Medir para transformar: el coste de la
violencia contra las mujeres en Iberoamérica
para
transformar:
el
coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica
Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica
© SEGIB, IIPEVCM [2026]
Todos los derechos reservados.
Esta publicación es una iniciativa de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Autoría:
Celina Santellán, Economista experta en género
Coordinación y revisiones de:
• División de Género de la SEGIB
• Unidad Técnica de la IIPEVCM
• Gerencia de Género, Inclusión y Diversidad de CAF
• Oficina para América Latina y el Caribe de UNFPA
Publicación financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Contenido
Acrónimos
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (México).
DHS: Demographic and Health Surveys.
ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Perú).
ENDIREH: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (México).
ENIA: Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia.
ENVIGMU: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (Ecuador).
ESI: Educación Sexual Integral.
GIZ: Cooperación Alemana para el Desarrollo (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).
DALY: Años de Vida Ajustados por Discapacidad.
IIPEVCM: Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres.
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos (Ecuador).
NHS: National Health Service.
MCO: Mínimos Cuadrados Ordinarios.
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
OMS/OPS: Organización Mundial de la Salud / Organización Panamericana de la Salud.
PIB: Producto Interno Bruto.
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
PSM: Propensity Score Matching (Técnicas de emparejamiento).
QALY: Años de Vida Ajustados por Calidad.
SEGIB: Secretaría General Iberoamericana.
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas.
VAN: Valor Actual Neto.
VBG: Violencia Basada en el Género.
VCM: Violencia contra las Mujeres.
VCMPE: Violencia contra las Mujeres Ejercida por Parejas o Exparejas.
VSfp: Violencia Sexual fuera de la Pareja.
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Resumen ejecutivo
1. Resumen ejecutivo
• La violencia contra las mujeres (VCM) representa no solo una grave violación de derechos humanos, sino también un impacto económico significativo, estimado en hasta el 5% del PIB en algunos países de la región.
• El objetivo central de este informe es fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones iberoamericanas mediante el análisis de 21 estudios de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Peru, Portugal, Uruguay, además de propuestas regionales, para facilitar la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.
• El análisis se sustenta en tres pilares transversales:
- Enfoque de derechos humanos: Reconoce la violencia como una vulneración cuyos costos son una expresión cuantificable.
- Perspectiva de economía feminista: Visibiliza costos directos, indirectos e intangibles, incluyendo el trabajo de cuidados no remunerado.
- Enfoque interseccional y de curso de vida: Reconoce que los impactos varían según la edad, etnia, clase y otras condiciones de opresión entrelazadas.
• Se identifican cuatro estrategias metodológicas principales:
- Método Contable (Predominante): Modelo aditivo que suma costos directos (gastos en salud, justicia) e indirectos (lucro cesante por pérdida de productividad). Es valorado por su accesibilidad, aunque tiende a la subestimación.
- Modelo Causal-Multinivel: Un enfoque sistémico que suma pérdidas en cuatro niveles (individual, hogar, comunitario y estatal) y utiliza lógica causal para demostrar cómo la violencia merma capacidades.
- Técnicas Econométricas: Utilizan regresiones (MCO, PSM, Probit) para aislar el impacto específico de la violencia sobre variables como ingresos o salud, comparando sobrevivientes con grupos de control.
- Análisis Input-Output: Mide el impacto macroeconómico y cómo las pérdidas de ingresos se propagan por la estructura económica del país.
Entre el 87% y el 95%
de los casos de VCM no llegan a los registros formales
• Las mujeres y sus hogares asumen la mayor carga económica, estimada entre el 44% y el 50% de los costos total a país para los casos desagregados, debido a gastos de bolsillo y pérdida de ingresos personales. El Estado es el actor que proporcionalmente menos costos absorbe (11-13%).
• Si bien la violencia física y sexual se incluyen universalmente, la violencia económica es la dimensión con menor cobertura metodológica.
• Algunos estudios incorporan impactos en la salud y escolaridad de los hijos (como reprobación escolar y descapitalización de cuidados).
• Subregistro Crítico: Se estima que entre el 87% y el 95% de los casos no llegan a los registros formales, lo que constituye el mayor desafío de precisión.
• Ningún estudio operacionaliza el análisis interseccional (por condición migratoria, discapacidad o etnia) en sus resultados finales.
• Predomina la perspectiva anual, lo que impide capturar los costos acumulados de la violencia crónica.
• Recomendaciones:
- Mapear datos antes de elegir una metodología para asegurar su viabilidad.
- Tratar el subregistro como una variable mediante la construcción de escenarios o rangos de estimación.
- Incorporar la pérdida de productividad de los agresores y el impacto del “presentismo” (menor rendimiento laboral) en el cálculo de los costos empresariales.
- Adoptar una visión de largo plazo que incluya costos intergeneracionales.
- Fomentar la transparencia publicando procedimientos, supuestos y microdatos en repositorios de acceso abierto para permitir la replicabilidad regional.
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2. Introducción
La violencia contra las mujeres (VCM) representa un costo económico que alcanza hasta el 5% del PIB en algunos países de América Latina y el Caribe (Vara Horna, 2013a), además constituye una grave violación de derechos humanos. También persisten desafíos estructurales en la región: subregistro de casos, fragmentación de datos, escasa comparabilidad metodológica y limitada vinculación entre los ejercicios de costeo y la planificación presupuestaria.
Este documento tiene como objetivo central fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones iberoamericanas mediante la sistematización de metodologías existentes para el costeo de la VCM en el ámbito doméstico1. Los productos esperados servirán como insumos para: la incidencia política y la sensibilización; la formulación de políticas basadas en evidencia; el análisis de viabilidad y posibilidades de estandarización metodológica; la formulación de criterios de calidad y recomendaciones para las herramientas existentes; y la difusión de lecciones aprendidas de los procesos de costeo desarrollados en la región.
Este trabajo se desarrolla en el marco de la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM) y es impulsado de manera conjunta con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Banco de Desarrollo de América Latina y
el Caribe (CAF) y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), mediante una articulación técnica estrecha y una visión regional orientada a identificar experiencias replicables y adaptables a distintos contextos nacionales.
El informe se organiza en siete secciones. Tras esta introducción, la sección 3 presenta la nota conceptual, que explicita los criterios de búsqueda y selección de estudios, el sistema de evaluación de calidad, la clasificación de enfoques y el tratamiento del análisis interseccional. La sección 4 ofrece un panorama del mapeo: la caracterización del corpus en términos de distribución geográfica, temporal, por actor que absorbe los costos, por enfoque metodológico y por tipos de costos incluidos, apoyada en tablas descriptivas. La sección 5 desarrolla la evaluación comparada de metodologías, que es el núcleo analítico del informe: organizada por los cuatro criterios de evaluación (precisión, aplicabilidad, replicabilidad y desagregación), analiza los patrones que emergen del corpus con casos ilustrativos para cada dimensión. La sección 6 presenta las conclusiones y sintetiza los hallazgos centrales. La sección 7 formula recomendaciones orientadas a los equipos técnicos que desarrollen futuros estudios de costeo en la región, con especial atención a los contextos con menor disponibilidad de datos y capacidad institucional.
Hasta el 5% del PIB
puede alcanzar el costo económico de la violencia contra las mujeres en algunos países de América Latina y el Caribe.
1. El concepto de violencia doméstica refiere a la violencia entre miembros del hogar, de la familia o entre parejas actuales o pasadas, pudiendo afectar tanto a mujeres como a hombres. En este estudio, el foco está puesto específicamente en la violencia contra las mujeres ejercida por una pareja actual o pasada. No obstante, dado el estado del arte en la región, se incluyen también algunas metodologías que abordan conceptos algo más amplios, como la violencia contra las mujeres en sentido más general. Para una sistematización completa de las definiciones operativas utilizadas en la literatura especializada, véase Mañas Alcón, E. y Gallo Rivera, M. T. (dirs.) (2024).
Nota conceptual 3
3. Nota conceptual
3. 1. Marco conceptual
La presente consultoría se inscribe en tres enfoques que atraviesan todas las etapas del trabajo.
• El enfoque de derechos humanos, que reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de derechos fundamentales cuyos costos económicos constituyen una expresión cuantificable de esa vulneración.
• La perspectiva de economía feminista, que visibiliza costos directos, indirectos e intangibles, incluyendo el trabajo no remunerado de cuidados.
• El enfoque interseccional, que reconoce que los impactos económicos de la VCM no son homogéneos, sino que varían según la combinación de distintos ejes de discriminación y privilegio. Como señala Viveros (2023), este enfoque considera las situaciones y experiencias específicas generadas por las interacciones entre diferentes sistemas de opresión, partiendo de que ejes como la raza, el género y la clase, aunque puedan percibirse como dimensiones separadas de la estructura social, se experimentan de manera simultánea y entrelazada en la vida de las personas.
Se incorpora asimismo el enfoque de curso de vida, que reconoce que los impactos económicos de la VCM varían según el momento vital de las mujeres afectadas. Las consecuencias económicas de la violencia no son equivalentes para una adolescente, una mujer en edad reproductiva o una adulta mayor. Difieren en términos de costos de salud, pérdida de ingresos futuros, impacto en trayectorias educativas y laborales, y dependencia de redes de cuidado. Este enfoque se operacionaliza con base en el análisis interseccional cuando identificamos que la edad se traduce en un marcador de discriminación.
Estos pilares no operan como secciones separadas del análisis sino como criterios transversales que se aplican de forma consistente en cada etapa: en la selección de estudios, en el diseño de las fichas técnicas, en el análisis comparativo y en la formulación de recomendaciones.
3.2. Propósito de la sistematización
La presente sistematización tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones iberoamericanas responsables de las políticas públicas de igualdad y de respuesta a la violencia basada en género. Para ello, se analizan comparativamente las metodologías de costeo de la violencia contra las mujeres ejercida por sus parejas o exparejas, o en el ámbito doméstico, con el fin de generar productos que faciliten su aplicación en la formulación, presupuestación y sostenibilidad de políticas públicas en la región.
La sistematización no busca establecer una metodología “correcta” ni jerarquizar los enfoques existentes, sino identificar sus lógicas metodológicas, fortalezas, supuestos, alcances y limitaciones, de modo que los equipos técnicos de cada país puedan seleccionar, adaptar o combinar enfoques según sus contextos institucionales y disponibilidad de datos.
3.3. Universo de metodologías incluidas
Respecto a los criterios de inclusión, se incluyen en la sistematización los estudios que cumplen la totalidad de los siguientes criterios:
• El estudio identifica explícitamente a la pareja o expareja como agresor, o delimita el ámbito como doméstico o intrafamiliar, o estima costos de violencia contra las mujeres en sentido más amplio con componentes metodológicos adaptables a ese ámbito.
• El estudio fue publicado a partir del año 2000.
• El estudio estima costos económicos cuantificables y no solo describe consecuencias o impactos cualitativos.
• El estudio explicita una metodología identificable y evaluable.
• El documento completo está disponible online para su análisis.
La presente sistematización tiene por objeto identificar fortalezas y limitaciones metodológicas para adaptar los enfoques a cada contexto y disponibilidad de datos.
En cuanto a los actores que absorben los costos considerados, se incluyen estudios que estiman costos en al menos uno de los siguientes:
• Costos para el Estado: desembolsos en los sectores de salud, justicia, seguridad y servicios sociales derivadas de la atención, persecución penal y reparación de la violencia.
• Costos para las sobrevivientes: ingresos perdidos, gastos de bolsillo, impacto patrimonial y otros costos tangibles o intangibles que recaen directamente sobre las mujeres afectadas.
• Costos para los hogares: costos producidos por la inseguridad alimentaria, los impactos intergeneracionales y pérdidas de ingreso del hogar por causa de la violencia.
• Costos para la sociedad: pérdida de productividad agregada, carga sobre redes de cuidado e impacto en el bienestar colectivo. Impactos sobre las empresas, microempresas y emprendimientos (incluyendo ausentismo, rotación y pérdida de productividad en el tejido productivo) y costos de sororidad, entendidos como los recursos que movilizan las redes comunitarias de apoyo entre mujeres para sostener a quienes atraviesan situaciones de violencia.
3.4. Estrategia de identificación de estudios
Por su parte, la identificación de estudios combinó estrategias sistemáticas y exploratorias en cuatro etapas sucesivas.
La primera etapa consistió en búsquedas en bases de datos académicas (JSTOR, SciELO, EBSCO y Google Scholar) mediante strings (ecuaciones de búsqueda) predefinidos y búsquedas exploratorias por país, autor y tema. Los strings combinaron términos relativos al objeto de estudio (violencia doméstica, violencia de pareja íntima, violencia contra las mujeres), al enfoque analítico (costo económico, costeo, impacto económico) y al ámbito geográfico iberoamericano. Las búsquedas
se realizaron en español e inglés. El detalle de los strings utilizados se incluye en el Anexo 1.
La segunda etapa, y la más productiva para mapear la producción iberoamericana, fue el rastreo sistemático de referencias bibliográficas (snowballing): a partir de un corpus inicial de estudios identificados, se rastrearon de forma exhaustiva las citas de cada trabajo, generando cadenas sucesivas de identificación. Esta estrategia resultó especialmente relevante dado que una parte significativa de la producción regional no es fácilmente recuperable en bases de datos académicas internacionales.
La tercera etapa consistió en la revisión exploratoria de los repositorios de los principales organismos con producción relevante en la materia: CAF, BID, CEPAL, UNFPA, ONU Mujeres, Banco Mundial, OIT y OMS/ OPS, así como sitios web de ministerios e institutos nacionales de estadística de países iberoamericanos.
La cuarta etapa consistió en la consulta directa a las instituciones promotoras de esta publicación: SEGIB, IIPEVCM, UNFPA y CAF. Cada una de ellas aportó al relevamiento estudios de su conocimiento o promovidos en el marco de su mandato institucional, que no siempre son recuperables mediante búsquedas en bases de datos académicas o repositorios públicos. Esta vía de identificación resultó especialmente relevante para incorporar estudios recientes o en proceso de publicación.
Todos los registros identificados fueron volcados en una base de datos del proyecto para su evaluación según los criterios de inclusión definidos en la sección anterior.
3.5. Clasificación de enfoques metodológicos
Se propone clasificar las metodologías identificadas según siete dimensiones analíticas independientes, orientadoras y no excluyentes. Las primeras tres, principales, y las siguientes cuatro, secundarias. Esta clasificación multidimensional permite comparar estudios que pueden coincidir en una dimensión, pero diferir en otras y facilita la identificación de combinaciones frecuentes o ausentes en la región.
1. Estrategia predominante de estimación
Identifica el mecanismo técnico central mediante el cual se calculan los costos. Se distinguen cuatro enfoques:
• El modelo de costeo por componentes o método contable, que estima el costo de cada servicio o recurso asociado a la VCM de forma separada y los agrega.
• El modelo causal multinivel, que adquiere un enfoque sistémico, analiza el impacto de la violencia desde la sobreviviente hacia otros sistemas: individual, hogar, comunitario y estatal. Además, utiliza la causalidad para demostrar que la VCM es una variable independiente que merma las capacidades (de cuidado y productivas) y los recursos (salud, tiempo y dinero) de la sociedad. Finalmente, define el “CostoPaís” como la sumatoria de los costos en los cuatro niveles analizados.
• La regresión econométrica, que aísla el impacto causal de la violencia sobre variables de resultado como productividad, ingresos o empleo.
• El análisis macroeconómico input-output, que estima el impacto sobre el producto o el crecimiento usando matrices de insumo-producto.
2. Actor que absorbe los costos
Identifica sobre quién recaen los costos estimados. Esta dimensión es relevante porque distintas metodologías privilegian la perspectiva de un actor sobre otros, lo que produce estimaciones parciales que no siempre son comparables entre sí. Se distinguen tres categorías:
• Costos absorbidos por las sobrevivientes y sus hogares: gastos de bolsillo (salud/justicia) y costooportunidad por ingresos y tiempo perdidos.
• Costos absorbidos por el Estado a través de servicios públicos de salud, justicia y protección: gastos directos en servicios públicos y pérdida de ingresos fiscales (impuestos no recaudados por la baja productividad).
• Costos absorbidos por la sociedad:
- Sector Empresarial (Medianas y Grandes): Pérdida de valor agregado por ineficiencia operativa de sobrevivientes, agresores y testigos (pérdida de productividad laboral).
- Microempresas y Emprendimientos: Pérdida de ventas y freno al desarrollo de negocios liderados por mujeres.
