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El Senado es certificado como un gran lugar para trabajar
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NORTIC A3 y E1:
ISO 9001:2015
certificaciones que fortalecen la transparencia y la comunicación del Senado
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Senado de la República rinde homenaje al Padre de la Patria
Juan Pablo Duarte, en el 150 Aniversario de su fallecimiento
- Actos del 27 de febrero: presidente de la Asamblea 6
- Senado inicia primera legislatura ordinaria de 2026 10
- La rendición de cuentas: transparencia y compromiso con la democracia 12
- Senado realiza sesión en la provincia San Pedro de Macorís 15
- Poder Legislativo y Suprema Corte de Justicia fortalecen dialogo sobre agenda legislativa y avances en el Poder Judicial 22
- Congreso Nacional recibe a la presidenta de Surinam Jennifer Geerlings–Simons 26
- Presidente del Senado en Washington 30
- Ricardo de los Santos y el secretario general de la OEA abordan cooperación regional 34
- Grupos Parlamentarios de Amistad impulsan el diálogo y la cooperación entre naciones 36
- Durante foro FOPREL el presidente del Senado aboga por unidad de parlamentos 38
- Ricardo de los Santos firma pacto «Alimentación Primero», iniciativa impulsada por la FAO 42
- «Huellas de futuro: mujeres que transforman» 44
- «Raíces vivas de la cultura del Cibao»: homenaje al talento artístico y a la identidad dominicana 51
- Figuras culturales de la región Sur son distinguidas por su legado y trayectoria 54
- Hacia la igualdad en la República Dominicana 57
- Conversatorio sobre la ley que regula la intermediación y la publicidad inmobiliaria 68
- Cámara Alta desarrolla conferencia sobre legislación y ética en la era de la tecnología 70
- Conferencia «Entendiendo la violencia de género: conceptos, contextos y casos» 72
- Senado realiza taller «Regionalización del Territorio Nacional y senadores en los Consejos de Desarrollo Provincial» 74
- Inclusión que transforma vidas: historias de superación y compromiso en el Senado de la República Dominicana 94
- Salud mental: Senado de la República avanza hacia reforma integral con enfoque humano 100
- El referendo en República Dominicana: Análisis sobre su configuración constitucional y el proyecto de legislación pendiente 104
- Reforma laboral: el país que somos y el país que queremos construir 109
- Ley núm. 87-01: 25 años de evolución y el compromiso hacia una reforma integral 113
- La planificación estratégica en la era de la inmediatez 115
- Candidaturas independientes y respuesta legislativa a las declaraciones de inconstitucionalidad 117
- Educación, democracia y destino: el rumbo que la República Dominicana no puede volver a postergar 129
- La nueva cédula: tecnología y seguridad para la soberanía y la vida democrática 134
- El proceso de fiscalización en el Senado de la República: un desafío indispensable para el Estado Social y Democrático de Derecho 143
- Feminicidio: más que la muerte de una mujer 148
- Distinción a la trayectoria laboral Senado realiza primera edición de reconocimientos a colaboradores 154
- Senado de la República rinde homenaje al Padre de la Patria 157
- Con éxito concluye Máster en Derecho Constitucional y Público 161
- El Senado es certificado como un gran lugar para trabajar 164
- NORTIC A3 y E1: ISO 9001:2015 certificaciones que fortalecen la transparencia y la comunicación del Senado 168
- Senado de la República auspicia Primer Encuentro Interinstitucional de Coros 173
- Equipo de Softbol del Senado: disciplina, compañerismo y representación institucional 175
- Rescatando la memoria documental: el trabajo de la Biblioteca del Congreso Nacional 178
- Una Aventura Medioambiental en el Senado 182
- Senado ejecuta amplio programa de responsabilidad social 188
Créditos
Ricardo de los Santos
Presidente del Senado de la República
José Carrasco
Secretario general legislativo
Ramón Novo Padilla
Secretario general administrativo
Directores/as
Sonya Uribe
Recursos Humanos
Ohelmis de la Cruz
Planificación y Desarrollo
Yannerys Paulino
Dirección de Comunicación
Micheline Nassar
Protocolo
Leonardo Javier
Dirección de Representación
Kelvin Decamps
Dirección Administrativa
Máximo Díaz
Dirección Financiera
Editorial
Yannerys Paulino
Dirección de Comunicación
Martha Valenzuela
Encargada de Prensa
Sonya Uribe
Gestión Humana
Jennifer Acosta
Encargada de la Unidad de Fotografía
Roberto Lantigua
Diseño y Diagramación
Periodistas: Israel Figueroa • Elvis Castro • Adalgisa Sánchez • Patricia José • Graciela Acevedo • Mayelin Guzmán • Ofra Rodríguez
Hace tres años, cuando asumimos la Presidencia de este Senado de la República, nos propusimos algo que en ese momento parecía sencillo y que con el tiempo entendimos que era, en realidad, un compromiso duradero: que esta institución hablara con la gente y no solo para la gente. Con esa idea nació la Revista El Senado. Hoy, al tener en nuestras manos esta tercera edición, confesamos que sentimos algo parecido a lo que sentimos aquel primer día: la certeza de que consensuamos nuestras decisiones y somos conscientes de sus efectos en la sociedad en que vivimos.
Las dos ediciones anteriores nos sorprendieron gratamente. Tanto la edición física como la digital circularon mucho más allá de lo que imaginamos, en escritorios de funcionarios, en universidades, en manos de dominicanos que quizás nunca habían tenido una revista institucional. A todos ustedes, los que se toman el tiempo de leernos, gracias de corazón. Pero nuestra gratitud más profunda es para quienes hacen posible que esta revista exista edición tras edición: cada senador y senadora de la República que aporta su tiempo y su palabra; y el equipo de comunicación del Senado de la República, que con un esfuerzo sigiloso y constante convierte ideas en páginas y páginas en algo tangible, listo para ser leído.
Esta tercera entrega llega, además, con un acompañamiento del que nos sentimos particularmente orgullosos. Nos honran con sus colaboraciones: el doctor Hermógenes Acosta, magistrado emérito del Tribunal Constitucional; el doctor Román Jáquez, presidente de la Junta Central Electoral; el licenciado Pedro Pablo Yermenos, magistrado del Tribunal Superior Electoral; también el destacado jurista Cristóbal Rodríguez; y nuestra amiga y colaboradora permanente, la licenciada Ana Andrea Villa Camacho, magistrada de la Procuraduría General de la República. Sus artículos académicos nos ayudan a mirar nuestra labor legislativa desde ángulos que, muchas veces, quienes estamos dentro del Pleno del Senado de la República no alcanzamos a ver. El hecho de que juristas y magistrados excepcionales decidan compartir sus reflexiones en estas páginas no es un dato menor; por el contrario, es una muestra de que el diálogo entre los órganos constitucionales del Estado no solo es posible, sino que puede ser franco, respetuoso y enriquecedor para todos.
En esta edición los lectores encontrarán un recuento de nuestra participación en organismos de la relevancia de la OEA y la FAO, donde el Senado de la República tuvo voz y presencia activa. Seguimos con la sección «Conoce a tu senador», que ha provocado la atención de nuestros lectores, y un repaso de los talleres y encuentros que marcaron la vida
institucional desde agosto de 2025 hasta este primer semestre (2026): jornadas de formación, foros, actividades que quizás pasaron inadvertidas, pero que dejaron huellas en quienes participamos.
Queremos detenernos un momento en algo que para nosotros es central. Esta revista no es un adorno ni un ejercicio de relaciones públicas. Es, junto con las demás publicaciones que hemos venido impulsando estos tres años, parte de una misma convicción: que el Senado de la República es, por naturaleza y vocación, el órgano colegiado más democrático de la nación, porque en él conviven todas las representaciones de las organizaciones políticas que alcanzaron el voto popular, conservadores y liberales. Y un órgano así de plural composición tiene la obligación de explicarse, de mostrarse, de dejarse leer.
A quienes hoy tienen la edición de esta revista, sea en papel o en digital, les digo lo mismo que le dije a nuestro equipo hace tres años: gracias por acompañarnos en este empeño de contar lo que hacemos. Cada edición que logramos sacar adelante es, en el fondo, un homenaje al trabajo de tantas personas que creen, como yo, que el Senado de la República le debe a la gente algo más que leyes: le debe también su palabra.
Con afecto y compromiso,
Presidente del Senado de la República Dominicana
Revista/Senado
Presidente de la Asamblea
Nacional, Ricardo de los Santos, reafirma ejercicio sÓlido del Congreso Nacional en favor de la institucionalidad y la democracia
Por: Adalgisa Sánchez
En ocasión del 182 aniversario de la Independencia Nacional, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, resaltó la gobernabilidad democrática y la transparencia que ha imperado durante el mandato del presidente Luis Abinader, considerando que «se ha demostrado con hechos concretos una lucha real contra la corrupción y la impunidad, estableciendo un precedente histórico en favor de la patria y el bienestar del pueblo dominicano». El representante de la provincia Sánchez Ramírez, habló en este contexto durante su discurso ante la Asamblea Nacional, previo a la alocución del primer mandatario el 27 de febrero, quien desglosó su informe de gestión correspondiente al año 2025 en cumplimiento de la Constitución.
De Los Santos consideró que con la rendición de cuentas se reafirma la fortaleza del Estado, donde cada Poder ejercer sus atribuciones con independencia, responsabilidad, respeto y sentido de nación, considerando que la gobernabilidad democrática es una tarea compartida, y la institucionalidad se preserva, cuando cada actor cumple su rol con apego a la Constitución y las leyes.
En ese sentido, el legislador también definió el informe gubernamental como un pilar esencial de la transparencia y una herramienta indispensable en la lucha contra la corrupción, un fenómeno que socava la confianza ciudadana, debilita el sistema democrático y traiciona el sacrificio histórico de quienes fundaron nuestra República
Ricardo de los Santos recordó que, desde el inicio de su mandato, el presidente de la República Luis Abinader, ha expresado que, en el ejercicio del poder se pueden tener amigos, pero no cómplices, una afirmación que interpela a todos los servidores públicos y recuerda que la lealtad verdadera debe ser siempre con la Constitución, la ley, y el pueblo dominicano.
El presidente de la Asamblea Nacional subrayó que en el actual gobierno ha quedado bien claro, que no hay espacio para la impunidad. Siga hacia adelante, señor presidente, sin mirar atrás. Siga enfrentando la corrupción, con la responsabilidad que lo ha venido haciendo, exclamó De los Santos con energía.
Revista/Senado
Compromiso con la administraciÓn responsable de los recursos Públicos en apego a la constitución y las leyes
Al reflexionar sobre su gestión al frente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, declaró que asumió su rol con la conciencia clara de que la administración de recursos ajenos es un acto de confianza que exige rectitud absoluta; un aprendizaje que adquirió durante su trayectoria de representación sindical y que para él constituye una lección que ha guiado su vida.
Al mismo tiempo recordó que desde el año 2001, cuando por primera vez le correspondió administrar bienes de terceros, comprendió que la transparencia no es un discurso, sino una práctica cotidiana que debe honrarse, especialmente cuando nadie está mirando.
En todas las posiciones que he ocupado, siempre he dicho: al final de mi gestión, es posible que haya perdido algunos amigos, pero siempre me quedará uno: mi conciencia, petu, el legislador cotuisano.
«En una sociedad plural y diversa, la escucha respetuosa y la concertación, son fundamentales para adoptar decisiones que favorezcan el interés general y la gobernabilidad» , concluyó el presidente de la Asamblea Nacional.
En ese marco, Ricardo de los Santos, quien ha presidido la Cámara Alta durante tres periodos consecutivos, declaró que el Congreso Nacional reafirma su compromiso con el ejercicio responsable del mandato constitucional, orientado a la construcción de una República Dominicana moderna, institucionalmente sólida, socialmente justa y en permanente proceso de desarrollo.
El congresista también aseguró que en el Senado de la República prevalecerá el trabajo tesonero cimentado sobre el diálogo democrático, como única vía para la construcción de consensos.
El Senado de la República dejó abierto los trabajos legislativos para la primera legislatura ordinaria del año, al conmemorarse el 27 de febrero 182 aniversario de la Independencia Nacional
Por: Adalgisa Sánchez
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, calificó como histórico el rendimiento de la pasada legislatura, expresando su satisfacción por el alto desempeño alcanzado durante su gestión al frente de la Cámara Alta.
Destacó que el Senado sesionó de manera continua, sin que se suspendiera una sola sesión por falta de quórum, lo que afirmó evidencia el compromiso y la responsabilidad de los legisladores con el país. Al dirigirse a los senadores presentes en el hemiciclo, los exhortó a continuar trabajando con dedicación en los proyectos de gran importancia para la nación. Durante su alocución, hizo un resumen de las principales leyes aprobadas, las cuales fortalecen distintos sectores de la sociedad dominicana.
Conformación de comisiones especiales
El presidente del Senado conformó tres comisiones especiales con motivo del inicio de la legislatura y la conmemoración patria: dos para recibir al presidente de la República, Luis Abinader, en la explanada del Congreso Nacional y en el lobby del Salón de la Asamblea Nacional, y otra para depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria.
La segunda comisión, apostada en el segundo nivel del Congreso Nacional, fue conformada por los senadores Julito Fulcán, Bernardo Alemán Rodríguez, Carlos Gómez, Omar Fernández, Casimiro Antonio Marte, María Mercedes Ortiz, Aneudi Milciades Ortiz, Alexis Victoria y Antonio Taveras Guzmán. En tanto, la tercera estuvo encabezada por la senadora María Mercedes Ortiz, junto a los senadores Secundino Velázquez Pimentel, Pedro Antonio Tineo Núñez y Alexis Espíritusanto.
La primera comisión fue integrada por los senadores Lía Inocencia Díaz de Díaz, Aracelis Villanueva Figueroa, Moisés Ayala Pérez, Alexis Espíritusanto Castillo, Ramón Rogelio Genao Durán, Andrés Guillermo Lama, Johnson Encarnación Díaz, Franklin Romero Martín y Dagoberto Rodríguez Adames.
Acto solemne
Para dejar formalmente iniciada la primera legislatura ordinaria de 2026, se detonaron 21 cañonazos en la parte frontal del Congreso Nacional, mientras los senadores, puestos de pie en el salón del hemiciclo, escuchaban las notas del Himno Nacional.
Por: Ofra Rodríguez
¿Qué
Rendir cuentas es el deber que tienen las instituciones y sus autoridades de informar, explicar y justificar de manera clara oportuna y transparente sus decisiones, acciones y uso de los recursos públicos durante su gestión ante la ciudadanía.
En el ámbito legislativo, la rendición de cuentas fortalece la confianza pública, promueve la transparencia y garantiza que los representantes actúen conforme a los principios establecidos en la Constitución y las leyes. En la República Dominicana, el Senado de la República asume la rendición de cuentas como un ejercicio fundamental de responsabilidad pública, mediante el cual informa a la ciudadanía sobre su gestión legislativa, administrativa y financiera.
Pero, ¿qué significa realmente rendir cuentas y por qué es tan importante en el ámbito legislativo?
La Cámara Alta, como órgano que representa a las 31 provincias y al Distrito Nacional, tiene la responsabilidad de legislar, fiscalizar y representar. En esa perspectiva, la rendición de cuentas constituye un mecanismo para mostrar cómo se han cumplido esas funciones durante un período determinado.
Cada año, el presidente del Senado presenta un informe detallado en el que expone: la cantidad de proyectos de ley aprobados y conocidos, las resoluciones y ratificaciones de acuerdos internacionales, también el trabajo realizado por las comisiones permanentes, las iniciativas de fiscalización, la ejecución presupuestaria y el uso de los recursos institucionales y los avances en modernización y fortalecimiento institucional.
Este informe no solo resume cifras, sino que también destaca el impacto social y económico de las leyes aprobadas y las acciones emprendidas.
Fortalecimiento a la transparencia y modernización institucional
En los últimos años, el Senado de la República Dominicana ha fortalecido sus mecanismos de acceso a la información pública, digitalización de procesos y publicación de datos institucionales, permitiendo a los ciudadanos consultar proyectos legislativos, actas de sesiones y ejecuciones presupuestarias.
La rendición de cuentas también refleja los esfuerzos en modernización tecnológica, capacitación del personal y adecuación de procesos internos para garantizar mayor eficiencia y transparencia.
Rendir cuentas no es solo un requisito formal, sino una práctica que consolida la institucionalidad democrática. Cuando el Senado informa sobre su gestión, reafirma su compromiso con el Estado de derecho y con los principios de legalidad, participación y control ciudadano.
Además, este ejercicio permite evaluar logros, identificar desafíos y proyectar nuevas metas legislativas, en consonancia con las necesidades del país.
La rendición de cuentas en el Senado de la República es parte de una cultura institucional orientada a la transparencia y la responsabilidad pública. Asimismo, es manifestación de respeto hacia la ciudadanía, que deposita en sus representantes la confianza de legislar en su nombre.
En conclusión, rendir cuentas es fortalecer nuestra democracia y abrir las puertas del Congreso Nacional a cada ciudadano, demostrando que la gestión pública debe ejercerse con claridad, ética y compromiso nacional.
una sesión ordinaria al conmemorarse el 143 aniversario de la ciudad
La Cámara Alta celebró una sesión histórica en la provincia San Pedro de Macorís, en el 143 aniversario de la ciudad y en la conmemoración del 118 aniversario de su designación como provincia
Por: Adalgisa Sánchez
El pleno del Senado se trasladó a la sede de la Universidad Central del Este (UCE), de la ciudad de San Pedro de Macorís, dando cumplimiento a una resolución aprobada por los senadores, a solicitud de la senadora de esa demarcación, Aracelis Villanueva.
Previo al inicio de la sesión, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, se dirigió a los presentes, expresando que la Cámara Alta realiza esta sesión con la finalidad de mantener una cercanía con el pueblo dominicano. Durante su ponencia, De los Santos destacó las características que adornan la ciudad, como son:
su cultura, arte, rubros agrícolas y la siembra de caña para producir azúcar.
San Pedro de Macorís es una ciudad creadora de grandes peloteros, como las Estrellas Orientales; de personalidades históricas, como Pedro Mir y Héctor Villegas; y formadora de hombres, mujeres y niños prominentes, destacados en distintas áreas.
La senadora por esa demarcación, Aracelis Villanueva, agotó un turno señalando que, por primera vez en la historia, el Senado de la República se traslada a San pedro de Macorís como marco de fortaleza para
nuestra institucionalidad. Refiriéndose al presidente del Senado, indicó que esta sesión rompió las expectativas: Es un hecho para la historia de lo que estamos haciendo en el Senado, porque ha sido la más numerosa, es la primera sesión celebrada fuera del Senado con 26 senadores presentes.
En su discurso, la senadora destacó los aportes de su tierra, considerándola como tierra de grandes poetas, y peloteros, que han llenado de orgullo nuestra cultura.
En los trabajos legislativos celebrados en la provincia, el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que establece exenciones impositivas y arancelarias para los insumos y equipos médicos cardiovasculares, oftalmológicos y endocrinos, iniciativa presentada por la senadora de Puerto Palta, Ginnette Bournigal de Jiménez.
En primera lectura, los senadores aprobaron el proyecto de ley que regula el ejercicio profesional del detective privado, presentado por el senador Santiago José Zorrilla, y que tiene por objeto regular el ejercicio del detective privado en la Republica Dominicana.
De igual manera, fue sancionado en primera lectura el proyecto de ley que declara las corridas de toro de la provincia El Seibo, patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana, presentada por el mismo senador.
Senado
También se incluyó el proyecto que declara el día 10 de noviembre de cada año, como Día Nacional de la Mujer Médico Dominicana, en honor a la doctora Evangelina Rodríguez, propuesta de las senadoras Lía Díaz de Díaz, Ginnette Bournigal de Jiménez, Aracelis Villanue-
En primera lectura fue aprobado el proyecto de ley que declara el 10 de septiembre como Día del Orgullo Petromacorisano, presentado por la senadora Aracelis Villanueva. En segunda lectura, el Senado aprobó el proyecto que reor-
ganiza el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), presentado por los senadores Alexis Victoria Yeb y Cristóbal Venerado Castillo.
También fue aprobado el proyecto que declara rial de la nación dominicana. En los trabajos también se aprobó el proyecto que designa con el nombre de Edison Rodríguez Paulino vincia Sánchez Ramírez, va y Rafael Barón Duluc Rijo.
el casabe como patrimonio cultural, inmatetrabajos de el multiuso del municipio Villa La Mata, proini-
ciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
Esta sesión legislativa incluyó, además, la aprobación de varios proyectos de resoluciones entre estas, la que solicita al presidente Luis Abinader que disponga la inclusión en el Presupuesto General del Estado para el año 2026, la construcción de la carretera que comunica las secciones de Las Aguas y la Recta de Sanita, en el municipio Montecristi, presentada por el senador Bernardo Alemán Rodríguez.
reconoce a Carmen Heredia Ottenwalder por su trayectoria y aportes en favor del desarrollo del arte y la cultura en la República Dominicana, autoría de la senadora María Mercedes Ortiz; y una resolución que reconoce a Jeannette Miller por su destacada trayectoria literaria y sus aportes a la literatura y poesía dominicana, del senador por la provincia Espaillat, Carlos Gómez.
También, la resolución que solicita al presidente Luis Abinader disponer la construcción de un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) en el municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa, presentado por el senador Milcíades Aneudy Ortiz; así como la construcción de un centro similar, en el municipio Tenares, provincia Hermanas Mirabal, a solicitud de la senadora María Mercedes Ortiz. Los senadores conocieron la resolución que
También, la resolución que solicita al presidente Luis Abinader disponer la terminación de la construcción del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) ubicado en el sector Villa Olímpica, en la ciudad de Santiago los Caballeros, provincia Santiago, del senador Daniel Rivera; otra que reconoce de manera póstuma al maestro de las artes plásticas dominicanas, José Cestero, presentada por la senadora María Mercedes Ortiz; y de la misma senadora, la que reconoce al cantante y compositor Frank Reyes por su destacada trayectoria y aportes en favor del desarrollo de la música y el arte en la República Dominicana.
Otras iniciativas aprobadas fueron la resolución que solicita al presidente Luis Abinader disponer la construcción de un centro de convenciones en la provincia San Pedro de Macorís, la que solicita a Ángel de la Cruz, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, la terminación del destacamento policial en el municipio Quisqueya de la provincia San Pedro de Macorís, presentado por la senadora senadora Aracelis Villanueva.
Mella, tramo San Pedro de Macorís-Cruce de Cayacoa, así como la que solicita al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, realizar los estudios correspondientes, a los fines de su recomendación para que el presidente de Luis Abinader declare como área de riesgo ambiental al río Soco, en la provincia San Pedro de Macorís.
De igual manera fue sancionada la resolución que solicita al presidente Luis Abinader que disponga la ampliación, modernización y equipamiento del recinto Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en esa demarcación.
Asimismo, fue incluida la resolución que solicita al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, el acondicionamiento y asfaltado del desvío de la carretera la Ceiba-Macao, sección El Salado, en el distrito municipal Verón-Punta Cana, municipio Higüey, provincia La Altagracia, presentado por el senador de esa demarcación Rafael Barón Duluc.
Asimismo, fue aprobada la iniciativa que solicita la conclusión de los trabajos de drenaje pluvial y acondicionamiento vial en la calle 20 de la ciudad de San Pedro de Macorís, a solicitud de la senadora Aracelis Villanueva.
De igual forma, se aprobó la iniciativa que solicita al presidente Luis Abinader instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)la intervención inmediata de la carretera del municipio Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís, de la senadora Aracelis Villanueva. Los legisladores sancionaron en única lectura la resolución que solicita a Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, la reconstrucción de la Carretera
Reconocimientos
Los homenajeados fueron: el doctor José Manuel Glass Gutiérrez, la maestra Sor María de las Mercedes Carrasco Miranda, el reverendo Fabián Guerrero Cordero, Luciano Álvarez y Cristino Rosario. Además, Abraham José González Reyes, Alejandro Encarnación Montero, Jairo Alexander Medrano Lewest, Yokaira Andreina Hilario Santana, Mayleni Manuela Céspedes de Rodríguez y Ada María de la Cruz Henry.
Al concluir la sesión ordinaria celebrada en la Universidad Central del Este (UCE), el Senado de la República, en conjunto con la oficina senatorial de San Pedro de Macorís, reconoció a destacadas personalidades de la provincia, por contribuir de manera significativa al desarrollo social, cultural y comunitario de la región.
Los reconocimientos se llevaron a cabo en el marco de la conmemoración del 143 aniversario de la elevación a provincia de San Pedro de Macorís, en un acto encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, junto a la senadora Aracelis Villanueva, quien destacó los aportes hechos por los reconocidos en distintas áreas. Durante el acto la legisladora
Villanueva resaltó la trayectoria de hombres y mujeres que con esfuerzo, dedicación y compromiso han dejado huellas positivas en distintos ámbitos, convirtiéndose en ejemplo de superación y servicio para las nuevas generaciones.
Con estos reconocimientos exaltan la trayectoria y el aporte de cada personalidad distinguida, quienes también constituyen un ejemplo inspirador para la comunidad. Con este gesto, la Oficina Senatorial reafirma su compromiso de valorar el esfuerzo, la dedicación y la entrega de hombres y mujeres que, desde diferentes ámbitos, contribuyen al desarrollo y engrandecimiento de San Pedro de Macorís.
fortalecen dialogo sobre agenda
legislativa y avances
Por: Adalgisa Sánchez
El Congreso Nacional y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) desarrollan un proceso de diálogo y colaboración interinstitucional con miras al estudio y aprobación de iniciativas de vital relevancia para el sistema de justicia, como las leyes Orgánica del Poder Judicial, la de simplificación de procesos judiciales, la actualiza-
ción de la normativa de Registro Inmobiliario, así como la de eliminación de tasas judiciales. La primera de estas iniciativas actualizará el funcionamiento interno del sistema judicial, dotándolo de eficiencia, independencia y flexibilidad organizativa; la segunda permitirá simplificar y agilizar trámites judiciales, beneficiando directamente a los ciudadanos y reduciendo la litigiosidad innecesaria; la tercera
Senado
fortalecerá los procesos técnicos y registrales, adaptándolos a las necesidades actuales del sector y sus actores públicos y privados, y la cuarta permitirá derribar barreras económicas a los más vulnerables.
En ese sentido, el magistrado Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, visitó este jueves el Congreso Nacional y presentó ante los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos; y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como ante las comisiones coordinadoras y de justicia de ambas cámaras legislativas, los avances, retos y proyecciones del sistema judicial dominicano en el período 2019-2025, resaltando una transformación enfocada en la eficiencia, la transparencia y la dignidad humana.
cia, la transparencia y la dignidad humana. que instituciones tal
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien dirigió los trabajos del encuentro, destacó los avances que ha experimentado el Poder Judicial, un proceso de modernización, orientado a consolidar una justicia más ágil, accesible y transparente; una justicia, que responde con mayor eficacia a las demandas de la ciudadanía, y que fortalece la confianza en nuestras instituciones.
De los Santos valoró los esfuerzos del Poder Judicial, enfatizando en que una justicia eficiente y confiable es pilar fundamental para el desarrollo democrático, la seguridad jurídica, la paz social y las inversiones que propician el desarrollo.
Este encuentro es un ejercicio de diálogo constructivo que nos permite identificar oportunidades de mejora, armonizar ideas y propuestas legislativas y seguir fortaleciendo el Estado de derecho. Una interacción respetuosa como esta, entre los poderes Legislativo y Judicial, es clave para una gobernanza moderna y efectiva, destacó.
El presidente del Senado concluyó señalando que ambos poderes, Legislativo y Judicial, continuarán trabajando de la mano para dotar al país de leyes que contribuyan con el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales.
Entre las leyes aprobadas que robustecen el sistema de justicia, enumeró: el Código Penal; el Código Procesal Penal; la Ley sobre Recurso de Casación; la Ley que Crea el Ministerio de Justicia y la Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, entre otras importantes iniciativas. En el encuentro, el magistrado Molina expresó su gratitud por el respaldo histórico del Congreso Nacional en el proceso de modernización de la justicia y reafirmó que el for-
talecimiento del Estado de derecho exige una rendición de cuentas absoluta.
Enfatizó que «la transformación judicial no es un destino estático, sino un proceso continuo para materializar la promesa constitucional de una justicia pronta, humana y confiable».
Debemos consolidar una justicia que sea un puente seguro para el que busca amparo y un escudo firme para quien necesita protección. Esa es la justicia que le debemos al país, concluyó el magistrado Molina, enfatizando que el trabajo unido de los poderes del Estado engrandece la democracia dominicana.
Asimismo, expuso que esta cultura de eficiencia se ha extendido a nivel nacional, logrando que al cierre de 2025 más del 80 % de los tribunales del país se encuentren al día, reduciendo trámites que antes tomaban años a solo días. En cumplimiento de la Ley núm. 339-22, de Uso de Medios Digitales, dijo que el Poder Judicial consolidó una plataforma digital con más de 33,000 usuarios y la emisión de más de cinco millones de documentos con firma digital.
De esta manera, continuamos cumpliendo el objetivo que expusimos ante ustedes hace un año: extender de manera progresiva la justicia digital, apuntó.
Dentro de los hitos de infraestructura, el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia destacó la puesta en funcionamiento de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, eliminando la precariedad de los furgones y sustituyéndolos por espacios modernos, dignos y accesibles, «con ello dimos cumplimiento al compromiso que asumimos ante este Congreso en abril del año pasado, de poner en operación esa obra en el segundo semestre de 2025».
También resaltó la consolidación del Registro Inmobiliario como eje del Plan Nacional de Titulación y los altos estándares de transparencia institucional, reflejados en la calificación de 100 puntos en el Índice de Transparencia del Estado y el liderazgo regional de la República Dominicana en la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Durante el acto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, calificó como columna vertebral la colaboración legislativa que mantiene el Congreso con el sistema judicial, que sirve como soporte para erradicar la impunidad y desconfianza.
La transparencia y la fiscalización mutua son instrumentos indispensables para preservar el Estado social democrático y de derecho, que fortalecen la legitimidad y protegiendo a la ciudadanía de arbitrariedades, dijo Alfredo Pacheco.
Señaló que desde el Congreso Nacional se impulsa la aprobación de importantes iniciativas, y sentirse compro-
metido a continuar garantizando y protegen los derechos fundamentales de las personas.
Cuando los legisladores y los actores del Poder Judicial compartimos una visión de país y priorizamos el interés público, los resultados se multiplican, concluyó el presidente de la Cámara de Diputados.
El magistrado Henry Molina estuvo acompañado por los jueces del Pleno de la Suprema Corte de Justicia: Justiniano Montero, Vanessa Acosta Peralta, Miguelina Ureña Núñez, Édynson Francisco Alarcón Polanco, Francisco Jerez Mena, Fran Soto Sánchez, María Garabito Ramírez, Nancy Salcedo Fernández, Francisco Ortega Polanco, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico. Además, el magistrado Manuel Hernández Victoria, representante de los jueces de la SCJ ante el Consejo del Poder Judicial.
El Congreso Nacional, en reunión conjunta de ambas Cámaras, recibió a la presidenta de la República de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, en una ceremonia solemne celebrada en el Salón de la Asamblea Nacional, como parte de la visita oficial que realizÓ al país para fortalecer las relaciones de cooperación y amistad entre ambas naciones.
Asu llegada al Palacio del Congreso Nacional, la mandataria surinamesa fue recibida en la explanada por los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos, del Senado de la República, y Alfredo Pacheco, de la Cámara de Diputados, acompañados de una comisión de senadores y diputados. Posterior-
mente, la jefa de Estado firmó el Libro de Visitas Distinguidas en el Salón VIP del Congreso Nacional y participó en una fotografía oficial antes de dirigirse al Salón de la Asamblea Nacional.
Durante su discurso de bienvenida, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó que la visita de Geerlings-Simons constituye
una muestra del compromiso de ambas naciones con el fortalecimiento de la cooperación y el desarrollo compartido.
«Su presencia en esta tierra duartiana constituye una muestra inequívoca de voluntad política y de compromiso con una agenda de cooperación basada en el entendimiento, la solidaridad y el desarrollo compartido. Reconocemos en Surinam un aliado estratégico con enormes potencialidades humanas, económicas, culturales y ambientales. Desde el Congreso dominicano reafirmamos nuestra convicción de que las naciones hermanas crecen más cuando fortalecen el diálogo y la cooperación», expresó De los Santos.
vación tecnológica, agricultura, industria, energía, minería responsable e intercambio cultural.
«Les transmito los saludos más cordiales del pueblo de Surinam
y agradezco
la hospitalidad y la amistad que hemos recibido en la República Dominicana».
Por su parte, la presidenta de Surinam agradeció el recibimiento brindado por las autoridades dominicanas y resaltó los valores democráticos y los desafíos comunes que comparten ambos países.
Este encuentro reúne a dos democracias que, aunque diferentes en idioma y cultura, comparten una firme convicción en los valores democráticos, el Estado de derecho y el bienestar de sus ciudadanos.
El presidente de la Cámara Alta señaló además que este encuentro permitirá continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales en áreas como comercio, educación, turismo, seguridad, sostenibilidad ambiental, inno-
«Mi visita reafirma nuestro interés de fortalecer los lazos con la República Dominicana, ampliar la cooperación en áreas como energía renovable, agricultura, turismo y desarrollo sostenible, así como promover un mayor intercambio entre nuestros parlamentos», señaló.
Jennifer GeerlingsSimons dijo estar
convencida de que, trabajando juntos, podrán generar más oportunidades y bienestar para ambos pueblos, al tiempo que las naciones enfrentan desafíos comunes como el cambio climático.
«En nombre del pueblo de Surinam, les doy las gracias por su amabilidad y reitero mi deseo de que continúe fortaleciéndose la amistad entre nuestras dos naciones», manifestó GeerlingsSimons.
La mandataria estuvo acompañada por su esposo, Glenn E. Geerlings; el ministro de Relaciones Exteriores, Negocios Internacionales y Cooperación, Melvin W. J. Bouva; y el ministro de Transporte, Comunicación y Turismo, Raymond H. Landveld, entre otros integrantes de la delegación oficial. La visita formó parte de los esfuerzos de ambos países por continuar consolidando las relaciones diplomáticas y de cooperación, así como fortalecer los lazos de amistad entre los pueblos de Surinam y la República Dominicana. pública Dominicana.
Ricardo de los Santos resalta en Washington compromiso del Congreso dominicano de fortalecer marco legal frente a las drogas sintéticas
El presidente del Senado encabezó LA comisión que participó en el Encuentro de la Red Internacional de Legislación sobre Drogas, junto al titular de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa; del CND, Alejandro Abreu, y el diputado Robinson Santos.
Washington, D.C. El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, afirmó en Washington que las cámaras legislativas dominicanas, junto a los organismos correspondientes, trabajan activamente en la actualización y rediseño de un nuevo marco normativo, orientado a fortalecer la respuesta del Estado frente al creciente desafío que representan las drogas sintéticas. Durante su intervención en el panel «Importancia de la acción legislativa ante las nuevas amenazas
y desafíos en el combate a las drogas ilícitas» en el marco del encuentro de la Red Internacional de Legislación sobre Drogas – Componente de América Latina y el Caribe (INLOD-LAC), de la Organización de Estados Americanos (OEA), De los Santos indicó que se trabaja para cerrar vacíos legales que han sido aprovechados por redes criminales cada vez más sofisticadas.
El presidente de la Cámara Alta explicó que el objetivo del Congreso dominicano es incorporar tipificaciones precisas y sanciones proporcionales para los delitos vinculados a la producción, distribución y comercialización de estas sustancias.
Estamos impulsando leyes especiales orientadas a fortalecer la capacidad del Estado para identificar nuevas sustancias psicoactivas, regular precursores químicos y dotar a nuestras instituciones de herramientas más eficaces para la investigación y persecución del delito, expresó el presidente del Senado. De igual modo, consideró imprescin-
dible avanzar hacia un enfoque integral, basado en responsabilidades compartidas y en la cooperación efectiva entre los Estados. De los Santos destacó que el auge de las drogas sintéticas representa una amenaza de carácter multidimensional que impacta la salud pública, la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional, afectando de manera particular a los jóvenes y al tejido social en su conjunto.
