I Tecnología

Derechos digitales

La pandemia expuso la brecha en la accesibilidad a las TIC. Organizaciones sociales y referentes del ámbito académico resaltan la importancia de garantizar el acceso a Internet para todos los ciudadanos.

TEXTO CELESTE GÓMEZ WAGNER

Cuando hace alrededor de un año, el Gobierno dictaminó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo) como medida excepcional de salud pública; la vida se volcó, casi por completo, a la modalidad online. Pero, quedarse en casa no significó lo mismo para todos y expuso desigualdades tan profundas como preexistentes. “Cuando se habla de derechos digitales se alude a la protección y garantía de derechos humanos en el entorno de Internet”, explica Ana Bizberge, Doctora en Ciencias Sociales (UBA) y Directora de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Esto significa que, en materia de derechos humanos, “los principios consagrados offline también valen en el entorno online”.

El derecho a la libertad de expresión es uno de ellos, pero también el acceso a internet “funciona como plataforma para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la educación, la salud, asociación y reunión, entre otros”, explica Mariela Baladron, docente e Investigadora de la Facultad de Sociales (UBA).

#AcaNoHayInternet

“El sector social se vio afectado, tanto en sus dinámicas interorganización, como en el acceso a sus causas territoriales” explica, por su parte, Cou Infante, Coordinadora de Proyectos de Tecnología de la ONG Wingu. Es que, según la Cámara Argentina de Internet (Cabase), en

marzo de 2020, la penetración de internet fija, cada 100 habitantes era del 63 por ciento, pero en 8 provincias disminuía a menos del 40 por ciento y, para el 27 por ciento de los hogares, su costo representaba una carga significativa.

Por eso, para hacer visible las dificultades en el acceso a internet, Wingu lanzó con otras organizaciones, #AcáNoHayInternet, una plataforma que mapea, de manera comunitaria y participativa, la situación de comunidades rurales y asentamientos informales en América latina e incluso permite acceder a testimonios.

“Es fundamental que las organizaciones del tercer sector incluyan la universalización de la conectividad en su agenda de reivindicaciones”, dice Manuela González Ursi, coordinadora del proyecto Atalaya Sur, una experiencia pionera de conectividad comunitaria que nació antes de la pandemia, en el marco de la organización Proyecto Comunidad. En la villa 20 de la ciudad de Buenos Aires desplegaron una red comunitaria de internet, 14 puntos de wifi públicos gratuitos y una red domiciliaria que es-

Atalaya Sur y su experiencia de conectividad comunitaria.

“Es fundamental que las organizaciones del tercer sector incluyan la universalización de la conectividad en su agenda de reivindicaciones.”Manuela González Ursi,Atalaya Sur.

Villa 20,de la ciudad de Buenos Aires, zona de acción de Atalaya sur.

pera llegar a 500 hogares.

“Nuestra experiencia demuestra la absoluta viabilidad y sostenibilidad de un proyecto que garantiza el acceso a un servicio de calidad y a bajo costo”, dice la referente, que además resalta que “la generación de redes comunitarias es una estrategia para garantizar el derecho a la comunicación desde una lógica no mercantil”. “Es fundamental la desmonopolización del mercado de las telecomunicaciones”, dice en sintonía con un artículo reciente donde Bizberge explica que “América latina se caracteriza por altos niveles de concentración de la propiedad en los servicios de comunicación”.

Para todos los bolsillos

Como respuesta, el Gobierno Nacional dictaminó el DNU 690/2020 que consagra el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquier plataforma. La medida establece que los servicios de telefonía (móvil y fija), Internet y TV por cable tienen el carácter de servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Esta categoría, y la obligación de garantía de universalidad, estaban en la Ley 27.078 (Argentina Digital), pero fueron modificadas en el gobierno anterior (DNU 267/15). Ahora la TV de pago es considerada un servicio TIC, y la telefonía móvil se incorpora como un servicio público.

La prestación básica universal (PBU) que se desprende de esta medida fija precios accesibles para jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de AUH, monotributistas sociales, entre otros, cuyos ingresos sean inferiores a dos salarios mínimos. También incluye a clubes de barrio, bomberos y entidades de bien público. Para acceder se debe completar una declaración jurada (disponible en el sitio de Enacom) y enviarla al prestador, que tiene la obligación de brindar los servicios con los valores establecidos (telefonía móvil: $150 -con opción de datos a $200; telefonía fija: $380; internet: alrededor de $700, y tv por suscripción: descuentos hasta 30%).

Dice Bizberge que éstos son “puntos de partida, ‘pisos’, que permiten la ampliación progresiva de las condiciones de acceso de la población a servicios que son cada día más indispensables para el ejercicio de derechos”, pero resalta que deben leerse en una discusión más amplia de desigualdades económicas y sociales.

Desde Atalaya opinan que “la existencia del derecho es el punto de partida. Pero para avanzar en garantizar el acceso a internet y a las TIC en los territorios históricamente marginados es necesario involucrar a la comunidad en la restitución del derecho”. Cou Infante agrega que “hay que democratizar muchas cosas en paralelo” y que “la regulación de internet como derecho debe incluir una mirada diferencial hacia los barrios populares y áreas rurales para garantizar que se realice la infraestructura necesaria para el acceso a la conectividad en todos los territorios”.

Queda mucho por hacer y el escenario continuará cambiando, pero sin duda, el tercer sector es un interlocutor que merece ser escuchado para que nadie se quede desconectado de sus derechos.