- Red Social Comunitaria: Costos de solidaridad o sororidad. Estas redes pueden ser informales (apoyos en tiempo y dinero), articuladas por vínculos personales, o formales, a través de organizaciones de la sociedad civil que subvencionan servicios de refugio, asesoría legal y acompañamiento que el sistema público no alcanza a proveer.
3. Alcance territorial
Identifica el nivel de agregación geográfica del estudio. Esta dimensión es especialmente relevante para evaluar la replicabilidad de las metodologías en contextos con alta heterogeneidad territorial, como es el caso de varios países iberoamericanos:
• Nacional;
• Subnacional;
• Mixto .
4. Según el perpetrador y los actos violentos considerados
Se diferencian las investigaciones que:
• Se circunscriben exclusivamente a la violencia ejercida por parejas o exparejas (VCMPE).
• Abordan la violencia basada en el género (VBG) incluyendo a otros perpetradores (familiares, conocidos, empleadores o desconocidos).
También se mapean los estudios de acuerdo con los actos violentos considerados:
• Violencia física;
• Violencia sexual;
• Violencia psicológica;
• Violencia económica.
5. Alcance micro/sectorial y macroeconómico
Identifica el nivel de agregación económica del análisis. Se distinguen dos niveles principales:
• Macroeconómico, cuando el estudio estima el impacto agregado de la VCM sobre la economía nacional, típicamente expresado como porcentaje del PIB o en términos absolutos a nivel país (costos-país).
• Microeconómico o sectorial, cuando el análisis se circunscribe a actores, sectores o intervenciones específicas. Dentro de este nivel se distinguen tres variantes:
- Sectorial, cuando el estudio acota el análisis a un sector determinado (salud, justicia, protección social, entre otros) y estima la carga que la VCM impone sobre ese sector.
- Costeo de políticas o intervenciones, cuando se estima el costo de implementación de una política, programa o servicio específico, generalmente a partir del análisis presupuestario o del costo unitario de las prestaciones.
- Impacto sobre la productividad, cuando el foco está en la pérdida de capacidad productiva de las sobrevivientes, sus hogares o las empresas.
• Algunos estudios combinan ambos niveles, estimando tanto costos microeconómicos desagregados como su impacto agregado sobre variables macroeconómicas.
6. Incorporación de costos intergeneracionales
Se diferencian los estudios que no incorporan costos intergeneracionales de los que sí, ya sea gastos para el cuidado de hijas e hijos, el impacto en la salud maternainfantil, el riesgo de mortalidad infantil, atención a hijos e hijas en casas de acogida, costos por inseguridad alimentaria, gastos de escolaridad (reprobación, tratamientos pedagógicos), etc.
Pregunta de análisis
¿El estudio explicita su metodología?
¿Identifica las fuentes de datos utilizadas?
¿Diferencia entre tipos de costos (directos, indirectos, intangibles)?
¿Cuantifica los resultados?
7. Perspectiva temporal
De acuerdo con si se realizan estimaciones:
• Anuales.
• De largo plazo.
3.6. Criterios de calidad y profundidad analítica
No todos los estudios identificados presentan el mismo nivel de desarrollo metodológico, lo que es esperable dado que responden a propósitos institucionales, contextos nacionales y recursos disponibles distintos. Esa heterogeneidad no constituye un obstáculo para el mapeo, pero sí determina la profundidad del análisis posible para cada estudio y el tipo de comparaciones legítimas entre ellos.
Con el fin de sistematizar esa variación de manera transparente, se propuso una caracterización del perfil metodológico de cada estudio a partir de cuatro preguntas binarias aplicadas de forma homogénea. Cada pregunta refiere a una dimensión analítica distinta:
Dimensión analítica asociada
Transparencia del proceso de estimación
Trazabilidad de los datos
Completitud conceptual del enfoque
Capacidad de producir evidencia cuantificable
Descripción
Permite evaluar la claridad y explicitación de los procedimientos utilizados para estimar los costos.
Examina si el estudio especifica el origen de la información empleada y su posibilidad de verificación.
Analiza si el estudio contempla distintas categorías de costos y refleja la complejidad del fenómeno.
Evalúa si el estudio presenta estimaciones numéricas o resultados medibles sobre los costos analizados.
El análisis del corpus relevado muestra que la gran mayoría de los estudios responde afirmativamente a las cuatro preguntas, lo que refleja un nivel de desarrollo metodológico relativamente homogéneo en la producción iberoamericana reciente. Solo un número reducido de casos presenta ausencias en alguna de las dimensiones, principalmente en la explicitación de la metodología. Esta distribución tiene implicancias para el análisis comparativo: antes que establecer jerarquías entre estudios, el ejercicio permite identificar qué dimensiones están sistemáticamente presentes en la región y cuáles constituyen áreas de desarrollo incipiente.
3.7. Análisis interseccional
transversal
Esto no implica asumir que los estudios relevados realizan análisis desde un enfoque interseccional, lo que requeriría examinar cómo la interacción entre distintos ejes de desigualdad produce configuraciones específicas de vulnerabilidad. Salvo escasas excepciones, los estudios de costeo revisados prácticamente no incorporan análisis interseccionales: en la gran mayoría de los casos, la perspectiva interseccional permanece
en el terreno de lo ideal o es reconocida como limitación explícita del estudio, sin llegar a operacionalizarse en el diseño metodológico ni en la producción de resultados desagregados.
Para cada estudio del corpus se registra, respecto de ocho variables que dan cuenta de las relaciones de poder y opresiones que afectan a las mujeres, particularmente a quienes enfrentan discriminaciones múltiples si la variable es reconocida conceptualmente, si es operacionalizada en el diseño metodológico y si produce desagregaciones en los resultados. Las ocho variables relevadas son:
• Edad;
• Condición migratoria;
• Discapacidad;
• Pertenencia étnico-racial;
• Nivel socioeconómico;
• Zona geográfica;
• Situación laboral;
• Dependientes en el hogar.
Cuando un estudio no desagrega por ninguna variable, se registra si la ausencia es justificada (el estudio reconoce explícitamente la limitación) o no justificada.
Dimensiones y variables de los estudios
4. Dimensiones y variables de los estudios
Se estima que al año 2019 existían más de 60 investigaciones a nivel mundial sobre esta temática (Vara-Horna, 2019). En el contexto iberoamericano revisado y luego de aplicar la estrategia de búsqueda definida, se analizaron 21 estudios de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Peru, Portugal, Uruguay y regionales que han contribuido a consolidar las metodologías actuales en la región. A continuación, se identifican algunas cualidades del agregado, a los fines de poner a disposición de los tomadores de decisión herramientas técnicas que permitan ejercer incidencia orientada a políticas que amplíen efectivamente el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a vivir sin violencia. Este análisis proviene de la exploración del mapeo de metodologías mencionado.
4.1. Según método de estimación
4.1.1. Método contable
Descripción
El método contable es el enfoque predominante entre los estudios de costeo de la VCM. Su lógica consiste en identificar los costos específicos generados por la violencia y agregarlos en una estimación total. Como señalan Day, McKenna y Bowlus (2005), el método puede concebirse como una gran matriz de efectos sobre distintos aspectos de la sociedad: cada celda representa un costo potencial para un individuo u organización, y la suma de todas las celdas produce el costo total.
Dentro de cada categoría, la operación es siempre la misma: se estima la cantidad de bienes o servicios utilizados como consecuencia de la violencia, y esa cantidad se multiplica por el costo unitario del servicio correspondiente.
De acuerdo con Morrison y Orlando (2004), los impactos de la VCM se clasifican, en primer lugar, en dos grandes categorías de costos tangibles.
• Los costos directos comprenden los gastos reales y desembolsos monetarios realizados por distintos agentes (Estado, sobrevivientes, hogares y sociedad) para la prevención, atención y sanción de la violencia, e incluyen servicios de salud, justicia, seguridad y protección social.
• Los costos indirectos, en cambio, representan el valor de los recursos perdidos o el lucro cesante atribuible a la violencia, y se asocian principalmente con la pérdida de productividad en el trabajo remunerado y no remunerado, así como con los ingresos no percibidos por incapacidad o muerte prematura. Algunos estudios que utilizan el método contable, como el de CONAVIM (2016) para México y Mañas Alcón y Gallo Rivera (2024) para España, incorporan además el cálculo de costos intangibles, que representan la dimensión más profunda y, paradójicamente, la más difícil de cuantificar.
• Se definen como costos intangibles aquellos impactos no materiales que, aunque carecen de un valor de mercado directo, generan una pérdida significativa de bienestar y calidad de vida tanto para las sobrevivientes como para la sociedad (Vara Horna, 2020). A diferencia de los gastos de bolsillo o la pérdida de salarios, los intangibles abarcan:
- Afectaciones emocionales (dolor, sufrimiento, miedo, angustia, tristeza, ansiedad y pérdida de la autoestima);
- Secuelas psicológicas (traumas personales, pérdida de confianza interpersonal y deterioro de la salud mental a largo plazo);
- E impactos sociales como el deterioro de la cohesión social y la pérdida de libertad, y el impacto vital, entendido como la pérdida de años de vida por muertes prematuras o años vividos con discapacidad.
Debido a su complejidad, muchos estudios optan por definir los costos intangibles cualitativamente sin monetizarlos, a fin de mantener la prudencia estadística (CAF, 2025; Vara-Horna, 2013a; Fundación ARU, 2022).
El método contable es el enfoque predominante entre los estudios de costeo de la VCM. Su lógica consiste en identificar los costos específicos generados por la violencia y agregarlos en una estimación total.
Sin embargo, otros emplean técnicas específicas:
• El indicador QALY (años de vida ajustados por calidad), utilizado por ejemplo en el estudio de Mañas Alcón y Gallo Rivera (2024) para España, asigna un valor monetario a cada año de vida con salud perfecta y estima cuánta calidad de vida pierde una mujer por lesiones físicas o sexuales severas.
• La disposición a pagar (willingness to pay), aplicada por CONAVIM (2016) para México e inspirada en e inspirada en estudios de Inglaterra y Gales, consiste en preguntar a las sobrevivientes cuánto estarían dispuestas a invertir para no sentir miedo o para sentirse seguras. El valor actual neto de ingresos futuros proyecta el flujo de salarios potenciales que habría generado una mujer fallecida prematuramente por feminicidio.
• Finalmente, la investigación para España (Mañas Alcón y Gallo Rivera, 2024) también recurre a a las indemnizaciones judiciales como indicador de los daños morales y emocionales reconocidos por tribunales.
Al ser un modelo aditivo que agrega desembolsos clasificados por categorías, el método contable puede implementarse con distintas estrategias de recolección y procesamiento de datos, que no son mutuamente excluyentes.
• El enfoque bottom-up o microcosteo parte de estudios de caso o encuestas (representativas o no) aplicadas a sobrevivientes. Identifica el costo unitario de un servicio o ítem y lo multiplica por el número de veces que fue utilizado o por el número de incidentes registrados, lo que requiere información detallada sobre uso de servicios y precios unitarios. Si bien permite una mayor profundidad en el análisis de los efectos personales y los gastos de bolsillo, su principal
limitación es el alto costo y tiempo demandado para desarrollar encuestas con representatividad poblacional, relevar y ajustar registros administrativos, o entrevistar sobrevivientes y prestadores de servicios cuando no se cuenta con fuentes primarias que recolecten las variables necesarias. De todas formas, algunos estudios optan por el levantamiento de datos primarios propios, lo cual ofrece mayor control sobre la calidad y pertinencia de la información. La Guía de UNFPA (2023) introduce una distinción complementaria dentro del microcosteo: la separación entre costos de establecimiento, gastos de una sola vez necesarios para iniciar un servicio como equipamiento o desarrollo de protocolos, y costos operativos recurrentes como salarios y suministros. Esta distinción es relevante para la planificación financiera de políticas públicas, donde confundir ambas categorías puede producir subestimaciones del presupuesto sostenido necesario. La misma guía propone el costeo basado en actividades (ABC, por sus siglas en inglés), que permite asignar los gastos globales de una institución a actividades específicas de la ruta crítica, calculando el costo por persona atendida incluso cuando los registros administrativos no están etiquetados por tipo de violencia.
• El enfoque top-down consiste en determinar la proporción de los presupuestos públicos anuales que se atribuyen a la atención o prevención de la violencia (Curcio y Frenkel, 2020 y Mañas Alcón & Gallo Rivera, 2024). Para ello se requiere el acceso a las partidas de gasto asociadas a las acciones de prevención y abordaje (CAF, 2025). D’Alessandro et al. desarrollan este enfoque en profundidad en un estudio metodológico encargado por CAF, con aplicación piloto en Argentina, al que se prevé una segunda instancia en Uruguay.
Con independencia de la modalidad de implementación, el método contable puede apoyarse en herramientas auxiliares. Las rutas críticas permiten mapear la secuencia de servicios que efectivamente utilizan las sobrevivientes tras una situación de violencia (salud, justicia, protección social, entre otros), facilitando la identificación de qué costos deben estimarse. Su utilidad analítica se amplía cuando incorpora dos dimensiones frecuentemente omitidas. La primera es la duración del proceso: el estudio de Argentina (CAF, 2025) introduce la ruta crítica como una variable temporal que ajusta los costos en función del tiempo transcurrido entre la primera denuncia y la resolución efectiva, estimando, por ejemplo, viajes específicos a comisaría, fiscalía, centros de salud y seguimiento psicológico. La segunda es la pertinencia cultural: en contextos rurales o con presencia de comunidades indígenas, la ruta crítica debe incorporar tiempos adicionales para traducción y adecuación de servicios a distintas cosmovisiones, lo que impacta tanto en el uso de recursos como en los tiempos de atención (Fundación ARU, 2022; Ministerio de la Mujer de Panamá, 2025).
Los costos unitarios escalados, por su parte, permiten monetizar esos usos cuando no se dispone de datos primarios: se aplica un costo unitario por tipo de servicio a estimaciones de prevalencia o frecuencia de uso obtenidas de fuentes secundarias. La aplicación de costos unitarios gana precisión cuando se pondera según la intensidad del daño. El estudio de Bolivia (Fundación ARU, 2022) clasifica los costos en tres niveles, moderado, grave y gravísimo, lo que produce variaciones significativas en el costo unitario aplicado: una intervención psicológica puede requerir desde 12 sesiones hasta 48 según la gravedad del caso. En la misma línea, el estudio de Argentina (CAF, 2025) construye perfiles de vulnerabilidad compuestos que
segmentan a las mujeres afectadas según intensidad de la violencia, persistencia de la exposición y respuesta institucional recibida, activando canastas de costos diferenciadas para cada perfil.
Asimismo, para monetizar el impacto laboral se suelen utilizar tres aproximaciones:
• Capital humano: Captura el valor de la pérdida de tiempo laboral debido a ausencias o baja productividad (presentismo) basándose en la conversión de salarios.
• Fricción: Se enfoca en los costos de reemplazo y reentrenamiento del personal (rotación).
• Valor agregado: Traduce los días perdidos de trabajo en la pérdida de valor de producción que cada persona genera para la economía.
Un elemento técnico central del método contable es el uso del análisis diferencial, también denominado “método de la fracción atribuible”. Dado que las sobrevivientes utilizarían ciertos servicios incluso en ausencia de violencia, una estimación correcta no suma el total de servicios usados por las sobrevivientes sino únicamente el uso diferencial respecto de la población no afectada por la violencia, tomado como aproximación al costo efectivamente atribuible a la violencia. Cuando existen diferencias observables entre grupos, es posible incorporar técnicas de regresión para controlarlas, aunque subsiste el supuesto de que las características no observables no afectan diferencialmente el uso de servicios (Day, McKenna y Bowlus, 2005).
Estudios disponibles
En el corpus, más de la mitad de los estudios con metodologías disponibles aplican este enfoque, totalizando 14 de los 21 estudios mapeados:
Estudio País / ámbito
CONAVIM (2016) México
Curcio y Frenkel (2020)
Varios países
Vara Horna (2013a) Perú (empresas)
Vara Horna (2013b) Ecuador (microempresas)
Vara Horna (2015) Bolivia
ELA (2020) CABA, Argentina
Mañas Alcón & Gallo Rivera (2024) España
CAF (2025) Argentina
CAF (en proceso) Uruguay
Pita Barros et al. (2008) Portugal
Fundación ARU (2022) Bolivia
Ministerio de la Mujer (2025) Panamá
Servicio Nacional de la Mujer (2010) Chile
UNFPA (2023) América Latina y el Caribe
Aplicación del método contable
Utiliza la metodología contable diferenciando costos directos e indirectos. Complementa su análisis utilizando los costos unitarios por nivel de atención médica aprobados por el IMSS.