En ese sentido, subrayó la necesidad de avanzar hacia un enfoque integral basado en la cooperación efectiva entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas que incluyan prevención, persecución penal, inteligencia compartida, tratamiento y reinserción social. Asimismo, sostuvo que las drogas sintéticas no reconocen fronteras, por lo que las respuestas tampoco pueden estar limitadas por ellas, haciendo un llamado a la armonización de esfuerzos internacionales con mecanismos de segui-
miento efectivos y voluntad política sostenida. La amenaza de las drogas sintéticas es demasiado seria como para abordarla de manera fragmentada o reactiva, expresó. Ell presidente del Senado también resaltó la importancia de fortalecer la cooperación interinstitucional en el ámbito nacional entre los organismos de seguridad, salud y justicia, así como las alianzas con países hermanos y organismos multilaterales, considerando el intercambio de información, las operaciones conjuntas y la asistencia técnica como pilares fundamentales.
En sus palabras, reafirmó la disposición del Senado de la República de promover espacios permanentes de diálogo y cooperación, incluyendo foros parlamentarios, encuentros regionales y mesas de trabajo orientadas a compartir buenas prácticas y fortalecer la coordinación internacional. «La lucha contra las drogas sintéticas no es solo una cuestión de políticas pú-
blicas, sino una defensa de la vida, la dignidad humana y el futuro de nuestras sociedades», consideró.
El legislador concluyó reiterando el compromiso firme e inquebrantable de la República Dominicana de continuar siendo un aliado activo en la construcción de soluciones conjuntas frente a este desafío global. Durante su intervención, en el panel «Importancia de la acción legislativa ante las nuevas amenazas de las drogas ilícitas», celebrado en la sede la OEA, Washington, el vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), reafirmó el compromiso del Gobierno de la República Dominicana, de avanzar hacia una legislación moderna, flexible y alineada con los desafíos tecnológicos del siglo XXI, fortaleciendo la cooperación hemisférica para cerrar espacios al crimen organizado transnacional.
El titular de la DNCD recordó que la velocidad con la que evoluciona el mercado sintético supera la capacidad de respuesta de los marcos normativos tradicionales, ya que actualmente, más de 1,200 nuevas sustancias psicoactivas han sido identificadas a escala mundial, muchas de ellas diseñadas específicamente para evadir controles legales mediante modificaciones moleculares mínimas.
«El problema ya no se limita únicamente al tráfico tradicional de drogas, actualmente, organizaciones criminales pueden adquirir sustancias químicas por internet, utilizar criptomonedas para financiar operaciones, fragmentar envíos mediante servicios de courier y producir drogas sintéticas utilizando equipos especializados de síntesis química», precisó.
Afirmó que la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, de la República Dominicana constituyó un instrumento importante para su época. Sin embargo, fue diseñada en una realidad previa al surgimiento de las nuevas sustancias psicoactivas, el comercio digital y los modelos modernos de producción química ilícita.
El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, en la que abordaron mecanismos de cooperación regional para enfrentar las amenazas derivadas del auge de las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas en el hemisferio.
El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, en la que abordaron mecanismos de cooperación regional para enfrentar las amenazas derivadas del auge de las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas en el hemisferio.
Durante el encuentro, De los Santos presentó los avances del programa «Parlamentos y Prosperidad», iniciativa orientada a fortalecer marcos legislativos sustentados en evidencia científica, el intercambio de buenas prácticas y el diálogo regional de alto nivel entre los parlamentos de las Amé-
ricas. El presidente del Senado destacó la necesidad urgente de impulsar normativas regulatorias comunes que permitan responder de manera coordinada al incremento de sustancias emergentes y al impacto del crimen organizado transnacional en la región.
De su lado, Ramdin valoró la iniciativa impulsada desde la República Dominicana como un modelo ejemplar de articulación legislativa y cooperación hemisférica, al tiempo que expresó el interés de la OEA en trabajar conjuntamente en la construcción de un marco mínimamente regulatorio que sirva de referencia regional
para enfrentar las drogas emergentes y fortalecer la seguridad regional. Asimismo, fue reconocido el importante aporte que realiza la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA en materia de cooperación técnica, prevención y fortalecimiento institucional frente a estos desafíos.
En la reunión participaron, además, la embajadora Mayerlyn Cordero, representante permanente de la República Dominicana ante la OEA; el embajador Alexander de la Rosa, asesor del Senado; y Enmanuel Lora, consejero de la misión dominicana ante el organismo hemisférico.
Senadora destaca el papel del Senado en la construcción de puentes de cooperación internacional
Con el propósito de fortalecer las relaciones entre naciones, fomentar el diálogo y promover la cooperación en áreas de interés común, el Senado de la República Dominicana continúa impulsando los Grupos Parlamentarios de Amistad, una iniciativa que consolida los vínculos institucionales, culturales y diplomáticos con parlamentos de distintos países.
Estos espacios de intercambio representan una herramienta clave de la diplomacia parlamentaria moderna, permitiendo el
acercamiento entre legisladores y la creación de alianzas estratégicas que favorecen el desarrollo mutuo. En esta edición de la revista institucional del Senado conversamos con María Mercedes Ortiz, senadora por la provincia Hermanas Mirabal y presidenta de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, quien compartió su visión sobre el impacto y alcance de estos grupos en el fortalecimiento de las relaciones internacionales de la República Dominicana. La legisladora explicó que los Grupos Parlamentarios de Amistad constituyen un mecanismo clave para fortalecer las relaciones diplomáticas desde el ámbito legislativo, complementando la labor que realiza el Poder Ejecutivo y proyectando al Senado como un puente permanente de diálogo, entendimiento y cooperación internacional.
Ortiz destacó que, en un mundo cada vez más interconectado, la diplomacia parlamentaria enfrenta importantes desafíos vinculados al cambio climático, la migración, la seguridad global y la necesidad de fortalecer la credibilidad institucional.
En ese sentido, señaló que estos espacios permiten generar consensos y compartir experiencias legislativas que contribuyen a enfrentar problemáticas comunes entre las naciones. Durante la entrevista, la senadora también abordó el interés mostrado por países de América Latina, Europa y Asia en fortalecer los lazos de cooperación con la República Dominicana. Indicó que entre las áreas prioritarias se encuentran la educación, el comercio, la cultura, la tecnología y el intercambio legislativo, temas que
abren nuevas oportunidades para el desarrollo institucional y social del país. Asimismo, resaltó los beneficios concretos que estos acercamientos internacionales representan para la nación.
«Se abren oportunidades en comercio, becas académicas, transferencia tecnológica y proyectos de desarrollo sostenible que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos», expresó. En cuanto a los próximos pasos de los Grupos Parlamentarios de Amistad, María Mercedes Ortiz adelantó que el Senado continuará promoviendo acuerdos, encuentros bilaterales y participación activa en foros internacionales, consolidando así el posicionamiento de la Cámara Alta como un actor confiable, propositivo en el ámbito global y comprometido con el fortalecimiento de las relaciones internacionales.
presidente del Senado aboga por unidad de parlamentos ante desafíos globales que afectan naciones
Por: Adalgisa Sánchez
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, abogó para que los diferentes organismos parlamentarios unifiquen esfuerzos para enfrentar los desafíos del presente y futuro de las diferentes naciones, ante la evolución de la inteligencia artificial, la corrupción, el crimen organizado y el uso de drogas sintéticas.
Hoy nos convoca una agenda que define el futuro de nuestras sociedades. Nosotros somos quienes tenemos la responsabilidad de legislar, fiscalizar, representar y, sobre todo, de incidir en el rumbo de nuestras naciones. En los parlamentos no se reúnen observadores, sino que aquí nos reunimos quienes tomamos decisiones firmes ante las dificultades, precisó De los Santos.
El presidente de la Cámara Alta también se comprometió junto a los senadores presentes a unirse como miembro del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, el Caribe y México (FOPREL), para fortalecer los vínculos y responder de manera conjunta a las problemáticas, tras considerar que estas no son individuales.
El representante de la provincia Sánchez Ramírez ante el Senado afirmó que el Foro de Parlamentos de Centroamérica, el Caribe y México no es un foro cualquiera, sino un organismo integrado por quienes dirigimos los parlamentos, y para la República Dominicana este foro no es ajeno, porque ya hemos sido parte activa de su evolución, impulsando iniciativas con un compromiso claro apostando por la integración como estrategia, no como simple discurso indicó.
Ricardo de los Santos afirmó que hoy los parlamentarios «tenemos la oportunidad de
demostrar que este foro es un verdadero instrumento de transformación».
El presidente de la Cámara Alta abordó estos temas en el discurso de apertura de la XLIV Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes de Parlamentos de Centroamérica, el Caribe y México (FOPREL), y que tiene como sede la República Dominicana, donde se escogió como presidente pro-tempore al presidente de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, Carlos Johnny Méndez Núñez y como vicepresidente a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, para el periodo 2026-2027.
Por su parte, Pacheco, agradeció que la República Do-
minicana haya sido escogida como sede del importante evento, considerándolo como un espacio de diálogo y cooperación fundamental para fortalecer los parlamentos y la democracia regional.
El presidente de la Cámara de Diputados reconoció que la región atraviesa momentos que exigen responsabilidad, madurez institucional y decisiones oportunas, para enfrentar los retos prioritarios que incluyen consolidar el Estado de derecho, la seguridad alimentaria, la salud pública y la atracción de inversiones.
«Estas reuniones son vistas como oportunidades reales para estrechar vínculos, for-
talecer la cooperación interparlamentaria y avanzar en una agenda regional con impactos medibles. Ser anfitrión, reafirma el compromiso de la República Dominicana con la integración regional, la democracia y el fortalecimiento del FOPREL como instrumento útil para comparar políticas parlamentarias», manifestó el vicepresidente de FOPREL.
Mientras que el presidente de la Asamblea Parlamentaria de Puerto Rico, Carlos Johnny Méndez, manifestó que recibe esta encomienda como una oportunidad de servir al foro, a los países de la región centroamericana y a sus pueblos, con «profundo honor, temor, humildad y gran responsabilidad». «El honorable diputado Alfredo Pacheco, me acompañará como vicepresidente pro-tempore, y se espera tra-
bajar juntos con respeto y visión compartida. Esta gestión coincide con la culminación del Plan de Desarrollo Institucional 2022-2027 y la responsabilidad de construir el nuevo Plan 2027-2031, definiendo el rumbo futuro del FOPREL, esta nueva etapa debe conectar con la realidad y las preocupaciones de las naciones y constituyentes, buscando ser la punta de lanza de una iniciativa interparlamentaria hemisférica».
El Foro de Parlamentos de Centroamérica, el Caribe y México (FOPREL) tiene la finalidad de fortalecer su rol como actor parlamentario estratégico en la agenda hemisférica, profundizando el diálogo regional y la cooperación interparlamentaria para impulsar iniciativas legislativas armonizadas, consolidar
alianzas estratégicas y ejercer una diplomacia parlamentaria efectiva que contribuya a la seguridad, estabilidad democrática, el crecimiento económico y el desarrollo integral de la región.
Asimismo, busca garantizar la continuidad del liderazgo y la coherencia estratégica del Foro. A través de esta se busca un diálogo estratégico regional de alto nivel, mediante disertaciones magistrales e intercambio de experiencias parlamentarias sobre los desafíos emergentes que inciden en la seguridad, el crecimiento económico y la transformación tecnológica.
A la XLIV Reunión Ordinaria del Foro de FOPREL asistieron, legisladores nacionales e internacionales y funcionarios del Gobierno.
Por:
Elvis Castro
El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, firmó este el pacto «Alimentación Primero», iniciativa motivada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el objetivo de impulsar en parlamentos de diferentes países, los proyectos de ley que ayudarían a la erradicación del hambre en el mundo.
El representante de la provincia Sánchez Ramírez plasmó su rúbrica junto al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y la di-
putada Soraya Suarez, coordinadora regional del Frente Parlamentario contra el Hambre, en representación de la República Dominicana. Con esta firma, la República Dominicana se convirtió en el cuarto país en ratificar el convenio por la seguridad alimentaria, el cual contempla que los parlamentos impulsen iniciativas vitales para el fomento de la producción agrícola y la nutrición.
Entre las piezas legislativas afines que cursan en el Congreso Nacional están el proyecto de ley de etiquetado frontal de advertencia nutricional, y el proyecto de ley de agricultura familiar. Al respecto, De los Santos, garantizó que la Cámara Alta trabajará de manera intensa para sancionar en el momento adecuado todos los proyectos de ley que incentiven la seguridad alimentaria de la población dominicana y del mundo.
Cuando hablamos de seguridad alimentaria, no solo se trata de comida, sino de estabilidad y dignidad, porque cuando se falla en la alimentación también falla la economía y se afecta la estabilidad social, dijo el presidente del Senado. La firma del convenio se llevó a cabo en el Salón Hugo Tolentino Dip de la Camara de Diputados, donde estuvieron Rodrigo Castañeda Sepulveda y Luis Lobo, representantes de la FAO en la República Dominicana; Lorea Arribalzaga Ceballos, embajadora de España en el país; Manuel Alba Cano, y coordinador general en Funciones de la Oficina Técnica de Cooperación, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
También el senador Odalis Rodríguez, así como diputados y representantes del Poder Ejecutivo.
Con motivo de conmemorarse el ocho de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el Senado de la República reconoció a 32 mujeres de las 31 provincias del país y el Distrito Nacional, por su liderazgo y aportes al desarrollo del país en los renglones de educación, salud, cultura, deporte, emprendimiento, servicio comunitario, gestión pública y labor social.
La entrega de lauros, realizada en el marco de la tercera edición del evento, que este año lleva por eslogan «Huellas de futuro: mujeres que transforman», se realiza como una forma de rendir tributo a la entrega silenciosa, el liderazgo firme y la trayectoria fructífera de insignes líderes femeninas del país que han contribuido al desarrollo social y económico de sus respectivas comunidades.
El acto solemne se llevó a cabo en el salón de la Asamblea Nacional y fue encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien en su discurso resaltó que, con estos reconocimientos, el órgano legislativo
reafirma su compromiso con una sociedad donde el talento femenino tenga igualdad de oportunidades, donde la seguridad y el respeto sean garantías reales, y donde el liderazgo de las mujeres continúe fortaleciendo la democracia.
El legislador destacó que un país que honra y respeta a sus mujeres también honra su conciencia y fortalece su democracia. «Hoy, el Senado de la República no solo reconoce a mujeres destacadas, también reconoce el corazón mismo de la nación. ¡Que Dios las bendiga a todas»!
En la actividad también habló la senadora Aracelis Villanueva, quien además preside la Comisión Permanente de Asuntos de Familia y Equidad de Género del Senado. En su discurso sostuvo que este reconocimiento anual, que distingue a una mujer por cada provincia, es una expresión clara de visión institucional impulsada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien ha reflejado un liderazgo con sensibilidad que demuestra gran comprensión de la historia y el compromiso con la equidad.
Bajo su dirección, la Cámara Alta no solo legisla, también honra, educa y construye referentes nacionales, y eso fortalece la democracia con coherencia y convicción, dijo la congresista.
En representación de las homenajeadas, la doctora Yanet Elizabeth Cedeño Rijo, de la provincia La Altagracia, agradeció al Senado por distinguir a tantas mujeres valiosas de la República Dominicana, «quienes trabajan cada día sin descanso: ellas son emprendedoras, profesionales, comerciantes, educadoras, agricultoras, madres jóvenes soñadoras y adultas sabias que sostienen el presente y moldean el futuro». El acto solemne contó con la presencia de Gloria Reyes, ministra de la Mujer; diputados, funcionarios del Gobierno y otras autoridades ci-
viles y militares. Por el Senado de la República estuvieron en la actividad los senadores Daniel Rivera, Pedro Catrain, Lía Díaz de Díaz, María Mercedes Ortiz, Odalis Rodríguez, Julito Fulcar, Pedro Tineo, Augusto Velázquez, Ramón Rogelio Genao, Héctor Acosta, Aneudy Ortiz Sajiun, Eduar Alexis Espíritusanto, Rafael Barón Duluc Rijo, Franklin Romero, Manuel María Rodríguez y Moisés Ayala.
Las 32 mujeres que fueron reconocidas recibieron sus pergaminos junto a los senadores que las propusieron para ser distinguidas.
Nellys M. Heredia Agramonte Área de labor social
Jaqueline Núñez Arismendy Servicio comunitario
Provincia Bahoruco
Luisa Carrasco de Peña, Área de educación
Seferina Ventura Abreu
Área de emprendimiento
Provincia Dajabón
Emérita Aurora Rincón Mojica
Área de educación
Provincia El Seibo
Sor María Ayala Adames
Área de labor social
Distrito Nacional
Quisqueya de Oleo Angomás
Servicio comunitario
Provincia Elías Piña
Nurys García de Papaterra
Área de educación
Provincia Hato Mayor
Yildalina Noemí Tatem Brache
Área de labor social
Provincia Hermanas Mirabal
María Mercedes Odilin More
Área de educación
Provincia Duarte
María Reina de los Ángeles Camilo
Área de educación
Provincia Espaillat
Aminta Vólquez de Pérez
Área de gestión política y empresarial
Provincia Independencia
Yanet Elizabeth Cedeño Rijo
Área de gestión política y empresarial
Provincia La Altagracia
Dra. Luz María Santos
Área de labor social
Provincia María Trinidad Sánchez
Ingrid Maribel Bretón Acosta Área de servicio comunitario
Provincia La Romana
Yudelka María Rodríguez
Área de emprendimiento
Provincia Monseñor Nouel
Ana Altagracia Rodríguez González
Área de educación
Provincia Monte Plata
Euranny Samira Molina Jiménez
Área de labor social
Provincia Pedernales
Rosa Olga Medrano Cosme Área de gestión política y empresarial
Provincia La Vega
María Carolina del Pilar Gómez Grullón Área de educación
Provincia Montecristi
Evangelista Paulino Pérez
Área de emprendimiento
Provincia Peravia
Vilma Ricardo Santos Área de servicio comunitario
Provincia Puerto Plata
Aura Luisa Carrasco de Peña, Área de educación
Provincia Barahona
Adalberta Lucía Calcaño M. Área de educación
Provincia Samaná
Alfonsina de la Rosa Vidal Área de educación
Provincia San Juan
Sonia Alejandra Perozo Barinas Área de servicio comunitario
Provincia San Cristóbal
Chela Dioneiry Carpio Flobil Área de emprendimiento
Provincia San Pedro de Macorís
Juana María Paula de Jesús Sosa Área de educación
Provincia Sánchez Ramírez
Olga María Noboa Fernández Área de servicio comunitario
Provincia Santiago
Zoraida Rosanna Castillo Corniel Área de emprendimiento
Provincia Santiago Rodríguez
Georgina López de Brador Área de servicio comunitario
Santo Domingo
Raquel Minier de Morel Área de gestión política y empresarial
Provincia Valverde
«Raíces
Por:
Santiago. En una noche memorable celebrada en la sala La Restauración del Gran Teatro del Cibao, el Senado de la República y el Ministerio de Cultura rindieron homenaje a destacadas figuras del arte y la cultura de la región Norte durante la gala «Raíces vivas de la cultura del Cibao», realizada en el marco de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026.
El acto tuvo como propósito valorar y visibilizar el aporte de hombres y mujeres que, desde distintas provincias del Cibao, han fortalecido la identidad cultural de la República Dominicana a través del arte, la música, la literatura, el folklore y la gestión cultural.
Durante sus palabras centrales, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresó su satisfacción de participar en «un momento histórico en el cual se reconoce con dignidad el talento, la formación y la entrega de tantos artistas valiosos que con esfuerzo han contribuido a dinamizar, robustecer y exaltar a través del arte, la identidad del país».
Por su parte, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, destacó la iniciativa impulsada por el Senado de integrar esta gala a la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, resaltando el valor de reconocer a figuras prominentes del arte nacional.
Entre los homenajeados estuvo Juan Francisco de Jesús Vásquez Acosta (Juampa), de Sánchez Ramírez, reconocido por sus más de cuatro décadas dedicadas al folklore y al carnaval dominicano, promoviendo la identidad nacional dentro y fuera del país.
También fue distinguido el pintor y escultor Jacinto Domínguez, de Santiago, por sus aportes a la cultura y por plasmar en sus obras los paisajes y expresiones de la identidad cibaeña.
La gala reconoció además al artista Hugo Antonio Mata Ureña, de Espaillat, por su invaluable contribución a la
conservación de la memoria histórica del arte dominicano a través de sus pinturas, siendo considerado «el padre del costumbrismo moderno» y «el poeta de los atardeceres».
Asimismo, recibió reconocimiento la escritora Elda Ramos, de Hermanas Mirabal, por su destacada trayectoria literaria y educativa, así como por sus aportes a la promoción de la cultura y la investigación histórica. En el ámbito musical fue homenajeado el
acordeonista Krency García «El Prodigio», de María Trinidad Sánchez, por su trayectoria y sus aportes al merengue típico dominicano, género en el que ha innovado mediante la fusión con otros ritmos contemporáneos.
La gala también reconoció a Dustin Muñoz, de Dajabón; José Lantigua Cruz «Bule», de La Vega; Facundo Peña, de Puerto Plata; Francisco José Mercado Tapia, de Monseñor Nouel; Juan José de la Esperanza Colón Rodríguez, de Valverde; y Manuel Dionicio Peralta Estévez, de Santiago Rodríguez, por sus aportes al arte, la música y la gestión cultural dominicana.
Previo al acto, los asistentes disfrutaron de un concierto ofrecido por la Orquesta Metropolitana de Santiago, mientras artistas plásticos elaboraban retratos de las figuras homenajeadas en la explanada frontal del Gran Teatro del Cibao. La actividad contó con la presencia de senadores Carlos Gómez, Daniel Rivera, Odalis Rodríguez, Antonio Marte, Manuel María Rodríguez, Ginnette Bournigal de Jiménez, Franklin Romero, Héctor Acosta, Alexis Victoria, María Mercedes Ortiz y Ramón Rogelio Genao, así como autoridades provinciales, gestores culturales, representantes de distintos sectores nacionales, y otras autoridades civiles y militares.
son distinguidas por su legado y trayectoria
Por: Adalgisa Sánchez
Barahona. En el marco del cierre del Festival Cultural Regional Enriquillo 2026, el Senado de la República y el Ministerio de Cultura rindieron homenaje a destacadas figuras del arte y la cultura de la región Sur del país, durante un emotivo acto celebrado en el Auditorio Antonio Méndez de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Barahona.
La actividad, dedicada de manera especial a Casandra Damirón como símbolo eterno de la cultura y el alma dominicana, tuvo como objetivo reconocer la dedicación al arte, la identidad y la preservación de las raíces culturales de personalidades oriundas de las provincias Bahoruco, Pedernales, Barahona e Independencia.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del senador de la provincia Barahona, Moisés Ayala, quien agradeció el respaldo del Ministerio de Cultura y expresó su deseo de que esta iniciativa continúe realizándose cada año para impulsar el desarrollo cultural e histórico de la región.
«El propósito es que la juventud entienda que existen otras opciones de interés además del ocio común, resaltando la riqueza cultural de la región y del país», manifestó el legislador. Por su parte, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del Festival
Cultural Regional Enriquillo y valoró la colaboración del Senado de la República y de la Comisión de Cultura de la Cámara Alta en favor de la gestión cultural.
Homenaje al talento y al compromiso cultural
Durante la ceremonia, los senadores Moisés Ayala, Guillermo Lama y Dagoberto Rodríguez Adames, junto al ministro Roberto Ángel Salcedo, entregaron pergaminos de reconocimiento a destacadas figuras de la región sur. Entre los homenajeados estuvo
Rafael Leónidas Pérez Pérez, reconocido por su trayectoria como médico, abogado, historiador y escritor, así como por sus aportes a la historia y la cultura dominicana.
Asimismo, fue distinguida Norkelly Josefina Acosta Collado por su destacada labor como artista plástica y su trayectoria de servicio en favor
del arte y la cultura de la República Dominicana. El acto también reconoció a Gustavo Antonio Díaz Féliz «Sómbolo», por sus aportes y trayectoria en favor del arte y la cultura de Barahona y la región Enriquillo, convirtiéndose en referente para las presentes y futuras generaciones.
De manera póstuma, el Senado rindió homenaje a Leónidas Temístocles Féliz Suárez «Temito», por sus grandes aportes a la medicina, su vocación de servicio comunitario y su invaluable contribución a la preservación y fortalecimiento de las tradiciones culturales del país, especialmente las Cachuas de Barahona.
También fue reconocida de manera póstuma Aura Migdalia Moscoso Pérez «Milagros», de la provincia Bahoruco, por sus más de cuatro décadas dedicadas al servicio comunitario, la cultura y el compromiso social. En representación de
los homenajeados, Gustavo Antonio Díaz Féliz agradeció el reconocimiento y valoró el esfuerzo realizado para resaltar el talento y las expresiones culturales del sur dominicano.
Cultura, identidad y raíces del Sur
El Festival Cultural Regional Enriquillo 2026 se desarrolló del 21 al 23 de mayo en las instalaciones de la UASD recinto Barahona, como una iniciativa del Ministerio de Cultura orientada a enaltecer el arte dominicano y fortalecer la identidad cultural de las provincias del sur.
La actividad reunió senadores, autoridades gubernamentales, gestores culturales, alcaldes y representantes de distintos sectores de la región, reafirmando el compromiso institucional con la promoción de la cultura, las tradiciones y el patrimonio artístico nacional.
Por: Aracelis Villanueva Figueroa, senadora, presidenta de la Comisión de Familia y Equidad de Género
Reunión de la Red de Funcionarios
Parlamentarios para la Igualdad de Género de ParlAmericas
El pasado viernes 10 de abril de 2026 tuvimos el honor de recibir en el Senado de la República, junto a la Cámara de Diputados, a la Red de Funcionarios Parlamentarios para la Igualdad de Género de ParlAmericas. Fue un día completo de trabajo: legisladoras y legisladores, personal técnico del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, magistradas del Poder Judicial, delegaciones parlamentarias de la región y representantes de organismos internacionales nos sentamos en el Salón Reynaldo
Pared Pérez con un mismo propósito: compartir estrategias, herramientas y buenas prácticas para instituciones públicas más inclusivas, plurales y representativas. Queremos dejar aquí el registro de lo que allí se dijo, porque como reflexionamos al cierre de la jornada, esto no puede quedarse solamente en palabras.
Abrimos la jornada agradeciendo a todas las delegaciones presentes y recordando los datos que días antes había presentado en el Senado el doctor Miguel Lorente, médico forense y catedrático de la Universidad de Granada, quien advirtió que el delito más frecuente del planeta no es el narcotráfico ni el crimen organizado, sino el asesinato de mujeres a manos de su pareja o expareja: un 31 % de los homicidios cometidos en el mundo son feminicidios en relaciones de pareja, y en el Caribe una de cada cinco mujeres, el 21 %, ha sufrido violencia de su pareja en algún momento de su vida.
Destacamos como avance reciente la incorporación, en la Ley de Régimen Electoral, de disposiciones que tipifican y sancionan con reclusión de uno a tres años los actos de violencia política contra las mujeres, y anunciamos que impulsamos además una iniciativa legislativa autónoma sobre esta materia. Pero quisimos ser claras en algo: ninguna norma es suficiente sin transformación cultural. La violencia de género no nace de la patología del agresor, nace de una violencia estructural, como bien lo explicó el doctor Lorente, y por eso hicimos un lla-
mado a que los parlamentos no nos limitemos a legislar, sino que eduquemos y construyamos instituciones que sostengan a las mujeres.
En representación del presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, intervino el senador Gustavo Lara. La diputada Brenda Ogando Campos, presidenta de la Comisión de Asuntos de Equidad de Género de la Cámara de Diputados y primera vicepresidenta por El Caribe de la Red Parlamentaria, compartió los resultados del programa «Impacto Legislativo Joven», que reunió a 40 jóvenes líderes de distintas provincias del país, e insistió en que la igualdad no puede agotarse en el plano normativo: debe traducirse en instituciones con recursos, capacidades y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.
Cerró este segmento la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, quien agradeció el espacio en nombre del Poder Ejecutivo y subrayó que la igualdad no se construye solo desde la ley, sino desde la capacidad del Estado de traducir esa ley en la vida diaria de cada ciudadana. Reconoció la voluntad política mostrada por el Congreso Nacional en los últimos cinco años, citando como avances concretos la tipificación
de la violencia política contra la mujer en 2023, la incorporación del acoso a la legislación penal y la ratificación del Convenio 158 de la OIT sobre el reconocimiento del trabajo de cuidados, e insistió en que estos no son solamente números de leyes aprobadas, sino escudos reales de protección para las mujeres dominicanas Citando datos del informe Mujer, empresa y el derecho, del Banco Mundial, señaló que a escala global menos de dos tercios de las mujeres tienen acceso pleno a los mismos derechos económicos que los hombres, y volvió sobre la idea que marcó buena parte de la jornada: una cosa es la ley escrita y otra es la realidad que viven las mujeres. Cerró su intervención planteando que el gran reto de las y los legisladores de esta generación es cerrar esa brecha y enfrentar con firmeza la impunidad.
Diálogo:
Articulación interinstitucional para el abordaje y la prevención de la violencia de género
Escuchamos, moderadas por la senadora María Mercedes Ortiz, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional e integrante de nuestra Comisión de Familia y Equidad de Género, a representantes del Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Trabajo.
Ministerio de Interior y Policía
En representación de la ministra Faride Raful, intervino Chandrai Esteves, viceministra de Seguridad Preventiva para los Sectores Vulnerables, quien presentó tres líneas de acción del Ministerio en materia de violencia de género:
• La red de «Puntos Vida»: espacios seguros certificados en instituciones públicas y, progresivamente, en establecimientos privados, con personal capacitado y un protocolo de cinco pasos, conectados operativamente con la línea 911, el 212, la Dirección Especializada de Atención a la Violencia de Género e Intrafamiliar (DEAPI), el Ministerio de la Mujer y la Procu-
raduría. Un decreto presidencial instruye a todas las instituciones del Estado a contar con un Punto Vida.
• La ficha de valoración de riesgo, un instrumento que estandariza el nivel de riesgo de cada víctima y elimina la discrecionalidad de quien la recibe, base además de un sistema único de registro, tanto de agresores como de casos, que la institución se encuentra construyendo.
Procuraduría General de la República
Ministerio de Trabajo
• El fortalecimiento de la DEAPI, que solo en el primer trimestre de 2026 ejecutó 1,932 órdenes de arresto y brindó protección directa a 4,248 víctimas.
La magistrada Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección de Violencia de Género de la PGR, explicó la importancia de incorporar la perspectiva de género en la producción de datos y estadísticas institucionales, y detalló la infraestructura de atención del Ministerio Público: 55 puntos de atención en todo el territorio nacional (25 unidades de atención integral, 15 fiscalías ordinarias y 12 áreas de violencia de género), además de un centro de contacto Línea Vida disponible las 24 horas y un número único, *21, para denuncias anónimas. Anunció el compromiso de la procuradora general, magistrada Jenny Berenice Reynoso, de que todas las provincias cuenten con su propia unidad de atención integral, la más reciente, inaugurada en Boca Chica, así como la iniciativa «Vitalia», coordinada con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de la Mujer, y un nuevo protocolo de investigación desarrollado con el apoyo de la cooperación española.
La viceministra para Sectores Vulnerables del Ministerio de Trabajo, Dulce Quiñones, encargada de los temas de trabajo infantil y violencia de género, presentó los convenios interinstitucionales impulsados por el ministerio, entre ellos la Red de Empresas Empleadoras y un proyecto de apoyo a la inserción laboral de sobrevivientes de trata, tráfico de personas y explotación sexual y comercial, iniciado en 2025. Mencionó igualmente la certificación de empresas con salas de lactancia y la reciente creación, mediante resolución firmada por el ministro Eddy Olivares, del Comité de Transversalización de Género.
Tribunal Constitucional
La magistrada Army Ferreira, jueza coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, repasó dos momentos clave de la jurisprudencia dominicana en materia de participación política de la mujer. El primero estableció que la cuota femenina de participación, entre un 40 y un 60 %, debía calcularse sobre la base de la demarcación territorial, y no de la propuesta nacional, además de fijar un régimen de consecuencias para los partidos que incumplieran ese criterio. El segundo, más reciente, corrigió por vía de sentencia manipulativa el artículo 142 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que había reducido esa protección al calcular la cuota sobre la base nacional. La magistrada subrayó el principio que se deriva de esa jurisprudencia: el legislador puede ampliar la protección de los derechos de las mujeres, pero nunca reducir la ya reconocida.
El espacio de preguntas dejó planteamientos de distinto signo: la señora Amarilis Patrocinio, del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, cuestionó que el abordaje se centrara únicamente en la mujer y reclamó una mirada transversal a la familia, con base en el artículo 55 de la Constitución. La doctora Yadira Henríquez propuso incorporar en el currículo escolar una materia de resolución no violenta de conflictos. La joven Mayreles Medina planteó un vacío importante: la violencia digital no está tipificada ni incluida en las estadísticas oficiales de violencia de género en el país, pese al aumento de casos vinculados al uso de inteli-
gencia artificial; las magistradas Villa Camacho y Ferreira coincidieron en reconocer ese vacío legal y en la necesidad de que el Congreso legisle al respecto. Por su parte, la señora María Gómez, del Ministerio de Educación, señaló la ausencia de representantes de medios de comunicación en el debate, pese al papel de la televisión y los espacios digitales en la normalización de la violencia. Agradecemos también, en este punto, el reconocimiento que recibió el equipo que hizo posible este encuentro, entre ellos Rosemary Cedeño Nieves, directora de Coordinación de Comisiones del Senado, y Sonya Uribe Mota, directora de Gestión Humana del Senado.
Avances y obstáculos en el camino hacia la igualdad
Moderado por la diputada Soraya Suárez Ariza, vicepresidenta por el Caribe de la Red Parlamentaria de Cambio Climático y Sostenibilidad de ParlAmericas, este panel reunió experiencias de Costa Rica, Colombia, México y del sistema interamericano, que agradecemos especialmente por el esfuerzo de venir a compartir con nosotros su trabajo.
Costa Rica
Carolina Delgado Ramírez Diputada
La diputada Delgado Ramírez, presidenta de la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa costarricense, trazó la evolución de las acciones afirmativas en su país desde la década de 1980: de una participación femenina de menos del 8 % en el Congreso se pasó, tras la incorporación de cuotas en los años 90, a cerca del 20 %. La reforma al Código Electoral de 2009 consagró la participación política como derecho humano y estableció el
Colombia Catherine Juvinao Clavijo, representante a la Cámara
principio de paridad con alternancia. Explicó que la Sala Constitucional costarricense exige el cumplimiento de la paridad en tres niveles, dentro de cada nómina, en el conjunto de nóminas y en las estructuras internas de los partidos, y reflexionó sobre la dificultad de aplicar ese modelo en sistemas como el dominicano, de listas abiertas y candidaturas independientes, para lo cual planteó como alternativa la integración paritaria de los órganos de elección.
La representante Juvinao centró su intervención en las políticas de cuidado, un trabajo que, recordó, ha sido históricamente invisibilizado bajo la idea del «amor» antes que reconocido
como trabajo. Citó cifras de Colombia: las mujeres dedican en promedio siete horas diarias a labores de cuidado frente a tres de los hombres; un 47 % de las mujeres colombianas está fuera del mercado laboral frente a un 27 % de los hombres; y persiste una brecha salarial de alrededor de un 6 % en los mismos cargos. Destacó la Sentencia C-400 de 2024, de la Corte Constitucional colombiana, que elevó el cuidado a derecho fundamental en tres dimensiones, el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, así como avances recientes: una renta
México
Maestra Grettel
Rodríguez Almeida
básica para cuidadoras, un bono pensional que reduce hasta 50 semanas de cotización por cada hijo cuidado (hasta un máximo de tres), jornadas laborales flexibles para personas cuidadoras y la creación del Fondo Nacional del Cuidado, con una asignación presupuestaria de 25 billones de pesos colombianos para los próximos diez años. Presentó además un proyecto de su autoría, ya aprobado en primer debate por unanimidad, que propone dividir en partes iguales la pensión del cónyuge proveedor cuando la pareja haya dedicado al menos once años al trabajo de cuidado del hogar.
