La vida no vale nada... si eres periodista

Edici贸n Septiembre 2010

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y yala chingada” te cog Por Témoris Grecko

Una reportera mexicana recibió esta amenaza por hacer su trabajo La violencia contra los periodistas se ha recrudecido en los últimos meses, con asesinatos y secuestros en todo el país Las agresiones son cometidas por los grupos criminales, pero también por funcionarios públicos y otros actores sociales cuyos ataques quedan impunes

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dela Navarro Bello ocupa una silla que no sólo nos parece incómoda a quienes la vemos en ella: nos da miedo. Es la silla del director general del semanario Zeta, de Tijuana, Baja California. Una silla que antes ocupó Héctor “El Gato” Félix Miranda, asesinado en 1988 por orden de Jorge Hank Rhon —según Zeta—, un poderoso empresario, ex alcalde y ex candidato a gobernador que ha sido señalado en Estados Unidos como sospechoso de estar ligado al narcotráfico. Una silla que fue de Jesús Blancornelas, el legendario periodista que pasó los últimos años de su vida protegido por soldados tras haber recibido cuatro balazos en un atentado en 1997, ataque atribuido al cártel de los Arellano Félix y en el que murió su guardaespaldas. Una silla frente a la que el editor Francisco Ortiz Franco discutía la forma de demostrar la responsabilidad de Hank Rhon en el crimen de “El Gato Félix”, antes de que narcos y policías municipales lo destrozaran a tiros en 2004. Una silla bañada en sangre por crímenes sin castigo, por la impunidad.

Sentarse en esa silla se ha vuelto aún más peligroso desde que las notas sobre el crimen organizado no las firman los reporteros, sino que se adjudican a “investigaciones Zeta”. Así, a los delincuentes cuyas actividades han sido expuestas por el semanario les resulta difícil identificar al periodista responsable. Pero con ello, Navarro y su co director general, César René Blanco, son los rostros visibles de ese esfuerzo colectivo por descubrir y denunciar los entramados de corrupción y narcotráfico en esa región de México.

Navarro y Blanco recibieron la dirección de manos de Blancornelas en 2005, un año antes de su fallecimiento por muerte natural. “Lo primero que hicimos”, explica Navarro, “fue tomar la decision de no cambiar la línea editorial, reforzar nuestro compromiso, continuar la investigación periodística en todos los temas, incluido el crimen organizado, y proteger la identidad de los reporteros cuando revelan datos, nombres y fotografías de integrantes de las mafias.”

El caso de Zeta es poco representativo de lo que pasa con los medios de comunicación en las zonas donde el narcotráfico está extendiendo su influencia. Plantarles cara a los criminales y desafiar las amenazas no es algo que muchos puedan o quieran hacer. Los periodistas van sin armas a la guerra, son vulnerables porque todos los conocen y sus asesinos pueden vivir al lado de su casa. A Cleofas Ledezma Flores, quien era conductor de un programa de debate en la televisión chihuahuense, lo sacaron de su cama a las 3 am, lo torturaron y lo dejaron desnudo en una carretera. “Todos tenemos miedo”, dice Ledezma, “y estamos abandonados por las autoridades”.

Según diversos conteos, entre 62 y 69 periodistas han sido asesinados en México en los últimos diez años, y otros 11 están desaparecidos. La cifra de homicidios podría alcanzar los 150, pero las organizaciones que elaboran las estadísticas sólo consignan los ataques confirmados a la libertad de expresión.

Muchos más han sido blanco de agresiones. El informe 2009 del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la organización internacional de defensa de la libertad de expresión Article xix, que juntos sostienen la Campaña Permanente de Protección a Periodistas en México, detalla 244 casos de golpizas, detenciones arbitrarias, amenazas y otros

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ataques sólo en ese año. El grupo internacional Reporteros Sin Fronteras coloca a México en el sexto lugar entre los países más peligrosos del mundo para los periodistas, antecedido por Filipinas, Somalia, Rusia, Pakistán e Irak.