El costeo por componentes se aplica en el informe regional del PNUD/CAF para tres intervenciones estatales seleccionadas: Argentina (Dispositivo ESI del Plan ENIA), Ecuador (Programa de Casas de Acogida de la Secretaría de Derechos Humanos) y Perú (Asistencia económica para sobrevivientes indirectas de feminicidio – Programa Aurora).
Combina el método contable con un enfoque sistémico para determinar pérdidas de productividad.
Aplica el método contable mediante un enfoque bottom-up y diferencia pérdidas económicas de microempresas tanto por ingresos no percibidos como por gastos directos que descapitalizan el negocio.
Emplea el método contable para identificar unidades de costo y multiplicarlas por el uso de servicios o días perdidos.
Utiliza una lógica aditiva basada en nomencladores de salud y pérdida de jornadas laborales.
Aplica el modelo contable integrando un enfoque ascendente (bottom-up) para los costes laborales y sanitarios con una aproximación descendente (top-down) y la extrapolación de datos internacionales para los costes legales. También incorpora el análisis input-output y la metodología de Heeks et al. (2018), basada en la extrapolación de costos sociales del crimen de Inglaterra y Gales al contexto español.
Adopta el enfoque contable para estimar costos de prevención y costos afrontados por el Estado (Poder Judicial y Ejecutivo), basándose en la suma de créditos devengados. Para los costos afrontados por las sobrevivientes, sugiere utilizar rutas críticas como guías de gastos.
Aplicación del método contable en proceso.
Calcula los costos del servicio nacional de salud basándose en el producto de episodios médicos por el precio estimado por episodio.
Combina el microcosteo (para servicios de salud y justicia) con el método de capital humano. Incorpora la ponderación de los costos según la intensidad del daño (moderado, grave o gravísimo).
Aplica el método contable diferenciando costos directos e indirectos. Se enfoca en gastos de bolsillo realizados por las víctimas y sus familiares utilizando información recabada de expedientes de casos reales.
Aplica el método mediante el análisis de recursos públicos ejecutados en niveles de atención, protección, sanción y prevención. Valora los costos directos de las mujeres mediante encuestas a usuarias de centros de atención, permitiendo cuantificar la inversión privada en servicios públicos y privados.
La guía metodológica propone el Costeo Basado en Actividades (CBA), un método mixto que integra el macrocosteo (top-down) y el microcosteo (bottom-up).
Ventajas y limitaciones
Entre las principales ventajas de este método se encuentran la posibilidad de dimensionar el problema en relación con otros problemas sociales y orientar la asignación estratégica de fondos públicos. A su vez, es útil para evaluar la efectividad de los costos en las políticas de prevención.
Respecto a sus limitaciones, la principal radica en la subestimación de los costos debido a la omisión de categorías cruciales (como el impacto en hijos que presencian la violencia) y al alto subregistro de denuncias. Algunos autores también cuestionan la arbitrariedad que tiene asociada la selección de las categorías de costos a incluir (discrecional), que muchas veces dificulta la comparación entre diferentes estudios. Finalmente, este método tiene dificultades para capturar adecuadamente el dolor, el sufrimiento
y la pérdida de calidad de vida (costos intangibles), que a menudo se calculan por separado mediante otros métodos como el DALY o QALY.
4.1.2. Modelo causal-multinivel
Descripción
Basado en la lógica del método contable, el modelo causal-multinivel se basa en la premisa de que el costo total a nivel de país equivale a la suma de las pérdidas en cuatro niveles: individual, hogar, comunitario y estatal.
Además, utiliza una lógica causal que se basa en demostrar que la violencia, entre otras cosas, disminuye los recursos y las capacidades de las personas, lo que se traduce en un costo económico medible.
Estudios disponibles
Se identifican 3 estudios bajo el método del modelo causal-multinivel:
Estudio País / ámbito Aplicación del modelo
Vara Horna (2017) Paraguay Estudio pionero que aplicó este marco para realizar una estimación nacional de los costos de la violencia contra las mujeres.
Vara Horna (2020) Ecuador Segundo estudio integral de costo-país en la región, que incorporó nuevas categorías de análisis, como la inseguridad alimentaria.
Vara Horna (2019) Villa El Salvador, Perú Aplicación del modelo a nivel local para calcular los costos de la inacción en el distrito.
Ventajas y limitaciones
Entre las principales ventajas del modelo causalmultinivel se destaca su capacidad para capturar la magnitud real del problema al integrar cuatro niveles de análisis: individual, hogar, comunitario y estatal. A diferencia del método contable, no se limita a sumar gastos, sino que primero demuestra estadísticamente que la violencia merma los recursos y las capacidades de las personas antes de asignarles un valor monetario. Esto le permite visibilizar categorías frecuentemente ignoradas, como los gastos de sororidad, el impacto en la salud y escolaridad de los hijos, y los costos generados por agresores y testigos en las empresas. Al cuantificar el impacto en el valor agregado empresarial, también
proporciona argumentos de rentabilidad para la prevención organizacional.
Sus principales limitaciones remiten a la complejidad y el costo de implementación, ya que requiere combinar encuestas de gran escala con análisis de presupuestos y cuentas nacionales, lo que demanda tiempo y recursos considerables. A pesar de su amplitud, los resultados suelen considerarse solo el límite inferior del costo real, dado que muchas categorías quedan fuera por falta de registros o para mantener estimaciones conservadoras. Su precisión también está condicionada a la existencia de registros administrativos integrados y estudios de ruta crítica representativos, escasos en la región.
4.1.3. Técnicas econométricas
Descripción
Varios estudios utilizan técnicas econométricas para aislar el impacto de la violencia. Para ello, recurren a distintas herramientas para estimar los efectos y costos de la violencia contra las mujeres, entre ellas las regresiones lineales por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), el Propensity Score Matching (PSM) y los modelos Probit.
Las regresiones se utilizan para analizar la relación de asociación entre una variable dependiente (como la productividad laboral femenina) y un conjunto de variables independientes o explicativas (como los casos de violencia). La metodología se centra en aislar el impacto específico de cada tipo de violencia sobre el resultado económico, permitiendo calcular cuánto disminuye, en promedio, la productividad (o la variable dependiente de interés) ante el incremento de un caso de agresión mientras se mantienen constantes los demás factores.
• Los modelos de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se aplican especialmente para estimar el lucro cesante o pérdida de ingresos asociada a la violencia, comparando los ingresos de mujeres que sufrieron violencia con los de aquellas que no la experimentaron, controlando por factores como edad, educación, lugar de residencia o presencia de hijos. También se utilizan para explicar variaciones en costos de salud vinculados a la violencia.
• El Propensity Score Matching (PSM) es una técnica de comparación caso-control que busca aislar el efecto específico de la violencia. Dado que las mujeres sobrevivientes y no afectadas por la violencia suelen presentar características socioeconómicas diferentes, el PSM empareja estadísticamente a cada sobreviviente con una no sobreviviente de perfil similar (por ejemplo, en términos de ingresos, edad u ocupación), permitiendo atribuir las diferencias observadas en salud, productividad u otros resultados al efecto de la violencia y no a otras variables.
• Finalmente, los modelos Probit y Probit Ordenado se emplean cuando la variable de interés representa probabilidades o categorías en lugar de montos monetarios. Estas técnicas permiten estimar, por ejemplo, cómo la violencia incrementa la probabilidad de sufrir daños físicos o emocionales, o cómo deteriora la autopercepción del estado de salud. En algunos estudios, este deterioro en la salud autopercibida se utiliza luego como base para calcular mayores costos futuros en atención médica.
Estudios disponibles
Del total, solo 3 estudios tienen como metodología central y exclusiva la regresión. A continuación, se enumeran los casos que utilizan esta técnica:
Estudio País / ámbito Aplicación del modelo
Licona Gómez y Otero Rivero (2015) Cartagena de Indias, Colombia
Ribero y Sánchez (2004) Colombia
Utiliza un modelo de regresión lineal múltiple mediante mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para cuantificar la disminución de la productividad laboral femenina.
Estiman un modelo econométrico tipo Probit para explicar la probabilidad de ocurrencia de la violencia intrafamiliar a partir de variables socioeconómicas y características del hogar. Asimismo, aplican técnicas de Propensity Score Matching (PSM).
Díaz y Miranda (2010) Perú Utilizan técnicas de emparejamiento (Propensity Score Matching –PSM) para simular la aleatoriedad de un tratamiento, controlando las características observables asociadas a la violencia y evaluando diferencias en ingresos y horas trabajadas entre sobrevivientes y no sobrevivientes.
Entre las principales ventajas del modelo causal-multinivel se destaca su capacidad para capturar la magnitud real del problema al integrar cuatro niveles de análisis: individual, hogar, comunitario y estatal.
Además, 5 estudios incorporan técnicas econométricas en sus metodologías, pese a utilizar otro enfoque principal:
Estudio País / ámbito
Pita Barros et al. (2008)
Aplicación del modelo
Portugal
Vara Horna (2013a, 2015 y 2020)
Perú, Bolivia y Ecuador
Morrison y Orlando (2004)
Ventajas y limitaciones
Colombia
Utiliza análisis de regresión mediante mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para controlar factores distintos a la violencia que pueden influir en los costos de atención médica. Asimismo, aplica un modelo Probit ordenado (ordered probit) para analizar la relación entre el estado de salud autopercibido y la presencia de violencia doméstica.
Aunque emplea un enfoque sistémico, aplica análisis de regresión con covariables para ajustar las diferencias entre grupos de sobrevivientes/ agresores y grupos de control, permitiendo calcular con mayor precisión los días perdidos por violencia.
Destacan el Propensity Score Matching (PSM) como un enfoque no paramétrico superior a las comparaciones simples. Lo utilizan para emparejar a mujeres sobrevivientes con mujeres no sobrevivientes con probabilidades similares de sufrir violencia, permitiendo medir el impacto “puro” sobre ingresos y participación laboral.
Los métodos econométricos aportan mayor rigor estadístico que los modelos contables tradicionales al buscar aislar el impacto causal de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, se pueden identificar algunas limitaciones estructurales y técnicas. En primer lugar, estas metodologías requieren grandes bases de microdatos y sistemas de información integrados, algo poco frecuente en muchos países en desarrollo (Duvvury et al., 2004). A su vez, requieren testear y asegurar la comparabilidad entre grupos que pueden diferir en sus características observables y no observables (como los grupos de mujeres sobrevivientes y no expuestas a la violencia). La multicolinealidad, la alta varianza de
los datos y la presencia de numerosos valores nulos pueden volver inestables las estimaciones y reducir su significancia estadística. Finalmente, se trata de metodologías complejas tanto en su estimación como en su comunicación, lo que puede dificultar su utilización para la incidencia política y la toma de decisiones.
4.1.4. Análisis Input-Output
Descripción
La metodología input-output permite evaluar cómo las pérdidas iniciales causadas por la violencia contra las mujeres se propagan por todo el sistema productivo de un país a través de efectos multiplicadores. Para ello
Los métodos econométricos aportan mayor rigor estadístico al buscar aislar el impacto causal de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, son metodologías complejas tanto en su estimación como en su comunicación, lo que dificulta su utilización para la toma de decisiones.
utiliza una matriz de ecuaciones lineales que describe las interrelaciones entre los diferentes sectores de la economía. Su lógica se basa en introducir los costes directos de la violencia (como gastos médicos o ingresos perdidos) como un choque de demanda en el flujo circular de la renta para calcular tres tipos de impactos:
• Impacto directo: Efecto inmediato en los sectores que proveen servicios a las sobrevivientes (salud, justicia, etc.).
• Impacto indirecto: Efecto en los sectores que suministran insumos a los sectores anteriores (segunda ronda).
• Impacto inducido: Efecto derivado de los cambios en la renta y el consumo de los hogares (tercera ronda).
Estudios disponibles
Solo hay un estudio:
Estudio País / ámbito
Aplicación del modelo
Mañas Alcón & Gallo Rivera (2024) España Incorpora un análisis input-output para medir el impacto macroeconómico multiplicador de la violencia en la economía española, como complemento a las estimaciones realizadas bajo el modelo contable.
Ventajas y limitaciones
Sus ventajas incluyen la posibilidad de captar la magnitud de la pérdida para la economía en su conjunto, más allá de los agentes directamente afectados, identificar sectores de actividad críticos que sufren más “fugas” de renta debido a la violencia y cuantificar el multiplicador (por ejemplo, en España, 1 euro de ingreso perdido provoca una pérdida total de 2,73 euros).
Su limitación más relevante concierne el requerimiento de información previa muy detallada y de alta calidad (por ejemplo, del Modelo Contable) para poder alimentar el análisis macro. Además, conlleva complejidad técnica y la necesidad de tablas simétricas actualizadas de la economía nacional. En el estudio de España, solo pudo aplicarse a la violencia de género (en pareja), ya que para la violencia sexual fuera de la pareja no se disponía de microdatos con el nivel de detalle necesario sobre los itinerarios de impacto. Finalmente, el modelo asume relaciones lineales y patrones de consumo constantes, lo que puede simplificar en exceso las reacciones de la economía.
4.1.5. Comparación de metodologías
Autoría y año
País/región
Vara Horna (2017) Paraguay
Vara Horna (2019) Perú (Villa El Salvador)
Vara Horna (2020) Ecuador
Vara Horna (2013a) Perú
Vara Horna (2013b) Ecuador
Vara Horna (2015) Bolivia
CAF (en proceso) Uruguay
Ministerio de la Mujer (2025) Panamá
CONAVIM (2016) México
Fundación ARU (2022) Bolivia
Método
Modelo causal-multinivel
Modelo causal-multinivel
Modelo causal-multinivel
Método contable
Método contable
Método contable
Método contable
Método contable
Método contable + costos unitarios escalados
Método contable + microcosteos
ELA (2020) Argentina (CABA) Método contable + microcosteos
Servicio Nacional de la Mujer (2010) Chile Método contable (micro y macro costeos)
UNFPA (2023) América Latina y el Caribe Método contable (micro y macro costeos)
Curcio y Frenkel (2020) Argentina, Ecuador y Perú Método contable (micro y macro costeos)
Mañas Alcón & Gallo Rivera (2024) España
CAF (2025) Argentina
Pita Barros et al. (2008) Portugal
Ribero y Sánchez (2004) Colombia
Díaz y Miranda (2010) Perú
Método contable + input output + ruta crítica + costos unitarios escalados
Método contable + ruta crítica teórica
Método contable + costos unitarios escalados + Econométrico (MCO)
Econométrico (Probit + PSM)
Econométrico (PSM)
Licona Gómez y Otero Rivero (2015) Cartagena, Colombia Econométrico (MCO)
Barros (2006) Portugal No disponible
4.2. Según actor que absorbe los costos
Respecto al actor que absorbe los costos de la violencia, predominan los estudios que adoptan enfoques mixtos o multinivel, incorporando simultáneamente costos asumidos por el Estado, las sobrevivientes, los hogares y/o la sociedad. Esta tendencia refleja una evolución
metodológica hacia abordajes más integrales, que buscan captar la distribución social y económica de los impactos de la violencia.
Estudios de enfoque mixto o multinivel
Se identifican seis estudios que consideran costos absorbidos por más de un actor:
Estudio País / ámbito
Vara Horna (2020) Ecuador
Vara Horna (2017) Paraguay
CONAVIM (2016) México
Pita Barros et al. (2008) Portugal
ELA (2020) CABA, Argentina
Vara Horna (2019) Villa El Salvador, Perú
Fundación ARU (2022) Bolivia
Servicio Nacional de la Mujer (2010) Chile
Actores o niveles de análisis considerados
Analiza de forma integral a las mujeres (nivel individual), los hogares, la comunidad (empresas y microemprendimientos) y el Estado.
Utiliza el modelo causal-multinivel para cubrir a las mujeres, sus hogares, las empresas y el gobierno.
Incluye los gastos directos e indirectos de las mujeres, el costo del sistema penitenciario y los presupuestos de programas públicos.
Divide el análisis entre la perspectiva del Servicio Nacional de Salud (Estado) y la perspectiva privada de las mujeres (gastos de bolsillo).
Analiza los costos para el sistema público de salud, el gasto privado de las mujeres y la pérdida de productividad para los empleadores.
Aunque excluye al Estado, analiza tres niveles: individual (mujeres), hogar y comunidad.
Analiza los hogares (incluyendo a las mujeres individualmente), la comunidad (que involucra tanto al Estado como a organizaciones de la sociedad civil) y el mundo productivo (empresas).
