RATIFICA RECURSO DE APELACIONEXPRESA AGRAVIOSPRESENTA JURISPRUDENCIA- SOLICITA
FUNDAMENTADOCTINA Y
Señor Juez: Humberto Cristian ALDANA, DNI 22109464, por su propio derecho, junto a su letrado patrocinante Dr. Sergio Alberto ORELLANA, Tomo 99 Folio 252 CPACF, Domicilio electrónico 20223094954, con domicilio procesal en Avenida de Mayo 748, Piso 3, Departamento “64” de CABA en los autos caratulados “ALDANA Humberto Cristian c/ LUJAN Carolina Fernanda y otros s/ Medida Precautoria”, Expte. 58.599/2016, a V.S respetuosamente digo 1-OBJETO: Que en legal tiempo y forma por medio de la presente vengo a dar cumplimiento a lo ordenado por SSa obrante a Fojas ___ en la cual se ratifica el Recurso de Apelación para ser remitida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y se deja fundamentado la presentación, acompañado por doctrina y jurisprudencia jurídica 2-FUNDAMENTA Esta parte fundamenta que la desestimación de la presente medida precautoria viola el derecho procesal e que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ya que maliciosamente se le imputa en medios de prensa y redes sociales al Sr. Humberto Cristian ALDANA, en delitos penales que todavía no se han podido comprobar y que mas alla que es de interés publico dado que es un reconocido cantante del genero musical de rock argentino y figura visible de la banda “El otro yo” junto a su hermana Maria Fernanda Aldana. Esta parte fundamenta que exhibiendo en los medios de prensa, imputando de hechos no comprobables, viola las garantías del debido proceso, dado que se busca como fin presionar ante la justicia por medio de la opinión publica. Se deja constancia que el Sr. Aldana esta a derecho ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Nº 7 de Capital Federal como la
Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Nº 4 (causa nº 23719/2016 y 8976/2016 respectivamente) dado que se presento voluntariamente para afirmar su inocencia ante acusaciones maliciosas. Sobre las personas denunciadas en la presente medida precautoria, cabe destacar que la Sra. Carolina Fernanda LUJAN es la que inicio esa campaña de difamación contra el Sr. ALDANA, dado que el formo pareja con la Sra. María Guillermina BOLIG, con quien tiene una hija. La mencionada LUJAN fue pareja del Sr. ALDANA, con quien convivieron juntos. Cabe destacar que la Sra LUJAN amenazo varias veces al Sr. ALDANA de iniciar una campaña de difamación a consecuencia de que este se separo sentimentalmente, la cual creo una pagina de internet llamada “VICTIMAS DE CRISTIAN ALDANA” y “YA NO NOS CALLAMOS MAS” Ver: https://www.facebook.com/victimasdecristianaldana/?fref=ts https://www.facebook.com/yanonoscallamosmas/?hc_ref=PAG ES_TIMELINE&fref=nf Esta parte reconoce a la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero no a base de falsedades, malicia, represalia y buscar daño moral. Ya que aunque se lo desestime en la justicia, el daño ante la opinión pública es irreversible. Se deja constancia que hay un ensañamiento en contra del Sr. ALDANA dado que es un reconocido líder de la mayor banda musical de rock argentina en el genero alternativo, con miles de fanáticos en Latinoamérica. Jamás tuvo antecedentes penales ni denuncia alguna. Crea perjuicio la desestimación dado que lo deja al Sr. ALDANA indefenso a merced de la campaña de injuria mediática en su contra. Esta parte ha dejado prueba documental para que V.S tenga conocimiento de la campaña de injurias e imputaciones mediaticas. 3-EXPRESA AGRAVIOS:
En la misma, el Sr. Juez “a quo” resolvió desestimar la presentación de la Medida Cautear por Humberto Cristian ALDANA, dejando con indedension ante la campaña mediatica de desprestigio promovida por la Sra. Carolina Fernanda LUJAN. 4-DOCTRINA Para Gregorio Badeni, la doctrina de la real malicia reconoce su fuente en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y no en el common law, especialmente en las enmiendas I y XIV. Estas reformas establecen, la inviabilidad de establecer normas restrictivas de la libertad de prensa la primera y fuente de nuestro art. 32 y la segunda se refiere a que los Estados no podrán legislar limitando prerrogativas o inmunidades constitucionales, ni privar de libertades a las personas sin el debido proceso legal. En cambio Santos Cifuentes la ubica como una derivación del common law, es decir una típica construcción del derecho anglo sajón al decir “Es indudable que, entre nosotros, es muy difícil aplicar la construcción que es producto del common law, por causa de su fuente histórica de la Constitución nacional, que fue la estadounidense. “...la imputación calumniosa consiste en la atribución a otra persona determinada, hecha verbalmente, por escrito o por otro acto significativo, en forma privada o pública, judicial o extrajudicialmente y a sabiendas de la falsedad de la atribución, de ser autora o partícipe de un delito determinado perseguible por acción pública” “La injuria es una ofensa a la honra de la persona ( honor subjetivo ) o una ofensa al crédito de ella ( honor objetivo ). Como ofensa a la honra, la injuria es una lesión al derecho que tienen las personas a que los terceros respeten las cualidades que, según su propia estimación, le asignan a su personalidad. Como ofensa al crédito, la injuria es la lesión al derecho de las personas a que no se perjudique la opinión que sobre su personalidad tengan o puedan tener los terceros” Existen en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación una importante cantidad de fallo que hacen referencia a la doctrina de la real malicia, entre ellos encontramos: "Vago, J.A. c/ Ediciones La Urraca " del 19/11/91 ( Fallos 314:1517 ); "Abad, Manuel Eduardo s/ calumnias e injurias " del 07/04/92 ( Fallos 315 : 632 ); "Tavares, Flavio Arístides s/ calumnias e injurias " de agosto de 1992
