C3%B3n-por-uso-gilbertole%C3%B3n-0hqae?utm_source=share&utm_medium=member_android&utm_campaign=share_via .
Santamaria Gilberto León y Santamaria Milagros en Stablecoin: tratamiento fiscal en EE. UU.
El antes y después del GENIUS Act: https://www.linkedin.com/pulse/ stablecoin-tratamiento-fiscal-eneeuu-el-antes-y-del-gilberto-le%C3%B3n-8us0f?utm_source=share&utm_medium=member_android&utm_campa ign=share_via .
Publicaciones en Compras Tributario Token Tax web3 en Linkedin: https://www.linkedin.com/newsletters/comp%C3%A1s-tributario-y-w eb3-7228792183686852612.
“Fideicomiso: Doctrina de los Actos Neutros, Aspectos Impositivos, Contables y Notariales, Insolvencia, Consumo. Fideicomiso y Economía de los Tokens, DLTs, Blockchain, Smart Contracts, DAOs y Tokenización de activos fiduciarios” de Edi-
torial La Ley en su 4ta Edición 2023 (Gilberto León Santamaría y Manuel Gómez de la Lastra, con la autoría en los aspectos notariales de la Es-
ejercicio profesional 4.0
cribana Martha Linares de Urrutigoity). Link de acceso a la obra: https:// vimeo.com/834121247/14f9ff56bf?share=copy
¿A quiénes exhibe la transparencia judicial? Fundamentos para un modelo de acceso diferenciado de publicidad judicial digital
Mariano Méstola
Abogado (UBA, 2003). Director a cargo de la Secretaría de Informática de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Profesor invitado de Aspectos Jurídicos de las Nuevas Tecnologías (Facultad de Derecho, UBA). Codesarrollador de Proyecto Hodor; egresado del PROFAMAG (Consejo de la Magistratura de la Nación).
I. Introducción: la desfiguración digital de un principio republicano
Pocas conquistas del constitucionalismo republicano tienen un origen tan nítido como el principio de publicidad. Nació con un propósito bien concreto: vigilar al poder. No al ciudadano. La lógica de fondo era sencilla y potente: un Estado que decide a puertas cerradas es un Estado que puede decidir cómo se le antoje. Fue por eso por lo que la publicidad de los actos de gobierno —y muy especialmente la de los actos judiciales— se pensó como herramienta de lo que la doctrina norteamericana llama institutional accountability, un mecanismo para que la sociedad pueda mirar por encima del hombro de los jueces y verificar que estén haciendo su trabajo como corresponde.
¿A quiénes exhibe la transparencia judicial?
Mariano Méstola
Lo que nadie previó —o nadie quiso prever— es que la revolución digital iba a dar vuelta esa lógica ferozmente. La misma transparencia que se diseñó para desnudar al Estado terminó, en su versión descontrolada, desnudando al individuo. Hoy un expediente judicial no es aquel registro institucional que alguien con interés legítimo y bastante paciencia podía ir a pedir en una mesa de entradas: es un documento público universal, indexado por los motores de búsqueda, permanente, accesible desde cualquier aparato con conexión a Internet, en fracciones de segundo, gratis, y sin que quede el menor registro de quién lo consultó ni con qué fin.
La publicidad de los actos judiciales dejó de ser una garantía institucional para convertirse, en demasiados casos, en una amenaza directa contra los derechos personalísimos. Y acá conviene ser preciso: no estamos ante un problema de exceso normativo. La ley no cambió. Lo que cambió es la escala tecnológica. El mismo principio que en un entorno analógico operaba con fricciones naturales que lo moderaban ahora opera en un entorno digital que elimina todo obstáculo y lleva la exposición al máximo.
Este trabajo arranca de esa comprobación para sostener algo que a primera vista suena paradójico: defender hoy la publicidad judicial significa redefinirla. No suprimirla —lo que sería inconstitucional y además indeseable—, sino ajustarla a un entorno que hace inviable seguir sosteniendo sin retoques el paradigma analógico. Transparencia y dignidad
no son valores que se repelan entre sí, pero hacerlos convivir exige un diseño institucional que el sistema jurídico argentino todavía no se sentó a pensar seriamente.
II. El fundamento tradicional de la publicidad judicial y su transformación digital
II.1. La publicidad como consecuencia del sistema republicano
Conviene empezar por lo básico, que a veces es lo primero que se olvida. El principio de publicidad de los actos de gobierno no es una opción de política legislativa. Tampoco un valor deseable entre otros. Es una consecuencia necesaria del sistema republicano. Así lo lee la doctrina constitucional argentina, y así resulta de la propia arquitectura de la Constitución Nacional, cuyo artículo 1° organiza al Estado bajo la forma republicana de gobierno. Sin información no hay control ciudadano posible, y sin publicidad no hay información1 .
Ahora bien, la publicidad judicial en particular cumple dos funciones que conviene no mezclar. Una es garantizar que las partes del proceso conozcan y puedan discutir lo que se decide sobre sus derechos —eso
1 MIRKOUSKI, D. O., “Análisis de la ley de acceso a la información pública. Ley 27.275”, Revista Pensamiento Penal, ISSN 1853-4554, 2022, N.º 438, arts. 1°, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y art. 1° de la ley 27.275. El principio de publicidad de los actos de gobierno es un corolario directo del art. 1° CN en tanto organiza al Estado bajo la forma republicana de gobierno.
es la función garantista intraprocesal, y es absolutamente irrenunciable—. La otra es permitir que la sociedad verifique que los tribunales fallen conforme a derecho y de manera previsible: la función de control institucional extraprocesal. Es esta segunda la que choca con los derechos de privacidad, y es sobre ella que este trabajo plantea una reformulación.
II.2. La publicidad analógica: lo que las fricciones protegían sin que nadie se diera cuenta
Hasta hace relativamente poco, que un expediente fuera público significaba algo bastante más modesto de lo que significa hoy. Cualquier persona podía, en teoría, ir a verlo a la mesa de entradas del juzgado. En la práctica, esa posibilidad teórica venía envuelta en una cantidad de obstáculos muy reales: había que averiguar en qué juzgado tramitaba la causa, ir personalmente en horario de atención, identificarse, hacer cola, y leer en papel —o, con algo de suerte, sacar fotocopias—. Toda esa cadena de incomodidades funcionaba, sin que nadie la hubiera planeado con ese objetivo, como un filtro bastante eficaz: mantenía lejos al curioso que no tenía ningún interés legítimo y preservaba, en los hechos, la privacidad de las partes2.
2 SRUOGINIS, G. G., “La publicidad de las decisiones judiciales y el derecho a la intimidad”, Revista Universidad Siglo XXI, 2019, abril. La noción de “privacy by obscurity” describe la protección fáctica que ofrecían las fricciones materiales del mundo analógico. Véase también: NISSENBAUM, H., “Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity
La doctrina anglosajona acuñó un nombre para este fenómeno: privacy by obscurity. Privacidad por oscuridad. No es una protección diseñada ni particularmente sólida, pero es real. Cuando la información existe, pero cuesta trabajo conseguirla, la mayoría de la gente no se toma la molestia de ir a buscarla. Ese efecto disuasivo, esa pereza productiva, se evaporó con la digitalización. Y nadie se ocupó demasiado de reemplazarlo con algo más serio.
Transparencia y dignidad no son valores que se repelan entre sí, pero hacerlos convivir exige un diseño institucional que el sistema jurídico argentino todavía no se sentó a pensar seriamente.
II.3. De la disponibilidad a la difusión global: la ruptura que nadie vio
La digitalización del Poder Judicial se presentó —con toda razón— como un avance en transparencia y eficiencia. Expediente electrónico, consulta por web, mesa virtual de entradas: herramientas que les simplificaron la vida a los operadores jurídicos y les facilitaron el acceso a los justiciables que necesitaban seguir sus propias causas. Hasta ahí, nadie puede objetar nada. El problema es que, al mismo tiempo, sin que meof Social Life”, Stanford University Press, Stanford, 2010.
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diara discusión pública alguna y sin que nadie se detuviera a evaluar el impacto, se produjo una transformación cualitativa que pasó completamente inadvertida: lo que significaba “público” dejó de ser accesible para quien lo pida y pasó a ser difundido masivamente, de manera automática, sin límite temporal y con alcance global.
Esa es la diferencia entre una publicidad legal —la que el ordenamiento reconoce y reglamenta— y lo que podríamos llamar una publicidad aumentada: la que la tecnología hace posible bastante más allá de lo que el derecho previó o quiso. El expediente judicial no migró al entorno digital; se convirtió en otra cosa. Y el sistema jurídico argentino todavía no terminó de procesar esa diferencia.
III. Los datos judiciales como materia prima del capitalismo de vigilancia
III.1. Qué contiene, en serio, un expediente digital
Acá vale la pena detenerse, porque la respuesta no es tan obvia como parece. Cuando se menciona “publicidad de los actos judiciales” uno tiende a imaginar sentencias, resoluciones, la ratio decidendi de los fallos, la doctrina jurisprudencial. Eso es lo que le interesa al académico, al abogado, al legislador que quiere conocer el estado del derecho vivo. Pero el expediente judicial —el que hoy cualquiera puede consultar en la Mesa de Entradas Virtual de la Provincia de Buenos Aires o en el Sistema de Consulta Web del Po-
der Judicial de la Nación— contiene bastante más que eso3.
Contiene copias de documentos de identidad, partidas de nacimiento, pericias médicas y psicológicas, estudios clínicos, informes socioambientales, resúmenes bancarios y comunicaciones privadas entre las partes. Información que la gente le entregó al sistema judicial porque el proceso se lo exigía —no porque tuviera la menor intención de hacerla pública— y que ahora está al alcance de cualquiera que sepa dónde buscar. No estamos ante una cesión voluntaria de datos: es una imposición procesal. El que va a la justicia buscando que le resuelvan un problema no tiene alternativa: aporta esos documentos o pierde el juicio.
III.2. El acceso sin autenticación como problema de diseño
Salvo en los fueros de Familia y Penal —donde restricciones legales expresas ponen un freno al acceso—, en la mayoría de los sistemas de consulta web esta información se puede ver sin ningún tipo de verificación de identidad. En algunos casos alcanza con crear un usuario
3 CARRASCO, M. E., “Transparencia y protección de datos en la consulta pública de expedientes judiciales”, Revista Digital DH y Tecno, 2023, agosto. Conforme el art. 2° de la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales (Argentina), se consideran “datos sensibles” aquellos que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. Su tratamiento está especialmente regulado por el art. 7° de la misma ley.
cualquiera; en otros, ni siquiera eso. Cualquier persona, sentada en cualquier parte del mundo, puede ingresar a ver el estado de un expediente público y acceder a los documentos que lo componen.
Peor todavía: hoy, mediante una técnica automatizada de extracción de datos conocida como web scraping, se pueden convertir esos grandes volúmenes de datos desestructurados en información organizada —archivos CSV, Excel, bases de datos— lista para ser analizada y comercializada.
Las consecuencias no son hipotéticas. Voy a poner un ejemplo que no requiere ninguna sofisticación tecnológica: cualquier emprendedor medianamente ducho podría, de manera perfectamente legal, extraer del SCW los datos personales de todos los demandados en juicios de ejecución de alquileres o de cobro de expensas, cruzarlos con otras fuentes abiertas, y armar una plataforma de scoring crediticio destinada a locadores e inmobiliarias que quieran filtrar futuros inquilinos. Lo mismo con desalojos, cualquiera fuera su resultado. Esto no es ciencia ficción: es exactamente lo que el capitalismo de datos hace cuando alguien se da cuenta de que hay valor comercial en esa información.
Estamos frente a lo que Shoshana Zuboff llamó capitalismo de vigilancia: un modelo económico que le saca jugo a los datos personales de los ciudadanos sin darles nada a cambio ni permitirles controlarlo. Que ese proceso se alimente de información que el propio Estado
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recopiló en ejercicio de su función jurisdiccional —información que los ciudadanos entregaron porque no les quedaba otra alternativa— no hace más que agravar la dimensión institucional del asunto4.
La Justicia existe para resolver conflictos. No tiene entre sus funciones la de fabricarle prontuarios civiles permanentes a la gente que recurre a ella.
IV. El tatuaje digital: memoria infinita y estigma perpetuo
Hay una imagen que retrata el problema mejor que cualquier definición técnica: el tatuaje. A diferencia del estigma de otros tiempos —que podía diluirse con los años, con una mudanza, con el simple paso del tiempo—, la información judicial digitalizada es permanente, portable e indexable. No prescribe. No se borra. No queda juntando polvo en el archivo de un juzgado al que nadie va. Queda en los servidores, en los índi-
4 FLAMMINI, M. y LICEDA, E., “Digitalización del poder judicial, el desafío de cuidar la dignidad”, Universidad Nacional de La Plata, 2020, octubre, disponible en: https://sedici.unlp.edu.ar/. El concepto de capitalismo de vigilancia fue acuñado por ZUBOFF, S., “La era del capitalismo de la vigilancia”, Paidós, Buenos Aires, 2020. Sobre el derecho al olvido en el ámbito europeo: TJUE, 13/05/2014, “Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González”, asunto C-131/12. En el ámbito local: CSJN, 28/10/2014, “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios”, Fallos: 337:1174.
ces de Google, en las bases de datos de terceros que la copiaron antes de que a alguien se le ocurriera que quizás había que poner algún límite.
Un reclamo por deudas. Un desalojo. Una pericia psiquiátrica. El inventario patrimonial de un juicio sucesorio. Todo eso está, en principio, a disposición de un empleador que googleó al candidato antes de la entrevista, de un banco que evalúa un pedido de crédito, de un vecino entrometido, de un periodista malintencionado, de un excónyuge al que le dictaron una restricción de acercamiento. Que el proceso haya terminado no significa que sus efectos sobre la vida de las partes se hayan terminado también. El expediente se archiva; la huella digital, no.
La Justicia existe para resolver conflictos. No tiene entre sus funciones la de fabricarle prontuarios civiles permanentes a la gente que recurre a ella. El derecho a la reintegración social —que en el ámbito penal se reconoce hace décadas como base de la resocialización— no tiene ningún motivo para quedar encapsulado en ese fuero. Alguien que perdió un juicio de expensas hace diez años, o que fue desalojado por el motivo que fuera, no merece que ese dato defina su identidad digital para siempre. Y, sin embargo, con el esquema actual, eso es exactamente lo que pasa5.
5 El art. 19 de la Constitución Nacional establece que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. La CSJN ha interpretado esta norma
V. El derecho a la reserva como límite constitucional activo
V.1. La ponderación que el sistema admite, pero no se anima a usar
El derecho a la información pública no es absoluto. Ningún derecho lo es. Su ejercicio admite reglamentación, y en materia de publicidad judicial las limitaciones que el ordenamiento reconoce vienen de la colisión con el derecho a la intimidad —consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional y en el artículo 11 de la Convención Americana— y con el legítimo interés de las personas en controlar la información que circula sobre ellas. El Estado no solo puede fijar esas limitaciones: tiene la obligación de hacerlo cuando la exposición descontrolada de datos sensibles produce daños verificables a derechos fundamentales.
La herramienta para ponderar esos intereses en conflicto existe en el sistema constitucional argentino. El problema no es de herramientas: es de voluntad para usarlas. La pregunta que el Poder Judicial debe hacerse —y que hasta ahora no se formuló institucionalmente— es cuánto de lo que se publica digitalmente responde a una finalidad de interés público que justifique la exposición, y cuánto es pura inercia tecnológica disfrazada de transparencia.
como fundamento del derecho a la intimidad: CSJN, Fallos: 306:1892 (“Ponzetti de Balbín”, 1984); Fallos: 316:479 (“Bahamondez”, 1993). Asimismo, el art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la honra, la dignidad y la vida privada de las personas.
Conseguimos que ir a la justicia en busca de tutela deje una marca más duradera que el propio conflicto que la motivó.
V.2. El fuero de familia como modelo a expandir —y la paradoja del fuero civil—
El propio ordenamiento da una respuesta parcial a esa pregunta, aunque la acota a un ámbito que no debería ser el único. En los procesos de familia, la ley ya optó por el sistema de reserva por encima del de publicidad. El Código Civil y Comercial consagra ese principio, apoyándolo en la naturaleza privada y personalísima de los intereses que están en juego, y extiende una protección reforzada a quienes por razones evidentes son los más vulnerables: niños, niñas y adolescentes6.
Lo que fundamenta esa reserva no es algo privativo del fuero de familia. Se aplica —o debería aplicarse— a cualquier proceso donde la información ventilada pertenezca a la esfera privada de las personas y no haya un interés público que justifique su difu-
6 LÓPEZ CARDOSO, G. A. y VÁZQUEZ, O. O., «Actuación oficiosa del juzgado. Breve análisis de la cuestión del desplazamiento y morigeración del principio dispositivo en los procesos de familia», 2018, septiembre. Los arts. 706 y 707 del Código Civil y Comercial de la Nación consagran los principios de inmediación, buena fe, oficiosidad y, particularmente, el de reserva e intimidad propios del proceso de familia. El art. 26 in fine del mismo cuerpo establece la protección reforzada del interés superior del niño, niña y adolescente, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 16).
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sión abierta. Y acá aparece una paradoja que no se puede dejar pasar: en el fuero civil patrimonial —donde la inmensa mayoría de las causas son conflictos entre particulares gobernados por el derecho privado— esa protección directamente no existe.
Pensemos en lo que eso implica. El interés público de una ejecución por alquileres impagos se agota, si somos honestos, en la doctrina de la sentencia: la tasa de interés que se aplica, el criterio sobre las excepciones, la integración del título ejecutivo. Nada de eso necesita que el nombre del ejecutado, su domicilio y el monto de su deuda queden a disposición irrestricta de cualquier persona con acceso a Internet. Y, sin embargo, ahí están.
V.3. Los límites que el derecho internacional ya trazó
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos admite sin rodeos que se excluya a la prensa y al público de todo o parte de un juicio cuando lo requiera la protección de la vida privada de las partes, o cuando la publicidad pueda afectar los intereses de la justicia7. Ese margen de apreciación que el derecho internacional les da a los Estados no
7 El art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) admite la exclusión de la prensa y el público de la totalidad o parte de un juicio por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes. El art. 17 del mismo instrumento garantiza el derecho a la protección de la ley contra injerencias arbitrarias en la vida privada.
es una facultad de la que se puede prescindir: en el contexto tecnológico actual, es una obligación que el avance digital vuelve cada día más apremiante.
La distinción que planteó Guillermo Cosentino hace más de veinte años sigue siendo la más certera para encuadrar este problema: la información judicial es pública, pero contiene datos privados. El Estado, que recolectó esos datos en ejercicio de su función jurisdiccional, no puede tratarlos como si todos tuvieran el mismo régimen. Lo que debe determinar el nivel de acceso es la naturaleza del dato, no el mero hecho de que forme parte de un expediente8.
V.4. El Convenio 108+ como estándar para el tratamiento automatizado
Hay un instrumento internacional que no se puede soslayar en esta discusión: el Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y su versión actualizada de 2018, el Convenio 108+, que entró a nuestro ordenamiento por vía de la ley 27.699. Fue el primer
8 COSENTINO, G., “La información judicial es pública, pero contiene datos privados. Cómo enfocar esta dualidad”, 2003, mayo, disponible en: https://www.iijusticia.edu.ar/. El autor propone un meta-derecho de acceso que articula distintos niveles de interés jurídico (institucional, procesal, personal y sensible) para determinar el régimen aplicable a cada categoría de información contenida en el expediente.
tratado internacional vinculante en la materia, y su protocolo de modernización se hace cargo expresamente de los desafíos que plantean la inteligencia artificial, el big data y la vigilancia digital —o sea, precisamente el universo de problemas que este trabajo aborda—9. La ley 25.326 de Protección de Datos Personales se construyó sobre la base de esos principios; ignorarlos a la hora de diseñar sistemas de publicidad judicial no es una distracción menor: es una inconsistencia normativa.