La maestra Rodríguez Almeida, titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República de México, describió el trabajo de esa unidad en tres vertientes: el fortalecimiento institucional, a través de un protocolo propio para la atención y sanción de la violencia de género al interior del Senado mexicano, elaborado en coordinación con Recursos Humanos, la Contraloría y Asuntos Jurídicos, y sostenido por una red de enlaces de género en cada área, dado que la unidad técnica cuenta apenas con cinco integrantes para una plantilla de más de seis mil personas; el desarrollo de capacidades, mediante capacitaciones a senadoras, senadores y personal sobre cómo incorporar la perspectiva de género en las iniciativas legislativas; y la asesoría técnica directa a los legisladores. Mencionó también la campaña «Senado por la igualdad» y la reciente inauguración de la galería permanente «Mujeres que legislan, historia que avanza», contigua al salón de sesiones del Senado mexicano.
OEA / MESECVI.-
Sara Brochet
Sara Brochet, especialista en género del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, vinculó la violencia digital con la participación política de las mujeres: el acoso, la difusión no consentida de imágenes y su alteración mediante inteligencia artificial están disuadiendo a mujeres jóvenes de incursionar en política. Presentó cifras regionales del informe hemisférico del MESECVI: en América Latina una niña queda embarazada cada dos minutos; menos del 20 % de los casos de violencia contra las mujeres llega a resolverse judicialmente, y algunos paí-
ses invierten menos de un dólar por mujer al año en programas relacionados. Anunció que el comité de expertas del MESECVI aprobó en diciembre de 2025 la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital contra las mujeres, elaborada tras cuatro años de consultas regionales, incluidas consultas en la República Dominicana, que propone un abordaje de corresponsabilidad entre el Estado, los intermediarios de internet y la sociedad civil, así como medidas cautelares que permitan retirar contenido dañino sin depender exclusivamente de procesos judiciales, que pueden tardar años. Cerró su intervención con
cinco recomendaciones: un enfoque integral que vaya más allá de la tipificación penal, acceso efectivo a la justicia, recursos suficientes, sistemas de datos robustos, el MESECVI evalúa a los Estados parte con 137 indicadores cada cuatro años, y un enfoque interseccional en toda política pública. Nos quedamos con algo
que se dijo en el intercambio posterior: varias legisladoras dominicanas destacaron el avance de nuestro país en materia de cuidados, con un proyecto de ley impulsado por la diputada Kimberly Taveras, hoy encaminado a primera discusión en la Cámara de Diputados, y un programa piloto de atención a personas mayores en desarrollo desde el Ejecutivo.
Cerramos la jornada con lo que, para nosotros, fue el momento más importante del día: el trabajo en mesas. Juan Carlos Chavarría Herrera, director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y coordinador regional por Centroamérica de la Red de Funcionarias y Funcionarios de Parlamento Abierto de ParlAmericas, abrió la sesión con una distinción que nos parece justa: participación y colaboración ciudadana no son lo mismo. Con esa idea como punto de partida, cada mesa trabajó su propia hoja de ruta y, al final, cada relatoría subió al escenario a compartir sus conclusiones.
1 Relator: senador Rafael Duluc
El senador Duluc insistió en que el reto de fondo es institucional: cada iniciativa legislativa debería nacer con indicadores de impacto verificables y con mecanismos de articulación interinstitucional para su seguimiento, incluyendo el monitoreo de la violencia digital. Su mesa identificó avances importantes en materia legislativa, institucional, de participación política y de políticas públicas, pero coincidió en que aún no son suficientes: persisten brechas estructurales, especialmente en el ámbito económico y en la organización social del trabajo, incluyendo la sobrecarga del trabajo de cuidados. Propusieron avanzar de una igualdad formal a una igualdad real y efectiva, que las instituciones dejen de trabajar como «islas separadas» y se articulen en un verdadero plan nacional de prevención de la violencia; una campaña permanente de prevención con participación de los medios de comunicación, con incentivos fiscales para cuñas gratuitas de radio y televisión; y la inclusión, en el currículo escolar, de una asignatura sobre prevención de conflictos.
Relatora:
diputada Kimberly Taveras Duarte
Relator:
senador Guillermo Lama
La diputada Taveras centró su intervención en la brecha educativa como raíz del problema: muchas víctimas de la desigualdad ni siquiera conocen sus derechos, y quienes cometen actos de violencia de género muchas veces conocen la ley pero no la reconocen como legítima. Su llamado fue a comunicar mejor los derechos, no solo legislarlos, y a educar también a las generaciones que ya no pasarán por la escuela. Señaló además que los datos existentes sobre violencia de género están dispersos entre instituciones y la academia, sin unificarse en una sola política pública, y cerró con una idea que compartimos plenamente: la igualdad también se construye dentro del hogar, enseñando a los niños varones a cuidar, no solo a las niñas.
Mesa 4
Relatora:
señora Rossy Escotto
El senador Lama propuso incluir a la familia como sujeto explícito en la formulación de políticas públicas y legislación futura, y priorizó el apoyo a mujeres y hombres víctimas de violencia intrafamiliar durante todo el proceso de resguardo, denuncia y proceso judicial. Insistió en la persistencia de la brecha salarial en los sectores público y privado, y llamó a fortalecer la paridad de género en los cargos de representación política, todavía insuficiente en el propio Congreso. Identificó como principales retos la falta de presupuesto para políticas de género, la brecha entre la ley y su aplicación efectiva, y la necesidad de erradicar la cultura patriarcal instalada tanto en instituciones públicas como privadas.
La señora Escotto coincidió con las prioridades identificadas por las mesas anteriores y las resumió en tres líneas: priorizar la educación para la igualdad como vía para reducir los niveles de violencia; garantizar el acceso de las mujeres a los servicios y derechos que les permitan ejercer su autonomía; y priorizar el parlamento abierto, para que las prioridades legislativas se construyan escuchando a la ciudadanía. En materia legislativa, señaló dos leyes que deben priorizarse en el país: la Ley del Sistema Nacional de Cuidados y la Ley de Violencia Integral contra las Mujeres, ambas condicionadas a que la Ley General de Presupuesto garantice los fondos necesarios para su cumplimiento efectivo.
Antes del cierre, tomó la palabra la representante de la Dirección de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, en nombre de la Dirección de Igualdad de Género y Oportunidades del Ministerio de Trabajo. Resumió las prioridades trabajadas durante todo el día en dos grandes pilares: la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados, que redistribuya las responsabilidades del cuidado y facilite la inserción laboral de las mujeres, y la generación de empleo digno para jóvenes con enfoque de igualdad, como vía directa contra la desigualdad económica. Señaló como actores clave para ambos pilares al Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, los gobiernos locales, el sector privado, el Ministerio de Educación, el INFOTEP y las organizaciones sociales.
El Senado de la República, realizó el conversatorio «Ley que regula la intermediación y la publicidad inmobiliaria: alcance, impacto y oportunidades para el sector», con el propósito de socializar los principales aspectos de esta legislación, y su incidencia en el desarrollo del mercado inmobiliario nacional.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del senador Rafael Barón Duluc, propulsor de la iniciativa, quien resaltó la importancia de establecer una legislación que fortalezca y brinde mayor seguridad al sector inmobiliario dominicano.
«Para nosotros resulta de gran satisfacción poder reunir hoy, en este espacio, a actores tan importantes de uno de
los sectores más dinámicos y trascendentes de la economía dominicana, como lo es el sector inmobiliario. Quiero ser muy claro en algo; esta ley no nace contra el sector inmobiliario, todo lo contrario, esta ley nace para proteger al sector serio, a la gente responsable, al desarrollador ético, al empresario que cumple la ley, y al inversionista honesto. Porque cuando hay informalidad y falta de controles, los
que más sufren son precisamente los que hacen las cosas correctamente», expresó el legislador. La actividad estuvo encabezada por el presidente de la Asociación de Empresas y Agentes Inmobiliarios (AEI), Alberto Bogaert, junto al senador Rafael Barón Duluc y María Cristina Grullón, representante del sector inmobiliario.
En el conversatorio estuvieron, además, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el senador Antonio Marte; diputados, representantes del sector inmobiliario y colaboradores de la institución, interesados en conocer el alcance de esta normativa.
Al pronunciar las palabras finales del encuentro, Ricardo de los Santos, felicitó a los organizadores del panel: «Este ha sido un tremendo panel, que ha permitido que los expositores aclaren los alcances del proyecto, y lo que se pretende con esta ley, que ya fue aprobada en el Senado, pero que, por ser este un congre-
so bicameral, pasa ahora a la Cámara de Diputados», dijo el senador por Sánchez Ramírez.
La ley, iniciativa de los senadores Rafael Duluc, Félix Bautista y Eduard Alexis Espiritusanto, tiene por objeto regular, supervisar, fomentar y promover la intermediación inmobiliaria en la República Dominicana, con la finalidad de garantizar que la promoción, comercialización y ejecución de las transacciones inmobiliarias se realicen de manera ética, ordenada, eficiente y transparente. Asimismo, la pieza legislativa busca proteger los derechos e inte-
reses de adquirientes, arrendatarios, agentes y agencias inmobiliarias, al tiempo que procura contribuir al desarrollo económico y social del país.
Durante el encuentro, también se destacó que el mercado inmobiliario dominicano ha experimentado un crecimiento sostenido en las últimas décadas, impulsado por el desarrollo turístico, el aumento de la inversión extranjera, la expansión urbana y la creciente demanda habitacional, convirtiéndose en uno de los principales pilares de la economía nacional por su aporte al producto interno bruto (PIB), la generación de empleos y el fortalecimiento de la competitividad del país en la región.
Los participantes intercambiaron opiniones sobre los retos, oportunidades y beneficios que representa esta legislación para el fortalecimiento y la transparencia del sector inmobiliario en la República Dominicana.
Con el objetivo de sensibilizar a los sectores clave del país acerca de la importancia de anticipar los impactos de los avances tecnológicos, el Senado de la República impartió una charla sobre las implicaciones de la inteligencia artificial (IA), en la toma de decisiones en el país.
Iniciativa del senador Gustavo Lara Salazar
La actividad estuvo dirigida a congresistas y se desarrolló en un contexto global marcado por la aceleración tecnológica, que invita a una reflexión profunda sobre los desafíos éticos que surgen de la innovación.
El acto estuvo encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien destacó que los avances tecnológicos no deben convertirse en una amenaza para la humanidad y, aunque ofrecen múltiples beneficios, también representan un gran riesgo.
«Estos avances tecnológicos tienen ventajas, pero también conllevan desventajas significativas. Hoy en día, cualquiera puede causar daño a la moral de alguien, precisamente de-
bido al alcance y la capacidad de difusión de estas tecnologías. Como legisladores, tenemos la responsabilidad de crear normas y un marco jurídico que controle y mitigue estas situaciones, protegiendo así a nuestros ciudadanos. Por ello, en el programa "Parlamentos y Prosperidad", hemos establecido una alianza estratégica, no solo con los parlamentos, sino también con las grandes academias, y la sociedad civil, con el objetivo de garantizar una gobernanza anticipatoria y responsable», expresó De los Santos. La apertura de la conferencia estuvo a cargo del senador Gustavo Lara Salazar, quien enfatizó que la tecnología puede ser una herramienta para mejorar y optimizar el trabajo
legislativo en el país, pero también puede convertirse en una amenaza con consecuencias impredecibles si no se regula adecuadamente y a tiempo.
Quiero agradecer a todos, por su apoyo en nuestra agenda legislativa del día a día; es un honor contar con la participación del Grupo Acción Cristiana RD, y del doctor Miklos Lukacs, destacado defensor de los valores y principios que siguen siendo fundamentales en nuestro país y en la región, destacó el legislador. La disertación de alto nivel estuvo a cargo del doctor Miklos Lukacs, y tuvo como objetivo sensibilizar a los sectores clave del país (empresarial, académico, político, tecnológico y social) sobre la importancia de anticipar los impactos de los avances tecnológicos, promoviendo la construcción de un marco ético innegociable que priorice la dignidad del ser humano, la familia y la sociedad.
Durante su exposición, se apoyó en imágenes y diapositivas, donde abordó los principales retos que ya transforman el mundo actual: inteligencia artificial, ética de la IA, agenda digital,
ciberseguridad, IA en la República Dominicana, gobernanza tecnológica, transhumanismo, edición genética y capacitación en IA.
El doctor Lukacs es un académico peruano, posee más de dos décadas de experiencia en docencia e investigación; además se ha consolidado como una de las voces más influyentes en Iberoamérica en temas relacionados con la ética tecnológica, la robótica, la inteligencia artificial, la edición genética CRISPR y el transhumanismo.
En la conferencia, realizada en el Salón Polivalente Reinaldo Pared Pérez, participaron los senadores Aracelis Villanueva (San Pedro de Macorís); Santiago José Zorrilla (El Seibo); Rafael Barón Duluc Rijo (La Altagracia) y Gustavo Lara Salazar (San Cristóbal). Por la Cámara de Diputados asistieron Lorina Yajaira Rodríguez, Eugenio Cedeño, José Miguel Ferreras, Ramón Raposo, Vicente Sánchez Enríquez y Grace Pérez. También participaron José Antonio Flaquer, presidente del Grupo de Acción Cristiana, así como funcionarios del Senado y de la Cámara de Diputados.
una conferencia del especialista español
El Senado de la República auspició la conferencia magistral «Entendiendo la violencia de género: conceptos, contextos y casos», impartida por el especialista español Dr. Miguel Lorente, quien advirtió sobre la persistencia de estereotipos culturales que continúan
justificando la violencia contra las mujeres en distintos entornos sociales. Al ofrecer las palabras de bienvenida, el senador Rafael Barón Duluc expresó su preocupación ante la permanencia de discursos que justifican al agresor, revictimizan a las mujeres o minimizan el impacto de estas conductas. Hoy más que nunca, necesitamos
educación, consciencia y políticas serias basadas en evidencia y en experiencias comparadas, afirmó, al considerar que la presencia del Dr. Lorente constituye una oportunidad invaluable para elevar el debate nacional.
«Como senador de la República, estoy convencido de que esta lucha no debe quedarse en la denuncia y la indignación. Debe traducirse en reformas concretas, programas sostenidos, fortalecimiento institucional, acceso efectivo a la justicia y mecanismos reales de prevención», agregó.
Durante su ponencia, el Dr. Lorente explicó que la violencia de género se sostiene sobre dos grandes pilares, por un lado, la idea de posesión, propiedad y control sobre las mujeres, y por otro, la cosificación, que reduce a la mujer a un objeto sin autonomía.
Señaló que la violencia contra las mujeres se manifiesta en todos los espacios de la sociedad, adoptando formas tanto visibles como sutiles. Indicó que persisten argumentos socialmente aceptados que justifican la agresión, discursos que —subrayó— no se utilizan para excusar la violencia contra otros grupos.
El especialista aclaró que no existe un perfil único del agresor, pues cualquier persona
puede ejercer violencia sin necesidad de cumplir características predeterminadas. Asimismo, destacó que los agresores suelen aislar a la víctima de sus redes de apoyo, una táctica que incrementa su vulnerabilidad y dificulta la búsqueda de ayuda.
Antes de iniciar la conferencia, Syra Taveras Pineda, directora del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), señaló que la violencia de género afecta a más de la mitad de la población dominicana y que su incremento compromete el desarrollo, la institucionalidad y la credibilidad del Estado.
En el evento participaron los senadores Pedro Catrain, vicepresidente del Senado de la República; Antonio Marte; la ministra de la mujer, Mayra Jiménez, la directora del programa «Supérate», Gloria Reyes, los diputados Selinée Méndez y Charlie Mariotti Jr., entre otros.
Por: Ofra Rodríguez
Con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación de la República Dominicana y el papel de los legisladores en el desarrollo territorial, el Senado llevó a cabo el taller titulado «Regionalización del Territorio Nacional y senadores en los Consejos de Desa-
rrollo Provincial», dirigido a senadores, directores y al equipo técnico legislativo. La charla formativa se realizó en el Salón Reinaldo Pared Pérez y fue coordinada por el senador de la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc, quien agradeció el respaldo del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, para la realización del taller, destacando el compromiso de la Cámara Alta con la planificación estratégi-
ca del desarrollo nacional. He querido impulsar este espacio no como un simple encuentro académico, sino como un acto de responsabilidad institucional. Hablar de regionalización es hablar de cómo el Estado organiza su desarrollo, distribuye sus recursos y responde a su gente, manifestó.
El legislador resaltó además la importancia de fortalecer los Consejos Provinciales de Desarrollo, señalando que estos deben convertirse en instrumentos efectivos de planificación y priorización de las necesidades de la ciudadanía.
En ese contexto, informó sobre el depósito de dos iniciativas legislativas orientadas a consolidar el marco jurídico de la planificación territorial: «una que modifica la Ley núm. 498-06 para hacer obligatoria la programación territorial de la inversión pública, conforme a la ley de regiones únicas; y un proyecto de ley que propone adecuar la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto, para incorporar la regionalización en la ejecución del gasto estatal.
De su lado, el presidente del Senado y representante de la provincia Sánchez Ramírez, destacó la importancia de este tipo de actividad en el fortalecimiento institucional y la adecuada implementación de políticas públicas.
«El taller es de suma importancia, no solo para el Congreso Nacional, sino para el país. Debemos analizarlo desde la perspectiva social, política y económica, que es donde realmente impacta», expresó el presidente del órgano legislativo.
Ricardo de los Santos subrayó que la regionalización busca organizar el territorio nacional mediante la creación de regiones únicas que permitan concentrar y coordinar las instituciones del Estado, lo que contribuirá a mejorar la inversión pública, la supervisión de obras y la eficiencia del gasto, promoviendo así un desarrollo más equilibrado entre las distintas demarcaciones.
En el marco de esta actividad, el senador Rafael Barón Duluc reconoció de forma especial al senador Félix Bautista, autor y promotor de la Ley núm. 345-22, de Regiones Únicas de Planificación, promulgada en 2022, la cual establece la división del territorio nacional en 10 regiones estratégicas para fomentar una mayor cohesión territorial y eficiencia en la gestión pública.
En ese orden, el senador Félix Bautista destacó los antecedentes y avances de la regionalización en la República Dominicana, señalando que esta iniciativa tiene sus orígenes
en los decretos núm. 685 (2000) y 710 (2004), aunque su implementación ha enfrentado importantes desafíos.
Indicó que, pese a los avances legislativos, aún persisten discrepancias en la organización regional de las instituciones del Estado, lo que dificulta la coordinación y planificación efectiva. En ese sentido, abogó por la adopción de un modelo unificado de 10 regiones de planificación, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
El taller contó con la exposición del arquitecto Erick Dorrejo Medina, director de Desarrollo y Planificación Territorial del Ministerio de Hacienda y Economía, quien agradeció por la oportunidad del encuentro y abordó los aspectos conceptuales, normativos y operativos de la Ley de Regiones Únicas de Planificación. El especialista explicó que esta legislación promueve un modelo de desconcentración administrativa como paso inicial hacia una mayor descentralización, permitiendo distribuir la gestión pública en el territorio y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Asimismo, señaló que entre los principales desafíos del país se encuentran la falta de alineación entre el presupuesto y la planificación territorial, la ausencia de datos homologados y las desigualdades en la distribución de la inversión pública entre regiones.
«La regionalización no es solo una división administrativa, es una estrategia para un desarrollo más equitativo, eficiente y sostenible, que conecta el potencial de los territorios con el proyecto nacional», concluyó el experto en desarrollo y planificación territorial.
En el evento estuvieron, además, Pedro Catrain, vicepresidente del Senado; Lía Díaz de Díaz y Aracelis Villanueva, miembros del Bufete Directivo del Senado; los senadores Ramón
Rogelio Genao, Moisés Ayala, Eduard Alexis Espititusanto, Odalis Rodríguez, Dagoberto Rodríguez Adames, Antonio Marte, Manuel Rodriguez, Jonhson Encarnación, Guillermo Lama, Gustavo Lara Salazar, Daniel Rivera, Santiago José Zorrilla, Julito Fulcar, María Mercedes Ortiz y Franklin Romero, así como técnicos y personal administrativo.
La actividad concluyó con un espacio de preguntas e intercambio de ideas, en el que los legisladores y técnicos participantes analizaron los retos y oportunidades de la regionalización como herramienta para impulsar el desarrollo sostenible y equitativo del país.
Senador Prov. dajabÓn
Por: Heily Pérez
Representar a una provincia fronteriza implica mucho más que ocupar un escaño en el Congreso. Para el senador por Dajabón, Manuel María Rodríguez Ortega, su rol legislativo ha significado un compromiso profundo con la historia, las necesidades y las aspiraciones de su gente.
En su primera experiencia como senador, Rodríguez describe el cargo como uno de los mayores honores de su vida. Asegura que asumir la representación de Dajabón en el Congreso Nacional no solo implica llevar su voz, sino la de todo un pueblo trabajador y luchador. Para él, esta etapa ha representado madurez, entrega y un firme compromiso de no defraudar la confianza depositada por sus electores.
Criado en la provincia fronteriza, el senador afirma que desde temprana edad fue testigo de las limitaciones en infraestructura, salud, empleo y oportunidades para la juventud. Esa realidad —asegura— sembró en él el deseo de servir y de involucrarse en los espacios donde se toman decisiones.
«Si queremos cambios reales, debemos participar activamente», ha reiterado, convencido de que la transformación social comienza con el compromiso ciudadano y político.
A un año y medio de haber asumido el cargo, el legislador evalúa su gestión con humildad, pero también con satis-
facción. Destaca la promoción de obras prioritarias para Dajabón, el respaldo a iniciativas productivas y su constante intervención en el Senado sobre temas fronterizos.
Reconoce, sin embargo, que aún queda mucho por hacer. No obstante, entiende que se han sentado bases firmes para el desarrollo sostenible de la provincia, especialmente en áreas estratégicas que demandaban atención urgente.
Dajabón, por su condición fronteriza, enfrenta retos particulares. En ese sentido, Rodríguez ha priorizado el fortalecimiento del comercio binacional organizado, la seguridad, el apoyo a productores agrícolas y la inversión en infraestructura vial y educativa.
Asimismo, ha insistido en que las políticas públicas nacionales contemplen una mirada diferenciada hacia las provincias fronterizas, entendiendo que sus dinámicas sociales y económicas requieren respuestas específicas.
Desde su rol legislativo, ha promovido iniciativas orientadas al sector agropecuario, la generación de empleos para jóvenes y la gestión de obras comunitarias. También ha trabajado de la mano con instituciones del Estado para canalizar ayudas sociales, mejorar centros edu-
cativos y respaldar a emprendedores locales. Para el senador, el desarrollo no solo se mide en grandes proyectos, sino en soluciones concretas que impacten la vida cotidiana de las comunidades.
Uno de los pilares de su gestión ha sido el contacto directo con la población. Visita barrios, secciones y distritos municipales, donde escucha a líderes comunitarios, jóvenes, productores y comerciantes.
Las inquietudes recogidas —explica— son llevadas al Senado mediante intervenciones, gestiones ante ministerios o propuestas legislativas, manteniendo así un puente constante entre la provincia y el Congreso.
De cara al resto de su período, Manuel María Rodríguez Ortega reafirma su compromiso con la transparencia, la cercanía y los resultados. Su meta es que Dajabón avance en infraestructura, empleo, educación y seguridad, y que al finalizar su gestión pueda exhibir pasos firmes hacia una provincia más próspera y con mayores oportunidades para todos.
Con una visión centrada en el desarrollo integral y el fortalecimiento de la frontera, el senador apuesta a consolidar una gestión que combine presencia territorial, incidencia legislativa y trabajo articulado con las instituciones del Estado, reafirmando su convicción de que servir es, ante todo, cumplir con la palabra empeñada.
Por: Graciela Acevedo
Desde las montañas de San José de Ocoa hasta el hemiciclo del Senado, la trayectoria del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun está marcada por una constante: el compromiso directo con su gente. Su historia combina liderazgo temprano, vocación de servicio y una visión que conecta lo local con lo nacional.
«San José de Ocoa no es solo la provincia que represento; es mi raíz, mi identidad y la razón principal de mi vocación de servicio» afirma el legislador.
Hablar de Aneudy Ortiz Sajiun es hablar de cercanía. Él mismo se describe como un hombre presente en cada comunidad, accesible y dispuesto a escuchar. Esa conexión directa con la gente no es casual, sino el resultado de una formación cimentada en valores sólidos: el trabajo honesto, la humildad, el respeto y el amor por la familia.
Oriundo de San José de Ocoa, creció en un entorno donde el esfuerzo diario no era una opción, sino una forma de vida. En ese contexto, la disciplina, la constancia y la solidaridad se convirtieron en principios rectores que hoy definen tanto su vida personal, como su ejercicio público.
Durante su niñez vivió en un ambiente marcado por la sencillez y la vida comunitaria, donde las relaciones humanas se construyen desde la cercanía. Por ello, no fue extraño que desarrollara desde temprano un fuerte sentido de pertenencia. Como muchos jóvenes de su generación, participó activamente en la vida social: deportes, actividades comunitarias y celebraciones tradicionales formaron parte de su día a día. Sin embargo, más allá de esa cotidianidad, hubo una realidad que dejó huellas: las limitaciones en áreas como educación, empleo e
infraestructura en su provincia. «Esa realidad despertó en mí el deseo de superarme y trabajar para contribuir al desarrollo de San José de Ocoa, entendiendo que el servicio público puede ser una herramienta poderosa para transformar vidas», describe Aneudy Ortiz.
Su entrada en la política no responde a una coyuntura puntual, sino a un proceso natural de involucramiento comunitario que comenzó desde muy joven, cuando participó en iniciativas sociales que le permitieron comprender de cerca las demandas ciudadanas.
En 1996 inició su trayectoria en el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), integrándose a un equipo de jóvenes con inquietudes de transformación. Aunque sus primeras aspiraciones electorales no se concretaron, su constancia lo llevó a consolidar liderazgo y experiencia dentro de las estructuras partidarias.
«En el 2001 presenté mis primeras aspiraciones como regidor por el municipio de San José de Ocoa. Aunque en ese momento no logré alcanzar la posición, continué trabajando y fortaleciendo mi liderazgo dentro del partido», acota Ortiz.
En 2005 desempeñó un papel importante apoyando la alianza entre el PRSC y el PRD. Para 2007 fue juramentado como vicepresidente nacional de la JRSC, iniciando un recorrido por todo el país junto a jóvenes dirigentes.
En 2009 pasó a formar parte del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), junto a su presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. El punto de inflexión llegó en 2010, cuando fue electo alcalde de San José de Ocoa con el 53.68 % de los votos, convirtiéndose en ese en-
tonces en el alcalde más joven de la República Dominicana. Su gestión fue ratificada en 2016 con su reelección, fortaleciendo su posicionamiento como líder municipal.
El paso del ámbito municipal al legislativo no fue improvisado. Tras representar la alcaldía de Ocoa en tres períodos consecutivos (2010, 2016 y 2020), convirtiéndose en el único alcalde electo en tres ocasiones seguidas en el municipio, Ortiz identificó una limitación clave: muchos de los problemas de las comunidades requerían soluciones estructurales, presupuestos nacionales y marcos legales que solo se construyen desde el Congreso.
Con esa visión, en 2024 asumió un nuevo reto como senador de la República por su amada provincia, San José de Ocoa. Su objetivo: trasladar la experiencia territorial al plano legislativo y convertir las necesidades de la gente en políticas públicas concretas.
Recuerda que el 16 de agosto de 2024, día en que pisó por primera vez el hemiciclo del Senado, experimentó una mezcla de orgullo y responsabilidad. Ese momento marcó un antes y un después en su carrera política.
«Ese momento fue profundamente significativo para mí. Sentí una mezcla de orgullo, gratitud y un alto sentido de responsabilidad. No solo estaba ocupando un escaño; estaba llevando conmigo la historia, los sueños y las necesidades de cada comunidad de San José de Ocoa», expresa con emotividad.
Más que ocupar un escaño, asumía la representación de toda una provincia. En ese momento, reafirmó su compromiso de actuar con humildad y firmeza, llevando la voz de San José de Ocoa al escenario nacional.
Ortiz define su primer año en el Senado como una etapa de trabajo intenso, aprendizaje continuo y resultados concretos. Su enfoque ha sido claro: evitar un rol pasivo y asumir una participación tanto en la producción legislativa, como en la gestión social.
Entre las propuestas impulsadas por el legislador ocoeño en el Senado, destacan:
• Proyecto de ley que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la provincia San José de Ocoa (CORAAOCOA).
• Ley que crea el Monumento Natural Lomas Redonda–El Comején en la provincia San José de Ocoa.
• Proyecto de ley que crea el Juzgado de Paz Especial de Tránsito en el municipio de San José de Ocoa.
Asimismo, ha promovido diversas resoluciones orientadas a la construcción del Museo de las Tradiciones Ocoeñas, la instalación de una extensión del ITLA en la provincia, la habilitación de puntos GOB en el municipio de San José de Ocoa, la apertura de una sucursal del Banco de Reservas en Sabana Larga, y la ejecución del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial (2021–2030) en Ocoa, entre otras iniciativas.
Además de su gestión legislativa, Aneudy Ortiz ha mantenido una agenda cercana a las comunidades, impulsando soluciones en beneficio del desarrollo de su provincia y acompañando a sectores vulnerables en labores sociales.
Respecto al escenario donde convergen distintas corrientes políticas, el senador destaca la importancia del respeto y el consenso. Su relación con otros legisladores se ha basado en el diálogo y la colaboración, elementos que con-
sidera fundamentales para la construcción de leyes efectivas.
«He procurado construir relaciones basadas en el diálogo, la escucha y el consenso, entendiendo que el trabajo en equipo fortalece la calidad de las leyes», expresó.
Para Aneudy Ortiz, San José de Ocoa es más que una demarcación geográfica donde se realizan las más hermosas y emblemáticas fiestas patronales; es el lugar donde aprendió los valores que guían su vida. Representarla en el Senado es un compromiso emocional y moral, por lo que cada decisión que toma lleva implícito el rostro de su gente.
En su visión, la familia ocupa un lugar central. Es el espacio donde se forman los valores que luego se reflejan en la vida pública. Reconoce en ella un soporte emocional y una fuente constante de inspiración, especialmente al pensar en el impacto de sus acciones en las futuras generaciones.
Aneudy Ortiz Sajiun, el joven inquieto de Ocoa, el padre de familia y ahora la máxima representación legislativa de su provincia en el Congreso Nacional, les recuerda a los jóvenes que no son el futuro, sino el presente. Por ello, los motiva a enfrentar con valentía cualquier desafío que les depare la vida.
«Mi mensaje es claro: fórmense, capacítense, emprendan y participen. Pero, además, crean en su tierra; no vean a Ocoa como un lugar para salir, sino como un espacio para transformar».
Por: Ofra Rodríguez
En la región Sur de la República Dominicana se encuentra la provincia Peravia, cuya cabecera es Baní, tierra caracterizada por su vocación productiva, su identidad cultural y su gente perseverante. Desde allí emerge la historia de un hombre que ha hecho del servicio su principal vocación.
Hijo de agricultores, el legislador creció en un entorno rural donde las limitaciones económicas formaban parte de la cotidianidad. Sin embargo, aquellas circunstancias se transformaron en motivación para avanzar y construir un camino sustentado en la disciplina, la superación personal y el servicio a los demás.
«Vengo de un hogar humilde, de una comunidad donde no había energía eléctrica ni agua potable. Para asistir a la escuela debíamos recorrer largas distancias», recuerda el senador al rememorar su niñez en la comunidad de La Rancha.
Durante su infancia, combinó las responsabilidades escolares con las labores familiares y agrícolas, experiencia que fortaleció desde temprana edad su sentido del trabajo y la responsabilidad. En el hogar recibió una formación basada en la fe, la solidaridad y la unión familiar, valores que, asegura, han guiado cada etapa de su vida personal y profesional.
Aunque inicialmente soñaba con convertirse en ingeniero agrónomo, el destino lo llevó primero al magisterio. A los 18 años inició su labor como maestro, profesión que asumió con vocación y entrega.
Desde entonces, ha mantenido una formación académica constante. Es licenciado en Educación, posee especialidades y maestría en el área educativa y actualmente cursa un doctorado en Ciencias de la Educación. Además, logró formarse como ingeniero agrónomo, cumpliendo así su aspiración inicial y cuenta con preparación como, auditor de calidad, coach y dinamizador social.
Para el senador, la educación constituye una herramienta esencial de transformación social. «El conocimiento evoluciona constantemente y debemos prepararnos para responder a los desafíos de la sociedad», afirma.
Su inclinación por el liderazgo comenzó a manifestarse desde muy joven. A los 14 años presidía el club cultural y deportivo de su comunidad, promoviendo actividades sociales y culturales orientadas al fortalecimiento comunitario.
Posteriormente, se integró a diversas organizaciones sociales, gremiales y campesinas, desempeñando funciones de liderazgo a escala provincial, nacional e internacional. Esa experiencia consolidó su visión de trabajo colectivo y cercanía con la gente.
«Gran parte de mi formación en liderazgo y servicio proviene del movimiento social. Allí aprendí a escuchar y trabajar junto a las comunidades», sostiene.
Luego de una destacada trayectoria en el ámbito cooperativista, decidió incursionar en la política partidaria convencido de que desde los espacios de representación pública también se puede contribuir al desarrollo social.
Inició su carrera política en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y posteriormente pasó a formar parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización en la que desempeñó un rol relevante en la región Valdesia. En el año 2016 fue electo diputado al Congreso Nacional, ocupando posteriormente la vocería de su bancada legislativa. En las elecciones de 2024 fue elegido senador de la República por la provincia Peravia.
Desde el Senado de la República, Julito Fulcar ha centrado su gestión en iniciativas vinculadas al fortalecimiento de la educación, la juventud y el desarrollo sostenible de su provincia.
Entre las acciones impulsadas destacan programas de becas, apoyo a estudiantes universitarios, promoción del emprendimiento juvenil y acompañamiento a sectores productivos y comunitarios.
Asimismo, resalta la creación del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de la Provincia Peravia, iniciativa construida mediante consultas ciudadanas y concebida como una hoja de ruta para el crecimiento integral de la demarcación.
El legislador considera fundamental mantener un contacto directo y permanente con las comunidades que representa, razón por la cual desarrolla encuentros comunitarios y mantiene oficinas de atención en distintos municipios de la provincia.
«Este es un compromiso asumido con el pueblo y debe ejercerse con responsabilidad y vocación de servicio», expresa.
Más allá de sus funciones legislativas, se define como un hombre comprometido con su familia. Comparte su vida junto a su esposa, Deyanira Aybar, con quien ha construido un hogar sustentado en valores y principios.
Es padre de Brenda Norfelia, Eston Alnurfo y Driseli Nicauri Fulcar Aybar, a quienes considera parte esencial de su fortaleza personal.
En su tiempo libre disfruta jugar dominó, leer y compartir con amigos y seres queridos, aunque reconoce que su agenda pública limita estos espacios.
El senador expresa además un profundo orgullo por la identidad cultural y productiva de la provincia Peravia, destacando sus tradiciones, su potencial agrícola, como la producción de mango, impulsada mediante una ley que declara a Baní como capital del mango y el espíritu trabajador de sus habitantes.
Al pensar en cómo quiere ser recordado, no duda: «Como un hombre humilde, solidario, transparente, que actuó siempre con amor y compromiso».
A las nuevas generaciones les deja un mensaje claro:
«Que crean que se puede. No importa de dónde uno venga, todos podemos aportar a transformar la sociedad».
Senador Prov. santo domingo
Por: Indiana Ortega
Desde el Senado de la República, el legislador Antonio Taveras Guzmán ha enfocado su gestión en impulsar reformas institucionales, fortalecer la transparencia y promover iniciativas de impacto social en la provincia Santo Domingo.
Con una agenda centrada en la modernización del sistema judicial, la lucha contra la corrupción y el desarrollo territorial, el senador asegura que su labor ha buscado acercar el Estado a la ciudadanía y generar oportunidades para las familias de la provincia más poblada del país.
Entre los principales logros de su gestión, Taveras Guzmán destaca la instalación del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en Santo Domingo Norte, una iniciativa orientada a ampliar las oportunidades educativas y tecnológicas para los jóvenes de la provincia. A esto se suma el impulso para que el 40 % de los recursos obtenidos tras la renegociación del contrato de concesión de Aerodom sea reinvertido en Santo Domingo, permitiendo el desarrollo de importantes obras de infraestructura y fortalecimiento territorial. El senador también resalta su participación en la defensa de comunidades afectadas por desalojos masivos y el proceso de reorganización de los distritos judiciales, con el propósito de acercar los servicios de justicia a la población y facilitar el acceso ciudadano.