“Es sabido que los países con regímenes democráticos más avanzados y con Estados de derecho más consolidados gozan de una mayor libertad de prensa y de expresión”, reflexiona Darío Ramírez, director de Article xix. El que México aparezca acompañado de naciones autoritarias y en crisis como las cinco mencionadas coloca al país “en su justa realidad, al tener una libertad de expresión maniatada no sólo por la violencia, sino también por marcos jurídicos deficientes y por autoridades contrarias al escrutinio público. Esto revela la situación primaria del régimen democrático en México”.

Profesionales en lo individual y medios de comunicación han optado por callarse. Distintas regiones del país, como Tamaulipas, se han convertido en “zonas de silencio” donde no se informa lo que pueda incomodar a las mafias. Sin embargo, el problema no sólo son ellas: en este clima de impunidad, en el que matar no tiene consecuencias (el 98 por ciento de los asesinatos de periodistas quedan impunes, según Alberto Brunori, delegado para México del Alto Comisionado de la onu para los Derechos Humanos), dos terceras partes de las agresiones a la libertad de expresión son atribuidas a funcionarios públicos: alcaldes, soldados, policías, legisladores, gobernadores e incluso secretarios de Estado, según Cencos y Article xix. De igual forma, empresarios y miembros de partidos políticos y de sindicatos aprovechan que es muy improbable que se haga justicia cuando agreden a un periodista.

Además, en las últimas semanas se está presentando una situación más grave que la del silencio: los grupos criminales han comenzado a utilizar a los medios para mandar mensajes.

Les interesa denunciar o intimidar a sus rivales, debilitar al gobierno, ganar popularidad en ciertos sectores de la población.

“Por primera vez en este país, los reporteros se convierten en botín de negociación”, dice Elia Baltazar, de la Red de Periodistas de a Pie, un grupo de superación profesional. El 26 de julio, unos narcotraficantes

Elia Baltazar, una de las fundadoras de la Red de Periodistas de a Pie, durante el encuentro “Ni un periodista menos”.

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El 7 de agosto de 2010, unos 2 mil periodistas marcharon en la Ciudad de México para protestar por los ataques contra el gremio.

secuestraron en Durango a cuatro reporteros, de los que tres trabajan para medios nacionales (Televisa y Milenio Televisión), y anunciaron que sólo si se transmitían unos videos (donde torturan y asesinan a miembros de cárteles rivales) los liberarían con vida. La exigencia fue cumplida.

El sábado 7 de agosto, unos dos mil profesionales de la información marcharon por avenidas de la Ciudad de México y de media docena de urbes del interior, algunas de ellas asoladas por el crimen, como Torreón, Coahuila. “El mensaje era que los queremos vivos [a los secuestrados] por tu derecho a saber, por mi derecho a informar”, acota Elia Baltazar, “pero no pidiéndoselo al narco, sino al Estado, porque es su responsabilidad”.

Andrés Morales, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, de Colombia, explica que el gobierno de su país creó un programa especial de protección a periodistas que aún funciona. Las consecuencias de más de una década de atentados contra la prensa (perpetrados por narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, policías, soldados, políticos y empresarios de fines de los años 80 al 2000) persisten, no obstante. No sólo porque aún son un problema grave a pesar de que han disminuido, sino porque los periodistas se siguen sabiendo vulnerables.

“Cambió la forma de hacer periodismo [en Colombia]”, describe Morales, “se hizo más responsable, pero también es ahora un periodismo muy sometido al poder, que no cuestiona y que no se mete en problemas”.

por A prender la mala

“Cuatro cruces son demasiadas en un directorio”, dijo el periodista Miguel Ángel Granados Chapa el 17 de abril pasado, en un acto para celebrar los 30 años de Zeta. Este semanario, un ejemplo de compromiso periodístico y resistencia, se desarrolló en un lejano rincón de México, mientras en la capital del país adquiría prestigio el proyecto transformador de la prensa nacional —también comprometido y perseguido—, la revista Proceso. De ésta supimos

Arriba: Las oficinas de Zeta en Tijuana, Baja California, lucieron un moño negro por el fallecimento de Jesús Blancornelas, su fundador, en 2006. Derecha: Blancornelas, poco antes de su muerte. fotos: afp

todos; de aquél, a pocos nos llegaron noticias, acaso sólo cuando sus integrantes aparecían en la nota roja.