El Convenio fija, en su artículo 5°, principios que el régimen vigente de publicidad judicial irrestricta transgrede de manera sistemática. El principio de limitación de la finalidad (art. 5° b) exige que los datos personales se traten exclusivamente para finalidades determinadas, explícitas y legítimas, y que no se usen
9 Consejo de Europa, “Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal”, STCE N.º 108, Estrasburgo, 28/01/1981; Protocolo de Modernización (Convenio 108+), adoptado el 18/05/2018, abierto a la firma el 10/10/2018. La versión modernizada incorpora los desafíos de la inteligencia artificial, el big data y la vigilancia digital. Sus principios estructurales, contenidos en el art. 5°, son: (b) limitación de la finalidad; (c) minimización; (d) exactitud y actualización; (e) limitación de la conservación. El art. 6° establece que las categorías especiales de datos (genéticos, biométricos, relativos a la salud, al origen racial o étnico, a opiniones políticas, a creencias religiosas o filosóficas, a la vida u orientación sexual, y a condenas penales) requieren salvaguardas apropiadas específicas. Argentina no es parte del Convenio, pero la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales fue diseñada sobre la base de sus principios.
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¿A quiénes exhibe la transparencia judicial? de forma incompatible con ellas. Poner a circular sin filtro domicilios, pericias psicológicas y cuadros de vulnerabilidad económica en plataformas de consulta libre excede de manera evidente la finalidad que justifica la publicidad judicial —que es controlar cómo se ejerce la función jurisdiccional, no auditar las vidas privadas de quienes fueron a los tribunales—. El principio de minimización (art. 5° c) obliga a que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos respecto de esas finalidades. Publicar un expediente completo, con DNI, extractos bancarios e informes médicos adentro, es tratamiento excesivo por donde se lo mire. Y el principio de limitación temporal (art. 5° e) prohíbe que los datos se conserven en forma identificable más tiempo del necesario. La permanencia indefinida de expedientes en sistemas de consulta abierta viola ese principio sin disimulo.
A todo eso hay que sumarle lo que el artículo 6° del Convenio 108+ dispone sobre las categorías especiales de datos: genéticos, biométricos, sanitarios, raciales o étnicos, político-religiosos, los vinculados a la orientación sexual y a las condenas penales. Para esa categoría —que aparece en los expedientes judiciales con una frecuencia que nadie en el sistema debería minimizar— el Convenio reclama salvaguardas apropiadas específicas. Medido con esa vara, cualquier sistema que deje acceder sin restricciones a pericias médicas, historias clínicas o datos sobre la situación bancaria de una persona a través de una consulta web sin autenticación no solo es discutible como política pública: es
jurídicamente incompatible con el derecho internacional de protección de datos.
VI. Hacia un nuevo modelo: publicidad de la función, privacidad de la persona
VI.1. Qué es y qué no es de interés público en un expediente judicial
La respuesta al problema que se describe no es la opacidad. No se trata de ponerles candado a los expedientes ni de negarle a nadie el acceso a la información judicial. De lo que se trata es de distinguir con cuidado qué parte de esa información sirve genuinamente a una finalidad de interés público y qué parte no.
Lo que le importa al control democrático, a la seguridad jurídica y al estudio del derecho es la doctrina de las sentencias: el razonamiento jurídico, los hechos que el tribunal tuvo por relevantes, los derechos que ponderó, el camino que siguió para llegar a su decisión. Eso tiene que seguir siendo público, accesible e indexado. Lo que no cumple función de interés público alguna —salvo saciar la curiosidad de terceros— es la identificación nominal, domiciliaria y patrimonial de quienes participaron en el proceso. La sociedad tiene derecho a saber cómo decide la justicia. No tiene por qué saber, de manera irrestricta, quién fue condenado, ejecutado o desalojado, ni en qué circunstancias personales se encontraba esa persona.
Una publicidad que no reconoce límites deja de ser transparente para pasar a existir como una nueva forma de poder disfrazada de principio republicano.
VI.2. Por qué tachar el nombre no alcanza
A esta altura, la reacción instintiva del operador jurídico suele ser: bueno, se anonimizan los datos. Se tachan los nombres, se sacan los documentos comprometedores, y asunto resuelto. Es una solución que parece razonable y que durante años pasó como suficiente. El problema es que la investigación científica de las últimas dos décadas la ha dejado bastante mal parada, con evidencia empírica que cuesta mucho refutar.
Latanya Sweeney demostró, trabajando con datos del Censo de los Estados Unidos, que combinando apenas tres variables demográficas —código postal, sexo y fecha de nacimiento— se puede identificar de manera única al 87% de la población10. No hacen falta nombres
10 SWEENEY, L., “Simple Demographics Often Identify People Uniquely”, Carnegie Mellon University, Data Privacy Working Paper 3, Pittsburgh, 2000. La autora demuestra empíricamente, a partir del Censo de EE. UU. de 1990, que la combinación de tres variables (código postal, sexo y fecha de nacimiento) identifica de manera única al 87% de la población estadounidense. La conclusión es contundente: la simple eliminación de identificadores explícitos no produce anonimato genuino cuando persisten variables demográficas que,
ejercicio profesional 4.0
ni domicilios: esos tres datos, que ninguna legislación clasifica como “identificadores directos”, funcionan en combinación como un individualizador prácticamente inequívoco. El caso que lo ilustra es célebre: Sweeney cruzó la base de datos hospitalaria de Massachusetts —que había sido técnicamente anonimizada— con el padrón electoral de Cambridge, de acceso público, y en cuestión de minutos dio con la historia clínica del gobernador del estado. Los datos que el Estado había publicado como “anónimos” para fines de investigación terminaron revelando información médica estrictamente confidencial de una persona identificada con nombre, apellido y cargo.
Cuando se le agregan datos de localización, el panorama se pone todavía más oscuro. De Montjoye, Hidalgo, Verleysen y Blondel analizaron quince meses de datos de movilidad de un millón y medio de personas y concluyeron que cuatro puntos espaciotemporales —cuatro registros de dónde estuvo alguien en un momento dado— alcanzan para identificar de forma unívoca al 95% de los individuos en una base de datos formalmente anonimizada. Y lo más inquietante: incluso degradando brutalmente la resolución temporal y espacial, la capacidad de reidentificación baja muy despacio11 . Para
combinadas, operan como cuasi-identificadores únicos.
11 DE MONTJOYE, Y. - A., HIDALGO, C. A., VERLEYSEN, M. y BLONDEL, V. D., “Unique in the Crowd: The privacy bounds of human mobility”, Scientific Reports, 2013, vol. 3, N.° 1376, DOI: 10.1038/srep01376. El estudio analiza quince meses de datos de mo-
¿A quiénes exhibe la transparencia judicial?
Mariano Méstola
decirlo sin eufemismos: amputar los datos —reducirles la precisión— sirve de bastante poco.
El expediente judicial es, mirado desde la óptica de la reidentificación, un blanco considerablemente más fácil que las bases de datos que estudiaron esos investigadores. Tiene datos demográficos completos, domicilios, fechas de nacimiento, referencias a lugares de trabajo, vínculos familiares y laborales, e información patrimonial. Si con tres variables se identifica al 87% de una población, los expedientes ofrecen decenas. Tachar el nombre es, en ese contexto, una ilusión jurídica. En el mejor de los casos, una protección decorativa. En el peor, una excusa para seguir difundiendo datos sensibles sin restricciones al amparo de la etiqueta “información anonimizada”.
La salida no pasa por perfeccionar la anonimización —que es una carrera perdida de antemano— sino por correr el eje de la protección hacia mecanismos que no descansen en la premisa de que la desidentificación es irreversible. El más elemental de esos mecanismos es el control de acceso diferenciado: que cada categoría de información sea accesible solamente para quien demuestre un interés legítimo concreto, mediante identificación, autenticación y re-
vilidad de 1,5 millones de personas. Cuatro puntos espaciotemporales elegidos al azar bastan para identificar de manera única al 95% de los individuos de la base de datos formalmente anonimizada. Aun reduciendo drásticamente la resolución espacial y temporal, la unicidad de las trazas disminuye de manera muy gradual.
gistro auditable de cada consulta. A eso hay que sumarle la minimización en origen: que el sistema judicial no digitalice ni suba a plataformas abiertas más información que la estrictamente necesaria para el acto procesal de que se trate. Y hay dos herramientas que el derecho conoce de sobra pero que nadie aplicó de modo sistemático a este campo: la caducidad digital —someter la publicidad de las actuaciones a plazos razonables de vigencia, vencidos los cuales la información se restringe o se baja del índice público— y el derecho al olvido judicial, que les permita a los justiciables pedir la desindexación de causas en las que hayan intervenido, sobre todo cuando el proceso terminó sin condena o cuando mantener la difusión genera un daño desproporcionado frente a cualquier interés público que pueda quedar en pie. Ninguno de estos mecanismos parte de la ficción de que los datos son irreconocibles; todos actúan antes de que la información llegue a manos de quien podría usarla para identificar a sus titulares.
VI.3. Una arquitectura de acceso por niveles
El rediseño del sistema de publicidad judicial debería organizarse como un modelo de acceso diferenciado por niveles, donde el régimen que se le aplique a cada tipo de información sea proporcional a su relevancia institucional y a su potencial de daño:
Elemento del expediente Interés público
Necesidad de publicidad
ejercicio profesional 4.0
Propuesta de tratamiento
Doctrina y fundamento jurídico Alto Alta Publicación pública e indexada.
Hechos y contexto Medio Moderada
Datos personales Bajo Baja
Difusión limitada, con disociación.
Acceso selectivo con identidad verificada.
Datos sensibles Nulo Prohibida Reserva absoluta o supresión.
Este esquema requiere, como piso mínimo:
a) Control de acceso diferenciado, con identificación y registro auditable de cada consulta.
b) Clasificación de los datos según su riesgo real de reidentificación.
c) Registro de logs y auditoría de accesos a información sensible.
d) Cláusulas de vigencia (sunset clauses) para la indexación pública de actuaciones.
e) Reconocimiento del derecho al olvido judicial, de oficio o a pedido fundado de parte.
Cada uno de esos niveles tiene, además, respaldo normativo directo en el Convenio 108+. La publicación de doctrina y fundamento jurídico responde a la finalidad legítima que el artículo 5° b exige para todo tratamiento. La difusión acotada con disociación de hechos y contexto aplica el principio de minimización del artículo 5° c. El acceso selectivo
con identidad verificada para datos personales instrumenta las medidas de seguridad que impone el artículo 7°. La reserva de datos sensibles traduce el mandato de salvaguardas específicas del artículo 6°. Y la caducidad digital junto con el derecho al olvido son la expresión procesal del artículo 5° e —limitación temporal— y del derecho de supresión del artículo 9°. El artículo 28, que establece el test de necesidad y proporcionalidad para cualquier restricción a los derechos de los interesados, cierra el argumento: un régimen que no distingue entre información jurídicamente relevante e información íntima de las partes no es necesario en ninguna sociedad democrática que se tome en serio sus compromisos constitucionales12.
12 El art. 9° del Convenio 108+ reconoce el derecho del interesado a obtener, sin demora injustificada, la supresión de los datos que le conciernen cuando su tratamiento contravenga las disposiciones del Convenio. Es la base convencional directa del derecho al olvido judicial propuesto en este trabajo. El art. 11 impone al responsable del tratamiento la obligación de realizar evaluaciones de impacto sobre la protección de datos cuando
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VII. Conclusión: un nuevo principio republicano para el siglo XXI
La digitalización no desnaturaliza los principios constitucionales por sí sola. Los desnaturaliza cuando el sistema jurídico los traslada mecánicamente a un entorno tecnológico radicalmente distinto, sin tomarse el trabajo de verificar si siguen produciendo los mismos efectos y protegiendo los mismos bienes que justificaron su existencia. El principio republicano de publicidad fue pensado para un mundo analógico con fricciones naturales. En ese mundo, funcionaba. Trasplantarlo sin ajustes a un entorno que barre con toda fricción y maximiza la exposición no es honrar ese principio: es traicionarlo.
La pregunta de fondo no es si la publicidad judicial debe existir —eso no está en discusión—, sino cuánta exposición concreta justifica cada finalidad pública específica. Cuando
el tratamiento presente riesgos específicos para los derechos fundamentales. El art. 28 establece el test de necesidad y proporcionalidad: toda restricción al ejercicio de los derechos reconocidos por el Convenio debe estar prevista por la ley, ser necesaria en una sociedad democrática y no menoscabar la esencia de los derechos fundamentales.
la respuesta es “ninguna”, el principio de proporcionalidad manda la reserva. Y en la mayoría de los datos personales que hoy circulan libremente por los sistemas de consulta web del Poder Judicial, la respuesta es justamente esa. Una publicidad que no reconoce límites deja de ser transparente para pasar a existir como una nueva forma de poder disfrazada de principio republicano.
Defender la publicidad judicial en el siglo XXI significa redefinirla. Hacerla compatible con la dignidad humana, con el derecho a la vida privada, con la posibilidad de que la gente construya su futuro sin cargar eternamente con los conflictos que alguna vez la llevaron ante un tribunal. La transparencia institucional que el republicanismo reclama se satisface por completo publicando cómo deciden los jueces. No necesita —y no debería tolerar— que esa publicación arrastre consigo la exposición indefinida de quienes fueron a la justicia buscando una solución a un problema, no un estigma que los persiga de por vida.
Transparencia sin propósito no es un valor republicano. Es vigilancia con otro nombre y mejor reputación.
actualidad y formación profesional
preliminares de la transmisibilidad mortis causa de las cuentas monetizadas en plataformas digitales
Ana Victoria Psaropoulos Savickas
Abogada (UMSA). Magister en Derecho Civil Patrimonial (UCA). Especialista en Derecho Procesal Civil (UBA). Docente de grado y posgrado en materia procesal civil y comercial. Autora de diversos artículos en la materia Civil y Procesal Civil.
I. Palabras introductorias
En la era digital, muchas actividades económicas se desarrollan y se documentan en entornos “en línea”. De tal modo, una parte del patrimonio de una persona puede encontrarse dentro de las plataformas digitales.
En este sentido, adquieren especial relevancia las cuentas monetizadas —v. gr. canales de YouTube, perfiles de Instagram o TikTok con monetización de contenidos, cuentas de OnlyFans con suscriptores pagos, etc.— los que, más que simples perfiles online, operan como unidades económicas productivas capaces de generar flujos de ingresos.
Es entonces que al fallecer el titular de estas cuentas aparece el interrogante: ¿acaso aquellas integran el acervo hereditario? O —por el contrario— su carácter personal y las restricciones contractuales de las diversas plataformas, le impiden ser consideradas en el juicio sucesorio.
Nociones preliminares de la transmisibilidad mortis causa de las cuentas...
Ana Victoria Psaropoulos Savickas
II. Nociones generales de herencia, bienes y transmisibilidad en el Código Civil y Comercial de la Nación
El derecho sucesorio argentino es parte del derecho privado que regula la sucesión mortis causa o por causa de muerte, el destino de las titularidades de las relaciones jurídicas —tanto activas como pasivas— de una persona después de su muerte, comprendiendo en su reglamentación aspectos que acaecen en el proceso de transmisión1 .
Con la muerte de una persona (ya sea, real o presunta), se produce la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen tras su fallecimiento (conf. art. 2277 Cód. Civ. y Com.).
La regla es la transmisibilidad, la excepción es la imposibilidad de transmisión a los herederos ciertos derechos y obligaciones como, v.gr., las relaciones relativas al estado de las personas que cesan con el óbito del sujeto (la ciudadanía, la nacionalidad), las relaciones de familia, etc. Por su parte, tampoco se extinguen las relaciones contractuales cuando sea posible su ejecución2.
1 Lloveras, Nora; Orlandi, Olga; Faraoni, Fabián; La sucesión por muerte y el proceso sucesorio; Ed. Erreius, 2019, pág. 29.
2 Lorenzetti, Ricardo (dir); Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Tomo X, arts. 2162 a 2443, Rubinzal Culzoni Editores, 2016, pág. 398.
En síntesis, los derechos y obligaciones que se transmiten a los herederos: por regla son los patrimoniales3
En este sentido, el Cód. Civ. y Com. indica que las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio y que dichos derechos pueden ser bienes susceptibles de valor económico (arts. 15 y 16 Cód. Civ. y Com.).
Ergo, la herencia no se encuentra limitada a bienes tangibles (conf. 2277 Cód. Civ. y Com.). Por lo que, los activos intangibles digitales del causante forman parte de la herencia, siempre que no sean derechos extrapatrimoniales estrictamente personales (v. gr. no obstante la salvedad dispuesta por el art. 53 Cód. Civ. y Com.), las obligaciones de hacer personalísimas o las relaciones contractuales intuitu personae donde la muerte extingue el vínculo.
Dicho esto, los bienes digitales —entonces— quedan sometidos al régimen común y por ende de transmisión a aquellas personas con vocación hereditaria (sea por ley o por testamento).
En ese orden de ideas, resulta indispensable distinguir entre las distintas clases de activos digitales que una persona puede contener en su patrimonio al momento de su fallecimiento.
3 Iglesias, Mariana B; Datos y activos digitales en el marco de la transmisión hereditaria; RCCyC 2025 (diciembre), 18; TR LALEY AR/DOC/2867/2025.
III. Activos digitales con valor económico vs. contenidos digitales sin valor patrimonial
No todo rastro digital generado en vida por el causante tiene relevancia económica, es por ello por lo que debe diferenciarse entre aquellos que sí tengan contenido patrimonial de los que no.
Los activos digitales patrimoniales abarcan todos aquellos elementos en formato digital que tienen valor económico o que generen beneficios de esa índole. Aquí se incluyen, a nuestro entender, a las criptomonedas y monedas virtuales, tokens y NFTs, saldos en billeteras virtuales o cuentas en línea no bancarizadas, derechos de propiedad intelectual sobre obras digitales (textos, imágenes, videos, música, etc.), y —por supuesto, objeto de nuestro trabajo— cuentas en redes sociales o plataformas que generen ingresos (sea por publicidad, regalías, suscripciones u otra monetización). Los elementos enunciados (lo que no resultan ser taxativos) debe ser considerados —a nuestro parecer— como parte del patrimonio del causante y transmitidos a sus herederos como cualquier otro bien, salvo las limitaciones enunciadas en el título anterior.
Ahora bien, los bienes carentes de contenido patrimonial (extrapatrimoniales) son aquellos que no poseen un valor económico de manera directa, sino que son contenidos digitales de índole personal o sentimental. A modo ejemplificativo, podemos indicar: los correos electrónicos personales, las cuentas de redes sociales (su contenido y publicaciones) de
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uso meramente social o familiar, las fotografías, videos o documentos almacenados en la nube, etc. Estos presentan el inconveniente de si se debe dar acceso a los herederos de los contenidos que el causante preservó en su intimidad, como así también el problema del destino de otros contenidos que el causante había hecho públicos en vida 4 .
Una cuenta monetizada activa al momento de la muerte del titular tiene un valor patrimonial intrínseco que debe ser considerado dentro del haber hereditario.
No obstante, esta línea divisoria —si bien parece nítida— resulta ser “gris” en ciertos casos. A modo ilustrativo consideremos un usuario de una red social donde aquel compartía experiencias de vida (contenido personal), pero que a su vez estaba monetizado mediante publicidad o suscriptores, o en aquellos casos en que estos perfiles generan miles de views y a determinado caudal de visitas al contenido subido, las plataformas donde aquellos se encuentran alojados otorgan ingresos económicos los que —claro está— son proporcionales al alcance e impacto de dicho contenido. Es entonces que, si bien la cuenta en la red social puede
4 Medina, Graciela; Herencia digital. Introducción al tema de la transmisión post mortem de activos y contenidos digitales; LA LEY 31/03/2025, 1 - LA LEY2025-B, 197; TR LALEY AR/DOC/604/2025.