Uno de los proyectos de mayor impacto social ha sido el proceso de titulación de terrenos en más de 27 barrios de la provincia, brindando seguridad jurídica y estabilidad a cientos de
familias. En materia deportiva, el legislador ha impulsado el Torneo Superior de Baloncesto de la provincia Santo Domingo y los Juegos Deportivos Provinciales, iniciativas que promueven la integración comunitaria, el desarrollo juvenil y el fortalecimiento de valores a través del deporte. Asimismo, destaca el Plan Santo Domingo 2050, una propuesta estratégica concebida para orientar el crecimiento urbano, económico y social de la provincia bajo criterios de sostenibilidad y planificación a largo plazo.
Durante su tiempo en el Congreso Nacional, el senador Antonio Taveras Guzmán ha centrado buena parte de su trabajo legislativo en combatir prácticas ilícitas y fortalecer la institucionalidad democrática. Entre las iniciativas más relevantes menciona la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio en 2022, considerada una herramienta clave para enfrentar el enriquecimiento ilícito y recuperar bienes vinculados a actividades criminales.
También participó como coautor del nuevo Código Procesal Penal y del Código Penal, aprobados en 2025, aunque reconoce mantener diferencias con algunos aspectos del texto final de este último. De igual manera, ha promovido propuestas dirigidas a fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos dentro de los partidos políticos, con el objetivo de impedir que personas vinculadas a estructuras ilícitas accedan a cargos públicos.
Como presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado, el legislador afirma haber impulsado reformas orientadas a consolidar el Estado de derecho y
fortalecer la seguridad jurídica en el país. Entre las principales iniciativas impulsadas desde la comisión destacan:
• La Ley de Extinción de Dominio.
• El nuevo Código Procesal Penal.
• El Código Penal.
• La Ley de Control y Fiscalización del Congreso Nacional.
• La ley que regula los embargos retentivos en República Dominicana.
Según explica, estas reformas buscan garantizar mayor transparencia, eficiencia institucional y confianza ciudadana en el sistema democrático.
De cara a la nueva legislatura de 2026, el senador adelantó que sus prioridades seguirán enfocadas en el fortalecimiento institucional y la ampliación de derechos ciudadanos. Entre los nuevos proyectos sometidos figura una propuesta legislativa para la prevención y regulación de conflictos de intereses en la función pública, orientada a elevar los estándares de integridad y transparencia estatal. Asimismo, impulsa el proyecto de ley de cuidados, que busca crear el Sistema Nacional de Cuidados en la República Dominicana para ofrecer apoyo y protección a personas en condición de dependencia y a sus familias.
Al dirigirse a quienes aspiran a desarrollar una carrera en el servicio público, el senador Antonio Taveras Guzmán enfatiza la importancia de actuar con integridad, transparencia y vocación de servicio.
«El ejercicio de la función pública debe estar guiado por el interés colectivo y la responsabilidad. Prepararse continuamente y mantener una conexión real con las necesidades de la gente es fundamental para generar cambios positivos en la sociedad», expresó el senador.
Por: Ofra Rodríguez
Durante una conversación para esta revista institucional del Senado de la República, el legislador comparte aspectos de su historia personal, sus motivaciones para incursionar en la política y su visión sobre el servicio público.
«Mi historia está profundamente ligada al trabajo, la familia y el deseo de salir adelante. Crecí viendo a mis padres esforzarse cada día con honestidad y fe en Dios. Esos valores marcaron mi camino hasta llegar al servicio público», expresa.
El representante senatorial asegura que las enseñanzas recibidas en su hogar han influido en su forma de ejercer el liderazgo y asumir la responsabilidad pública. «En mi hogar aprendí el valor de la honestidad, la solidaridad, el respeto y el trabajo digno. Mis padres me enseñaron que de la única forma que se puede vivir es con honestidad y que servir a los demás es una responsabilidad y un compromiso de vida», sostiene.
Antes de dedicarse a la actividad política, Pedro Tineo desarrolló sus inicios profesionales en el comercio y la administración de negocios, experiencias que fortalecieron su visión sobre la importancia de generar oportunidades y aportar al crecimiento colectivo. «Siempre me motivó crear oportunidades y ayudar a otros a progresar, y eso me llevó naturalmente a involucrarme en la política como una vía de servicio», explica.
Para el senador, recorrer las comunidades de Monte Plata y escuchar directamente las necesidades de la población ha sido
determinante en su compromiso con el desarrollo provincial. «Monte Plata posee una riqueza natural y medioambiental extraordinaria, pero también enfrenta importantes desafíos sociales y económicos», expresa.
Asegura que conocer de cerca las dificultades de muchas familias le permitió comprender aún más la responsabilidad de impulsar iniciativas orientadas al bienestar colectivo y al progreso de la provincia. En ese sentido, destaca que desde el Senado de la República ha trabajado propuestas relacionadas con infraestructura, desarrollo agrícola, fortalecimiento institucional, protección del medio ambiente y creación de oportunidades para la población.
«Hemos trabajado en iniciativas orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario, la industrialización de la producción local, la atracción de inversiones y la creación de empleos», afirma.
Asimismo, resalta las gestiones realizadas para impulsar proyectos educativos, obras comunitarias e iniciativas de infraestructura vial y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias monteplateñas.
Pedro Tineo considera que el contacto permanente con las comunidades constituye una parte esencial del ejercicio legislativo. Por ello, asegura que mantiene visitas constantes a los diferentes municipios y distritos municipales de la provincia, además de una oficina senatorial abierta para escuchar directamente las inquietudes de la ciudadanía. «Mantengo un contacto constante con las comunidades a través de visitas, encuentros comunitarios y una oficina senatorial abierta permanentemente para escuchar directamente a la gente», señala. El legislador entiende que un servidor público
debe actuar con honestidad, sensibilidad humana y compromiso social. «La gente necesita representantes que hablen menos y trabajen más, siempre con responsabilidad y cercanía», puntualiza.
Aunque reconoce las exigencias propias de la vida pública, Pedro Tineo procura dedicar tiempo a compartir con su familia y mantenerse conectado con sus raíces. Disfruta conversar con amigos, escuchar a la gente y participar en actividades sencillas que le permitan mantener el equilibrio entre las responsabilidades públicas y la vida personal.
«Es una lucha constante en la que al final la familia siempre sale sacrificada», comenta Asimismo, destaca el valor de las tradiciones cristianas, la cultura campesina y el sentido de solidaridad que caracteriza a la provincia Monte Plata.
«Valoro profundamente nuestras tradiciones cristianas, nuestra cultura, la solidaridad de nuestra gente y nuestras tradiciones campesinas», expresa. Representar a Monte Plata desde el Senado de la República, asegura, constituye uno de los mayores compromisos de su vida pública.
«Significa llevar conmigo la voz, las necesidades y los sueños de una provincia noble y trabajadora que merece seguir avanzando», afirma.
Finalmente, el senador Pedro Tineo exhorta a las nuevas generaciones a ejercer la política y el servicio público con vocación de servicio y compromiso con la ciudadanía. «La política debe ejercerse con vocación de servicio, principios firmes y amor genuino por la gente», concluye el representante senatorial de Monte Plata.
Por: Indiana Ortega
La inclusión laboral de personas con condiciones especiales constituye uno de los pilares fundamentales para construir una sociedad más justa, solidaria y equitativa. Garantizar oportunidades de empleo dignas y accesibles no solo permite el desarrollo profesional y personal de quienes viven con alguna discapacidad, sino que también fortalece las instituciones públicas al integrar talentos diversos, capaces y comprometidos.
En la República Dominicana, el Senado de la República ha dado pasos importantes hacia una cultura de inclusión, promoviendo espacios laborales donde prevalecen el respeto, la empatía y la igualdad de oportunidades.
Más allá de cumplir con lo establecido en la legislación vigente, la institución ha abierto sus puertas a hombres y mujeres que, con esfuerzo y determinación, han demostrado que las limitaciones físicas o sensoriales no impiden realizar una labor eficiente y valiosa al servicio del país.
Este reportaje especial recoge las historias de varios colaboradores con condiciones especiales que forman parte del Senado de la República. Sus testimonios reflejan perseverancia, amor por el trabajo y una profunda gratitud por las oportunidades recibidas. Cada experiencia representa un ejemplo de superación y evidencia que la verdadera capacidad se encuentra en la voluntad, el compromiso y el deseo de seguir adelante.
«La inclusión laboral es un trofeo de vida»
Un referente de perseverancia y aporte institucional
Con 29 años de trayectoria en el Senado de la República, Juan María del Orbe Méndez se ha destacado por su profesionalismo y compromiso institucional. No vidente y miembro de la Unidad de Estudio y Televisión, inició sus labores en la biblioteca y hemeroteca, hasta integrarse al área audiovisual, donde se desempeña como guionista y libretista.
Juan María asegura que trabajar en el Senado le ha permitido desarrollarse en el área para la que se preparó profe-
Elisabeth Matos Rivera
Unidad Central Telefónica
sionalmente, realizando una labor que le apasiona y que considera ha aportado significativamente a la institución. Entre los logros más importantes de su trayectoria destaca su participación en la redacción de la Ley núm. 113-13, sobre Discapacidad, normativa que fortaleció los derechos de las personas con discapacidad en el país. Aunque reconoce que la evolución de la comunicación hacia lo visual ha representado retos dentro del área televisiva, explica
que ha logrado adaptarse mediante el uso de herramientas tecnológicas y el apoyo de sus compañeros de trabajo. Asimismo, resalta el ambiente respetuoso y solidario que ha encontrado en la institución.
Para Juan María, la inclusión laboral representa una oportunidad de independencia y crecimiento para las personas con discapacidad. Por ello, exhorta a las instituciones a valorar primero las capacidades, habilidades y talentos de cada persona, más allá de cualquier limitación física.
Con 17 años de servicio en la Unidad Central Telefónica, Elisabeth Matos Rivera ha encontrado en el Senado un espacio donde puede desarrollar su vocación de servicio. No vidente, asegura que trabajar orientando y asistiendo a las personas a través de las llamadas telefónicas ha sido una experiencia enriquecedora y gratificante. Destaca el trato familiar recibido de sus compañeros y el apoyo institucional a través de capacitaciones y talleres que han fortalecido sus conocimientos y habilidades profesionales.
Carmen Milagros Mejía Jiménez
«Constancia y fortaleza frente a la artritis reumatoide»
Quince años de servicio marcados por la responsabilidad
Desde el año 2011, Carmen Milagros Mejía Jiménez forma parte del Departamento de Contraloría General del Senado de la República, donde ha desarrollado una trayectoria marcada por la responsabilidad y la perseverancia. A pesar de convivir con artritis reumatoide y enfrentar constantes dolores físicos, asegu-
ra que su condición nunca ha limitado su deseo de trabajar y sentirse útil. Durante sus casi 15 años en la institución, Carmen destaca el ambiente humano y solidario que ha encontrado, así como el apoyo constante de sus compañeros, especialmente en momentos difíciles relacionados con su movilidad y las
Iván Manuel Ventura García
«Rompiendo barreras desde la inclusión auditiva»
Nueve años demostrando que la discapacidad no limita el talento
operaciones de rodillas a las que fue sometida. Su principal motivación para continuar trabajando son sus hijos y el deseo de mantenerse activa y productiva, convencida de que seguir adelante fortalece tanto su bienestar emocional como personal.
Colaborador con discapacidad auditiva, ha construido durante más de nueve años una destacada trayectoria en el Senado de la República. Inició sus labores en el área de Tesorería como auxiliar y actualmente se desempeña como auditor en el área de Contraloría, donde realiza funciones de control y verificación de procesos administrativos. A lo largo de su experiencia, Iván ha demostrado que la discapacidad auditiva no representa una limitación para
desempeñar funciones de responsabilidad y crecimiento profesional. Su disciplina, constancia y compromiso le han permitido desarrollarse dentro de la institución y convertirse en un ejemplo de superación. Para realizar su trabajo utiliza herramientas tecnológicas, correos electrónicos, sistemas digitales y el
apoyo de la lengua de señas cuando es necesario, facilitando así una comunicación efectiva dentro del entorno laboral. Iván destaca el respaldo recibido por parte de sus compañeros, considerando que el respeto y el apoyo mutuo son fundamentales para fortalecer la inclusión. Aunque ha enfrentado retos
relacionados con la comunicación, asegura que ha logrado superarlos gracias a la perseverancia y al apoyo de quienes le rodean. Asimismo, hace un llamado a continuar promoviendo mayores oportunidades laborales para las personas con discapacidad auditiva, resaltando la importancia de construir espacios más inclusivos e igualitarios.
Celso Enrique Hernández
Bloque PRM
Celso presenta amputación y malformación en sus miembros superiores tras sufrir un accidente de tránsito, tiene casi seis años laborando en el Senado. Afirma que la discapacidad no limita la capacidad de una persona para desempeñar sus funciones y considera que tanto las instituciones públicas como privadas deben brindar más oportunidades laborales a personas con discapacidad. Resalta el valor de la dignidad, el respeto y la perseverancia como pilares fundamentales de su vida.
Olga Lidia Mateo Trinidad Unidad de Mayordomía
Con cuatro años de servicio, Olga Lidia Mateo Trinidad, quien vive con poliomielitis, asegura que el Senado le ha permitido crecer personal y profesionalmente. Gracias a las oportunidades de capacitación ofrecidas por la institución, ha podido estudiar secretariado ejecutivo, ventas y cajera bancaria. Destaca que su condición nunca ha sido una limitante para aprender, trabajar y desarrollarse.
Unidad de Reproducción
Colaborador con artritis reumatoide, forma parte de la Unidad de Reproducción desde hace cuatro años. Reconoce que los dolores físicos representan uno de sus mayores retos diarios; sin embargo, asegura que su motivación principal es seguir adelante y sentirse útil mediante el trabajo. Valora profundamente el respaldo recibido por parte del Senado y considera que la institución ha dado ejemplo de inclusión al abrir oportunidades a personas con condiciones de salud especiales.
Bernardo Santana Cabrera
Comisiones
No vidente y colaborador del área de Comisiones, representa otro ejemplo de integración laboral dentro del Senado, demostrando que las limitaciones visuales no impiden realizar aportes significativos al trabajo legislativo y administrativo.
Manuel Peña Mateo
Unidad Central Telefónica
Desde la Unidad Central Telefónica, Manuel Peña Mateo, no vidente, desempeña sus funciones con dedicación y eficiencia. Su presencia fortalece el compromiso institucional con la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad visual.
Paola Cermo Santos
Departamento Administrativo
Colaboradora con síndrome de Down en el Departamento Administrativo, refleja la importancia de brindar espacios laborales inclusivos donde todas las personas puedan desarrollar sus capacidades, fortalecer su autoestima y contribuir al crecimiento institucional.
Rollsy Nesbith Reynoso Merejo
Unidad Central Telefónica
Colaborador con discapacidad motora, forma parte del equipo de la Unidad Central Telefónica, aportando con responsabilidad y compromiso al funcionamiento eficiente de esta importante área de servicio y atención institucional.
Juliary Aníbal Espinal Morales
División de Registro y Control
También presenta síndrome de Down y forma parte de la División de Registro y Control. Su integración laboral evidencia los avances alcanzados en materia de inclusión y reafirma el valor de construir instituciones abiertas a la diversidad humana.
Las historias de estos colaboradores evidencian que la inclusión laboral transforma vidas, fortalece familias y aporta significativamente a la construcción de una sociedad más consciente y humana. En cada testimonio prevalece el esfuerzo, la resiliencia y el deseo de superación, pero también el reconocimiento hacia una institución que ha apostado por brindar oportunidades sin discriminar condiciones físicas o sensoriales.
El Senado de la República Dominicana continúa demostrando que la inclusión no debe verse como un acto de caridad, sino como el reconocimiento legítimo del talento, la capacidad y la dignidad de cada ser humano.
Senado de la República avanza
hacia reforma integral con enfoque humano
La
salud mental es
considerada hoy uno de los grandes desafíos de las sociedades contemporáneas
Por: Israel Figueroa
Esta realidad ha impulsado una reflexión profunda en los ámbitos político, sanitario y social, dando paso a una propuesta legislativa que busca modernizar el marco normativo vigente y responder a las crecientes necesidades de la población.
En la Cámara Alta se analizan varias propuestas de modificación con las que se pretende fortalecer la atención integral de los trastornos mentales, garantizar el respeto de los derechos humanos y ampliar el acceso a servicios especializados en todo el territorio nacional.
Las propuestas presentadas por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, así como de los senadores Rafael Barón Duluc y Aracelis Villanueva surgen en un momento en que diversos indicadores sociales reflejan una creciente preocupación por el bienestar emocional de la ciudadanía.
Para Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República y proponente de uno de los proyectos que se estudian en una comisión especial, el deterioro de la salud mental constituye una realidad que exige respuestas urgentes desde el Estado y todos los sectores de la sociedad.
Estamos viendo situaciones que antes eran impensables: hijos que atentan contra sus padres, conflictos familiares que derivan en tragedias y manifestaciones de violencia que evidencian la necesidad de trabajar profundamente la salud mental de nuestra gente, afirmó. El congresista destacó que la transformación social experimentada en los
últimos años, especialmente después de la pandemia, ha dejado secuelas emocionales que requieren atención especializada.
Reconoció que la Ley núm. 1206, sobre Salud Mental, constituye un avance importante en la garantía de derechos, pero requiere ser actualizada para adecuarse a los principios de igualdad, no discriminación, autonomía, participación y accesibilidad.
En tal sentido, planteó superar barreras estructurales y sociales como el estigma, la falta de acceso a medicamentos innovadores, la centralización de los servicios que impiden la intervención temprana en salud mental y otros desafíos.
«Entiendo que la salud mental de toda la ciudadanía hay que trabajarla y por eso nosotros tenemos varios proyectos que han sido depositados y se encuentran en estudio que buscan establecer el seguimiento que se le debe dar a las personas que necesiten el apoyo en esa dirección», acotó. De los Santos consideró que el impacto de la crisis sanitaria trascendió el ámbito físico y afectó significativamente el equilibrio emocional de millones de personas en todo el mundo.
La vida cambió y el mundo cambió a partir de la pandemia. La salud mental quedó profundamente afectada, no solo en la República Dominicana, sino a escala global, sostuvo. Su propuesta legislativa se rige por varios principios rectores, como son: el respeto a los derechos humanos, la equidad e inclusión, el consentimiento informado, la participación de las personas usuarias y la atención centrada en la comunidad. Define como un deber del Estado promover el bienestar mental, el acceso universal a servicios adecuados y la plena inclusión social de las personas, en igualdad de condiciones.
Según explica el presidente del Senado, la intención es consolidar en una sola propuesta los aportes de distintos sectores para dotar al país de una legislación moderna, coherente y capaz de enfrentar los desafíos actuales.
Una reforma para responder a una deuda histórica
En la propuesta de la senadora Aracelis Villanueva se plantea una actualización integral que permita establecer mecanismos modernos para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social de las personas con trastornos mentales.
La legisladora explicó que su interés por impulsar esta reforma nació a partir de experiencias vividas durante su gestión como gobernadora provincial de San Pedro de Macorís, cuando enfrentó múltiples situaciones relacionadas con personas que requerían atención especializada sin que existieran estructuras adecuadas para ofrecerles
un tratamiento continuo. «En muchas ocasiones la única alternativa disponible era ordenar la intervención inmediata, medicar a la persona y luego liberarla, porque no existían centros especializados capaces de ofrecer seguimiento y tratamiento permanente», recordó.
Esa realidad, puso en evidencia las limitaciones estructurales del sistema y la necesidad de construir una respuesta institucional más robusta y sostenible.
La propuesta reconoce que la salud mental influye directamente en la calidad de vida, la convivencia familiar, las relaciones laborales, la productividad económica y la seguridad ciudadana. Por ello, plantea
una visión transversal que incorpora acciones preventivas, asistenciales y comunitarias. Entre las innovaciones más relevantes del proyecto figura la creación de unidades de intervención en crisis en cada hospital regional de la Red Nacional de Servicios de Salud.
Estas unidades estarían destinadas a brindar atención inmediata y especializada a personas que atraviesen episodios críticos, permitiendo una respuesta más eficiente y reduciendo la fragmentación de los servicios existentes.
También contempla la creación de centros regionales especializados que faciliten la integración laboral de psiquiatras, psicólogos clínicos y otros profesionales del
bienestar emocional, muchos de los cuales enfrentan actualmente limitadas oportunidades de inserción dentro del sistema público de salud. «Contamos con profesionales altamente capacitados, pero muchas veces no existen las estructuras necesarias para incorporarlos y aprovechar sus conocimientos al servicio de la población», señala Villanueva.
La iniciativa legislativa presentada por el senador Rafael Barón Duluc establece la responsabilidad del Poder Ejecutivo de formular y actualizar periódicamente un plan nacional de salud mental de carácter plurianual, concebido como instrumento rector para la definición de políticas, estrategias, programas y acciones orientadas al fortalecimiento integral de este sector.
El plan contemplará, entre otros aspectos, el desarrollo de servicios comunitarios de atención en salud mental, el fortalecimiento de la investigación y de los sistemas de información epidemiológica, la articulación efectiva entre las distintas instituciones involucradas y la asignación de los recursos financieros necesarios para su ejecución.
Asimismo, la propuesta promueve la implementación de programas y campañas nacionales de educación pública
dirigidos a fomentar la salud mental y el bienestar emocional de la población, con intervenciones orientadas a los ámbitos familiar, educativo, laboral y comunitario.
Un esfuerzo legislativo de consenso
Las propuestas son estudiadas actualmente por una comisión especial del Senado presidida por el senador Moisés Ayala, e integrada por los senadores Dagoberto Rodríguez, Odalis Rodríguez, Eduard Alexis Espiritusanto, Omar Fernández, Ginnette Bournigal de Jiménez, Gustavo Lara, Johnson Encarnación y Daniel Rivera.
Estamos trabajando esta pieza para dar un servicio de salud con mucha más calidad a todos los dominicanos, a todas las personas que necesiten, afirmó el senador Moisés Ayala, al afirmar la necesidad que tiene el país de tener una ley que garantice el servicio de salud en toda la geografía nacional.
Destacó que la extensión de unidades de atención en salud mental diseminada en la geografía nacional será un gran paso de avance debido a que hay comunidades a las que se les dificulta el acceso a profesionales de la psiquiatría.
Para el presidente de la comisión, será un gran paso de
avance ya que históricamente, las personas con trastornos mentales han sido objeto de prácticas excluyentes, tales como institucionalización prolongada sin garantías procesales, uso de medidas coercitivas y segregación social. Informes de organismos internacionales han documentado que, en diversos contextos, estas prácticas han vulnerado derechos fundamentales, perpetuando el estigma y la desigualdad estructural en los sistemas sanitarios.
Una apuesta legislativa por el bienestar colectivo
Más allá de las reformas técnicas y administrativas, la modificación de la Ley núm. 12-06 plantea un cambio de visión sobre el papel de la salud mental en el desarrollo nacional. Las propuestas en estudio coinciden en que el bienestar emocional debe ser entendido como un componente esencial del progreso social, la productividad económica y la convivencia pacífica.
Con esta reforma, la República Dominicana busca sentar las bases de un sistema de salud mental más inclusivo, preventivo y accesible, capaz de responder a una realidad que ya no admite postergaciones y que demanda una acción decidida de las instituciones y de toda la sociedad.
Senado Senado
P. Yermenos Forastieri
Análisis sobre su configuración constitucional y el proyecto de legislación pendiente
En el año 2010, la Constitución dominicana introdujo la figura del referendo, importante instrumento de participación política directa. En ella se estableció que sería regulado por una Ley marco que, hasta el momento, no existe. La regulación del referendo ha sido pospuesta por excesivo tiempo en desmedro de la conveniencia democrática que implica. Por eso, con independencia de las observaciones que podamos tener, resultó positiva la introducción al Congreso, por parte del Poder Ejecutivo, de un proyecto llamado a dotar a los ciudadanos dominicanos de un recurso eficaz, pese a no ser de fácil implementación, para manifestar sus posiciones ante trascendentes temas en los que puedan ser consultados.
La génesis del referendo en nuestro ordenamiento constitucional se ubica en el artículo 2 constitucional, que establece que la soberanía reside en el pueblo y que de él emanan todos los poderes. Tales poderes se ejercen de dos maneras: a) por representación; b) directamente.
El Artículo 22 consagra derechos de ciudadanía, entre ellos el de decidir sobre asuntos propuestos mediante referendo, establecido en su numeral 2. El artículo 77.4 consagra que los congresistas no están ligados por mandato imperativo, sino que actúan con apego al deber de representación del pueblo, al cual deben rendir cuentas. El artículo
208 establece como un derecho y un deber participar en los referendos, igual que en las elecciones ordinarias o extraordinarias. El importante artículo 210, que determina que el referendo estará regulado por una ley,
precisamente la que no se ha hecho y, condiciona los referendos a: 1) no tratar sobre aprobación ni revocación de ninguna autoridad electa o designada; 2) requerir previa aprobación congresual con mayoría de 2/3 partes de los miembros presentes en cada cámara.
En ese artículo están resumidos los dos aspectos que, salvo que se produzca una modificación constitucional, determina el carácter conservador que tendría tal figura. Esta limitación impide la materialización de dos de los grandes beneficios que puede representar este mecanismo de participación electoral directa son, primero, ofrecer la posibilidad de revocación de mandatos, sea por elección o por designación y, segundo, que el ejercicio de la iniciativa para su celebración no dependa de los poderes públicos, en este caso, del Legislativo. En ese escenario, se trataría de un derecho ciudadano cuya efectividad está supeditada a la voluntad de los legisladores.
El artículo 272 constitucional reitera el carácter dependiente que tiene el referendo, al consignar que si una reforma constitucional versa sobre derechos; garantías fundamentales y deberes; ordenamiento municipal o territorial; régimen de nacionalidad; ciudadanía y extranjería; régimen de la moneda; procedimientos de reformas constitucionales, requerirá ratificación de la mayoría de los ciudadanos, en un referendo aprobatorio convocado por la JCE después de la aprobación por la asamblea revisora.
Análisis del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
El 5 de marzo de 2021, el Poder Ejecutivo depositó en la Cámara de Diputados el proyec-
to de ley orgánica de referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio, que perimió al terminar la segunda legislatura ordinaria de 2021. No obstante, resulta relevante analizar algunos aspectos presentados en dicha iniciativa, que eventualmente impactarían una legislación del referendo, o que pueden servir de insumos para la normativa que finalmente termine siendo aprobada.
Un primer aspecto parte del considerando 12 del proyecto, que expresa: La participación ciudadana no altera la representación política de quien detenta el poder público, sino que supone su existencia… Este considerando, junto a la no posibilidad de revocación de mandato prevista en el art. 210 de la Constitución, reafirma el carácter conservador, tanto del proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo como de la propia carta sustantiva en lo que respecta a este tópico.
La propuesta acepta como un hecho irreversible, las condicionantes constitucionales del referendo, obviando la posibilidad de que, a través de mecanismos como acciones en inconstitucionalidad o modificaciones constitucionales previas, estas puedan ser modificadas para ampliar el alcance de esta figura en favor de los derechos ciudadanos.
Toda ley debe ser conforme a la Constitución. Sin embargo, eso no tiene que equipararse como si se tratara de un texto conformado por cláusulas pétreas en su totalidad, sino que se pueden contemplar posibilidades previas. Esto requiere un profundo ejercicio de creatividad para extender el radio de acción del referendo. Lo que planteo es que, al estarse regulando dos tipos de referendos, siendo uno de ellos aprobatorio constitucional, debe contemplarse la posibilidad de producir reformas constitucionales previas que amplíen el alcance del referendo.
Por otra parte, la aplicación rigurosa de los principios que incorpora el capítulo ll del pro-
yecto es determinante para hacer de este mecanismo un recurso efectivo. Su inobservancia es lo que ha provocado que los procesos electorales dominicanos, no hayan podido constituirse en las manifestaciones democráticas que están llamados a ser.
Basta citar, como aspiración para la concretización del principio democrático, los principios de deliberación efectiva e informada, los cuales postulan por la adopción de decisiones informadas, en igualdad, y evitando la desinformación por medio de tácticas de manipulación de la ciudadanía. El principio de equidad, que procura equiparar los sectores vulnerables dotándolos de igualdad de oportunidades para su participación. El principio de igualdad, que persigue un trato igualatorio para personas en idéntica situación.
El principio de igualdad de oportunidades, orientado a crear iguales niveles de acceso en las distintas etapas del referendo, evitando la discriminación por ideología, raza, género, nacionalidad, religión, orientación sexual. El principio de imparcialidad e independencia de los organizadores del referendo, evitando conflictos de interés que afecten la integridad del proceso. El principio de libertad, que implica eliminar cualquier limitante de la autonomía plena de los participantes. El principio de pluralidad que supone un respeto absoluto a la diversidad. Y, finalmente, el principio de transparencia, que preserva el acceso de la ciudadanía a las actividades vinculadas al referendo, que deberán ser públicas.
La propuesta contiene aspectos positivos, como la liberación de trámite en el Congreso del proyecto de ley de referendo consultivo; así como la obligación de conocerlo en la próxima sesión después de la recepción y; el plazo improrrogable de 15 días para rendir un informe, en caso de ser remitido a comisión.
Debe especificarse que, en caso de mantenerse la facultad del Congreso para aprobar la
realización de un referendo, las modificaciones que pueda introducir el mismo a las propuestas que emanen del presidente o de la ciudadanía, solo puedan ser de forma, para evitar que detrás de los cambios introducidos se pueda manipular el objetivo perseguido.
En otro orden, las mayorías requeridas para la aprobación del referendo aprobatorio constitucional resultan adecuadas. La mitad más uno de los votos emitidos y una participación de al menos 30 % del padrón electoral, representan porcentajes que dotarían de legitimidad los resultados obtenidos.
En cambio, resulta elevado el requisito del 2 % del padrón electoral para propiciar la realización de un referendo consultivo, sobre todo al compararse con el derecho de iniciativa que tiene el presidente y/o la tercera parte de los miembros de ambas cámaras.
En el mismo sentido, se debería eliminar la necesidad de autorización por parte del órgano administrativo electoral (Junta Central Electoral) para recabar firmas. La JCE solo debería proporcionar los formularios y requisitos de forma que deberá tener el proceso de recolección de firmas y luego evaluar el cumplimiento de tales requisitos. Colocar en manos del organismo electoral la prerrogativa de decidir si se recaudan o no las firmas requeridas para ejercer la iniciativa popular al referendo, desvirtúa el espíritu de este.
Proceder como propone el texto es convertir la JCE en juez y parte del proceso que está llamada a supervisar. De igual manera, el proyecto debe incluir otras formas de manifestación de adhesión a la iniciativa del referendo, tales como el internet, el correo, la firma digital, entre otros. Es un despropósito obligar al ciudadano que va a apoyar la realización de un referendo a que tenga que escribir con su puño y letra los datos requeridos por el formulario. Solo debe exigirse su firma por razones incluso prácticas
y hasta estéticas y que los demás datos sean llenados de otras maneras.
El acompañamiento de la JCE en el proceso de recolección de firmas sí es un factor que resulta conveniente. Pero debe agregarse como posibles gestores de referendos consultivos a organizaciones de la sociedad civil, no limitar la iniciativa a personas físicas.
Otro aspecto a subrayar es que el proyecto propone que la JCE no pueda divulgar el texto de las preguntas que serán sometidas al referendo. Por el contrario, su divulgación puede facilitar una mayor comprensión por parte de la ciudadanía, que no puede ser sorprendida con el texto de la o las preguntas el día de la consulta. A su vez, la JCE debe aplicar con rigurosidad los mecanismos establecidos para el acceso equitativo a los medios de comunicación durante la campaña electoral.
En otro orden, el artículo 31, Párrafo, establece que «durante el primer cuatrimestre del año, la Junta Central Electoral deberá informar a la ciudadanía de cualquier trámite tendente a convocatoria a referendo, a través de medios de comunicación físicos y digitales». No obstante, sería más transparente y efectivo sustituirlo por otro que diga que la JCE debe notificar a la ciudadanía cualquier trámite tendente a convocar un referendo, dentro de los 30 días que sigan a la aprobación del trámite.
La ampliación del alcance del referendo requiere la eliminación del artículo 15 del proyecto y que, en cambio, el referendo consultivo pueda hacerse para todos los temas que se prohíben en dicho artículo, que son: a) Normas tributarias y de presupuesto. b) Régimen económico, monetario y financiero. c) La organización territorial o político administrativo. d) Vigencia de tratados internacionales. e) Seguridad y defensa nacional. f) Estructura y organización de los poderes públicos. g) Sanciones penales y la forma de aplicación. Adicionalmente, reto-
mando lo abordado al inicio, debe incluirse la posibilidad del referendo consultivo sobre revocación de mandato de autoridades electas o designadas. Sin embargo, en este caso, que las mayorías requeridas para aprobación sean calificadas. De igual forma, que pueda usarse para ordenar a los poderes públicos el cumplimiento de leyes, decretos, reglamentos o cualquier normativa, ante la posibilidad de conflictos de interpretación de tales instrumentos.
De igual manera, se debe dotar al referendo consultivo de fuerza vinculante, que no sea posible que lo aprobado por la mayoría de los participantes pueda ser rechazado por el Congreso. De este modo, el voto favorable hacia una iniciativa obligaría al Congreso a aprobar la ley. No hacerlo, es una manera de perder el tiempo y recursos, preparar toda la parafernalia que supone un referendo, someter a la gente al rigor del proceso para que al final, quien tenga la facultad de decidir sea el Congreso.
En la misma línea, establecer el control preventivo de constitucionalidad de la ley que convoque al referendo, de tal manera que se garantice que el resultado del referendo no pueda posteriormente impugnarse a través de una acción directa de inconstitucionalidad. Sobre la posible anulación del referendo en una demarcación determinada, en caso de que el motivo sea por error, fraude o prevaricación de una junta electoral o cualquiera de sus miembros, resulta contradictorio porque la Junta no puede ser su propio juez. Esto debe ser competencia del Tribunal Superior Electoral.
Por esta misma razón, es adecuada la disposición de que la impugnación de los actos administrativos de contenido electoral dictados por la administración electoral debe someterse ante el TSE, no ante la misma administración que los dictó ni ante la JCE, siempre que dichos actos desborden su naturaleza puramente administrativa, porque de tener en puridad esa condición, sí sería competencia de quien la
haya emitido; de la Junta Electoral de que se trate; de la JCE, o del Tribunal Superior Administrativo, según el caso.
Conclusiones
La legislación sobre el referendo es un tema pendiente en la República Dominicana y sus propuestas de regulación no deben obviar la posibilidad de producir reformas constitucionales que amplíen el alcance de esta figura y reviertan su carácter conservador en favor de los derechos de los ciudadanos.
El proyecto de ley que fue presentado por el Poder Ejecutivo incorpora aspectos que deben ser examinados desde esta óptica, como la posibilidad de dotar al referendo consultivo de fuerza vinculante; permitir su uso para la revocación de mandato de autoridades electas o designadas; no limitar los temas que pueden ser propuestos. Son elementos que deben ser bien ponderados en cualquier iniciativa legislativa que en el porvenir pueda someterse.
De igual manera, se plantea agregar como posibles gestores de referendos consultivos a organizaciones de la sociedad civil; reducir el número de firmas requerido para su presentación y no requerir autorización de la JCE para recabarlas, así como despojar de formalidades innecesarias su presentación; disponer la divulgación, a cargo de la JCE, de la o las preguntas que serán sometidas al referendo y, que dicho órgano debe notificar a la ciudadanía cualquier trámite tendente a convocar un referendo, dentro de los 30 días que sigan a la aprobación del trámite.
Todo ello, adoptando las previsiones necesarias para que los principios que puedan ser consagrados en la norma, sean aplicados con rigurosidad, evitando las situaciones presentadas históricamente en otros procesos electorales.
La ley reconoce expresamente que los cuidados no remunerados son un trabajo socialmente necesario que contribuye al desarrollo económico y social del país.
La reforma al Código de Trabajo de la República Dominicana no es una discusión más dentro de la agenda legislativa. Es, en realidad, una de las decisiones más trascendentales que tenemos
como país en este momento histórico. No se trata únicamente de modificar una ley; se trata de actualizar el contrato social entre trabajadores, empleadores y Estado. Se trata de definir cómo producimos, cómo protegemos y cómo convivimos en el ámbito laboral en pleno siglo XXI.