( Fallos 315: 1699 ); "Suárez, Facundo Vs. Cherasny s/ querella ", del 04/05/95; "Morales Solá, Joaquín M. s/ injurias" del 12/11/96; “Pandolfi, Oscar R. c/ Rajneri, Julio R.” del 1/7/97, además de otra cantidad que fue resuelta en instancias inferiores sin llegar al más alto tribunal. Tres fallos medulares sobre la doctrina de la real malicia y su aplicación en el derecho argentino estos son, en orden cronológico: “Vago c/ Ediciones La Urraca S.A.”; “Morales Solá, Joaquín” y “Pandolfi, Oscar R. C/ Rajneri, Julio R.” La libertad de expresión, garantizada por los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional y por el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, incluye el derecho a dar y recibir información, especialmente sobre asuntos atinentes a la cosa pública o que tengan relevancia para el interés general. La protección del ámbito de intimidad de las personas tutelado por la legislación común no afecta la libertad de expresión garantizada por la Constitución ni cede ante la preeminencia de ésta; máxime cuando el art. 1071 bis del Cód. Civil es consecuencia de otro derecho inscripto en la propia constitución, también fundamental para la existencia de una sociedad libre, el derecho a la privacidad, consagrado en el art. 19 de la Carta Magna, así como también el art. 11, incs. 2 y 3, del ya mencionado Pacto de San José de Costa Rica, según los cuales nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación, y toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. A la luz de tales principios, no puede ser admitida la pretensión de la demandada de que el interés general en la información concerniente a un hombre público prominente justifica la invasión de su esfera de intimidad. El interés público existente en la información sobre el estado de salud del doctor Ricardo Balbín en su última enfermedad, no exigía ni justificaba una invasión a su más sagrada esfera de privacidad, como ocurrió con la publicación de la fotografía que da fundamento al litigio, cuya innoble brutalidad conspira contra la responsabilidad, la corrección, el decoro, y otras estimables posibilidades de la labor
informativa, y la libertad que se ha tomado la demandada para publicarla ha excedido la que defiende, que no es la que la Constitución protege y la que los jueces están obligados a hacer respetar. Cabe concluir que el lugar eminente que sin duda tiene en el régimen republicano la libertad de expresión ¬comprensiva de la de información¬ obliga a particular cautela en cuanto se trate de deducir responsabilidades por su ejercicio. Empero, ello no autoriza al desconocimiento del derecho de privacidad integrante también del esquema de la ordenada libertad prometida por la Constitución mediante acciones que invadan el reducto individual, máxime cuando ello ocurre de manera incompatible con elementales sentimientos de decencia y decoro. Por ello, y de acuerdo con lo dictaminado en sentido concordante por el Procurador General, se confirma la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso, con costas. (Opinion del Dr. Enrique Petracci) Si la protección al ámbito de intimidad no tuviera otro rango que el de un respetable interés de los particulares dotado de tutela por la legislación común, podría, entonces, llegar a asistir razón al apelante, que funda su derecho en la preeminencia de la libertad de expresión Ocurre, empero, que el mencionado art. 1071 bis es la consecuencia de otro derecho inscripto en la propia Constitución, también fundamental para la existencia de una sociedad libre, o sea, el derecho a la privacidad. Las personas célebres, los hombres públicos tienen, por lo tanto, como todo habitante, el amparo constitucional para su vida privada. (Fallo “Ponzetti de Balbin c/ Editorial Atlantida”) El sentido cabal de las garantías concernientes a la libertad de expresión contenidas en los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional ha de comprenderse más allá de la nuda literalidad de las palabras empleadas en esos textos, que responden a la circunstancia histórica en la que fueron sancionadas. El libre intercambio de ideas, concepciones y críticas no es bastante para alimentar el proceso democrático de toma de decisiones; ese intercambio y circulación debe ir acompañado de la información acerca de los hechos que