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contener matices personales, en mérito a producir un rédito económico, no pueden ser ignorada en el juicio sucesorio.
En este orden de ideas, Graciela Medina define a la herencia digital como el conjunto de bienes digitales generados por una persona en vida que, al momento de su muerte, pasan a sus herederos, incluyendo “comunicaciones electrónicas, cuentas en redes sociales, contraseñas, bienes y servicios o dominios electrónicos adquiridos, archivos en la nube, videos, audios, etc., todo lo cual constituye el patrimonio digital transmisible mortis causa”5. A su vez, distinguen dentro de ese universo entre la identidad digital (aspecto personal/no económico, asociado a la persona) y el patrimonio digital en sentido estricto (los activos con valor económico), subrayando que solo este último es objeto de transmisión hereditaria. En síntesis, a la luz de esta doctrina,
5 Pérez, Yamila G., La herencia en la era digital, MJ-DOC-18232-AR MJD18232.
los activos digitales con valor económico deben ser tratados igual que cualquier otro bien sucesorio, mientras que los elementos digitales sin valor patrimonial requieren un tratamiento especial –fuera de la masa divisible– circunscrito al cumplimiento de la voluntad póstuma del difunto o a la tutela de su privacidad e imagen personal.
Establecida esta base conceptual, resulta más claro enfocar el problema central de este trabajo: las cuentas monetizadas en plataformas digitales.
IV. Las cuentas en redes sociales monetizadas y su transmisibilidad
Las cuentas monetizadas en redes sociales y plataformas constituyen un fenómeno reciente, pero de gran impacto económico. Se trata de perfiles de usuario que, gracias a su actividad y audiencia, han sido incorporados a programas de monetización ofrecidos por las plataformas (v. gr. el Programa de Socios de YouTube
que paga una porción de los ingresos publicitarios al creador de un canal; las funciones de Instagram o TikTok para obtener ingresos por reproducciones o regalos digitales; los sistemas de suscripción de contenido en OnlyFans, Twitch u otras). En esencia, el titular de la cuenta recibe pagos periódicos en dinero, ya sea proporcionales a las vistas y clics en sus contenidos, por publicidad, por suscriptores que pagan, o por patrocinio de marcas. De este modo, la cuenta funciona como un activo generador de renta.
Desde el punto de vista jurídico, aquella renta producida es un fruto civil (conf. art. 233 Cód. Civ. y Com.). En el caso de las cuentas monetizadas, el bien principal sería la propia cuenta con su contenido y sus seguidores, y los frutos civiles serían las sumas de dinero que periódicamente genera (pagos mensuales de la plataforma, donaciones, etc.). Conceptualizar la cuenta monetizada como una fuente de frutos tiene la ventaja de reconocer que su valor económico no se agota en un momento dado, sino que puede producir ingresos futuros en manos de quien la controle.
Siguiendo esta línea, cabría sostener que una cuenta monetizada activa al momento de la muerte del titular tiene un valor patrimonial intrínseco que debe ser considerado dentro del haber hereditario. No solo el dinero ya devengado (v. gr., los pagos acumulados pendientes de cobro) es un crédito exigible por los herederos, sino que la propia capacidad productiva de la cuenta podría representar un activo transferible. En otras palabras, la cuenta en sí misma
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(con su audiencia y contenido) posee potencial de generación de ganancias que forma parte del patrimonio del causante. Luego, será otra historia si el nuevo contenido subido por los herederos tiene el mismo impacto que el material subido por el causante.
No obstante, a nuestro juicio, la dificultad radica en que estas cuentas existen dentro del ecosistema privado de cada plataforma, sujetas a términos y condiciones de uso que usualmente prohiben la cesión o transferencia de la cuenta6.
A diferencia de una cosa tangible, no resulta palmario que el usuario detenta el derecho real de dominio sobre la cuenta creada; más bien tiene una relación contractual con la plataforma (una licencia de uso y condiciones de servicio asociada a su persona) y es allí donde encontramos el primer obstáculo, en tanto que la plataforma alegaría que se extingue el contrato con el fallecimiento.
Ahora bien, la cuenta monetizada vista en su faz económica constituye un activo inmaterial del usuario (compuesto por el conjunto de su contenido original, su canal o perfil y la comunidad de seguidores asociada) que debería ser considerado un bien incorporal integrante del patrimonio7.
6 Resalto que las redes sociales, generalmente, en sus términos y condiciones prohíben el uso comercial de aquellas.
7 Incluso podemos apreciar las cuentas sociales que se hacen específicamente para fomentar negocios (v. Programa de Afiliados de TikTok para empresas).
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De hecho, los ingresos producidos evidencian que la cuenta tiene un valor económico objetivo.
Un argumento a favor de su transmisibilidad es equiparar la situación a la de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, v. gr. un creador de videos en YouTube es (normalmente) titular de los derechos de autor sobre esos videos. Al fallecer, sus derechos de autor (que son bienes intangibles) indudablemente se heredan (conf. art. 5° de la ley 11.723) y con ellos la facultad de explotarlos económicamente (licenciarlos, percibir regalías, etc.) La monetización que brinda YouTube no es más que una forma de explotación de esos derechos: el autor licencia a YouTube a difundir sus videos con anuncios a cambio de un pago. En consecuencia, los herederos del autor fallecido pasan a ser titulares del derecho de propiedad intelectual (art. 5° ley cit.); entonces, por lógica, estimo que deberían suceder también en la posición contractual que daba lugar a la monetización.
La cuestión compleja es cómo hacer efectivo ese traspaso en la práctica, dado que la plataforma no necesariamente reconocerá a los herederos como nuevos titulares de la cuenta. Sobre esto volveremos al hablar de los obstáculos contractuales. Pero por ahora, desde un plano teórico, resulta claro que ignorar estos activos intangibles en la planificación e inventario sucesorio crearía —a nuestro juicio— un vacío injusto.
Como adelantáramos, desde el punto de vista de nuestra legislación nacional, nada obsta a considerar a estas cuentas monetizadas como bienes inmateriales susceptibles de valoración pecuniaria y, por ende, objetos de derechos transmisibles mortis causa (conf. art. 2277 Cód. Civ. y Com.) salvo que exista una causa legal de extinción.
V. Límites contractuales impuestos por las plataformas digitales
Un heredero no tiene asegurado el derecho a mantener el contenido en línea si la plataforma decide retirarlo o cancelar el contrato.
Desde esta óptica, el valor económico de la cuenta más sus frutos civiles presentes y futuros forman parte del acervo hereditario de la sucesión.
Si bien desde el derecho sucesorio interno nada impediría conceptualmente la transmisión de las cuentas monetizadas, en la práctica surge un escollo significativo: los términos y condiciones contractuales de las plataformas. Los grandes proveedores de servicios digitales (Google/YouTube, Meta —Facebook/Instagram—, TikTok, Twitter/X, OnlyFans, etc.) establecen en sus contratos de usuario cláusulas estándar que suelen incluir alguna o varias de las siguientes restricciones relevantes al caso:
a) Intransferibilidad de la cuenta:
Por regla general, las plataformas definen que la cuenta de usuario es
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personal, única e intransferible. Se prohíbe ceder o transferir la cuenta a terceros sin permiso. Muchas también prohíben compartir las credenciales (usuario/contraseña) con otras personas. Esto implica que legalmente el heredero no puede simplemente “heredar la cuenta” y ponerse a usarla, ya que eso violaría los términos del servicio.
b) Extinción del contrato por fallecimiento:
Algunas condiciones de uso prevén expresamente la posibilidad del cierre de la cuenta por parte de los herederos (sin acceso al contenido de la cuenta) o convertida en memorial al notificarse el fallecimiento del usuario. Por ejemplo, Facebook ofrece la opción de “cuenta conmemorativa” para perfiles personales fallecidos. Instagram y otras redes también permiten la memorialización o la eliminación de la cuenta si se presenta el certificado de defunción del titular. Google permite el “Administrador de cuentas inactivas”.
Sin embargo, no contemplan un traspaso pleno de control a los herederos (salvo la figura limitada del legado de contacto en Facebook, que solo permite ciertas funciones conmemorativas, sin dar acceso completo a los mensajes privados, etc.).
c) Derechos limitados sobre el contenido:
Si bien el usuario suele conservar derechos de autor sobre los contenidos que crea, las plataformas ostentan licencias amplias para usarlos, y pueden eliminar o suspender cuentas a su discreción (por violación de normas, inactividad prolongada, etc.). Un heredero no tiene asegurado el derecho a mantener el contenido en línea si la plataforma decide retirarlo o cancelar el contrato. No obstante, de que, con la eliminación de la cuenta —en principio— se pierde el contenido de esas cuentas y lo que —además— extingue el contrato.
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VI. Situación en el derecho argentino
Argentina no cuenta con una regulación específica respecto a la determinación en el ámbito del derecho de las sucesiones de las cuentas monetizadas en plataformas digitales. Por lo que pareciera que, los términos y condiciones predispuestos por los prestadores de servicios digitales operan como el principal marco normativo de la relación jurídica entre usuario y la plataforma (conf. art. 959 Cód. Civ. y Com.). No obstante, los esquemas contractuales de adhesión y la asimetría estructural entre las partes podrían desdeñar la validez de algunas cláusulas del contrato paritario.
En este contexto, las cláusulas que califican a las cuentas como personales, intransferibles o extinguidas con la muerte del usuario producen un efecto particularmente problemático en el ámbito sucesorio, en tanto neutralizan —al menos en el plano operativo— el principio de transmisión universal del patrimonio consagrado en el Cód. Civ. y Com.
Ahora bien, en este orden de ideas, señalo que en el año 2025 se ha presentado un proyecto legislativo en el Congreso de la Nación denominado “Regulación de la Herencia de Bienes Digitales”8 que propone establecer expresamente que las disposiciones contractuales de los prestadores de
8 https://rest.hcdn.gob.ar/web/tramites-parlamentarios/render/adjunto/6925b7b663b0f.pdf#:~:text=materia%20sucesoria%2C%20y%20 tomamos%20como,a%20condiciones%20de%20 servicios%20desfavorables
servicios digitales no prevalecerán sobre la voluntad del causante ni sobre los derechos de los herederos, reputándose inválidas en la medida en que obstaculicen la transmisión de bienes digitales con contenido patrimonial.
Los activos digitales con valor patrimonial se transmiten a los herederos, igual que cualquier otro bien mueble o inmueble del causante.
De prosperar una regulación en tal sentido, se habilitaría —al menos en el plano interno— la posibilidad de que los herederos invoquen la ley argentina para exigir el acceso, administración o transferencia de los activos digitales del causante, aun frente a cláusulas contractuales en contrario. Sin embargo, la eficacia real de este tipo de disposiciones plantea interrogantes significativos cuando se proyecta sobre el plano internacional. En efecto, las principales plataformas digitales operan bajo estructuras societarias extranjeras, con términos de servicio sometidos a jurisdicciones foráneas y, en muchos casos, con ausencia de presencia jurídica en la Argentina, lo que —quizás— limita la capacidad de los ordenamientos nacionales para imponer soluciones unilaterales.
En este escenario, los límites contractuales se presentan, sin duda, como el principal obstáculo práctico para la efectividad de la transmisión
mortis causa de las cuentas monetizadas. No se trata de una dificultad conceptual —ya que, desde el punto de vista dogmático, su carácter patrimonial resulta defendible—, sino de una restricción operativa derivada de la arquitectura contractual del ecosistema digital. En este sentido, las soluciones no pueden construirse sobre una lógica de imposición unilateral que desconozca la complejidad técnica y contractual del fenómeno.
Mientras tanto una de las vías más razonables para solucionar/facilitar la transmisión hereditaria se encuentra en la planificación sucesoria en vida por parte del titular, incorporando expresamente estos activos en instrumentos testamentarios o en mecanismos de organización patrimonial que faciliten su identificación, acceso y eventual explotación posterior.
En definitiva, el quid de la cuestión radica en construir un modelo que, sin desconocer la naturaleza contractual de las relaciones digitales, permita preservar la coherencia del sistema sucesorio y garantizar la transmisión de los valores económicos generados en estos entornos. Ello exige no solo ajustes normativos, sino también una evolución en la práctica jurídica y en el diseño de los propios servicios digitales.
VII. Conclusión
Conforme los principios generales del Cód. Civ. y Com. todos los derechos y bienes con contenido patrimonial del causante pasan a sus herederos, salvo excepción legal. Entendemos que el valor de una
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cuenta en una red social —contenido, audiencia, goodwill digital e ingresos asociados— posee contenido económico per se y forma parte del acervo hereditario, por lo que no debe quedar fuera del inventario sucesorio. Los que se pueden calificar como bienes intangibles (intangible property) del causante, o al menos como fuente de frutos civiles cuyos rendimientos pertenecen a la herencia.
Por ello, resulta crucial diferenciar qué elementos digitales del causante tienen interés económico y cuáles no. Los activos digitales con valor patrimonial se transmiten a los herederos, igual que cualquier otro bien mueble o inmueble del causante. En cambio, los contenidos digitales extrapatrimoniales no forman parte de la herencia divisible.
Si bien en teoría sucesoria las cuentas monetizadas forman parte del acervo hereditario, en la práctica subsisten dificultades serias para su transmisión efectiva. El principal escollo son las restricciones contractuales de las plataformas. Esto crea una brecha entre el derecho sucesorio del heredero y la posibilidad real de ejercerlo. Las empresas digitales, al operar globalmente bajo sus propios términos de servicio, no siempre se acomodan a las leyes sucesorias nacionales. Por ende, hasta que la legislación imponga soluciones (u ofrezca mecanismos de cooperación con los proveedores), existe el riesgo de que estos bienes queden en un limbo: los herederos no pueden acceder y la plataforma no los explota más que en su propio beneficio.
Nicole Dillon
Abogada (UBA). Asesora founders, startups y fondos de VC en todo el ciclo de vida de compañías tecnológicas, desde su incorporación hasta el exit. Mentora de startups en aceleradora Founder Institute. Asociada senior en Tavarone Rovelli Salim Miani.
I. Introducción
El seguro de declaraciones y garantías —conocido en inglés como Representations and Warranties Insurance (RWI)— es una herramienta habitual y muy utilizada en las transacciones de M&A en Estados Unidos y Europa, pero aún incipiente en Latinoamérica. Sin embargo, en los últimos años, y especialmente a partir del aumento de transacciones cross-border y procesos competitivos en la región, este instrumento comenzó a ganar tracción como un mecanismo eficiente de asignación de riesgos post cierre.
Hoy, si bien su utilización aún no es market standard en la región, el RWI dejó de ser una herramienta excepcional y pasó a ser una alternativa real, seriamente considerada y disponible en operaciones relevantes, particularmente aquellas con participación de private equity, compradores estratégicos internacionales o vendedores que buscan una salida limpia.
La creciente relevancia del seguro de representaciones y garantías...
Nicole Dillon
Este fenómeno se explica, en parte, por la creciente sofisticación de las transacciones regionales, y la complejidad estructural de ciertas operaciones, que han motivado a los dealmakers a buscar alternativas a los mecanismos tradicionales de asignación de riesgos post cierre.
El factor principal que explica la creciente utilización del RWI en la región es el cambio en la postura de las aseguradoras internacionales. Mientras que, históricamente, el producto tenía una penetración limitada en Latinoamérica debido a la escasa disposición de las aseguradoras y reaseguradoras a asumir riesgos en la región, en los últimos años se ha observado una mayor apertura y apetito por asegurar transacciones con targets latinoamericanos. Este desarrollo ha ampliado de manera concreta la disponibilidad del RWI para operaciones en la región, aun reconociendo que los costos y con-
diciones continúan siendo, en términos relativos, más exigentes que en mercados maduros.
Asimismo, el contexto global y regional de volatilidad económica, incertidumbre política y mayor sensibilidad frente a riesgos regulatorios ha reforzado el atractivo del RWI como herramienta para alinear expectativas entre compradores y vendedores en escenarios donde la negociación de indemnidades tradicionales resulta particularmente compleja.
II. ¿Qué es el seguro de declaraciones y garantías?
El RWI es un seguro transaccional que cubre al asegurado —habitualmente el comprador— frente a los daños derivados de un incumplimiento de las declaraciones y garantías otorgadas por el vendedor en el contrato de compraventa. Ante un
incumplimiento, en lugar de recurrir exclusivamente a una indemnidad contractual y a un reclamo directo contra el vendedor, el comprador puede canalizar su reclamo contra la aseguradora, dentro de los límites, retenciones y exclusiones previstos en la póliza.
El RWI dejó de ser una herramienta excepcional y pasó a ser una alternativa real.
Desde una perspectiva estructural, el RWI no reemplaza ni atenúa la exigencia de un proceso de due diligence riguroso; por el contrario, la suscripción de la póliza se apoya directamente en la calidad y profundidad del análisis realizado. Las aseguradoras y sus asesores evalúan de manera detallada los informes legales, fiscales y financieros, y la solidez del due diligence impacta de forma directa en el alcance de la cobertura, las exclusiones, el monto de la prima y, en ciertos casos, en la decisión misma de asegurar o no la transacción. Un due diligence superficial o incompleto suele traducirse en mayores exclusiones, primas más elevadas o incluso en la negativa a emitir la póliza.
En este contexto, el contrato de compraventa continúa cumpliendo un rol central en la delimitación del riesgo, aunque la consecuencia económica de ciertos incumplimientos se transfiera total o parcialmente a un tercero que profesionaliza la evaluación y administración del riesgo. En
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la práctica, las aseguradoras —y sus asesores legales— revisan en detalle el contrato de compraventa y, en particular, el alcance, la redacción y los estándares de las declaraciones y garantías, no estando dispuestas a asegurar manifestaciones excesivamente amplias, atípicas o de difícil o imposible cumplimiento. Por ello, la contratación de un RWI no elimina la necesidad de que las partes evalúen la razonabilidad y asegurabilidad del esquema de declaraciones y garantías pactado. Una redacción excesivamente amplia o atípica, aun cuando se esté contratando un RWI, puede traducirse en exclusiones relevantes, incrementos en la prima o en la negativa de la aseguradora a brindar cobertura.
III. El RWI frente al esquema tradicional
Tradicionalmente, la principal herramienta de protección del comprador frente a contingencias post cierre en Latinoamérica ha sido el esquema de indemnidades contractuales respaldadas por un escrow o una retención de precio. Bajo este modelo, una porción del precio de compra queda inmovilizada durante un plazo determinado, ya sea en manos de un tercero o del propio comprador, para responder ante eventuales reclamos del comprador, con el consecuente impacto económico y operativo para el vendedor.
El RWI introduce una lógica distinta. En lugar de inmovilizar fondos del precio y mantener una exposición directa del vendedor durante años después del cierre, el riesgo económico asociado a un eventual
La creciente relevancia del seguro de representaciones y garantías...
Nicole Dillon
incumplimiento de declaraciones y garantías se transfiere, en gran medida, a una aseguradora. Como consecuencia, el vendedor suele percibir la totalidad del precio al cierre o mantener solo una responsabilidad residual.
Desde la perspectiva del comprador, esta estructura no solo reduce el riesgo de crédito frente al vendedor, al mitigar las dificultades prácticas asociadas a la ejecución de reclamos indemnizatorios o frente a vendedores cuya situación patrimonial dificulta la efectiva satisfacción de los reclamos.
Adicionalmente, en procesos competitivos, el recurso al RWI suele permitir destrabar negociaciones que, de otro modo, podrían verse demoradas por discusiones extensas en torno a caps, baskets, plazos de supervivencia o montos de escrow.
IV. El caso de Argentina
En Argentina, el seguro de declaraciones y garantías todavía no es una práctica generalizada, pero su utilización viene creciendo de forma sostenida en operaciones de cierto tamaño y complejidad, especialmente en transacciones con algún componente internacional.