Jesús Blancornelas y “El Gato Félix” fundaron Zeta en 1980 desde San Diego, California, donde vivían tras haber tenido que salir del país por denunciar en el diario abc la corrupción del gobernador bajacaliforniano, Roberto de la Madrid. Le dieron seguimiento a ese tema y además empezaron a documentar el crecimiento de los cárteles de las drogas.

En 1985, Jorge Hank Rhon, hijo menor de Carlos Hank González (cabeza del poderoso grupo político Atlacomulco que, como parte del pri, domina desde hace medio siglo el Estado de México), se estableció en Tijuana para hacerse cargo de lucrativos negocios de carreras de caballos y apuestas. Con los años, informes de agencias estadounidenses, como la dea y el fbi, lo ligaron con el narcotráfico —algo que Hank Rhon ha negado— y, en 2009, le retiraron la visa y le prohibieron la entrada a ese país. Pese a ello, Hank Rhon fue elegido alcalde de Tijuana en 2004 y perdió por poco la gubernatura de Baja California en 2007.

“El Gato Félix” se dedicó a investigar las actividades presuntamente ilícitas de Hank Rhon y las expuso en Zeta. El 20 de abril de 1988, Antonio Vera Palestina, el jefe de seguridad de Hank Rohn, y un subordinado de nombre Victoriano Medina Moreno, mataron al “Gato” de dos tiros de escopeta. Los condenaron a 25 años de prisión, pero Hank Rhon nunca fue investigado por estos hechos. Desde aquel ataque, Zeta publica semanalmente un desplegado a página completa que reza: “Jorge Hank Rohn, ¿por qué me asesinó tu guardaespaldas Antonio Vera Palestina?”

El cártel de los Arellano Félix tomó el turno, molesto por las investigaciones de Zeta. Primero atacó a disparos la casa de Blancornelas. Luego comisionó a diez matones para eliminarlo, el 27 de noviembre de 1997. El guardaespaldas Luis Valero se interpuso y recibió 30 balazos destinados al periodista, que recibió otros cuatro. Pero sobrevivió y mantuvo el rumbo de Zeta hasta su muerte, en 2006.

Seguía Francisco Ortiz Franco. La Sociedad Interamericana de Prensa presionaba para que se reabriera el caso de “El Gato Félix”, para buscar al autor intelectual, y Ortiz Franco reunía evidencias cuando lo mataron frente a sus dos hijos pequeños, al lado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el 22 de junio de 2004. Otra vez, las sospechas se dirigieron hacia Jorge Hank Rohn.

Los autores intelectuales de estos crímenes permanecen en la impunidad. “[En Zeta] Hemos aprendido por la mala”, dice Adela Navarro, quien en 2007 recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, que otorga el Committee to Protect Journalists. “En 85 nos levantaron toda una edición del semanario. En 87 nos rafaguearon las oficinas.” ¿No tienen miedo ella y Blanco de ser la cara visible de la publicación? “Nosotros no hemos recibido amenazas directas, pero sí ha habido amenazas contra el equipo. En enero pasado, una autoridad nos confió que, mediante una intercepción telefónica, habían escuchado una orden de atentar contra los editores y las instalaciones del semanario, pero esto no ha ocurrido. El gobierno del presidente Felipe Calderón no nos ha ofrecido la certeza de la seguridad, de la justicia, de la sentencia, así como no se ha preocupado por detener a los asesinos de 30 mil mexicanos.”

A Cleofas Ledezma Flores, quien era conductor de un programa de debate en la televisión chihuahuense, lo sacaron de su cama a las 3 am, lo torturaron y lo dejaron tirado, desnudo, en una carretera.