Han pasado más de treinta años desde la aprobación de la Ley núm. 16-92. Treinta años en los que el mundo cambió radicalmente. La tecnología transformó el trabajo, surgieron nuevas formas de empleo, se globalizaron los mercados y se redefinieron las dinámicas productivas. Sin embargo, nuestro código de trabajo, con algunos ajustes puntuales, permaneció prácticamente igual, tratando de regular una realidad que ya no existe. Ese desfase ya no es sostenible. Por eso, la reforma laboral no es un lujo ni una opción: es una necesidad impostergable.
Es importante destacar que esta reforma no ha sido improvisada. Muy por el contrario, ha sido el resultado de un proceso amplio de diálogo, en el que han participado todos los sectores involucrados: el empresariado, los trabajadores, los sindicatos, juristas, técnicos y representantes del Estado. Se han realizado múltiples mesas de trabajo, consultas y discusiones, escuchando posiciones diversas y muchas veces contrapuestas. Se han defendido intereses legítimos, pero también se ha construido algo aún más importante: consenso.
Ese esfuerzo no es menor. En un país donde muchas veces las reformas se plantean sin suficiente concertación, este proceso ha demostrado que es posible avanzar a partir del diálogo. Fruto de ese trabajo serio y responsable, el proyecto fue aprobado en el Senado de la República, marcando un paso histórico en la actualización del marco laboral dominicano. Hoy, esa pieza se encuentra en una etapa decisiva: espera su aprobación en la Cámara de Diputados para convertirse finalmente en ley.
Y es precisamente en este punto donde el país debe actuar con visión de Estado.
Uno de los mayores méritos de esta reforma es que ha logrado algo que no siempre es fácil: encontrar equilibrio. Equilibrio entre la pro-
tección de los trabajadores y la necesidad de competitividad de las empresas. Equilibrio entre los derechos adquiridos y la modernización del sistema. Equilibrio entre la justicia social y la eficiencia económica. En un extremo, había posiciones que buscaban flexibilizar en exceso el mercado laboral, debilitando conquistas históricas. En el otro, visiones que pretendían mantener un sistema rígido, desconectado de la realidad actual. La propuesta que hoy se discute evita ambos extremos y construye una vía intermedia, sensata y responsable.
Por un lado, la reforma fortalece derechos fundamentales. Amplía la licencia de maternidad, incrementa la licencia de paternidad, reconoce el derecho a la desconexión digital y regula por primera vez el teletrabajo. Introduce la tipificación del acoso laboral y establece mecanismos para prevenirlo. Dignifica sectores históricamente olvidados como el trabajo doméstico, incorporándolos plenamente al sistema de derechos laborales. Todo esto representa avances significativos en términos de protección social y dignidad humana.
Por otro lado, moderniza el sistema laboral. Permite mayor flexibilidad en la jornada de trabajo, respetando siempre los límites semanales. Digitaliza procesos, simplifica trámites y mejora la gestión administrativa. Fortalece la seguridad jurídica, lo que beneficia tanto a trabajadores como a empleadores. Mejora los mecanismos de conciliación y resolución de conflictos, lo que puede traducirse en procesos más rápidos y eficientes.
Quizás uno de los puntos más sensibles y más importantes del debate ha sido la cesantía. Para los trabajadores dominicanos, la cesantía no es solo una prestación económica; es una garantía de estabilidad frente a la incertidumbre. Durante el proceso de discusión, se plantearon distintas propuestas para modificarla o sustituirla. Sin embargo, el resultado ha sido claro: la cesantía se mantiene. Esta decisión no solo protege un derecho adquirido, sino que envía un mensaje contundente: es posible avanzar sin retroceder en conquistas sociales.
La reforma también coloca a la República Dominicana en sintonía con las tendencias globales. El teletrabajo, por ejemplo, ya no es una excepción, sino una realidad cotidiana. Regularlo es reconocer el presente. El derecho a la desconexión responde a una necesidad urgente en un mundo hiperconectado, donde la línea entre trabajo y vida personal se ha vuelto cada vez más difusa. La protección contra el acoso laboral se alinea con estándares internacionales que buscan garantizar entornos de trabajo dignos y seguros. En definitiva, esta reforma no solo actualiza la ley; la conecta con el mundo.
Sin embargo, a pesar de todos estos avances, la reforma aún no ha sido aprobada de manera definitiva. Persisten diferencias en algunos puntos específicos y el proyecto se encuentra pendiente de conocimiento y aprobación en la Cámara de Diputados. Es natural que existan debates. Es parte del proceso democrático.
Lo que no es aceptable es la paralización indefinida de una reforma de esta magnitud. El país no puede seguir operando con un código de trabajo desactualizado mientras el mundo avanza. Cada día que pasa sin esta reforma es un día en el que se pierde competitividad, se mantiene la informalidad y se limita el crecimiento económico. También es un día en el que miles de trabajadores continúan sin la protección adecuada frente a nuevas realidades laborales.
Aprobar esta reforma no es solo un acto legislativo; es una señal. Es una señal para los trabajadores, de que sus derechos están siendo fortalecidos. Es una señal para los empresarios, de que existe un marco legal moderno y predecible. Es una señal para los inversionistas, de que el país está preparado para competir. Y es una señal para la sociedad, de que somos capaces de ponernos de acuerdo en temas fundamen-
tales. Además, una legislación laboral moderna no solo protege; también impulsa el desarrollo. Contribuye a reducir la informalidad, a mejorar la productividad y a generar más y mejores empleos. Es una herramienta clave para el crecimiento económico y la estabilidad social.
Hoy estamos ante una oportunidad histórica. El Senado ya cumplió su rol, con responsabilidad, diálogo y visión. Ahora corresponde a la Cámara de Diputados asumir ese mismo compromiso. No se trata de aprobar sin revisar, sino de revisar con sentido de país, de mejorar lo necesario sin romper el equilibrio logrado, de actuar con responsabilidad y visión de futuro.
La República Dominicana no puede seguir mirando hacia atrás cuando el mundo avanza hacia adelante. Esta reforma es más que una ley: es una decisión de país. Y las decisiones de país no pueden seguir esperando.
Hace un cuarto de siglo, la República Dominicana dio un paso audaz hacia la modernidad y la protección social con la promulgación de la Ley núm. 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Hoy, al conmemorar 25 años, nos encontramos en una encrucijada histórica: reconocer la solidez institucional alcanzada y, al
mismo tiempo, tener la valentía de transformar aquello que el tiempo y la sociedad nos exigen mejorar.
Debemos ser justos con la historia. Antes de esta ley, la protección social en nuestro país era un privilegio de pocos. La Ley núm. 87-01 rompió ese paradigma y nos heredó bondades que hoy son pilares de nuestra paz social. El logro más trascendental, sin duda, ha sido la
universalización de la salud, logrando que la gran mayoría de los dominicanos cuenten con un carnet de seguro, eliminando la incertidumbre de no tener acceso a la salud en momentos de enfermedad o emergencias.
Asimismo, el sistema nos dotó de una institucionalidad robusta a través de la TSS y las superintendencias, que han blindado los fondos con una transparencia y eficiencia técnica sin precedentes en el sector público.
También logramos formalizar la cultura de prevención con el Seguro de Riesgos Laborales, garantizando que ningún trabajador quede desamparado ante un accidente en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, el éxito de ayer no puede ser la excusa para la inacción de hoy.
A 25 años, el sistema muestra grietas que ya no pueden ser ignoradas por quienes tenemos la responsabilidad de legislar. La ciudadanía hoy no pide estadísticas, pide respuestas.
El desafío más urgente descansa en las pensiones. Necesitamos asegurar que el retiro de nuestros trabajadores se traduzca en una vida digna, con tasas de reemplazo que reflejen el esfuerzo de toda una vida. No podemos hablar de seguridad social si el gasto de bolsillo es un peso para las familias; es imperativo ampliar el catálogo de medicamentos y servicios del Plan Básico para que la salud no sea una carga financiera. Además, tenemos la tarea pendiente de abrazar la informalidad, creando un sistema
lo suficientemente flexible para captar a ese trabajador independiente que hoy está fuera de la red de protección.
Desde el Senado de la República, y específicamente desde la Comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones que me honra presidir, el mensaje es claro: nuestro compromiso no va atado a modificaciones superficiales y sencillas, sino a una reforma profunda e integral.
Estamos trabajando, junto al Gobierno Central, en una propuesta legislativa de vanguardia, apoyada en la tecnología para eliminar burocracias innecesarias, pero por encima de todo, que garantice el bienestar del ciudadano y fortalezca aún más el Estado.
La meta es clara: una seguridad social más justa, inclusiva y sostenible.
La Ley núm. 87-01 fue la zapata sobre la cual construimos nuestra protección social
Ahora, nos corresponde a nosotros levantar las paredes de una estructura moderna y resiliente, capaz de resistir el futuro.
El compromiso de este Senado es entregarle al país una ley que no solo honre su pasado, sino que garantice el bienestar real de las futuras generaciones de dominicanos.
Nos mantenemos firmes auscultando la voluntad de nuestra gente para seguir legislando con propósito para nuestra nación.
Rafael Oviedo Jiménez Coordinador de Planes, Programas y Proyectos
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional Senado de la República
Las instituciones gubernamentales de hoy enfrentan una paradoja: nunca habían tenido tanto acceso a información y, al mismo tiempo, nunca habían estado sometidas a una demanda tan intensa de resultados inmediatos. Vivimos en una sociedad hiperconectada, donde las expectativas de eficiencia circulan a la velocidad de la fibra óptica y donde la ciudadanía no tolera incongruencias
ni opacidad. En este escenario, la planificación estratégica requiere una evolución: ya no puede depender exclusivamente de largos ciclos de análisis, sino que debe transformarse en un sistema más ágil, inteligente y, sobre todo, transparente.
Pero ¿qué implica realmente esta evolución? Implica reconocer que los diagnósticos convencionales ya no son suficientes. Con frecuen-
cia, para el momento en que un informe técnico ha sido tabulado, revisado y presentado, la realidad sobre la cual pretende incidir ha cambiado. Reducir esta brecha entre planificación y ejecución se vuelve, por tanto, imprescindible, y es justo en este punto donde la incorporación de la inteligencia artificial (IA) y de la ciencia de datos comienza a desempeñar un papel determinante.
Diversos países ya han demostrado los beneficios de esta integración. Singapur, por ejemplo, ha desarrollado Virtual Singapore, un gemelo digital que permite simular escenarios urbanos y orientar el curso de la planificación, desde la movilidad y el uso del suelo hasta el comportamiento climático. De manera similar, Estonia ha construido una de las arquitecturas de gobierno digital más avanzadas del mundo mediante su plataforma X-Road, que interconecta de forma segura las bases de datos de las instituciones públicas. Gracias a esta infraestructura, el Estado puede diseñar políticas públicas a partir de información integrada y actualizada. Para países como el nuestro, estas experiencias constituyen referencias valiosas sobre cómo la IA y la ciencia de datos pueden fortalecer los procesos de planificación y anticipación de necesidades.
Lejos de ser modas tecnológicas pasajeras, estas herramientas se han consolidado como impulsores de la capacidad analítica de quienes diseñan y ejecutan estrategias. Al transformar grandes volúmenes de datos en información útil para identificar tendencias y proyectar escenarios, la planificación deja de ser un ejercicio basado exclusivamente en análisis retrospectivo y se convierte en una hoja de ruta dinámica. De esta manera, se fortalecen los procesos de toma de decisiones y se optimiza el uso de los recursos con la precisión que exige la gestión pública contemporánea.
Esta capacidad de anticipar y prevenir transforma también la naturaleza de la rendición de cuentas. Cuando la agilidad que ofrecen estas herramientas se combina con la experiencia estratégica de quienes toman decisiones, la gestión puede avanzar hacia un modelo donde la transparencia deja de ser una obligación y se convierte en un mecanismo permanente de validación.
Para una ciudadanía que ya no se conforma con entregas o reportes anuales, la visibilidad de la gestión pública se vuelve el único estándar aceptable. No se trata solo de publicar cifras o documentos, sino de hacer trazable cada etapa del proceso que conduce a los resultados esperados.
Planificar correctamente en la era de la inmediatez es, en definitiva, un compromiso con la claridad. Significa aprovechar las herramientas que ofrecen los avances tecnológicos para orientar la acción institucional hacia una gestión que sea tan rigurosa en su técnica como transparente en su propósito. En un entorno donde la confianza pública se construye a partir de resultados verificables y decisiones trazables, la planificación estratégica deja de ser únicamente un ejercicio técnico y pasa a consolidarse como una garantía de coherencia, eficiencia y responsabilidad frente a la ciudadanía.
Cristóbal Rodríguez Gómez
Abogado constitucionalista y profesor universitario. Coordinador de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana (UNIBE)
y respuesta legislativa a las declaraciones de inconstitucionalidad
El presente trabajo tiene un doble objeto. En primer lugar, responder a una pregunta:
¿Tienen espacio en nuestro régimen constitucional las candidaturas independiente? En segundo lugar, analizar la posibilidad de que el
Congreso Nacional, en determinados supuestos, pueda adoptar una ley cuyo contenido material sea contrario a un criterio contenido en una sentencia del Tribunal Constitucional.Lo anterior, teniendo como eje articulador de la reflexión la Sentencia TC/0788/24, emitida por el Tribunal Constitucional. En la misma, el TC declaró como no conformes con la Constitución
los artículos 156 y 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. La base de la decisión consiste en la consideración de que los textos anulados exigen condiciones desproporcionadas para el reconocimiento de las candidaturas independientes a cargos de elección popular.
II. ¿Tienen cabida en nuestro régimen constitucional las candidaturas independientes?
La Sentencia TC/0788/24, dictada por el Tribunal Constitucional el 13 de diciembre de 2024 se ha convertido en una de las más controversiales de cuantas ha dictado en sus más de 14 años de labor jurisprudencial. La razón: el voto mayoritario del TC decidió que la configuración normativa de las candidaturas independientes para aspirar a cargos de elección popular, prevista en los artículos 156 y 157 de la Ley del Régimen Electoral número 20-23, es contraria a la Constitución. Y esta consideración se basa en lo que el órgano de justicia constitucional considera un rigor desproporcionado de las exigencias que los mismos imponen a ese tipo de aspiraciones.
algunos usan como argumento para defender el fallo. Tampoco me referiré a los alegatos de quienes detractan la sentencia por considerar que la misma abre las puertas las peores formas del crimen organizado para tomar control del Estado y sus instituciones.
Lo que me interesa es presentar al debate una cuestión más básica: si nuestro marco constitucional vigente habilita al legislador a crear candidaturas independientes, al margen del rigor que para su validez disponga la norma.
En primer lugar, considero que el artículo 216 constitucional ha previsto tres formas específicas y exclusivas de organizaciones: partidos, agrupaciones y movimientos políticos, para «garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia»(numeral 1 del referido texto), y para «contribuir (…) a la manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular» (numeral 2).
No discutiré si el sistema de partidos políticos está en crisis o si merece ser suplantado, que
En segundo lugar, la afirmación anterior se afianza cuando, en un ejercicio de lectura sis-
temática de la Constitución sobre este asunto nos damos cuenta de que: i) son las candidaturas obtenidas expresa y exclusivamente por los partidos, o bloques de partidos, las que determinan la composición y los criterios de representación en la Cámara de Diputados; ii) son los partidos y agrupaciones políticas los únicos facultados para presentar candidaturas a cargos de elección en gobiernos locales; iii) la búsqueda de un equilibrio, precario, pero más que necesario, es lo que se busca con una representación estrictamente partidaria en la integración del Consejo Nacional de la Magistratura; iv) las competencias del Tribunal Superior Electoral están constitucionalmente acotadas a la solución de controversias entre —o al interior de—, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos; v) es a los órganos superiores de dirección de los partidos políticos a quienes corresponde presentar las ternas para suplir las vacantes que se presenten en las cámaras legislativas y, vi) es a esos mismos órganos a quienes corresponde presentar a la Asamblea Nacional las ternas para la sustitución, por falta definitiva, del presidente y vicepresidente de la República.
Veamos cada una de estas cuestiones a la luz de su respectivo fundamento constitucional.
Partidos, composición y criterio de representación de la Cámara de Diputados. El artículo 81 de la Constitución dispone que «la Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera: (…) Cinco diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un uno por ciento (1 %) de los votos válidos emitidos. La ley determinará su distribución».
Lo primero que salta a la vista es que son los partidos políticos, alianzas o coaliciones entre ellos, quienes presentan las candidaturas.
Lo segundo es que, para el caso de las diputaciones nacionales la Constitución quiso favorecer de la representación de partidos políticos con escasa votación, en aras de incrementar tanto la pluralidad como la representación en esa cámara. Lo tercero es que son los partidos políticos la fuente constitucional de las candidaturas no solo a nivel de las diputaciones nacionales, sino también de las circunscripciones territoriales, de la representación de los dominicanos en el exterior y en el PARLACEN.
Los partidos políticos en los gobiernos locales: El párrafo II) del artículo 201 de la Constitución establece que «los partidos o agrupaciones políticas, regionales, provinciales o municipales harán la presentación de candidaturas a las elecciones municipales y de distritos municipales para alcalde o alcaldesa, regidores o regidoras, directores o directoras y sus suplentes, así como los vocales, de conformidad con la Constitución y las leyes que rigen la materia (…)».
Si por disposición expresa de la Constitución, son «los partidos o agrupaciones políticas, regionales, provinciales o municipales» las organizaciones que «harán la presentación de candidaturas a las elecciones municipales y de distritos municipales», ¿está facultado el Congreso para la creación de «candidaturas independientes» para la presentación aspirantes a las indicadas candidaturas? ¿Es conforme a la Constitución la decisión del Tribunal Constitucional que determina las condiciones de procedencia de este tipo de candidatura? La respuesta cónsona con el texto constitucional, en ambos casos, es que no.
Los partidos y la integración del CNM. Según lo previsto por el artículo 178 constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto, entre otros funcionarios de alto nivel, por los siguientes: 3) un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al par-
tido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría; 4) un diputado o diputada escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente de la Cámara de Diputados y que ostente la representación de la segunda mayoría;
Es la búsqueda de un cierto nivel de equilibrio en la presencia de los partidos políticos con representación legislativa, que evite que una sola formación política pueda configurar de manera unilateral a las denominadas altas cortes, propiciando una conversación tendente a una composición diversa de esas altas instancias de poder cuya designación recae sobre el CNM.
De nuevo, son los partidos, no otra modalidad de expresión de la participación política, los responsables de tomar estas decisiones.
El alcance de las competencias del Tribunal Superior Electoral: El artículo 214 de la ley fun-
damental faculta al TSE para juzgar y decidir, con carácter definitivo «los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre estos». Sobre esta cuestión no hay mucho que decir: puesto que el diseño constitucional está pensado para la existencia partidos, agrupaciones y movimientos políticos, no puede haber facultad para dirimir conflictos entre candidaturas independientes.
Elección de las y los legisladores y suplencia de las vacantes El artículo 77 de la Constitución prevé que «la elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal directo en los términos que establezca la ley. 1) Cuando por cualquier motivo ocurran vacantes de senadores o diputados, la cámara correspondiente escogerá su sustituto de la terna que le presente el organismo superior del partido que lo postuló». Sucesión presidencial y suplencia por falta definitiva. La parte capital del artículo 129 constitucional dispone que la sucesión pre-
sidencial se regirá por una serie de normas entre las que, a los fines de este trabajo, destaca la siguiente: «6) Los sustitutos del presidente y vicepresidente de la República serán escogidos de las ternas que presente a la Asamblea Nacional el organismo superior del partido político que lo postuló, de conformidad con sus estatutos, en el plazo previsto en el numeral 3) de este artículo. Vencido el plazo sin que el partido haya presentado las ternas, la Asamblea Nacional realizará la elección»
Una vez más, son los partidos políticos quienes de manera exclusiva presentan las candidaturas a los cargos de senadores, diputados y presidente de la República. Es por ello, no por otra razón, que son sus órganos de dirección los responsables llevar a la cámara correspondiente, o a la Asamblea Nacional, según sea el caso, la terna para suplir la vacante, cuando la misma se produzca. En otras palabras, la Constitución dominicana adoptó de manera explícita el modelo de «Estado de partido» del que hablaran entre otros muchos eminentes pensadores, los profesores Karl Schmitt en 1923, Heinrich Trie-
pel, el 3 de agosto de 1927, y, en la España de 1985, Manuel García Pelayo, quien lo sintetizó de esta manera: «El Estado de partidos es necesariamente la forma del Estado democrático de nuestro tiempo: sin la mediación, organizativa, de los partidos entre los individuos y la totalidad sería imposible la formación de una opinión y voluntad colectivas». Reitero, la cuestión no es si el legislador se extralimitó en las exigencias para el reconocimiento de las candidaturas independientes, es si está facultado para crearlas. Considero que la configuración constitucional del sistema de partidos lo impide.
Pero además, la opción de las candidaturas independientes fue presentada como propuesta en la Asamblea Revisora de la Constitución que culminó con la reforma del 26 de enero de 2010. Posteriormente, fue objeto de decisión por parte del Tribunal Constitucional. Pero ninguna de estas circunstancia fueron tomadas en consideración por el TC en la sentencia analizada. Veamos esto en sus detalles en el próximo acápite.
III. Candidaturas independientes: antecedentes de la Sentencia TC/0788/24
La cuestión de las candidaturas independientes fue objeto de discusión, votación y rechazo explícito por la Asamblea Revisora de la Constitución, durante el proceso de reforma que culminó el 26 de enero de 2010.
En la primera lectura, según consta en el Acta número 016, que recoge las incidencias de la sesión del martes 19 de mayo de 2009, el asambleísta Ángel Acosta propuso, como una alternativa a la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo relativa a los partidos y organizaciones políticas, agregar un artículo que permitiera la presentación de candidaturas independientes por parte de los ciudadanos. Propuso, de manera específica, que se agregara «un último artículo, que define (sic): «Todo ciudadano y ciudadana podrá participar de los procesos políticos y democráticos; podrán contribuir en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, expresando el pluralismo político, mediante la propuesta de candidaturas a cargos de elección popular». (página 64 del Acta núm. 016).
La cuestión fue sometida a la consideración del plenario, y decidida mediente la votación 005, con el resultado siguiente: 162 votos a favor de la propuesta sometida por el Poder Ejecutivo, y 24 votos en contra, de un total de 186 asambleístas presentes.
Cuatro meses después, en los debates de la segunda lectura, el asambleísta Ángel Acosta insistió en su propuesta de ciudadanización de las candidaturas, más allá de los partidos, según se recoge en el Acta número 046 de la Asamblea Nacional, correspondiente a la sesión del día 30 de septiembre de 2009.
En las páginas 47 y 48 del acta indicada, Acosta, luego de que se presentara nuevamente la
propuesta —con las correcciones incorporadas por la Comisión de Auditoría y Verificación—, retomó su iniciativa, con algo menos de consistencia explicativa. No obstante insistió en recurrir a las grabaciones del debate de la primera lectura en que había planteado su posición.
Luego de una intervención muy crítica del asambleísta Julio César Velentín sobre la propuesta de Acosta, el tema fue sometido y decidido mediante la votación 011. El resultado fue el siguiente: 128 votos a favor de la propuesta del Ejecutivo y 27 votos en contra, de un total de 155 presentes. (ver página 48 del acta).
En síntesis, la propuesta de que los ciudadanos pudieran presentar candidaturas al margen los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, fue presentada tanto en primera como en segunda lectura del debate de la Asamblea Nacional, siendo explícitamente rechazada en ambos momentos. Es por eso que la Constitución dispone de manera explícita que son los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, las instancias facultadas para presentar candidaturas a todos los niveles de elección.
Se puede estar de acuerdo o no con lo decidido por la Asamblea Revisora de la Constitución, pero es difícil superar la barrera interpretativa del conjunto de disposiciones constitucionales que le dan forma normativa a esa decisión.
Hay otra cuestión cuya omisión en la construción argumentativa del voto mayoritario de la sentencia TC/0788/24, llama la atención. Se trata del precendente sentado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia TC/0050/13. El 14 de enero de 2004, el doctor Enmanuel Esquea Guerrero, actuando por sí mismo, y en representacón de doña Milagros Ortíz Bosch y Rafael Suberví Bonilla, presentó una acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 76 y 77 de la Ley Electoral núme-
ro 275/97, entonces vigente. Dichos textos regulaban las «candidaturas independientes de carácter nacional, provincial o municipal, que surjan a través de agrupaciones políticas accidentes» y los requisitos para su sustentación.
Los entonces accionantes alegaban, en resumen, que en su condición de ciudadanos y dirigentes políticos, cumplían «con los requisitos constitucionales para optar por la presidencia de la República», cuestión que se dificultaba por las normas impugnadas pues, a su criterio, para la presentación de candidaturas independientes dichas normas establecían requisitos no previstos en la Constitución entre los que señalaban 1) la existencia de «agrupaciones políticas» (artículo 76); 2) una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos; y 3) un programa de gobierno (artículo 77).
La acción fue decidida nueve años después, mediante la indicada sentencia TC/0050/13, del 9 de abril de 2013. En su fallo, el TC consideró que el Estado puede regular el ejercicio del derecho al sufragio pasivo «siempre y cuando se observen los requerimientos de legalidad, finalidad legítima y proporcionalidad, exigidos por la jurisprudencia interamericana». El precedente de la Corte IDH en el que apoya el TC su criterio es el contenido en el caso Castañeda Gutman Vs. México, decidido mediante sentencia del 6 de agosto del 2008.
El TC se manifiesta de acuerdo con la consideración de la Corte IDH según la cual «la Convención Americana no establece modalidad específica o un sistema electoral particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos. La Convención se limita a establecer determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden y deben regular los derechos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir
con una finalidad legítima, sea necesaria y proporcional; esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa» (ver p. 8 de la Sentencia TC/0050/13).
El Tribunal señala, además, que no se deben confundir «las condiciones de elegibilidad para optar por un cargo público, esto es, aquellos requisitos mínimos y necesarios que debe reunir toda persona con el objeto de estar jurídicamente acreditada para aspirar a un cargo público, con las formalidades de inscripción de una candidatura, que son los requerimientos que deben observar los partidos o agrupaciones políticas (entre estas últimas las accidentales) para formalizar la postulación de sus candidatos a participar en un certamen electoral. En el caso ocurrente, las condiciones de elegibilidad para ser presidente de la República, resultan indicadas en el artículo 123 de la Constitución; en cambio, las formalidades de inscripción de una candidatura presidencial o para otro cargo electivo, están indicadas en el artículo 69 de la Ley Electoral núm. 275/97, entre las que se indican: el acta de la convención en la cual se decidió la nominación del candidato propuesto; un ejemplar certificado del diario en el cual se hubiere publicado la convocatoria a la convención de nominación de candidaturas, entre otros requisitos».
En otras palabras, el TC sostuvo que «formalizar la postulación de candidatos» es una cuestión que: i) corresponde a los partidos y agrupaciones políticas; ii) que estos deben cumplir, a su vez, ciertas formalidades adicionales y, iii) que ese hecho no debe confundirse las “condiciones de elegibilidad para optar por un cargo público», entre las que destacan la nacionalidad y el haber adquirido el estatus de ciudadano. Más claro: el hecho de ser ciudadano no exime de cumplir con los las formalidades de presentación de candidaturas, entre las que sobresalen que lo sean a través de un partido o agrupación política.
Como se ve, este precedente sobre las candidaturas independientes, va en un sentido totalmente distinto al planteado por el TC en la sentencia de diciembre de 2024. Según el párrafo I del artículo 31 de la Ley núm. 137-11, «cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose de su precedente, debe expresar en los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión las razones por las cuales ha variado su criterio». Pero no hay una sola mención en el voto mayoritario al precedente de 2013.
IV. Las candidaturas independientes en el Estado de partidos
Los más importantes teóricos del gobierno representativo y, por tanto, de los regímenes parlamentarios en que el mismo se tradujo, al menos en buena del siglo XIX europeo, coincidieron siempre en que los elementos constitutivos de este tipo de gobierno eran: i) la discusión en las cámaras, como la forma más civilizada para la toma de decisiones que concernían a todos los miembros de la comunidad política; ii) la publicidad de ese proceso de deliberación, que permitía a los ciudadanos no solo tener conocimiento de su contenido sino, además, ser copartícipes –expresando sus ideas y propuestas—, del proceso de decisión legislativa; y iii) el reconocimiento de un cierto nivel de autonomía e independencia del representante respecto de su representado, que es lo que explica la posterior prohibición constitucional de lo que todavía hoy se conoce como mandato imperativo.
Aunque las bases del moderno gobierno representativo se remontan a Montesquieu (Del espíritu de las leyes), quienes mejor perfilaron —entre otros muchos que investigaron sobre la cuestión—, las características que se acaban de indicar fueron François Guizot (Historia de los orígenes del gobierno representativo en Europa) y John Stuart Mill (Del gobierno representativo).
Con la aparición de los partidos políticos como herramientas para canalizar políticamente los diversos intereses que separaban a los ricos del dinero de los ricos de la tierra, a los pobladores urbanos de los rurales, a los trabajadores de los propietarios de los medios de producción, etc., empezó un proceso de transformación de la representación política, tanto en los sistemas parlamentarios, como en los presidenciales del mundo occidental. Esto así porque se convirtieron en los elementos por antonomasia de las disputas por el control del poder del Estado. Para poner solo un ejemplo, muy pronto, los partidos convirtieron la discusión parlamentaria, en procesos transaccionales entre sus cúpulas.
En 1923 Karl Schmitt se refería a este fenómeno en los siguiente términos: «El argumento, en el real sentido de la palabra, que es característico de la discusión auténtica, desaparece, y en las negociaciones entre los partidos se pone en su lugar, como objetivo consciente, el cálculo de intereses y las oportunidades de poder». Esto así, porque «los partidos ya no se enfrentan entre ellos como opiniones que se discuten, sino como poderosos grupos de poder social y económico, calculando los mutuos intereses y sus posibilidades de alcanzar el poder y llevando a cabo desde esa base fáctica, compromisos y coaliciones» (K. Schmitt. Situación históricointelectual del parlamentarismo hoy). El poder y la centralidad alcanzados por los partidos políticos llevó plantear por primera vez, y muy tempranamente —en el marco de la crisis del liberalismo político y del parlamentarismo en Europa—, la cuestión del Estado de partidos o Estado partidocrático.
El día 3 de agosto de 1927 —cuatro años después de que Schmitt escribiera las palabras arriba citadas—, el profesor Heinrich Triepel pronunció su discurso rectoral en la Universidad de Berlín. En él colocó en el centro de su preocupación una pregunta ya en boga para la
época: si Alemania se había convertido en un «Estado partidocrático». Quería responder una pregunta específica: ¿cuál es la relación entre el Estado y los partidos o, más exactamente, entre la Constitución del Estado y los partidos? Quería saber si Alemania había adoptado la fisonomía «es un Estado que acoge de una forma tan consistente a los partidos políticos en su organización que la voluntad y la actuación del Estado descansan siempre en asuntos decisivos sobre la voluntad de actuación de las agrupaciones políticas» (énfasis CRG).
Casi hacia la mitad de su discurso concluía el eminente profesor: «la organización partidaria arremete por fuera y por dentro contra el parlamentarismo, y la representación se apodera del elector y lo envuelve cada vez más en sus redes, se adueña del procedimiento parlamentario en todas su fases y decisiones, cada vez se hace más estrecha la conexión entre los partidos, que abarcan los diferentes distritos y el país entero, con sus exponentes en las cámaras, los grupos parlamentarios. Las decisiones de los representantes del pueblo son preparadas de antemano en las deliberaciones y en las votaciones de los grupos parlamentarios. La discusión en el pleno, y muchas veces, en las comisiones, se convierten en una forma vacía.
La decisión parlamentaria es, cuando éste representa una mayoría homogénea, una decisión de partido, o, en el caso de que domine en él una fragmentación de partidos, un compromiso entre los mismos. El diputado ya no es un representante del pueblo, sino un representante de su partido, y se siente y actúa como tal» (Heinrich Triepel. La Constitución y los partidos políticos, pp. 22 23. Énfasis CRG).
Se cuestiona el profesor Triepel el hecho de que esta realidad patente no haya sido traducida al sistema jurídico, es decir, que esos partidos que había pasado a ser los auténticos órganos canalizadores de la representación popular en las cámaras y el gobierno, no hubieran alcanza-
do reconocimiento jurídico. A renglón seguido sostiene: «es cierto que el rechazo oficial, por así decirlo, de los gobiernos al sistema de partidos ha tenido que capitular ante la dura realidad de la vida política. Podrá combatirse, quizás, a algún partido en particular, tratando de destruirlo mediante leyes de excepción, hasta que se vea la inutilidad de tales medidas, pero lo que no se cuestiones es el sistema de partidos como tal».
Esto así, porque el partido político, «tal como lo entendemos hoy, como una comunidad de lucha (kampfgenossenchaft) estructurada en una forma asociativa sólida y que para la consecución de sus fines políticos aspira a alcanzar poder sobre el Estado, es solo un producto típico de la moderna Constitución representativa. El partido político presupone, como campo de lucha, una representación del pueblo» (p. 15).
Gustav Radbruch, antes desarrollar los fundamentos de su tesis según la cual «la injusticia extrema no es derecho», terció en el debate sobre el Estado de partidos y elaboró una serie de tesis entre las que me permito citar dos: «El Estado de partidos es, necesariamente, la forma del Estado democrático de nuestro tiempo: i) sin la mediación organizativa de los partidos entre los individuos y la totalidad, sería imposible la formación de una opinión y voluntad colectivas y ii) como consecuencia de la legislación electoral inspirada en el sistema de representación proporcional, los electores no seleccionan entre los candidatos individualmente considerados, sino entre los partidos que los presentan a la elección , en este sentido, no puede dudarse de que los partidos son órganos de creación en el sentido de Jellinek».
Es esa historia resumida, la que está detrás de la configuración constitucional del sistema de partidos en la República Dominicana. Es
ahí donde encuentran su origen las fórmulas del artículo 216 según las cuales, entre las finalidades esenciales de los partidos políticos se encuentran: 1) garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia y 2) contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana (…) mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular (énfasis CRG).
Es por esas razones que está reservada exclusivamente a los partidos la presentación de candidaturas a la presidencia de la República (artículo 129.6), así como a las cámaras legislativas y a las distintas instancias de los gobiernos locales, tal como expliqué otra parte del presente trabajo.
Es por esas razones que considero que las candidaturas independientes, probablemente necesarias, no tienen espacio en el régimen constitucional vigente en el país.
V. La respuesta legislativa a las declaraciones de inconstitucionalidad
Puesto que la Sentencia TC/0788/24, que declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley núm. 20-23, por considerar irrazonables los requisitos para el reconocimiento de candidaturas independientes, considero importante para el debate académico y político volver sobre la siguiente pregunta: ¿puede el legislador democrático insistir en una ley, o en un criterio normativo, que haya sido declarado no conforme a la Constitución por el Tribunal Constitucional? Más concretamente: ¿Pueden las cámaras legislativas votar una ley que elimine las candidaturas independientes, a pesar de que el TC considera que las mismas tienen respaldo constitucional y que lo que debería suceder es que se flexibilicen los requisitos de su reconocimiento?
Según algunos especialistas, esa opción es imposible porque el carácter de precedente vinculante para todos los poderes públicos que a las decisiones del TC le otorga el artículo 184 constitucional, lo impide. Quisiera presentar en un enfoque distinto.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que el cambio de precedente es una práctica que se ha vuelto cada vez más frecuente entre tribunales supremos y cortes constitucionales en países que se suelen tener como modélicos en estos temas.
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por los profesores Saul Brenner y Harold J. Spaeth —de la Universidad de Carolina del Norte, en Charlotte, y de la Universidad del Estado de Michigan, respectivamente— entre 1946 y 1992 la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos emitió 115 decisiones que rechazaron un total de 154 precedentes. Este período se correspondió con los ejercicios de la Corte de Vinson, Warren, Burguer, y de la Corte de Rehnquist en sus primeros seis ejercicios.
Otro aspecto importante que destaca el estudio de estos dos profesores es que las decisiones más frecuentemente rechazadas tenían entre 0 y 10 años: un 26.6 % del total; mientras que el 23.4 % tenía entre 11 y 20 años. Es decir, el 50 % de los precedentes rechazados tenían menos de 21 años de haber sido dictados (Stare indecisis: Las alteraciones del precedente en la Corte Suprema, 1946-1992).