Para compradores internacionales, el RWI ofrece una capa adicional de confort frente a riesgos propios del entorno local —regulatorios, fiscales o judiciales— que pueden resultar difíciles de cuantificar al momento del cierre, aun cuando se haya realizado un proceso de due diligence exhaustivo.
El factor principal que explica la creciente utilización del RWI en la región es el cambio en la postura de las aseguradoras internacionales.
Desde la perspectiva del vendedor —en particular fondos de inversión o grupos económicos internacionales— el RWI contribuye a estructurar un clean exit, al reducir sustancialmente no solo la exposición económica post cierre, sino también los costos, recursos y esfuerzos operativos vinculados a la administración de eventuales reclamos posteriores al cierre.
En Argentina específicamente hemos visto que el RWI se ha consolidado como una herramienta particularmente útil en operaciones donde un vendedor internacional busca abandonar definitivamente un determinado mercado o jurisdicción. En estos casos, el seguro permite evitar la necesidad de continuar alocando recursos financieros, operativos o de gestión a un país o negocio del cual se pretende salir, al reducir significativamente la exposición post cierre y la probabilidad de reclamos futuros directos contra el vendedor. Esta característica resulta especialmente valiosa para grupos multinacionales que priorizan la reasignación de capital y management a mercados estratégicos, así como para estructuras que buscan minimizar su involucramiento residual en jurisdicciones que han dejado de formar parte de su foco estratégico.
También resulta especialmente relevante en el caso de fondos de private equity cercanos al vencimiento de su plazo o a hitos de devolución de capital, donde la subsistencia de contingencias post cierre puede generar descalces significativos entre la vida del fondo y las obligaciones asumidas en la transacción.
V. Consideraciones finales
El seguro de Representaciones y Garantías ha dejado de ser una figura marginal en las transacciones de M&A en Latinoamérica. En Argentina, su adopción aún es limitada, pero claramente creciente, y todo indica que continuará ganando relevancia a medida que el mercado local se alinee cada vez más con estándares internacionales.
En este contexto, el conocimiento del funcionamiento, alcances y limitaciones del RWI se vuelve cada vez más relevante para asesores legales y financieros que participan en operaciones de M&A en la región, no solo como una herramienta de mitigación de riesgos, sino como un elemento estratégico dentro del diseño integral de la transacción.
actualidad y formación profesional
No es casual que, en mercados más maduros como Estados Unidos y Europa, la utilización de RWI haya dado lugar al desarrollo de equipos especializados dentro de los estudios de abogados, con experiencia específica en la estructuración, negociación e implementación de este tipo de coberturas. Ello responde a que el RWI introduce una capa adicional de complejidad técnica en las transacciones de M&A, en la que confluyen el contrato de compraventa, el proceso de due diligence y la póliza de seguro, y cuya adecuada articulación exige conocimiento especializado y criterios propios. En línea con esa práctica comparada, la experiencia derivada de la asesoría en transacciones que incorporan RWI pone de manifiesto que la correcta coordinación entre estos elementos resulta determinante tanto para la viabilidad de la operación como para una asignación de riesgos eficiente, lo que explica por qué los abogados locales que intervienen activamente en este tipo de operaciones van adquiriendo expertise específico a medida que el uso de este instrumento se expande en la región.
El fin del “presidencialismo pyme”
¿Por qué la intuición del dueño ya no alcanza para gestionar riesgos empresariales?
Guido Augusto Redelico
Abogado (UBA). Asesor jurídico de empresas. Especialista en Derecho Procesal Civil (UBA). Diplomado en Corporate Lawyer (UCEMA). Fractional CLO y abogado corporativo con experiencia en derecho empresarial, litigios estratégicos y gobierno corporativo. Socio en Redelico & Gorla Abogados.
Santiago Gorla
Abogado (UBA). Asesor jurídico de empresas. Posgrado en Derecho y Fintech (UCA). Docente en programas de Derecho & Fintech y Prevención de Fraude financiero y digital. CEO de COFA. Especialista en Derecho Financiero, crédito digital, Derecho del consumidor y Prevención de fraude. Socio en Redelico & Gorla Abogados.
I. Introducción: la falacia de la intuición infalible
Durante décadas, una gran cantidad de empresas argentinas —especialmente en el segmento de las pymes— se estructuraron en torno a una figura central: el fundador o propietario que concentra la mayor parte de las decisiones relevantes del negocio. En estos esquemas organizacionales, la conducción estratégica, la supervisión operativa y muchas veces incluso las decisiones jurídicas o contractuales quedan subordinadas al criterio personal de quien dirige la compañía.
Este modelo de gestión, que podría describirse como una forma de “presidencialismo pyme”, descansa en una premisa que durante mucho tiempo pareció razonable: quien creó la empresa conoce el negocio mejor que nadie. La experiencia acumulada, el conocimiento directo del mercado y la cercanía con clientes y proveedores consolidan la idea de que la intuición del fundador constituye el mejor instrumento para resolver los problemas que enfrenta la organización.
El fin del “presidencialismo pyme”
Guido Augusto Redelico - Santiago Gorla
Durante largos períodos de relativa estabilidad normativa y tecnológica, este esquema de conducción empresarial funcionó razonablemente bien. Muchas empresas crecieron y se consolidaron apoyándose precisamente en la capacidad de decisión rápida del empresario, sin necesidad de desarrollar estructuras formales de análisis o control de riesgos.
Sin embargo, el contexto actual presenta características sustancialmente distintas. Las empresas operan hoy en entornos regulatorios, tecnológicos y reputacionales considerablemente más complejos. La creciente densidad normativa en materia laboral, societaria y fiscal, la regulación vinculada a protección de datos personales, prevención del lavado de activos, responsabilidad penal empresaria, así como los riesgos derivados de la digitalización de los negocios y la ciberseguridad, configuran un escenario en el cual la intuición del empresario, por sí sola, ya no resulta suficiente para gestionar adecuadamente los riesgos jurídicos del negocio.
En este nuevo contexto, una proporción significativa de las crisis legales que enfrentan las empresas no se origina en conductas deliberadamente ilícitas, sino en decisiones empresariales adoptadas de buena fe, pero sin un proceso sistemático de evaluación de riesgos jurídicos. En otras palabras, el problema ya no reside necesariamente en la mala decisión, sino en la ausencia de un método estructurado que permita anticipar sus consecuencias.
II. El estándar jurídico del “buen hombre de negocios”
El derecho societario argentino contiene desde hace décadas un principio que adquiere particular relevancia frente a este escenario de creciente complejidad empresarial.
El artículo 59 de la Ley General de Sociedades N.º 19.550 establece que los administradores y representantes de las sociedades deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, respondiendo frente a la sociedad, los socios y los terceros por los daños que resulten de su actuación culpable o negligente. Esta disposición constituye uno de los pilares del régimen de responsabilidad de los administradores societarios.
La norma no exige que los administradores adopten siempre decisiones acertadas —lo cual sería incompatible con la naturaleza misma de la actividad empresarial—, pero sí exige que las decisiones relevantes del negocio se adopten con el nivel de información, análisis y prudencia que razonablemente emplearía una persona responsable en la administración de su propio patrimonio.
En la práctica contemporánea, tanto en el ámbito judicial como en la doctrina societaria, el análisis de este estándar se ha desplazado progresivamente desde el resultado de la decisión hacia el proceso mediante el cual dicha decisión fue adoptada. Así, en contextos de responsabilidad de administradores, cobra especial relevancia la capa-
cidad de demostrar que la decisión fue precedida por un proceso razonable de análisis, deliberación y evaluación de riesgos.
En este sentido, comienza a adquirir relevancia lo que podría denominarse la “prueba de la diligencia”. El administrador diligente no solo debe abstenerse de conductas ilícitas, sino también poder acreditar que antes de adoptar determinadas decisiones analizó los riesgos involucrados, evaluó alternativas posibles y, cuando resultó necesario, recurrió al asesoramiento profesional adecuado.
En este punto, el asesoramiento jurídico corporativo adquiere una dimensión que excede la resolución de conflictos una vez que estos se producen. El abogado participa también en la estructuración de procesos de toma de decisiones, en la identificación de riesgos legales relevantes y en la documentación de los análisis realizados, contribuyendo a demostrar que la empresa actuó conforme al estándar de diligencia exigido por la ley.
III. El deber de prevención del daño y la lógica preventiva del derecho privado
El enfoque preventivo en la gestión de riesgos empresariales encuentra además respaldo en los principios generales del derecho privado argentino.
El artículo 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación establece el denominado deber de prevención del daño, conforme al cual toda per-
actualidad y formación profesional
sona tiene la obligación, en cuanto de ella dependa, de adoptar las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o para disminuir su magnitud.
Si bien esta norma tiene una aplicación general en el sistema de responsabilidad civil, su lógica resulta particularmente relevante en el ámbito empresarial. La conducción de una empresa implica necesariamente la adopción de decisiones que pueden generar impactos económicos o jurídicos sobre terceros, socios, clientes o empleados.
En este contexto, el deber de prevención del daño refuerza la idea de que los sujetos que participan en la dirección de organizaciones empresariales deben adoptar medidas razonables destinadas a identificar y gestionar los riesgos derivados de la actividad económica.
Desde esta perspectiva, la implementación de mecanismos de análisis y gestión de riesgos no constituye únicamente una buena práctica organizacional, sino que se presenta también como una forma de materializar en la práctica los principios preventivos que inspiran el sistema de responsabilidad civil contemporáneo.
La adopción de un enfoque de gestión de riesgos en el ámbito pyme suele traducirse en diversas medidas organizacionales.
Guido Augusto Redelico - Santiago Gorla
IV. Del “olfato empresarial” al análisis estructurado de riesgos
En la práctica cotidiana de muchas empresas es habitual escuchar a los empresarios afirmar que gestionan el negocio principalmente “por olfato”. Esta expresión refleja una realidad frecuente: la toma de decisiones basada en la experiencia acumulada, el conocimiento intuitivo del mercado y la capacidad de evaluar rápidamente situaciones complejas.
Ese conjunto de habilidades constituye sin duda un activo valioso para cualquier empresario. No obstante, el escenario actual plantea riesgos cuya naturaleza excede el alcance de la intuición individual.
Los riesgos empresariales contemporáneos poseen con frecuencia un carácter técnico, sistémico y multidisciplinario. Una brecha de seguridad informática que comprometa datos personales, un ataque de ransomware, una estructura contractual deficiente en operaciones comerciales relevantes o una deficiente organización de las delegaciones de firma dentro de la empresa pueden generar consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales de gran magnitud.
Este tipo de contingencias difícilmente pueda ser anticipado únicamente mediante la intuición. Requiere metodologías de análisis que permitan identificar, clasificar y priorizar los riesgos que enfrenta la organización.
En este contexto adquiere relevancia el enfoque conocido como gestión de riesgos empresariales o risk management. En términos generales, se trata del conjunto de procesos mediante los cuales una organización identifica los riesgos relevantes para su actividad, evalúa su probabilidad e impacto potencial y diseña mecanismos destinados a prevenirlos o mitigarlos.
Una herramienta frecuentemente utilizada en este ámbito es el denominado mapa de calor de riesgos, que permite clasificar las distintas contingencias potenciales según su nivel de probabilidad y el impacto que podrían generar sobre la organización. Este tipo de instrumentos facilita priorizar las áreas que requieren mayor atención y orientar los recursos de la empresa hacia la prevención de los riesgos más críticos.
V. La gestión de riesgos como herramienta de gobierno corporativo
La incorporación de un enfoque estructurado de gestión de riesgos no implica desplazar al empresario del proceso de toma de decisiones. Por el contrario, supone transformar decisiones individuales en procesos organizados, en los cuales la experiencia del empresario se complementa con herramientas sistemáticas de análisis y control.
Desde la perspectiva del gobierno corporativo, estos mecanismos pueden interpretarse como instrumentos destinados a institucionalizar la gestión del riesgo dentro de la organización.
actualidad y formación profesional
El gobierno corporativo comprende el conjunto de reglas, procedimientos y prácticas mediante los cuales se dirige y controla una empresa. Aunque este concepto suele asociarse a grandes sociedades abiertas, sus principios fundamentales —transparencia en la toma de decisiones, delimitación de responsabilidades y existencia de mecanismos de control— resultan igualmente aplicables a pequeñas y medianas empresas.
En términos prácticos, la adopción de un enfoque de gestión de riesgos en el ámbito pyme suele traducirse en diversas medidas organizacionales.
Una de ellas consiste en formalizar los esquemas de delegación de autoridad dentro de la empresa. En muchas organizaciones, determinadas personas toman decisiones relevantes o suscriben documentación contractual sin que existan límites claramente definidos respecto de su ámbito de actuación. La definición de delegaciones de firma, niveles de autorización y procedimientos internos contribuye a ordenar la gestión y reduce significativamente la exposición a contingencias jurídicas.
Otra herramienta relevante es la revisión periódica de los riesgos legales de la organización. Las empresas evolucionan constantemente: incorporan nuevas líneas de negocio, modifican sus estructuras operativas o expanden sus relaciones comerciales. Sin embargo, sus estructuras contractuales y societarias muchas veces permanecen inalteradas durante largos períodos.
El fin del “presidencialismo pyme”
Guido Augusto Redelico - Santiago Gorla
Las auditorías legales preventivas permiten detectar inconsistencias, identificar riesgos potenciales y proponer ajustes antes de que surjan conflictos.
En ese marco, la gestión de riesgos deja de ser una práctica aislada y pasa a integrarse al sistema de gobierno de la empresa, como parte de sus mecanismos ordinarios de dirección, supervisión y control.
El artículo 22 de dicha ley establece que un programa de integridad adecuado debe incluir, entre otros elementos, códigos de ética, reglas y procedimientos para prevenir ilícitos, capacitación periódica y mecanismos de control interno.
Ello no implica trasladar a la pyme estructuras propias de grandes corporaciones, sino diseñar mecanismos de prevención proporcionales al tamaño, complejidad operativa y nivel de exposición de cada organización.
Profesionalizar la gestión del riesgo no implica quitarle poder al dueño: implica proteger, con mayor racionalidad, el negocio que ese empresario construyó.
VI. Compliance y responsabilidad penal empresaria
La evolución normativa reciente en materia de responsabilidad corporativa también refleja la creciente importancia de los sistemas internos de prevención.
La ley N.º 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas introdujo en el ordenamiento argentino la posibilidad de responsabilizar penalmente a las empresas por determinados delitos contra la administración pública y el orden económico. Esta norma reconoce expresamente la relevancia de los programas de integridad o Compliance, entendidos como sistemas internos destinados a prevenir, detectar y corregir irregularidades dentro de la organización.
Más allá del ámbito específico de aplicación de esta legislación, su lógica refleja una tendencia más amplia del derecho empresarial contemporáneo: la expectativa de que las organizaciones desarrollen sistemas internos de prevención y control que permitan gestionar los riesgos asociados a su actividad.
VII. Conclusión: proteger el valor del proyecto empresarial
El denominado presidencialismo pyme ha sido históricamente una forma frecuente de organización empresarial en economías caracterizadas por altos niveles de incertidumbre. En contextos donde la velocidad de decisión constituye una ventaja competitiva, la centralización de la conducción en la figura del empresario ha permitido a muchas empresas adaptarse con agilidad a entornos cambiantes.
No obstante, la creciente complejidad normativa, tecnológica y reputacional que caracteriza al entorno empresarial contemporáneo exige
complementar ese modelo con estructuras organizacionales capaces de identificar, evaluar y gestionar de manera sistemática los riesgos del negocio.
La institucionalización de procesos de análisis, evaluación y control de riesgos no supone debilitar la autoridad del empresario ni limitar su capacidad de decisión. Por el contrario, permite dotar a la organización de herramientas que fortalecen la calidad de las decisiones adoptadas y contribuyen a preservar la continuidad del negocio frente a contingencias cada vez más sofisticadas.
En este sentido, la transición desde modelos de conducción altamente personalistas hacia esquemas que integren prácticas de gestión de riesgos y principios básicos de gobierno corporativo puede interpretarse no como una pérdida de control por parte del empresario, sino como una forma más madura y sofisticada de ejercerlo.
actualidad y formación profesional
La intuición, la experiencia y el conocimiento del mercado seguirán siendo activos fundamentales para cualquier empresario. Pero en un entorno empresarial caracterizado por riesgos crecientemente complejos, esas cualidades necesitan complementarse con procesos estructurados que permitan identificar y gestionar aquellas contingencias que la intuición individual no siempre alcanza a prever.
En la empresa contemporánea, la intuición sigue siendo valiosa; pero cuando no está acompañada por estructuras mínimas de análisis, control y documentación, deja de ser una fortaleza y puede convertirse en una fuente de exposición. Profesionalizar la gestión del riesgo no implica quitarle poder al dueño: implica proteger, con mayor racionalidad, el negocio que ese empresario construyó.
Lenguaje claro, lectura fácil y comunicación
y alternativa
Ajustes de procedimiento como garantías del acceso a la justicia de las personas con discapacidad
Claudio Flavio Augusto
Espósito
Abogado. Magister en Derechos Humanos. Docente (UNLP). Docente (Univ. Notarial Argentina). Director del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de San Martín. Investigador de la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Este trabajo aborda la siguiente cuestión: ¿de qué modo deben articularse el lenguaje claro, la lectura fácil y la comunicación aumentativa y alternativa, bajo los principios de diseño universal y ajustes razonables, para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en los procesos de determinación de la capacidad jurídica? El análisis se desarrolla mediante un método dogmático-jurídico y documental, sobre fuentes normativas, instrumentos de derechos humanos, doctrina especializada y políticas institucionales argentinas y regionales.
Lenguaje claro, lectura fácil y comunicación aumentativa y alternativa
Claudio Flavio Augusto Espósito
La comprensión efectiva de las sentencias y resoluciones dictadas en los procedimientos de determinación de la capacidad jurídica constituye un ajuste de procedimiento exigible —no supeditado a la cláusula de proporcionalidad propia de los ajustes razonables— cuya satisfacción requiere articular tres herramientas comunicacionales complementarias: el lenguaje claro, la lectura fácil y la comunicación aumentativa y alternativa. La adopción aislada o meramente declarativa de cualquiera de ellas resulta insuficiente; solo una política de coordinación interinstitucional, validación participativa y formación de operadores puede transformar el derecho a comprender en una garantía efectiva del acceso a la justicia, en los términos de los artículos 12 y 13 de la CDPD.
La CDPD, adoptada en 2006 y aprobada por la República Argentina mediante la ley 26.378, a la que la ley 27.044 otorgó jerarquía constitucional, consolidó el tránsito desde un modelo médico-rehabilitador —que ubicaba el problema en la deficiencia individual— hacia un modelo social y de derechos humanos. Conforme a este último, la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Las barreras comunicacionales son, en este esquema, un objeto central de remoción. El modelo social y de derechos humanos que la inspira sitúa la discapacidad no en la persona, sino en la interacción entre sus condiciones y las barreras del
entorno; entre ellas, las barreras comunicacionales. En consecuencia, el derecho a comprender y a ser comprendido deja de ser una mera aspiración de buena técnica para erigirse en una exigencia jurídica, vinculada al derecho a comprender el derecho1 y al acceso efectivo a la justicia.
En el plano regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el deber estatal de eliminar las barreras que obstaculizan el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y de asegurar su participación adecuada y efectiva en los procedimientos, doctrina sentada en el caso Furlán y familiares vs. Argentina 2 y que se inscribe en una comprensión amplia del acceso a la justicia como garantía instrumental de los demás derechos3. El acceso a la justicia opera, así, como una garantía de garantías: sin él, los restantes derechos se tornan ilusorios.
El artículo 13 de la CDPD impone asegurar el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, incluso mediante ajustes de proce-
1 ARENAS ARIAS, Gabriel Jaime, “Lenguaje claro (derecho a comprender el Derecho)”, Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, núm. 15, 2018, pp. 249-261.
2 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, “Caso Furlán y familiares vs. Argentina”, sentencia del 31 de agosto de 2012 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas).
