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A veinte años del Compromiso de Montevideo

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A veinte años del Compromiso de Montevideo: movilidad y migración en Iberoamérica


Créditos: Informe “A veinte años del Compromiso de Montevideo: movilidad y migración en Iberoamérica”. Octubre 2026 Elaborado por decisión de las autoridades participantes en el V Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo (Huelva, 4-5 de junio 2026), en el marco de los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno © Secretaría General Iberoamericana Octubre 2026. Financiamiento: Publicación financiada con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Equipo responsable Secretaría General Iberoamericana (SEGIB): Coordinación y edición general: José María Mejía . Traducción: Glória Santos . Coordinación del diseño: Pilar García. InStrategies: Redacción: Anna Terrón i Cusí . Diseño y maquetación: Dirección de arte: Magda Jerez (magdajerezgd.com)


ÍNDICE I. Siglas 05 II. Presentación 07 III. Resumen ejecutivo 08 IV. Introducción 09 V. Antecedentes y trayectoria 10 Vigésimo aniversario del Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo La migración en el ámbito de las Cumbres Iberoamericanas de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno Trayectoria iberoamericana en materia de migración y desarrollo Encuentro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, 18-19 de julio de 2006, Madrid, España I Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, 10-11 de abril de 2008, Cuenca, Ecuador II Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, 22-23 de julio de 2010, San Salvador, El Salvador I Seminario Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo: “La movilidad laboral en Iberoamérica”, 16-17 de julio de 2013, Madrid, España II Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo: “Migraciones y Desarrollo en el Siglo XXI: Una Agenda Iberoamericana Transformadora”, 22 -24 de octubre de 2018, Guatemala IV Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo: “Innovación y sostenibilidad para hacer frente a los desafíos y oportunidades de la migración en Iberoamérica”, 1-2 de agosto de 2024, Quito, Ecuador V Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, 4-5 de junio de 2026, Huelva, España

VI. Capítulo I: Movilidad laboral y migración circular 20 Panorama regional y elementos comunes Experiencias y Buenas prácticas Marcos de gobernanza y cooperación para la movilidad laboral Vías regulares y cooperación bilateral desde los países de origen Gestión de la demanda, contratación y admisión regular impulsada por los países de destino Desafíos y consideraciones para la Cooperación Iberoamericana Lecciones aprendidas y oportunidades

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VII. Capítulo II: Vínculos con las diásporas iberoamericanas

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Panorama regional y elementos comunes Experiencias y Buenas prácticas Cercanía de servicios estatales a las diásporas Buenas prácticas de organismos multilaterales Lecciones aprendidas y oportunidades

VIII. Capítulo III: Protección e inclusión socioeconómica de las personas migrantes

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Experiencias y Buenas prácticas Regularidad Protección en el exterior Políticas de retorno Gestión migratoria Integración laboral Integración social Financiación Planes regionales o nacionales Lecciones aprendidas y oportunidades

IX. Capítulo IV: Respuestas frente a la discriminación y discursos polarizantes

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Panorama regional y elementos comunes Experiencias y Buenas prácticas Lecciones aprendidas y oportunidades

X. Consideraciones finales

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I. SIGLAS ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ALC: América Latina y el Caribe ANIMHU: Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana (Ecuador) BID: Banco Interamericano de Desarrollo CAM: Centro de Atención al Migrante (Honduras) CAMI: Centro de Atención al Migrante Irregular (Honduras) CAMMs: Centros de Asistencia Móvil para Migrantes (México) CAMR: Centro de Atención al Migrante Retornado (Honduras) CARICOM: Comunidad del Caribe CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CEMLA: Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CMS-T: Centro Multiservicios de Tapachula (México) COMAR: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados CONAPINA: Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (El Salvador) CSM: Conferencia Suramericana sobre Migraciones CURP: Clave Única de Registro de Población (México) DataMIG: Plataforma pública de datos de la Unidad de Migración del BID +ERISE: Estrategia Regional de Integración Socioeconómica para personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y retornadas en América Latina y el Caribe FARO: Filtrado y Análisis de Odio en Redes Sociales (España) FUNDAE: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (España)

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GECCO: Gestión Colectiva de la Contratación en Origen (España) HODIO: Huella del Odio y la Polarización (OBERAXE, España) IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social JNM: Junta Nacional de Migración (Uruguay) MERCOSUR: Mercado Común del Sur MIRPS: Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones OBERAXE: Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia OEA: Organización de los Estados Americanos OIM: Organización Internacional para las Migraciones OIT: Organización Internacional del Trabajo OIT/Cinterfor: Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional ONU: Mujeres - Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres PALH: Programa de Asistencia Legal-Humanitaria y Servicios Consulares (Perú) PlaNaMIGRA: Plan Nacional sobre Migración, Refugio y Apatridia (Brasil) PML: Programa de Movilidad Laboral Regular, Ordenada y Segura (El Salvador) PNICR: Plan Nacional de Integración de Costa Rica PNMRA: Política Nacional de Migración, Refugio y Apatridia (Brasil) PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PROGRESAMOS: Proyecto Fortalecimiento de emprendimientos liderados por mujeres en Lima Metropolitana (Perú) SEGIB: Secretaría General Iberoamericana SPT: Secretaría Pro Tempore SITLAM: Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (Costa Rica) UN DESA: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia VinculARnos: Programa de vinculación con la diáspora argentina

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iniciativas y buenas prácticas compartidas voluntariamente por países iberoamericanos y organismos internacionales. Al hacerlo, pone de relieve la existencia de una comunidad de países estrechamente vinculados por relaciones humanas permanentes que trascienden las fronteras nacionales y otorgan un contenido concreto y tangible a la Comunidad Iberoamericana. Este recorrido demuestra la capacidad de Iberoamérica para construir respuestas compartidas desde el diálogo y la cooperación. A lo largo de estas dos décadas, los países han desarrollado un importante acervo común basado en el respeto a la soberanía de los Estados, la solidaridad, los derechos humanos y el intercambio de experiencias. Ese patrimonio colectivo se expresa en ámbitos tan diversos como la movilidad laboral, la protección social, la atención a las diásporas, la inclusión y la lucha contra la discriminación.

II. PRESENTACIÓN H

ace veinte años, en la XVI Cumbre Iberoamericana realizada en Montevideo, Uruguay, nuestros Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno decidieron abordar conjuntamente una realidad que ha acompañado la historia de la región: la migración. El Compromiso de Montevideo sobre Migración y Desarrollo, permitió situar esta cuestión en la agenda regional y estableció un marco de diálogo y cooperación que, dos décadas después, continúa orientando el trabajo de nuestra Comunidad. Iberoamérica se ha construido a través de sus rutas y caminos. Durante siglos, personas, saberes, lenguas, tradiciones y proyectos de vida han circulado en ambas direcciones del Atlántico, forjando las relaciones entre nuestras sociedades en un espacio caracterizado por una gran diversidad y una profunda cercanía humana. A lo largo del tiempo, las migraciones han contribuido a conectar territorios, sociedades, culturas y economías, creando vínculos que siguen presentes. Somos una comunidad de casi 700 millones de personas unida por siglos de intercambios, encuentros y travesías compartidas. La movilidad ha sido una constante en la construcción de nuestras sociedades y forma parte de la identidad misma de Iberoamérica. Hoy, cerca de 48 millones de personas migrantes residen en nuestros países. Lejos de representar únicamente un desafío, esta realidad constituye también una oportunidad para dinamizar nuestras economías, enriquecer nuestro tejido social y fortalecer los vínculos que sostienen nuestra comunidad. Este informe, encomendado a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), tiene como propósito central hacer un balance de los veinte años transcurridos desde el Compromiso de Montevideo. Con ese objetivo, reúne las experiencias,

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Uno de los principales aprendizajes de estas dos décadas es: que cuando nuestros ciudadanos migran, nuestros países aprenden a encontrarse de nuevas maneras. Veinte años después, Iberoamérica cuenta con algo que entonces no tenía: la experiencia de construir juntos, a través de los distintos foros, encuentros y espacios dedicados a entendernos mejor y a trabajar conjuntamente. Y esa experiencia es, quizás, nuestro mayor activo hacia el futuro.

A lo largo del tiempo, las migraciones han contribuido a conectar territorios, sociedades, culturas y economías, creando vínculos que siguen presentes. Veinte años después, Iberoamérica dispone de una valiosa experiencia de diálogo, cooperación y construcción colectiva forjada a través de múltiples foros y espacios de encuentro. Ese capital acumulado constituye, probablemente, uno de nuestros mayores activos de cara al futuro. Millones de nuestros ciudadanos residen en países iberoamericanos distintos a los de su nacimiento, contribuyendo al desarrollo económico, social y cultural, tanto de sus sociedades de acogida como de origen. Esta realidad constituye uno de los ejemplos más visibles de los vínculos que nos unen. Montevideo fue el punto de partida. La migración seguirá formando parte de la realidad iberoamericana y la cooperación continuará siendo una herramienta indispensable para afrontar desafíos comunes, que bien gestionados, pueden convertirse en oportunidades para mayor cohesión y bienestar de nuestras sociedades. Andrés Allamand Secretario General Iberoamericano


III. RESUMEN EJECUTIVO El presente informe ha sido elaborado con base en las contribuciones voluntarias de los países miembros de la Comunidad Iberoamericana y de cuatro organismos internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En total, se han incorporado cuarenta y siete buenas prácticas sobre cuatro temas específicos, los cuales fueron abordados previamente en el V Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo.

presenciales, itinerantes y digitales y la coordinación con otras instituciones. Las prácticas incluyen también espacios de diálogo con asociaciones y redes de emigrantes, iniciativas para fortalecer sus capacidades y actuaciones que favorecen los vínculos sociales, culturales y económicos con los países de origen. La producción de información sobre las remesas aporta referencias para conocer estos intercambios y sus costes. La presencia de ciudadanos iberoamericanos en otros países de la Comunidad, incluidas comunidades de arraigo histórico y personas con doble nacionalidad, da una dimensión compartida a estas políticas de vinculación.

A veinte años de la adopción del Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo, el informe reúne la trayectoria del diálogo iberoamericano y las experiencias compartidas por los gobiernos y los organismos internacionales, evidenciando la continuidad de un espacio de cooperación entre países con distintas realidades migratorias. A través de las Cumbres, los encuentros, los foros y los seminarios, se ha dado continuidad a estas cuestiones mediante el diálogo político, el conocimiento especializado y el intercambio de experiencias.

Protección e inclusión socioeconómica de las personas migrantes. Las experiencias abarcan la documentación y la regularidad, la protección de los nacionales en el exterior, la atención durante el tránsito, el retorno y la reintegración, así como el acceso al empleo y a los servicios. Muestran distintas formas de articular la gestión migratoria con la formación, el reconocimiento de competencias, la intermediación laboral, el emprendimiento y la protección social, de acuerdo con los marcos nacionales. La descentralización de los servicios y la coordinación entre instituciones permiten acercar la atención y adaptarla a las circunstancias de las personas y los territorios. Algunas iniciativas incorporan a las comunidades de acogida. Los planes nacionales, la asistencia técnica y los mecanismos de financiación regional ofrecen referencias sobre cómo combinar capacidades y recursos conforme a las prioridades de los Estados.

Las buenas prácticas constituyen el núcleo del informe para conocer actuaciones que los países han desarrollado conforme a sus prioridades y circunstancias, mediante políticas nacionales, acuerdos entre Estados y la colaboración con organismos internacionales. Se recogen sus objetivos, modalidades de ejecución y resultados comunicados por quienes las aportan, así como elementos de interés para el intercambio entre administraciones. Las experiencias se organizan en cuatro ámbitos:

Respuestas frente a la discriminación y los discursos polarizantes. Las contribuciones comprenden planes nacionales, herramientas de seguimiento de contenidos en entornos digitales, metodologías para la comunicación e iniciativas educativas, deportivas y comunitarias. Estas actuaciones ofrecen instrumentos para prevenir la discriminación y favorecer la convivencia y la cohesión social. La colaboración entre instituciones públicas, organismos internacionales, entidades educativas, organizaciones sociales y actores privados permite reunir capacidades complementarias. Las experiencias destacan asimismo el valor de la información contrastada y de la evaluación para orientar las actuaciones y promover un debate público informado, atento tanto a las contribuciones de las personas migrantes como a las preocupaciones de las sociedades de acogida.

Movilidad laboral y migración circular. Las iniciativas reseñadas relacionan las oportunidades de empleo con las necesidades de los mercados de trabajo mediante vías seguras, ordenadas y regulares. Comprenden marcos nacionales de movilidad laboral, acuerdos bilaterales, programas de contratación en origen y mecanismos de formación, certificación y reconocimiento de competencias. Las experiencias muestran la importancia de coordinar las distintas etapas del proceso: selección, documentación, preparación previa a la salida, contratación, acogida, seguimiento de las condiciones laborales y retorno. En los programas de migración circular, la claridad de las condiciones y de las posibilidades de nuevas contrataciones contribuye a la previsibilidad para los trabajadores, los empleadores, los gobiernos y los propios procesos de contratación. La cooperación entre administraciones, empleadores, organizaciones de trabajadores y organismos especializados acompaña la gestión de estos instrumentos y la protección de las personas participantes.

En conjunto, las prácticas permiten identificar aprendizajes sobre la coordinación institucional, la proximidad de los servicios, la continuidad de la atención y la adaptación de las respuestas a cada contexto. El intercambio de conocimientos, la asistencia técnica y el seguimiento de las iniciativas ofrecen posibilidades de cooperación bilateral y regional bajo la dirección de los Estados. A veinte años de Montevideo, el informe pone este acervo de experiencias a disposición de los países como base para dar continuidad al diálogo y explorar ámbitos de colaboración conforme a los intereses y prioridades que identifiquen para su trabajo conjunto.

Vínculos con las diásporas iberoamericanas. Las aportaciones reflejan distintas formas de mantener las relaciones con los nacionales en el exterior, acercarles servicios y atender sus necesidades de protección y asistencia. Las redes consulares ocupan un lugar central, mediante servicios

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IV. INTRODUCCIÓN La adopción del Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo en 2006 constituyó un hito en el diálogo y la cooperación iberoamericanos sobre migraciones y movilidad. Su vigésimo aniversario da ocasión al presente informe, que recoge la trayectoria desarrollada desde entonces y las experiencias aportadas por los gobiernos y los organismos internacionales, para elevarlo a la consideración de la XXX Cumbre Iberoamericana.

