La Educación: Nueva Batalla de la Sociedad Civil

Natalia Vidales de Bitterlin Directora General

Una nueva polémica surge en el ámbito educativo. Una nueva lucha, que se avizora feroz, ha iniciado de parte de la sociedad civil y del gremio académico al darse a conocer los nuevos libros de texto para el período escolar 2023/2024.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua 2023, el pasado 22 de marzo, la Secretaría de Educación y Cultura -en voz del titular de Materiales Educativos, Marx Arriaga- presentó los nuevos libros de texto gratuito, y los cambios -contenido informativo e ilustraciones- de los mismos no han sido, por supuesto, del agrado ni de especialistas, ni de académicos ni de padres de familia.

Dejando de lado el tema de género y sexualidad -que en el pasado generó también grandes protestas y el cual todavía está vigente-, en esta ocasión se le suman las faltas de ortografía, el uso incorrecto del lenguaje, errores de redacción, la manipulación y los mensajes nocivos para la sana formación de niños y adolescentes que contiene el material que se pretende impartir en las aulas.

En internet se encuentra información respecto al contenido, pero lo que aquí queremos resaltar es el autoritarismo mostrado por las autoridades educativas -en voz de Marx Arriaga- quien advirtió que los libros de texto que no edite y supervise el estado serán ilegales, ya que el único autorizado para hacerlo, afirma, es el gobierno, contraviniendo con ello el artículo tercero de la Constitución -que da a los particulares la libertad de impartir -y recibir- educación privada, en los llamados Colegios e Institutos en todos sus tipos y modalidades. Como cada familia lo decida, pues.

El afán de adoctrinamiento del gobierno para los menores hoy está a la vista, no solo por esa advertencia sino por haber editado material educativo sin consenso ni participación de profesionistas especializados y, sobre todo, de los padres de familia.

Los hijos no son propiedad del Estado -salvo en los míticos regímenes comunistas y como se intentó, fallidamente por cierto, durante la Revolución Cultural China del siglo pasado.

La educación de los menores recae en principio en los padres, y durante el período formativo ellos son los responsables y cada quien decide los valores, la religión, la ideología y en general la forma en que se desea educarlos (por ello algunos seleccionan escuelas religiosas y otros laicas, por poner un ejemplo).

Ya les tocará, en el futuro, a los hijos decidir la profesión y la vida que deseen, pero mientras sean menores de edad, los padres somos quienes decidimos por ellos y velamos por su formación integral. El gobierno no tiene derecho de tratar de imponer ninguna clase de adoctrinamiento ideológico -como se pretende suceda con el titular de Materiales Educativos quien ha manifestado públicamente su militancia chavista, y quien ha dejado ver una actitud beligerante al afirmar que ¨la industria editorial en México no pelea por la ciudadanía o la educación sino por un botín millonario¨, con lo que con toda claridad podemos predecir el camino de enfrentamiento y ofensas que caracterizará la enseñanza en manos del estado.

Estamos pues ante una nueva embestida gubernamental y en esta ocasión dirigida directamente a lo más preciado que puede tener el ser humano: sus hijos, su familia.

Tratándose de la educación de los menores no hay límite para la defensa ni para la participación social, y para la cual la ciudadanía tendrá -ahí también- que manifestarse.

¿Está la sociedad civil lista? Creemos que sí, como ya lo ha venido demostrado. ¡Enhorabuena por ello!

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