Considera tres ámbitos: el Estatal, la sociedad civil organizada (ONGs) y las mujeres (tanto usuarias de servicios como trabajadoras en empresas).
Estudios enfocados en el costo del Estado
Son interesantes los casos de los estudios de Chile (Servicio Nacional de la Mujer, 2010) y Bolivia (Fundación ARU, 2022), que documentan e identifican los costos asociados al trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Las ONGs cubren brechas estructurales del sistema público mediante representación legal gratuita, gestión de albergues y refugios, y trabajo de difusión y acompañamiento, recursos que no se contabilizan en los presupuestos estatales ni en los gastos de bolsillo de las mujeres afectadas.
Solo dos estudios del corpus se enfocan exclusivamente en el costeo de políticas públicas e intervenciones estatales. La Metodología Regional PNUD/CAF (Curcio y Frenkel, 2020) es complementaria, y no equivalente, a los estudios de costo-país, con aplicación práctica en Argentina (Plan ENIA), Ecuador (Casas de Acogida de
Estudio País / ámbito
Vara Horna (2013) Perú
Vara Horna (2015) Bolivia
Licona Gómez y Otero Rivero (2015) Cartagena de Indias, Colombia
Vara Horna (2013a) Ecuador
la Secretaría de Derechos Humanos) y Perú (Asistencia económica del Programa Aurora). La Guía de UNFPA (2023) propone un enfoque análogo para costear la provisión de tres servicios esenciales desde la perspectiva institucional: hogares de acogida, servicios de asesoría y consejería, y atención en salud para sobrevivientes, con aplicación regional para América Latina y el Caribe. A diferencia de los estudios de costo-país, ambas herramientas buscan establecer pisos normativos de asignación presupuestal que permitan a los Estados planificar e incidir en la cobertura mínima de servicios para sobrevivientes.
Estudios enfocados en los costos absorbidos por la sociedad
Son cuatro las investigaciones que se centran de forma específica en el impacto económico dentro de las empresas y la productividad laboral:
Enfoque o alcance del análisis
Se dedica exclusivamente a medir la pérdida de productividad, el ausentismo y la rotación laboral en 211 empresas peruanas (48,5% de servicios y comercio; 42,3% manufactureras; y 9,1 % del sector extractivo e infraestructura).
Sigue la misma lógica metodológica que el estudio peruano, aplicándola a empresas medianas y grandes de Bolivia. Excluye explícitamente a las microempresas para enfocarse en organizaciones con estructuras formales de recursos humanos.
Se enfoca únicamente en la disminución de la productividad laboral de las mujeres en el sector manufacturero de la ciudad.
Se centra exclusivamente en el impacto económico sobre mujeres propietarias de microempresas. Analiza el costo de oportunidad asociado a días laborales perdidos y la descapitalización de los emprendimientos por gastos de salud derivados de la violencia.
Al realizar un análisis multinivel, se observa que las mujeres y sus hogares concentran
entre el 44% y el 50%
del costo total de la violencia.
La mayoría de las investigaciones analizadas se circunscriben exclusivamente a la violencia ejercida por parejas o exparejas. Esta delimitación busca visibilizar la violencia en la pareja no como un asunto privado, sino como un obstáculo estructural al desarrollo.
Los estudios arriba mencionados utilizan el valor agregado y el presentismo como el eje central de su arquitectura de costos, argumentando que la omisión de la pérdida de productividad oculta la mayor parte del impacto real de la violencia en la economía.
Estudios enfocados en los costos absorbidos por las sobrevivientes
Exceptuando el estudio de Panamá (Ministerio de la Mujer, 2025), ninguno de los estudios considerados se centra exclusivamente en las mujeres y hogares como principales actores que absorben los costos, sin mencionar al menos la dimensión comunitaria o laboral. El caso mencionado se centra específicamente en los gastos directos asumidos por las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y por los familiares de víctimas de femicidio, diferenciando además los impactos según zona geográfica urbana o rural/comarcal.
Comparación de costos absorbidos por los diferentes actores
De la revisión de los estudios que aplican el modelo causal-multinivel surge un hallazgo relevante, al comparar la distribución de los costos entre los diferentes actores, son las mujeres y sus hogares, quienes asumen la mayor carga económica, estimada entre el 44% y el 50% del costo total del país (Vara Horna, 2017, 2019 y 2020). Esto se debe a la descapitalización por gastos de bolsillo en salud y justicia, así como a la pérdida de ingresos personales. Las empresas ocupan el segundo lugar (Vara Horna, 2017), mientras que el Estado aparece como el actor que proporcionalmente menos costos absorbe (1113%) (Vara Horna, 2020), destinando sus recursos principalmente a la respuesta reactiva en lugar de la prevención.
Por otro lado, de acuerdo al estudio de Bolivia (Fundación ARU, 2022), las mujeres y hogares absorben el 71,3% del costo total, siendo el acceso al sistema judicial el principal motor de ese gasto (75% de sus costos individuales). Las empresas asumen el 18,7%, por pérdida de productividad por ausentismo y presentismo. El Estado cubre el 9,9%, destinando casi la mitad de
ese monto al sistema judicial (48,5%) y el 45,8% a la atención de víctimas. Las organizaciones de la sociedad civil representan el 0,2% restante, complementando servicios de prevención y salud que el sistema público no alcanza a cubrir.
Es importante subrayar que esta distribución por actor explica por qué las estimaciones agregadas como porcentaje del PIB no son comparables entre estudios. Un estudio que considera únicamente los costos estatales producirá inevitablemente una cifra menor que uno que incorpora también los costos de bolsillo, laborales y comunitarios, aun cuando la prevalencia de la violencia sea similar en ambos países. Por ello, los resultados agregados del corpus se presentan en el Anexo 3 a modo de referencia informativa, pero no deben interpretarse como base para comparaciones entre países. La comparabilidad del corpus reside en sus dimensiones metodológicas, no en la magnitud de sus estimaciones.
4.3. Según el alcance territorial
En cuanto a la distribución por país, Perú concentra el mayor número de estudios del corpus (3), seguido por Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Portugal (2 cada uno). Chile, España, México, Panamá, Paraguay y Uruguay cuentan con un estudio cada uno. De los países miembros de la IIPEVCM, Bolivia, Colombia, España, Panamá, Portugal y Uruguay tienen al menos un estudio en el corpus, mientras que Andorra y República Dominicana permanecen sin estudios de costeo propios. A escala regional, dos estudios tienen alcance para América Latina y el Caribe: la Metodología PNUD/CAF (Curcio y Frenkel, 2020) y la Guía de UNFPA (2023).
Existe una clara predominancia de los estudios de alcance nacional (16 sobre 21 incluidos), que pretenden incidir en la política pública de alto nivel, permitiendo comparar el costo de la violencia con el Producto Interno Bruto (PIB) de cada nación.
Tres estudios tienen alcance subnacional o local, enfocándose en territorios específicos (ciudades o distritos) para capturar dinámicas locales detalladas:
Estudio País / ámbito
Licona Gómez y Otero Rivero (2015)
Cartagena, Colombia
Vara Horna (2019) Villa El Salvador, Perú
ELA (2020) CABA, Argentina
Alcance territorial o temático
Centrado específicamente en la productividad laboral del sector manufacturero del distrito de Cartagena.
Investigación local sobre los costos de la inacción en la prevención de la violencia dentro de este distrito de Lima.
Estudio enfocado exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Finalmente, la Metodología Regional PNUD/CAF (Curcio y Frenkel, 2020) se clasifica como mixta porque desarrolla una metodología de aplicación para toda la región de América Latina y el Caribe, pero su validación se realizó a través de estudios de caso específicos que combinan programas nacionales y locales en Argentina, Ecuador y Perú. Lo mismo sucede con la metodología propuesta en UNFPA (2023).
4.4. Según el perpetrador y los actos violentos considerados
La mayoría de las investigaciones analizadas se circunscriben exclusivamente a la violencia ejercida por parejas o exparejas (VCMPE). Este enfoque es adoptado
por los estudios de CAF (2025), Díaz y Miranda (2010), ELA (2020); Fundación ARU (2022), Ministerio de la Mujer (2025), Servicio Nacional de la Mujer (2010), y la serie de investigaciones de Vara-Horna en Perú (2013a), Bolivia (2015), Paraguay (2017) y Ecuador (2020). Esta delimitación busca visibilizar la violencia en la pareja no como un asunto privado, sino como un obstáculo estructural al desarrollo.
Por el contrario, un grupo específico de estudios incorpora un alcance más amplio hacia la violencia basada en el género (VBG) incluyendo a otros perpetradores (familiares, conocidos, empleadores o desconocidos):
Estudio País / ámbito Tipos o ámbitos de violencia considerados
Mañas Alcón & Gallo Rivera (2024) España
Analiza de forma separada la violencia de género en la pareja y la violencia sexual fuera de la pareja (VSfp).
Vara Horna (2019) Villa El Salvador, Perú Cubre tanto la violencia basada en género íntima como la no íntima.
Licona Gómez y Otero Rivero (2015) Cartagena, Colombia Incluye violencia intrafamiliar, interpersonal y sexual ejercida por distintos tipos de agresores.
Curcio y Frenkel (2020) Varios países
CONAVIM (2016) México
UNFPA (2023)
Define la violencia contra las mujeres de manera amplia, incluyendo múltiples perpetradores y ámbitos, tanto públicos como privados.
Considera la violencia en ámbitos comunitarios, institucionales y laborales.
Guía para América Latina y el Caribe - Aborda la violencia en la pareja pero su metodología está diseñada para cubrir también casos de violencia sexual (que pueden provenir de otros perpetradores).
Los estudios priorizan la violencia física, sexual y psicológica, mientras la violencia económica sigue siendo la menos abordada.
Esta diferencia en el alcance impacta la comparabilidad: los estudios que incluyen otros perpetradores tienden a producir estimaciones de costos más altas, pero dificultan aislar el peso específico de la violencia en la pareja o expareja si no presentan una desagregación detallada.
Respecto a los actos violentos considerados, existe mayor heterogeneidad. La violencia física está presente en todos los estudios sin excepción. La violencia sexual se incluye en todos los casos analizados, aunque en Pita Barros, el al. (2008) su incorporación no está claramente documentada y en ELA (2020) los actos sexuales se consideraron únicamente como agravantes, no como ítems de costo independientes para ese año.
La revisión del corpus muestra que la violencia psicológica es reconocida como un componente central de la violencia contra las mujeres, aunque su incorporación en los estudios varía según la disponibilidad y calidad de los datos. Los trabajos más recientes tienden a monetizar sus efectos mediante costos en salud mental, atención psicológica y pérdidas de productividad, especialmente vinculadas al presentismo y al deterioro del bienestar emocional.
Algunos estudios, como los de Mañas Alcón & Gallo Rivera (2024), Vara-Horna (2013, 2015, 2020) en varios países de América Latina y CAF (2025), integran explícitamente la violencia psicológica en sus estimaciones económicas. Otros, como ELA (2020) y CONAVIM (2016) reconocen su relevancia conceptual, pero enfrentan limitaciones metodológicas y de registros administrativos que dificultan medirla de forma específica y comparable. En conjunto, la tendencia del corpus apunta a reconstruir rutas críticas y síntomas de salud mental para captar los costos asociados a este tipo de violencia.
La violencia económica es la dimensión con menor cobertura: solo seis estudios la incorporan de forma explícita (Vara-Horna, 2020, 2019, 2013a y 2017,
Curcio y Frenkel, 2020 y Mañas Alcón & Gallo Rivera, 2024). Su ausencia en los demás casos constituye un vacío metodológico relevante, dado que la violencia económica genera costos directos e indirectos que los otros actos no capturan.
4.5. Según el alcance micro/sectorial y macroeconómico
Diez estudios combinan análisis micro y macro: estiman tanto los costos que recaen sobre actores individuales (mujeres, hogares, empresas y Estado) como su impacto agregado sobre variables macroeconómicas, típicamente expresado como porcentaje del PIB. Los estudios que logran este doble alcance permiten dimensionar la VCM como un problema de desarrollo económico y no solo de bienestar individual, permitiendo mayor influencia en las políticas públicas. Los tres estudios bajo el modelo causal-multinivel (Ecuador, Paraguay, Villa El Salvador) y el de Perú (2013) son los casos más desarrollados en esta dimensión.
Siete estudios tienen alcance exclusivamente micro o sectorial: Pita Barros, et al. (2008)(Portugal, sector salud), ELA (2020)(Argentina/CABA, sectores salud y laboral agregados), Licona Gómez y Otero Rivero (2015) (Cartagena de Indias, sector manufacturero), Vara Horna (2013) (Ecuador, microempresas)
Díaz y Miranda (2010) (Peru, mercado laboral y sector educativo), Ministerio de la Mujer (2025) (Panamá, hogares y sobrevivientes) y Servicio Nacional de la Mujer (2010) (Chile, estatal y sobrevivientes). Las metodologías de PNUD/CAF (Curcio y Frenkel, 2020) y UNFPA (2023) tienen alcance sectorial estatal, dado que costean intervenciones específicas sin escalar al nivel macroeconómico.
4.6. Según la incorporación de costos intergeneracionales
Doce estudios incorporan costos intergeneracionales, CONAVIM (2016) para México es el más explícito: incluye gastos para el cuidado de hijas e hijos, el impacto en la salud materna-infantil y el riesgo de mortalidad infantil. La metodología PNUD/CAF incorpora esta dimensión de forma parcial y diferenciada por país: en Perú considera a los hijos e hijas huérfanos por femicidio, en Argentina trabaja con adolescentes en el marco del programa de educación sexual integral, y en Ecuador contempla la atención a hijos e hijas en casas de acogida. El estudio de Panamá (Ministerio de la Mujer, 2025) también estima los costos para hijos e hijas huérfanos de femicidio, cuantificando un gasto de B/. 2.710 anuales por hijo, diferenciado según zona urbana o rural/comarcal. El estudio de Chile (Servicio Nacional de la Mujer, 2010) aporta la dimensión sectorial estatal al incorporar las atenciones a niños y adolescentes con problemáticas derivadas de violencia intrafamiliar. Vara Horna (2019) para Villa el Salvador incluye costos por reprobación escolar como indicador de impacto intergeneracional.
Vara Horna (2020) para Ecuador incluye costos por inseguridad alimentaria, gastos de escolaridad (reprobación, tratamientos pedagógicos) y salud de los hijos e hijas. Vara Horna (2017) para Paraguay cuantifica los gastos de bolsillo en salud infantil y la pérdida masiva de días de clase (más de 200,000 días al año). CAF (2025) para Argentina: incorpora de forma explícita en su “canasta de bolsillo” los costos de sustitución de cuidados infantiles, traslados y alimentación de hijos durante procesos judiciales, y gastos educativos por cambios de escuela. Ribero y Sánchez (2004) para Colombia cuantifican el impacto en la salud de menores de 5 años (enfermedades respiratorias y digestivas agudas) y monetizan el atraso escolar (estimado en 0.5
años de extraedad) en comparación con hogares sin violencia. Mañas Alcón y Gallo Rivera (2024) estiman específicamente los costos de los servicios de cuidado de menores no prestados por las madres sobrevivientes (ascendiendo a más de 6 millones de euros en su opción conservadora). Díaz y Miranda (2010) para Perú en el estudio de determinantes, estiman el costo del retraso escolar y analizan los niveles de nutrición (hemoglobina) en menores de 5 años. El estudio de Bolivia (Fundación ARU, 2022), en cambio, incorpora la pérdida del cuidado parental por femicidio y el costo de cuidados no remunerados asumidos por familiares, advirtiendo que la falta de intervención en estos casos reproduce intergeneracionalmente la violencia y, con ella, sus costos futuros para el Estado.
Los estudios centrados exclusivamente en el sector empresarial, como Bolivia (2015) y Perú (2013a) de Vara-Horna, u otros como Pita Barros et al.(2008) para Portugal y Licona Gómez y Otero Rivero (2015) para Cartagena de Indias, omiten la cuantificación de costos directos en los hijos e hijas, aunque los primeros mencionan el impacto en la prole como una fuente de presentismo y distracciones para la madre trabajadora.
4.7. Según la perspectiva temporal
La mayoría de los estudios adoptan una perspectiva anual: estiman los costos asociados a la VCM en un año de referencia. El único estudio con perspectiva de largo plazo es Licona Gómez y Otero Rivero (2015) para Cartagena de Indias, que analiza el período 2004–2013 mediante un modelo de regresión. La predominancia de la perspectiva anual refleja tanto una convención metodológica del campo como una limitación práctica. Sin embargo, esta elección temporal impide capturar los costos acumulados de la violencia crónica, que es precisamente la forma más frecuente de la violencia en la pareja.