A continuación, las buenas prácticas se organizan en cuatro capítulos: movilidad laboral y migración circular; vínculos con las diásporas iberoamericanas; protección e inclusión socioeconómica de las personas migrantes; y respuestas frente a la discriminación y los discursos polarizantes. Las experiencias presentadas permiten conocer actuaciones nacionales, acuerdos entre países e iniciativas desarrolladas con organismos internacionales, así como las condiciones de su puesta en práctica y los resultados comunicados por quienes las aportan.

El informe se elabora tras el V Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, celebrado en Huelva en junio de 2026. Reúne las aportaciones voluntarias de los Gobiernos sobre buenas prácticas y las sitúa junto al recorrido de las Cumbres y de los espacios de diálogo sobre migración y movilidad, y su relación con el desarrollo. Esta lectura permite apreciar la continuidad de las cuestiones que han ocupado a la Comunidad Iberoamericana y las formas de cooperación mediante las que los países han desarrollado respuestas, de acuerdo con sus prioridades y circunstancias.

Los apartados de lecciones aprendidas y oportunidades ponen en relación estas experiencias e identifican elementos de interés para la Cooperación Iberoamericana. La cooperación entre instituciones de los países, el fortalecimiento de los servicios consulares, la articulación de la gestión migratoria con las políticas de empleo y protección social, y la adaptación de instrumentos a distintos contextos y voluntades nacionales aparecen como formas de trabajo compartido. Su examen permite dar contenido concreto a cuestiones presentes en el diálogo iberoamericano y ofrece referencias para el intercambio entre administraciones.

Esta exposición inicia con el Compromiso de Montevideo y sus principales componentes, examina el tratamiento de las migraciones en las Cumbres Iberoamericanas y reseña la trayectoria de los encuentros, foros y seminarios. Estos tres apartados ofrecen una perspectiva del acervo iberoamericano a través de sus referencias declarativas, sus instrumentos de cooperación y el intercambio liderado por los gobiernos con organizaciones internacionales, organismos especializados y otros actores académicos, sociales y económicos.

El recorrido por el diálogo sostenido y las experiencias recogidas proporcionan así dos perspectivas complementarias del acervo en materia de migraciones y movilidad. Las buenas prácticas permiten apreciar cómo cuestiones sostenidas en la agenda iberoamericana adquieren expresión en la actuación de los países y en su cooperación con otros actores. Las consideraciones finales reúnen el balance de este recorrido, los principales avances identificados y las oportunidades que ofrece para dar continuidad a la Cooperación Iberoamericana.

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V Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, 4-5 de junio de 2026, Huelva, España. Imagen: Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones de España

V. Antecedentes y trayectoria


Vigésimo aniversario del Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo La adopción del Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en 2006, marcó un hito en el acercamiento entre los países en torno a la cuestión migratoria. Su vigésimo aniversario ofrece la oportunidad de poner en valor el camino recorrido, así como los espacios de diálogo político, cooperación e intercambio de experiencias que se han consolidado en el ámbito iberoamericano y que han contribuido al fortalecimiento de políticas públicas más adecuadas, la generación de conocimiento y la articulación de respuestas compartidas frente a los desafíos y oportunidades de la migración en la región, sobre la base del respeto a la soberanía de los Estados y del principio de solidaridad. En este marco se sitúa el presente informe, a ser elevado a la consideración de la XXX Cumbre Iberoamericana. Montevideo se celebró en un momento de transformación de los movimientos migratorios iberoamericanos. España se había convertido en el principal destino europeo de la migración latinoamericana, mientras que en el ámbito intrarregional se desarrollaban iniciativas de gestión de la movilidad en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina y la Comunidad del Caribe (CARICOM). La relación entre países de origen, tránsito y destino adquiría así una relevancia particular: las cuestiones relativas a la movilidad y la migración en distintos ámbitos como el empleo, la inserción y las sociedades de acogida o los vínculos con las comunidades emigradas concernían a administraciones y sociedades situadas a ambos lados de los procesos migratorios. La cooperación regional para la prevención, penalización y lucha contra la trata de personas como el tráfico ilícito de migrantes, como el tráfico de menores y otras formas conexas de delincuencia transnacional, ocuparon un lugar destacado en la definición del Compromiso. La Declaración de Salamanca de 2005 había planteado la necesidad de avanzar hacia un marco iberoamericano de migraciones y encomendó a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) la convocatoria de un encuentro para trabajar en esa dirección. La reunión celebrada en Madrid en julio de 2006 permitió poner en común experiencias gubernamentales, conocimiento especializado y aportaciones de distintos actores. La dedicación de la Cumbre de Montevideo a las migraciones y el desarrollo dio a ese trabajo una proyección política y estableció un marco de referencia regional. El Compromiso reunió las distintas dimensiones de las migraciones en un planteamiento integral, reconociendo su creciente complejidad, y articulando una cooperación entre países a partir de las políticas de cada Estado. El respeto de los derechos humanos quedó situado como marco internacional de las políticas migratorias junto con el respeto de los ordenamientos jurídicos aplicables y de la soberanía de los Estados, una referencia sostenida en los documentos de este recorrido. Sobre esa base, el diálogo iberoamericano permitió abordar conjuntamente la organización de los movimientos migratorios, las condiciones en que se desarrollan y las relaciones que mantienen las personas con sus países de origen y de residencia. Esta amplitud ofreció un espacio regional de interlocución entre países iberoamericanos con situaciones migratorias y prioridades diferentes.

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Compromisos En este marco, los compromisos expresados en Montevideo comprendieron actuaciones de los Estados iberoamericanos y mecanismos de cooperación para acompañarlas. La promoción de acuerdos bilaterales y regionales vinculó la gestión ordenada de los flujos con la coordinación entre administraciones y con las condiciones de incorporación de las personas migrantes a los países de destino. En materia laboral, los acuerdos y proyectos de migración temporal se contemplaron como instrumentos para relacionar las oportunidades de empleo con la formación y el desarrollo de capacidades. El interés por la migración cualificada incorporó, a su vez, el intercambio de conocimientos y las posibilidades de retorno, incluido el temporal, a la relación entre movilidad y desarrollo de los países de origen. La atención a los nacionales en el exterior ocupó también un lugar relevante. El fortalecimiento de las redes consulares se vinculó con la asistencia a los ciudadanos, el mantenimiento de sus relaciones con los países de origen y el apoyo a las asociaciones y redes de emigrantes. El Compromiso contempló asimismo condiciones para el retorno voluntario y la incorporación de quienes regresaban a los procesos de desarrollo. Esta perspectiva situó la relación con las diásporas dentro de las responsabilidades y posibilidades de actuación de los Estados. En el ámbito de la protección social, el propósito de avanzar hacia un convenio iberoamericano y de fomentar acuerdos que permitieran conservar derechos generados por el trabajo en otro país dio un contenido concreto a la cooperación más allá de las fronteras nacionales. Montevideo dispuso incluir de manera prioritaria la migración y el desarrollo en la agenda iberoamericana y estableció instrumentos para sostener ese trabajo. Encomendó a la SEGIB estudios en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y acordó crear el Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, cuya primera reunión se celebraría en 2008 en Ecuador. El Foro fue concebido como un espacio de intercambio de buenas prácticas, coordinación, articulación de consensos y desarrollo de acciones compartidas. La producción de conocimiento, el diálogo entre administraciones y la cooperación con organismos especializados quedaron así incorporados al modo de desarrollar esta agenda. El Compromiso proporcionó un marco político de referencia para actuaciones que podían desplegarse mediante políticas nacionales, acuerdos entre países y distintas iniciativas de cooperación.

La migración en el ámbito de las Cumbres Iberoamericanas de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno La trayectoria de las Cumbres muestra una incorporación progresiva de las migraciones al diálogo iberoamericano. Las Declaraciones de Salvador de Bahía de 1993 y Bariloche de 1995 las relacionaron con las condiciones económicas y sociales y con la necesidad de generar oportunidades de desarrollo1. En los años siguientes, esa atención se fue acompañando de un mayor interés por las respuestas de los países y por su coordinación. La Declaración de Margarita de 1997 abordó la cooperación entre Estados de origen y destino y la atención a distintas situaciones de movilidad2. Las de Lima de 2001 y Bávaro de 2002 reforzaron el diálogo bilateral y multilateral y la posibilidad de desarrollar programas de cooperación para organizar los procesos migratorios3. La relación con el empleo y el desarrollo volvió a aparecer en Santa Cruz de la Sierra en 20034. 1. Párrafos 13, 14 y 20 de la Declaración de Salvador de Bahía de 1993; párrafo 37 de la Declaración de Bariloche de 1995. 2. Párrafos 10, 29-31 de la Declaración de Margarita de 1997. 3. Párrafo 17 de la Declaración de Lima de 2001; párrafo 39 de la Declaración de Bávaro de 2002. 4. Párrafo 40 de la Declaración de Santa Cruz de 2003.

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Como hemos señalado, Salamanca y, particularmente, Montevideo, dieron una articulación más definida a estas cuestiones. El mandato de preparar un encuentro iberoamericano, recogido en la Declaración de Salamanca de 2005, abrió un proceso de trabajo que desembocó en el Compromiso de 2006 y en la decisión de dotar de continuidad a la agenda migratoria5. La Declaración de Santiago de Chile de 2007 vinculó este marco con la cohesión social y reafirmó el Compromiso de Montevideo6. En la misma Cumbre se adoptó el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, previsto entre los compromisos de Montevideo7. La protección de derechos generados mediante el trabajo en distintos países adquirió así un instrumento propio de cooperación, con una proyección directa sobre las trayectorias laborales de las personas migrantes. La relación entre migración, empleo y desarrollo siguió planteando cuestiones que implicaban una visión amplia y transversal. En San Salvador, en 2008, la atención a la educación, las oportunidades laborales y la migración cualificada vinculó la gestión migratoria con el desarrollo de capacidades en los países8. La cooperación entre Estados mantuvo, a su vez, su lugar en el tratamiento político de estas materias9. El Comunicado Especial sobre la Migración en Iberoamérica, adoptado en Asunción en 2011, reafirmó el interés de la coordinación entre los países e instó a concertar una posición conjunta sobre las cuestiones migratorias10. Estas referencias muestran la persistencia de un interés por abordar, mediante la interlocución política, asuntos cuyos efectos y respuestas se extienden a los países de origen y de destino. La diversidad de situaciones comprendidas en la movilidad adquirió una expresión particular en la Cumbre de La Antigua Guatemala de 2018. La Declaración planteó avanzar hacia una agenda común, incorporó las capacidades de los gobiernos locales y situó la movilidad humana intrarregional entre los ejes prioritarios de actuación de la SEGIB11. Al mismo tiempo, el Comunicado Especial sobre Migración y Refugio abordó los desafíos de las corrientes migratorias mixtas. En este marco, la cooperación debía atender tanto a la organización de la movilidad como a necesidades de protección e inclusión diferentes12. El impulso a la negociación del Convenio Marco para el Impulso de la Circulación del Talento en el Espacio Iberoamericano y las referencias al ejercicio de los derechos de seguridad social mantuvieron una dimensión operativa de esa agenda, relacionada con la formación, el empleo y las condiciones en que se desarrolla la movilidad13. La pandemia de COVID-19 situó estas cuestiones en el contexto de una emergencia sanitaria. La Declaración de Andorra de 2021 prestó atención al acceso de las personas migrantes en la región a la atención médica y a las medidas de prevención y respuesta14. Su presencia en los países formaba parte de las necesidades que debían atender los servicios y las políticas públicas ante la emergencia. En la misma Cumbre, la conmemoración del décimo aniversario de la entrada en vigor del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social destacó la continuidad de un instrumento destinado a acompañar a los trabajadores migrantes y a sus familias15. La respuesta a circunstancias excepcionales y el desarrollo de mecanismos de cooperación de largo recorrido quedaron así presentes en un mismo momento de la agenda iberoamericana.

5. Párrafo 7 de la Declaración de Salamanca del 2005. 6. Párrafo 17 de la Declaración de Santiago del 2007. 7. Ibidem, párrafo 8. 8. Párrafo 28 de la Declaración de San Salvador del 2008. 9. Ibidem, párrafo 29. 10. Comunicado especial sobre la migración en Iberoamérica, página 12, XXI Cumbre Iberoamericana Paraguay 2011. 11. Párrafos 19-21 de la Declaración de Guatemala del 2018. 12. Comunicado especial sobre migración y refugio, XXVI Cumbre Iberoamericana La Antigua Guatemala 2018. 13. Párrafos 22 y 23 de la Declaración de Guatemala del 2018. 14. Párrafo 52, Declaración de Andorra del 2021. 15. Ibidem, párrafo 43.

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En el recorrido más reciente, la gestión de las migraciones se ha vinculado con la capacidad de las instituciones para facilitar la inserción laboral y socioeconómica y atenderlas junto a las comunidades de acogida y sus necesidades16. La Declaración de Santo Domingo de 2023 situó estas cuestiones dentro del compromiso con una migración segura, ordenada y regular y de la cooperación regional e internacional para su gobernanza. Esta relación entre gestión migratoria, políticas de inclusión y cooperación tiene continuidad en el intercambio de experiencias y buenas prácticas desarrollado entre Cumbres que veremos en el siguiente epígrafe. El trabajo preparatorio de la XXX Cumbre, en el año del vigésimo aniversario de Montevideo, vuelve sobre esta trayectoria. La Secretaría Pro Tempore (SPT) señala que la Comunidad Iberoamericana ha ido desarrollando un amplio acervo sobre la movilidad humana que “nos confiere una identidad propia y que ha orientado la acción de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, con voz común frente al resto del mundo”17. Esta valoración se sustenta en un amplio proceso de consultas impulsado por la SPT española con los países iberoamericanos, que puso de manifiesto el interés compartido en fortalecer una agenda de cooperación sobre gestión migratoria desde una perspectiva iberoamericana, transversal y basada en los derechos humanos.