3 BERNALES ROJAS, Gerardo, “El acceso a la justicia en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, Ius et Praxis, vol. 25, núm. 3, 2019, pp. 277-306.
dimiento y adecuados a la edad, y promover la capacitación de quienes trabajan en la administración de justicia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sistematizó estas exigencias en los Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, que conciben los ajustes de procedimiento como un elemento intrínseco del derecho de acceso a la justicia, cuya denegación configura una forma de discriminación4.
Esta protección debe leerse con perspectiva interseccional. En su Observación General N.º 3, el Comité destacó que las mujeres y las niñas con discapacidad sufren formas múltiples y agravadas de discriminación, que profundizan las barreras de acceso a la justicia y exigen respuestas específicas5. La accesibilidad comunicacional no es, por tanto, una cuestión homogénea: debe atender a la diversidad de situaciones y a la posición relativa de cada persona dentro del proceso.
En el ámbito Interamericano, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condi-
4 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, Naciones Unidas, Ginebra, 2020.
5 COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Observación general núm. 3 (2016). Sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, CRPD/C/GC/3, Naciones Unidas, 2016.
actualidad y formación profesional
ción de Vulnerabilidad6 reconocen, en su Regla 58, el derecho de toda persona en condición de vulnerabilidad a entender y a ser entendida, y obligan a reducir las barreras comunicacionales que dificultan la comprensión de las actuaciones judiciales. La doctrina ha subrayado que estas reglas, junto con el movimiento del lenguaje accesible, constituyen una herramienta central para la tutela de los grupos vulnerables7, si bien su impacto real depende de una implementación articulada y sostenida, y no de su mera proclamación.
El lenguaje claro constituye un estándar de diseño universal de la comunicación judicial.
Para comprender por qué el lenguaje claro, la lectura fácil y la comunicación aumentativa y alternativa constituyen exigencias jurídicas, y no meros recursos de buena técnica, conviene situarlas en una teoría de
6 CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA, Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, actualización aprobada en 2018.
7 ATO ALVARADO, María Elena, “El lenguaje accesible al ciudadano y a la población vulnerable en perspectiva de las 100 Reglas de Brasilia”, Llapanchikpaq: Justicia, vol. 5, núm. 7, 2023, pp. 57-89. LLEELLISH JUSCAMAYTA, Yim Isaías, “Explorando el acceso a la justicia: perspectivas de las personas con discapacidad en el marco de las Reglas de Brasilia”, Llapanchikpaq: Justicia, vol. 6, núm. 8, 2024, pp. 189-217. DOI.
Lenguaje claro, lectura fácil y comunicación aumentativa y alternativa
Claudio Flavio Augusto Espósito
la comunicación. La comunicación es un proceso dinámico, bidireccional e interaccional mediante el cual la persona transmite estímulos para influir en su entorno y constituirse en agente capaz de tomar decisiones; es, en ese sentido, base del ejercicio de la libertad y de la dignidad8.
Todo proceso comunicacional involucra tres dimensiones que deben atenderse de manera conjunta. La dimensión sintáctica concierne a la transmisión de la información —codificación, canales, ruido y redundancia—; la semántica, al significado y a la convención compartida que permite atribuirlo; y la pragmática, al efecto de la comunicación sobre la conducta9. Las tres requieren adecuaciones para que el mensaje pueda ser comprendido, asimilado y convertido en factor de cambio conductual: no basta con emitir, es preciso que la persona destinataria decodifique.
De ello se sigue un punto central para la accesibilidad: no existe universalidad de criterios, sino diversidad de miradas. Presumir que el propio modo de percibir y de construir el conocimiento es el único válido constituye un error epistemológico que desconoce la diversidad de las personas10. Reconocer que cada persona percibe, asimila y construye de un modo distinto es la condición de una comunicación efi-
8 ESPÓSITO, Claudio F. A., ob. cit.
9 BATESON, Gregory, citado en ESPÓSITO, Claudio F. A., ob. cit.
10 ESPÓSITO, Claudio F. A., ob. cit.
caz con el otro y fundamenta tanto el rechazo de un estándar comunicacional único como la necesidad de adecuaciones individualizadas.
La comunicación, además, no se agota en la palabra. Opera mediante un canal verbal y otro no verbal, y se rige por axiomas básicos: es imposible no comunicar, pues toda conducta posee valor de mensaje, y todo mensaje transmite a la vez un contenido y una relación11 . La accesibilidad comunicacional comprende, por ello, no solo el texto, sino también el modo, el medio y el vínculo en que la información se ofrece, lo que ilumina el sentido del concepto amplio de comunicación adoptado por el artículo 2° de la CDPD.
El proceso comunicacional habilita, a su vez, el aprendizaje: la comprensión efectiva del estímulo —percibirlo con claridad, descifrarlo e incorporarlo— genera las herramientas internas que permiten a la persona resolver situaciones y avanzar hacia su mayor nivel de autonomía y de toma de decisiones12. La comunicación auténtica se asienta, en este marco, en relaciones simétricas, en una paridad de condiciones entre los interlocutores y en la mutua voluntad de entenderse, exigencia que resuena con la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 12 de la CDPD.
Cuando esa paridad falla, surgen las barreras comunicacionales. Es-
11 WATZLAWICK, Paul, citado en ESPÓSITO, Claudio F. A., ob. cit.
12 ESPÓSITO, Claudio F. A., ob. cit.
tas no residen en la persona, sino en el entorno y en las representaciones sociales: barreras actitudinales, sociales y comunicacionales —el desinterés, la indiferencia, los prejuicios— que impiden una comunicación clara, precisa y eficaz 13. La coincidencia con el modelo social es exacta: el obstáculo no está en la deficiencia, sino en un entorno comunicacional no diseñado para la diversidad, lo que reclama su remoción mediante el diseño universal y los ajustes.
El corolario es directo: muchas personas con discapacidad requieren ajustes en el proceso comunicacional para que la comunicación resulte efectiva y les ofrezca opciones habilitadoras14. Ese derecho humano a la información accesible es la base del proceso de toma de decisiones y, por consiguiente, presupuesto del sistema de apoyos del artículo 12. El lenguaje claro, la lectura fácil y la comunicación aumentativa y alternativa son, precisamente, las herramientas que materializan esos ajustes en el ámbito judicial , y a su análisis se dedican los apartados siguientes.
El lenguaje claro es el conjunto de estrategias gramaticales, textuales y de diseño que permite que un documento sea comprendido por sus destinatarios en una primera lectura. No se opone al rigor técnico ni implica empobrecer el discurso jurídico, sino producir una única versión que resulte lo más clara posible para
Claudio F. A., ob. cit.
ESPÓSITO, Claudio F. A., ob. cit.
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toda la comunidad, en la que los pasajes técnicos imprescindibles se expliquen con mayor sencillez 15. Su fundamento es el derecho a comprender el derecho: la persona tiene derecho a entender las decisiones que la afectan.
Conviene distinguirlo del lenguaje técnico-jurídico. Este último cumple funciones de precisión y economía conceptual dentro de la comunidad profesional, pero, cuando se vuelve hermético, opera como una barrera comunicacional que excluye a la ciudadanía16. El lenguaje claro no propone eliminar el tecnicismo necesario, sino subordinarlo a la finalidad comunicativa: oraciones breves, estructura ordenada, vocabulario preciso pero accesible y explicación de los términos especializados ineludibles.
En la Argentina, la política de lenguaje claro ha cobrado impulso institucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó, mediante la Resolución 2640/2023, los Lineamientos Generales de Sentencias Claras, que proponen una estructura ordenada de la sentencia —descripción del objeto, hechos, agravios, cuestión a resolver, fundamentos y parte resolutiva clara—, recomiendan la autosuficiencia del fallo y el uso de oraciones breves, y recogen los antecedentes de las jurisdicciones provinciales17. A ello
15 ARENAS ARIAS, Gabriel Jaime, ob. cit.
16 FERRERO, Eliana, ob. cit.
17 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Lineamientos Generales de Sentencias Claras, Resolución 2640/2023, República Argentina.
Lenguaje claro, lectura fácil y comunicación aumentativa y alternativa
Claudio
Flavio Augusto Espósito
se suma la incorporación del máximo tribunal a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y la existencia de redes y normas provinciales, como la legislación bonaerense que abarca a los tres poderes y los comités y acordadas de diversas provincias que disponen la redacción de resoluciones en términos sencillos.
La lectura fácil es un método de accesibilidad cognitiva que reúne pautas de redacción, diseño y maquetación, así como un procedimiento de validación, destinado a hacer comprensible la información para personas con dificultades de comprensión lectora —entre ellas, personas con discapacidad intelectual o psicosocial, pero también personas mayores o con bajo nivel de instrucción—. En el ámbito iberoamericano, las normas técnicas UNE 153101:2018 EX y UNE 153102:2018 EX especifican las pautas para la elaboración de documentos en lectura fácil y para su validación por personas usuarias18.
Un rasgo distintivo de la lectura fácil es la validación mediante la comprensión: el borrador adaptado debe pensarse para ser sometido al juicio de personas con necesidades de apoyo más intensas, guiadas por personas, herramientas o sistemas que faciliten la comunicación, de modo que la accesibilidad se verifique empíricamente y no se pre-
18 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN, Lectura fácil. Pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos, UNE 153101:2018 EX, AENOR, 2018; y Lectura fácil. Pautas y recomendaciones para validadores de documentos, UNE 153102:2018 EX, AENOR, 2018.
suma. Esta participación diferencia a la lectura fácil del lenguaje claro: mientras que el lenguaje claro busca una sola versión comprensible para toda la ciudadanía, sin perder validez ni rigor, la lectura fácil produce, por lo general, una versión adaptada y validada que opera como anexo del documento original, dirigida a un público específico.
En materia judicial, diversas experiencias han incorporado versiones en lectura fácil de las sentencias que afectan a personas con discapacidad, presentadas como documentos informativos anexos que conservan la esencia jurídica del fallo. La doctrina vincula esta técnica con el principio de accesibilidad universal, del que la accesibilidad cognitiva es una dimensión, y con la igualdad de oportunidades en el ejercicio de derechos19.
El artículo 2° de la CDPD adopta un concepto amplio de comunicación que comprende los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada, la lengua de señas y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación. La comunicación aumentativa y alternativa (CAA) designa, precisamente, el conjunto de sistemas y recursos que comple-
19 JIMÉNEZ-CASTELLANOS BALLESTEROS, Inmaculada, “El principio de accesibilidad universal como presupuesto del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, Revista de Derecho Político, núm. 123, 2025, pp. 83-108.
actualidad y formación profesional
mentan o sustituyen el habla cuando esta resulta insuficiente o no funcional.
Se denomina aumentativa cuando el sistema complementa y acompaña la comunicación oral, y alternativa cuando la reemplaza. Los sistemas pueden requerir o no ayudas externas, e incluyen pictogramas, sistemas de símbolos, tableros de comunicación y comunicadores con voz digitalizada o sintetizada, entre otros recursos que permiten construir un lenguaje funcional para lograr una comunicación efectiva 20. Su finalidad no es sustituir la voluntad de la persona, sino dotarla de los medios para formarla y expresarla.
En el procedimiento de determinación de la capacidad jurídica, la CAA resulta especialmente pertinente. La entrevista personal del juez (artículo 35 del Código Civil y Comercial) y la notificación de la decisión solo cumplen su función si la persona puede comprender lo que se le comunica y manifestar su voluntad y preferencias por el medio que le resulte accesible. La CAA es, en este sentido, la condición material del derecho a ser oído y del sistema de apoyos del artículo 12 de la CDPCD.
Las tecnologías de apoyo —o tecnología asistencial— constituyen el soporte material de buena parte de
20 PAUTA IPIALES, Jessica Maribel; CASCO GUAMÁN, Pamela Daniela, “Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación para estimular la interacción en niños autistas dentro del aula de clases”, Revista Científica UISRAEL, vol. 10, núm. 3, 2023, pp. 171-185.
Lenguaje claro, lectura fácil y comunicación aumentativa y alternativa
Claudio Flavio Augusto Espósito
la comunicación aumentativa y alternativa. Se definen, en sentido amplio, como cualquier artículo, equipo o sistema capaz de aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con discapacidad 21 . Cumplen dos propósitos complementarios: potenciar las habilidades de la persona para que compensen los efectos de la discapacidad y ofrecer una vía alternativa para abordar una tarea; de allí que puedan operar como una prótesis cognitiva, que reemplaza una habilidad mermada, o como un apoyo, que provee la ayuda necesaria 22 .
Un rasgo relevante es que muchas de estas tecnologías no se diseñan de manera especializada, sino que se dirigen al público en general, lo que las vincula con el diseño universal. Entre las de mayor pertinencia para la comunicación judicial cabe mencionar: los sistemas de conversión de texto a voz y de voz digitalizada o sintetizada, junto con los lectores de pantalla, que permiten escuchar un documento; los procesadores de texto con ayudas de edición —correctores ortográficos y gramaticales y diccionarios de sinónimos—; los programas de predicción de palabras; los teclados alternativos y los sistemas de reconocimiento de voz para la entrada de información; las ayudas de planificación que representan gráficamente la relación entre ideas; y los formatos multimedia
21 PASCUAL SEVILLANO, María Ángeles, “Tecnologías de apoyo a la discapacidad y dificultades de aprendizaje”, Comunicar, núm. 15, 2000, pp. 159-167.
22 LEWIS, Rena B., citada en PASCUAL SEVILLANO, María Ángeles, ob. cit.
e hipertextuales, que habilitan una interacción más rica con el texto23.
El lenguaje claro, la lectura fácil y la comunicación aumentativa y alternativa son herramientas conceptualmente distintas, pero funcionalmente complementarias.
Su eficacia depende de ciertos criterios de accesibilidad: redundancia de los canales de entrada y de salida —combinando información visual y auditiva—, mensajes breves y consistentes, textos que acompañen a los gráficos y contenidos recorribles por el cursor para su lectura en voz alta, entre otros24. Trasladadas al procedimiento de determinación de la capacidad jurídica, estas tecnologías materializan la comunicación accesible que el sistema de apoyos requiere: una versión sonora o navegable de la sentencia, un sistema de reconocimiento de voz o de predicción de palabras que asista a la persona a expresar su voluntad en la entrevista personal del artículo 35, o un formato multimedia de la resolución. La propia Convención respalda este deber al obligar a los Estados a emprender y promover la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, incluidas las de la información y las comunicaciones y
23 PASCUAL SEVILLANO, María Ángeles, ob. cit.
24 PASCUAL SEVILLANO, María Ángeles, ob. cit.
los dispositivos de apoyo adecuados para las personas con discapacidad (artículo 4.1.g de la CDPD).
El artículo 2° de la CDPD define el diseño universal como el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni de diseño especializado. Define, asimismo, los ajustes razonables como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que, en un caso particular, no impongan una carga desproporcionada o indebida, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones.
Estas figuras no son intercambiables. El diseño universal —y, más ampliamente, la accesibilidad del artículo 9°, desarrollada por el Comité en su Observación General N.º 225 — es una obligación general, de carácter ex ante, dirigida a grupos de personas y de cumplimiento progresivo, aunque incondicionado: se diseña pensando de antemano en la diversidad de usuarios. Los ajustes razonables, en cambio, son medidas individuales, de carácter ex post, de aplicación inmediata y sujetas al límite de la proporcionalidad: se adoptan ante la situación concreta de una persona determinada 26 .
25 COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Observación general núm. 2 (2014). Artículo 9: Accesibilidad, CRPD/C/ GC/2, Naciones Unidas, 2014.
26 JIMÉNEZ-CASTELLANOS BALLESTEROS, Inmaculada, ob. cit.
actualidad y formación profesional
Junto a ambas figuras, el artículo 13 introduce los ajustes de procedimiento, propios del acceso a la justicia. A diferencia de los ajustes razonables, los ajustes de procedimiento no están limitados por la cláusula de carga desproporcionada o indebida: dado que el acceso a la justicia es presupuesto del ejercicio de todos los derechos, su denegación nunca puede justificarse en una alegada desproporción27. Estos ajustes pueden consistir en el uso de lenguaje claro, la provisión de información en lectura fácil, la disposición de medios de comunicación aumentativa y alternativa, la concesión de mayor tiempo, la presencia de personas de apoyo o la adecuación de las modalidades de la audiencia. Esta exigencia recoge, en clave jurídica, lo que desde la teoría de la comunicación se denomina ajustes en el proceso comunicacional 28 .
La articulación resulta entonces nítida: el lenguaje claro se inscribe como una manifestación del diseño universal de la comunicación judicial —una sola versión clara de toda sentencia y resolución, para toda la ciudadanía—, mientras que la lectura fácil y la comunicación aumentativa y alternativa operan, además, como ajustes de procedimiento individualizados, exigibles sin sujeción a la cláusula de proporcionalidad cuando la situación concreta de la persona lo requiere.
27 OACNUDH, Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, ob. cit.
28 ESPÓSITO, Claudio F. A., ob. cit.
Lenguaje claro, lectura fácil y comunicación aumentativa y alternativa
Claudio Flavio Augusto Espósito
La efectividad de estas herramientas depende menos de su enunciación que de su coordinación e implementación sostenida. En la Argentina y en la Región se han desarrollado diversos instrumentos institucionales orientados a ese fin. El Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, elaborado en el marco del Programa EUROsociAL y difundido por el Ministerio Público de la Defensa, propone pautas de trato adecuado y de remoción de barreras a lo largo de todas las etapas del proceso29. En el plano federal interno, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el Protocolo Base de Actuación para el Acceso a Justicia de las Personas con Discapacidad, dirigido a magistrados y operadores y estructurado sobre los principios de la CDPD y de las Reglas de Brasilia30.
En el ámbito local, el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha producido materiales específicos —tanto documentos de política institucional sobre inclusión, integración y acceso a la justicia de las personas con discapacidad, como guías ciudadanas para cono-
29 PROGRAMA EUROSOCIAL y MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA, Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad (sin fecha de edición consignada).
30 JUNTA FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS Y CABA, Protocolo Base de Actuación para el Acceso a Justicia de las Personas con Discapacidad (sin fecha de edición consignada).
cer los propios derechos—, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha elaborado una Guía de Buenas Prácticas en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad31 . El conjunto evidencia una densidad normativa y programática considerable.
No obstante, la sola proliferación de protocolos y guías no asegura resultados. La literatura especializada advierte sobre una inflación normativa con déficit práctico, en la que la sostenibilidad de las medidas depende de la voluntad política, la asignación presupuestaria y la formación continua32. Tres condiciones resultan, por ello, decisivas para transformar el derecho a comprender en garantía efectiva.
La primera es la coordinación interinstitucional. Poderes judiciales, ministerios públicos, equipos interdisciplinarios y organizaciones de personas con discapacidad deben articular criterios comunes que eviten la fragmentación y la duplicación de esfuerzos, de modo que el lenguaje claro, la lectura fácil y la CAA
31 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Inclusión, integración y acceso a la Justicia de las personas con discapacidad en el Poder Judicial de la CABA; y Acceso a justicia para las personas con discapacidad: una guía para conocer tus derechos en la Ciudad de Buenos Aires (sin fecha de edición consignada); SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Guía de Buenas Prácticas en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad (sin fecha de edición consignada).
32 LLEELLISH JUSCAMAYTA, Yim Isaías, ob. cit.
no dependan de iniciativas individuales aisladas, sino de estándares compartidos y exigibles. La segunda es la formación de los operadores, expresamente impuesta por el artículo 13.2 de la CDPD: sin capacitación específica, las pautas quedan en letra muerta. La tercera es la validación participativa: la accesibilidad de un documento o de una comunicación no puede presumirse desde la perspectiva del operador jurídico, sino verificarse con las propias personas destinatarias, conforme a la metodología de la lectura fácil y al principio de participación.
