del Sistema Nacional Contra la Violencia de Género

*Mujer y Poder

Mientras la violencia -de todo tipo, física, sexual, económica, sicológica, laboral, etcétera- contra las mujeres en nuestro país avanza, los afanes institucionales para contrarrestarla también cada vez son mayores. Pero en esa carrera “parejera” la violencia suele, lamentablemente, llevar la delantera - sin defecto, desde luego, de los logros particulares y del necesario andamiaje administrativo y legal construido para encauzar las denuncias y para realizar las tareas de oficio correspondientes, como por ejemplo la reciente y positiva ley conocida como la 3 de 3 a nivel federal en lo relativo -entre otros temas- a evitar el acceso de deudores alimentarios a los puestos públicos en nuestro país.

El pasado 26 de abril se celebró, por ejemplo, la XLIX (o sea la número 49) Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, presumiéndose “grandes acuerdos sobre modelos, y estrategias vinculadas al Sistema, donde se reunieron todas las titulares de las Instancias de las Mujeres en las entidades de México”- y que en Sonora es el Instituto Sonorense de las Mujeres, el ISM, que coordina la Dra. Mireya Scarone Adarga desde el inicio del actual sexenio del gobernador Alfonso Durazo Montaño, a finales del 2021.

El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres -creado en abril del 2007- es un mecanismo interinstitucional que coordina esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México y sesiona regularmente para dar a conocer cuánto se ha atendido el problema; y, sobre todo, qué nuevos mecanismos y leyes se han creado con ese propósito, como la citada contra los deudores alimentarios a sus familias, y antes la Ley Olimpia en contra de las agresiones cibernéticas o la relativa a la trata de personas, etcétera.

Pero si Usted, como MyP lo hizo, revisa las anteriores asambleas, se encontrará con que sus informes pueden utilizarse para una reseña de lo tratado en un año u otro -por anterior que sea- sin advertir mayores diferencias, actualizándose aquella Ley de Hendrickson, respecto de que “sin un problema origina muchas juntas -en el caso que nos ocupa 33 ordinarias y 17 extraordinarias del Sistema Nacional referido- éstas irán siendo más importantes que el problema; y de que el provecho de una reunión de comité es inversamente proporcional al número de participantes” -en el caso que nos ocupa de 32 representantes de igual número de estados en el país.

Ciertamente que -como lo establece la ley que creó el Sistema Nacional Contra la Violencia que aquí nos ocupa con motivo de su reciente Sesión Ordinaria- para lograr los objetivos en contra de la violencia contra las mujeres y con el fin de cumplir las obligaciones nacionales e internacionales en la materia, es necesaria la coordinación y el trabajo conjunto con todos los órdenes y niveles de gobierno y la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil; así como -entre una veintena más de tareas todas ellas a cual más de importantes las de: “Analizar las disposiciones legales en la materia; aprobar la creación de grupos de apoyo técnico a propuesta de las comisiones; aprobar el programa anual de trabajo”, etcétera, etcétera, etcétera y bla bla blá, lo cierto es que, como apuntamos al inicio de este artículo, la carrera contra la violencia no logra mayores resultados, si nos guiamos, para no ir muy lejos, con el creciente número de feminicidios -el extremo más brutal del problema- en nuestro país, sumado al de la desaparición cotidiana de mujeres.

Todavía -al cierre de esta edición de MyP- no tenemos el informe de resultados de la sesión del Sistema realizado en abril, la XLIX, que apenas se está elaborando, esperando, con optimismo, alguna novedad material positiva que traerles a las mujeres en la próxima nota sobre el ISM. Que así sea.