Trayectoria iberoamericana en materia de migración y desarrollo Los encuentros, foros y seminarios han dado continuidad a los mandatos de las cumbres mediante el diálogo liderado por los Estados entre responsables de políticas públicas, organismos especializados y otros actores vinculados con las migraciones. La participación de organizaciones sociales, de representantes del ámbito académico y del sector privado ha incorporado experiencias y conocimientos de distintos ámbitos. A lo largo de este recorrido se han puesto en relación problemas de gestión, instrumentos de cooperación y propuestas de actuación, con una atención que ha variado según las circunstancias y el propósito de cada reunión. Sus aportaciones permiten seguir tanto la persistencia de determinadas cuestiones como la incorporación de nuevas dimensiones a la agenda iberoamericana.

Encuentro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, 18-19 de julio de 2006, Madrid, España El Encuentro de Madrid dio cumplimiento al mandato de la Cumbre de Salamanca de preparar un ámbito iberoamericano de trabajo sobre migraciones. Organizado por la SEGIB con el apoyo de la CEPAL, la OIM y otras instituciones especializadas y de cooperación, reunió a representantes de los 22 países miembros, organismos internacionales y regionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y especialistas. Participaron también gobiernos extrarregionales que constituían países de destino de las personas migrantes iberoamericanas. Esta composición permitió abordar la cuestión desde las distintas posiciones de los países en los procesos migratorios. El mandato de la Cumbre de Salamanca vinculaba la gestión de las migraciones con la capacidad de establecer un marco de cooperación y coordinar actuaciones, atendiendo a la responsabilidad de cada país en el diseño de sus políticas públicas. Los trabajos del Encuentro relacionaron las posibilidades de movilidad laboral con la capacitación, las condiciones de integración y el retorno. Las experiencias de migración temporal y de compromiso con el mutuo desarrollo permitieron examinar formas de colaboración entre países y 16. Párrafo 14 de la Declaración de Santo Domingo del 2023. 17. Nota Conceptual de la XXX Cumbre Iberoamericana, página 23.

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comunidades de origen y destino. La atención a las diásporas y a la migración cualificada incorporó también los vínculos que se mantienen a través de las personas emigradas y de sus conocimientos y capacidades. La presentación de experiencias del Proceso de Puebla y de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM) situó el diálogo iberoamericano en relación con otros espacios de consulta regional. Se examinaron asimismo las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe (ALC) y los avances hacia el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Estos trabajos permitieron considerar, junto con las políticas nacionales, las posibilidades de articulación entre procesos regionales y el desarrollo de instrumentos para atender situaciones que afectan a más de un país. El Encuentro ofreció una base de trabajo para la Cumbre de Montevideo, celebrada unos meses después. Su aportación consistió en reunir experiencias concretas y perspectivas diferentes alrededor de una agenda de migración y desarrollo, contribuyendo a preparar su articulación política. El intercambio entre administraciones, organismos especializados y otros actores quedó desde este momento incorporado a la construcción del espacio iberoamericano de cooperación migratoria.

I Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, 10-11 de abril de 2008, Cuenca, Ecuador El I Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo se celebró en cumplimiento del Compromiso de Montevideo y del mandato reafirmado por la Cumbre de Santiago de Chile. Su convocatoria daba continuidad institucional al intercambio iniciado en Madrid y tenía el encargo de diseñar un Programa de Acción. La organización contó con la cooperación de la CEPAL y de la OIM, y reunió a representantes de los 22 países miembros, otros países invitados, organismos internacionales, procesos regionales de consulta, especialistas y redes de la sociedad civil. El Foro se inició con el estudio Migración y desarrollo, elaborado por la CEPAL, por medio del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), en coordinación con la SEGIB y con aportaciones de la OIM y de los procesos regionales de consulta. Este trabajo ofreció un marco de conocimiento para examinar las distintas dimensiones de la migración y las posibilidades de cooperación. Las sesiones pusieron en relación las condiciones de movilidad y de integración con las políticas dirigidas a los nacionales emigrados, dando cabida a experiencias de gobiernos, organismos y otros actores regionales. El Informe Final recogió aportaciones que precisaban cómo abordar esas relaciones. Los debates sobre integración destacaron la importancia de la regularidad migratoria y de la gestión local. Los dedicados a los nacionales en el exterior plantearon la complementariedad entre las políticas de retorno y las de vinculación: el mantenimiento de relaciones con los países de origen comprendía también la circulación y la transferencia de conocimientos, especialmente en el caso de las personas cualificadas. La cooperación bilateral y multilateral, el intercambio de buenas prácticas y la participación de distintos actores aparecieron como vías para desarrollar estas líneas de trabajo. La mesa redonda sobre las modalidades de cooperación para la aplicación de Montevideo dio lugar al Programa de Acción de Cuenca, que identificó posibles actividades para desarrollar sus compromisos operativos a partir de las experiencias existentes. Durante el Foro, la SEGIB, la CEPAL y la OIM suscribieron además un Memorando de Entendimiento para contribuir a la aplicación y el seguimiento del Compromiso y del Programa de Acción. Cuenca reunió así un desarrollo programático de los mandatos políticos y un marco de colaboración entre las instituciones encargadas de acompañarlo.

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II Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, 22-23 de julio de 2010, San Salvador, El Salvador La crisis económica mundial y sus efectos sobre la migración y el desarrollo marcaron el II Foro, celebrado en San Salvador en cumplimiento de los mandatos de las XVIII y XIX Cumbres Iberoamericanas. El encuentro se propuso alcanzar una lectura compartida de sus repercusiones e identificar iniciativas prioritarias para responder a ellas. El Compromiso de Montevideo, el Programa de Acción de Cuenca y la cooperación entre la SEGIB, la CEPAL y la OIM proporcionaban un marco desde el que examinar las consecuencias de la crisis sobre cuestiones que concernían a los países y a las comunidades de origen y destino. Los trabajos combinaron sesiones plenarias y mesas temáticas, con participación de representantes gubernamentales, organismos internacionales, procesos regionales, organizaciones sociales y especialistas. El examen de la crisis se extendió a la inserción laboral, la salud y la protección social de la población migrante, así como a sus vínculos con el desarrollo de las comunidades de origen. Las mesas intercambiaron buenas prácticas y formularon propuestas para atender estas cuestiones. Sus aportaciones fueron presentadas a la mesa redonda «Pasar de los acuerdos a la acción: identificar iniciativas, programas y actividades concretas», que expresó el propósito operativo del encuentro. La reseña de esa mesa redonda planteó avanzar hacia formas de movilidad y circulación mediante canales legales y flexibles, prestando atención a la portabilidad de los derechos de protección social. La relación con los países de origen se abordó a través del fortalecimiento de los vínculos con las diásporas, los programas de retorno voluntario acompañados de medidas de reinserción y la circulación de conocimientos y capacidades. La certificación de cualificaciones laborales apareció también entre las posibles iniciativas de alcance iberoamericano. Estas propuestas relacionaban las circunstancias de la crisis con instrumentos capaces de acompañar distintas trayectorias migratorias y laborales. El Informe de conclusiones y propuestas reunió las aportaciones de las mesas y la síntesis de la mesa redonda. Las iniciativas identificadas se inscribieron en Montevideo y en el Programa de Acción de Cuenca, con una orientación hacia la definición de programas y proyectos concretos. El Foro mantuvo las líneas de cooperación abiertas anteriormente y las examinó desde las necesidades de una coyuntura económica diferente. Algunas de las cuestiones destacadas, como las cualificaciones y la protección social, serían retomadas en el debate técnico sobre movilidad laboral del seminario de 2013.

I Seminario Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo: “La movilidad laboral en Iberoamérica”, 16-17 de julio de 2013, Madrid, España El Seminario de Madrid se organizó en el marco de la cooperación de la SEGIB con la CEPAL, por medio del CELADE, y la OIM, con el propósito de recoger las reflexiones de los foros anteriores y profundizar técnicamente en la movilidad laboral. Los efectos de la crisis habían sido diferentes en Iberoamérica, con un impacto muy profundo en Portugal y España y con consecuencias sobre los movimientos migratorios. Las proyecciones económicas para Estados Unidos y la Unión Europea apuntaban entonces a una mayor demanda de trabajadores cualificados, dando particular relevancia a la relación entre movilidad, formación y necesidades laborales. Las mesas redondas ofrecieron una visión de la movilidad laboral marcada por la multiplicidad de destinos, la importancia de los movimientos intrarregionales y la diversidad de los perfiles de cualificación. Las

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aportaciones recogidas en el Informe de discusiones y conclusiones de las mesas redondas señalaron la necesidad de mejorar la información y su comparabilidad y de fortalecer la coordinación entre las políticas migratorias, laborales, educativas y de desarrollo. El debate permitió precisar ámbitos en los que la cooperación podía apoyar a las administraciones en la organización de la movilidad. El reconocimiento de competencias profesionales y títulos y la portabilidad de los derechos sociales ocuparon un lugar destacado. Las aportaciones relacionaron la protección de los trabajadores migrantes con la responsabilidad compartida de los países de origen y destino y subrayaron la importancia de los acuerdos bilaterales y del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Las experiencias nacionales y subregionales aportaron referencias sobre los instrumentos disponibles y las restricciones que aún afectaban a la movilidad. También se examinaron los servicios a los nacionales en el exterior y la circulación de talentos como partes de una relación más amplia entre migración y desarrollo de capacidades. El apartado final del Informe incorporó una propuesta de la OIM para avanzar hacia un marco iberoamericano de movilidad laboral. La propuesta reunió el intercambio de información, el reconocimiento de cualificaciones y la protección social con el fortalecimiento institucional y de las alianzas necesarias para aplicar los acuerdos existentes. Situó, por tanto, la organización de la movilidad en la relación entre varias políticas y entre instituciones de distintos países, ofreciendo una referencia técnica para continuar el trabajo en este ámbito.

III Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo: “Migraciones y Desarrollo en el Siglo XXI: Una Agenda Iberoamericana Transformadora”, 22 -24 de octubre de 2018, Guatemala El III Foro se celebró en la Ciudad de Guatemala ocho años después de la anterior reunión de este espacio. Participaron representantes de gobiernos y administraciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado y especialistas. Sus cinco grupos de trabajo elaboraron recomendaciones en un contexto internacional marcado por grandes desplazamientos forzados. La protección y la inclusión se examinaron junto con las posibilidades de movilidad laboral, los vínculos con el desarrollo y la cooperación internacional, dando cabida a las distintas situaciones comprendidas en los movimientos migratorios. Las propuestas sobre vías migratorias seguras, ordenadas y regulares relacionaron los programas de movilidad, incluida la migración circular, con el reconocimiento de cualificaciones, la formalización del empleo y las condiciones de contratación. Los acuerdos bilaterales, la portabilidad de los derechos sociales y el cumplimiento de los contratos laborales aparecieron como instrumentos para acompañar esos procesos. La atención a las ciudades, las empresas y las organizaciones sociales amplió la consideración de los actores implicados en la inclusión y en la relación de las personas migrantes con las comunidades de origen y destino. El fortalecimiento de las capacidades institucionales y del conocimiento tuvo un lugar propio en las recomendaciones sobre cooperación. Entre ellas se propuso que la SEGIB coordinara la gestión del conocimiento sobre migraciones para apoyar la formulación y aplicación de políticas públicas. Por primera vez, un grupo se dedicó a las narrativas en los medios de comunicación, las redes sociales y el debate público. Sus aportaciones plantearon una comunicación basada en información contrastada y respuestas frente a la discriminación. La atención al conocimiento se extendió así tanto a las necesidades de las administraciones como a la dimensión pública del tratamiento de las migraciones. Las aportaciones quedaron recogidas en un documento de síntesis elaborado a partir de las notas de los grupos de trabajo. Este documento complementó los insumos preparados para la XXVI Cumbre

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Iberoamericana, celebrada en La Antigua Guatemala en noviembre del mismo año. La reanudación del Foro permitió recuperar el intercambio entre actores y formular propuestas que relacionaban líneas de trabajo anteriores con cuestiones que adquirían mayor presencia en la agenda, entre ellas las necesidades de protección en los desplazamientos y las percepciones públicas sobre las migraciones.

IV Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo: “Innovación y sostenibilidad para hacer frente a los desafíos y oportunidades de la migración en Iberoamérica”, 1-2 de agosto de 2024, Quito, Ecuador El IV Foro se celebró en Quito como parte del proceso preparatorio de la XXIX Cumbre Iberoamericana, con participación de representantes de los países y de organismos internacionales. Sus cuatro paneles examinaron la protección de las personas en movilidad, su inclusión socioeconómica, las alternativas para una migración segura, ordenada y regular y las narrativas y medidas frente a la discriminación y la xenofobia. Los debates pusieron en relación estas cuestiones con las capacidades de gestión de las instituciones y con las experiencias de política pública desarrolladas en la región. Las aportaciones sobre protección e inclusión prestaron atención a la continuidad de la atención durante el proceso migratorio y a las necesidades de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. La documentación, el acceso a servicios y el reconocimiento de títulos, aptitudes y competencias profesionales se trataron como cuestiones relacionadas con la incorporación socioeconómica. Las recomendaciones señalaron la conveniencia de fortalecer los mecanismos iberoamericanos existentes, entre ellos los instrumentos de seguridad social y de circulación del talento. La cooperación se vinculó así con la posibilidad de apoyar a las instituciones en cuestiones concretas de acceso, reconocimiento y atención. Los debates sobre vías regulares plantearon su adecuación a las características de los mercados laborales y propusieron impulsar la migración circular, el intercambio de experiencias nacionales y los acuerdos bilaterales y multilaterales. El fortalecimiento de las capacidades consulares se relacionó con la documentación de los nacionales en el exterior. Por su parte, el tratamiento de las narrativas incorporó la evolución de las percepciones sobre migración y el trabajo con las comunidades de acogida. Las recomendaciones prestaron atención a la producción de evidencia sobre esas percepciones y a la coordinación de las actuaciones frente a la discriminación. La Síntesis de las deliberaciones recogió, para los distintos paneles, los diagnósticos, desafíos y recomendaciones formulados. Posteriormente, el Programa de Acción de la Cumbre de Cuenca de 2024 incluyó, en el punto 3 de su anexo, una referencia a los resultados del Foro y destacó el intercambio de experiencias y buenas prácticas. El trabajo de Quito ofreció un espacio para poner en común respuestas nacionales y posibilidades de cooperación en los ámbitos que habían organizado sus debates.

V Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, 4-5 de junio de 2026, Huelva, España El V Foro se celebró en Huelva en el año del vigésimo aniversario de Montevideo y como parte de los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana. Fue organizado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, con la participación de la SEGIB, y reunió a representantes de los países, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Las consideraciones generales del documento de Conclusiones situaron el encuentro ante la creciente complejidad de los flujos, la diversificación de las rutas y la persistencia de situaciones de riesgo, al tiempo que pusieron de relieve el desarrollo de capacidades institucionales, marcos normativos y políticas públicas en la región.

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El Foro adoptó, con carácter no vinculante, una serie de Conclusiones sobre los principales aspectos abordados en los diferentes segmentos de discusión. En materia de protección e inclusión, se destacó la necesidad de adecuar las respuestas a las distintas situaciones presentes en los movimientos mixtos. Los debates relacionaron la regularidad migratoria y la documentación con el acceso al empleo formal y a los servicios, y recogieron experiencias territoriales dirigidas conjuntamente a las personas migrantes y a las comunidades de acogida, así como la participación de las empresas en los procesos de integración. Las aportaciones sobre vías seguras, ordenadas y regulares vincularon su funcionamiento con las necesidades de los mercados laborales y los desafíos demográficos de algunos países. Prestaron atención a la claridad de los procedimientos, las condiciones laborales desde el diseño de los programas y la cooperación bilateral y regional. La organización de estas vías se relacionó también con la necesidad con mecanismos efectivos de control, permanencia, retorno y reintegración. En el debate sobre narrativas y cohesión social se planteó la importancia de una información equilibrada y basada en evidencias, atenta a las preocupaciones de las sociedades de acogida. La sistematización de experiencias apareció como un recurso para el trabajo compartido en estos ámbitos. En el cierre del Foro se recogió el acuerdo de elaborar un informe a partir de aportaciones voluntarias para elevarlo a la consideración de la XXX Cumbre Iberoamericana. El encargo comprendió la sistematización de buenas prácticas de movilidad laboral y migración circular, las experiencias de promoción de vías seguras, ordenadas y regulares, los vínculos con las diásporas y las iniciativas frente a la desinformación y los discursos discriminatorios. La elaboración del presente informe reúne esas aportaciones y permite ponerlas en relación con el recorrido iniciado veinte años antes en Montevideo.

*** La continuidad de este recorrido puede apreciarse también en las formas de trabajo que muestran las experiencias recogidas en los capítulos siguientes. La organización de programas de movilidad laboral requiere relacionar las necesidades de empleo con la selección, la formación y el acompañamiento de los trabajadores, y coordinar instituciones de los países de origen y destino. Las políticas de vinculación con las diásporas articulan servicios consulares, asistencia y relaciones con las organizaciones de ciudadanos en el exterior. En ambos ámbitos adquieren expresión práctica cuestiones que han formado parte del diálogo iberoamericano y que se desarrollan mediante actuaciones nacionales y acuerdos entre países, con la participación de organismos especializados. La asistencia entre países y el acompañamiento de organismos especializados permiten también adaptar estrategias regionales y experiencias existentes para desarrollar instrumentos propios, de acuerdo con las prioridades y capacidades nacionales. Esta articulación da contenido a la cooperación y permite apreciar la relevancia política de un espacio de encuentro en el que los países comparten preocupaciones, establecen referencias de trabajo y conocen otras respuestas posibles. Las buenas prácticas aportadas por los gobiernos y los organismos internacionales ofrecen una perspectiva concreta de esas continuidades y devuelven al diálogo iberoamericano experiencias sobre las que seguir construyendo la cooperación.

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Proyecto del Fondo Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, MIRPS, en Costa Rica. Imagen: Fondo MIRPS-OEA

VI. Capítulo I: Movilidad laboral y migración circular


Panorama regional y elementos comunes Durante la última década, América Latina, de hecho, se ha convertido en la región con la mayor tasa de crecimiento de la población inmigrante. Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA), los países latinoamericanos de la Comunidad Iberoamericana acogieron en el 2024 a más de 16 millones de inmigrantes, una cifra muy superior a los 5.5 millones registrados en el año 200018. Al mismo tiempo, la inmigración desde América Latina hacia España ha avanzado a un ritmo creciente, superando los 4 millones de personas, y consolidándola como el principal nexo entre América Latina y la Unión Europea. Portugal, por su parte, también ha experimentado un incremento de su población extranjera, que superó los 1,5 millones de personas en 2024. De este total de población extranjera en Portugal, cerca de 485 mil personas eran ciudadanos brasileños19. Para el 2024, Naciones Unidas calculaba que la población extranjera total en los 22 países de Iberoamérica superaba los 26 millones20. En este contexto de creciente movilidad intrarregional e interregional, la movilidad laboral forma parte de las respuestas para vincular las oportunidades de empleo de las personas con las necesidades de los distintos mercados de trabajo. Las iniciativas recogidas en este capítulo reflejan un interés por desarrollar vías regulares, seguras y ordenadas, así como por fortalecer la cooperación para su gestión. Estas vías comprenden modalidades de movilidad permanente y temporal, incluidos los esquemas de migración circular. Estos últimos ofrecen una herramienta para articular oportunidades de empleo en el exterior con el retorno y la posibilidad de nuevas contrataciones, favoreciendo una mayor previsibilidad, tanto para actores públicos como privados, de acuerdo con los contextos, marcos normativos y prioridades de los países participantes. En este marco, la identificación de la demanda laboral y la articulación entre los países de origen y de destino constituyen elementos relevantes para la organización de los procesos de movilidad. Junto con estas oportunidades, las experiencias reseñadas prestan atención a los derechos laborales, las condiciones de trabajo y el acceso a la protección social. La información y orientación a los trabajadores, la transparencia de los procedimientos de contratación y el acompañamiento durante las distintas etapas del proceso aparecen como instrumentos para favorecer una movilidad que atienda tanto a las oportunidades de empleo como a las necesidades de protección. La formación, la certificación y el reconocimiento de competencias ocupan también un lugar destacado, por su potencial para facilitar el acceso al empleo y contribuir al desarrollo de capacidades en los países de origen y de destino. Algunas iniciativas incorporan, además, medidas de acompañamiento para el retorno y la reintegración, orientadas a aprovechar las competencias, los conocimientos y los recursos adquiridos durante la experiencia laboral en el exterior. La cooperación bilateral y regional ofrece un espacio para desarrollar estos objetivos, atendiendo a las prioridades de cada país. Los acuerdos y marcos de movilidad pueden facilitar la coordinación de las instituciones responsables de la migración, el empleo, la formación y la protección social. Asimismo, las aportaciones recogidas muestran distintas formas de participación de empleadores, organizaciones

18. División de Población de las Naciones Unidas. (2024). Stock de Migración Internacional. 19. Agência para a Integração, Migrações e Asilo. (2024). Relatório de Migrações e Asilo 2024. 20. División de Población de las Naciones Unidas. (2024). Stock de Migración Internacional.

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de trabajadores y otros actores en el diseño y la aplicación de las iniciativas. La asistencia técnica de los organismos internacionales y el intercambio de experiencias contribuyen a fortalecer las capacidades de gestión y a explorar oportunidades de colaboración en la Comunidad Iberoamericana. Este capítulo analiza las buenas prácticas remitidas por nueve países para este informe (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Paraguay y Portugal), así como los esfuerzos realizados por el BID, la OIM y la OIT, en materia de movilidad laboral.

Experiencias y Buenas prácticas Marcos de gobernanza y cooperación para la movilidad laboral Colombia En marzo del 2026, Colombia publicó sus Lineamientos y Plan de Acción para la Movilidad Laboral Internacional de Colombia, coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, con el apoyo de la OIM y Pathways International. Este instrumento nacional planteó “una hoja de ruta para promover oportunidades laborales internacionales seguras, ordenadas y dignas, especialmente para poblaciones en condición de vulnerabilidad”21. Como innovación, buscó abrir oportunidades de migración laboral no solamente para los ciudadanos del país, sino también para las personas refugiadas como vía complementaria y voluntaria a la protección internacional. Ocho talleres recolectaron insumos de 29 organizaciones internacionales, académicas, públicas y privadas. Ahora bien, es necesario explicar el Marco de Movilidad Laboral Internacional desde Colombia, el cual fue desarrollado en los Lineamientos de marzo del 2026 y contó con cinco componentes. El primer componente, denominado “Acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de movilidad laboral”, estuvo enfocado al diseño, negociación y mejora de los acuerdos bilaterales o multilaterales con países de destino. El segundo es “Paso a paso en el país de origen” y estableció “los lineamientos y procedimientos operativos” para preparar a “las personas migrantes antes de su salida hacia el país de destino”22, e incluyó el estudio e identificación de las ocupaciones críticas tanto en Colombia como en el país de destino y la formación de los trabajadores en Colombia con el apoyo del país de destino. El tercer componente, “Paso a paso en el país de destino”, estuvo orientado a la integración y adecuada de los trabajadores migrantes y sus familias a través de acciones como el apoyo para acceder a una vivienda digna y el aseguramiento a los servicios de seguridad social y salud. El cuarto componente, “Acompañamiento para el retorno”, planteó el retorno no solamente como una oportunidad para aprovechar en Colombia las competencias, los ahorros y la experiencia adquirida por los trabajadores en el exterior; el reconocimiento de competencias, la intermediación laboral y el apoyo al emprendimiento son algunas de las acciones consideradas. El quinto, “Temas transversales”, reunió elementos a considerar durante todo el proceso de movilidad laboral: enfoques interseccionales y de protección diferenciada; mecanismos para financiar la formación, certificación, traslado, alojamiento e integración de los trabajadores, procurando que los costos de contratación no se les trasladen; y, por último, monitoreo y evaluación de las condiciones laborales, del cumplimiento de los empleadores y de los resultados generales de los programas de movilidad laboral.

21. Información suministrada por Colombia. 22. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Pathways International. (2026). Lineamientos y Plan de acción para la movilidad laboral internacional de Colombia.

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Este marco buscó orientar los procesos de contratación, tener mayor monitoreo sobre los empleadores, cubrir los puestos vacantes en ocupaciones críticas, fortalecer el capital humano de los trabajadores y la competitividad de la economía del país, y principalmente servir como guía para la revisión o suscripción de nuevos acuerdos de movilidad laboral. Además, contó con un Plan de Acción que establece recomendaciones, acciones, plazos, resultados. Nota: Este documento fue publicado por la administración anterior. El gobierno actual de Colombia se encuentra trabajando en la elaboración de su Plan Nacional de Desarrollo, el cual establecerá las políticas durante los próximos cuatro años, incluyendo la definición de una política migratoria bajo los principios de soberanía nacional, regularización, efectividad y eficiencia del Estado.

OIT La Estrategia regional de la OIT sobre migración laboral y movilidad humana en América Latina y el Caribe 2023-2030 es el instrumento que brinda coherencia a las otras dos iniciativas impulsadas por la OIT que veremos en este informe: el Pasaporte de Habilidades (en esta sección) y la Estrategia Regional de Integración Socioeconómica para personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y retornadas en América Latina y el Caribe (+ERISE), en el capítulo de Protección). Esencialmente, la Estrategia regional de la OIT “compila el horizonte estratégico”23 y “guía la asistencia técnica de la Organización en migración laboral y movilidad humana hasta 2030”24. La Estrategia tiene cinco áreas temáticas que comprenden nueve ejes estratégicos. Las áreas temáticas son las siguientes: gobernanza de la migración laboral y coherencia de políticas; contratación equitativa; acceso al empleo y mejora de las condiciones de trabajo; movilidad laboral, formación, certificación y reconocimiento de títulos y aprendizajes previos; y protección social y cohesión social. Además de ello, la Estrategia cuenta con cuatro enfoques transversales, a saber: gestión del conocimiento y formación; fortalecimiento de capacidades, alianzas y cooperación para el desarrollo; aplicación y promoción de las normas internacionales del trabajo; y enfoque de género e interseccional. En términos de resultados, la Estrategia ha conseguido una alta legitimidad política ya que cuenta con apoyo tripartito y multipaís25. Finalmente, la Estrategia orienta la cooperación técnica de la OIT en proyectos como Lazos e INTEGRAMOS y en su participación en instancias multilaterales como el Proceso de Quito. En el ámbito iberoamericano, la Estrategia ofrece como ventaja que aborda la movilidad humana entre América Latina y España y Portugal. Uno de los proyectos desarrollados en el marco de la Estrategia es el Pasaporte de Habilidades, un mecanismo para el reconocimiento mutuo de las certificaciones de competencias laborales entre los países de la región. Su objetivo es facilitar el reconocimiento de las capacidades de las personas que están pensando migrar; han retornado; o viven, han trabajado o se han formado fuera de su país. Este mecanismo tiene cinco objetivos: facilitar el acceso al empleo formal de las personas en movilidad; mejorar la eficiencia de los mercados laborales; responder de forma conjunta a las brechas de habilidades y a la demanda laboral no cubierta en sectores productivos clave; fortalecer los marcos institucionales de los países; y promover la cohesión regional desde una perspectiva de justicia social26. 23. Información suministrada por la OIT. 24. Ibidem. 25. Ibidem. 26. Información suministrada por la OIT.

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En cuanto a resultados, el Pasaporte de Habilidades cuenta con la adhesión de 15 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Cada uno de estos países está representado en el mecanismo por organizaciones de empleadores y trabajadores y por instituciones de formación profesional. Aunque el Pasaporte de Habilidades hoy se impulsa en ALC, la OIT resalta que la Comunidad Iberoamericana es parte de la red institucional del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (OIT/Cinterfor), lo que “sitúa al mecanismo en una posición natural para proyectarse más allá de ALC”27. Además, la OIT destaca que la cooperación española respaldó el trabajo del Pasaporte de Habilidades en referencia a la iniciativa para el sector cuidados y que existe una alianza entre la OIT/ Cinterfor y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) “para fortalecer la formación profesional y el trabajo decente en Iberoamérica”28.