Aplicadas al procedimiento de determinación de la capacidad jurídica, estas condiciones se traducen en objetivos concretos: que toda sentencia y resolución se redacte en lenguaje claro como estándar de diseño universal; que las decisiones que restringen la capacidad se acompañen de una versión en lectura fácil, validada, que explique a la persona qué se decidió, por qué y qué puede hacer; que la entrevista personal y las notificaciones se realicen mediante los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa que la persona requiera; y que estos ajustes se reconozcan como exigibles de oficio, sin supeditarlos a la cláusula de proporcionalidad, por su carácter de ajustes de procedimiento.
El lenguaje claro, la lectura fácil y la comunicación aumentativa y alternativa son herramientas conceptualmente distintas, pero funcionalmente
actualidad y formación profesional
complementarias. El lenguaje claro constituye un estándar de diseño universal de la comunicación judicial; la lectura fácil y la CAA, además de aportar a la accesibilidad general, operan como ajustes de procedimiento individualizados. En los procedimientos de determinación de la capacidad jurídica, su articulación no es un mero perfeccionamiento estilístico, sino una condición del igual reconocimiento ante la ley (artículo 12) y del acceso efectivo a la justicia (artículo 13). Operacionalizan, además, el derecho humano a la información accesible como base del proceso de toma de decisiones33.
La comprensión de las decisiones es un ajuste de procedimiento exigible y no sujeto a proporcionalidad, cuya satisfacción demanda la articulación de las tres herramientas. La adopción aislada o declarativa resulta insuficiente. Solo una política de coordinación interinstitucional, formación de operadores y validación participativa —que dé contenido material al sistema de apoyos y evite su reducción a un cambio nominal— puede convertir el derecho a comprender en una garantía real. La densa producción normativa e institucional argentina e iberoamericana ofrece una base sólida; el desafío pendiente es su implementación coordinada, sostenida y evaluada, con las personas con discapacidad como protagonistas y no como meras destinatarias.
33 ESPÓSITO, Claudio F. A., ob. cit.
Veinte años de la Primera
Marcelo Baez
Periodista y docente. Director de Prensa y Comunicaciones del Poder Judicial de Salta, desde junio de 2014, designado por Acordada 11647. Secretario de redacción, jefe de sección y cronista en diarios locales. Ejerce la docencia desde 1990.
I. Introducción
En 2026 se cumplen veinte años de la Primera Conferencia Nacional de Jueces1 . Las conclusiones de la comisión “Prensa, Justicia y Sociedad” de dicho encuentro tuvieron un impacto positivo inmediato.
La creación de dispositivos comunicacionales en aquellos Poderes Judiciales que no lo tenían aún, fue una de esas secuelas positivas.
Esto produjo el primer impulso para romper con la barrera que plantea el lenguaje judicial cuya opacidad poco contribuye a la comprensión ciudadana.
El lenguaje judicial tiene características propias que pueden abrir una brecha, a veces insalvable, con personas no familiarizadas con la terminología y los modismos propios exacerbados por estilos barrocos de escritura.
1 https://www.cij.gov.ar/adj/ADJ-0.51937200 1226526460.pdf.
Veinte años de la Primera Conferencia Nacional de Jueces
Marcelo Baez
La aparición de dispositivos comunicacionales en todos los Poderes Judiciales del país permitió que un mayor volumen de información llegue al periodismo y al ciudadano adoptando un formato común definido en la “Guía de buenas prácticas para el tratamiento y difusión de la información judicial” 2 que en 2009 editara La Ley.
Aquella guía elaborada por algunos de los responsables de la comunicación judicial brindó pautas básicas, todavía vigentes, para que circule la información judicial.
Por ejemplo, dicha guía recomendó “ser claros y concisos en la redacción de informes o comunicados de prensa. Utilizar un lenguaje sencillo, directo y desprovisto, en lo posible, de tecnicismos los cuales, en caso de resultar imposible su sustitución, deberán ser explicados detalladamente”.
Bien podría decirse que comunicación y lenguaje claro3 nacieron de la misma necesidad: recortar la brecha entre la sociedad y la Justicia.
Si bien es cierto que los primeros dispositivos comunicacionales de Argentina se remontan a 19874, no
2 https://www.justiciacordoba.gob.ar/Estatico/justiciaCordoba/files/TSJ/comunicacion/CSJN%20 -%20Guia%20Buenas%20Practicas%20para%20 el%20tratamiento%20y%20difusion%20de%20 la%20informacion%20judicial.pdf
3 http://lenguajeclaroargentina.gob.ar/
4 Acordada 13 del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy de creación del Departamento de Prensa.
fue sino hasta después de la Primera Conferencia Nacional de Jueces que alcanzó a todos los Poderes Judiciales buscando romper con el aforismo que sostenía que “el juez solo habla por su sentencia”.
Con renovada vitalidad la comunicación comenzó a tomar cuerpo propio y a multiplicar la presencia informativa de los Poderes Judiciales.
Pero al tiempo que se producía tan significativo avance aparecieron Facebook y YouTube. Y la comunicación dejó de ser lo que era.
Las redes sociales transformaron en poco tiempo los consumos informativos. El cambio de la lógica vigente hasta ese momento provocó que los medios tradicionales comenzaran a dialogar con sus audiencias a través de las redes sociales en un intento por retener la centralidad que tuvieron históricamente, mientras la publicidad migraba hacia los nuevos canales.
La vitalidad de la comunicación judicial reflejada en un Foro5 específico formado en el seno de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires permitió hacer un seguimiento de este fenómeno, lo que se tradujo en la adopción progresiva de nuevos formatos de comunicación con una perspectiva “multiplataforma”.
5 https://www.jufejus.org.ar/foros/comunicacion-y-prensa/
Así, a aquel parte de prensa que tomaba herramientas de clarificación del lenguaje jurídico y redactado con tono periodístico le siguieron cuentas en redes sociales que usaban los formatos propios de cada caso.
Y de la palabra escrita se pasó progresivamente a un modelo de comunicación híbrido que combina todos los recursos existentes.
La percepción, sin embargo, es que pese a tamaño esfuerzo no se logró aún cerrar la brecha de desconfianza del ciudadano hacia el servicio de Justicia6.
El fenómeno es complejo y debe ser analizado.
II. Comunicar en tiempos de news avoidance
La transformación del ecosistema comunicacional producto del crecimiento de las redes sociales abrió la puerta a la circulación de información falsa y narrativas de odio, lo que sumado a una polarización inédita permitió la aparición del fenómeno identificado como evasión activa de la información7.
Un 46% de los argentinos elude activamente la información. El nivel es similar al de Reino Unido y superado en el continente por Brasil. Este
6 https://acij.org.ar/informe-que-piensan-abogadas-y-abogados-sobre-el-funcionamiento-de-la-justicia/
7 https://adepa.org.ar/los-medios-buscan-nuevas-formulas-combatir-rechazo-creciente-las-noticias/.
actualidad y formación profesional
es el caldo de cultivo ideal para que prospere la pandemia silenciosa de la desinformación y superficialidad.
La Justicia, cuando habla en el espacio público, educa y alfabetiza a la ciudadanía.
Y si a esto le sumamos la falta de claridad del lenguaje jurídico estamos frente a un escenario propicio que impacta en la imagen de la actividad judicial.
Debe sumarse necesariamente a este análisis la progresiva pérdida de los hábitos lectores en las nuevas generaciones habituadas al video y a la imagen. Y la irrupción de la Inteligencia Artificial con videos e imágenes generadas a partir de un prompt que provoca que la frontera entre lo real y lo falso sea difusa. Por lo menos el 40 por ciento de las cuentas de influencers en TikTok y en Instagram no son de gente real y de este porcentaje, por lo menos un 15 por ciento, son bots.
La aparición de influencers provocó situaciones inéditas. A una opinión que pudiera considerarse ofensiva o contraria al pensamiento mayoritario le sigue una suerte de castigo digital y social al que se lo conoce como “cancelación”8 donde se retira masivamente el apoyo al autor lo que se
8 https://www.instagram.com/p/DTVQEIkCEZM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==.
Veinte años de la Primera Conferencia Nacional de Jueces
Marcelo Baez
traduce en una caída de seguidores y un boicot repleto de expresiones que pueden llegar a ser difamatorias.
judicial un lugar propio en la agenda judicial.
de los Poderes
La presencia en las redes sociales
Judiciales brinda una imagen de apertura sin precedentes.
También el fenómeno de la “generación alfa” que por ejemplo adoptó el número 67 para comunicar irónicamente su molestia cuando se encuentran con una mentira sostenida en un vivo9.
Desde la comunicación judicial resulta imperioso conocer y abordar íntegramente esta nueva problemática planteada.
En 20 años el contexto ha cambiado dramáticamente.
La denominada industria periodística de medios tradicionales lucha hoy por subsistir y retener audiencias frente a la omnipotencia de los gigantes tecnológicos que direccionan el tráfico con solo retocar el algoritmo.
Desde esta perspectiva resulta entonces necesario establecer nuevos acuerdos institucionales que retomen la línea trazada en Santa Fe en 2006, dándole a la comunicación
La comunicación judicial debe dejar de ser un área auxiliar a la que se recurre solo cuando hay una crisis o se dispara un conflicto. Debe abandonarse la lógica reactiva que ha imperado hasta aquí. Debe incluirse como un área propia en la formación de la magistratura.
Las políticas comunicacionales deben tener continuidad estratégica. El recambio generacional de los miembros de un Poder Judicial puede plantear una crisis. Es que la comunicación no es patrimonio de una gestión personal sino un bien institucional de la Justicia.
Debe redefinirse el denominado “Acceso a Justicia” 10 incluyendo a la comunicación. La falta de comprensión y conocimiento de lo judicial desplaza a una gran cantidad de ciudadanos a una situación de vulnerabilidad.
Por eso es por lo que, necesariamente, la comunicación judicial debe ser activa y no deben escatimarse recursos para lograr su efectividad abarcando todas las plataformas.
En esta realidad un reel o una historia de Instagram pueden ser más efectivos que un concienzudo parte de prensa.
Pero claro, para ello debe quebrarse la resistencia a informar. Romper
9 https://www.marca.com/tiramillas/sociedad/2026/01/07/67-nuevo-codigo-numerico-define-generacion-alfa.html
10 https://www.justicia.ar/herramientas/ guia-de-acceso-a-justicia
con la cultura del exceso de formalismo ritual que en ocasiones abarca incluso a los partes de prensa, lo que sigue siendo una barrera infranqueable para la comprensión ciudadana.
III. ¿Analógicos o digitales?
La evolución de los consumos informativos ha sido veloz. Esto alimenta la impresión de que la Justicia es todavía analógica en contrapartida con lo digital.
Es algo así como seguir esperando al canillita que traiga los diarios para informarnos. Hoy todo el contenido de un matutino está en Internet y en las redes sociales desde mucho antes que el canillita comience a pedalear con su carga de diarios.
Ya no se trata solo de la tensión entre los tiempos judiciales y los tiempos mediáticos que fue suficientemente analizada tras el caso “Ángeles Rawson” 11 , que tuvo una cobertura constante generando una urgencia mediática y social sin precedentes.
El nuevo esquema comunicacional favorece la rápida circulación de noticias. Y particularmente tantas fake news han provocado una suerte de costra social que se traduce en la citada desconfianza e indiferencia hacia la información.
En esta actualidad de influencers y bots distribuyendo información de dudosa fiabilidad 24/7 resulta imperioso que los Poderes Judiciales
11 https://fopea.org/tag/caso-angeles-rawson/.
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fortalezcan sus estructuras comunicacionales pues la desconfianza en las noticias socava la esencia misma de la Democracia.
Luego de la ola de influencers parloteando sobre comidas, problemas de la vida cotidiana, noticias y algunos casos policiales y judiciales tratados superficialmente, la ciudadanía pareciera necesitar una brújula.
Es una renovada oportunidad para la información fiable. Y esto involucra a las fuentes oficiales y a medios y periodismo que informan12 verazmente siguiendo el viejo principio del chequeo de cada noticia que se publica.
Las herramientas de inteligencia artificial generativa (IA) pueden ser aliadas en este rumbo. A principios de año la revista Time lanzó su agente de IA (https://time.com/timeai/ ), alimentada por su propia colección, dándole valor al archivo histórico del medio.
Algo similar podría imaginarse con la jurisprudencia de los Poderes Judiciales, permitiendo el entrenamiento de un agente de IA propio y seguro luego de cumplida la anonimización de los datos personales de cada causa. Conversar con la Jurisprudencia puede resultar útil para abogados; pero también para periodistas y para los propios ciudadanos curiosos.
El sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación permite ac12 https://www.niemanlab.org/collection/predictions-2026/.
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Marcelo Baez
ceder a un resumen en lenguaje claro hecho por una IA. Es un desarrollo de la Dirección de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación accesible desde https://www.csjn.gov. ar/tribunales-federales-nacionales/ inicio.html.
Desde mayo de 2025 la CSJN estableció la publicación obligatoria de sentencias de todos los tribunales nacionales y federales. Y desde diciembre de 2023 el Poder Judicial de Río Negro13 publica en su sitio web fallos de todos los fueros, incluidos los de Familia y Ejecución Penal.
La IA puede contribuir a dar un nuevo paso hacia la transparencia activa llevando la publicidad de los órganos judiciales a una nueva instancia y permitiendo la tutela efectiva de derechos a través del acceso a la información judicial, como bien se definiera en la citada “Guía de Buenas Prácticas para el Tratamiento y Difusión de la Información Judicial”.
Ya no se trata solo de clarificar unos cuantos fallos judiciales para facilitar su comprensión y cerrar un poquito la brecha de la transparencia judicial.
La disponibilidad de fallos permite mejorar la comprensión de las decisiones judiciales reduciendo la brecha simbólica que existe entre la Justicia y la sociedad. Pero además fortalece la comunicación y el desarrollo de la actividad periodística.
13 Acordada 19/2023.
Al fin y al cabo, la sentencia es básicamente una extraordinaria pieza comunicacional, lo que reafirma la necesidad de la claridad en su redacción pues los abogados no son los únicos intérpretes de las resoluciones judiciales.
IV. De la sala de audiencia a la pantalla
En 2023 fue noticia que la transmisión en vivo de la lectura del veredicto en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa14 a través del canal institucional de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires alcanzó más de un millón de visualizaciones y un pico de 114 mil usuarios conectados simultáneamente al vivo.
El uso de transmisiones en vivo es una de las herramientas que los dispositivos comunicacionales de los Poderes Judiciales de Argentina emplearon efectivamente con la finalidad de romper la desconfianza que floreció entre las audiencias por la desenfrenada circulación de información falsa citada anteriormente.
El vivo es útil para que la comunicación judicial se abra paso en este complejo escenario actual.
Umberto Eco, en “Cinco escritos morales”, defendía su claustro universitario de la filmación en directo de una de sus clases. Cuestionaba allí el despliegue dado a la noticia de su negativa a permitir el ingreso al periodista Piero Chiambretti con sus
14
https://www.youtube.com/live/AgBrRds9HNQ?si=BfGnhDTm7V03zDvI
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cámaras al aula universitaria. “Si precisamente esa era la noticia (porque es realmente una noticia que algún santuario quede televisivamente virgen), valía cuatro líneas entre los breves de curiosidades”.
La desintermediación propia que se produce a partir de las transmisiones en vivo evita que algunas de las partes en el proceso judicial ocupen el vacío comunicacional. Brinda además al periodismo y a la ciudadanía acceso directo a la sala. Es algo que en la actualidad hace el Poder Judicial de Tucumán15 desde su portal de “audiencias” y recientemente el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes aprobó el proyecto “Acceso Ciudadano a Audiencias Judiciales” por el que se habilitará el ingreso virtual como observador a determi15 https://www.justucuman.gov.ar/seleccione-audiencia
nadas audiencias públicas del fuero penal16
Se evita también que la presencia de las cámaras pudiera entorpecer el normal desarrollo de una audiencia. Algo que en 1996 abordó el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que resolvió el problema permitiendo la filmación en forma previa al inicio de la audiencia advirtiendo que “el quehacer periodístico no deberá importar instalación de equipos o cables que dificulten la inmediata iniciación del debate”.
Algo similar hace el Poder Judicial de Salta permitiendo las filmaciones y fotografías en forma previa al inicio de las audiencias.
La realidad mediática es muy distinta a la de años atrás. El periodista multitasking llega a la sala de au16 https://www.diariojudicial.com/news-103516audiencias-penales-para-todo-publico
Veinte años de la Primera Conferencia Nacional de Jueces
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diencia con su smartphone a cuestas y toma fotos, graba videos y hace un vivo. Todo en pocos minutos.
Por la citada crisis de los medios tradicionales los Poderes Judiciales deben asumir por su cuenta la transmisión de las audiencias. En una sentencia de 1984 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recalcó que “la publicidad del procedimiento protege a los justiciables contra una justicia secreta que escapase de la fiscalización del público; y constituye uno de los medios que contribuyen a mantener la confianza en los tribunales de justicia” 17 .
Es recomendable profundizar la estrategia de transmisión de audiencias de debate, aunque debe advertirse que en algunas jurisdicciones persisten impedimentos procesales. En estos casos se transmiten las fases iniciales y las audiencias de alegatos y de veredicto.
Esto permite evitar la presencia de cámaras en las salas y resolver aquel dilema que planteaba Eco.
V. Sesgos y nuevo “juicio paralelo”
El denominado “juicio paralelo” del que se habló y escribió mucho ya no transita solo por las publicaciones de los medios tradicionales como se cree aún desde una perspectiva analógica.
Los contenidos judiciales interesan socialmente. Es una verdad inalterable fortalecida por la realidad.
El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico18 lo define desde aquel concepto tradicional como el “Proceso público de enjuiciamiento realizado por los medios de comunicación sobre un asunto que está siendo conocido por los tribunales”.
Diarios, radios y televisión definían hasta hace unos años los temas de los que hablaba la sociedad. Era la “agenda setting”. En la actualidad esta agenda es fragmentada y la presencia de los medios tradicionales es débil apareciendo solo con fuerza en determinados casos donde sobrevuela la sombra de los intereses sectoriales.
El “juicio paralelo” discurre hoy por las redes sociales y tiene otra vitalidad.
El algoritmo que —como se dijera— las redes sociales periódicamente actualizan suele premiar la reacción inmediata, lo que ha dado lugar a que florezca la indignación como sentimiento social provocando que todas las decisiones públicas, incluyendo las judiciales, pasen por el tamiz de estas emociones.
Tanto hater y bot desacreditando puede desalentar al más pintado. La comunicación, particularmente la ju-
17 Caso “Sutter”, sentencia del 22 de febrero de 1984.
18 https://dpej.rae.es/lema/juicio-paralelo
dicial, siempre estuvo expuesta a estos vaivenes.
Lo estuvo antes, cuando los comentarios periodísticos no necesariamente eran elogiosos. Pero claro, el poder amplificador de las redes a veces asusta.
Las redes sociales van a seguir premiando la indignación por lo que resulta inevitable que las publicaciones de los Poderes Judiciales no necesariamente cosechen likes.
Las redes sociales validan los propios sesgos de sus usuarios, lo que convierte al nuevo espacio público en una gran cámara de eco donde se escucha y atiende solo lo que se quiere escuchar.
Esto no debe desalentar. Por el contrario, es necesario persistir en el camino de apertura e incorporación de nuevos formatos, como se hiciera en 2025, con dos experiencias de empleo del formato de streaming específico en el seno de Jufejus19.
VI. Doctor, no
La Justicia no puede recurrir al clickbait como estrategia; pero sí debe adaptarse a los nuevos formatos. Se deben sostener —como ya dijera— las estrategias híbridas que complementan el tradicional parte escrito con una mayor presencia en redes, lo que significa adaptarse a la tendencia de buscar información 19 https://www.jufejus.org.ar/jufejus-emitio-un-nuevo-streaming-desde-ushuaia/
actualidad y formación profesional
contada en pocos segundos, en una historia, por ejemplo.