afectan al conjunto social o a alguna de sus partes. La libertad de expresión contiene, por lo tanto, la de información, como ya lo estableció, aunque en forma más bien aislada, la jurisprudencia de este tribunal. Por otra parte, el art. 13, inc. 1º, de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamado Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por la ley 23.054, contempla el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, la cual "comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección". La libertad de expresión, garantizada por los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional y por el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, incluye el derecho a dar y recibir información, especialmente sobre asuntos atinentes a la cosa pública o que tengan relevancia para el interés general. La protección del ámbito de intimidad de las personas tutelado por la legislación común no afecta la libertad de expresión garantizada por la Constitución ni cede ante la preeminencia de ésta; máxime cuando el art. 1071 bis del Cód. Civil es consecuencia de otro derecho inscripto en la propia constitución, también fundamental para la existencia de una sociedad libre, el derecho a la privacidad, consagrado en el art. 19 de la Carta Magna, así como también el art. 11, incs. 2 y 3, del ya mencionado Pacto de San José de Costa Rica, según los cuales nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación, y toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. A la luz de tales principios, no puede ser admitida la pretensión de la demandada de que el interés general en la información concerniente a un hombre público prominente justifica la invasión de su esfera de intimidad (Voto Dres. Caballero y Belluscio- Caso “Ponzetti de Balbin contra Editorial Atlantida”) 5-FUNDAMENTA: Sólo queda por declarar que no existe óbice constitucional, sustentable en el art. 32 de la Constitución Nacional, a que la legislación común dictada por el Congreso en virtud de las
atribuciones conferidas por el art. 67, inc. 11 de aquélla, sea penal o, como en la especie: civil, alcance a hechos ilícitos realizados por medio de la prensa, siempre que se respete la reserva a favor de las jurisdicciones locales formulada en el mencionado art. 67, inc. 11 y en el 100 de la Carta Magna. 6-JURISPRUDENCIA: Esta parte fundamenta como principal jurisprudencia estos casos que fueron difundidos en medios argentinos: Sucesores C. H. A. y otros c/ Ventura Luis Antonio y otros s/ daños y perjuicios Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala/Juzgado: L Fecha: 1-oct-2014 Cita: MJ-JU-M-88658-AR S. B. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.-Canal 13- y otro s/ daños y perjuicios (28676/2007) Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala/Juzgado: B Fecha: 4-jun-2014 Cita: MJ-JU-M-87290AR C., R. M. c/ Arte Radio Televisivo Argentino S.A. y otro s/ daños y perjuicios Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala/Juzgado: J Fecha: 17-jun-2014 Cita: MJ-JU-M-87080-AR Partido Obrero c/ Feinman Eduardo Guillermo y otro s/ daños y perjuicios Tribunal: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Sala/Juzgado: 62 Fecha: 28-nov-2013 Cita: MJ-JU-M-83450-AR | Noro Villagra Jorge Luis Marcelo Santiago c/ Rial Jorge Ricardo y otro s/ daños y perjuicios Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala/Juzgado: I Fecha: 16-sep-2013 Cita: MJ-JU-M-83133AR | B. H. G. c. América TV S.A s/ Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación Fecha: 27-ago-2013 Cita: MJ-JU-M-81635-AR | MJJ81635 | MJJ81635 S. G.; P. Y. A.; V. T. I. c/ Horizontes S.A. s/ sumario Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta Sala/Juzgado: Tercera Fecha: 21-mar-2013 Cita: MJ-JU-M-79798-AR
O. M. G. c/ Grinstein Marisa Ivonne y otros s/ daños y perjuicios Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala/Juzgado: E Fecha: 27-ago-2012 Cita: MJ-JU-M-74458-AR | MJJ74458 | MJJ74458 Gesualdi, Dora Mariana c/ Cooperativa Periodistas Independientes Limitada y otros s/ cumplimiento ley 23.073. 17/12/96 T. 319, P. JA 9-7-97/ LL 30-4-97, nro. 95.302 7-SOLICITO Tener por fundamentado el recurso interpuesto en los términos del escrito que antecede y de la misma correr traslado a la adversa para que previo los tramites de rigor dicte sentencia revocando la S.D. Nro. 533 por su notoria improcedencia, con imposición de costas.— 8- VIA RECURSIVA Y CASO FEDERAL. Dejamos planteado desde ya la eventual apertura del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad. Y denunciamos el Caso Federal para ocurrir a la CSJN por la ley 48, atento estar en juego garantías federales de la Constitución de La Nación como ser la defensa en juicio y el derecho de propiedad. 9-PETITORIO 1.-Se tenga por fundado, en debido tiempo y forma, el recurso de apelación interpuesto.2.-De sus fundamentos, se corra traslado a la parte actora por el plazo de 5 días.3.-Oportunamente se haga lugar a este recurso, con costas.Proveer de conformidad, SERA JUSTICIA