Vías regulares y cooperación bilateral desde los países de origen Ecuador A través de alianzas con el sector privado y organismos internacionales, Ecuador ha realizado un trabajo importante para incrementar las oportunidades de migración laboral y circular en el exterior para sus ciudadanos en un número significativo de países, con los siguientes objetivos: “promover vías regulares de movilidad laboral; ampliar las oportunidades de empleo formal en nuevos destinos y sectores; fortalecer la cooperación bilateral e internacional; articular la participación de actores públicos, privados y de la cooperación internacional; y contribuir al desarrollo económico y al intercambio de conocimientos entre los países participantes”29. Desde el 2023, Ecuador ha consolidado un modelo de migración circular que ha tenido resultados destacables30. Entre enero y julio del 2026, Ecuador ha formalizado 908 puestos de trabajo con España a través de un programa formal de migración laboral establecido con este país europeo, superando las 102 plazas que se registraban hace tres años. Esta evolución positiva es consecuencia del trabajo conjunto entre el gobierno ecuatoriano, la Consejería de Trabajo de España y los empleadores del sector privado. En el 2023 Ecuador y España tenían un solo programa de migración laboral con empleos en el sector agrícola; este ha sido ampliado y diversificado con plazas para labores de socorrismo acuático. En total, entre el 2023 y el 2026, Ecuador se ha beneficiado de 2,019 oportunidades laborales en España. Además, junto con Colombia y República Dominicana, Ecuador es parte del mecanismo Global Skills Partnerships del Banco Mundial. Esta iniciativa busca beneficiar tanto a países de origen como de destino al fomentar la formación de talento humano y la migración laboral de migrantes cualificados para los trabajos demandados en los países receptores31.

27. Ibidem. 28. Ibidem. 29. Información suministrada por Ecuador. 30. Ibidem. 31. Acosta, P. Özden, C., Lebow, J., Rodriguez, L., Dahlgre, E. (2025). Global Skill Partnerships for Migration. Banco Mundial. Disponible en: https:// documents1.worldbank.org/curated/en/099012625065011104/pdf/P177415-878f121b-d70f-460b-9813-533520ac88d1.pdf

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El Salvador El gobierno salvadoreño ha promovido la migración económica regular a través del Programa de Movilidad Laboral Regular, Ordenada y Segura (PML), una iniciativa destinada a facilitar la migración laboral de salvadoreños con importantes beneficios para el país de origen y para los trabajadores. El PML está estructurado en cuatro fases: gestión de alianzas empresariales y outreach, para identificar y vincular a empleadores con el PML, así como en la promoción de este programa; reclutamiento y selección de trabajadores, para el que se realiza la convocatoria de trabajadores, y la evaluación y selección para el encaje en los perfiles solicitados por los empleadores, con contratos laborales de una duración general de entre dos y nueve meses; el monitoreo, seguimiento y retorno, que además de enlazar a trabajadores con oportunidades laborales en el extranjero, brinda acompañamiento previo y durante el período de trabajo a los ciudadanos que emigran bajo el PML, con asistencia y monitoreo de sus condiciones laborales, y brindando facilidades para el retorno de los salvadoreños; reintegración y evaluación de impacto, con apoyo a los trabajadores migrantes para su reinserción laboral en El Salvador, evaluándose el programa para conocer sus impactos económicos y sociales32. A la fecha, el PML ha gestionado más de 20 mil plazas de trabajo temporal para sus ciudadanos, siendo el destino principal los Estados Unidos. Además, el número de oportunidades laborales se ha incrementado en los últimos meses, y desde el 2021 hasta el momento de redactar este informe, los trabajadores temporales habían enviado más de US$ 94 millones en remesas33. En ese sentido, el PML no solo beneficia a los trabajadores migrantes, sino que contribuye al desarrollo del país. A nivel iberoamericano, El Salvador se ha puesto en contacto con otros países de la región para crear nuevas plazas laborales en más países, siendo Portugal una posibilidad para personas especializadas en construcción e ingeniería34.

Paraguay y España Los gobiernos español y paraguayo han impulsado la movilidad laboral entre estos dos países a través del Programa de Migración Laboral Circular entre Paraguay y España. Esta iniciativa posibilita la contratación temporal de trabajadores paraguayos en España a fin de “promover vías regulares, seguras y ordenadas”35. Entre los beneficios de este programa está que los trabajadores migrantes reciben acompañamiento durante el proceso y su retorno está contemplado entre las condiciones de esta iniciativa. Según la información remitida por Paraguay, la Dirección Nacional de Migraciones paraguaya “acompaña los procesos vinculados a control migratorio, verificación documental y facilitación migratoria, en coordinación con las demás instituciones involucradas en su implementación”36.

32. Información suministrada por El Salvador. 33. Ibidem. 34. Ibidem. 35. Información suministrada por Paraguay. 36. Ibidem.

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Gestión de la demanda, contratación y admisión regular impulsada por los países de destino Costa Rica Para reducir la escasez de mano de obra en el sector agrícola durante la temporada de cosecha, Costa Rica ha implementado —con el apoyo de la OIM— el Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (SITLAM). El SITLAM es una categoría migratoria circular que hace posible que los trabajadores migrantes de Nicaragua y Panamá viajen a Costa Rica, reciban la documentación correspondiente en puestos fronterizos y trabajen en el sector agrícola. El SITLAM beneficia a la economía costarricense y a los trabajadores migrantes pues regulariza su situación y garantiza beneficios laborales y sociales como el acceso a atención primaria de salud, la cobertura de la seguridad social y la documentación. El SITLAM facilita la contratación temporal de personas trabajadoras migrantes, indígenas y no indígenas, mediante un sistema digital en el que el empleador registra previamente a los trabajadores, solicita su contratación y, una vez autorizada, estos reciben un carné que funciona como documento de identificación y permiso laboral. El proceso incluye controles estatales para verificar el pago de tasas, la situación migratoria de las personas trabajadoras y las condiciones de alojamiento proporcionadas por los empleadores cuando corresponda37. Un aporte para destacar de este sistema es que se otorga identificación a menores de edad debido a que los trabajadores de este país beneficiados por el SITLAM son de la población indígena Ngäbe-Buglé, quienes se movilizan en unidades familiares. En ese sentido, Costa Rica extiende los beneficios de la seguridad social a la familia del trabajador, y aplica esta política como muestra de respeto a la cosmovisión y tradiciones de la población Ngäbe-Buglé. Ingresan hasta 12 mil recolectores de café por temporada, indígenas transfronterizos panameños; se documentan en la frontera misma, antes de iniciar su camino a las fincas, donde laboran, lo que genera una trazabilidad y seguridad38. Entre el 2020 y el 2025 el SITLAM ha generado 43 mil puestos de trabajo para personas de Panamá y 24 mil para nicaragüenses39. Actualmente, el gobierno costarricense está buscando expandir esta iniciativa a otros países de la región como El Salvador y Guatemala a fin de mejorar la gestión migratoria desde esos países.

España Una práctica a destacar es la herramienta del gobierno español denominada Gestión Colectiva de la Contratación en Origen (GECCO), herramienta usada en los acuerdos con España —citados por otros países, y que para el norte de Centroamérica tiene la colaboración del BID—. Este programa de contratación en el país de origen permite a trabajadores extranjeros viajar a España en la modalidad de migración estable y migración circular (por temporada o campaña). Esencialmente, la vía de migración estable autoriza a un trabajador a trabajar por un año con un contrato fijo que puede ser renovado. La modalidad circular, permite

37. Organización Internacional para las Migraciones. (2025). Innovación en la gestión laboral migratoria intrarregional: el caso del sistema de trazabilidad laboral migratoria. Disponible en: https://lac.iom.int/sites/g/files/tmzbdl2601/files/documents/2026-05/innovacion_en_la_gestion_ laboral_migratoria_intrarregional_sitlam.pdf 38. Información suministrada por Costa Rica. 39. Ibidem.

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que una misma persona participe en campañas sucesivas durante un periodo de cuatro años, otorgándole prioridad en campañas siguientes, pero no le permite residir en España de forma continuada durante todo ese período: el migrante circular puede trabajar en territorio español durante un máximo de nueve meses por año mediante un contrato fijo-discontinuo, y al concluir la campaña, debe regresar a su país de origen para ser contratada nuevamente mientras la autorización continúe vigente. El modelo GECCO en la modalidad circular permite la selección y contratación de trabajadores en 17 países, entre los cuales se encuentran los siguientes dentro de la región iberoamericana: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana, El Salvador y Uruguay. Su funcionamiento requiere de un trabajo conjunto en el que participan las Administraciones de origen y destino y el sector privado. En el país de origen se realizan entrevistas, firma de contratos y se organizan los viajes de llegada de los trabajadores a España y retorno al país de origen. Los objetivos del programa son: colectivizar y ordenar la gestión mediante procedimientos ágiles y con penas garantías jurídicas; fomentar vías de migración circular seguras, regulares y ordenadas vinculadas a la demanda laboral real; garantizar la protección de los derechos de las personas trabajadoras (contrato, salario, alojamiento y traslados); y promover el desarrollo mutuo de los países de origen y destino. El programa tiene resultados muy positivos. Al 2025, más de 25 mil trabajadores han sido contratados bajo este esquema. Más allá de Marruecos, cuya vecindad geográfica aúna la movilidad circular con la transfronteriza, las nacionalidades más preponderantes son Colombia (13%) y Honduras (4%)40. Además, este modelo ha permitido la consolidación de acuerdos bilaterales de movilidad laboral con países de Iberoamérica como Colombia, Honduras, Ecuador y Guatemala. También ha generado un alto nivel de retorno de los participantes y la fidelización de los trabajadores, lo que facilita su contratación en nuevas campañas agrícolas. El programa tiene un alto grado de aceptación y se considera un modelo para la promoción del codesarrollo regional a través de vías legales con plenas garantías, prevención de la migración irregular y fortalecimiento de las capacidades técnicas de los trabajadores a su regreso.

México El 15 de mayo de 2026, el Diario Oficial de la Federación de México publicó el “Acuerdo por el que se reforman y adicionan los Lineamientos Generales para la expedición de visas que emiten las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores”. Por medio de esta norma, se introdujeron facilidades administrativas aplicables a las visas de residente temporal de determinados profesionales extranjeros. La disposición comprende a quienes prestan servicios bajo una relación de subordinación o no subordinada, derivada de una oferta previa de personas morales constituidas legalmente en México, siempre que desempeñen funciones técnicas o profesionales altamente especializadas. La actividad puede ser remunerada o no en México. El gobierno mexicano espera que la participación de estos especialistas permita transferir sus conocimientos especializados a las personas físicas nacionales. Con ello, se espera generar “competencias de capital humano de alta especialidad profesional en proyectos estratégicos desarrollados por empleadores públicos y privados”41. La reforma también busca atraer perfiles cualificados procedentes de los ámbitos profesional

40. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (2025). “Los programas GECCO permiten que 25.767 personas migrantes trabajen en España en 2025, un 25% más que el año passado”. Disponible en: https://www.inclusion.gob.es/en/w/los-programas-gecco-permiten-que-25.767personas-migrantes-trabajen-en-españa-en-2025 41. Información suministrada por México.

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y académico, para impulsar la economía y generar beneficios sociales. Además, posibilita la integración de los trabajadores extranjeros que lo deseen en la sociedad mexicana.

Portugal Portugal ha apostado por promover la migración regular de trabajadores extranjeros mediante la implementación del Protocolo de Cooperación para la Migración Laboral Regulada. El Protocolo tiene como objetivo establecer un canal regulado y responsable para la migración laboral, dentro del marco legal vigente, con el fin de satisfacer las necesidades de la economía nacional. Se trata de un mecanismo estructurado y ágil que no crea un nuevo régimen jurídico ni una modalidad de entrada o permanencia, sino que aclara y concreta el procedimiento de contratación regulada y responsable de ciudadanos extranjeros con un contrato de trabajo. Para que una empresa o confederación pueda beneficiarse del Protocolo, debe presentar una solicitud formal por correo electrónico, comprometerse a cumplir sus normas y entregar la documentación necesaria. La AIMA analiza la solicitud y, sobre la base del dictamen de las entidades competentes, verifica si la empresa reúne las condiciones para adherirse, lo que incluye una evaluación de su idoneidad y de su situación económica y contributiva. A continuación, la AIMA comunica el resultado a la empresa y, si se confirma su idoneidad, la empresa o asociación puede presentar solicitudes y concertar directamente las citas para los visados de los trabajadores. Esta evaluación de idoneidad debe renovarse anualmente mediante la presentación de los documentos exigidos. Desde la implementación del Protocolo, los resultados han sido positivos: se han recibido 20,069 solicitudes de visado y se han concedido 10,376 visados para trabajadores extranjeros en 50 oficinas consulares, beneficiando a más de 200 empresas. Esta medida fue suscrita por cinco asociaciones empresariales. Con medidas como esta, además del reconocimiento de cualificaciones y la cooperación institucional con países latinoamericanos, Portugal se posiciona como un “nexo entre Europa y América Latina, contribuyendo al desarrollo y a la integración en el espacio iberoamericano”42.

BID En los países del Norte de Centroamérica, el GECCO, programa que hemos reseñado anteriormente en esta sección, en el apartado correspondiente a España, ha sido fortalecido con el apoyo técnico del BID y el financiamiento del Fondo General de Cooperación de España. Esta cooperación se considera una buena práctica por parte del BID, y vendrá reseñada como tal más adelante. El BID trabajó con los gobiernos de esta subregión para implementar acciones de manera progresiva: producción de evidencia para fortalecer y escalar el alcance de GECCO, diseño de procesos para fortalecer capacidades institucionales y técnica a fin de optimizar el uso de recursos, digitalización de los procesos para que haya un mejor uso de herramientas tecnológicas, y diseño de mecanismos financieros sostenibles y de evaluación independiente del modelo para escalar el programa en otras áreas de empleo y mayor alcance de personas trabajadoras participantes.