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Arriba: Sospechosos del secuestro de tres periodistas en Torreón, Coahuila.

Derecha: Adela Navarro Bello, directora general de Zeta.

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No todos los medios son tan decididos como Zeta al denunciar las muertes de sus periodistas y exigir justicia. Menos ahora que el recrudecimiento de la violencia está provocando cambios en las reglas del ejercicio periodístico.

Brisa Maya Solís, directora de Cencos, explica que “a diferencia de otros años, en los que una forma de enfrentar lo que estaba pasando era visibilizar los hechos y a las víctimas, en 2010 hay nuevas características. Una de ellas es que la denuncia pública no necesariamente ayuda a quienes están siendo agredidos. Otra es que no alcanzamos a registrar los hechos como en otros años, porque por temor ya no se está diciendo lo fotos: afp

ZONAS DE SILENCIO Cuando un cártel mafioso impone su ley en una región es difícil detectar que las empresas le pagan por “protección”. Pero cuando la prensa se calla, nos dice a gritos cuáles son los territorios que el gobierno ha dejado de controlar. El fracaso del Estado se hace estridente en lo que se conoce como “zonas de silencio”. ¿Cuáles son las “zonas de silencio” en México? Los periodistas y defensores de derechos humanos a quienes pregunté mencionaron la región de La Laguna, alrededor de las ciudades de Torreón y Gómez Palacio; las de Zacatecas y Fresnillo; los estados de Durango, Michoacán, Guerrero y Morelos; y, sobre todo, Tamaulipas.

Esta última región es presa de una cruenta guerra entre dos mafias, el cártel del Golfo y los Zetas, y entre éstas y el Ejército. No son sólo los soldados quienes establecen retenes: también los narcos que controlan carreteras en uniforme de policía municipal; de esa manera vigilan que no se acerquen sus rivales y otros indeseables, como los periodistas.

La prensa tamaulipeca, afirma Gerardo Albarrán de Alba, consejero del Centro de Periodismo y Ética Pública, es “endémicamente corrupta, lo cual tiene raíces en la estructura empresarial de los medios, que arrojan a sus periodistas a la corrupción” con salarios de 150 a 200 dólares mensuales, falta de prestaciones, sobrecargas de trabajo y la obligación de vender publicidad. “Entre eso y las amenazas de plata o plomo”, sigue Albarrán, “llega el momento en que el cártel del Golfo tiene a su servicio a muchos periodistas y medios”.

Después de que el ex líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, fuera sentenciado a 25 años de prisión en Estados Unidos, el 24 de febrero de 2010, la guerra entre las mafias se recrudeció. En ese mes y en marzo, según la Sociedad Interamericana de Prensa, fueron secuestrados ocho reporteros en Tamaulipas. Localmente, sin embargo, se dice que han sido diez, de los que sólo tres han aparecido vivos: asesinaron a cinco y otros dos siguen desaparecidos.

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que pasó. Los casos claros son Tamaulipas y Morelos, donde sabemos que algo está sucediendo, pero no sabemos qué; sólo que hay miedo”.

Solís me muestra un documento preliminar de uso interno, que analiza las agresiones de enero a julio de este año. Es una relatoría fúnebre.

Valentín Valdés Espinosa, reportero del periódico Zócalo Saltillo, es uno de los muertos. Lo secuestró un comando criminal el 7 de enero y su cadáver apareció al día siguiente. El de Hugo Alfredo Olivera Cartas fue encontrado el 6 de junio, en un paraje cerca de Aguililla, Michoacán. A sus 28 años, era editor de El Día de Michoacán y se especializaba en seguridad pública. Además, saquearon sus oficinas y se llevaron los discos duros de su computadora.

Entre los secuestrados, Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal en el pueblo de Paracho de Cambio de Michoacán y catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional, sigue desaparecido desde que cubrió el ataque de un grupo armado contra una familia indígena en San Juan Nuevo Parangaricutiro, el 6 de abril. El 19 de abril, un grupo del crimen organizado difundió un correo electrónico que amenazaba de muerte a 27 periodistas del Estado de Morelos.