Evaluación comparada de metodologías
5. Evaluación comparada de metodologías
El análisis de los diversos estudios en Iberoamérica permite identificar similitudes y divergencias en los métodos utilizados para estimar los costos de la violencia contra las mujeres. No existe un modelo único ni definitivo, por lo que la elección metodológica depende de la disponibilidad de datos y de los objetivos de la investigación.
Antes de presentar la evaluación comparada, conviene precisar una distinción que atraviesa el corpus y condiciona qué comparaciones son legítimas entre estudios: la diferencia en su objetivo analítico. Algunos estudios buscan estimar el costo total de la violencia para una economía nacional (costo-país); otros se orientan a dimensionar el costo de políticas o programas específicos (costeo de políticas); otros acotan el análisis a determinados sectores, como salud o justicia (costeo sectorial); y otros priorizan el impacto agregado sobre la productividad o el crecimiento económico (impacto económico).
Cabe señalar que la combinación entre estrategia de estimación y actor considerado produce perfiles diferenciados, aunque no de forma mecánica. Los estudios con perspectiva multiactor, generalmente bajo el método contable o causal-multinivel, tienden a producir estimaciones de costo-país; los centrados en el Estado suelen orientarse al costeo de políticas; y los enfocados en el sector empresarial se aproximan a análisis de impacto productivo. El costeo sectorial, por su parte, puede surgir tanto del método contable como del econométrico, según el sector analizado y las fuentes disponibles.
Estas categorías no son mutuamente excluyentes y con frecuencia coexisten en un mismo estudio. Sin embargo, permiten comprender por qué investigaciones
que utilizan métodos similares pueden producir estimaciones sustancialmente distintas y por qué no toda comparación directa entre resultados es metodológicamente válida.
La mayoría de las investigaciones buscan visibilizar el impacto económico de la violencia y pretenden promover el diseño, la evaluación y la sostenibilidad de las políticas públicas y privadas que ayuden a prevenirla y abordarla.
Respecto a la clasificación de los costos, la mayoría de las metodologías coinciden en agrupar los costos en tres grandes categorías: costos directos (gastos reales en servicios), costos indirectos (pérdida de productividad e ingresos) y costos intangibles (sufrimiento emocional y dolor).
Asimismo, todos los modelos requieren de encuestas de prevalencia de gran escala (como las encuestas DHS, ENDES en Perú2 o la Macroencuesta en España); encuestas relevadas a los fines del estudio, o registros administrativos oficiales para realizar sus estimaciones.
También es frecuente la estrategia, ante la fragmentación de la información, de combinar diferentes técnicas para cubrir los vacíos de datos. Esto sucede en los estudios de CONAVIM (2016) para México, ELA (2020) para Argentina (CABA), Curcio y Frenkel (2020) para Argentina, Ecuador y Perú, Mañas Alcón & Gallo Rivera (2024) para España, CAF (2025) para Argentina, Pita Barros, el al. (2008) para Portugal y Ribero y Sánchez (2004) para Colombia.
Las principales diferencias entre los métodos utilizados en los estudios radican en el procedimiento de cálculo y la inclusión de actores que absorben los costos. En cuanto a los dos enfoques principales, el método
2. Las encuestas DHS (Demographic and Health Surveys: encuestas internacionales estandarizadas que recolectan datos de alta calidad sobre salud, población y nutrición en países en desarrollo, implementado históricamente por ICF International y financiado principalmente por USAID), implementadas en Perú a través de la ENDES, son una fuente continua y representativa que desde 2008 mide la prevalencia y tipos de violencia de pareja contra las mujeres.
Aunque no fueron diseñadas para estimar costos económicos, ofrecen insumos clave: permiten establecer una línea base de prevalencia, segmentar impactos al vincular violencia con indicadores de salud y sociales, y servir como base para estudios que integran otras fuentes (salud, justicia).
No capturan directamente costos intangibles (como salud mental) ni algunos indirectos (como pérdida de productividad), lo que exige estrategias metodológicas adicionales.
Las metodologías difieren principalmente en sus procedimientos de cálculo y en los actores cuyos costos incorporan. La mayoría de los estudios parten de análisis microeconómicos extrapolados a nivel nacional.
contable es un modelo aditivo que suma categorías específicas de costos, cuya principal crítica es que esas categorías suelen ser arbitrarias y pueden omitir costos cruciales, tendiendo a la subestimación; los métodos econométricos, en cambio (como el PMS y el MCO), utilizan técnicas de emparejamiento para comparar grupos de sobrevivientes con grupos de control, lo que permite aislar el impacto “puro” de la violencia de otros factores como la educación o la riqueza.
En cuanto al nivel de agregación, el microcosteo (bottom-up o por ingredientes) identifica cada insumo necesario para un servicio y los suma de abajo hacia arriba, siendo muy preciso pero requiriendo información extremadamente detallada; mientras que el macrocosteo (top-down) utiliza grandes componentes presupuestarios o registros oficiales para determinar el costo unitario de arriba hacia abajo, siendo más sencillo de aplicar pero dependiendo totalmente de la calidad de los registros públicos.
La mayoría de los estudios son de carácter microeconómico y extrapolan los resultados al nivel nacional, aunque metodologías como la de insumo-producto (input-output) adoptan un enfoque macroeconómico que considera la estructura económica del país para medir cómo las pérdidas de ingresos de los hogares se propagan por el flujo circular de la renta, generando efectos directos, indirectos e inducidos.
En la valoración de la productividad, algunos modelos se limitan a la conversión de salarios (ingresos perdidos), lo que suele subestimar el costo real, mientras que otros incorporan el valor agregado (productividad marginal) y el presentismo (menor rendimiento estando presente), elevando significativamente las estimaciones para las empresas y el PIB.
Finalmente, respecto a la medición de intangibles, ciertos métodos utilizan indicadores como el QALY (Quality-Adjusted Life Year, es decir, años de vida ajustados por calidad de vida) o el DALY (DisabilityAdjusted Life Year, años de vida ajustados por discapacidad) para monetizar el dolor y el sufrimiento, asignando un valor a los años de vida perdidos por muerte prematura o discapacidad, mientras que otros
estudios simplemente mencionan estos costos de forma cualitativa debido a su complejidad de medición.
La evaluación que sigue no organiza el análisis estudio por estudio sino por dimensión analítica. Para cada criterio, se identifica el patrón general que emerge del corpus, se analizan los casos que ilustran con mayor claridad las fortalezas y limitaciones de cada enfoque, y se señalan las tensiones metodológicas que el campo enfrenta de forma transversal. Los estudios se citan como casos ilustrativos, no como unidades de análisis exhaustivas.
5.1. Precisión
Calidad y trazabilidad de fuentes
El corpus exhibe una heterogeneidad marcada en la calidad de las fuentes de datos utilizadas. Los estudios de mayor precisión son aquellos que articulan fuentes primarias levantadas exprofeso con estadísticas administrativas auditadas. El estudio de Vara Horna (2020) sobre Ecuador combina datos de la ENVIGMU (Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres del INEC), una encuesta empresarial específica de 8.093 colaboradores, una encuesta a microemprendedoras y cuentas nacionales, lo que produce estimaciones con mayor trazabilidad que los estudios que operan únicamente con datos secundarios.
El estudio de Portugal (Pita Barros et al., 2008) aporta un caso metodológicamente destacado en la dimensión de precisión porque utiliza una muestra de usuarias de centros de atención primaria (n=518) y precios oficiales del NHS (National Service Health), lo que permite una estimación de costos adicionales por VCM con base empírica sólida para el sector salud, aunque con alcance sectorial restringido.
En el extremo opuesto, varios estudios del corpus trabajan con datos de prevalencia de encuestas no diseñadas para costeo y aplican supuestos de extrapolación con documentación escasa. Esto no invalida los resultados, pero limita la capacidad de evaluar el rango de error de las estimaciones.
El subregistro y la falta de datos específicos son los principales desafíos para estimar los costos de la violencia contra las mujeres. A ello se suma la escasa interoperabilidad entre los registros de salud, justicia y servicios sociales.
Tratamiento del subregistro
El subregistro, junto con la falta de encuestas específicas de prevalencia y costos, es el principal desafío de precisión en todos los estudios de costeo de VCM, y la forma en que cada metodología lo aborda es uno de los criterios diferenciadores más relevantes del corpus. La VCM tiene niveles de subregistro documentadamente altos: el estudio de México (CONAVIM, 2016) señala que solo el 13,6% de los casos resulta en denuncia formal; el estudio de Ecuador (Vara Horna, 2020) estima que las denuncias representan el 5% de los casos reales.
Los estudios que trabajan con encuestas de victimización, como los de Ecuador, Paraguay (Vara Horna, 2017 y 2020) o Argentina (CABA) (ELA, 2020), abordan el subregistro de forma más directa porque la prevalencia estimada en encuesta es notablemente más alta que la prevalencia registrada administrativamente. Sin embargo, incluso las encuestas de victimización tienen limitaciones para capturar la violencia psicológica y económica, cuyo subregistro dentro de la propia muestra puede ser significativo.
A esto se suma un desafío estructural de interoperabilidad entre fuentes: los registros administrativos de salud, justicia y servicios sociales rara vez están diseñados para ser cruzados entre sí, lo que dificulta construir una imagen integrada del recorrido institucional de las mujeres afectadas. Cuando los estudios combinan fuentes de distinta naturaleza, los criterios de definición de caso, los períodos de referencia y las unidades de análisis no siempre son compatibles, lo que introduce inconsistencias que afectan la comparabilidad interna de cada estudio.
Los estudios que trabajan predominantemente con datos administrativos, como el de Pita Barros et al. (2008) para Portugal centrado en el sistema de salud, producen estimaciones que reflejan el costo de los casos atendidos, pero no del universo de mujeres afectadas. Esto genera una subestimación estructural que la mayoría de los estudios reconoce en sus advertencias pero que pocas veces cuantifica de forma explícita.
Un problema adicional que el corpus empieza a documentar es la ausencia de etiquetas específicas de
violencia de género en los registros administrativos. El estudio de Chile (Servicio Nacional de la Mujer, 2010) advierte que numerosas atenciones por lesiones ingresan como casos generales en el sistema de salud, lo que impide determinar qué proporción de la capacidad instalada está siendo efectivamente consumida por violencia doméstica y produce una subestimación que no puede corregirse solo con factores de ajuste por subregistro.
Un patrón recurrente en el corpus es la declaración de “estimaciones conservadoras” sin especificación del rango de subestimación probable. La excepción parcial son los estudios que construyen escenarios alternativos, como el de ELA (2020) sobre Buenos Aires, que diferencia escenarios de gravedad moderada, grave y gravísima, produciendo un rango de estimación que hace visible la sensibilidad del resultado a los supuestos sobre intensidad de la violencia. Similar es el abordaje de CAF (2025).
Representatividad
La representatividad de los estudios varía según el alcance territorial y el diseño muestral. Los estudios nacionales con encuestas probabilísticas representativas tienen mayor solidez en esta dimensión. Los estudios subnacionales, como el de Villa El Salvador, distrito de Lima con aproximadamente 200.000 mujeres según el Censo 2017, tienen representatividad acotada al universo específico analizado, pero aportan un nivel de detalle en la estimación de costos que difícilmente se obtiene con muestras nacionales.
Un desafío específico en el corpus iberoamericano es la representatividad de las encuestas de victimización respecto de poblaciones de alta vulnerabilidad: mujeres rurales, mujeres en situación migratoria, mujeres con discapacidad y mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes están sistemáticamente subrepresentadas o invisibilizadas en las encuestas utilizadas como fuente, lo que produce estimaciones que subestiman el costo de la VCM para estos grupos poblacionales y contribuye a hacer invisible su situación específica.
Como modelos de estudios que si incorporan desagregaciones de costos para grupos vulnerables aparecen los de Panamá (Ministerio de la Mujer, 2025) y Bolivia (Fundación ARU, 2022). Allí se da cuenta de los gastos de transporte, alimentación y hospedaje en los que incurren las sobrevivientes para acceder a servicios ubicados en centros urbanos, costos que la mayoría de los estudios del corpus no captura, produciendo estimaciones que subestiman sistemáticamente el costo real para las mujeres rurales.
Evaluación de la precisión
Los estudios de mayor precisión en el corpus combinan encuestas de victimización con estadísticas administrativas y datos económicos sectoriales. La precisión disminuye cuando los estudios escalan estimaciones de costo unitario a partir de datos de prevalencia de fuentes no diseñadas para costeo. El tratamiento del subregistro es una debilidad transversal del corpus, y la construcción explícita de escenarios o rangos de estimación es una práctica poco extendida que valdría la pena sistematizar como recomendación metodológica.
El estudio de España (Mañas Alcón y Gallo Rivera, 2024) realiza estimaciones con diferentes metodologías que arrojan resultados que pueden ser interpretados como pisos inferiores y superiores. Bolivia (Fundación ARU, 2022) construye rangos explícitos con límite inferior y superior al 95% de confianza para sus estimaciones de ingresos, días de hospitalización e impedimento, produciendo un rango de costo total de entre 1,6% y 1,8% del PIB.
5.2. Aplicabilidad
Requerimientos de datos y capacidad técnica
La aplicabilidad de una metodología depende, en primer lugar, de la disponibilidad de los datos que requiere y, en segundo lugar, de la capacidad técnica necesaria para implementarla. Estas dos condiciones no siempre se dan simultáneamente en los países iberoamericanos y su combinación define el perfil real de viabilidad de cada enfoque.
El modelo causal-multinivel, tal como lo desarrolla Vara Horna en Ecuador, Paraguay y Perú, requiere tres encuestas específicas levantadas en simultáneo(encuesta a hogares, encuesta empresarial, encuesta a microemprendedoras), además de cuentas nacionales, análisis presupuestario y estadísticas administrativas desagregadas. Este es el enfoque más comprensivo en términos de cobertura de
actores y tipos de costos, pero también el de mayores requerimientos. Su implementación requiere financiamiento externo significativo y equipos técnicos interdisciplinarios: los estudios de Ecuador y Paraguay fueron posibles gracias a la cooperación de GIZ y la articulación con universidades locales con capacidad de levantamiento de datos primarios.
La metodología contable por componentes, utilizada en el estudio de México (CONAVIM, 2016) y en el de Curcio y Frenkel (2020) para CAF/PNUD, tiene requerimientos más accesibles: trabaja principalmente con encuestas de victimización existentes, estadísticas administrativas sectoriales y costos unitarios de servicios públicos. Su viabilidad es mayor en países que ya cuentan con encuestas nacionales de violencia (como la ENDIREH en México o la ENVIGMU en Ecuador) y sistemas de información en salud y justicia con datos desagregados por tipo de violencia.
Los estudios de Panamá (Ministerio de la Mujer, 2025) y Bolivia (Fundación ARU, 2022) ilustran que el método contable es adaptable con requerimientos de datos medios: ambos combinan expedientes institucionales, entrevistas guiadas y tarifarios de servicios públicos y privados para reconstruir itinerarios de casos sin necesidad de encuestas nacionales diseñadas específicamente para costeo. Esta modalidad resulta especialmente relevante para países con sistemas estadísticos en desarrollo o sin encuestas de victimización actualizadas.
El análisis de regresión econométrica, representado en el corpus Licona Gómez y Otero Rivero (2015) para Cartagena de Indias, Ribero y Sánchez (2004) para Colombia y Díaz y Miranda (2010) para Perú, requiere bases de microdatos individuales con información simultánea sobre exposición a la violencia y variables de resultado (estado de salud, productividad laboral, ingresos). Esta condición es exigente: pocas encuestas iberoamericanas permiten vincular exposición a la violencia con resultados económicos a nivel individual. El estudio de Portugal pudo realizarse porque utilizó datos de usuarias de atención primaria con seguimiento clínico, un diseño que no está disponible en la mayoría de los países de la región.
El análisis input-output, presente en el estudio de España (2022), requiere matrices de insumo-producto actualizadas y estadísticas de empleo desagregadas por sector y sexo. La disponibilidad de estas matrices varía significativamente: España, Brasil, México y Argentina tienen matrices nacionales actualizadas, mientras que en varios países centroamericanos y del Caribe la disponibilidad es limitada o las matrices están desactualizadas.