42. Información suministrada por Portugal.

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La cooperación técnica del BID con los países del Norte de Centroamérica también ha generado resultados destacables. En efecto, se logró que en Huelva (España) participen más de 1,400 trabajadores de Centroamérica en labores agrícolas y que más de 200 funcionarios se beneficien de capacitaciones en tres temas: gobernanza migratoria, contratación ética y gestión de programas. En Guatemala, el BID desarrolló un piloto en 2025 en el que 362 trabajadores viajaron a España y se alcanzó un retorno del 100%. Además de ello, se ha logrado la implementación de plataformas digitales en Honduras y Guatemala que facilitan la preselección de candidatos con inteligencia artificial y hacen posible que se monitoreen en tiempo real los procesos. Además, una evaluación independiente del trabajo conjunto del BID y los gobiernos de los países del norte de Centroamérica encontró que el 100% de los participantes pudo enviar remesas a sus hogares y que casi el 50% alcanzó a enviar más de mil euros al mes. Del lado de los trabajadores, un 87% ha indicado que tiene interés en volver a participar de este modelo, y el 67.3% señaló que había mejorado sus habilidades profesionales. Adicionalmente, la alianza del BID y los gobiernos de los países del Norte de Centroamérica tuvo como consecuencia el diseño del Fondo Rotatorio de Movilidad GECCO, el cual busca apoyar a los trabajadores a financiar los costos previos al viaje con microcréditos que se pagan por medio de descuentos de nómina o remesas. Ese es un mecanismo sostenible en tanto el pago de los microcréditos sirve para financiar a nuevas rondas de trabajadores43.

Desafíos y consideraciones para la Cooperación Iberoamericana Bolivia Bolivia ha optado por impulsar la suscripción de Convenios Working Holiday e instrumentos bilaterales a fin de fomentar flujos de migración laboral segura, ordenada y regular. De acuerdo con la información del gobierno boliviano, se han remitido propuestas de convenios sobre migración circular y laboral a países como España, Chile y Croacia. Además, recientemente se han transmitido propuestas de Acuerdos Working Holiday a Japón, Corea, Canadá y Australia. Bolivia señala como antecedentes de esta política el acuerdo de migración circular existente entre Ecuador y España, así como los Working Holiday Scheme suscritos por otros países de la región y que actualmente se encuentran en funcionamiento. Asimismo, Bolivia sostiene un diálogo bilateral con otros países de la región para evaluar las condiciones de sus ciudadanos en el exterior y las posibilidades de mejora son las siguientes. En el año 2025 se han mantenido encuentros con Perú, Paraguay, Brasil y Chile44. Adicionalmente y con base en su experiencia, el gobierno boliviano propuso cuatro aportes y consideraciones clave a tener en cuenta para el presente informe: “1. Consolidación de Acuerdos Bilaterales y Multilaterales de Seguridad Social: Impulsar la operatividad real de convenios que permitan la total portabilidad de pensiones y derechos laborales adquiridos entre los países iberoamericanos. 2. Alianzas Estratégicas para la Inclusión Financiera: Promover la bancarización y la reducción drástica de las comisiones en el envío de remesas, transformándolas en instrumentos de ahorro e inversión para el desarrollo sostenible.

43. Toda la información aquí reseñada ha sido suministrada por el BID. 44. Información suministrada por Bolivia.

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3. Fortalecimiento de la Diplomacia Consular: Dotar a las oficinas consulares de mayores capacidades operativas, tecnológicas y de protección jurídica integral para dar respuesta rápida a las necesidades de los connacionales en situación de vulnerabilidad. 4. Visibilización del Aporte Cultural y Social: Posicionar a la migración no como un problema de seguridad, sino como un motor activo de enriquecimiento intercultural, diversidad y cohesión social en el espacio iberoamericano.”

Lecciones aprendidas y oportunidades La movilidad laboral debe responder a una demanda de trabajo previamente identificada. Las prácticas reseñadas muestran que la existencia de oportunidades laborales concretas en el país de destino constituye el punto de partida para organizar programas que permitan a las personas participantes incorporarse efectivamente al empleo. La identificación de la demanda permite, además, ajustar los perfiles, la formación y el volumen de las contrataciones. La previsibilidad y el cumplimiento del retorno son elementos centrales de los programas de migración circular. Las elevadas tasas de retorno registradas en el GECCO —incluido el retorno del cien por cien de los participantes en el piloto desarrollado con trabajadores guatemaltecos— indican que la circularidad puede sostenerse cuando las condiciones, los plazos y las posibilidades de nuevas contrataciones están claramente definidos. Los programas de movilidad laboral requieren una gestión que abarque todas las etapas del proceso. Varias de las iniciativas aquí reseñadas muestran la importancia de articular la selección y contratación en origen, la información previa a la salida, la documentación, el viaje, la acogida, las condiciones de trabajo y alojamiento, el acceso a servicios y protección social, el seguimiento durante la estancia y el retorno. Los acuerdos bilaterales y los marcos nacionales pueden facilitar esta continuidad y delimitar las responsabilidades de las instituciones y actores participantes. La formación y el reconocimiento de competencias amplían los beneficios de la movilidad laboral. Los Lineamientos y Plan de Acción para la Movilidad Laboral Internacional, las experiencias vinculadas a las Global Skills Partnerships (Banco Mundial), el Pasaporte de Habilidades (OIT) y los resultados comunicados por los participantes en GECCO muestran que la experiencia laboral en el exterior puede contribuir también a la adquisición y circulación de conocimientos. Una oportunidad para la Cooperación Iberoamericana consiste en avanzar en mecanismos compatibles de formación, certificación y reconocimiento de competencias, respetando los marcos y prioridades de cada país. La planificación del retorno permite aprovechar mejor la experiencia adquirida. Los Lineamientos y Plan de Acción para la Movilidad Laboral Internacional plantean el retorno no solo como el final de una estancia laboral, sino como una fase que puede incluir reconocimiento de competencias, formación adicional, intermediación laboral, educación financiera o apoyo al emprendimiento. Esta perspectiva ofrece oportunidades para vincular los programas de movilidad circular con las políticas de empleo, formación y reintegración de los países de origen. La participación de las administraciones, los empleadores y las organizaciones de trabajadores es fundamental para el funcionamiento de los programas. A estos actores se suman, según las características de cada iniciativa, organismos internacionales, instituciones de formación y organizaciones de la sociedad civil.

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Las buenas prácticas explicadas en este capítulo muestran distintas formas de distribuir responsabilidades, aportar asistencia técnica y acompañar la ejecución de los programas. La adaptación de los servicios a las circunstancias de las personas participantes puede favorecer la continuidad de los programas. El SITLAM, en su aplicación a la población Ngäbe-Buglé, incorpora la movilidad de las familias, la atención materna adaptada culturalmente y servicios educativos y de cuidado para niñas y niños. El Protocolo para la Migración Laboral Regulada incluye formación profesional, alojamiento temporal y enseñanza de la lengua. Estas prácticas muestran que la organización de la movilidad laboral puede tener en cuenta tanto las necesidades vinculadas al empleo como las circunstancias familiares, sociales y culturales de los trabajadores. La contratación en origen y la documentación antes de la entrada ofrecen vías para organizar la migración regular. Las buenas prácticas de este capítulo muestran los beneficios de articular procedimientos de selección, contratación y obtención de las correspondientes autorizaciones antes del desplazamiento. Estas experiencias ofrecen referencias para seguir explorando mecanismos regulares adaptados a los marcos jurídicos y a las necesidades de los países participantes. La digitalización puede fortalecer la gestión y el seguimiento de los programas. Las plataformas desarrolladas en Honduras y Guatemala en el marco de la cooperación con el BID muestran posibilidades para organizar la preselección de candidatos, seguir los procedimientos y disponer de información durante su ejecución. La incorporación de herramientas digitales ofrece una oportunidad para mejorar la coordinación y la trazabilidad, acompañada de mecanismos de supervisión y evaluación. La financiación de los costes previos a la salida sigue siendo un ámbito de innovación. El Fondo Rotatorio de Movilidad GECCO, desarrollado en el marco de la cooperación entre España, el BID y los países del Norte de Centroamérica, busca facilitar que los trabajadores cubran esos costes mediante un mecanismo cuyos reembolsos financien nuevas participaciones. Su desarrollo ofrece una experiencia de interés para estudiar instrumentos que eviten que las dificultades económicas excluyan a posibles participantes, así como para evaluar sus condiciones, resultados y sostenibilidad. La movilidad laboral se relaciona con otras políticas relevantes para las personas migrantes. Bolivia llama la atención sobre la conexión de la migración laboral con otras políticas como la reducción de costos de las remesas, la portabilidad de pensiones y derechos, la necesidad de fortalecer las redes consulares y la importancia de posicionar a la migración como un activo cultura.

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Programa de Servicios “El Salvador +”. Imagen: Gobierno de El Salvador

VII. Capítulo II: Vínculos con las diásporas iberoamericanas


Panorama regional y elementos comunes La presencia de amplias comunidades de ciudadanos iberoamericanos en otros países de la Comunidad hace que el diálogo sobre migración concierna también a los vínculos y la atención que cada Estado mantiene con sus propios nacionales en el exterior. En este marco, una prioridad constante para los países de la Comunidad Iberoamericana ha sido el fortalecimiento de los vínculos con sus diásporas, la protección de sus ciudadanos en el exterior y las cuestiones relacionadas con las remesas. Estos vínculos comprenden también a las comunidades de arraigo histórico, incluso con doble nacionalidad, que forman parte de las diásporas. La magnitud de la migración intrarregional da cuenta de la importancia de estos vínculos. Según datos de las Naciones Unidas, en 2024 había más de 17 millones de migrantes entre países iberoamericanos, una cifra que se ha elevado significativamente desde inicios de siglo, cuando no superaba los 4,5 millones45. Como se observa en la Tabla, todas las subregiones de Iberoamérica son tanto de origen como de destino de migración intrarregional.

Migrantes intrerregionales por subregión, 2024 (dato más reciente) SUBREGIÓN

RECIBE

% DEL TOTAL

EMITE

% DEL TOTAL

Región Andina

6.739.004

39,0%

11.813.773

68,3%

Península Ibérica

4.464.664

25,8%

665.603

3,8%

Cono Sur

4.164.969

24,1%

2.625.220

15,2%

Mesoamérica

1.777.882

10,3%

1.535.952

8,9%

Caribe

149.638

0,9%

655.609

3,8%

TOTAL

17.296.157

100,0%

17.296.157

100,0%

“Recibe” = residentes nacidos en otro paós iberoamericano “Emite” = nacidos en la subregión y residentes en otro país iberoamericano. Ambas coolumnas suman al mismo total. Elaboración propia. Fuente: División de Población de las Naciones Unidas. (2024). Stock de Migración Internacional.

Las comunidades migrantes desempeñan un papel relevante en los intercambios culturales, sociales y económicos dentro de la región. Las remesas, por ejemplo, son una fuente significativa de ingresos. De acuerdo con el BID, las remesas constituyen una fuente de ingresos para las familias receptoras de divisas y las economías nacionales de varios países de ALC46. Este capítulo detalla las buenas prácticas en materia de vinculación con las diásporas suministradas por cuatro países de la región (Argentina, El Salvador, Perú y Uruguay) y tres organismos multilaterales: el BID,

45. División de Población de las Naciones Unidas. (2024). Stock de Migración Internacional. 46. Harris, J., Maldonado, R., Cortés Sánchez, P. (Noviembre 2025). Las remesas a América Latina y el Caribe en 2025: adaptaciones en un contexto de incertidumbre. Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: https://publications.iadb.org/es/las-remesas-america-latina-y-el-caribe-en2025-adaptaciones-en-un-contexto-de-incertidumbre

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la OEA y la OIM. Las políticas e iniciativas aquí reseñadas abordan temas como la protección y asistencia de las diásporas, la vinculación con organizaciones de emigrantes, las remesas, la mejora de capacidades de los ciudadanos en el exterior, y los servicios ofrecidos por los consulados.

Experiencias y Buenas prácticas Cercanía de servicios estatales a las diásporas Argentina Entre las buenas prácticas para mejorar los vínculos con la diáspora en Iberoamérica se encuentra el Programa de vinculación con la diáspora argentina (VinculARnos) de la Dirección General de Asuntos Consulares de Argentina. Esta iniciativa, llevada a cabo por su Red Consular, se basa en cuatro pilares: “vinculación con asociaciones de argentinos en el exterior; vinculación con redes de argentinos (en campos de las artes, las ciencias, los negocios, etc.); promoción de vínculos sociales, culturales y deportivos con la diáspora; y vinculación electoral (organización y ejecución de las elecciones en el exterior)”47. En total, desde el inicio del VinculARnos, la Red Consular ha desarrollado 89 acciones para fortalecer el vínculo de la comunidad argentina en otros países de Iberoamérica y se tienen contempladas 78 acciones más hasta el término del 202648. El número de acciones programadas por Argentina ha sido calculado con base en una estimación del número de argentinos migrantes en la Comunidad Iberoamericana, que es aproximadamente de un millón. Entre las intervenciones que los consulados argentinos han ejecutado en la región está el desarrollo de “talleres virtuales de profesionales de la salud mental destinados al intercambio de experiencias sobre el proceso de adaptación e integración de los ciudadanos argentinos de la jurisdicción consular; y mapeos de actividades económicas de la diáspora argentina”49.

El Salvador A través del Programa de Servicios El Salvador +, el gobierno busca acercar los servicios que presta a la diáspora salvadoreña. Este programa se ejecuta en alianza con el sector privado y su finalidad es mejorar las condiciones de vida de los migrantes salvadoreños y sus familias, garantizar el respeto de sus derechos y fortalecer su vínculo con su país de origen. Algunos ejemplos de áreas en los que este programa ofrece servicios son bancarización, documentación, finanzas, derechos, vivienda, cultura, educación, participación ciudadana, inversiones, turismo, salud y lo referente a menaje del hogar. La estrategia que usa El Salvador para acercar estos servicios se divide en dos frentes. Primero, se ofrece un catálogo digital con toda la información sobre los requisitos y procesos a seguir para acceder a los servicios ofrecidos. Segundo, se llevan a cabo ferias y giras donde los migrantes salvadoreños pueden acercarse a representantes de las instituciones que forman parte del programa. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, este programa tiene como objetivos específicos: garantizar una amplia oferta de servicios accesibles y congruentes ante la diversidad de necesidades diferenciadas de la diáspora

47. Información suministrada por Argentina. 48. Ibidem. 49. Ibidem.

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salvadoreña en el mundo, independientemente de su zona geográfica, edad y calidad administrativa migratoria; el desarrollo de mecanismos de difusión de información clara, concisa y accesible sobre los servicios del Gobierno de El Salvador; establecer mecanismos de colaboración y comunicación bidireccional entre el Gobierno de El Salvador y la diáspora salvadoreña para la toma de decisiones y la manifestación de demandas50. Para cumplir con estos objetivos, el gobierno salvadoreño ha implementado 15 actividades en 19 ciudades en el marco del Programa, beneficiando a más de 14 mil personas que lograron acceder a una variedad de más de 20 mil servicios a la diáspora. Este alto número de servicios fue ofrecido por más de 70 instituciones, entre públicas y privadas, e incluyeron a 16 aliados locales y a 80 salvadoreños con emprendimientos en el exterior. Además, se han instalado ocho quioscos digitales en los consulados para facilitar el acceso al catálogo, que lleva seis ediciones. Las ferias y giras han incluido a países de Iberoamérica con una cantidad relevante de migrantes salvadoreños, como es el caso de España y Honduras.