Cuando una nueva composición de un tribunal supremo cambia un precedente en períodos de tiempo relativamente cortos como los indicados, lo hace por una razón muy sencilla: la nueva composición tiene una concepción distinta del derecho. Se produce así un diálogo intergeneracional, que hace del derecho un organismo en movimiento y adaptación a una realidad en permanente transformación. Más aún, no es in-
frecuente que una misma composición de un tribunal constitucional modifique sus propios precedentes. En el caso de la República Dominicana, ha pasado una cantidad nada desdeñable de veces para un órgano con tan poco tiempo de vida.
Lo anterior impone la siguiente pregunta: ¿Por qué los jueces de una generación pueden modificar los criterios de una anterior; y otros modificar los propios, sin que se cuestione el carácter vinculante que a sus propias decisiones le impone el principio constitucional de la seguridad jurídica? La respuesta común es que lo pueden hacer siempre y cuando aporten los argumentos que justifiquen el cambio de criterio.
Pero esa respuesta conduce a una nueva pregunta: ¿en qué se distinguen las razones que puedan encontrar los jueces, ya sea en un ejercicio de autocrítica sobre sus propias decisiones, o en uno de revisión racional de las decisiones de jueces del pasado, de aquellas que pueda aportar el legislador democrático, en la exposición de motivos de una ley, para justificar un cambio de criterio en el TC? No alcanzo a ver la diferencia. La profesora Jutta Limbach, de la Universidad Libre de Berlín, que luego pasó a ser vicepresidenta y posteriormente se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia del Tribunal Federal Constitucional Alemán, analiza el asunto que nos ocupa desde la experiencia del Tribunal al que sirvió por muchos años. Por el mero hecho de que el Tribunal haya declarado inconstitucional una determinada regulación, no tiene el legislador por qué abdicar de la propia capacidad de aprendizaje. De otro modo, el Parlamento se vería impotente ante nuevos conocimientos y cambios significativos de las condiciones de existencia. Sigue diciendo la profesora Limbach: «El Bundesverfassungsgericht
ha reconocido el problema y relativizado, en consecuencia, la fuerza vinculante de sus decisiones. Expresamente, ha reconocido, en 1987, el derecho a una segunda prueba y a acudir de nuevo ante el Tribunal. Es decir, la declaración de inconstitucionalidad de una norma no impide al legislador, decidir una regulación materialmente igual o semejante si lo cree oportuno» (énfasis CRG).
La declaratoria de inconstitucionalidad de una ley es el resultado de la preponderancia provisional de una de las interpretaciones posibles que de la misma haga el órgano decisor. Eso no impide que el legislador, cuya función legislativa le impone un permanente ejercicio de interpretación constitucional, proponga, con base en argumentos, estudios técnicos o información empírica, una lectura distinta de la llevada a cabo por el TC. Se trata de un ejercicio de diálogo intrageneracional e interinstitucional, que es propio de una concepción deliberativa de la democracia y de una idea del derecho como un «diálogo entre iguales» (Roberto Gargarella).
Sigue diciendo la profesora Limbach que la facultad del legislador de insistir en una Ley declarada como no conforme a la Constitución «resulta de la especial responsabilidad del legislador democrático, de adaptar el ordenamiento jurídico a cambiantes demandas sociales y nuevas necesidades de regulación. De verse el legislador vinculado permanentemente por la jurisprudencia del Bundesverfassungsgericht, ello supondría la petrificación del derecho.
Desaparecería la apertura al cambio de las condiciones de existencia y de la conciencia social, según el Tribunal. Tal estancamiento se compadece mal con la idea de democracia. Justo tal forma de Estado no es algo estático; antes bien, organiza el proceso del cambio histórico.
Precisamente, la continua competencia por votos, el forcejeo por el progreso social y por las mayorías parlamentarias que lo hacen posible, así como la posibilidad de turno de poder caracterizan la forma de funcionamiento de la democracia. Y, dado que el Bundesverfassungsgericht carece de facultad para autocorregirse por propia iniciativa, se requiere la renovada actividad del legislador que dará a los magistrados la oportunidad de volver sobre su anterior decisión”.
Concluye la autora: «Si el Tribunal precisa de treinta o más días de deliberación para enjuiciar la constitucionalidad de una norma, no será sino porque la respuesta no era evidente. De ahí, que la declaración de una inconstitucionalidad no sea razón para que el Gobierno y el legislador caigan en la medrosidad o en la inactividad» («Papel y poder del Tribunal Constitucional». UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 4, 2do semestre, 1999, pp. 98 y 99).
Y es que las decisiones sobre derechos y sobre principios constitucionales, implican importantes dimensiones valorativas cuya corrección siempre será objeto de controversia y desacuerdos. La pretensión de que una decisión
es el reflejo fiel de lo jurídicamente correcto, al punto de que toda discusión entorno a ella se pretenda zanjada, no parece corresponderse con una concepción democrática del derecho.
Cuando una decisión con tal pretensión proviene de los jueces, entonces pareciera reflejar, en palabras del profesor Carlos Santiago Nino, «un elitismo epistémico inaceptable» pues implica presuponer «que unos señores, por más ilustrados que sean, pueden llegar a conclusiones valorativas correctas en la soledad de sus despachos y bibliotecas, sin participar en el proceso de discusión pública con todos los interesados en una u otra decisión y sin que su decisión sea revisada en ese proceso de revisión pública».
Por supuesto que el Tribunal Constitucional podrá reiterar su criterio, si así lo estima razonable, pero la probabilidad de esa reiteración no puede actuar como una eximente al legislativo para presentar una lectura alternativa del criterio normativo en controversia. Por lo tanto, considero que existe aval suficiente para que el Congreso emita una ley, al menos por una vez, en la que sostenga un criterio distinto al contenido en una decisión del Tribunal Constitucional, a condición de que explique adecuadamente sus razones.
El rumbo que la República Dominicana
no puede volver a postergar
I. Una encrucijada histórica
La República Dominicana no enfrenta simplemente desafíos educativos. Enfrenta una encrucijada histórica donde convergen tensiones institucionales, desigualdades acumuladas y decisiones
que comprometen el destino democrático de la nación.
El debate suscitado en torno a la transformación del sistema educativo ha tenido la virtud de revelar algo más profundo que una discusión técnica o administrativa: ha puesto frente al país dos visiones de futuro. Una, sostenida
sobre la fragmentación institucional, la improvisación y la subordinación de las decisiones públicas al ciclo político.
La otra, todavía en construcción, fundada en la idea de un Estado que gobierna con visión sistémica, sobre evidencia, con sentido de equidad y responsabilidad intergeneracional.
Ese es, en esencia, el debate.
No se trata simplemente de reorganizar estructuras. Se trata de decidir si la educación seguirá siendo administrada como sector, o asumida como fundamento articulador de la democracia.
Porque educar no es solo formar capital humano. Es construir ciudadanía, producir cohesión social y hacer posible la libertad.
II. El error histórico: confundir reforma con reorganización
Durante décadas hemos repetido un error costoso: confundir transformación con reorganización.
Se cambian nombres.
Se fusionan instituciones.
Se alteran jerarquías.
Se modifican marcos legales.
Pero el sistema permanece, en su lógica profunda, fragmentado, discontinuo y vulnerable.
Las reformas fracasan cuando sustituyen arquitectura por ajustes.
Y cuando la política reemplaza el diseño institucional, los cambios nacen débiles y mueren jóvenes.
Ese ciclo lo hemos conocido demasiado.
Lo pagan los niños que no logran aprendizajes fundamentales.
Lo pagan los jóvenes excluidos del empleo productivo.
Y lo paga la democracia cuando la desigualdad educativa erosiona la igualdad ciudadana.
La República Dominicana no necesita otra reorganización.
Necesita una transformación de sistema.
III. Un sistema, tres subsistemas, un propósito nacional
Ese es el sentido de la propuesta que hemos defendido:
concebir un solo sistema educativo nacional estructurado en tres subsistemas articulados: educación básica y media, donde se forman ciudadanía, valores democráticos y pensamiento crítico.
Educación superior, donde se produce conocimiento, investigación, innovación y liderazgo.
Formación técnico profesional, representada en INFOTEP, como puente entre aprendizaje, productividad y movilidad social.
No son compartimentos.
Son trayectorias articuladas.
Y esa articulación redefine el pacto educativo nacional.
Porque reconoce algo esencial: la educación es un continuo formativo a lo largo de la vida.
Y cuando un país organiza ese continuo con coherencia, no sólo mejora eficiencia; reconstruye oportunidades.
Allí se encuentran educación y democracia.
IV. Democracia, meritocracia y despolitización
No hay educación de calidad sin institucionalidad democrática. Y no hay democracia robusta sin educación de calidad.
Por eso el tema decisivo no es solo pedagógico; es político en el mejor sentido republicano del término.
Un sistema capturado por clientelismos no produce equidad.
Senado
Produce privilegios.
De ahí que la despolitización de la gestión educativa no sea una preferencia técnica; sea una condición ética. Porque donde el mérito se debilita, se resiente la confianza pública; y donde se erosiona la confianza pública, comienza a fracturarse la democracia.
Concursos por mérito.
Carrera profesional digna.
Evaluación rigurosa.
Continuidad de políticas efectivas.
Todo ello responde a un principio mayor: la meritocracia es una forma de justicia.
Y donde no rige el mérito, se debilita la democracia.
Ese es un punto que el país no puede seguir posponiendo.
V. Inteligencia artificial, desigualdad y nueva ciudadanía
A esta ecuación histórica se añade ahora una nueva frontera:
la inteligencia artificial.
Su desafío no es tecnológico solamente.
Es ético, político y social.
Porque si su acceso y comprensión se distribuyen desigualmente, ampliará brechas ya existentes.
Por eso la integración de la inteligencia artificial al currículo debe asumirse como competencia ciudadana.
Pensamiento computacional.
Ética digital.
Ciudadanía algorítmica.
No son modas.
Son alfabetizaciones del siglo XXI.
Quien no comprende los algoritmos puede terminar subordinado a ellos.
Y ninguna democracia puede darse el lujo de producir ciudadanos tecnológicamente dependientes.
La soberanía democrática pasa también por esa nueva alfabetización.
VI. Gobernanza e igualdad de oportunidades
Nada de esto será sostenible sin una nueva gobernanza educativa.
Una gobernanza fundada en tres pilares: autoridad técnica, legitimidad social, e independencia política.
De ahí la necesidad de una comisión nacional técnica de transformación educativa con pluralidad disciplinaria, excelencia reconocida y mandato de consulta nacional.
No para sustituir instituciones.
Para fortalecerlas.
Porque la democracia no se fortalece solo votando.
Se fortalece decidiendo bien.
Pero esa gobernanza carecería de sentido si no enfrenta la deuda central del sistema:
la desigualdad de oportunidades.
No puede hablarse seriamente de equidad donde persisten escuelas sin condiciones mínimas, brechas territoriales profundas, acceso desigual a tecnología y trayectorias educativas truncadas por pobreza.
La igualdad no se decreta.
Se construye.
Y se construye, sobre todo, desde el aula.
VII. El rumbo de Estado
La República Dominicana no necesita más diagnósticos.
Necesita decisiones.
El rumbo es claro: pasar de reformas coyunturales a visión sistémica; de politización a mérito; de fragmentación a articulación; de exclusión a equidad; de retórica a evidencia.
Y, sobre todo, pasar de entender la educación como gasto a asumirla como inversión civilizatoria.
Ese es, en el fondo, el verdadero debate nacional.
No es una discusión ministerial.
Es una discusión de destino.
Permítaseme cerrar en lo esencial.
Las grandes transformaciones comienzan donde suelen comenzar las cosas verdaderamente perdurables: en los actos aparentemente simples.
En enseñar.
En enseñar a leer para aprender.
En aprender para pensar.
Y en pensar para ser libres.
He creído toda mi vida —y la experiencia en los tres subsistemas educativos me lo confirma— que educar no es transferir información; es formar conciencia.
Por eso he sostenido, y hoy lo reitero, que educar es enseñar a vivir mejor.
Antes de lo artificial está lo natural.
Antes del algoritmo está la palabra.
Antes de la tecnología está la dignidad humana. Y antes de cualquier reforma está el maestro.
Si la República Dominicana acierta a comprender eso, no estaremos sólo reformando instituciones; estaremos fortaleciendo democracia.
Porque la educación, cuando es auténtica, no reproduce simplemente la sociedad que existe.
La mejora.
La eleva.
La civiliza.
Y por eso el porvenir nacional no dependerá solamente de leyes mejor diseñadas ni de estructuras más eficientes, sino de si somos capaces de colocar nuevamente la educación en el centro del proyecto republicano.
La historia no preguntará si supimos reorganizar ministerios.
Preguntará si tuvimos la lucidez y el coraje de reorganizar el destino.
Y esa respuesta, como siempre, se escribirá en las aulas. Mayo, 2026
La identidad como fundamento del Estado y de la soberanía nacional.
La identidad es la afirmación de quiénes somos como personas y como nación. Constituye un requisito indispensable para la existencia del Estado, la pro-
tección del bien común y el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía. De ahí que, en el pensamiento político-electoral contemporáneo de la República Dominicana, la premisa «Identidad es soberanía» trascienda la retórica para convertirse en un principio que orienta la comprensión de la identidad como uno de los pilares fundamentales del Estado.
Esta concepción de la identidad encuentra expresión en las dos atribuciones constitucionales conferidas a la Junta Central Electoral: garantizar y resguardar la identidad y administrar los procesos electorales, así como mecanismos de participación directa. Lejos de constituir funciones independientes, ambas representan dimensiones complementarias de una misma responsabilidad institucional. Existe una transversalidad sistémica en la que un acta de nacimiento da ori-
gen a la personalidad jurídica; esta se acredita mediante la cédula de identidad y electoral; y dicha cédula hace posible el ejercicio del derecho al voto. En esa secuencia se articula el vínculo entre identidad, ciudadanía y democracia.
En ese sentido, la responsabilidad de la identidad jurídica de las personas encuentra su fundamento en el Registro Civil. En su condición de órgano constitucional responsable de su administración y custodia, la Junta Central Electoral salvaguarda los hechos y actos que marcan el ciclo de vida del individuo: nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción.
Un(a) ciudadano(a) cuya identidad no está correctamente asentada ve limitado el ejercicio de sus derechos; por el contrario, una identidad debidamente inscrita en el Registro Civil representa el primer escudo contra el fraude y la suplantación. Por ello, desde que la Junta Central Electoral asumió el control institucional y operativo de las oficialías del Estado Civil, en el año 2007, ha desarrollado una labor permanente dirigida a corregir la herencia ancestral de errores contenida en los libros registrales escritos a mano. En ese mismo propósito, desde el año 2021 la institución ejecuta un riguroso proceso de validación de las actas de nacimiento, procurando que cada registro se corresponda con las disposiciones de la Constitución y con el principio de legalidad.
La convivencia en sociedad encuentra una de sus principales expresiones en la cédula de identidad y electoral. Este documento acredita oficialmente la identidad de su titular y hace posible el ejercicio de la ciudadanía en todas sus dimensiones. En la vida civil y comercial permite contraer matrimonio,
declarar hijos, realizar transacciones bancarias, suscribir contratos y acceder al trabajo formal, entre otras actuaciones. En la vida política constituye el instrumento indispensable para ejercer el derecho al sufragio, tanto en su dimensión activa como pasiva, es decir, para elegir y ser elegible.
Sin este documento se produce una forma de exclusión que limita la interacción de las personas con la economía, los servicios públicos y el propio Estado. De ahí que la renovación de la cédula de identidad y electoral constituya un tema de Estado fundamental, al fortalecer la confianza sobre la que descansan las relaciones jurídicas, económicas, sociales y democráticas del país.
En un contexto global en el que el fraude documental afecta el 47 % de las tarjetas de identidad en el mundo (DSA & SIA, s. f.), la protección de la identidad y de la nacionalidad adquiere una dimensión estratégica para la seguridad del Estado. En ese orden, la soberanía de la República Dominicana se fortalece al garantizar que únicamente quienes reúnen los requisitos constitucionales y legales sean titulares del documento nacional como dominicanos(as). Asimismo, contar con un sistema de identidad confiable fortalece la integridad del Registro Civil y del padrón electoral, contribuyendo a que el ejercicio del sufragio descanse sobre la certeza de que cada ciudadano(a) posee una única identidad y que cada voto corresponde legítimamente a quien tiene derecho a ejercerlo.
2. Seguridad documental, innovación tecnológica y diseño diferenciado
La renovación del sistema de identidad dominicano trasciende la sustitución del soporte físico del documento e incorpora nuevas tecnologías de seguridad, personalización y verificación. Este proceso representa un avance en las características técnicas de la nueva cédula, alineado con los estándares internacionales aplicables a los documentos de viaje de lectura mecánica, como los establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI/ ICAO) en el Documento 9303.
Como parte de este proceso de modernización, la nueva cédula incorpora más de cien medidas de seguridad, organizadas en tres niveles de verificación: 1) elementos visibles a simple vista; 2) mecanismos que requieren herramientas básicas de inspección, como luz ultravioleta o la verificación de microelementos, y 3) componentes de carácter forense cuya autenticidad únicamente puede comprobarse mediante equipos especializados.
Uno de los principales cambios se encuentra en el material empleado para la fabricación del
documento. La República Dominicana sustituye el tradicional PVC (cloruro de polivinilo) por policarbonato, un polímero de alta resistencia empleado en la fabricación de documentos de identidad y de viaje por sus condiciones de seguridad, resistencia y durabilidad, cuya vida útil se estima entre veinticinco y treinta años.
El documento de identidad está conformado por nueve láminas de policarbonato fusionadas en una sola estructura. A diferencia del documento anterior, este sistema elimina el plastificado superficial y reduce las posibilidades de deslaminación o alteración física del soporte. Como resultado, incrementa su resistencia frente al calor, la humedad, el uso continuo y dificulta la modificación de la información contenida en su estructura.
Más allá de sus características técnicas, la nueva cédula incorpora un diseño concebido para reflejar valores patrios, culturales y de protección al medio ambiente. En ese sentido, la República Dominicana dispone de tres diseños diferenciados según la categoría del titular, una característica poco común a escala internacional.
El primero, identificado con los colores patrios e inspirado en la bandera nacional, incorpora la imagen de Juan Pablo Duarte y el Escudo Nacional, y está destinado a los dominicanos y dominicanas mayores de dieciocho años. El segundo, identificado con el color larimar, piedra nacional de la República Dominicana, corresponde a la cédula de identidad expedida a los menores de edad, así como a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Finalmente, el tercer diseño, de color plateado, identifica la cédula de identidad destinada a las personas extranjeras con estatus legal en el país. Esta diferenciación cromática permite identificar de manera inmediata la categoría del titular.
proceso. Para ello, la Junta Central Electoral utiliza el sistema CLP-60, mediante el cual la información del ciudadano(a) es grabada directamente sobre las capas de policarbonato mediante tecnología láser.
Este procedimiento incorpora diversos elementos de seguridad, entre ellos la fotografía secundaria o foto fantasma, el microtexto y la imagen láser cambiante (CLI). Al encontrarse grabados directamente sobre el policarbonato, cualquier intento de alteración física produce un deterioro irreversible del documento, impidiendo su falsificación.
Entre las novedades también se encuentra un chip criptográfico integrado entre las capas del policarbonato. Conviene precisar que este dispositivo no posee funciones de geolocalización ni de rastreo. Su finalidad consiste en almacenar de forma segura la información autorizada del documento y facilitar procesos de autenticación mediante mecanismos de seguridad informática.
La personalización del documento es otro de los principales avances incorporados en este
Esta apreciación también ha sido respaldada por comunicadores especializados en tecnología, quienes describen la nueva cédula como un documento con un elevado nivel de desarrollo tecnológico y de seguridad, al considerarlo uno de los documentos de identidad más avanzados para prevenir la clonación. Asimismo, han desmentido las afirmaciones que atribuyen al chip funciones de geolocalización, al explicar que ello resulta técnicamente inviable, debido a que el documento no dispone de una fuente propia de energía. Para ilustrarlo, comparan esta tecnología con dispositivos como AirTag, de Apple, y Galaxy SmartTag, de Samsung, los cuales requieren una batería interna para transmitir su ubicación. En consecuencia, sostienen que la función del chip se limita al almacenamiento seguro de información y a la incorporación de mecanismos destinados a proteger la autenticidad del documento y pre-
venir su clonación (Manolo Ozuna DG, 2026). Asimismo, el documento incorpora una Infraestructura de Clave Pública (PKI), un código QR y el número CAN (Card Access Number), elementos que fortalecen los procesos de autenticación, verificación electrónica y validación del documento, tanto en el ámbito nacional como en aquellos escenarios en los que pueda ser utilizado como documento de viaje conforme a la norma ICAO 9303 y a los acuerdos internacionales correspondientes.
Otra de las innovaciones es la incorporación de la fotografía en escala de grises. Su utilización constituye un estándar internacional adoptado por numerosos países en sus documentos de identidad y de viaje, entre ellos España, Chile y el estado de Nueva York, por las ventajas que ofrece en materia de seguridad y durabilidad. Integrada al proceso de grabado láser sobre policarbonato, la imagen queda incorporada directamente en las capas internas del documento, dificultando significativamente su manipulación o falsificación. Paralelamente, la fotografía a color permanece resguardada en las bases de datos institucionales.
3. Sistemas de vigencia: de un sistema rígido a uno flexible
Históricamente, la República Dominicana operó bajo un sistema de vigencia rígido, caracterizado por ciclos de renovación sincronizados para toda la población. Bajo este modelo, la fecha de vencimiento era común para millones de ciudadanos(as), con independencia del momento en que hubiesen obtenido su documento de identidad. Como consecuencia, los procesos de renovación se concentraban en un mismo período, coincidiendo en numerosas ocasiones con años electorales, lo que generaba presiones operativas e institucionales. Del mismo modo, el Estado debía ejecutar procesos masivos de renovación que provocaban
una elevada concentración de usuarios en los centros de cedulación, con el consecuente incremento de las exigencias logísticas y operativas y un impacto directo en la atención brindada a la ciudadanía.
La nueva arquitectura de identidad sustituye ese esquema por un sistema de vigencia flexible, sustentado en la durabilidad del policarbonato y en una renovación escalonada según la edad del titular. De esta manera, la vigencia del documento deja de responder a un vencimiento colectivo para ajustarse a rangos diferenciados: hasta la mayoría de edad para los(as) ciudadanos(as) de dieciséis y diecisiete años; doce años para las personas entre dieciocho y treinta y cinco años; dieciséis años para quienes tienen entre treinta y seis y sesenta años; y veinte años para los mayores de sesenta y un años.
La principal innovación de este modelo radica en que la vigencia deja de concebirse como un período fijo e inalterable. Cuando el(la) ciudadano(a) actualiza información relevante de su registro, como el domicilio u otros datos biográficos, el sistema emite un nuevo documento con un período de vigencia correspondiente al rango de edad aplicable. Así, por ejemplo, una persona que actualice su domicilio durante la vigencia de su cédula recibirá un nuevo documento con un período de vigencia renovado conforme al grupo etario al que pertenezca en ese momento, sustituyendo el antiguo esquema de vencimientos colectivos.
Este mecanismo favorece una actualización permanente de la información registral y evita la necesidad de convocar nuevamente a toda la población para procesos masivos de renovación. En consecuencia, las renovaciones se distribuyen progresivamente a lo largo del tiempo, permitiendo una gestión continua de la identidad y una planificación más eficiente de los procesos de cedulación.
4. Depuración del Registro Civil y del Padrón Electoral como garantía de integridad democrática
La renovación de la nueva cédula incorpora un proceso integral de depuración y validación de la identidad que involucra de manera coordinada al Registro Civil, al Registro Electoral y a los sistemas tecnológicos de la Junta Central Electoral. No se trata de un simple reemplazo de una cédula por otra. Antes de la emisión del nuevo documento, la institución desarrolla un conjunto de verificaciones destinadas a garantizar que la persona cumple los requisitos constitucionales y legales para ser titular de la identidad dominicana y que sus datos se encuentran correctamente asentados en el Registro Civil. Su propósito es garantizar que cada documento de identidad emitido corresponda exclusivamente a la persona que, conforme a la Constitución y a las leyes, tiene derecho a ser su titular.
La captura de los datos personales y biométricos representa únicamente la primera etapa del proceso. A partir de ese momento se inicia una secuencia de verificaciones que, aunque no son visibles para la ciudadanía, es uno de
los principales mecanismos de integridad institucional implementados por la Junta Central Electoral. El proceso comienza con la validación del evento que da origen a la identidad jurídica. Antes de emitir la nueva cédula, la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil verifica que la información contenida en el acta de nacimiento corresponda plenamente con los registros oficiales del Estado Civil.
Una vez concluida esa revisión, el expediente pasa a la Dirección Nacional de Registro Electoral para el correspondiente control de calidad. Cuando el(la) ciudadano(a) no solicita modificaciones de sus datos, el proceso continúa hacia la depuración de coincidentes, etapa en la que el sistema compara las huellas dactilares y la fotografía capturada con la información previamente registrada en las bases de datos institucionales. El objetivo es confirmar que cada persona posea un único registro de identidad y descartar cualquier coincidencia que requiera una investigación adicional, bajo el principio de una persona, una huella, una identidad.
Por el contrario, cuando el(la) ciudadano(a) solicita la actualización de información, como la dirección, la ocupación u otros datos regis-
trales, el sistema activa un proceso de validación entre el Registro Electoral y el Registro Civil para comprobar que cada modificación se encuentre debidamente sustentada.
El proceso no continúa su curso hasta que exista plena certeza sobre la identidad de la persona y sobre la legitimidad de la información registrada. Concluida la investigación, el expediente es sometido a una nueva verificación biométrica y, únicamente después de superar satisfactoriamente todas las validaciones, la cédula pasa a la etapa de personalización y queda disponible para su entrega al(a la) ciudadano(a).
Es preciso destacar que, cada caso presenta características particulares, por lo que los tiempos de procesamiento pueden variar. Se trata de un procedimiento riguroso orientado a validar y proteger la identidad de cada dominicano y cada dominicana.
5. Arquitectura operativa y despliegue logístico
La implementación del proyecto de renovación de cédula consiste en uno de los despliegues operativos más amplios ejecutados por la Junta Central Electoral, pues supone la articulación de infraestructura física, recursos humanos, sistemas tecnológicos y mecanismos de atención diseñados para garantizar que el proceso se desarrolle bajo criterios de eficiencia, accesibilidad y seguridad.
El alcance del proyecto impacta aproximadamente a 9.4 millones de personas, comprendiendo a la totalidad de quienes integran el padrón electoral, es decir, los dominicanos y dominicanas con derecho a elegir y ser elegibles, así como a los menores de edad, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y personas extranjeras con estatus legal en el país.
Para garantizar la atención de esta población, la Junta Central Electoral ha habilitado 192 centros de cedulación, distribuidos estratégicamente en todo el territorio nacional, apoyados por aproximadamente 4,500 servidores públicos responsables de la ejecución de las distintas etapas del proceso. Asimismo, se han dispuesto trece centros de expedición ubicados en plazas y centros comerciales de alta demanda.
La institución ha incorporado, además, modalidades de atención orientadas a responder a las necesidades de distintos segmentos de la población. Entre ellas se encuentran diez centros de servicio continuo, que operan las veinticuatro horas mediante citas programadas y permiten realizar el proceso de cedulación en horario nocturno.
La estrategia operativa incorpora, además, medidas dirigidas a garantizar la inclusión y la accesibilidad. En la sede central de la Junta Central Electoral funciona un centro especializado para la atención de personas con discapacidad, a fin de facilitar el proceso de renovación en condiciones adecuadas para este segmento de la población.
El alcance del proyecto también se extiende al exterior. La renovación de cédula se desarrolla de manera simultánea en el territorio nacional y en treinta y cinco países, abarcando las tres circunscripciones del exterior. Esta cobertura permite que la ciudadanía dominicana residente fuera del país acceda al proceso de renovación bajo los mismos estándares de seguridad, calidad y eficiencia implementados en la República Dominicana.
6. Referente latinoamericano: reconocimiento internacional por altos estándares de seguridad
El proceso de transformación del sistema de identidad de la República Dominicana ha re-
cibido el reconocimiento de la comunidad internacional con la obtención del premio Mejor Documento de Identidad (ID) de Latinoamérica 2026, otorgado durante el foro especializado High Security Printing (HSP) Latin America, celebrado en la ciudad de Guatemala. Este reconocimiento situó al país a la vanguardia regional tras superar, en una rigurosa evaluación técnica, a Argentina y Costa Rica, únicas naciones nominadas junto con la República Dominicana en esta categoría.
El reconocimiento, otorgado por High Security Printing (HSP) Latin America, organizado por Reconnaissance International, representa una validación de la arquitectura integral del nuevo sistema de identidad implementado por la Junta Central Electoral. Entre los aspectos valorados por el jurado se encuentran los altos estándares de seguridad; la innovación tecnológica incorporada al documento; el cumplimiento de normas internacionales, particularmente la norma ICAO 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional; el desarrollo de la identidad digital mediante un ecosistema móvil que posibilita transacciones remotas seguras y la firma digital; y la implementación simultánea del proceso de renovación en el territorio nacional y en el exterior.
Más allá del reconocimiento internacional, este resultado evidencia que el fortalecimiento del sistema de identidad configura un componente esencial para la protección de la soberanía y la consolidación democrática. En ese contexto, la integridad del Registro Civil, la confiabilidad del documento de identidad y la depuración permanente del padrón electoral fortalecen el principio que articula las funciones constitucionales de la Junta Central Electoral en esta materia: Un acta de nacimiento = una cédula = un voto.
7. No es un gasto, es una inversión: la racionalidad económica y funcional de la nueva cédula
Uno de los principales debates que acompañan los procesos de modernización de los sistemas de identidad se relaciona con el costo de su implementación. Sin embargo, la renovación de la cédula debe analizarse desde una perspectiva distinta, pues representa una inversión estratégica orientada a fortalecer la seguridad documental, la eficiencia institucional y la transformación digital del Estado.
Esta visión se sustenta, en primer lugar, en el nuevo sistema de vigencia incorporado al documento. La sustitución del antiguo modelo de vencimientos colectivos por un esquema flexible y escalonado permite distribuir las renovaciones de manera progresiva, evitando los procesos masivos que históricamente concentraban importantes exigencias operativas y presupuestarias. De esta forma, el Estado dispone de un modelo de gestión más sostenible, compatible con la mayor durabilidad del policarbonato y con una planificación permanente de la renovación documental.
A ello se suma el potencial de la nueva cédula como plataforma de servicios. La incorporación de tecnologías como la Infraestructura de Clave Pública (PKI), el chip criptográfico y los mecanismos de verificación electrónica crea las condiciones para el desarrollo de una identidad digital interoperable, capaz de facilitar la autenticación segura de las personas en los ámbitos público y privado.
En ese contexto, la interoperabilidad permite la integración, mediante estándares abiertos, de los sistemas de información del Estado y de diversos sectores de la economía. Este modelo favorece el intercambio seguro de datos previamente verificados por la Junta Central Electoral, reduce la necesidad de presentar documentos físicos en múltiples trámites y supera
el esquema tradicional de bases de datos aisladas, fortaleciendo la eficiencia institucional y la seguridad jurídica.
Las posibilidades de aplicación de esta infraestructura abarcan múltiples sectores. En el ámbito financiero permitirá a bancos, asociaciones de ahorros y préstamos y cooperativas validar la identidad de sus clientes de forma remota y segura. En el sector salud facilitará la validación de servicios ante las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y la autenticidad de prescripciones médicas mediante sistemas interconectados. Asimismo, contribuirá a optimizar procesos en los sectores de las telecomunicaciones, la educación, el comercio y otros servicios que requieren la verificación segura de la identidad de las personas. De igual manera, habilita nuevas funcionalidades para la ciudadanía, entre ellas la utilización de la Firma Digital con plena validez jurídica y la posibilidad de utilizar la cédula como documento de viaje, conforme a la norma ICAO 9303 y a los
acuerdos internacionales que se establezcan para tales fines. Sobre esta base, la Junta Central Electoral pone esta nueva infraestructura de identidad a disposición del Estado dominicano como una plataforma de confianza para el desarrollo de nuevos servicios, el fortalecimiento de la interoperabilidad institucional y la consolidación de la transformación digital del país. Esta arquitectura permite integrar, en un mismo soporte, mecanismos de autenticación, verificación e identificación que amplían las capacidades del documento más allá de su función tradicional.
De esta manera, la nueva cédula trasciende su condición de documento de identificación y de credencial para el ejercicio del sufragio para convertirse en una infraestructura estratégica al servicio del Estado, con el potencial de concentrar diversas funcionalidades y necesidades administrativas en un solo instrumento, pudiendo constituirse en el documento único de identidad de la República Dominicana.
La Ley núm. 84-25, Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, define el proceso de fiscalización como el «conjunto de actos y procedimientos realizados por el Congreso Nacional para el control del patrimonio público, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos conforme a lo dispuesto por la
Constitución de la República y las leyes». Su objeto consiste en evaluar los resultados de la gestión financiera de los entes y órganos de la Administración pública y de quienes administren fondos públicos; comprobar la ejecución del presupuesto general del Estado y determinar los indicios de responsabilidad administrativa, civil o penal de los funcionarios que administren fondos públicos. Su fundamento
constitucional se encuentra en el numeral 2 del artículo 93 de la Constitución, que atribuye al Congreso Nacional, en materia de fiscalización y control: aprobar o rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo, tomando como base el informe de la Cámara de Cuentas; velar por la conservación y fructificación de los bienes nacionales y aprobar o rechazar la enajenación de los bienes de dominio privado de la nación; citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados ante las comisiones permanentes; examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo; nombrar comisiones permanentes y especiales que investiguen cualquier asunto de interés público; y supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones. A su vez, el artículo 115 remite a la ley la regulación de los procedimientos requeridos por las cámaras legislativas para el examen de los informes de la Cámara de Cuentas y de los actos del Poder Ejecutivo, las invitaciones, las interpelaciones, el juicio político y los demás mecanismos de control.
El proceso de fiscalización de las actuaciones del Poder Ejecutivo está a cargo de los órganos del Congreso Nacional (los plenos de las cámaras legislativas y las comisiones legislativas), amparados en el ordenamiento jurídico, especialmente en la Constitución, en la Ley núm. 84-25, del 8 de agosto de 2025, y en los reglamentos de las cámaras legislativas. Las informaciones necesarias
El artículo 22 de la Ley núm. 84-25 faculta al Pleno del Senado de la República y a sus comisiones legislativas, en su condición de órganos del Congreso Nacional, para solicitar a los entes y órganos de la administración pública (in-
cluidos los entes y órganos constitucionales) las informaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones. ¿Cuáles serían esas informaciones necesarias?
La noción hay que buscarla en el propio ordenamiento jurídico. El párrafo del artículo 6 de la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, del 28 de julio de 2004, considera información «cualquier tipo de documentación financiera relativa al presupuesto público» o proveniente de instituciones financieras del ámbito privado que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las minutas de reuniones oficiales. Por su parte, el artículo 13 de la Ley núm. 126-01, del 27 de julio de 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, obliga a presentar anualmente a la Cámara de Cuentas, previa intervención de la Contraloría General de la República, el estado de recaudación e inversión de las rentas, que debe contener, como mínimo: la ejecución y el flujo de efectivo del presupuesto del Gobierno Central y de sus instituciones; los movimientos y la situación de la Tesorería Nacional; el estado actualizado de la deuda pública interna y externa; la situación patrimonial del gobierno central; y un informe consolidado de la gestión financiera del sector público no financiero. Además, el párrafo II del artículo 61 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, del 17 de noviembre de 2006, ordena presentar al Congreso Nacional, a más tardar el 31 de julio de cada año, un informe sobre el estado de ejecución del primer semestre de los ingresos, gastos y financiamiento del presupuesto del año en curso.
El ordenamiento jurídico sustenta la calidad de la información financiera en la acreditación profesional de los servidores públicos: el
artículo 5 de la Ley núm. 126-01 exige que los departamentos de contabilidad del gobierno central y de los organismos indicados en su artículo 2 sean dirigidos por contadores públicos autorizados y, en su defecto, por un licenciado en contabilidad o el estudiante más avanzado de esa carrera, regla aplicable también a los sub-encargados. Con la estructuración de las actividades de control y fiscalización del Congreso Nacional, sería importante disponer de un mecanismo para verificar que los servidores públicos están acreditados profesionalmente, lo cual contribuiría al fortalecimiento institucional y al cumplimiento de la transparencia.