Tres reporteros de la revista digital Reporte Índigo fueron detenidos cuando hacían una investigación sobre la casa de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal.

Irineo Mújica Arzate, periodista independiente, fue golpeado, robado y detenido por funcionarios del Instituto Nacional de Migración cuando grababa a migrantes centroamericanos en un tren de carga en Soltepec, Estado de Puebla. Oficinas de periódicos y canales de televisión en Tepic, Torreón, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Matamoros y Monterrey han sido allanadas, atacadas a balazos o con granadas.

Solís hace énfasis en quiénes son los agresores: “Si bien hay un contexto de guerra contra el crimen organizado, también es cierto que las agresiones de otros actores permanecen en la impunidad, y la impunidad es una invitación abierta a futuros perpetradores. Ante la opinión pública y ante los organismos

internacionales, el gobierno insiste en que la amenaza proviene del crimen organizado. Pero en cuanto al universo de agresiones, sólo una minoría [6 por ciento, según el informe de 2009 mencionado] es imputable a las mafias. Una parte de los casos cuya autoría no está clara [14 por ciento] podría estar relacionada con estos grupos criminales.

Pero en 65 por ciento de los casos, los agresores son servidores públicos, es decir, representantes del Estado.”

Pese a lo anterior, existe una gran diferencia entre el nivel de violencia de unos y otros. “No es lo mismo que te golpeen y te quiten la cámara, a que te corten la cabeza”, dice Elia Baltazar.

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Los periodos en que los periodistas sufren agresiones tienen consecuencias duraderas. En Colombia, dice Andrés Morales, aunque los asesinatos empezaron a disminuir en el año 2000, persiste “un clima de autocensura. Sobre todo en el interior del país se ve que los periodistas sienten temor y prefieren no tocar asuntos espinosos que los pongan en riesgo”.

El hecho de que haya menos muertes no significa, advierte Morales, “que la libertad de expresión haya mejorado, porque el número de amenazas y de agresiones es el mismo”. Esto se debe a que prevalece una situación de impunidad, en la que “nunca se ha condenado a una persona por atacar a un periodista”, lo que “genera un ambiente en el que quien te amenace o ataque, sabe que no le va a pasar nada”.

Lo mismo ocurre en México y abundan los ejemplos. Uno de ellos es el de Jade Ramírez Cuevas, conductora y reportera de Radio Universidad de Guadalajara, quien cubría el movimiento de comunidades que se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo.

Primero la amenazaron en persona a ella y a un defensor de derechos humanos mexicano, a quien se referían como “el gringo” por su tez clara, durante un encuentro en el pueblo de Temacapulín. Los intimidaron y a Jade le mostraron un arma.

“Se ostentaron como empleados federales y llevaban ciertos símbolos de extremistas religiosos que reconocemos bien en la región”, explica Ramírez, “como escapularios, rosarios y un llavero de los Legionarios de Cristo.

Al empleado de un billar le dijeron que nos iba ‘a cargar la chingada por andar alborotando al gallinero’”. Más adelante llamaron a su domicilio a las 3 am, cuatro días seguidos, y el 14 de abril pasado le enviaron un correo electrónico con este texto: “te beias bien chida este sabado... y te oyes bien rica en la estasion... sigele investigando reporterita pendeja... le dije a ese pendbdejos de su hermano el gringo y tu ya se los cogio la chingada”. [sic]

referían. ‘No te hagas pendejo’, me gritaban, y pedían que les diera los videos de su jefe. ‘¿Tú crees que porque no quedó [como candidato] no tiene muchísimo poder?’, me decían, ‘te va a llevar la chingada’”.

Después de torturarlo y de arrancarle el bigote de un navajazo, lo desnudaron y abandonaron en la carretera, con la advertencia de que tenía que pedirle disculpas públicamente a su jefe y dejar el programa. “En la última emisión dije que no sabía ante quién tenía que disculparme ni por qué, que no se vale actuar así, cobardemente. En enero me volvieron a golpear y me robaron la camioneta”.