Perú Una de las iniciativas más destacadas que brinda el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú a la diáspora de este país es el Programa de Asistencia Legal-Humanitaria y Servicios Consulares (PALH). Este programa dota de recursos a la red consular para ofrecer respuestas oportunas y adaptadas a las necesidades de los peruanos en situación de vulnerabilidad en el exterior, ya sean residentes o migrantes temporales. Asimismo, financia consulados itinerantes para acercar los servicios a las comunidades de peruanos en zonas lejanas de la sede consular. Entre sus principales acciones de protección y asistencia destacan la orientación legal primaria —incluidos servicios de abogados a través de las redes de apoyo cuando el Estado receptor no los proporciona—, la ayuda material o económica, la atención médica y alimentaria, las visitas a detenidos, el acompañamiento a personas hospitalizadas, el apoyo a las víctimas de violencia contra la mujer y de trata de personas, así como la asistencia ante desastres naturales, conflictos internos y las repatriaciones a bajo costo”51. Para cumplir con los objetivos y optimizar la eficacia en la gestión de los recursos, las asignaciones presupuestales del PALH se otorgan a cada Oficina Consular en función del historial de casos atendidos y de la ejecución del gasto. Esto se evalúa de forma trimestral o semestral con el propósito de reorientar los fondos hacia los consulados que más lo necesiten, garantizando así que dispongan de los medios necesarios para dar una respuesta inmediata. Asimismo, para viabilizar la finalidad de este programa se ha implementado el Módulo de Asistencia y Protección al Connacional (MAPCE), en el cual los consulados registran diariamente los casos de asistencia legal y humanitaria que atienden en sus circunscripciones, lo que provee información estadística en tiempo real para la toma de decisiones.

50. Información suministrada por El Salvador. 51. Información suministrada por Perú.

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No obstante, cuando los recursos del PALH son insuficientes para cubrir costos mayores, la Cancillería peruana puede otorgar subvenciones económicas a connacionales en situación de indigencia, necesidad extrema y vulnerabilidad comprobada. Estas subvenciones están destinadas a la repatriación de peruanos o de restos mortales, cremaciones, entre otros, siempre que no haya sido posible recurrir a otra forma de asistencia. En cuanto a los resultados tangibles de esta iniciativa, tan solo durante el año 2025, el PALH permitió brindar más de 18 mil asistencias a peruanos en el exterior. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores aprobó 78 subvenciones adicionales en beneficio de 104 personas, lo que refleja el respaldo humanitario continuo y directo del Estado peruano hacia sus compatriotas en sus momentos de mayor necesidad52. Para el gobierno peruano, el PALH representa un modelo que es replicable en el resto de Iberoamérica “para fortalecer la protección de las diásporas, la cooperación entre autoridades consulares y locales, y la atención de personas migrantes en situaciones de emergencia o vulnerabilidad”53. Adicionalmente, destaca la experiencia de los servicios itinerantes, que permiten ampliar la cobertura de protección y asistencia en el exterior.

Uruguay En el marco de la Política de Vinculación de Uruguay, este país ha desarrollado los llamados Encuentros mundiales y regionales de los Consejos Consultivos y Asociaciones de Uruguayos/as residentes en el exterior. Estas organizaciones funcionan de manera autónoma y cuentan con el reconocimiento de las misiones diplomáticas y oficinas consulares uruguayas. A través de ellas, la diáspora mantiene vínculos con el país mediante iniciativas culturales, sociales, económicas, cívicas y científicas. Los Encuentros son eventos de la sociedad civil impulsados por la Dirección General para Asuntos Consulares y de Vinculación y permiten que los consejos y las asociaciones presenten sus necesidades y propuestas ante el Estado por medio de documentos como las Declaraciones Finales. Las conclusiones de los Encuentros sirven también para definir las prioridades de la agenda pública y definir tanto una hoja de ruta como “su implementación y seguimiento”54. De esta manera, los uruguayos residentes en el exterior cuentan con un canal organizado para dialogar con el Estado y participar en las políticas dirigidas a la diáspora. Respecto a los resultados de esta iniciativa, las propuestas surgidas de estos espacios han sido incorporadas en el diseño de las políticas de Vinculación y Retorno de Uruguay. Es más, el gobierno de este país señala que casi todas las demandas planteadas han recibido una respuesta estatal, y que para ello se han tenido que articular esfuerzos interinstitucionales integrales, que incluyen a “organismos nacionales y socios estratégicos”55. Asimismo, los encuentros han facilitado el contacto entre organizaciones establecidas en diferentes regiones y han contribuido a dar mayor visibilidad a los aportes de la diáspora tanto en Uruguay como en sus países de residencia.

52. Ibidem. 53. Ibidem. 54. Información suministrada por Uruguay. 55. Ibidem.

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En cuanto a su posible utilidad para Iberoamérica, la experiencia combina la iniciativa de las organizaciones de la diáspora con su reconocimiento por parte del Estado y con la celebración periódica de espacios de diálogo. De acuerdo con el gobierno uruguayo, los Encuentros “permiten además fortalecer el vínculo entre el Estado y sus nacionales en el exterior, promoviendo una gobernanza migratoria más participativa, potenciando además su aporte al desarrollo tanto para Uruguay como para los países de residencia”56.

Buenas prácticas de organismos multilaterales BID Las remesas son una fuente importante de ingresos para las economías nacionales de ALC, y para las familias de las personas migrantes de esta región. En ese sentido, el BID viene realizando un seguimiento y análisis de las remesas hacia los países de ALC con el objetivo de informar el diseño de sus operaciones y facilitar “el diálogo de política sobre migración y desarrollo”57, particularmente con los gobiernos de la región. El seguimiento del BID se basa principalmente en información de los bancos centrales y en la aplicación de una metodología consistente que permite el análisis y la comparación entre países. Así, esta institución investiga los patrones regionales de las remesas, y los costos de enviarlas dentro de ALC. Sus resultados se difunden mediante informes anuales y a través de la plataforma pública de datos de la Unidad de Migración del BID (DataMIG). Estos informes son continuamente discutidos en los debates públicos y han servido para “construir una relación de confianza con las autoridades monetarias de toda la región”58. Adicionalmente, el Banco informa que ha colaborado con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y con bancos centrales para mejorar las prácticas empleadas en las encuestas sobre remesas. La dimensión iberoamericana de la iniciativa se refleja especialmente en los flujos procedentes de Europa y, en particular, de España. En su informe de noviembre de 2025, publicado con el apoyo del Fondo General de la Cooperación Española, el BID estimó que el 36.2% de las remesas recibidas por Sudamérica tenía su origen en Europa y que 19.7 puntos porcentuales procedían de España59. En ese sentido, el BID se ha posicionado como fuente de información y análisis de referencia respecto a los envíos de Europa a ALC, “un espacio que no está siendo cubierto de manera integral por otros actores”60.

OEA y OIM Desde el 2021, la OEA y la OIM vienen impulsando un proyecto para fortalecer las capacidades de las mujeres migrantes, refugiadas y lideresas de organizaciones de las diásporas en América Latina. Esta iniciativa surgió a partir de un estudio que mostró el papel significativo de las mujeres como líderes de las organizaciones de personas migrantes y refugiadas, pero que a la vez mostró las limitaciones que existen en cuanto a “capacidades institucionales, liderazgo e incidencia”. 61

56. Ibidem. 57. Información suministrada por el BID. 58. Ibidem. 59. Harris, J., Maldonado, R., Cortés Sánchez, P. (Noviembre 2025). Las remesas a América Latina y el Caribe en 2025: adaptaciones en un contexto de incertidumbre. Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: https://publications.iadb.org/es/las-remesas-america-latina-y-el-caribe-en2025-adaptaciones-en-un-contexto-de-incertidumbre 60. Información suministrada por el BID. 61. Información suministrada por la OEA.

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Ahora bien, la iniciativa se desarrolla mediante actividades virtuales y reuniones presenciales de carácter regional. Sus contenidos preparan a las participantes para dirigir y sostener sus organizaciones, mediante el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo, gestión organizacional, cooperación y movilización de recursos. También les permiten responder a desafíos que afectan a las comunidades migrantes, como la integración socioeconómica, la protección, la violencia basada en género y la trata de personas. Estos espacios facilitan, además, que las lideresas compartan aprendizajes, establezcan vínculos con organizaciones de otros países e influyan en las políticas de movilidad humana y protección de derechos. Si bien esta iniciativa en sus inicios estaba dirigida a mujeres de la diáspora venezolana, hoy se ha convertido en una plataforma regional “que integra lideresas de diversas diásporas de América Latina y el Caribe” 62. En términos de logros, más de 600 mujeres han sido capacitadas de forma virtual desde que se inició el proyecto en 2021. Además, 132 lideresas pudieron fortalecer sus capacidades de forma presencial a través de cuatro encuentros regionales: Panamá en 2022, Buenos Aires en 2023, Cartagena en 2024 y Lima en 2025. Cada encuentro concluyó con una declaración en la que las participantes plasmaron sus compromisos y prioridades. Otro de los resultados de esta iniciativa ha sido la consolidación de una Red Regional de Lideresas conformada por mujeres de 12 países. Según la OEA: “La incorporación progresiva de la OIT y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reforzó además los componentes de empleo, protección internacional e integración socioeconómica”63. A nivel iberoamericano, esta experiencia ha permitido el intercambio de buenas prácticas entre mujeres migrantes y sus organizaciones, fomentando la cooperación, el diálogo regional, e impulsando la incidencia en políticas públicas. Esta experiencia muestra que la relación con las diásporas puede construirse mediante el fortalecimiento de las organizaciones creadas por las propias comunidades migrantes.

OIM Con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI), el Gobierno de Canadá y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la OIM organizó durante el 2025, jornadas de formación virtual en las que participaron 130 líderes y lideresas de ALC para fortalecer sus capacidades. En marzo del 2026, 46 de los participantes en este curso fueron elegidos para ser parte del Foro Regional de Lideresas y Líderes de las Diásporas en América Latina y el Caribe, el cual se celebró en Río de Janeiro. De acuerdo con la OIM, las jornadas y el foro tuvieron como finalidad fortalecer las capacidades de líderes migrantes y retornados, intercambiar buenas prácticas, y acordar propuestas conjuntas para influir en la agenda regional de movilidad humana. La OIM indica que este proceso de formación permitió lograr los siguientes objetivos: “creación de una red regional virtual de lideres y lideresas migrantes; creación de un cuadernillo de buenas prácticas desde la sociedad civil en temas de protección e integración de personas migrantes; y fortalecimiento de capacidades de las y los lideres y lideresas migrantes en diversos temas como liderazgo, presentación de proyectos internacionales, rendición de cuentas, comunicación, estrategias de integración socio económica, entre otros temas”.

62. Ibidem. 63. Ibidem.

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En cuanto a su utilidad para Iberoamérica, esta experiencia muestra cómo una capacitación regional puede generar un espacio de coordinación permanente entre organizaciones de la diáspora. Además, brinda un ejemplo de cómo se puede fortalecer a las organizaciones de migrantes a fin de generar impactos positivos para las diásporas.

Lecciones aprendidas y oportunidades Las políticas de vinculación pueden abarcar diferentes dimensiones de la relación con las diásporas. El Programa VinculARnos (Argentina) comprende el trabajo con asociaciones y redes profesionales, actividades sociales, culturales y deportivas, y la participación electoral. El Programa de Servicios El Salvador + (El Salvador) acerca servicios públicos y privados; el PALH (Perú) se concentra en la protección legal y humanitaria; los Encuentros de Consejos Consultivos y Asociaciones de Uruguayos/as Residentes en el Exterior (Uruguay) establecen espacios de participación; y el BID genera información sobre los vínculos económicos expresados mediante las remesas. Estas experiencias muestran diferentes dimensiones de la vinculación y ofrecen una oportunidad para articularlas, de acuerdo con las prioridades de cada país. Fortalecer a las organizaciones de las diásporas puede ampliar el alcance de las políticas de vinculación. Los Encuentros de Consejos Consultivos y Asociaciones de Uruguayos/as Residentes en el Exterior y la iniciativa de fortalecimiento de capacidades de mujeres migrantes, refugiadas y lideresas de organizaciones de las diásporas (OEA y OIM) muestran la importancia de contar con organizaciones que puedan formular propuestas, compartir experiencias y participar en el diálogo con las instituciones públicas. La experiencia uruguaya destaca, además, el valor de mantener espacios periódicos de diálogo, respetando la autonomía de las organizaciones y vinculando sus propuestas con la respuesta y el seguimiento institucionales. Trabajar con las organizaciones de la diáspora permite conocer mejor sus demandas, escalar las iniciativas de manera más rápida y generar un diálogo para producir mejores respuestas. Los encuentros y las redes reseñados ofrecen también oportunidades de cooperación entre organizaciones de las diásporas establecidas en distintos países. Fortalecer la red consular es clave para las políticas de vinculación. Varias de las buenas prácticas reseñadas operan a través de los consulados: el Programa VinculARnos, el Programa de Servicios El Salvador + y el PALH. Estas experiencias muestran la importancia de dotar de recursos y fortalecer las capacidades de las oficinas consulares, así como su coordinación con otras instituciones, para desarrollar sus funciones de vinculación, protección y asistencia a los ciudadanos en el exterior. La diversidad de las diásporas requiere políticas de vinculación adaptadas a distintos perfiles y necesidades. El Programa de Servicios El Salvador + contempla diferencias relacionadas con la ubicación, la edad y la situación administrativa migratoria. El PALH dispone de recursos para atender a personas en situaciones de especial vulnerabilidad. La iniciativa de formación de lideresas fortalece capacidades de liderazgo, gestión organizacional e incidencia en políticas públicas. Estas experiencias muestran que la adaptación de las políticas comprende tanto la atención a necesidades específicas como el fortalecimiento de las capacidades de participación y organización de las propias diásporas. La combinación de servicios presenciales, itinerantes y digitales permite ampliar la cobertura de la atención consular. El PALH financia servicios itinerantes para comunidades alejadas de las oficinas consulares, mientras que el Programa de Servicios El Salvador + combina ferias y giras con un catálogo digital y quioscos instalados en los consulados. Estas modalidades ofrecen instrumentos complementarios para acercar información y servicios a las diásporas y facilitar su acceso desde distintos lugares de residencia.