Los órganos competentes y sus unidades de apoyo
Los procedimientos legislativos identifican a los plenos de las cámaras legislativas y a las comisiones legislativas (permanentes, especiales o bicamerales) como los órganos competentes para comprobar y verificar la información remitida por los entes y órganos objeto del proceso de fiscalización. En el Senado de la República, los artículos 245, numeral 3, y 248 de su Reglamento facultan a las comisiones permanentes para ejercer, por iniciativa propia, la función de fiscalización y control de la gestión pública en las dependencias estatales de su área de competencia, pudiendo solicitar informaciones, requerir la comparecencia de cualquier funcionario a una sesión de la comisión o solicitar al Pleno su interpelación, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
El apoyo técnico corresponde, en principio, al Departamento de Coordinación de Comisiones, instancia que (según el artículo 121, numeral 1, literal a), del Reglamento del Senado) articula, apoya, integra e informa la labor de las comisiones legislativas y de investigación, y que
asiste en la redacción del informe y del proyecto de resolución. El artículo 293 añade que las comisiones contarán con el asesoramiento de los órganos de consulta vinculados a ese departamento, incluida la revisión constitucional, legal y lingüística a cargo del Departamento Técnico de Revisión Legislativa, trámite que la comisión puede omitir mediante decisión motivada; en todo caso, las propuestas de los órganos asesores no son vinculantes.
La documentación de las actuaciones es igualmente exigible. El artículo 278 del Reglamento del Senado ordena levantar, por cada reunión o mecanismo de consulta, un acta que recoja en forma de síntesis conceptual las decisiones o acuerdos adoptados (con transcripción in extenso en expedientes complejos o trascendentales), y encarga al Departamento de Comisiones publicar diariamente una síntesis de la agenda desarrollada y mantener actualizada la base de datos generada por las comisiones. En el mismo sentido, el párrafo IV del artículo 55 de la Ley núm. 107-13 fija el contenido mínimo del acta de las sesiones de los órganos colegiados (asistentes, lugar y tiempo, puntos de deliberación y acuerdos adoptados, con indicación de la forma y el sentido de los votos), así como su lectura, aprobación y firma.
En cuanto al análisis presupuestario, la Cámara de Diputados cuenta con la Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria (OASEP), integrada a su Oficina Permanente de Asesoría junto a la Unidad de Asesoría Legislativa, conforme al artículo 232, numeral 1, de su Reglamento. El artículo 17 de la Ley núm. 84-25 generaliza esa figura al crear una OASEP en cada cámara legislativa, cuya organización, atribuciones y funcionamiento se establecerán en sus reglamentos y manuales.
Todo ello se enmarca en el artículo 138 de la Constitución, que sujeta la actuación de la Administración pública a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. En consecuencia, las comisiones legislativas y las unidades administrativas de apoyo a los legisladores deben documentar sus actuaciones, a fin de cumplir con el párrafo I del artículo 21 de la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, que impone a los responsables de la tramitación de los procedimientos la obligación de dejar constancia documental de todas sus actuaciones, ordenando y archivando los expedientes para posibilitar el acceso a la información y el control posterior, bajo pena de responsabilidad disciplinaria.
Las medidas al alcance de las comisiones legislativas
El artículo 22 de la Ley núm. 84-25 faculta a los plenos de las cámaras legislativas (previa solicitud de uno o más senadores o diputados) y a las comisiones permanentes y especiales (con la aprobación de la mayoría de sus miembros) para solicitar las informaciones necesarias a ministros, viceministros, directores generales, titulares de órganos constitucionales, titulares de organismos autónomos y descentralizados del Estado, empresas con participación accionaria mayoritaria del Estado, ayuntamientos, entidades que administren fondos públicos y toda persona física o jurídica. La solicitud debe referirse a asuntos de interés público y no puede relacionarse con expedientes judiciales ni con peticiones personales para favores o privilegios.
en los artículos 297 y 298 del Reglamento del Senado, dirigidos a ponderar adecuadamente las necesidades y el sentir de la sociedad: vistas públicas (eventos abiertos, convocados mediante aviso en un periódico de circulación nacional con al menos tres días hábiles de antelación, en los que los participantes entregan sus posiciones por escrito); reuniones de trabajo con personas o sectores interesados; seminarios y talleres con especialistas; y la recepción de invitados y correspondencias. Estos mecanismos responden al deber de instrucción del artículo 26 de la Ley núm. 107-13, conforme al cual la Administración ha de adoptar decisiones bien informadas y recabar de oficio todas las pruebas necesarias, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer actuaciones y a aportar documentos, estudios y alegatos, que la Administración está obligada a valorar.
El informe de las comisiones y su aprobación por el Pleno
Las comisiones legislativas se manifiestan mediante un informe de los asuntos de que hayan sido apoderadas, rendido al Pleno para fines de conocimiento y decisión (artículo 279 del Reglamento del Senado), dentro de un plazo de treinta días hábiles, prorrogable de manera excepcional y previa justificación por hasta treinta días hábiles adicionales (artículo 280).
Las comisiones pueden agotar, además, los mecanismos de consulta e intercambio previstos
El Pleno del Senado de la República es la máxima autoridad deliberativa y decisoria (artículo 70) y forma su voluntad mediante la votación (artículo 215), conforme a las reglas de cuórum y mayorías del artículo 84 de la Constitución: se requiere la presencia de más de la mitad de los miembros para la validez de las deliberaciones y las decisiones se adoptan por mayoría absoluta de votos, salvo los asuntos previamente declarados de urgencia, que en su segunda discusión se deciden por las dos ter-
ceras partes de los presentes. María Asunción García Martínez precisa que la mayoría absoluta exige el voto favorable de más de la mitad, no de los presentes, sino de los miembros de la cámara . Esa voluntad se materializa en un acuerdo que, según el artículo 165 del Reglamento del Senado, tendrá la forma de ley o de resolución, y que debe estar suficientemente motivado, pues el artículo 28, literal a), de la Ley núm. 107-13 exige que la resolución dé «respuesta congruente y razonada» a todas las cuestiones planteadas.
Reflexión final
El dictado de la Ley núm. 84-25 impone una revisión de los procedimientos legislativos y promueve una nueva cultura política y laboral. Impulsados por esta realidad, hemos hecho un ejercicio de reflexión sobre algunos de los instrumentos legales relacionados con el proceso de fiscalización, conscientes de que hemos omitido otros de trascendental importancia; nuestro interés es aportar un enfoque para su análisis y propiciar un debate académico sobre los procedimientos de control y fiscalización del Congreso Nacional.
En lo que respecta al Senado de la República, la capacitación de los legisladores y de sus técnicos constituye una condición indispensable para que el ejercicio de la función de control y fiscalización sea eficaz. Resulta necesario con-
solidar los instrumentos que permitan a las comisiones legislativas recibir, organizar, analizar y verificar la información remitida por los entes y órganos de la administración pública; dar seguimiento a los hallazgos relevantes; identificar posibles indicios de responsabilidad administrativa, civil o penal; y adoptar los acuerdos o decisiones que correspondan dentro del marco del ordenamiento jurídico del Estado. Por tanto, el proceso de fiscalización no debe limitarse a la mera recepción de información ni a eventuales comparecencias ante los órganos del Congreso Nacional: debe ser un proceso transparente, ordenado, documentado y jurídicamente sustentado, que contribuya objetivamente a la evaluación de las políticas públicas ejecutadas por el gobierno y al uso correcto de los recursos públicos.
El proceso de fiscalización representa, en definitiva, un desafío indispensable para el Estado social y democrático de derecho: su fortalecimiento permite el equilibrio en el ejercicio del poder político, contribuye a la protección del patrimonio público y promueve la transparencia en el uso de los fondos públicos y la confianza ciudadana. La potestad de fiscalizar no es un instrumento para obstaculizar o paralizar las acciones del gobierno, sino una competencia constitucional destinada a asegurar que todo poder público actúe sometido plenamente a la Constitución, a las leyes y al interés general.
Hace veintiún años parecía muy lejano que el ordenamiento jurídico dominicano llegara a reconocer, con una figura penal propia, el fenómeno criminal que hoy conocemos como violencia feminicida.
La Ley núm. 24-97, que constituyó un importante avance en la protección de los derechos de las mujeres al incorporar al Código Penal diversas conductas relacionadas con la violencia
de género e intrafamiliar, no contempló el feminicidio como un delito autónomo. El feminicidio es el crimen directamente ejercido contra la vida de las mujeres por su condición de género. Es la muerte violenta de la mujer, causada por el hombre. En consecuencia, la muerte de una mujer por razones de género, especialmente cuando existía o había existido una relación de pareja con el agresor, era perseguida bajo las figuras generales del homicidio o el asesinato, sin reconocer las particularidades que distinguen esta forma extrema de violencia contra las mujeres.
Con la promulgación de la Ley núm. 74-25, que establece el nuevo Código Penal de la República Dominicana, promulgada en agosto de 2025 y cuya entrada en vigor está prevista para agosto de 2026, el país da un paso trascendental en la protección de los derechos de las mujeres. Esta reforma pone nombre y reconocimiento jurídico a un fenómeno que durante décadas ha causado un profundo impacto en las familias y en la sociedad dominicana, al tipificar el feminicidio como un delito autónomo, separado del homicidio y definido por elementos propios relacionados con la violencia de género y las relaciones de poder, dominación o discriminación contra la mujer.
Asimismo, la reforma incorpora un régimen sancionador más severo,
con circunstancias agravantes que reflejan la especial gravedad de esta conducta criminal. También introduce nuevas figuras penales vinculadas a la violencia contra la mujer, entre ellas la violencia económica y otras manifestaciones de violencia de género que anteriormente no contaban con una regulación específica.
El artículo 93 de la Ley núm. 74-25 define el feminicidio como el hecho de causar la muerte a una mujer por su condición de mujer, independientemente de su edad, de la existencia o no de una relación de pareja con el agresor y del lugar donde ocurra el hecho. La incorporación del feminicidio agravado acorde al artículo 94 de la referida ley constituye un avance porque reconoce y sanciona con mayor severidad aquellos casos en que la víctima sea niña o adolescente, que esté en estado de embarazo, que el agresor utilice sustancias o bebidas alcohólicas, que el hecho ocurra en presencia de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, colaterales y frente a niños, niñas, adolescentes, entre otros.
Por su parte, el artículo 95 incorpora la figura del feminicidio conexo, que sanciona la muerte de una mujer que, sin ser el objetivo principal del agresor, pierde la vida en el contexto de un escenario de violencia feminicida.
Con la entrada en vigor de esta legislación, el feminicidio, como delito autónomo, será sancionado con penas de treinta a cuarenta años de reclusión y multa de cincuenta a mil salarios mínimos del sector público. En cuanto al feminicidio conexo, la ley establece penas de veinte a treinta años de prisión mayor, además de multa de treinta a cuarenta salarios mínimos del sector público.
La incorporación de estas figuras penales representa uno de los avances más significativos del nuevo Código Penal en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres.
Desde el Poder Legislativo se han dado pasos firmes para fortalecer el marco jurídico y promover una sociedad en la que las mujeres sean reconocidas como sujetas plenas de derechos y se garantice la protección del bien jurídico más importante: la vida.
La tipificación del feminicidio no solo fortalece la respuesta penal frente a estos crímenes, sino que también permite dimensionar adecuadamente la violencia feminicida, mejorar los sistemas de registro y análisis estadístico, facilitar el diseño de políticas públicas basadas en evidencia y reafirmar el compromiso del Estado dominicano con la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer.
Desde la perspectiva del Ministerio Público, este nuevo marco normativo constituye además una herramienta fundamental para fortalecer la investigación y persecución penal con enfoque de género. La tipificación del feminicidio permitirá identificar con mayor precisión los factores de riesgo, mejorar los mecanismos de protección de las víctimas y desarrollar estrategias preventivas dirigidas a evitar nuevas muertes violentas de mujeres, consolidando una respuesta institucional más efectiva frente a la violencia de género.
Geografía y contexto social del fenómeno: histórico 2020-2025
cas de violencia intrafamiliar en buena parte del mundo— seguido de un descenso hasta 63-65 casos en 2022-2023, un repunte a 74 en 2024 y una nueva baja a 55 en 2025. Esta oscilación indica que, más allá de la tendencia general a la baja, el fenómeno no se ha estabilizado ni permite proyectar una reducción sostenida. A esta serie se suman 52 feminicidios registrados en 2026 hasta el 14 de julio, cifra aún parcial dado que el año no ha concluido.
Geográficamente, el feminicidio en República Dominicana no se distribuye de forma homogénea: cinco provincias —Santo Domingo (86 casos, 20.8 % del total nacional), Santiago (34), San Cristóbal (27), La Altagracia (23) y La Vega (22)— concentran el
Entre 2020 y 2025, el Ministerio Público registró 413 feminicidios a nivel nacional, con un promedio de 69 casos anuales. La serie muestra un pico en 2021 (86 casos) —coincidente con el período de mayor tensión económica y social derivada de la pandemia, cuando el confinamiento y la crisis de ingresos agravaron las dinámi-
46.7 % de los casos registrados en el período. Esta concentración coincide en gran medida con los polos demográficos y económicos del país: la región metropolitana de Santo Domingo y el Distrito Nacional (30 casos adicionales) como principal aglomeración urbana, el Cibao central en torno a Santiago y La Vega como eje agroindustrial, y La Altagracia como principal enclave turístico, con una economía marcada por la informalidad laboral, la migración interna y la alta rotación de población. En el extremo opuesto, provincias fronterizas y de menor densidad poblacional —Elías Piña (1), Dajabón (2), Pedernales (2) y San José de Ocoa (2)— reportan los conteos más bajos, aunque esto responde en parte a su menor población y no necesariamente a una menor incidencia relativa; una lectura per cápita, no disponible en este panel, sería necesaria para comparar la gravedad real entre provincias de distinto tamaño.
La violencia de género encuentra su máxima expresión en el feminicidio. La muerte violenta de mujeres llevada a cabo por motivos de género por el hecho de ser mujer. Lamentablemente, los feminicidios consumados y las tentativas de feminicidio nos restan como sociedad y todos los esfuerzos, tal parece, que fueran pocos en la lucha contra esta lacra que progresivamente se ha insertado en el entramado social y se muestra muy difícil de revertir. Los feminicidios, con sus diferentes escenarios, lejos de ser estáticos, están en
continua evolución con nuevos escenarios no contemplados. Es por ello que el Ministerio Público como garante del Estado de derecho, en estos momentos hace esfuerzos estratégicos de la mano del doctor Juan Manuel Cartagena Pastor con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para fortalecer la investigación forense de estas infracciones con un nuevo instrumento para la prevención, atención, investigación y persecución penal cuyo propósito es ponerlo al servicio de la justicia para esclarecer estos hechos criminales tan execrables, que representan el máximo exponente de la violencia de género, al tratarse de la muerte violenta y selectiva de la mujer, por el hecho de ser mujer; debido a que al fortalecer la investigación prevenimos.
Incorporar la perspectiva de género en una investigación del crimen de feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, no importa cual fuere su escenario, es imperante, oportuno, relevante y pertinente, debe contar con un enfoque de derechos humanos y ser una garantía y una obligación de todo el sistema de justicia. Es urgente una investigación desde una visión más amplia de colaboración y trabajo en equipo, de comprensión conjunta de los diferentes operadores.
El feminicidio es más que la muerte de una mujer, sus consecuencias son irreversibles trae consigo dolor, impacto social, pobreza, luto y retroceso. No es la pasión, ni lo celos que asesinan a una mujer, es el crimen de odio impulsado por el machismo, la misoginia y una arraigada desigualdad de poder donde el agresor entiende que la mujer es su propiedad y se entiende dueño de sus cuerpos, sus emociones y su vida. Desde lo punitivo no vamos a resolver el problema; estamos claros de ello, pero la complejidad de la violencia obliga al Estado a hacer lo propio: una sanción ejemplar e impune, con
un sistema de consecuencias que no devuelve las vidas perdidas, pero pone un freno legal a lo que por ningún motivo se justifica ni se tolera.
El Dr. Luis Verges refiere que desde el punto de vista social, esta distribución sugiere que el feminicidio en el país no es un fenómeno rural aislado ni exclusivo de un estrato socioeconómico, sino que está asociado a las zonas de mayor densidad poblacional, actividad económica y movilidad humana —capital, corredor turístico oriental y principales núcleos urbanos del Cibao—, donde también convergen mayor
desigualdad de ingresos, presión migratoria y, en el caso de la región turística, una fuerte presencia de relaciones interculturales y dependencia económica de la mujer respecto a la pareja. Esto refuerza la lectura del artículo 93 de la Ley núm. 74-25: el feminicidio en República Dominicana ocurre mayoritariamente en el marco de relaciones de pareja o expareja, y su concentración geográfica en los polos urbanos y turísticos del país apunta a que las políticas de prevención y los recursos de protección a víctimas deben priorizarse territorialmente, y no distribuirse de manera uniforme entre las 32 demarcaciones.
Mapa de calor: Histórico feminicidios (período 2020-2025)
Monte Cristi 6/1.45%
Puerto Plata 13/3.15%
Valverde 5/1.21%
Espaillat 8/1.94%
Dajabón 2/0.48%
Elías Piña 1/0.24%
Hermanas Mirabal 6/1.45% Monte Plata 16/3.87% Sánchez Ramírez 7/1.69%
Independencia 4/0.97%
Pedernales 2/0.48%
Azua 7/1.69%
Barahona 10/2.42%
Comportamiento anual feminicidios
Peravia 8/1.94%
María
Trinidad Sánchez 6/1.45%
Hato Mayor 8/1.94%
Samaná 7/1.69%
Santo Domingo 86/20.79%
Distrito Nacional 30/7.26%
San Cristóbal 27/6.54%
Mapa de calor: Histórico de feminicidios por provincia, período 2020-2025. Fuente: Ministerio Público (actualizado al 14/07/2026).
El Seibo 7/1.69%
La Altagracia 23/5.57%
San Pedro de Macorís 15/3.63% La Romana 5/1.21
Total de casos
Enfrentar la violencia que sufren las mujeres requiere de esfuerzos mancomunados y, sobre todo, estratégicos; de ahí que cualidades como la perseverancia y, sobre todo, la paciencia sean muy necesarias. El árbol crece demasiado rápido; se quiebra ante la tormenta. Queremos estar firmes para enfrentar los retos actuales y los desafíos por venir.
En el marco de la celebración delaDía Internacional del Trabajo, la institución hizo entrega de la primera versión del Premio Anual a la Labor Sobresaliente del Personal Administrativo y Legislativo. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, encabezó la primera entrega del Premio Anual a la Labor Sobresaliente, acto en el que destacó el papel esencial de los colaboradores de la Cámara Alta, a quienes definió como los verdaderos protagonistas del trabajo y de los resultados que podemos exhibir como legislado-
«Cada idea que hemos tenido o que él mismo nos ha pedido desarrollar siempre ha sido pensando en el colaborador»
res. De los Santos resaltó que este reconocimiento nace con la firme intención de visibilizar el esfuerzo excepcional de quienes, desde diversas posiciones, contribuyen a dotar a la República Dominicana de un cuerpo normativo que garantiza la convivencia pacífica en el marco de un Estado libre, democrático y de derecho. El presidente del Senado valoró la trascendencia de esta iniciativa, señalando que no solo reconoce méritos individuales, sino que también reafirma el compromiso colectivo de servir al país con integridad y eficiencia. Por su parte, la directora de Gestión Humana del Senado, Sonya Uribe, expresó su agradecimiento al respaldo decidido del presi-
dente del Senado, quien siempre tiene el corazón puesto en mejorar las condiciones de los colaboradores. Destacó que ese apoyo ha sido fundamental para impulsar iniciativas orientadas al bienestar y desarrollo del capital humano institucional. El Premio Anual a la Labor Sobresaliente del Personal Administrativo y Legislativo reconoció a los servidores en las categorías: Innovación en la Gestión, Excelencia Administrativa y Trayectoria. También fueron reconocidos empleados que tienen varias décadas de trabajo en el Senado, así como colaboradores que se destacan por su esfuerzo, colaboración, entrega y sacrificio en favor de la institución.
Maritza
Altagracia Matos Subencargada del Departamento de Documentación, Archivo y Correspondencia
46 Años
Santiago Andrés Jacobo (Pepe) División de Ingeniería y Mantenimiento
40 Años
Carmen Carvajal Departamento de Archivo y Correspondencia
40 Años
Bony Edermira Castillo Secretaría General Legislativa
40 Años
Ana Ramona Cordero (Charo) Unidad de Reproducción
40 Años
Rumania Ortiz Soto, coordinadora de la Biblioteca del Senado; José Rosario Ureña, programador de la Dirección de Informática; Rafael Oviedo, coordinador de Planificación y Desarrollo; María Antonia Collado, coordinadora de Taquigrafía y Transcripciones.
Categoría de Excelencia Administrativa
Categoría de la Trayectoria
Teresa Elizabeth , de la
María Mejías, de la Dirección Administrativa; Maxime Emilie Taulé de la Coordinación de Comisiones; Mery Catalina Pujals Desarrollo; Judelyn Malena Piñeyro Servicios Generales; y Transcripción Legislativa.
Jennifer Tellado, asistente ejecutiva de la Presidencia del Senado; Gutiérrez, coordinadora de la División de Reclutamiento y Selección; Arlovia Pérez, de la Secretaría General Legislativa; Altagracia Iris Santos Dirección de Comisiones. , , de Planificación y , de Katty Valdez, de , asistente ejecutiva
Alta, Ricardo de los Santos, lo describe como un visionario, educador y arquitecto de ideales
de su fallecimiento
Como muestra de homenaje, respeto y reconocimiento al legado histórico del patricio Juan Pablo Duarte, el Senado de la República depositó una ofrenda floral en el Altar de la Patria, al conmemorarse este miércoles el 150 aniversario de su fallecimiento. El órgano legislativo estuvo representado por una nutrida delegación encabezada por su presidente, Ricardo de los Santos, e
Senado
integrada, además, por los senadores Santiago José Zorrilla y María Mercedes Ortiz, esta última representante de la provincia Hermana Mirabal.
Tras rendir los honores protocolares, De los Santos recordó a Juan Pablo Duarte con gratitud y distinción, al describirlo como un visionario, educador y arquitecto de ideales, “y un ciudadano profundamente convencido de que ninguna causa puede ser más noble que la libertad de su pueblo”.
El senador por la provincia Sánchez Ramírez consideró que la verdadera grandeza del Padre de la Patria habitó en su entrega total a la causa independentista, dejando a un lado su tranquilidad y poniendo a disposición su juventud y su propio destino para enarbolar su patriotismo, a fin de que otros pudieran nacer bajo el cielo luminoso de una patria libre e independiente. “Donde otros veían imposibilidad, él descubría
oportunidades; donde otros contemplaban cadenas, él contemplaba una bandera; mientras otros hablaban de resignación, él proclamaba la independencia”, dijo con ímpetu y fervor patriótico el presidente del Senado.
En el acto también participó parte del personal administrativo del órgano congresual, entre ellos Sonya Uribe, directora de Gestión Humana; Ramón Novo Padilla, secretario general administrativo; y José Domingo Carrasco, secretario general legislativo.
Asimismo, estuvieron presentes Nelson Guzmán, coordinador de Gabinete; Leonardo Peña Javier, director de Representación; Yannerys Paulino, directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas; y Martha Valenzuela, encargada de Prensa, entre otros colaboradores del Senado.
Tras depositar la ofrenda floral en el Altar de la Patria, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, se trasladó hasta la Catedral Primada de América, donde participó, junto a otras autoridades oficiales, de un Tedeum presidido por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo.
Durante la celebración eucarística, el líder religioso indicó que en la vida de Juan Pablo Duarte se descubre la presencia de Dios actuando en la historia humana, por haber sido un hombre de fe cuya visión cristiana estuvo caracterizada por valores como el amor al prójimo, la dignidad, la justicia y la solidaridad. Monseñor Morel Diplán profundizó en que la entrega de Duarte a la causa independentista no puede leerse únicamente en clave política, sino tam-
bién espiritual: un hombre dispuesto a renunciar a su tranquilidad y a su patrimonio por amor a su prójimo es, señaló, un hombre que vivió en carne propia el mandamiento cristiano de amar al otro por encima de sí mismo. En ese sentido, invitó a los presentes a que el homenaje al patricio no se agotara en el protocolo del día, sino que se tradujera en un compromiso renovado con la justicia, la dignidad y la solidaridad que, dijo, definieron su vida y su fe.
Un legado que regresó a casa
Juan Pablo Duarte falleció a los 63 años, la madrugada del 15 de julio de 1876, en la ciudad de Caracas, Venezuela, país donde pasó sus últimos años en el exilio. Llevaba un año postrado por una enfermedad pulmonar que lo había reducido a un estado de extrema fragilidad; quienes lo veían por primera vez pensaban que se trataba de un anciano de más de ochenta años,
y no de un hombre de sesenta y tres. Lo acompañaron en sus horas finales sus hermanas Rosa y Francisca, quienes vivían junto a él en una casa de mobiliario escasísimo, sosteniéndose apenas con las ganancias de la costura.
Para sus vecinos de Caracas, Duarte era apenas un dominicano de cierta importancia en su país de origen. Pocos sabían que aquel anciano enfermo había sido uno de los patricios más puros de América, ni que su familia había sacrificado, en dos ocasiones en 1844 y en 1863d, una parte significativa de su patrimonio en favor de la causa independentista. Tampoco imaginaban que Rosa y Francisca, junto a su madre ya fallecida, habían llegado a fabricar miles de balas para la independencia de su país.
Duarte fue enterrado inicialmente en el cementerio de Tierra de Jugo, en Caracas, en una sepultura humilde, cumpliendo así, de manera provisional, el deseo de sus hermanas de honrar su memoria mientras gestionaba su anhelo más profundo: que sus restos descansaran algún día en suelo dominicano. Ese momento llegó ocho años después, cuando el Gobierno Dominicano dispuso el traslado de sus restos a la patria. Una comisión viajó hasta Caracas a bordo de la goleta La Leonora, y tras un servicio fúnebre celebrado en la iglesia de Santa Rosalía, con la presencia de autoridades venezolanas, los restos del patricio emprendieron el regreso a Santo Domingo.
Sus restos fueron trasladados a la República Dominicana el 26 de febrero de 1884, y recibidos por el Ayuntamiento en pleno en el muelle del Ozama, el mismo río que había sido testigo, décadas atrás, de la infancia, la adolescencia, el destierro y el regreso triunfal de Duarte. Tras ser custodiados por una guardia de honor en la Comandancia del Puerto, sus restos fueron conducidos solemnemente hasta la Catedral, donde el entonces presbítero Fernando Arturo de Meriño, uno de los grandes oradores de
su época, pronunció un discurso pidiendo para el patricio el descanso eterno en la patria y en Dios. Hoy, ciento cincuenta años después de su muerte, sus restos descansan en el Altar de la Patria, en la ciudad de Santo Domingo, el mismo lugar donde el Senado de la República acudió a rendirle homenaje.
Con la ofrenda floral y su posterior participación en el Tedeum de la Catedral Primada de América, el Senado de la República Dominicana reafirmó que, siglo y medio después, el legado del padre de la patria sigue siendo una fuente viva de identidad y de gratitud nacional para la institucionalidad dominicana.
El Senado de la República, en su compromiso con la modernización del Poder Legislativo y la profesionalización de sus recursos humanos, consolidó una iniciativa académica de alto nivel que marcó un antes y un después en la formación de sus miembros y colaboradores, a través de un acuerdo estratégico y la culminación del máster en Derecho Constitucional y Derecho Público, donde se graduaron decenas de profesionales en el área constitucional.
Este proceso, desarrollado en orden progresivo, evidencia una apuesta clara por la capacitación continua y la excelencia en la función pública.
El punto de partida fue la firma de un acuerdo de colaboración entre el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el catedrático en Derecho Constitucional, Marcos Francisco Massó Garrote, en representación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
Este acuerdo permitió a senadores, funcionarios y colaboradores de la Cámara Alta acceder a maestrías en Derecho Constitucional y Derecho Público, impartidas de manera presencial. La firma se realizó en el despacho de la presidencia del Senado, donde se destacó la importancia de formar a los legisladores en áreas fundamentales para el ejercicio de sus funciones.
parte de la alianza estratégica entre ambas instituciones. En esta etapa, el presidente del Senado, junto a senadores, directores, encargados departamentales y empleados, pasaron a formar parte de los maestrandos.
El objetivo del programa fue dotar a los legisladores de mejores herramientas conceptuales para afrontar los retos en materia constitucional, mediante la comprensión del carácter normativo de la carta magna y el análisis interdisciplinario de los problemas jurídicos.
Durante ese acto, el presidente del Senado
establece la necesidad de actualizar y analizar
principales retos del Poder Legislativo.
Durante ese acto, el presidente del Senado expresó que la iniciativa representa una oportunidad para que los integrantes del órgano legislativo obtengan formación especializada en Derecho Constitucional. Asimismo, señaló que la Constitución dominicana del año 2010 establece la necesidad de actualizar y analizar numerosas leyes, lo que constituye uno de los principales retos del Poder Legislativo.
Por su parte, Massó Garrote indicó que la UCLM cuenta con más de 20 años de experiencia en programas de maestría y cursos de cuarto nivel, y explicó que el programa de Derecho Constitucional fue concebido como una propuesta académica integrada, adaptada a la realidad jurídica y constitucional de la República Dominicana.
Por su parte, Massó Garrote indicó que la ca Dominicana.
El inicio de la docencia: formación en marcha
iniciaron la docencia del Más-
Tras la fi rma del acuerdo, el Senado de la República y la Universidad de Castilla-La Mancha iniciaron la docencia del Máster en Derecho Constitucional y Derecho Público, como
la enseñanza en el desarrollo de habilidades
así como en la capacidad de formular juicios críticos,
El primer módulo, correspondiente a la Teoría General de la Constitución, fue impartido por el profesor Massó Garrote, quien enfocó la enseñanza en el desarrollo de habilidades para buscar, analizar y sintetizar información, así como en la capacidad de formular juicios críticos,
participar en el debate y proponer soluciones razonables en torno a la Constitución normativa.
El programa contó con la participación de docentes procedentes de España, Alemania e Italia, lo que aportó una visión internacional al proceso formativo. En ese contexto, el presidente del Senado destacó que esta capacitación reafirma el compromiso de la institución con una gestión pública más ética, técnica y profesional.
Culminó el máster: resultados de una formación estratégica
El proceso académico concluyó con la culminación del máster en Derecho Constitucional y Derecho Público, desarrollado en el marco de la alianza entre el Senado de la República y la Universidad de Castilla-La Mancha.
Un total de 48 participantes, entre senadores, funcionarios y colaboradores del Poder Legislativo, completaron exitosamente el programa, fortaleciendo sus conocimientos y capacidades para enfrentar los desafíos del orden constitucional contemporáneo.
El acto de graduación fue encabezado por Ricardo de los Santos, junto al académico Marcos Francisco Massó Garrote; el presidente del Tribunal Constitucional de la República Domi-
nicana, Napoleón Estévez Lavandier; y la senadora Lía Díaz de Díaz, además de autoridades legislativas, judiciales y académicas.
Durante la ceremonia, se destacó que el programa permitió a los egresados comprender el carácter normativo de la Constitución y aplicar estos principios en el ejercicio de la función pública, fortaleciendo así la calidad del trabajo legislativo.
En sus palabras, De los Santos, quien también formó parte de los graduandos, afirmó que esta iniciativa constituye una señal clara del compromiso del Senado con la formación continua y la ética pública, valorando el rigor académico del programa y el acompañamiento de la UCLM.
Por su lado, Massó Garrote reconoció el respaldo institucional de la Cámara Alta y exhortó a los graduados a poner en práctica los conocimientos adquiridos en favor de una gestión pública más eficiente y transparente.
Las palabras de agradecimiento en representación de los graduandos estuvieron a cargo del senador Franklin Romero. El acto contó además con la presencia de magistrados del Tribunal Constitucional, jueces de la Suprema Corte de Justicia y una delegación de catedráticos internacionales.
Por: Elvis Castro
El Senado de la República fue certificado por la organización internacional Great Place To Work (GPTW), como un grandioso lugar para trabajar en la República Dominicana, con más del 97 % de aprobación de su fuerza laboral, reflejando un alto nivel de satisfacción y orgullo por pertenecer a la institución.
Great Place To Work (GPTW) es la autoridad global en cultura organizacional y clima laboral, que otorga una certificación internacional a las empresas que logran construir entornos de trabajo de alta confianza, basándose en encuestas anónimas donde los propios colaboradores evalúan el liderazgo, la equidad, el respeto y el compañerismo.
La acreditación fue celebrada y anunciada formalmente durante un emotivo acto realizado en el auditorio de la institución, encabezado su presidente, Ricardo de los Santos, quien recibió el reconocimiento.
Sonya Uribe Mota, directora de Gestión Humana de la Cámara Alta, destacó que la obtención de este logro no responde a una decisión de la Presidencia ni de la Dirección de Gestión Humana, sino a la opinión directa de los propios colaboradores del Senado, consultados a través de una encuesta de manera confidencial sobre su experiencia cotidiana dentro de la institución.
La funcionaria del órgano congresual sostuvo que el proceso de evaluación estuvo acompañado por la Dirección de Planificación, y de la Dirección de Gestión Humana, los cuales trabajaron de manera conjunta en la sistematización de la información institucional y en el acompañamiento metodológico requerido por la Great Place To Work durante todo el procedimiento de evaluación.
«Esta certificación confirma algo que trabajamos todos los días desde Gestión Humana: que el bienestar de nuestros colaboradores no es un beneficio adicional, sino el centro de la gestión institucional», expresó Sonya Uribe.
Revista/Senado
Asimismo, Ohelmi de la Cruz, director de Planificación, informó que entre los elementos que sustentan esta certificación se encuentran los beneficios que el Senado ha consolidado en favor de sus colaboradores en los últimos años: desde la compensación económica y los permisos parentales ampliados, hasta el acompañamiento de salud a través de un dispensario médico y una farmacia dentro de la propia institución, pasando por el fortalecimiento continuo de los programas de capacitación y desarrollo profesional.
«Esta certificación confirma que estamos logrando consolidar un Senado más eficiente, más humano y comprometido con la excelencia», dijo el gerente institucional. Durante el acto, Ricardo de los Santos recibió de manos de Sonya Uribe y Ohelmi de la Cruz, un galardón de reconocimiento institucional en nombre de las direcciones de Gestión Humana y de Planificación, como testimonio del logro alcanzado durante su gestión al frente del Senado.
«Esta certificación no la recibe la Presidencia, la recibe cada colaborador y cada colaboradora del Senado, quienes trabajan con entrega, dedicación, entusiasmo y con la intención dar el mayor rendimiento en sus labores. Se lo dedico a ellos porque fueron quienes con su opinión lo hicieron posible», expresó Ricardo de los Santos. Durante el evento, los colaboradores de la institución expresaron su entusiasmo mediante aplausos, ovaciones y el ondeo de banderas como muestra júbilo por este importante logro institucional. Con esta certificación el Senado de la República se suma a un selecto
grupo de instituciones del sector público y privado que cuentan con el respaldo de Great Place To Work, reafirmando su compromiso con la construcción de un ambiente laboral basado en la confianza el respeto y la dignidad de cada una de las personas que lo integran. La actividad contó con la presencia de los senadores Augusto Velázquez (Pedernales); Aracelis Villanueva (San Pedro de Macoris); Dagoberto Rodríguez (Independencia); Franklin Romero (Duarte); Gustavo Lara Salazar (San Cristóbal) y María Mercedes Ortiz (Hermanas Mirabal). También estuvieron directores y encargados departamentales.
El Senado de la República obtuvo las certificaciones NORTIC A3, sobre publicación de datos abiertos, y NORTIC E1, sobre gestión de redes sociales institucionales, otorgadas por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). El logro consolida un modelo de gestión más transparente, moderno y cercano a la ciudadanía.