Sobre el parte escrito en las páginas webs institucionales debe insistirse en la necesidad de priorizar el contenido por sobre las formas. En el anexo “Lineamientos Generales para la Redacción de Gacetillas para el CIJ”, en el apartado sobre “pautas de redacción”, el documento puntualiza como regla “No se debe anteponer el título Dr./a., doctor/a al nombre de los magistrados y demás profesionales que intervengan en la causa”.
Aunque el CIJ fue disuelto el año pasado20 esta recomendación no ha perdido vigencia y hace a la necesaria simplificación de la redacción judicial.
El respeto al debido proceso sigue siendo un principio imprescindible en la comunicación judicial como bien se marcará en la Declaración de Montevideo de la XV Cumbre Judicial Iberoamericana “Buenas Prácticas en Materia de Comunicación” 21 .
“En su política de comunicación el sistema judicial deberá asegurar la libertad de información; pero, a la vez, cuidar especialmente que no resulten perjudicados derechos e intereses legítimos de las personas, los abogados y la sociedad en su conjunto, ni se vea afectada la independencia judicial. Los medios de comunicación tienen derecho a solicitar información sobre cualquier aspecto concernien-
20 Acordada 10/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, TR LALEY AR/LEGI/AZ6E.
21 https://cumbrejudicial.org/node/979
Marcelo Baez
te al sistema de justicia y éste debe facilitársela siempre que no existan obstáculos de orden constitucional o legal”.
Un parte de prensa no reemplazará nunca a un fallo. Como tampoco reemplaza la palabra de un juez.
VII. Divulgadores judiciales
Desde 2006 a la fecha no creció considerablemente la cantidad de magistrados hablando con el periodismo en los medios de comunicación, aunque sí hubo saludables cambios de hábitos.
Tampoco hubo una apertura masiva de cuentas individuales de jueces en redes sociales para hablar sobre la Justicia.
Torna necesario recordar en este punto el dictamen de la Comisión de Ética Judicial22 que ratificó el derecho
22 https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/ Temas/Etica-Judicial/Comision-de-Eti -
a la libertad de expresión de jueces y juezas marcando que este será ejercido “con prudencia y moderación” para preservar la “independencia y apariencia de imparcialidad”.
Este dictamen, en su principio 20, marcó: “En sus relaciones con los medios de comunicación el juez y la jueza pueden desempeñar una valiosa función pedagógica de explicación de la ley y del modo en que los derechos fundamentales operan en el seno del proceso”.
La Justicia cuando habla en el espacio público, educa y alfabetiza a la ciudadanía. Es lo que en 2007 sostenía el documento “Elementos para el diseño e implementación de una po-
ca-Judicial/Dictamenes-y-acuerdos/ Dictamen--Consulta-04-20---de-14-de-enerode-2021--Participacion-en-foros-publicos-medios-de-comunicacion--redes-sociales-conferencias--etc----Posible-afectacion-a-laimagen-de-independencia-e-imparcialidad-Limites-de-la-libertad-de-expresion-.
lítica de información judicial”23, presentado en un plenario que reunió a los responsables de la comunicación judicial argentina.
“El Poder Judicial —en su doble dimensión constitucional federal y provincial— (debe) desarrollar una política de gestión del componente IEC (Información, Educación y Comunicación) que toda política pública —a desarrollar por cualquiera de los poderes del Estado— tiene la responsabilidad social de diseñar y ejecutar, a los efectos de contribuir al mejor conocimiento, comprensión y participación de la sociedad en el desenvolvimiento y fortalecimiento de las instituciones y de sus políticas fundamentales”.
Un ejemplo de la aplicación práctica de este componente en la comunicación judicial es el caso de la fiscal española Escarlata Gutiérrez24 (@escar_gm) que ha publicado más de 117.000 tuits en la red social X (Twitter) habiéndose convertido en una “divulgadora” de referencia.
En España, seis años atrás, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) propuso usar la figura del “juez divulgador” o “juez explicador” para ayudar a los periodistas a comprender la sentencia del “Procés” (el movimiento independentista catalán). El magistrado Alejandro Abascal Junquera al explicar la decisión recordó que “[e]l lenguaje profesional que
23 Trabajo presentado por el profesor emérito de la UBA Enrique Zuleta Puceiro.
24 Es autora del libro #JurisprudenciaTuitaTuit (Ed. Lefebvre).
actualidad y formación profesional
empleamos en ocasiones es opaco y puede ser malinterpretado. Queremos ayudar a explicar, en un lenguaje llano y comprensible, todo lo que sea necesario y aclarar todas las dudas que puedan existir, desde un punto de vista aséptico y objetivo”.
La figura del “juez divulgador” o “juez explicador” surgió durante las “XIX Jornadas Nacionales de Presidentes de AAPP” siguiendo las recomendaciones de la Red de Consejos del Poder Judicial de Europa (ENCJ), con el fin de poder explicar las sentencias y las decisiones judiciales de una manera comprensible para la ciudadanía. El antecedente que llevó a esta recomendación fue el caso conocido como “La manada”.
La Corte Suprema de Justicia de Chile dictó en 2016 un “Estatuto en materia de vocería del Poder Judicial” que parte de señalar la eficiencia del portavoz, estableciendo distintas vocerías de acuerdo con el grado del Tribunal.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene desde 2006 un protocolo de acceso a la prensa y la información sobre los procesos judiciales que señala estrictamente quiénes son los portavoces autorizados.
En 2017 el Poder Judicial de La Pampa en el Acuerdo 3468 del Superior Tribunal de Justicia al referirse al “trato con los medios de comunicación” establece “los magistrados, voceros o personas designadas al efecto, deberán aportar a los medios de comunicación las explicaciones que le sean requeridas en términos comprensibles y concisos, en cuanto
Veinte años de la Primera Conferencia Nacional de Jueces
Marcelo Baez
resulten procedentes y no supongan la vulneración de alguna norma jurídica”. Esto conforme al punto 7 de los “Principios, reglas y buenas prácticas sobre las relaciones entre los Poderes Judiciales y los Medios de Comunicación” aprobado por la XV Cumbre Judicial Iberoamericana.
Pero el nuevo espacio público plantea desafíos que van más allá de las vocerías diseñadas para atender solo la demanda del periodismo tradicional de forma ocasional.
No se encuentren muchas experiencias de magistrados en nuestro país que en redes sociales publiquen algo más que sus fotos sociales o los afiches de las charlas académicas.
Tampoco se han sostenido en el tiempo los denominados modelos “open court” que algunos juzgados en forma individual implementaron desde la pandemia usando para ello cuentas en redes sociales donde se publicaban actividades, agenda de audiencias, datos institucionales, estadísticas internas y fotos. Muchas fotos. Este modelo comunicacional respondía a la necesidad de socializar la actividad de los magistrados antes que a estrategias vinculadas al fortalecimiento institucional en este nuevo espacio público.
Estos intentos aislados no tuvieron, en algunos casos, la continuidad requerida para abrirse paso en las redes sociales. Muchas de estas cuentas se diluyeron con el tiempo porque, entre otras cosas, no se preveía algo tan básico como un mecanismo de traspaso para el caso eventual que
su administrador fuera designado en otra función de la carrera judicial.
No hay una presencia masiva de magistrados con cuentas individuales en redes sociales tal vez como expresión cabal del temor a la desmesura de los haters.
Sí se han dictado reglamentaciones precisas como el Acuerdo 1670 Serie A del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que advierte que la mera presencia o utilización de las redes por parte de los jueces “no presenta ninguna dificultad desde el punto deontológico”.
“Los magistrados y funcionarios pueden hacer uso de redes sociales, incluso es recomendable la utilización de aquellas que les posibiliten socializar con ciertos ámbitos de información general o específica, tales como las académicas que contribuyan a la formación y actualización de los mismos en áreas de conocimiento diverso”, sostiene el artículo 1 de la citada resolución en un respaldo institucional claro a la presencia de magistrados en este nuevo espacio público.
Los jueces, como bien se señalara en los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial 25 tienen dere-
25 https://www.saij.gob.ar/0-internacional-principios-bangalore-sobre-conducta-judicial-lnt00 07711-2002-11-26/123456789-0abc-defg-g11-770 00tcanyel?&o=102&f=Total%7CTipo%20de%20 Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo/categoriavacia%7CPublicaci%F3n%7CTema/Derecho%20procesal/proceso%20 judicial%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=103
cho a la libertad de expresión y de creencias, derecho de asociación y de reunión, pero, se marcaba allí que cuando ejerza los citados derechos y libertades, “se comportará siempre de forma que preserve la dignidad de las funciones jurisdiccionales y la imparcialidad e independencia de la judicatura”.
Para afrontar el mal de la desinformación se requiere duplicar esfuerzos de alfabetización judicial y de transparencia.
En el contexto de la Primera Conferencia Nacional de Jueces de 2004 el interlocutor era el periodismo. Pero la transformación del ecosistema comunicacional amplió el universo. Hoy el ciudadano está en el otro extremo de la comunicación junto a los periodistas.
Ya no se debe pensar exclusivamente en el periodismo especializado o acreditado —como se le llamaba—. Ese modelo está en retirada producto de la crisis de los medios y la proliferación de profesionales multitasking para reducir los costos empresariales y cubrir una agenda informativa extensa y variada. En contrapartida hay una gran cantidad de influencers cuentapropistas que desde sus perfiles en Instagram o TikTok pugnan por captar la atención en este tiempo de contenidos. Lo que se llamaba “periodismo ciudadano” cuando se generalizó el smartphone dio lugar a este fenómeno.
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Lo viral es el santo grial de la modernidad. Si hasta los abogados usan sus cuentas en redes ya no solo con el objetivo de ganar clientes, sino para buscar visibilidad y la ansiada fama que da la viralidad.
La presencia en las redes sociales de los Poderes Judiciales brinda una imagen de apertura sin precedentes, pero la movilidad de los algoritmos torna desaconsejable cualquier intento de reglamentar internamente su uso. Hace poco las imágenes tenían buen rendimiento en la medición de métricas posterior, luego el video en vertical mirando a la lente y ahora los contenidos generados por IA.
No se puede reglamentar con una rigurosidad pétrea lo que muta rápidamente por imperio del mercado y la disputa permanente por el predominio.
Tampoco pueden los Poderes Judiciales entrar en la búsqueda de viralidad o de likes. No hay lugar para la estridencia en la comunicación judicial por lo que no es aconsejable la presión para conseguir métricas de visibilidad para un contenido particular.
Los contenidos judiciales interesan socialmente. Es una verdad inalterable fortalecida por la realidad.
La premura de las redes provoca que muchos contenidos no sean previamente verificados como recomienda la práctica periodística y eso un riesgo para la Justicia en este nuevo espacio público.
Marcelo Baez
VIII. Informar en tiempos del scroll
Las estrategias comunicacionales deben cubrir todo el espectro persistiendo en la narración de lo que ocurre en las causas judiciales y buscando mejorar la reputación sin importar jurisdicción ni fuero, humanizando los contenidos lo que es al fin un valor diferencial.
La reputación es una construcción colectiva permanente y no fugaz e individual, aunque se vea a diario que se premian con corazones y vistas publicaciones producto de la hiperpersonalización de Internet. Esto se genera justamente por los algoritmos que conocen los gustos de sus usuarios a la perfección armando un feed ajustado a sus preferencias. El siguiente paso será el de los contenidos informativos personalizados26.
En la reunión de 2025 del Foro de Prensa y Comunicaciones de Jufejus tuvimos la oportunidad de dialogar con Tomás Kroyer y Ayelén Laurencena, quienes son —respectivamente— Gerente de Políticas Públicas e Iniciativas y Gerente de Gobierno, Políticas y Organizaciones no Gubernamentales de Sudamérica, de la empresa Meta.
La pregunta recurrente fue cómo aumentar la visibilización de las publicaciones hechas desde las cuentas institucionales de los Poderes Judiciales. La cantidad de seguido-
26 https://www.infobae.com/tecno/2025/08/07/ infobae-transformo-el-periodismo-digital-con-inteligencia-artificial-daniel-hadad-en-ia-conversation-de-google/.
res no asegura una cifra similar de visualizaciones producto del algoritmo. Las visualizaciones llegarán siempre de la mano de contenidos creativos, innovadores, relevantes y en los formatos disponibles.
¿Cómo entrar en el scroll informativo27 de los argentinos?
El scroll o scrolling es una palabra nueva que se refiere a la acción de desplazarse por una página o por el feed de publicaciones. El scroll es prácticamente infinito. En la referida reunión del Foro de Prensa y Comunicaciones de Jufejus se dijo puntualmente que en Argentina a 2025 fue equivalente a la altura de dos jirafas, vale decir unos doce metros diarios aproximadamente.
El desafío entonces para cualquier publicación es abrirse paso en ese tránsito del ciudadano entre las noticias y lograr, concretamente, que frene su búsqueda en un contenido judicial.
A lo largo de los últimos años los dispositivos comunicacionales han ido actualizando sus prácticas en este escenario cambiante. La comunicación judicial en este plano se hace sin sesgos y permite al periodismo la verificación de lo que pudiera estar circulando en redes.
Esto obliga a que los Poderes Judiciales incorporen herramientas nuevas como, por ejemplo, el social
27 https://comercioyjusticia.info/profesionales/algunas-ideas-para-la-comunicacion-judicial-frente-al-nuevo-scroll-informativo/.
listening para conocer y prevenir el abordaje de determinados temas pues ya no basta con el seguimiento de medios, la lectura desmenuzada de diarios o el clipping informativo con el que se sopesaban las tendencias de la opinión pública.
Con herramientas nuevas como la escucha activa se podrían detectar “granjas de bots” que en ocasiones son empleadas para instalar noticias falsas, volcar la conversación social de una manera determinada o generar comentarios negativos en redes como ocurrió en España en el denominado BarçaGate28. También obliga a adaptarse a los cambios por venir, como por ejemplo la posible desaparición del botón “me gusta” de Facebook.
Para afrontar el mal de la desinformación se requiere duplicar esfuerzos de alfabetización judicial y de transparencia. La desinformación atenta contra los Derechos Humanos, concretamente el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La implementación de bots judiciales usando la IA permitiría a los ciudadanos interactuar en cualquier momento y acceder al servicio de justicia desde la comodidad del teléfono sin necesidad de trasladarse físicamente a los tribunales.
28 https://www.infobae.com/america/deportes/2021/03/01/que-es-el-barcagate-el-escandalo-que-llevo-a-la-detencion-de-josep-maria-bartomeu/.
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La IA empuja a las oficinas comunicacionales de los Poderes Judiciales hacia una redefinición de su flujo de trabajo interno. Como se dijera, está en jaque la confianza ciudadana, y entonces las fuentes oficiales emergen como un faro entre la abundancia de contenido y su veloz distribución.
Los equipos comunicacionales de los Poderes Judiciales son un activo importante en este contexto. Su ductilidad y prudencia les ha permitido actualizar prácticas y llevar adelante experiencias exitosas en este escenario fragmentado de sobreabundancia informativa y dominado por lo fugaz, explicando y traduciendo las decisiones judiciales sin alterar la esencia de lo resuelto.
Las oficinas especializadas deben seguir funcionando como usinas de producción de la información judicial buscando abrir paso para la voz oficial judicial en la atención ciudadana con presencia constante en todos los canales disponibles. No hay que cejar en el empeño. Esto debe seguir siendo una prioridad institucional de la Justicia.
La sociedad sigue necesitando noticias judiciales y todavía más si son producidas por fuentes oficiales. Persiste la necesidad de la información que corrija la desinformación, sin necesidad de entrar en polémicas inútiles.
La sociedad sigue necesitando comprender lo judicial.
Naturaleza jurídica y necesidad de un régimen
Julián Leonel Iglesias
Abogado
(UBA). Especialista en derecho del trabajo y seguridad social.
I. Palabras preliminares
Los sistemas normativos, todo en su conjunto, emerge de la sociedad como efecto posterior a los sistemas productivos. La realidad se construye en la interacción económico-social. A partir de esta premisa, los legisladores sancionan las normas por causa-efecto.
Los sistemas de seguridad social son diversos y cambiantes, acompañando los cambios de cada sociedad por tal motivo, deben acompañar las realidades culturales regionales. Si bien hay lógicas de estudio y desarrollo, no todo sistema es aplicable a cada país.
En los modelos de trabajo y seguridad social, la industria informática en los últimos treinta años se desarrolló de forma exponencial. Tal es el supuesto que las mayores economías están vinculados a la industria del software y la tecnología informática.
Naturaleza jurídica y necesidad de un régimen diferencial para los trabajadores...
Julián Leonel Iglesias
Ante una nueva realidad económica, el derecho debe reconocer una transformación social: el trabajo informático, que representa una nueva forma de producción y de vida. Los cambios productivos acompañan a la sociedad en su desarrollo y estas realidades no pueden ser desconocidas por la política. Asimismo, en el supuesto que los legisladores no logren acompasar la realidad social, como consecuencia, pierden su capacidad de representación de su electorado y razón de ser.
II. Exordio: La desincronización entre la norma y la realidad laboral-tecnológica
El sistema previsional argentino, estructurado fundamentalmente sobre el eje de la ley 24.241, responde a un modelo de producción industrial del siglo XX.
El concepto de “desgaste” que subyace en los regímenes diferen-
ciales vigentes (decs. 4257/68 y 5912/72) se limita, casi de forma exclusiva, a la agresión de agentes físicos, químicos o biológicos sobre el organismo del trabajador.
No obstante, la emergencia de la Economía del Conocimiento (ley 27.506) ha configurado un nuevo tipo de trabajador: el “proletariado cognitivo”. En este sector, el agotamiento se manifiesta necesariamente en el desgaste mental del trabajador. El presente artículo se propone fundamentar por qué la permanencia en el mercado laboral informático hasta los 65 años de edad resulta, en términos de bioética laboral y eficiencia sistémica, una pretensión jurídica insostenible. Asimismo, el régimen especial informático es la posibilidad de mejorar la financiación de la seguridad social Argentina, aumentar la cotización de la actividad creando un régimen diferencial. La seguridad social tiene su naturaleza en el seguro social, es
decir, la contribución expresada en el aporte que hacen los empresarios y los que trabajamos.
III. El fenómeno de la “obsolescencia humana programada” en el sector IT
III.1. El Tecnoestrés y la carga alostática
La medicina del trabajo moderna define la “carga alostática” como el desgaste acumulado por el cuerpo ante la exposición repetida al estrés crónico. En el programador, esto se traduce en la exigencia de resolución de problemas complejos bajo presión temporal ininterrumpida.
Citando a Rodríguez Mancini, la subordinación en estos casos no es solo jurídica, sino “mental-intensiva”. El trabajador informático está sujeto a regímenes de agile y scrum que imponen picos de dopamina y cortisol que, sostenidos por tres décadas, derivan en una senescencia cognitiva prematura que la ley previsional no puede ignorar sin violentar el principio de equidad (art. 16 CN).
La ley debe ser igual para los iguales en igualdad de condiciones. Constituir un régimen especial informático permitiría proteger la integridad física de los trabajadores de dicha industria.
El mercado laboral IT expulsa a los sujetos mayores de 50 años.
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III.2. La brecha de empleabilidad y el principio de “realidad económica”
En la práctica judicial, observamos que el mercado laboral IT expulsa a los sujetos mayores de 50 años. Estamos ante una paradoja jurídica: el sistema exige aportar hasta los 65 años, pero el mercado laboral del sector —por razones de velocidad de actualización tecnológica— deja de considerarlos aptos mucho antes. Esto configura una situación de desprotección encubierta. En mi concepción, también vale mencionar que es un “ilícito moral” dejar un trabajador sin su fuente de ingreso, siendo el derecho del trabajo el único “cristal adecuado” para analizar la realidad social con sus instituciones propias. El derecho del trabajo es protectorio y la seguridad social debe receptar estos principios, en beneficio hacia el trabajador, dado que la relación de contratación se caracteriza por la hiposuficiencia del obrero (relación oblicua en detrimento de la parte trabajadora).