Aunque un relator de libertad de prensa de la onu, de visita en Chihuahua el 17 de agosto pasado, le recomendó que se fuera del país porque su caso era crítico, y a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al respecto, “la procuradora [de justicia del Estado] no me quiso apoyar”, lamenta Ledezma, “me dijo que no estaba para cuidar a particulares”. “Yo creo que los que me atacaron están con el sistema”, continúa, “cada vez que voy a hacer una declaración me llaman, dicen que me vigilan. Aprovechan el clima de violencia que se vive, la impunidad, y no dan la cara”.

El periodista se refugió en Monterrey durante dos meses, pero regresó a hacerse cargo de un programa en la emisora por internet fronteranorte.net: “Mi familia me dijo que volviera, que si me van a matar, que nos maten a todos.”

“Mientras exista impunidad para los asesinos, esto va a seguir sucediendo.

El mensaje es muy claro: en México puedes matar a un periodista y no vas a ir a la cárcel”, dice Adela Navarro, directora del semanario Zeta.

Ramírez, ganadora del Premio de Periodismo Rey de España en 2009, presentó una denuncia, sin obtener protección de la justicia: “Ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni la Fiscalía Especializada de Delitos contra Periodistas respondieron, porque la delegación de la Procuraduría General de la República (pgr) notificó que se había tratado de un pleito de borrachos, entre particulares, y que no había delitos qué perseguir.”

Otro caso es el de Cleofas Ledezma, quien se vio forzado a abandonar Expresión de los chihuahuenses, el programa de debate que conducía en el canal 10 de Cablemás, en la ciudad de Chihuahua. A las 3 am del 17 de diciembre de 2009, al menos seis sujetos con uniformes que decían pgr entraron en su casa y lo sacaron a golpes, frente a su familia. “Me dijeron que los habían matado a todos y que ahora me tocaba a mí”, recuerda. “Me culpaban de haber afectado a su jefe, que había perdido la candidatura por mi culpa, pero yo todavía hoy no sé a quién se

el E ndesamparo

Arriba: Manifestación del Sindicato de Redactores de la Prensa frente a la Procuraduría General de la República. Derecha: Imagen tomada durante la marcha de periodistas del 7 de agosto.

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La impunidad alentó a las mafias a escalar el nivel de las agresiones. El secuestro de los cuatro periodistas en Durango, el 26 de julio pasado, fue una llamada de atención general. Televisa y Grupo Multimedios (editor de los diarios Milenio y propietario de Milenio Televisión) reaccionaron airados ante la situación en que los pusieron los criminales: si no transmitían los videos que querían, sus reporteros aparecerían muertos.

El programa Punto de partida, para el que tres de ellos preparaban un reportaje, se fue a negros en su emisión siguiente, después de que la conductora, Denise Maerker, manifestó su protesta. Obedecieron, no fotos: afp

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obstante, y los periodistas fueron finalmente liberados.

Que el caso ganara resonancia porque involucró a empleados de medios electrónicos nacionales hizo destacar la situación de desamparo que se vive en otros espacios: el informe de Cencos y Artículo xix revela que, en 2009, un 75 por ciento de las víctimas de agresiones trabajaba para la prensa escrita y un 78 por ciento de ellas, en medios locales.

A veces, estos periodistas se descubren abandonados no sólo por el Estado, sino también por sus propios empleadores.

Tal es el caso de Karla Tinoco Santillán, quien trabajaba para La Opinión Milenio, en la región de La Laguna, cuando publicó un reportaje sobre el impacto del narcotráfico en el municipio duranguense de Vicente Guerrero. Según el Centro de Periodismo y Ética Pública (cepet), el 24 de mayo Tinoco recibió amenazas de muerte por vía telefónica. Los directivos decidieron trasladarla de Durango a Torreón. Pero cuando volvió a Durango, sus compañeros consideraron que su presencia comprometía la seguridad de todos. El día 31, fue despedida. (Esquire intentó obtener la versión de La Opinión Milenio sin obtener respuesta.)