La transformación digital se ha convertido en uno de los pilares más importantes para construir instituciones más transparentes, eficientes
y cercanas al ciudadano. Bajo esa premisa, el Senado de la República ha asumido el compromiso de fortalecer sus procesos mediante la adopción de estándares nacionales que garantizan una gestión responsable de la información pública y una comunicación institucional de calidad.
Como parte de ese compromiso, la institución obtuvo las certificaciones NORTIC A3, sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano, y NORTIC E1, para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales. Ambas son otorgadas por la OGTIC,
entidad rectora de las políticas de gobierno digital en el país, encargada de establecer los estándares tecnológicos y las buenas prácticas que las instituciones públicas deben implementar para fortalecer la transparencia, la innovación y la transformación digital del Estado.
Su obtención reconoce el cumplimiento de las mejores prácticas en materia de gobierno digital y evidencia el compromiso del Senado con la mejora continua de sus procesos, la modernización institucional y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.
Transparencia que genera confianza
La NORTIC A3 establece los lineamientos para la publicación, organización y actualización de datos abiertos, de manera que la información pública sea accesible, reutilizable y esté disponible en formatos que faciliten su consulta por parte de ciudadanos, investigadores, periodistas, académicos y desarrolladores.
Para el Senado, esta certificación representa mucho más que el cumplimiento de una norma técnica: significa consolidar una cultura insti-
tucional basada en la transparencia activa, la rendición de cuentas y el acceso oportuno a la información pública. La publicación de datos abiertos fortalece el control social, fomenta la participación ciudadana y promueve iniciativas
de investigación e innovación que generan valor para toda la sociedad.
Comunicación estratégica al servicio de la ciudadanía
La NORTIC E1, por su parte, establece las directrices para la administración de las redes sociales institucionales, garantizando que la comunicación gubernamental sea planificada, uniforme, oportuna y orientada a las necesidades de la población. En una época en la que gran parte de la interacción entre las instituciones y la ciudadanía ocurre a través de medios digitales, contar con una estrategia de comunicación basada en estándares oficiales fortalece la credibilidad institucional y mejora la calidad del servicio informativo. Gracias a esta certificación, el Senado reafirma su compromiso de ofrecer información veraz, actualizada y accesible a través de sus plataformas digitales, acercándose a la ciudadanía y consolidando las redes sociales como canales efectivos de comunicación pública.
La obtención de ambas certificaciones es resultado del trabajo coordinado entre distintas áreas del Senado. Su implementación requirió
la revisión de procesos, la elaboración de procedimientos internos, la organización de evidencias documentales, la actualización de plataformas digitales y la participación de áreas legislativas y administrativas comprometidas con la mejora continua.
«La transformación digital no depende únicamente de la tecnología, sino también de la cultura organizacional y el compromiso de los servidores públicos con la excelencia institucional».
Las certificaciones NORTIC A3 y NORTIC E1 forman parte de la estrategia institucional para consolidar un Senado más transparente, eficiente y alineado con las políticas nacionales de gobierno digital. Estas acreditaciones fortalecen la confianza ciudadana, promueven una gestión pública basada en estándares de calidad y contribuyen al posicionamiento del Senado como una institución moderna, abierta e innovadora.
Cada avance en materia de transformación digital representa una oportunidad para acercar el Poder Legislativo a la ciudadanía, mejorar la prestación de los servicios públicos y consolidar una administración parlamentaria preparada para responder a los desafíos del presente y del futuro. La obtención de estas certificaciones constituye, por tanto, un reconocimiento al trabajo institucional realizado y un incentivo para continuar impulsando iniciativas que fortalezcan la transparencia, la innovación y la excelencia en la gestión pública, reafirmando el compromiso del Senado de la República con un Estado cada vez más abierto, participativo y orientado al servicio de la sociedad.
El Senado renueva y amplía su certificación de calidad ISO 9001:2015
Bajo esa convicción, el Senado de la República Dominicana obtuvo la recertificación de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, un reconocimiento internacional que valida el buen funcionamiento de sus procesos institucionales y que, en esta ocasión, se amplió con la incorporación de una nueva dirección al alcance del sistema.
La Dirección de Gestión Humana renueva su certificación
La Dirección de Gestión Humana del Senado logró la recertificación de su Sistema de Gestión de Calidad a través de tres de sus divisiones: Registro y Control, Servicios y Beneficios, y Capacitación y Desarrollo. Estas tres áreas, responsables de procesos que van desde el manejo del historial laboral de los colaboradores hasta la administración de sus beneficios y la planificación de su formación continua, fueron evaluadas nuevamente bajo los rigurosos estándares que exige la norma ISO 9001:2015, confirmando que sus procesos se mantienen estandarizados, documentados y orientados a la mejora continua.
Esta recertificación no es un punto de llegada, sino la ratificación de una cultura de calidad que la Dirección de Gestión Humana ha sostenido de manera constante, garantizando que cada colaborador y colaboradora del Senado reciba un servicio consistente, transparente y alineado con los más altos estándares de gestión del talento humano en el sector público.
Un sistema que se amplía: la Dirección de TIC se suma a la certificación
La calidad de una institución no se declara: se certifica, se audita y se sostiene en el tiempo.
El logro de este período tiene, además, un componente de expansión institucional: por primera vez, la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) del Senado obtuvo su propia certificación bajo la norma ISO 9001:2015, correspondiente a sus servicios
de soporte y asistencia al usuario ( mesa de trabajo). Con esta incorporación, el Sistema de Gestión de Calidad del Senado deja de limitarse a los procesos de gestión humana y se extiende también a los procesos tecnológicos que sostienen el funcionamiento diario de la institución. Se trata de un paso natural: en una institución cada vez más digitalizada, la calidad del soporte técnico y de la atención a los usuarios internos es tan determinante para el buen funcionamiento institucional como la calidad de los procesos administrativos tradicionales.
El rol articulador de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Ninguna de estas certificaciones hubiera sido posible sin el acompañamiento técnico del Sistema de Gestión de Calidad, que opera desde la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional del Senado. Esta dirección es la encargada de coordinar, dar seguimiento y auditar internamente los procesos de las distintas áreas de la institución, asegurando que cada una cumpla con los requisitos documentales, de mejora continua y de enfoque al usuario que exige la norma internacional.
Gracias a los procesos estandarizados que ya llevaban adelante tanto la Dirección de Gestión Humana como la Dirección de TIC, y al acompañamiento constante de este sistema, el Senado logró consolidar una nueva certificación que da validez formal a la calidad con la que se ejecutan estos procesos institucionales, colocando al Senado de la República entre las instituciones públicas dominicanas con procesos internos certificados bajo estándares internacionales.
Política de Calidad
Toda certificación ISO 9001:2015 se sostiene sobre una Política de Calidad, el documento
que expresa el compromiso institucional que guía cada uno de los procesos certificados. La del Senado de la República Dominicana establece lo siguiente:
“ El Senado de la República Dominicana, a través de las Direcciones de Gestión Humana y de Tecnología de la Información y Comunicación, gestiona de manera oportuna y efectiva los procesos de registro y control, servicios y beneficios y la capacitación del talento humano, así como los servicios de soporte de asistencia al usuario, brindando una atención satisfactoria, comprometiéndose con la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad y la satisfacción de las necesidades de sus colaboradores, cumpliendo con los requisitos legales y normativos aplicables, y el fortalecimiento institucional’.
Esta política resume, en pocas líneas, el espíritu de todo el esfuerzo detrás de esta recertificación: procesos oportunos, atención satisfactoria, mejora continua y cumplimiento normativo, puestos al servicio de quienes hacen posible, día a día, el funcionamiento del Senado de la República.
Un compromiso que se renueva
La norma ISO 9001:2015 no se obtiene una sola vez: exige auditorías periódicas y una disposición permanente a revisar, documentar y mejorar los procesos institucionales. Que el Senado de la República haya renovado su certificación y, al mismo tiempo, ampliado su alcance a una nueva dirección, es una muestra concreta de que la calidad, en esta institución, no es una meta puntual, sino una práctica de gestión sostenida en el tiempo, al servicio de sus colaboradores y del país.
Ricardo de los Santos propuso coordinar con el Ministerio de Cultura ampliación a nivel nacional de estos encuentros
Por: Israel Figueroa
El Senado de la República organizó, a través de la Dirección de Representación, el Primer Encuentro Interinstitucional de Coros, en el que participaron los grupos del Conservatorio Nacional de Música; el Virgen del Amparo, de la Armada dominicana; el San Miguel Arcángel, del Ejército Nacional;
Nuestra Señora del Carmen, de la Fuerza Aérea; el coro del Poder Judicial; el San Judas Tadeo, de la Policía Nacional y el del Senado de la República.
Durante el encuentro, el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, propuso coordinar con el Ministerio de Cultura la institucionalización y ampliación a nivel nacional de ese tipo de intercambio,
donde se exhibe una gran cantidad de talento.’Es algo que debemos repetir, manifestó De los Santos tras recibir un reconocimiento por su apoyo al fortalecimiento del coro institucional.
De su lado, el director del Departamento de Representación, Leonardo Peña Javier, resaltó la trascendencia histórica del encuentro, a través
de la manifestación del folclore, matizado por voces de diferentes instituciones del Estado. Más que un encuentro, este evento, es un instrumento visual, artístico y cultural para la historia, indicó.
De igual modo, agradeció al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por permitir e incentivar la creación del coro institucional y por el apoyo para la celebración de la actividad.
Cada uno de los coros tuvo la oportunidad de interpretar entre dos y tres canciones, y posteriormente recibir un reconocimiento. El presidente
del Senado, Ricardo de los Santos, entregó la estatuilla a Edwin Disla, director del coro del Conservatorio Nacional de Música; el senador Santiago José Zorrilla entregó el reconocimiento a Armando Morillo, director del coro Virgen del Amparo, de la Armada de la República Dominicana, y el senador Odalis Rodríguez entregó el reconocimiento al teniente Germán Cornielle, director del coro San Miguel Arcángel, del Ejército de la República Dominicana.
También, Ramón Novo, secretario Administrativo del Senado, entregó el reconocimiento a Andrés Capellán, director del coro Nuestra Señora del Carmen, de la Fuerza Aérea Dominicana; y Elioenai Medina, director del coro del Poder
Judicial recibió la estatuilla de manos del general Pedro Guzmán Badía, quien estuvo en representación del director de la Policía Nacional.
Mientras que, Teodoro Reyes, director del coro San Judas Tadeo, de la Policía Nacional recibió la estatuilla de manos del coronel Enmanuel Herrera Disla.
También fueron reconocidos Paola Suazo, fundadora del coro del Senado de la República, y Nelson Guzmán Diplán, director de Gabinete del Senado de la República.
En evento realizado en el Auditorio Eduardo Estrella, participaron directores, encargados, funcionarios y colaboradores del Senado de la República.
Por: Patricia José
n el Senado de la República Dominicana, el deporte también se ha convertido en una vía para fortalecer la integración y el sentido de pertenencia entre los colaboradores. Desde el año 1987, el equipo de softbol de la institución ha sido un espacio de encuentro, convivencia y representación, proyectando los valores del Senado más allá de las labores administrativas.
Desde sus inicios, el equipo ha mantenido una constancia ejemplar: juegan una vez al mes con personas de otras instituciones, respetando una dinámica que permite equilibrar las responsabilidades laborales con la
actividad deportiva, fomentando así un estilo de vida activo y saludable. La iniciativa surgió por motivación de un grupo de servidores encabezado por Franklin Rivas, actual coordinadora del equipo, de la cual formaron parte clave David Figuereo y Ana María Matos de los Santos, quienes impulsaron la creación de una selección que permitiera al Senado contar con representación deportiva en encuentros interinstitucionales.
Un equipo al servicio de la representación institucional
El equipo de sóftbol del Senado fue creado con el propósito de competir y, al mismo tiempo, representar dignamente a la institución en actividades deportivas. Su misión ha sido, desde sus inicios, servir como embajador de los valores institucionales, fomentando la responsabilidad, el respeto y el compañerismo entre sus integrantes. La integración del equipo ha sido mixta, combinando personal de la institución con jugadores externos, lo que ha permitido mantener su funcionamiento activo a lo largo de los años. Actualmente, el equipo está conformado por 25 miembros, quienes participan de manera
voluntaria en las distintas jornadas deportivas. Más allá de los resultados, el equipo se ha consolidado como un referente de compañerismo, respeto y juego limpio, valores que también se viven diariamente dentro del Senado.
Organización y estructura del equipo
La selección cuenta con una estructura funcional que le permite afrontar los encuentros con preparación y respaldo.
En la actualidad, el equipo cuenta con varios lanzadores, dos catchers y una banca activa, lo que le permite responder ante cualquier eventualidad durante la competencia y cubrir las distintas posiciones durantre los partidos. Esta organización ha sido clave para mantener un nivel competitivo estable.
Evolución y desempeño deportivo
Desde su fundación, el equipo ha experimentado un crecimiento progresivo. Aunque en sus inicios estuvo compuesto únicamente por personal del Senado, con el paso del tiempo fue necesario incorporar jugadores externos para fortalecer la plantilla y asegurar su continuidad.
A lo largo de su trayectoria, el equipo ha participado en diversas competencias amistosas, obteniendo resultados satisfactorios y consolidándose como un conjunto competitivo dentro del ámbito interinstitucional. La experiencia adquirida en estos encuentros ha fortalecido tanto el desempeño deportivo como la cohesión interna.
Respaldo institucional y apoyo de la presidencia
El crecimiento y permanencia del equipo no serían posibles sin el respaldo institucional del Senado de la República, el cual ha reconocido la importancia del deporte como herramienta de integración y bienestar laboral.
En este sentido, destaca el apoyo inigualable del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien ha demostrado su compromiso con el fortalecimiento de iniciativas que promueven la unidad, la salud y el sentido de pertenencia entre los colaboradores. Este respaldo ha sido clave para mantener viva una tradición que ya supera las tres décadas.
Entre las experiencias más significativas se encuentran encuentros realizados en provincias como Sánchez Ramírez y Peravia, donde la presencia y acompañamiento de la presidencia del Senado fue valorada como un gesto de reconocimiento al esfuerzo del equipo. Este apoyo ha permitido cubrir los gastos básicos de participación, como transporte y logística, posibilitando la realización de al menos un encuentro mensual.
Frecuencia de juego y dinámica de participación
El equipo participa, en promedio, en una actividad deportiva al mes, dependiendo de las invitaciones recibidas por parte de otras instituciones y equipos. Debido a la falta de un play propio, los entrenamientos se realizan durante los mismos encuentros, aprovechando las jor-
nadas competitivas como espacios de práctica y preparación. Esta dinámica ha permitido mantener activo al equipo, a pesar de las limitaciones de infraestructura, reforzando la disciplina y el compromiso de sus integrantes.
Proyección y necesidades futuras
Entre los principales retos del equipo se encuentra la obtención de un terreno propio para entrenar y competir, así como la adquisición de nuevos uniformes. Contar con un espacio fijo permitiría mejorar la preparación técnica y fortalecer la presencia institucional en el ámbito deportivo. Estas metas forman parte de la proyección futura del equipo, con miras a consolidarse como una referencia deportiva dentro de las instituciones públicas.
Más que deporte: integración y valores
Más allá de los resultados en el terreno, el equipo de softbol del Senado se ha convertido en un espacio de integración entre colaboradores, promoviendo la convivencia, el respeto mutuo y el disfrute del deporte como herramienta de bienestar. El compañerismo, la comunicación y el compromiso institucional son valores que se reflejan tanto dentro como fuera del campo, fortaleciendo la imagen del Senado como una institución que promueve el desarrollo integral de su personal.
Conclusión
El equipo de softbol del Senado de la República representa una expresión concreta de disciplina, trabajo en equipo y orgullo institucional. A través del deporte, sus integrantes proyectan una imagen de unidad y compromiso, demostrando que el fortalecimiento institucional también se construye desde la integración y el sano esparcimiento. Con más de tres décadas de historia, el equipo continúa su trayectoria con la meta de seguir representando dignamente al Senado y consolidarse como un referente de compañerismo y superación en el ámbito deportivo interinstitucional.
El Repositorio Digital SenadoRD (Biblioteca Digital) revoluciona el acceso a nuestra memoria legislativa. Con un acervo de 24,442 expedientes en constante actualización, la ciudadanía deja atrás la burocracia presencial. Desde iniciativas legislativas y sesiones del pleno hasta acuerdos internacionales: hoy, el conocimiento y la transparencia están a un solo clic de distancia.
Por: Mayelin Guzmán
En la actualidad, la transformación digital es un pilar estratégico importante para las instituciones gubernamentales interesadas en transparencia, la preservación de la memoria institucional y acceso a información pública. Asimismo, el Senado de la República asume este desafío como parte integral de su modernización.
La Biblioteca del Congreso Nacional «Juan Pablo Duarte» ha llevado a cabo el proceso de digitalización creando una biblioteca digital llamada «Repositorio Digital SenadoRD», la plataforma no solo garantiza el almacenamiento y la preservación sistemática de la documentación, sino que se erige como un baluarte del patrimonio nacional al custodiar tesoros documentales, como las actas constitutivas que datan desde 1844.
Esta colección digital que posee el Repositorio digital SenadoRD (Biblioteca Digital) constituye un tesoro historiográfico excepcional, el cual también alberga el registro íntegro de las órdenes ejecutivas dictadas durante la ocupación estadounidense (19161924). Nuestra biblioteca, como custodia exclusiva de este material frente al público, reafirma su compromiso como fuente primaria y referente indispensable para el análisis crítico de nuestra historia nacional.
Susana Bucheli, encargada de la Biblioteca, resaltó con entusiasmo el objetivo del proceso de digitalizar el centro de consulta, el cual responde a un doble propósito estratégico.
«En primer lugar, garantizar la preservación del acervo original impreso al disminuir su manipulación física, mitigando así el deterioro natural del papel. En segundo lugar, bus-
ca democratizar el acceso a la información, permitiendo que ciudadanos e investigadores consulten en línea documentos de incalculable valor histórico, jurídico y legislativo», explicó Bucheli.
La Biblioteca del Congreso Nacional cuenta con un portal web institucional que sirve como punto de acceso principal. A través de esta plataforma, los usuarios pueden ingresar de manera directa al Repositorio digital del SenadoRD, facilitando la consulta y descarga de todo el material histórico.
De esta manera, el centro de consulta se posiciona no solo como un centro de custodia documental, sino como un agente estratégico en la democratización del conocimiento legislativo alineándose, con los mejores estándares en las bibliotecas de vanguardia.
Fases del proceso de digitalización
La primera fase del proceso inició en junio del 2021, a partir de un acuerdo interinstitucional suscrito entre el Senado de la República y el Archivo General de la Nación (AGN). Esta primera etapa estuvo orientada a la digitalización de iniciativas legislativas, proyectos de ley, contratos y acuerdos, así como las actas de las sesiones del Senado, constituyendo un paso decisi-
vo para la preservación de la memoria legislativa nacional. En marzo del 2025, inició la segunda fase del proyecto; esta etapa amplió el alcance de la digitalización al conjunto de las colecciones impresas de la biblioteca, incluyendo, de manera prioritaria, documentos legislativos y las obras del fondo antiguo dominicano que se encuentran libres de derechos de autor.
Repositorio digital
SenadoRD
Un componente esencial de esta estrategia es el Repositorio Digital SenadoRD; aquí es donde se depositan todos los expedientes retrospectivos del país desarrollado sobre la plataforma DSpace, un software de código abierto ampliamente utilizado para la gestión de bibliotecas y repositorios digitales.
En este espacio convergen tanto los documentos históricos digitalizados como aquellos que nacen originalmente en formato digital, sumando hoy un acervo digital de 24,442 expedientes. Gracias a la labor constante de un equipo técnico de la Biblioteca del Congreso, de manera que la ciudadanía ya no dependerá de trámites presenciales; ahora, el acceso a la información está a un solo clic de distancia.
Implementado en 2022 y administrado por la Biblioteca desde 2024, el repositorio utiliza la plataforma DSpace. Este estándar internacional de código abierto permite una gestión eficiente de documentos híbridos (digitalizados y nativos digitales), garantizando que el Senado cumpla con los más altos niveles de organización documental y acceso a la información pública.
Preservación digital de soportes audiovisuales
La digitalización no se ha limitado al material impreso. La biblioteca custodia una valiosa colección electrónica y multimedia compuesta por audios casetes, Betacam, VHS, DVD y CD, que documentan décadas de actividad parlamentaria. Con miras a garantizar su preservación a largo plazo, en agosto de 2025 se inició la digitalización de audio casetes, priorizando aquellos que contienen las sesiones del Senado en formato de audio correspondientes al período 1981-2006.
A la fecha se han digitalizado 98 audios casetes, lo que representa un avance significativo en la salvaguarda de la memoria sonora del Congreso Nacional y en la modernización de los servicios de información parlamentaria.
Digitalización y modernización parlamentaria
La encargada de la Biblioteca del Congreso Nacional «Juan Pablo Duarte», Susana Bucheli, también resaltó la experiencia compartida en eventos recientes, que abordan la conformación de un hub parlamentario, subrayando la importancia de la digitalización como pilar para la integración de información, tecnología y servicios al ciudadano.
«La Biblioteca se constituye en un nodo vital que entrelaza el acervo histórico con la actividad legislativa contemporánea. A través de la transformación digital, favorece un entorno parlamentario interdependiente, optimizado y de libre acceso», precisó.
La digitalización, más que un proceso técnico, se consolida como una política institucional de largo alcance, orientada a preservar el pasado, fortalecer el presente y garantizar el acceso al conocimiento legislativo para las futuras generaciones.
enado de la República Dominicana volvió a abrir sus puertas a los hijos e hijas de sus colaboradores para una nueva edición de su tradicional Aventura en el Senado, que en esta ocasión, la tercera consecutiva, adoptó por primera vez una temática ambiental. Bajo el nombre de “Aventura Medioambiental”, 228 niños y
niñas vivieron un día completo de aprendizaje, juego y conciencia ecológica, en una jornada organizada conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Un respaldo institucional de primer nivel
La actividad contó con el respaldo directo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la persona de su titular, el ministro Paíno Henríquez, quien encabezó una nutrida delegación de viceministros, directores y técnicos del ministerio. Lo acompañaron Ana Emilia Pimentel, viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad; Davis Aracena, viceministro de Suelos y Aguas; Rayne Paulino, coordinador administrativo y financiero; Carlos Daniel Taveras, director de Sostenibilidad;
y Daryelin Torres, directora de Educación Ambiental, junto a Luisiana Miñoso de Mejía, Janna Ramos, Nadia Hernández, Laura Oviedo y Diana Murcia, entre tantos otros colaboradores del ministerio que fueron caras visibles de esta alianza.
Por el lado del Senado de la República, la jornada estuvo encabezada por su presidente, Ricardo de los Santos, y contó con el acompañamiento integral del equipo de Gestión Humana, bajo la dirección de Sonya Uribe, junto al director administrativo, Kelvin Decamps. También fueron caras visibles de esta actividad Carla Ortiz, diseñadora gráfica; Teresa Gutiérrez, Angélica Holguín, Juan Luis Domínguez, Karen Itzel Velásquez, José Juan García, Gregorio Alejo, Henilda Cordero García, Yury Arias Abreu, Máximo Enmanuel Báez Sterling, Yvelisse Messón Manzueta, Viviano de León y Jazmín Lissette Bonilla de Peña, además de un numeroso equipo de colaboradores del Senado que hizo posible, con su esfuerzo, que 228 hijos e hijas de colaboradores disfrutaran de un día íntegro dedicado a la educación ambiental.
La jornada arrancó con la energía característica de un grupo de cuentacuentos, que animó a los pequeños aventureros con dinámicas de participación antes de dar paso a las palabras de bienvenida del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien recordó a los niños y niñas que el medio ambiente que hoy disfrutamos no lo heredamos de nuestros padres y abuelos, sino que se lo estamos tomando prestado a las futuras generaciones, y que ese préstamo conlleva la responsabilidad de devolverlo en las mejores condiciones posibles. De los Santos aprovechó también para anunciar que el Senado mantiene su propio bosque de reforestación, con una plantación de cacao en las lomas altas de San Cristóbal, y lanzó un reto directo al comité ambiental que se juramentó durante la actividad: que esta jornada deje de ser un esfuerzo de una vez al año y se convierta en una práctica más frecuente, “porque el país necesita hoy más que nunca del cuidado del medio ambiente”.
Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación oficial de “Guardianes de Nuestra Casa Común”, la guía ambiental para niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana, entregada ese mismo día a cada uno de los pequeños aventureros.
La presentación estuvo a cargo de la directora de Gestión Humana, Sonya Uribe, quien recordó a los presentes que se trata de la primera vez, en toda la historia del Senado de la República, que la institución produce un libro dirigido especialmente a la niñez dominicana.
La propia autora de la guía, la doctora Jacqueline Malagón, subió al escenario a través de un audiovisual para dirigirse a los niños. Con más de 65 años dedicados a la educación
haberle
dominicana, Malagón agradeció
al presidente del Senado la distinción de haberle confiado la elaboración de esta guía didáctica, y explicó que el libro traduce, en un lenguaje accesible para la niñez, los mandatos de los artículos 66 y 67 de la Constitución sobre el cuidado del medio ambiente, así como la Ley de Educación y Comunicación Ambiental, cuya redacción estuvo a cargo de su coautora, la licenciada Lourdes Rusa. Malagón calificó la iniciativa como “magnífica” por parte del presidente del Senado, y expresó su esperanza de que estas guías lleguen a todas las escuelas del país, para que el cuidado del medio ambiente se convierta en una verdadera conciencia nacional.
El momento tuvo también espacio para reconocer a Carla Ortiz, colaboradora del Senado encargada de la ilustración del libro, quien recibió un cálido aplauso de los pequeños aventureros. Posteriormente, la directora de Educación Ambiental del ministerio, Daryelin
Torres, junto a Yasmín Dismay, el ministro Paíno Henríquez y la viceministra Ana Emilia
Pimentel, hicieron entrega formal, con la ayuda de varios de los niños presentes, del cuadernillo de actividades que cada aventurero utilizaría durante el resto de la jornada.
Un panel entre el presidente, el ministro y un pequeño gran moderador
La jornada tuvo como plato fuerte un conversatorio entre el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el ministro de Medio
Ambiente, Paíno Henríquez, moderado por uno de los propios aventureros: Netzer Geraldino
Rodríguez, un estudiante de segundo de secundaria del colegio María Montessori que, pese a su corta edad, exhibió una trayectoria admirable como ajedrecista (tercer lugar nacional y quinto del Caribe en su categoría), campeón del Spelling Bee 2023, políglota en formación y deportista, y que atribuyó cada uno de sus logros, con humildad, a su fe. Durante el panel, el presidente del Senado explicó a los niños, con una memorable analogía, por qué son tan importantes los bosques: así como el suero que reciben en un hospital se dosifica gota a gota para no saturar el cuerpo, las raíces y hojas de los árboles absorben y dosifican el agua de lluvia, garantizando que los ríos mantengan su caudal a lo largo del tiempo.
Habló también de la importancia de los animales en la alimentación humana, desde la leche hasta la proteína, y de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales como la norma más importante en esta materia, junto a leyes más recientes como la de ordenamiento territorial y la de manejo de residuos sólidos, esta última orientada a que las empresas asuman el costo del tratamiento de sus desechos.
Uno de los momentos más significativos del panel llegó cuando De los Santos explicó a los niños que, conforme al artículo 96 de la Constitución, cualquier ciudadano , sin importar su edad, puede plantear una iniciativa de ley a través de su diputado, su senador o el propio Ministerio de Medio Ambiente, y el Senado se compromete a darle curso.
En ese momento, el presidente aprovechó para dirigirse directamente a una de las niñas presentes, quien ya trabaja en una propuesta relacionada con el cambio climático, invitándola a formalizar su anteproyecto para integrarlo a las iniciativas legislativas que el Senado tiene en curso sobre esta materia. Por su parte, el ministro Paíno Henríquez conversó con los niños sobre la biodiversidad dominicana y las especies en peligro de extinción, entre ellas el solenodonte, un pequeño mamífero de más de 80 millones de años de antigüedad que solo existe en la isla de La Hispaniola y que el ministerio trabaja activamente en proteger, junto a otras especies endémicas como la rosa de Bayahíbe.
Habló también sobre la regulación de la actividad minera, el reordenamiento territorial y la reciente ley que impulsa el uso de envases bio- degradables, y lanzó a los niños un mensaje directo: la
responsabilidad más grande de cuidar el planeta no recae en los adultos, sino en ellos mismos, a quienes invitó a convertirse en verdaderos “ecohéroes”.
Aventureros en acción
Tras el panel y la sesión de fotos protocolares, los 228 aventureros fueron organizados en cinco grupos de trabajo que rotaron por distintas estaciones educativas y recreativas durante el resto de la jornada. Entre las actividades más aplaudidas estuvo la dramatización presentada por el equipo de Bomberos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Indira, quien representó, con humor y participación activa de los niños, la historia de un “fuego malvado” que arrasaba un bosque hasta ser contenido por los bomberos forestales con herramientas como la picota, el rastrillo y la macana, y que terminaba pidiendo perdón y sumándose, él mismo, a la causa de proteger la naturaleza. La dramatización dejó una enseñanza clara: la gran mayoría de los incendios forestales son de origen humano, y prevenirlos está al alcance de todos.
Otros grupos rotaron por un stand de reforestación con tabletas y una experiencia de realidad virtual, un taller educativo y una parada para la merienda, todo bajo la coordinación conjunta de los equipos técnicos del Senado y del Ministerio de Medio Ambiente, que se
aseguraron de que cada pequeño aventurero disfrutara de una experiencia completa, ordenada y, sobre todo, memorable.
Una jornada que sembró conciencia
Con 228 niños y niñas convertidos, por un día, en guardianes de nuestra Casa Común, la tercera edición de la Aventura en el Senado dejó una lección compartida por autoridades, colaboradores y los propios protagonistas de la jornada: que el cuidado del medio ambiente no es tarea exclusiva de los adultos, y que la alianza entre el Senado de la República y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales seguirá sembrando, edición tras edición, una nueva generación de ecohéroes dominicanos.
Sembrando conocimiento, fortaleciendo corazones: charlas, talleres y operativos médicos que transforman a los colaboradores del Senado
Por: Patricia José
En el Senado de la República, el compromiso con el desarrollo humano va más allá de las funciones legislativas. A través de charlas y talleres formativos dirigidos a sus colaboradores, la institución continúa sembrando conocimiento, motivación y esperanza en cada espacio de aprendizaje compartido. Esta iniciativa responde a la visión de la actual gestión, encabezada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, orientada a garantizar que el personal cuente
con las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y apego a los valores del servicio público.
Un espacio institucional para la formación continua
El Salón de Capacitación Permanente fue creado como un mecanismo formal de aprendizaje, concebido para ofrecer charlas, talleresyactividades
formativas dirigidas al personal de las distintas áreas del Senado. Su objetivo principal es mantener un proceso sistemático de capacitación, que permita fortalecer el desempeño individual y colectivo.
Las acciones formativas no se desarrollan bajo un calendario rígido, sino que se programan a partir de la identificación de necesidades, observaciones internas y propuestas de los propios colaboradores, así como de coyunturas específicas del año. De manera general, se realizan al menos dos actividades mensuales, alternando entre charlas informativas y talleres prácticos.
Charlas y talleres: dos enfoques, un mismo objetivo
Aunque ambas modalidades persiguen el fortalecimiento institucional, su impacto es distinto. Las charlas cumplen una función formativa e informativa: permiten introducir temas, sensibilizar al personal y ampliar conocimientos generales. Los talleres, en cambio, se enfocan
en el trabajo práctico. En ellos se fomenta la participación activa, el trabajo colaborativo y la aplicación directa de lo aprendido. Este formato permite que los participantes interactúen con los facilitadores, realicen ejercicios y desarrollen competencias específicas vinculadas a su labor diaria.
Contenidos formativos orientados al desarrollo integral
Entre los temas más recurrentes se encuentran aquellos vinculados al crecimiento personal y a las habilidades blandas, tales como trabajo en equipo e inteligencia emocional, los cuales han sido impartidos en varias ocasiones debido a su alta pertinencia e impacto en el clima organizacional. Asimismo, se ha fortalecido la capacitación técnica, especialmente en el uso del paquete Office, con el propósito de optimizar los procesos administrativos y elevar los niveles de productividad institucional. Los contenidos se seleccionan conforme a las necesidades detectadas en cada área y se ajustan a los distintos perfiles del personal.
Alcance institucional de la capacitación
La política de formación está dirigida a todos los colaboradores, sin distinción de área o función. Durante el presente período, se ha priorizado la capacitación del personal de mayor-
domía y seguridad, abordando temas como sanitización, seguridad física y seguridad integrada, en respuesta tanto a los planes institucionales como a solicitudes formuladas por estos departamentos.
De igual forma, se han incorporado contenidos relacionados con medioambiente y otros temas transversales, con el objetivo de promover una visión integral del servicio público.
Formación vinculada a la mejora continua y a la certificación
Uno de los ejes actuales de esta estrategia es el fortalecimiento de la norma ISO en el ámbito de gestión humana, certificación que ha marcado un avance significativo en los procesos internos de formación. A partir de esta experiencia, el Senado de la República se proyecta hacia la obtención de nuevas certificaciones, lo que implica el desarrollo de talleres específicos en coordinación con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
Esta articulación entre capacitación y certificación posiciona la formación como un componente estratégico de la gestión institucional.
Jornadas y operativos al servicio del bienestar institucional
Como parte de este agresivo programa de responsabilidad social y bienestar institucional, el Senado de la República, con la colaboración del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), concluyó de manera exitosa la jornada especial de expedición y renovación de licencias de conducir.
El operativo, realizado bajo la coordinación de la Dirección de Gestión Humana de la Cámara Alta, tuvo como objetivo facilitar a los colaboradores y a la ciudadanía en general la renovación de ese documento en las diferentes categorías, así como el duplicado por pérdida.
Durante la jornada, más de 80 personas renovaron su licencia de conducir de manera ágil, segura y sin complicaciones, acercando este importante servicio a la comunidad. Las autoridades del Senado y del INTRANT destacaron el entusiasmo y la participación de los colaboradores y ciudadanos, valorando el trabajo
coordinado que permitió ofrecer un servicio eficiente y de calidad.
Asimismo, reafirmaron su compromiso de continuar impulsando acciones conjuntas que promuevan la seguridad vial y el cumplimiento de las normativas de tránsito en todo el país.
Salud preventiva y bienestar integral
El Senado de la República desarrolló además una jornada de oftalmología de tres días, en coordinación con la empresa Amplia Visión Óptica, como parte de su programa permanente de salud preventiva dirigido a los colaboradores. La institución destacó que ya suman dos años consecutivos realizando este tipo de operativos, con el propósito de garantizar el bienestar visual de su personal.
Durante la jornada se realizaron exámenes visuales digitales a una gran cantidad de colaboradores, utilizando equipos de última generación que permiten identificar oportunamente alteraciones o condiciones visuales que pudieran afectar la salud y el desempeño laboral.
Estas jornadas preventivas y operativos médicos desarrollados en el Senado de la República también ha impulsado iniciativas orientadas a promover la educación en salud y la prevención de enfermedades entre sus colaboradores. Acciones enfocadas en el bienestar físico y emocional del personal, reafirmando el compromiso institucional con una cultura de salud integral y atención permanente.
Coherencia con la visión institucional
La apuesta por la capacitación permanente se encuentra alineada con la visión del Senado de la República como órgano del Estado que debe actuar con transparencia, responsabilidad y profesionalismo. Dotar al personal de competencias técnicas y humanas constituye un elemento esencial para garantizar un servicio público de mayor calidad y coherente con los principios que rigen la función legislativa.
Conclusión: la formación como inversión institucional
Gestión Humana es la que trabaja la parte de capacitaciones, de la mano de la División de Reclutamiento, Selección, Evaluación y Desarrollo, que está a cargo de Angélica Holguín y Teresa Gutiérrez; allí se evidencia que el fortalecimiento institucional inicia con el fortalecimiento del capital humano. Cada actividad formativa representa una oportunidad para consolidar una cultura organizacional orientada a la mejora continua y al desempeño responsable.
En un contexto de crecientes exigencias hacia la gestión pública, el Senado de la República reafirma su compromiso con la formación como herramienta estratégica para servir mejor a la ciudadanía, bajo el principio de que una institución sólida se construye con colaboradores capacitados, motivados y comprometidos con su rol social.