Aplicabilidad en contextos subnacionales
El corpus incluye tres estudios de alcance subnacional que ilustran tanto las ventajas como los límites de este nivel de análisis. El estudio de Buenos Aires (ELA, 2020) pudo realizarse con datos del sistema de salud de la Ciudad y una encuesta de victimización local, lo que permitió un nivel de desagregación por tipo de servicio y por escenario de gravedad que difícilmente habría sido posible a escala nacional. El estudio de Villa El Salvador (Vara Horna, 2019) aprovechó la escala reducida para aplicar una encuesta de hogares exhaustiva a 504 mujeres con mayor profundidad que las encuestas nacionales de prevalencia. Por su parte, el estudio de Licona Gómez y Otero Rivero (2015) para la ciudad de Cartagena de Indias, utiliza estadísticas del Centro de Observación y Seguimiento del Delito (COSED) basadas en Medicina Legal, y datos de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE, de carácter nacional. Los dos primeros casos casos sugieren que los estudios subnacionales pueden ser más viables para administraciones locales con sistemas de información propios y mayor capacidad para articular datos administrativos y datos de encuesta. Su principal limitación es la extrapolación: los resultados no pueden agregarse mecánicamente a escala nacional sin ajustes por heterogeneidad territorial.
Evaluación de la aplicabilidad
Una disyuntiva central que atraviesa el corpus es la tensión entre exhaustividad y viabilidad. Los enfoques más completos, que cubren múltiples actores y tipos de costos, son también los más costosos y técnicamente exigentes: requieren recursos y conocimientos para el levantamiento de datos primarios (en términos de tiempo, presupuesto, diseño, anonimización y procesamiento), equipos multidisciplinarios, acceso a microdatos integrados y capacidades avanzadas de modelización económica y estadística. Los enfoques más viables, que trabajan con datos disponibles y capacidades técnicas más extendidas, producen estimaciones necesariamente parciales.
5.3. Replicabilidad
Documentación metodológica y transparencia de supuestos
La replicabilidad es probablemente la dimensión en que el corpus presenta mayor heterogeneidad. Algunos estudios documentan sus procedimientos con suficiente detalle como para que un equipo técnico competente pueda reproducirlos; otros presentan resultados
sin suficiente explicitación de supuestos, fuentes intermedias o procedimientos de cálculo.
Los estudios del grupo de Vara Horna que utilizan el modelo causal-multinivel tienen como fortaleza la consistencia del marco metodológico entre países, que se aplica con la misma estructura en Ecuador, Paraguay y Peru/Villa El Salvador, lo que produce una arquitectura comparable, aunque los datos y los resultados difieran. Esto facilita la réplica porque el diseño general está documentado y las variaciones entre países corresponden a adaptaciones de fuentes, no a cambios en la lógica del modelo. La principal limitación de replicabilidad en este grupo es que el modelo requiere capacidades de levantamiento de datos primarios que no están disponibles en todos los contextos.
El estudio de Curcio y Frenkel (2020) tiene fortaleza específica en replicabilidad por diseño: fue concebido explícitamente como una metodología transferible, con pasos definidos, identificación de fuentes tipo y ejemplos de aplicación en tres países. Similar es el caso de la guía de UNFPA (2023) que incluye fases definidas de preparación, recolección y análisis, calculadoras estandarizadas y un modelo de recursos y necesidades para proyectar ampliación de cobertura. A diferencia de los estudios de costo-país, su replicabilidad no depende de la disponibilidad de encuestas nacionales de prevalencia sino de registros administrativos de servicios, lo que amplía su viabilidad a contextos con menor densidad estadística.
El estudio de México (CONAVIM, 2016) tiene una documentación metodológica extensa, pero los supuestos de extrapolación desde la ENDIREH a la estimación de costos no siempre están suficientemente explicitados. Esto limita la capacidad de terceros para evaluar la sensibilidad del resultado a los supuestos adoptados. La lógica de costeo por itinerarios de casos típicos de Panamá (Ministerio de la Mujer, 2025) es replicable en cualquier contexto nacional que cuente con centros de atención con registros sistematizados o con capacidad de reconstruir gastos de bolsillo mediante entrevistas. La estructura de tres actores (hogares, comunidad y empresas) de Bolivia (Fundación ARU, 2022) es igualmente transferible a otros contextos nacionales con sistemas estadísticos de densidad media. Este último también incluye una documentación metodológica extensa y detallada.
El estudio de Cartagena de Indias (Licona Gómez y Otero Rivero, 2015) sobre productividad laboral utiliza regresión lineal múltiple por mínimos cuadrados ordinarios y tiene una documentación estadística adecuada, lo cual facilita la verificación y replicación.
La mayoría de los estudios se publican como informes de resultados sin microdatos adjuntos, lo que impide la verificación independiente y la actualización con datos más recientes.
Disponibilidad de datos para terceros
Un patrón problemático en el corpus es la escasa disponibilidad de las bases de datos utilizadas para terceros. La mayoría de los estudios se publican como informes de resultados sin microdatos adjuntos, lo que impide la verificación independiente y la actualización con datos más recientes. Esto es particularmente relevante para los estudios que construyen sus estimaciones sobre encuestas propias levantadas con financiamiento de cooperación: cuando el proyecto concluye, los datos quedan a disposición del equipo investigador, pero no necesariamente se depositan en repositorios de acceso abierto.
Esta situación se contrasta con el caso del estudio de Pita Barros et al.(2008) para Portugal, donde los datos del NHS son públicos y auditables, lo que hace que la estimación pueda ser actualizada con relativa sencillez aplicando la misma metodología a datos más recientes del sistema de salud.
Evaluación de la replicabilidad
La escalabilidad, entendida como la capacidad de un diseño metodológico para aplicarse en distintos países con adaptaciones razonables, es mayor en los enfoques contables por componentes que en los modelos de regresión econométrica. Los enfoques contables trabajan con categorías de servicios y tipos de costos que tienen equivalentes en la mayoría de los países iberoamericanos, aunque la calidad y disponibilidad de los datos para estimar costos unitarios varía. Los modelos de regresión dependen de bases de microdatos con características específicas que no están universalmente disponibles.
El modelo causal-multinivel ocupa una posición intermedia: su arquitectura es escalable y ha sido aplicada en cuatro países, pero su implementación óptima requiere levantamiento de datos primarios específicos, lo que condiciona su aplicación en contextos sin financiamiento externo.
5.4. Desagregación
Desagregación por tipo de servicio y sector
La mayoría de los estudios del corpus desagregan los costos por sector o tipo de servicio, aunque con variaciones en la cobertura sectorial. Salud y justicia son los sectores más frecuentemente incluidos. La protección social y los servicios de atención psicosocial especializados tienen menor presencia, posiblemente porque los datos administrativos sobre estos servicios están menos sistematizados que los de salud y justicia.
El sector laboral como categoría de costo aparece en los estudios que estiman pérdida de productividad, pero su inclusión metodológica es heterogénea: algunos estudios la estiman a través de días laborales perdidos (ausentismo), otros a través de presentismo, y otros a través del impacto en la trayectoria de ingresos de largo plazo. Estas categorías no son equivalentes y producen estimaciones de distinta magnitud e interpretación.
Los estudios que desagregan por tipo de violencia (física, sexual, psicológica, económica) son una minoría: varios estudios se concentran en violencia física y sexual porque la documentación clínica y judicial de estos tipos de violencia es más sistemática, mientras que la violencia psicológica y económica tiene mayor subregistro incluso en encuestas de victimización.
Desagregación territorial
La desagregación territorial es una limitación frecuente en los estudios nacionales. La mayoría produce estimaciones a nivel de país sin desagregación por región, zona urbana/rural o características del municipio. Son excepciones Ministerio de la Mujer (2025) para Panamá y Fundación ARU (2022) para Bolivia. Esta limitación es relevante para los países iberoamericanos con alta heterogeneidad territorial, donde las diferencias en prevalencia, acceso a servicios y estructura económica entre zonas urbanas y rurales pueden ser muy significativas.
La desagregación interseccional es una de las principales brechas identificadas y refleja limitaciones estructurales de los sistemas estadísticos iberoamericanos.
Los estudios subnacionales, precisamente, ofrecen mayor desagregación territorial por diseño. El estudio de Buenos Aires desagrega por tipo de violencia, por nivel de gravedad y por sector de atención. El de Villa El Salvador desagrega por nivel de impacto (individual, hogar, comunitario) a escala de un distrito específico. Ninguno de los estudios nacionales del corpus produce estimaciones equivalentes para distintas regiones o provincias del mismo país.
Desagregación interseccional
Esta es la dimensión en la que el corpus muestra las mayores brechas. Aplicando el sistema de ocho variables definido en la nota metodológica, la mayoría de los estudios incorpora el nivel socioeconómico de forma implícita (a través de datos de encuesta que incluyen variables de ingreso o educación), pero no lo desagregan en los resultados finales.
Entre los estudios que sí producen desagregaciones, el de España (Mañas Alcón y Gallo Rivera, 2024) calcula edad, situación laboral y dependientes en el hogar. Para Bolivia, Fundación ARU (2022) desagrega por edad y zona geográfica, mientras que Panamá (Ministerio de la Mujer, 2025) y Chile (Servicio Nacional de la Mujer, 2010) incorporan dependientes en el hogar como variable calculada. La edad se registra en la mayoría de los estudios a través de rangos etarios en las encuestas, pero raramente se produce una desagregación por grupo etario en las estimaciones de costo. La condición migratoria, la discapacidad y la pertenencia étnicoracial son las variables con mayor ausencia en el corpus: solo algunos estudios las reconocen conceptualmente, y menos aún las operacionalizan en el diseño o las incorporan en los resultados. Una excepción parcial es Panamá (Ministerio de la Mujer, 2025), que incorpora la pertinencia cultural como variable cualitativa en la ruta crítica de comunidades indígenas, aunque sin llegar a producir estimaciones de costo desagregadas por pertenencia étnico-racial.
Esta ausencia no es casual ni atribuible únicamente a las limitaciones de los equipos investigadores: refleja las brechas estructurales de los países en los sistemas estadísticos iberoamericanos. Las encuestas de victimización disponibles en la región raramente tienen tamaños muestrales suficientes para producir estimaciones confiables para subpoblaciones de mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres afrodescendientes o mujeres indígenas. La ausencia en los estudios de costeo reproduce y amplifica una ausencia previa en las fuentes de datos.
La excepción más destacada en el corpus en esta dimensión es el estudio de Villa El Salvador, que por su carácter subnacional y el perfil sociodemográfico del distrito pudo incorporar análisis por situación de empleo, tipo de convivencia y presencia de dependientes en el hogar con mayor detalle que los estudios nacionales. A nivel nacional, Bolivia (Fundación ARU, 2022) y Panamá (Ministerio de la Mujer, 2025) se aproximan a este nivel de detalle al desagregar por zona urbana y rural. Bolivia suma además una desagregación por intensidad del daño (moderado, grave y gravísimo) que opera como proxy de perfil de vulnerabilidad, produciendo estimaciones diferenciadas según la gravedad de la violencia. Panamá es el único estudio nacional del corpus que muestra además cómo la zona geográfica modifica sustantivamente tanto los montos como la composición de los costos, incorporando la pertinencia cultural como variable en territorios con presencia indígena.
Evaluación de la desagregación
Las brechas identificadas en la dimensión de desagregación, en particular la ausencia de análisis interseccional, no son solo una limitación del corpus existente sino una oportunidad metodológica para los ejercicios futuros. Varios países iberoamericanos cuentan con registros administrativos que, si se articulan con encuestas de victimización, permitirían incorporar variables como condición migratoria o situación de discapacidad sin necesidad de levantar datos primarios adicionales.
6. Conclusiones
El mapeo sistemático de 21 estudios de costeo de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico producidos en Iberoamérica entre 2004 y 2025 confirma que la región cuenta con un corpus metodológico propio, diverso y en expansión, aunque heterogéneo en rigor, cobertura y comparabilidad. Los hallazgos que siguen sintetizan los patrones más relevantes para orientar futuros ejercicios de costeo en la región.
El método contable predomina, pero no es suficiente por sí solo. Más de la mitad de los estudios del corpus aplican variantes del método contable. Su fortaleza reside en la accesibilidad de su lógica aditiva y en su capacidad para articular datos de fuentes heterogéneas. Su debilidad estructural es la tendencia a la subestimación por omisión de categorías de costo y por dependencia de registros administrativos que reflejan solo los casos atendidos, no el universo de mujeres afectadas. Esta dependencia conlleva riesgos concretos: subestimar sistemáticamente la magnitud del fenómeno, invisibilizar a las mujeres que no accedieron a servicios formales, y producir estimaciones que varían más en función de la cobertura institucional del país que de la prevalencia real de la violencia. En contextos con registros administrativos fragmentados, incompletos o con baja tasa de denuncia, puede reflejar más las limitaciones del sistema de datos que el costo efectivo de la violencia. Los estudios más completos del corpus lo combinan con otras técnicas, como el análisis input-output, el costeo por ruta crítica o los modelos econométricos, lo que sugiere que la complementación
metodológica es una práctica necesaria y no una excepción. Bolivia (Fundación ARU, 2022) y Panamá (Ministerio de la Mujer, 2025) ilustran además que esta combinación es viable con requerimientos de datos medios, articulando expedientes institucionales y entrevistas ante la falta de encuestas nacionales específicas.
El subregistro es el desafío de precisión más crítico y menos resuelto del campo. Las estimaciones de los estudios revisados sugieren que entre el 87% y el 95% de los casos de violencia de pareja no llega a los registros formales. Ningún estudio del corpus resuelve este problema de forma definitiva, aunque los que articulan encuestas de victimización con datos administrativos se aproximan mejor a la magnitud real del fenómeno: mientras los registros administrativos capturan únicamente los casos que ingresaron al sistema, las encuestas permiten estimar la prevalencia real en la población, incluyendo a las mujeres que no denunciaron, no accedieron a servicios o fueron atendidas por redes informales de apoyo. Esta articulación no solo amplía la cobertura de las estimaciones, sino que permite dimensionar la brecha entre la demanda real de servicios y la oferta institucional disponible, un insumo directo para la planificación presupuestaria. La construcción explícita de escenarios o rangos de estimación, una práctica presente en pocos estudios es el mecanismo más transparente para hacer visible la incertidumbre de las estimaciones y debería incorporarse como práctica estándar.
Iberoamérica cuenta con un corpus metodológico propio y en expansión sobre el costeo de la violencia contra las mujeres, aunque persisten desafíos de comparabilidad y precisión.
La cobertura geográfica del corpus es desigual. Perú concentra el mayor número de estudios (3), seguido por Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Portugal (2 cada uno). Chile, España, México, Panamá, Paraguay y Uruguay cuentan con un estudio cada uno. De los países miembros de la IIPEVCM, Bolivia, Colombia, España, Panamá, Portugal y Uruguay tienen al menos un estudio en el corpus, mientras que Andorra y República Dominicana permanecen sin estudios de costeo propios. Esta distribución refleja en parte la disponibilidad de encuestas de victimización nacionales y en parte la presencia de equipos técnicos y redes de cooperación con trayectoria en el tema. Los países sin estudios propios no carecen de violencia, sino de instrumentos para medirla y de institucionalidad para financiar su medición.
Existen vacíos significativos en Centroamérica, el Caribe hispanohablante y Portugal. Esta distribución refleja en parte la disponibilidad de encuestas de victimización nacionales y en parte la presencia de equipos técnicos y redes de cooperación con trayectoria en el tema. Los países sin estudios propios no carecen de violencia, sino de instrumentos para medirla y de institucionalidad para financiar su medición.
El análisis interseccional es una brecha persistente del corpus. La mayoría de los estudios reconoce conceptualmente que los impactos económicos de la VCM varían según las condiciones sociales de las mujeres afectadas, pero pocas investigaciones operacionalizan esa premisa en el diseño metodológico y producen desagregaciones por condición migratoria, discapacidad, pertenencia étnico-racial o situación laboral en los resultados. Esta brecha no es atribuible únicamente a los equipos investigadores: refleja limitaciones estructurales de los sistemas estadísticos iberoamericanos, que raramente tienen tamaños muestrales suficientes para producir estimaciones confiables para estas subpoblaciones. Superarla requiere tanto mejoras en los instrumentos de medición como decisiones de política estadística que prioricen la desagregación.
La replicabilidad es desigual y depende más del diseño que del enfoque. Los estudios que documentan sus procedimientos con mayor detalle declaran explícitamente sus supuestos y articulan fuentes verificables por terceros son replicables con independencia del enfoque metodológico que adopten. La escasa disponibilidad de microdatos para verificación
Los países sin estudios propios no carecen de violencia, sino de instrumentos para medirla y de institucionalidad para financiar su medición.
independiente es un problema transversal del corpus que limita la acumulación de conocimiento en el campo. Ningún estudio iberoamericano del corpus deposita sus datos en repositorios de acceso abierto.