“Lo peor es que los otros medios se enteran y no hay quién le dé trabajo”, comenta Gerardo Albarrán de Alba, consejero del cepet. “¿Qué pasa con los dueños de los medios de comunicación?”, cuestiona por su lado Brisa Maya Solís. “No es sólo asunto de chalecos antibalas, es algo que tiene que ver con las condiciones laborales de los periodistas.”

Arriba: Un perito reconstruye el homicidio de Francisco Ortiz, editor del semanario Zeta.

Derecha: Ortiz investigaba la muerte del periodista Héctor “El Gato Félix” Miranda.

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Otro problema es la desunión entre los periodistas. Los más experimentados se mostraban sorprendidos el 7 de agosto, durante la marcha en la Ciudad de México. “Es la primera vez que pasa algo así”, señalaba uno de ellos, “hay compañeros de muchos medios y grupos, de todas las generaciones”. También se sentía el temor. Un reportero de una ciudad del interior dijo: “Antes nos daba miedo venir a la capital, por la violencia. Ahora nos vinimos para acá porque, comparativamente, es más tranquilo, no cortan cabezas. Pero si la violencia nos persigue y aquí también se pone loco, me marcho del país.”

Ya habían liberado a los secuestrados de Durango y eso daba alivio. Pero algunos se preguntaban si haber cedido a las exigencias de los narcos no abrirá la puerta a que usar periodistas como moneda de cambio se vuelva costumbre. Lo que no tenemos es “un Estado que sea fuerte para impedir que esto pase, para que no estemos pensando ‘si acepto, van a pedir más’”, dice Elia Baltazar, “para que no consideremos a los narcos, porque al considerarlos ya les estamos dando un lugar en la mesa. Defender la libertad de expresión es obligación del Estado”.

La intervención desatinada de las fuerzas de seguridad pública es también la preocupación de Adela Navarro, en Tijuana: “Mientras exista impunidad para los asesinos de los periodistas y de la gente en general, esto seguirá sucediendo. El mensaje es claro: en México puedes asesinar a un periodista y no vas a ir a la cárcel.”

¿ QUIERES SEGUIR VIVO? Un periodista de un medio local habla a condición de mantener su identidad, su periódico y su ciudad en secreto: “Es fácil que [los narcotraficantes] aten cabos y sepan quién te dijo [cierta información], tienen gente dentro de la redacción.”

Cuenta que, recientemente, los directivos de su periódico recibieron una llamada de parte de un cártel, que les exigía publicar ciertas fotografías en primera plana. “Ya no sólo quieren que nos callemos”, explotó el jefe, “ahora nos tratan como sus vocerillos, ¡pero se van a la chingada!”

Como si se tratara de una película, el jefe convocó a junta y anunció su determinación de rechazar la imposición, que no le importaba que lo mataran, que quien quisiera apoyarlo se quedara y que quien no, era el momento de abandonar la nave. No hubo aplausos cuando terminó la reunión; el ánimo era de funeral. Casi inmediatamente después, desde el otro lado de la sala, alguien anunció una llamada de los narcos: “¿Te crees muy gallito, verdad? Si mañana no aparecen esas fotos, por la tarde te enviaremos las cabezas de dos reporteritos tuyos. Si pasado mañana tampoco, tendrás las de otros dos de tus pendejos. Cuando te quedes solo, no iremos por ti luego, luego: antes nos echamos a tu familia.”

Las fotografías aparecieron publicadas al día siguiente.

Uno de los pocos periodistas locales que ha expuesto su situación en público, sin ocultar su identidad, es Juan Cuevas, director de El Debate de los Calentanos, un periódico del sureño Estado de Guerrero. En una conferencia de colegas, el 15 de marzo, explicó que regularmente recibe llamadas amenazantes para darle indicaciones sobre lo que no debe difundir. Y como explicó, tiene motivos para hacerles caso: “Para publicar, hay que valorar si quieres seguir vivo.”

fotos: afp

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ilustraciones: mayra meneses