En mi entender, el derecho se caracteriza por una unicidad en su interpretación, la inspiración en causas nobles de justicia en protección de las poblaciones vulnerables. De este argumento, emerge la conexidad entre el derecho del trabajo y la seguridad social.
Naturaleza jurídica y necesidad de un régimen diferencial para los trabajadores...
Julián Leonel Iglesias
IV. Fundamentación dogmática de la diferenciación
IV.1. El principio de progresividad y no regresión
El art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional y el Protocolo de San Salvador exigen que el Estado avance en la cobertura de riesgos sociales. Crear un régimen diferencial para informáticos es una medida de acción positiva que reconoce una nueva vulnerabilidad social: el trabajador del conocimiento envejecido.
V. Diseño de la propuesta normativa: el fondo compensador IT
Para que la propuesta sea viable en el marco del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se sugiere:
- Pautas de acceso: 57 años de edad y 25 años de servicios efectivos en tareas de desarrollo, arquitectura o infraestructura crítica.
- Sostenibilidad: Incremento de 2 puntos porcentuales en las contribuciones patronales para empresas beneficiarias de la Ley de Economía del Conocimiento.
- Naturaleza del beneficio: Jubilación ordinaria por régimen diferencial, garantizando la tasa de sustitución del 82% móvil (en línea con la doctrina de la CSJN en “Badaro”).
VI. Conclusiones
La dogmática jurídica no puede ser una foto estática del pasado in-
dustrial. La industria del software en Argentina no solo necesita incentivos fiscales, sino también una seguridad jurídica previsional para sus trabajadores. Un régimen diferencial permitiría una rotación virtuosa de la fuerza laboral, protegería la salud de los trabajadores veteranos y formalizaría una masa salarial que hoy busca refugio en esquemas de cobro transfronterizos.
La industria del software en Argentina no solo necesita incentivos fiscales, sino también una seguridad jurídica previsional para sus trabajadores.
VI. Bibliografía
Ackerman, Mario E. (2022). Tratado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Tomo VI: Riesgos del Trabajo y Previsión. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni.
Bernasconi, G. (2021). “Nuevas patologías laborales en la era digital: El desafío de la Seguridad Social”. Revista de Derecho Social y del Trabajo.
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fallo “García, María Isabel c/ AFIP s/ acción de amparo” (2019). Sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores y la naturaleza integral de las jubilaciones.
Chirinos, Bernabé L. (2018). Tratado de la Seguridad Social. Buenos Aires: Abeledo Perrot. (Análisis sobre
la autonomía del Derecho Previsional).
Livellara, Silvana. (2023). “El impacto de la inteligencia artificial y la informática en la salud psicofísica del trabajador”. Doctrina Laboral y Previsional, Errepar.
Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2021). Informe sobre la protección social en el mundo: Hacia sistemas más sostenibles y equitativos.
actualidad y formación profesional
Pizzillo, Gerardo. (2019). “Regímenes Diferenciales: Justificación y Perspectivas”. La Ley: Suplemento de Seguridad Social
Vázquez Vialard, A. (2005). Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ed. Astrea
María Angélica Gelli (2011). Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, 4ta edición ampliada y actualizada – 4ta. Edición.
Rossana Bril
@rossana_bril
Abogada ambientalista, especialista en Derecho de Seguros. Diplomada en Arbitraje Internacional. Especialista en Derecho Tributario. Formada en Derecho Colaborativo, Comunicación no violenta, Derecho Sistémico, Certificada por la ICF como coach ontológica avanzada, formada en Coaching en el Poder y la Política, capacitada en áreas como neurociencia y derecho, bioneuroemoción, metafísica, física cuántica. Fundadora de Utópica Escuela Hispanoamericana para Estrategas de Paz. Creadora del Método Abogar. Autora del libro “Abogar Emergente”. Creadora de MARC (métodos ágiles de resolución de conflictos), un sistema para la resolución de conflictos socioambientales, sociales, empresariales y complejos.
entrevistas
¿Cómo definirías la abogacía holística y cuáles considerás que son sus principales diferencias respecto a la práctica tradicional?
Desde mi punto de vista, la abogacía holística es una abogacía integral, amplia y abierta a incorporar otras disciplinas que ayuden a abordar los conflictos desde un nuevo paradigma: el del conflicto como oportunidad.
Desde esta perspectiva, el conflicto deja de ser solo un problema que resolver —donde alguien tiene que ganar y otro perder— para convertirse en la expresión de un desequilibrio vincular que necesita ser identificado, a fin de recuperar el equilibrio y encontrar la paz.
La abogacía holística responde a una evolución de la conciencia, individual y colectiva. Podríamos decir que es un cambio de paradigma: una práctica al servicio de la evolución y el crecimiento de nuestra profesión, que honra y agradece lo recibido hasta el momento y avanza hacia un nuevo paradigma.
Las principales diferencias con la práctica profesional clásica son:
- La mirada del conflicto como oportunidad.
- La incorporación de disciplinas y herramientas que no pertenecen al campo legal.
- No tiene fronteras, competencia ni jurisdicción.
- Los tiempos de los procesos son orgánicos y responden a las necesidades de las partes involucradas.
- No requiere que todos los participantes incorporen la mirada holística ni que estén de acuerdo en su aplicación.
- Su aplicación es personal e independiente de la voluntad de las otras partes, lo que genera libertad y soberanía.
- Toma en cuenta las leyes positivas e incorpora las leyes universales.
- Tiene como propósito la recomposición de los vínculos y la construcción de paz.
Rossana Bril
¿Qué experiencias personales o profesionales te llevaron a explorar y adoptar el enfoque holístico en el derecho?
Transité por diferentes momentos. A partir de una gran decepción con la justicia tradicional —tras ganar un caso ambiental en la Corte Suprema— estuve a punto de renunciar para siempre a la profesión. Entonces ingresé en un proceso interno de introspección y dejé durante un año mi ejercicio profesional, porque esa situación fue muy dura para mí. En ese tiempo estudié bioneuroemoción, física cuántica, técnicas de meditación, instructorado en yoga y coaching ontológico, entre otras disciplinas. Así fui descubriendo un mundo fuera del derecho, y sentí que debía formar parte del derecho.
Fue ahí cuando creé mi programa de coaching jurídico, para llevar esas herramientas al campo legal; eso fue en 2018.
A partir de entonces descubrí el derecho colaborativo, el derecho sistémico y la justicia restaurativa, y comencé a enamorarme nuevamente del derecho. Vi que había mucho más que litigar: vi claramente el conflicto como oportunidad. Seguí estudiando transgeneracional, descodificación cuántica y otras disciplinas, porque buscaba una salida para las personas que no querían entrar en la clásica conflictividad y querían algo más; personas que buscaban el porqué y el para qué de su situación, que estaban abiertas a ver lo que el conflicto les mostraba y querían intentar hacerlo diferente.
Y así fue apareciendo, naturalmente, la abogacía holística. De forma orgánica fui organizando un método de atención y acompañamiento que tiene como objetivo la recomposición de los vínculos y la paz.
¿Cuáles son los principales mitos o confusiones que encontrás cuando hablás de abogacía holística?
Que es algo esotérico; que podemos mezclar tarot, ángeles, registros akáshicos, etc., con la abogacía. No es así, ni debe serlo.
Para mí, la abogacía holística tiene una estructura científica y clara. Se sostiene sobre cuatro pilares: coaching jurídico transformacional, pensamiento sistémico, transgeneracional y física cuántica.
entrevistas
¿Existen tipos de casos o situaciones en los que el enfoque holístico resulta especialmente efectivo? ¿Podrías compartir ejemplos?
En todos los casos el enfoque holístico es efectivo, siempre que el cliente esté abierto y dispuesto a mirar todo lo que el conflicto viene a mostrarle. Requiere que el cliente tenga humildad, se entregue al proceso y renuncie a querer tener razón o a ganar. No hay lugar para la manipulación, ni para la mentira, ni para la negación. Es para clientes que eligen asumir su parte en el conflicto.
La abogacía holística no tiene limitaciones en su aplicación, porque depende del cliente. Tengo varios ejemplos: separaciones, divorcios, herencias, estafas; tanto casos por iniciar como procesos largos que llevaban años de juicios en trámite.
Te puedo resumir el resultado de esos procesos. Quienes venían por una separación o divorcio —con temas de infidelidad, traición y dolor—, tras el proceso de acompañamiento se separaban con mucha paz, sin guerras, con acuerdos, con la tranquilidad de saber que era la mejor decisión y conservando un buen vínculo con su ex.
Quienes ya estaban en procesos judiciales e ingresaban a este abordaje cerraron todos los expedientes que tenían abiertos. Hablo, por ejemplo, de un matrimonio con 18 causas judiciales y más de 10 años de juicios: llegaron a un acuerdo, las hijas volvieron a estar con el padre después de 10 años de peleas y recompusieron sus vínculos intrafamiliares.
En el caso de una herencia muy trabada por cuestiones vinculares entre los hermanos, a través de la lectura de la descodificación cuántica y transgeneracional pudimos encontrar el patrón que se repetía, trabajarlo y avanzar con el trámite de la sucesión y el acuerdo entre las partes.
También trabajé un tema de penal económico, en el que había una falsa denuncia de estafa. Hicimos un trabajo sumamente profundo —nos llevó más de un año— sobre toda la información familiar y ancestral que esa persona estaba repitiendo. A esto lo llamo identificar el código invisible del ADN del clan, para decodificar la raíz del conflicto.
Rossana Bril
¿Cuáles son los primeros pasos para convertir un problema legal en una oportunidad de entendimiento y sanación?
Todo problema legal aparece porque hay un conflicto, y todo conflicto es una oportunidad para evolucionar, esté judicializado o no.
El primer paso es entender este cambio de paradigma. El siguiente es animarse a ver qué nos está mostrando ese conflicto, lo cual requiere que el cliente —la persona que transita el conflicto— se coloque en un lugar de adulto y salga del lugar de víctima. Por su parte, el abogado también debe reposicionarse: salir del lugar de salvador, de querer tener la solución y todas las respuestas para el cliente; ver al cliente como un adulto, comprender hasta dónde puede llegar su acompañamiento y entrenarse para caminar por dos campos de información paralelos, el técnico-legal y el holístico integral.
Desde tu perspectiva, ¿qué beneficios concretos experimentan tus clientes al abordar sus conflictos legales desde una visión integral? ¿Podés compartir una experiencia o caso donde el abordaje holístico haya generado un cambio significativo en la vida de tus clientes?
El principal beneficio es la recomposición de los vínculos, y esto es muy importante. No estamos hablando de que tengan que volver a ser amigos, olvidar todo lo que pasó y abrazarse. No. Tiene que ver con que las personas comprendan el porqué y el para qué de lo que sucedió, y cambien su perspectiva y su mirada respecto del otro y de sí mismas.
En muchas ocasiones los clientes vienen y me cuentan lo tremenda que es su expareja —puede ser hombre o mujer—, me describen las situaciones que el otro genera y cómo se sienten. En la mayoría de los casos yo les digo: “Es tu maestro/a”, y me miran indignados: “¡No! No es así, ¡es una locura!”. A medida que avanzamos en el proceso, van comprendiendo esa metáfora y aceptando lo que viven.
Lo que más me gusta de este tipo de procesos —que yo denomino “estrategia de paz”— es la reconstrucción de los vínculos: cómo vuelve a circular y fluir el amor en ellos. El amor como energía, como frecuencia; no el amor romántico, sino el amor que surge de estar en paz tras atravesar la tormenta de un conflicto y ver sus enseñanzas.
Es realmente un salto evolutivo para esa persona y para su entorno, porque todo lo que aprende de ese conflicto lo lleva a otras situaciones. Las personas se van convirtiendo en “agentes de paz” a partir de su cambio. Es realmente hermoso.
Vemos así que nuestra profesión puede ser mucho más que resolver conflictos o dar soluciones: se trata de transformar vidas, de transformar la sociedad a través de la transformación de los vínculos, porque los vínculos son el tejido primario de la estructura social.
Te puedo compartir el caso de una mujer que vino a verme por un divorcio. Estaba muy herida porque su marido la engañaba con otra mujer y recibía mucho maltrato de su parte. Me dijo que no quería caer en la típica denuncia penal, exclusión del hogar, etc.: quería separarse, pero en paz. Así que hicimos un proceso de tres meses para ver qué le estaba mostrando el conflicto y, finalmente, ella le planteó el divorcio. Tuvieron una conversación muy amorosa los dos, junto a sus cuatro hijos pequeños; ella le agradeció delante de ellos todos los años compartidos, y se separaron en paz, con mucho respeto y amor. Es un caso muy lindo: doloroso para ella, por supuesto, pero feliz y en paz. Después se puso a reorganizar su vida.
¿Qué disciplinas o herramientas complementarias integrás en tu práctica y cómo contribuyen a la resolución de conflictos?
Aplico el coaching jurídico transformacional, el transgeneracional, las constelaciones familiares y organizacionales, la física cuántica, la neurociencia, la decodificación y conexión cuántica, la descodificación cuántica y la reprogramación y gestión del sistema nervioso a través de diferentes técnicas de respiración. También aplico las leyes universales, además de las leyes positivas aplicables a cada caso.
Rossana Bril
¿De qué manera lográs incorporar el bienestar emocional y espiritual en el acompañamiento legal, sin perder de vista el marco jurídico?
Cuando comprendemos el porqué y el para qué de lo que nos está pasando o nos pasó, suceden varias cosas. Lo primero es que el cliente encuentra claridad, y la claridad da paz. Dentro de las herramientas que utilizo, la inteligencia emocional y vincular es fundamental, y es una de las competencias que entreno con los abogados en mis programas. Las emociones tienen una estructura, y al conocerla nuestro abordaje se vuelve más profundo.
El marco jurídico siempre está presente; en el fondo, es lo más fácil. El marco jurídico se estructura, pero puede estructurarse desde el dolor, la guerra y la venganza, o desde la paz y el amor.
¿Enfrentaste resistencia o escepticismo dentro del ámbito legal respecto a este paradigma? ¿Qué estrategias utilizás para gestionarlo?
¡Sí, mucha! Mi estrategia es abrir este conocimiento a quien quiera recibirlo y renunciar a intentar convencer a nadie de nada. Yo estoy convencida, los clientes están convencidos, lo experimentan, y con eso me basta.
Sé que el camino es largo y quizás no tan fácil. Pero siento tanto amor en mi corazón cuando soy testigo y parte de la transformación de vínculos que estaban totalmente fragmentados hacia un lugar de paz y recomposición, que eso lo es todo para mí. Generar paz en esos microespacios es ser parte de la construcción de paz. El mundo no necesita más guerras: necesita más paz.
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Como mentora y coach, ¿percibís que los abogados tradicionales están abiertos a incorporar herramientas de coaching jurídico, o aún existe resistencia? ¿Cómo lo vivís en tu práctica?
Hacia las herramientas de coaching jurídico ya hay más apertura. Cuando empecé, en 2018, fue muy difícil; después de la pandemia se abrieron un poco más, y hoy ya no les resulta tan extraño. Sin embargo, no lo ven como una prioridad: están más concentrados en conocer sobre IA o en temas legales técnicos que en desarrollar habilidades humanas. Creo que es un error, porque, en la era de la tecnología, la diferencia la marcará lo que podamos aportar como humanos, aquello que la IA no pueda reemplazar. De eso hablo en mi libro Abogar Emergente, que publiqué en 2020 y empecé a escribir en 2019.
¿De qué manera tu comunidad y tu presencia en Instagram han contribuido a difundir este nuevo paradigma y a conectar con personas que buscan un enfoque diferente?
Sí, Instagram me ayudó muchísimo, porque mucha gente empezó a escribirme. Cuando comencé a hablar de esta nueva abogacía y de estas prácticas integrales, empezaron a hacerme entrevistas sobre qué era la abogacía holística. La verdad es que en ese momento yo misma no sabía definirla del todo, y en las entrevistas empecé a explicar que era una integración de herramientas. A partir de ahí, muchas personas que estaban en conflictos comenzaron a escribirme por Instagram para contarme sus temas: sucesiones, divorcios, exclusión del hogar y un montón de situaciones.
Luego tienen una sesión conmigo. Hay personas con quienes lo resolvemos en una sola sesión; otras que requieren un acompañamiento; y otras que, simplemente, no resuenan con esta mirada, y está bien. A veces lo resolvemos en una sola constelación.
También me pasó que muchísimos abogados de distintos lugares de Latinoamérica —tanto del Poder Judicial como del ejercicio privado— me decían que se sentían totalmente identificados con este nuevo paradigma, pero que no encontraban dónde ni cómo aplicarlo y canalizarlo. Es decir, hay muchísimos profesionales de la abogacía que están buscando y queriendo hacer algo nuevo, porque aman la profesión, pero sienten que les falta algo. Por eso resuenan con este mensaje.
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¿Qué recomendaciones darías a abogados interesados en adoptar una visión más integral y humana en su ejercicio profesional?
Les recomendaría que vengan a estudiar conmigo (claro, obvio). Pero, sobre todo, les recomendaría que no dejen la profesión, que busquen y sigan buscando otras formas y otras herramientas, que no abandonen. Porque la verdad es que la mayoría quiere abandonar: quieren dejar la profesión y dedicarse a otra cosa. Y cuando integramos todas estas herramientas de una forma ordenada, metódica, estructurada, profesional y clara, esto funciona. Yo lo integré en algo que se llama el Método Abogar. Así que les recomendaría eso, básicamente: que no abandonen.
¿Cómo imaginás el futuro de la abogacía holística? ¿Qué desafíos y oportunidades ves?
El futuro de la abogacía holística lo veo sumamente claro: creo que es la abogacía del futuro. Es, para el derecho, algo parecido a lo que la homeopatía representa para la medicina: una nueva versión, un nuevo aspecto que no es para todo el mundo, porque no todo es igual para todos. Es para quienes no resuenan con la otra forma. Como en la medicina: hay quienes resuenan con la homeopatía y quienes no; quienes resuenan con la medicina clásica y quienes no. Y ambas están bien.
Por eso creo que esta nueva abogacía puede transformarse en una nueva corriente: una corriente en la que ya seamos, más que abogados, estrategas de paz. Porque, al ingresar en esta metodología —en este método que yo aplico—, terminamos convirtiéndonos en estrategas de paz.
Le veo muchísimo campo, porque hay cada vez más gente que quiere estar en paz con sus vínculos y con su vida, y poder avanzar. El desafío que veo es que no se mezcle la abogacía con tarot, reiki o registros akáshicos: tiene que ser algo sumamente profesional, aterrizado y fundamentado, con un método, un orden, una estructura y un desarrollo. El desafío es que no se le llame “abogacía holística” a cualquier cosa. Por eso yo prefiero hablar, más que nada, de estrategas de paz, y lo aterricé en el Método Abogar. Podrán existir otros métodos, claro, pero el Método Abogar tiene una estructura, un orden, un diseño y un fundamento, y ha sido probado.
En cuanto a las oportunidades, las veo todas. Creo que los abogados somos arquitectos de las estructuras sociales, porque escribimos a través de la arquitectura de los contratos, los pactos y los acuerdos. Si somos abogados que estamos en la conciencia del amor y de la paz —no del amor romántico, sino del amor como energía y frecuencia, y de la paz como destino y propósito—, el campo que veo es enorme, porque el mundo necesita más paz. Los vínculos necesitan paz; necesitan reconstituirse, retejerse. No necesitan más fragmentación ni guerra.
Así que lo veo como cuando empecé con el coaching jurídico, en 2018-2019: lo veía como algo sumamente necesario junto a las habilidades blandas, y así fue; de hecho, hoy las habilidades blandas son algo muy común. Creo que con esto pasará lo mismo: dentro de cinco años, o quizás antes, lo vamos a ver.
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