No existe ni conviene que exista una metodología única. Los estudios más útiles para la incidencia política no tienen por qué ser necesariamente los metodológicamente más sofisticados, sino los que articulan rigor técnico con comunicabilidad de resultados y con conexión explícita a decisiones de política. Algunos ejemplos que cumplen dichos puntos son los estudios de Curcio y Frenkel (2020), Fundación ARU (2022), CONAVIM (2016), Vara-Horna (2019 y 2020), CAF (2025), CONAVIM (2016), y Mañas Alcón & Gallo Rivera (2024).
La recomendación metodológica relevante no es prescribir un único enfoque, sino articular criterios para que cada país evalúe qué enfoque es viable dado su
contexto institucional y estadístico, con estimaciones modulares que puedan ampliarse progresivamente.
Los hallazgos de este mapeo apuntan, en conjunto, a una agenda compartida: los datos son un insumo para la acción. Además de mejorar la precisión técnica de los estudios, la producción de estimaciones (desagregadas con enfoque interseccional) amplía su utilidad política. Permite identificar qué poblaciones están siendo sistemáticamente excluidas de los sistemas de protección, fundamentar decisiones de asignación presupuestaria con evidencia diferenciada, nutrir debates normativos con datos que visibilizan desigualdades estructurales y dotar de sustento empírico a las campañas de sensibilización.
Un corpus metodológico más robusto, más desagregado y conectado a las decisiones de política pública es, en última instancia, una condición para que la medición del costo de la violencia se traduzca en su reducción efectiva.
Un corpus metodológico más robusto y desagregado es clave para traducir la medición del costo de la violencia en políticas públicas más efectivas.
7. Recomendaciones
A partir del análisis sistemático de las investigaciones revisadas, se formulan las siguientes recomendaciones técnicas organizadas por sus alcances, las oportunidades detectadas y los desafíos metodológicos estructurales:
1. Antes de elegir la metodología, mapear la disponibilidad de datos
La principal variable que condiciona la viabilidad de un estudio de costeo no es la preferencia metodológica sino la disponibilidad de encuestas de victimización nacionales y la calidad de los registros administrativos en salud, justicia y servicios sociales. Los equipos técnicos deberían comenzar por un diagnóstico de fuentes disponibles antes de definir el enfoque, utilizando como referencia la clasificación de requerimientos que se desarrolla en la sección 4 de este informe.
En contextos con datos limitados, los enfoques contables de macrocosteo con fuentes presupuestarias son un punto de partida viable que puede complementarse progresivamente. Pero la falta de datos no debe tratarse únicamente como una restricción metodológica: es un hallazgo en sí mismo, que revela decisiones de política estadística, brechas de institucionalidad y prioridades implícitas de los sistemas de información. Documentarla explícitamente en el estudio transforma una limitación en evidencia.
2. Articular encuestas de victimización con datos administrativos
Los estudios de mayor precisión del corpus combinan encuestas de victimización con estadísticas administrativas sectoriales. Los países de la IIPEVCM que ya cuentan con encuestas nacionales de violencia actualizadas (como Uruguay con la EVBGG) tienen condiciones favorables para estudios de costeo de mayor alcance. Para los países que no disponen de encuestas propias, una alternativa inmediata es la
utilización de los módulos de violencia incorporados en encuestas de hogares multipropósito, con estimaciones conservadoras explicitadas como tales.
3. Tratar el subregistro como variable, no como advertencia
El subregistro no debe mencionarse únicamente en las limitaciones del estudio. Debe incorporarse como un parámetro explícito en el diseño, con escenarios diferenciados que permitan producir rangos de estimación en lugar de cifras únicas. Los estudios de Buenos Aires (ELA, 2020) , Bolivia (Fundación ARU, 2022) y de Argentina (CAF, 2025) aportan modelos de construcción de escenarios adaptables a otros contextos.
4. Medir el presentismo y valorar el trabajo no remunerado como categorías de costo independientes
Dos dimensiones de costo productivo están sistemáticamente subestimadas en el corpus. La primera es el presentismo, entendido como la disminución del rendimiento laboral de las mujeres afectadas mientras permanecen en sus puestos de trabajo. Los estudios que lo incorporan estiman que puede representar hasta el 73% del costo laboral total para las empresas, superando con creces al ausentismo, que es la categoría que la mayoría de los estudios mide. La segunda es el trabajo no remunerado de cuidados: cuando la violencia interrumpe o restringe la capacidad de cuidado de las mujeres afectadas, ese costo recae sobre otros miembros del hogar o sobre redes informales de apoyo sin registro económico. Para monetizarlo, los nuevos estudios pueden utilizar el ingreso horario de trabajadoras de casas particulares como valor de referencia, o fórmulas híbridas que combinen ese valor con el costo de oportunidad de tiempo de la mujer afectada.
El presentismo y el trabajo no remunerado de cuidados son dos dimensiones de costo productivo sistemáticamente subestimadas en los estudios sobre violencia contra las mujeres.
No se trata solo de reducir costos presentes, sino de evitar la acumulación de costos futuros que el Estado y las familias deberán absorber de todas formas.
5. Incorporar los costos asociados a la pérdida de productividad de los agresores
Los equipos técnicos deberían incorporar, además, los costos de presentismo y ausentismo de los agresores y de los testigos directos en el entorno laboral. Los agresores, en tanto trabajadores remunerados, también registran pérdidas de productividad asociadas a los procesos judiciales, las restricciones de acercamiento y el impacto psicológico del ejercicio de la violencia. Las personas que son testigos o que destinan tiempo a contener o asistir a compañeras en situación de violencia, generan un costo adicional que varios estudios del corpus identifican pero que ninguno cuantifica de forma sistemática. Omitir estas categorías puede subestimar el costo empresarial total en más de un 50% (Vara-Horna, 2013).
6. Incorporar la perspectiva de largo plazo mediante costos intergeneracionales
La violencia en la pareja es un fenómeno crónico, no un evento puntual, y sus costos se acumulan en el tiempo. Los estudios anuales capturan una fracción del impacto real. Para contextos donde no es posible un diseño longitudinal, incorporar al menos los costos para hijos e hijas como una categoría específica (gastos en salud infantil, ausentismo escolar, costos de sustitución de cuidados) amplía el alcance del estudio sin incrementar significativamente los requerimientos de datos.
Cuando el diseño presupuestario o institucional no permita un seguimiento longitudinal, una alternativa metodológicamente válida es incorporar estimaciones del costo-oportunidad de por vida, proyectando el impacto de la deserción escolar sobre trayectorias de ingreso futuras y el costo de la transmisión intergeneracional de la violencia como mecanismo que perpetúa el gasto social en generaciones subsiguientes. Esta perspectiva transforma el argumento de la prevención: no se trata solo de reducir costos presentes, sino de evitar la acumulación de costos futuros que el Estado y las familias deberán absorber de todas formas.
7. Visibilizar la violencia económica como categoría de costo independiente
Solo seis estudios del corpus incorporan la violencia económica de forma explícita. Su ausencia no refleja que sea menos prevalente, sino que los instrumentos de medición disponibles la capturan con menor sistematicidad que la violencia física. Nuevos estudios podrían incorporar estimaciones del impacto patrimonial de la violencia económica, considerando categorías como la pérdida o deterioro de bienes, el endeudamiento forzado y la restricción del acceso a ingresos propios..
8. Desagregar resultados por variables interseccionales desde el diseño
La ausencia de análisis interseccional en el corpus no es solo una limitación técnica sino una decisión de diseño que puede revertirse en futuros estudios. Sin embargo, refleja un problema estructural más profundo. La escasez de datos desagregados por condición migratoria, pertenencia a pueblos indígenas o afrodescendientes, situación de discapacidad u orientación sexual es, en gran medida, consecuencia de la ausencia de políticas públicas que adopten un enfoque interseccional y coloquen en el centro a estas poblaciones específicas. Sin una demanda de información articulada desde la política, los sistemas estadísticos no generan la oferta de datos correspondiente.
En los países donde existen registros administrativos con algún grado de desagregación, una alternativa viable es el cruce de esos registros con encuestas de victimización, evitando la necesidad de levantar datos primarios adicionales. Para los países sin esa capacidad instalada, la alternativa más factible es la incorporación de sobremuestras de poblaciones específicas en las encuestas de victimización, coordinada con los institutos nacionales de estadística. Ambas estrategias, sin embargo, requieren como condición previa una decisión política explícita de visibilizar a estas poblaciones, tanto en la agenda de datos como en el diseño de las intervenciones.
Sin una demanda de información articulada desde la política, los sistemas estadísticos no generan la oferta de datos correspondiente.
9. Conectar explícitamente las estimaciones con decisiones presupuestarias
Expresar el costo de la VCM como porcentaje del PIB y comparar el costo de la violencia con el costo de la prevención son estrategias interesantes para la incidencia en la conversación y política pública. En ese sentido, diseñar estudios con ese vínculo en mente sirve para identificar desde el inicio qué decisiones de asignación presupuestaria o qué intervenciones específicas se pretende informar. Las metodologías de Curcio y Frenkel (2020) y UNFPA (2023) ofrecen orientación en ese propósito.
10. Documentar los procedimientos con estándares de replicabilidad
Los estudios iberoamericanos tienen una brecha de replicabilidad que no se debe al rigor del análisis sino a la documentación. Publicar los supuestos intermedios, los procedimientos de cálculo y, cuando sea posible, los microdatos en repositorios de acceso abierto, permitiría la acumulación de conocimiento en el campo y la actualización de las estimaciones sin necesidad de repetir el levantamiento de datos desde cero. La IIPEVCM, SEGIB, UNFPA y CAF pueden impulsar esta práctica como condición de los financiamientos que articulen.
11. Construir plataformas de cooperación regional para cerrar vacíos metodológicos e institucionales
Los vacíos identificados en este mapeo, tanto geográficos como metodológicos e interseccionales, no pueden resolverse de forma aislada en cada país. La
ausencia de estudios de costeo no refleja ausencia del problema sino ausencia de condiciones institucionales y técnicas para medirlo.
Cerrar esa brecha requiere estrategias de cooperación regional que no se limiten a la transferencia de documentos, sino que promuevan la construcción de capacidades sostenidas en el tiempo. En ese sentido, la conformación de espacios de trabajo conjunto entre los equipos técnicos de los países miembros, orientados específicamente al desarrollo de estudios de costeo adaptados a cada contexto puede servir a los avances hacia una mayor cobertura de costeos. Esos espacios pueden adoptar distintos formatos: comunidades de práctica, asistencia técnica entre pares, fondos concursables para investigaciones colaborativas o plataformas de intercambio de microdatos bajo protocolos acordados.
El valor agregado de la articulación regional reside no solo en la producción de conocimiento compartido, sino en la legitimación política de las estimaciones: los estudios respaldados por redes institucionales tienen mayor capacidad de incidencia que los producidos de forma aislada.
Un ejemplo concreto de este enfoque de desarrollo progresivo es el de CAF, cuya metodología está siendo aplicada de forma incremental en distintos contextos nacionales, permitiendo ajustar y robustecer el modelo a partir de cada nueva implementación. Este tipo de trayectoria, donde la metodología se perfecciona en el proceso mismo de aplicación, representa un modelo de cooperación técnica sostenida que la región podría replicar en otros marcos institucionales.
Cerrar esa brecha requiere estrategias de cooperación regional que no se limiten a la transferencia de documentos, sino que promuevan la construcción de capacidades sostenidas en el tiempo.
Anexo 1.
Strings de búsqueda utilizados
Los strings de búsqueda utilizados combinaron términos asociados al objeto de estudio, el enfoque analítico y el contexto geográfico. A continuación, se detallan algunos de los principales términos empleados en las búsquedas en español e inglés:
• “Costeo violencia contra las mujeres”
• “Costos económicos violencia de género”
• “Metodologías violencia doméstica”
• “Economic costs intimate partner violence”
• “Custos econômicos violência contra mulheres”
Estos términos fueron utilizados tanto de manera individual como en combinaciones, y se complementaron con búsquedas exploratorias por país, autor/a y referencias citadas en la literatura relevante.
Anexo 2.
Características generales de los estudios sobre costos económicos de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica
Autoría y año Titulo
Vara-Horna, A. (2020) Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Ecuador
Vara Horna, A. (2013) Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en el Perú: Una estimación del impacto de la violencia contra la mujer en relaciones de pareja en la productividad laboral de las empresas peruanas
Curcio, J. A. y Frenkel, J. (2020)
Mañas Alcón, E. y Gallo Rivera, M. T., (dirs.), (2024)
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), (2016)
Metodología de costeo de políticas públicas para el abordaje integral en los ejes de prevención, atención y reparación de la violencia contra las mujeres y las niñas
Impacto de la violencia de género y de la violencia sexual contra las mujeres en España (II) una valoración de sus costes en 2022
El costos de la violencia contra las mujeres en México
País Entidad promotora
Ecuador GIZ (Programa PreViMujer), Universidad de San Martín de Porres
Perú Agencia de Cooperación Alemana GIZ (ComVoMujer), Universidad de San Martín de Porres (USMP), BMZ
Método Pais IIPEVCM
Modelo causalmultinivel NO
Método contable NO
Vara Horna, A. (2019) El costo de la no prevención: Análisis y recomendaciones para enfrentar la violencia contra niñas y mujeres desde la experiencia de Villa El Salvador
Vara Horna, A. (2015) "Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en Bolivia"
Licona Gómez, G. y Otero Rivero, J., (2015)
Pita Barros, P.L., Lisboa, M., Barrenho, E., Cerejo, D. (2008)
Efectos de la violencia de género en la productividad laboral de la mujer en la cuidad de Cartagena en el período 2004-2013
América Latina y el Caribe (Argentina, Ecuador, Perú)
PNUD y Corporación Andina de Fomento (CAF)
España Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad; Universidad de Alcalá
México
Secretaría de Gobernación, CONAVIM, UNAM (PUEG)
Perú / Villa El Salvador Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Municipalidad de Villa El Salvador
Bolivia
Cooperación Alemana (GIZ), Programa Regional ComVoMujer y la Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana
Cartagena, Colombia Universidad de Cartagena
Health care costs of domestic violence against women – evidence from Portugal Portugal
Ministerio de Salud de Portugal
Vara Horna, A. (2017) Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Paraguay Paraguay GIZ, ComVoMujer, Ministerio de la Mujer de Paraguay
Método contable (micro y macro costeos) SI
Método contable + ruta critica + costos unitarios escalados + imput output SI
Método contable + costos unitarios escalados NO
Modelo causalmultinivel NO
Método contable SI
EconométricoRegresión lineal múltiple (MCO) SI
Método contable + costos unitarios escalados + EconométricoRegresión lineal múltiple (MCO) SI
Modelo causalmultinivel NO
Autoría y año Titulo
CAF (2025) D'Alessandro, M., Prieto, S., Sanchez Malcolm, M., de la Fuente, X. y del Franco, A.
ELA, OSIM, ISALUD (2020)
Ribero, R. y Sánchez, F. (2004)
Estudio sobre los costos de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico en América Latina. Ejercicio de costeo teórico. Caso Argentina.
Invertir en prevención de la violencia doméstica: ¿opción o necesidad?
Los costos de la violencia doméstica hacia las mujeres y su impacto en el ámbito sanitario y laboral: estudio en la Ciudad de Buenos Aires. Resumen ejecutivo
Determinantes, efectos y costos de la violencia intrafamiliar en Colombia.
Lisboa, M. (2007) Prevenir ou Remediar. Os custos sociais da violência contra as mulheres
Vara Horna (2013) Los costos invisibles de la violencia contra las mujeres para las microempresas ecuatorianas.
Díaz, R. y Miranda, J.J. (2010)
Aproximación del costo económico y determinantes de la violencia doméstica en el Perú.
Sin datos Uruguay
UNFPA (2023) Guía para la estimación de recursos y costeo de tres servicios esenciales para laatención de mujeres sobrevivientes deviolencias
Fundación ARU (2022) Estimación del costo de la no intervención en la violencia contra las mujeres (Bolivia).
Ministerio de la Mujer (2025) Dimensión de la Violencia Doméstica y Femicidio Panamá: Estimación de Gastos
Servicio Nacional de la Mujer (2010) Resumen ejecutivo: Estimación del costo de la violencia contra las mujeres en Chile en el contexto intrafamiliar
País
Argentina CAF - Géneras
Argentina (Ciudad de Buenos Aires)
Unión Europea, Banco Mundial, ELA, OSIM, ISALUD
Colombia Centro de Estudios para el Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, financiado por FONADE y el Departamento Nacional de Planeación
Método contable + ruta crítica teorica NO
Método contable + microcosteos NO
EconometricoProbit + PSM SI
Portugal Sin datos Sin datos SI
Ecuador Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ (Programa Regional ComVoMujer).
Peru Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), con el apoyo de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) y el IDRC.
Uruguay CAF
Sin datos UNFPA
Bolivia UNFPA
Panamá
Chile
Ministerio de la Mujer y Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, 2025
Servicio Nacional de la Mujer, Gobierno de Chile
Método contable NO
EconometricoPSM NO
Método contable SI
Método contable (micro y macreocosteo) Sin datos
Método contable adaptado a países en desarrollo SI
Método contable SI
Método contable (micro y macreocosteo) NO
Anexo 3.
Alcance
analítico de
los estudios sobre costos económicos de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica
Autoría y año
AlcancePerpetrador
Vara-Horna, A. (2020) 1. Pareja / exPareja
Alcance - Actor que asume los costos
1. Hogar 2. Estado 3. Empresas 4. Microempresas 5. Sororidad
Vara Horna, A. (2013) 1. Pareja / exPareja 1. Hogar 2. Estado 3. Empresas 4. Microempresas 5. Sororidad
Curcio, J. A. y Frenkel, J. (2020) 1. Pareja / exPareja 2. Otros perpetradores
Mañas Alcón, E. y Gallo Rivera, M. T., (dirs.), (2024)
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), (2016)
1. Pareja / exPareja 2. Otros perpetradores
1. Pareja / exPareja
Vara Horna, A. (2019) 1. Pareja / exPareja 2. Otros perpetradores
Vara Horna, A. (2015) 1. Pareja / exPareja
Licona Gómez, G. y Otero Rivero, J., (2015) 1. Pareja / exPareja 2. Otros perpetradores
Pita Barros, P.L., Lisboa, M., Barrenho, E., Cerejo, D. (2008)
3. Empresas 4. Microempresas
1. Hogar 2. Estado 3. Empresas 5. Sororidad 6. Individuales
1. Hogar 2. Estado 6. Individuales
1. Hogar 5. Sororidad 6. Individuales
AlcanceViolencias
1. Fisica 2. Sexual 3. Psicológica 4. Económica
1. Fisica 2. Sexual 3. Psicológica 4. Económica
1. Fisica 2. Sexual 3. Psicológica 4. Económica
1. Fisica 2. Sexual 3. Psicológica
1. Fisica 2. Sexual 3. Psicológica 4. Económica
1. Fisica 2. Sexual 3. Psicológica 4. Económica
3. Empresas 1. Fisica 2. Sexual 3. Psicológica 4. Económica
3. Empresas 6. Individuales
1. Pareja / exPareja 2. Estado 6. Individuales
Vara Horna, A. (2017) 1. Pareja / exPareja 1. Hogar 2. Estado 3. Empresas 4. Microempresas 6. Individuales
CAF (2025) D'Alessandro, M., Prieto, S., Sanchez Malcolm, M., de la Fuente, X. y del Franco, A.
1. Pareja / exPareja 1. Hogar 2. Estado 3. Empresas 6. Individuales
1. Fisica 2. Sexual 3. Psicológica
1. Fisica
1. Fisica 2. Sexual 3. Psicológica 4. Económica
1. Fisica 2. Sexual 3. Psicológica 4. Económica
Servicios considerados Tipos de costos calculados
Salud, justicia, protección, educación, administración, soporte social (sororidad), microemprendimientos
Salud, justicia, servicios sociales, programas preventivos, seguridad en el trabajo
Educación Sexual Integral, Casas de acogida, asistencia económica a víctimas indirectas de feminicidio
Asistencia sanitaria (AP y AE), procesos legales y policiales, sistema penitenciario, mudanzas, casas de acogida y servicios de ONG
Atención médica, psicológica, legal, traslados, alimentación, mudanza, servicios carcelarios, programas de prevención (PAIMEF, CONAVIM)
Atención médica, organizaciones de mujeres, comisarías, juzgados, fiscalía, albergues, refugios familiares
El estudio se centra en la productividad laboral (días de trabajo) y no en el costo de servicios públicos de salud o justicia
1. Directos (gastos de bolsillo, presupuesto estatal)
2. indirectos (costo-oportunidad, valor agregado perdido, pérdida fiscal)
Tardanza, ausentismo, presentismo, rotación de personal, inversión directa en prevención
1. Directos 2. Indirectos
1. Tangibles directos (gastos) 2. Tangibles indirectos (ingresos perdidos) 3. Intangibles (dolor y pérdida de vidas) 4. Impactos macroeconómicos (directos, indirectos e inducidos)
1. Tangibles directos 2. Tangibles indirectos 3. Intangibles
1. Directos (Gastos de bolsillo) 2. Indirectos (costo-oportunidad: días perdidos, deuda: dinero prestado, costos por reprobación escolar)
2. Indirectos (ausentismo: días no trabajados, presentismo; rendimiento disminuido, tardanzas y rotación)
Productividad laboral en el sector manufacturero Pérdida de productividad laboral (costo indirecto)
Consultas, tratamientos médicos, exámenes diagnósticos, fármacos y transporte.
Salud, justicia, sistema penitenciario, servicios sociales, albergues y programas de prevención.
Atención sanitaria integral, procesos judiciales, servicios de seguridad (custodia y dispositivos), Programa Acompañar, Línea 144 y transporte
1. Directos (sanitarios: NHS 2. Indirectos (privados: pérdida de ingresos, tiempo, incapacidad laboral)
1. Directos (Gastos de bolsillo y gubernamentales)
2. Indirectos (ingresos perdidos, de hogar: tiempo cuidado, comunitarios: productividad empresarial y microemprendimientos).
1. Directos (estatal: justicia, seguridad y servicios sociales; gastos de bolsillo de las víctimas: salud, transporte, asesoría legal y alojamiento)
2. Indirectos (tiempo de trabajo perdido por ausencias o despidos, valorización de tareas domésticas y de cuidado utilizando como referencia el salario de trabajadoras de casas particulares)
Autoría y año
AlcancePerpetrador
Alcance - Actor que asume los costos
AlcanceViolencias
ELA, OSIM, ISALUD (2020) 1. Pareja / exPareja 1. Hogar 2. Estado 3. Empresas 1. Fisica 2. Sexual
Ribero, R. y Sánchez, F. (2004) 1. Pareja / exPareja 1. Hogar 2. Estado 1. Fisica 2. Sexual 3. Psicológica
Servicios considerados Tipos de costos calculados
Atención médica de emergencia, rehabilitación de salud física y psíquica, consultas en instituciones públicas, asesoramiento jurídico, programa Acompañar.
Mercado laboral, salud pública, educación y sistema de justicia/ protección estatal.
1. Directos (sanitarios: atención médica, fármacos)
2. indirectos (pérdida de productividad laboral y en tareas de cuidado no remunerado)
1. Directos (Gastos estatales en prevención, detección, atención clínica y procesos judiciales)
2. Indirectos (Pérdida de ingresos laborales, desempleo, días de hospitalización, y efectos en la salud y educación infantil)
Lisboa, M. (2007) Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Vara Horna (2013) 1. Pareja / exPareja 4. Microempresas 6. Individuales 1. Fisica 2. Sexual 3. Psicológica
Díaz, R. y Miranda, J.J. (2010) 1. Pareja / exPareja 1. Hogar 6. Individuales 1. Fisica 2. Sexual 3. Psicológica
Sector de microfinanzas (microcréditos), servicios de salud, instancias judiciales y el mercado informal.
Mercado laboral (productividad e ingresos) y sector educativo (desempeño escolar).
1. Directos (descapitalización: Gasto de dinero del negocio para atender urgencias médicas, robos por parte de la pareja o sabotaje de bienes.)
2. Indirectos (ingresos por días laborales perdidos: incapacidad, asistencia a juicios, atención a familiares).
2. Indirectos (pérdida de ingresos laborales, variación en las horas trabajadas y retraso en el aprovechamiento escolar de los hijos)
Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
UNFPA (2023) 1. Pareja / exPareja 2. Otros perpetradores
Fundación ARU (2022)
2. Estado 1. Fisica 2. Sexual 3. Psicológica
1. Pareja / exPareja 1. Hogar 2. Estado 3. Empresas 6. Individuales 7. ONGs
Ministerio de la Mujer (2025)
1. Pareja / exPareja 1. Hogar 6. Individuos
1. Fisica
2. Sexual 3. Psicológica
Servicios de hogares de acogida, servicios de asesoría y consejería (psicológica, legal y en situaciones de crisis) y servicios de salud para mujeres sobrevivientes de violencias físicas y sexuales.
Salud (emergencias, hospitalización, apoyo psicológico), Justicia (denuncias, representación legal, peritajes forenses), Prevención (capacitaciones), servicios sociales (refugios) y servicios funerarios.
1. Directos
1. Fisica 2. Sexual 3. Psicológica
Salud (consultas, radiografías, cirugías, hospitalización), servicios especializados (trabajo social, psicología, legal), logística (transporte, alimentación, fotocopias, hospedaje) y servicios funerarios (sepelio, traslados).
1. Directos (gastos de bolsillo en salud, justicia y trámites)
2. Indirectos (ingresos perdidos por inactividad de las víctimas, pérdida de productividad: ausentismo y presentismo en empresas y capital humano perdido por feminicidio)
3. Intangibles (mencionados cualitativamente: angustia, baja autoestima, postergación del proyecto de vida, y monetizados parcialmente mediante el costo social del feminicidio)
1. Directos
Servicio Nacional de la Mujer (2010) 1. Pareja / exPareja 1. Hogar
Estado
Individuales
ONGs 1. Fisica
Sexual
Psicológica
Económica
Justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría), Salud (Red Asistencial, salud mental), Seguridad (Carabineros, PDI), Servicios Sociales (SENAME, SENCE) y el sector privado (ONGs y empresas como Banco Estado Microempresas).
1. Directos (Gastos en salud, trámites legales, seguridad, transporte, mudanzas y sepelios)
2. Indirectos (Endeudamiento, pérdida de bienes, ingresos y trabajo doméstico perdidos por femicidios)
3. Intangibles (Sufrimiento emocional y efectos en la salud física/mental de los hijos e hijas)
Anexo 4.
Resultados
de los estudios sobre costos
económicos de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica
Autoría y año Costos
Vara-Horna, A. (2020)
Resultados principales
$4,608 millones de dólares La violencia contra las mujeres cuesta el 4.28% del PIB de Ecuador. El 49.9% del costo es asumido por las propias mujeres.
Vara Horna, A. (2013) 6,744 millones de dólares (3.7% del PBI)
Curcio, J. A. y Frenkel, J. (2020) Ecuador: $3.6M; Perú: S/ 4.8M (estimados)
Mañas Alcón, E. y Gallo Rivera, M. T., (dirs.), (2024) Varias estimaciones que oscilan entre los 1.378 y 4.085 millones de euros para la VG
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), (2016)
$245,118,266,538 pesos mexicanos
Vara Horna, A. (2019) S/. 240.8 millones (USD 72.9 millones)
Vara Horna, A. (2015) Aproximadamente 1.976 millones de dólares al año
Licona Gómez, G. y Otero Rivero, J., (2015)
Pita Barros, P.L., Lisboa, M., Barrenho, E., Cerejo, D. (2008)
Disminución de $769,500 pesos en la productividad trimestral por caso adicional
€140 por víctima al año (costo adicional)
Vara Horna, A. (2017) USD 1.450,6 millones (5,12% del PBI)
CAF (2025) D'Alessandro, M., Prieto, S., Sanchez Malcolm, M., de la Fuente, X. y del Franco, A.
USD 15,318 millones (sumando prevención y abordaje)
ELA, OSIM, ISALUD (2020) $3.939 millones de pesos corrientes (2018)
Pérdida de 70 millones de días laborales por año; el presentismo explica el 73% de los costos directos
Identificación de brechas de inversión (Perú: 45.8% de brecha entre asignado y necesario). Propuesta de 5 pasos para costeo integral.
El coste tangible de la VG (Opción C) se estima en 3.015 millones de euros (0,23% del PIB). La VSfp suma otros 848,5 millones
El costo de la violencia contra las mujeres en México representa el 1.4% del PIB en 2015.
La VBG cuesta S/. 240.8 millones anuales. El 44.7% lo asumen las mujeres, 11.1% sus hogares y 44.2% la comunidad. El 74.3% del costo es por costo-oportunidad.
La violencia contra las mujeres equivale a una pérdida del 6,46% del PIB de Bolivia
Un incremento en 1 caso de violencia intrafamiliar disminuye en promedio la productividad laboral trimestral femenina en $769,500 pesos.
Las víctimas tienen costos de salud un 22% superiores a las no víctimas. El 90% de este costo es asumido por el Estado (NHS).
La VcM afecta a 36 de cada 100 mujeres. Las empresas asumen el 38% del costo total, mientras que las mujeres y sus hogares asumen el 48%.
El costo total (prevención + abordaje) se estima en $15,318 millones de USD para 2022. El Estado asume el 0.1% del PBI, mientras que las víctimas absorben costos equivalentes al 2.9% del PBI
La violencia doméstica costó aproximadamente $3.939 millones de pesos (USD 137 millones) en 2018. El costo promedio por mujer es de $24.376 pesos.
Autoría y año Costos
Ribero, R. y Sánchez, F. (2004) Las mujeres sobrevivientes de maltrato severo perciben ingresos aproximadamente un 70% inferiores
Lisboa, M. (2007) Sin datos
Vara Horna (2013) Costo de oportunidad entre USD 8.7 y 49 millones anuales
Díaz, R. y Miranda, J.J. (2010) El impacto anual por mujer víctima de violencia se sitúa en un rango de S/. 1,150 a S/. 1,500
Resultados principales
La VIF genera una pérdida económica anual de 8.76 billones de pesos (3.93% del PIB). El maltrato severo aumenta la probabilidad de desempleo femenino en 8 puntos porcentuales. Los niños en hogares con VIF presentan un atraso escolar de 0.5 años en comparación con sus pares en hogares sin violencia.
Sin datos
50 de cada 100 propietarias de microempresas en Ecuador han sido sobrevivientes de violencia por sus parejas.
La violencia ocasiona que se pierdan 6.7 millones de días laborales al año a nivel nacional. La descapitalización por gastos de bolsillo afecta al 49.7% de los negocios, mientras que un 8.3% llega a la quiebra o el endeudamiento extremo por esta causa.
Las mujeres que no sufren violencia generan más ingresos laborales que aquellas agredidas. En hogares no pobres, la violencia se asocia con una tasa de retraso escolar 1.1% mayor.
Sin datos Sin datos Sin datos
UNFPA (2023) Sin datos Sin datos
Fundación ARU (2022) Alcance micro con un gasto promedio por mujer de Bs. 4.300 a 5.000 anuales. El costo anual total de la violencia se estima entre 3.900 y 4.660 millones de bolivianos. Representa entre el 1,6% y 1,8% del PIB
Ministerio de la Mujer (2025) Violencia Doméstica: Entre B/. 2,986.55 (Urbana) y B/. 4,709.25 (Rural) por caso, donde el 77.85% - 91.84% corresponde a salud.
Servicio Nacional de la Mujer (2010)
Gasto total de las mujeres encuestadas de $181.705.711 en el último año. Gasto público total identificado de $32.195.470.643 pesos chilenos.
Mujeres y sus hogares (71,3%), Empresas (18,7%) y la Comunidad, que incluye al Estado (9,9%) y ONGs (0,2%).
Femicidio: Gastos de sepelio y funeraria por un promedio de B/. 3,450.00 (Urbano). Gastos funerarios de B/. 1,500.00 más B/. 300.00 adicionales por traslados acuáticos/terrestres del cuerpo (Rural).
Impacto en Crianza: Los familiares asumen aproximadamente B/. 2,710.00 anuales en gastos directos por cada hijo/a huérfano de femicidio.
El gasto público total en VIF fue de $32.195 millones, donde el 76,6% se destinó a atención y solo el 10% a prevención primaria. El costo económico del femicidio (49 casos) se estimó en $2.577 millones por ingresos laborales perdidos y $705 millones por pérdida de trabajo doméstico no remunerado. El sector de ONGs aporta un subsidio invisible al Estado a través del trabajo voluntario, equivalente al 38% de su inversión.
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