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Las redes consulares pueden complementar los servicios que brindan mediante alianzas con el sector privado. El Programa de Servicios El Salvador + muestra que la colaboración con instituciones públicas y privadas permite ampliar la oferta de servicios a la diáspora. En ámbitos como la inversión, la bancarización, el turismo o la educación, existen oportunidades para desarrollar alianzas que respondan a las necesidades de los ciudadanos en el exterior. Estas podrían incorporar, según cada contexto, a entidades del país de origen o del país de residencia. La información comparable sobre las remesas ofrece una base para orientar la Cooperación Iberoamericana. Los informes y la plataforma DataMIG (BID) permiten conocer los flujos de remesas, analizar sus características y examinar los costes de envío. La importancia de las transferencias entre países de la Comunidad Iberoamericana, incluidos los envíos desde España hacia varios países latinoamericanos, señala un ámbito de interés compartido. Este conocimiento ofrece una oportunidad para identificar obstáculos y orientar la cooperación destinada a facilitar las transferencias y reducir sus costes. Las experiencias desarrolladas para una diáspora pueden adaptarse para incorporar progresivamente a otras. La iniciativa de fortalecimiento de capacidades de mujeres migrantes, refugiadas y lideresas de organizaciones de las diásporas, dirigida inicialmente a mujeres de la diáspora venezolana, ha ampliado su participación a lideresas de diversas diásporas de ALC. Esta experiencia muestra que es posible aprovechar los conocimientos, las metodologías y las redes existentes para extender el alcance de una iniciativa, adaptándola a las características y necesidades de las nuevas participantes.

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Programa MigraMovil. Imagen: Gobierno del Paraguay

VIII. Capítulo III: Protección e inclusión socioeconómica de las personas migrantes


Panorama regional y elementos comunes En Iberoamérica confluyen distintas formas de movilidad que comprenden la migración laboral, la reunificación familiar, la búsqueda de protección internacional, el tránsito y el retorno. Estas realidades se presentan con diferentes características en los países de la Comunidad Iberoamericana y dan lugar a respuestas acordes con sus respectivos contextos, marcos normativos y prioridades. Las experiencias recogidas en este capítulo reflejan una atención a la protección y la inclusión socioeconómica de las personas en movilidad, así como al fortalecimiento de la gestión migratoria. En este marco, el acceso a la documentación y a la regularidad aparece como un instrumento relevante para facilitar el ejercicio de derechos, el acceso a servicios y la participación en la economía formal. En un estudio reciente, el BID ha encontrado que entre el 2010 y el 2025, los países de ALC pusieron en marcha 70 programas de regularización64. Los programas, políticas y planes reseñados atienden también a la protección de los ciudadanos en el exterior y a la reintegración de las personas retornadas. Esta mirada permite considerar las necesidades de las personas a lo largo de las distintas etapas de la movilidad, desde la asistencia y la atención inmediata hasta el acceso a oportunidades de inclusión. En ella tienen cabida tanto las necesidades de protección de las personas refugiadas y solicitantes de refugio como la atención a situaciones de especial vulnerabilidad. La diversidad de las intervenciones muestra, asimismo, la importancia de adecuar las respuestas a las circunstancias de las personas y de los territorios en los que se desarrollan. Además, se observa un esfuerzo por facilitar el acceso a los servicios migratorios y de atención, mediante su descentralización, la simplificación de trámites y una mayor articulación entre instituciones. La inclusión laboral ocupa un lugar destacado en las prácticas reseñadas, con medidas orientadas al acceso al empleo formal, la formación, el reconocimiento de competencias y el apoyo al emprendimiento. Estas actuaciones se inscriben en una perspectiva más amplia de inclusión socioeconómica, que comprende también el acceso a la educación, la salud y la protección social. Algunas iniciativas incorporan a las comunidades de acogida, con el propósito de favorecer oportunidades compartidas y contribuir a la cohesión social. La coordinación entre instituciones, la participación de distintos sectores y la cooperación ofrecen vías para acompañar estos esfuerzos, de acuerdo con las prioridades de cada país. Las experiencias de asistencia técnica, financiación e intercambio recogidas en este capítulo permiten identificar oportunidades de aprendizaje y colaboración en la Comunidad Iberoamericana. A continuación, desarrollaremos las buenas prácticas aportadas por los países y las iniciativas remitidas a la SEGIB por el BID, la OEA, la OIM y la OIT. Estas se han dividido en ocho categorías: regularidad, protección en el exterior, políticas de retorno, gestión migratoria, integración laboral, integración social, financiamiento, y planes regionales o nacionales.

64. van der Werf, c., Harris,J., Velásquez, A. (Eds.). (2025). El derecho a pertenecer: regularización de migrantes en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.

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Experiencias y Buenas prácticas Regularidad Brasil Uno de los ejemplos más duraderos de los programas cuyo objetivo es promocionar la regularidad migratoria en Iberoamérica es la denominada Operación Acogida, ejecutada por Brasil desde el año 2018. Este es un programa de regularización e integración dirigido a personas venezolanas en situación de movilidad con el fin de “asegurar la regularidad documental, la seguridad jurídica y el acceso efectivo a derechos y servicios públicos”65. Como parte de esta política, la Policía Federal de Brasil se encarga de realizar labores de control migratorio, identificación, registro y documentación de personas migrantes y refugiadas. Así, en el Estado brasileño fronterizo de Roraima, que linda con Venezuela, la Policía Federal se encarga de identificar biométricamente a los migrantes y refugiados venezolanos, recibir sus solicitudes de autorización de residencia y de reconocimiento de su estatus de refugiado, de registrarlos, y de emitir los documentos que correspondan. Si bien la Policía Federal tiene un rol clave en la Operación Acogida, este es un programa coordinado por diversas instituciones entre las que se encuentran órganos del gobierno federal de Brasil, entidades subnacionales y organizaciones internacionales y de la sociedad civil. La obtención de documentos migratorios es de suma importancia para las personas en movilidad, porque les abre las puertas para acceder a servicios como educación y salud, conseguir un trabajo formal, obtener asistencia social y ser trasladadas de manera gratuita y voluntaria a otras ciudades brasileñas en las que tienen un familiar o una red social, o donde hay albergue disponible u oportunidades de empleo. A la fecha, la Operación Acogida ha beneficiado a más de 156 mil personas venezolanas y ha alcanzado a más de 1,100 municipios en todas las regiones de Brasil a donde se han trasladado personas en movilidad. Otra de las ventajas de este programa es que, de acuerdo con la información brindada por el gobierno brasileño para este informe, la Operación Acogida ha fortalecido “la capacidad institucional de respuesta ante flujos migratorios de gran escala, mediante una actuación interinstitucional permanente y procedimientos estandarizados de identificación, registro y derivación”66.

España Uno de los procesos más significativos de los últimos años en términos regionales es el iniciado por España. El denominado Proceso Extraordinario de Regularización de Personas Extranjeras es una política asumida por el Estado español que tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular presentada por la sociedad civil y respaldada por más de 700 mil firmas. De acuerdo con el gobierno de España, este proceso busca brindar autorizaciones de residencia y trabajo a personas que encontrándose en España al 01.01.26 y de manera ininterrumpida 5 meses antes de la presentación de la solicitud, hicieran efectiva dicha solicitud entre el 16.04.26 y el 30.06.26, a fin de lograr tres objetivos: garantizar el acceso a la titularidad de derechos civiles, sociales, sanitarios y laborales a la población migrante en situación de vulnerabilidad administrativa; aflorar el empleo informal, integrando a los trabajadores en el sistema formal de la Seguridad Social e incrementando la cotización pública; y prevenir la exclusión social, la precarización y los riesgos de explotación laboral o discriminación”67. 65. Información suministrada por Brasil. Traducción propia. 66. Ibidem. Traducción propia. 67. Información suministrada por España.

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Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el 30.06.26, las cifras oficiales señalan que se presentaron antes del cierre del plazo de inscripción alrededor de 1,175 millones de solicitudes de regularización. Esto es de gran importancia para la comunidad iberoamericana en tanto que el 67% de las solicitudes corresponden a personas procedentes de los países de América Latina, principalmente de Colombia (27%), Venezuela (12%), Perú (9%) y Honduras (5%). Esta regularización, por el alto número de personas incorporadas, será muy relevante para las diásporas iberoamericanas. Más del 70% de los nuevos afiliados a la seguridad social en agosto del 2026 provienen de este proceso.

Uruguay Otro de los países que ha apostado por la regularidad en Iberoamérica ha sido Uruguay. De acuerdo con la información proporcionada por la Junta Nacional de Migración (JNM) uruguaya, el objetivo de brindar acceso a la documentación y al estatus regular a los migrantes es garantizar la integración socioeconómica, el ejercicio efectivo de sus derechos, incrementar la seguridad y generar un impacto positivo en el desarrollo del país. En el caso de Uruguay, la regularización se da a través de un marco jurídico y varios instrumentos legales, a saber, la Ley de Migración 18.250 (2008), la Ley 17.927 (2005) el Decreto 118/018 (2018), el Decreto 356/2018 (2018), el Decreto 45/023 (2023), el Decreto 138/024 (2024) y la Ley de Refugio, 18.076 (2006)68. Una de las disposiciones más significativas que tiene Uruguay se encuentra en la Ley de Migración y es el reconocimiento de la residencia permanente a los nacionales de los países asociados y parte del MERCOSUR que soliciten esta categoría migratoria. Por esta vía, las personas de los siguientes países pueden obtener la residencia permanente en Uruguay: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela. Además, la legislación uruguaya permite acceder a la residencia permanente a los cónyuges, concubinos, padres y hermanos de uruguayos independientemente de su nacionalidad. Otra característica a resaltar del sistema uruguayo es que el marco normativo y sus mecanismos administrativos —como el Plan de Respuesta Rápida de la Dirección Nacional de Migración— permiten acceder a la residencia permanente y al documento nacional de identidad de manera expedita, sin haber tramitado antes una temporaria. Estas y otras normas han generado como resultado un incremento sostenido de la migración regular en Uruguay. En efecto, entre el 2016 y el 2025 los datos muestran que se iniciaron 166 mil residencias en Uruguay (entre temporarias y permanentes). La mayoría de las personas que han accedido a estas residencias provienen de países de ALC. La diversidad de instrumentos que facilitan la regularización ha permitido a Uruguay minimizar la migración irregular y la informalidad laboral. Sobre esto último, el gobierno uruguayo señala que en materia de informalidad “no se observan diferencias significativas con la población no migrante”69.

68. Otros instrumentos relevantes son el Plan de Respuesta Rápida (2013), el Documento Marco de Política Migratoria (2016), el Plan Nacional de Integración para personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas, 2023 - 2024, y el Programa de Residencia por Arraigo (2024). 69. Información suministrada por Uruguay.

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Protección en el exterior Argentina En materia de protección, Argentina ha implementado la Ley 26364 sobre asistencia consular en casos de trata de personas. Esta norma obliga a sus diplomáticos y cónsules a asistir y garantizar el retorno voluntario de los ciudadanos argentinos que sean víctimas de trata en el exterior. La asistencia y contención que prestan los funcionarios argentinos en el exterior se brinda de manera coordinada con organismos especializados del país en el que se da el caso de trata y también de la Argentina. El objetivo de esto es “restablecer las condiciones mínimas de bienestar y seguridad”70. Asimismo, a fin de ofrecer protección adecuada a las víctimas de trata, la red consular argentina realiza intercambios de experiencia y este asunto forma parte de la formación y capacitación de los aspirantes a diplomáticos y los funcionarios que trabajan en los consulados. Más aún, también se brinda capacitación externa a los funcionarios de la Dirección de Argentinos en el Exterior de parte del Proceso de Quito y la OIM. Según datos del gobierno argentino, en el marco de esta ley se logró atender 66 casos de trata de personas durante el 2025 a nivel mundial. De éstos, un 77% fueron registrados por la red consular en Iberoamérica, lo que muestra la importancia de esta iniciativa para la región.

El Salvador Con base en la Ley “Crecer Juntos” y compromisos internacionales, El Salvador ha creado las Oficinas en el exterior del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), las cuales brindan atención, protección y el apoyo para un retorno seguro de este grupo poblacional. De acuerdo con la información brindada por el gobierno salvadoreño, los objetivos de estas oficinas son los siguientes: “facilitar procesos de identificación de vulneración de derechos hacia niñas, niños y adolescentes migrantes y sus familias, que permitan promover acciones que garanticen la protección hacia la población salvadoreña; facilitar la identificación de redes de apoyo del niño, niña o adolescente migrante salvadoreño, reconociendo que la protección y la resiliencia se construyen en comunidad; generar en los niños, niñas y adolescentes migrantes salvadoreños procesos de fortaleza interna, con énfasis en el desarrollo psicológico y emocional, la construcción de una identidad positiva, autoestima y recursos de afrontamiento saludables; fomentar en los niños, niñas y adolescentes migrantes salvadoreños la adquisición de habilidades interpersonales y de resolución de conflictos, esenciales para su integración exitosa y pacífica en comunidades diversas y complejas; contribuir al fortalecimiento de las raíces culturales de la niñez y adolescencia como parte de la diáspora salvadoreña, a través de la construcción de una identidad sólida y sentido de pertenencia”71. Para poder atender a los niños y adolescentes salvadoreños en el exterior, el gobierno de dicho país ha establecido 10 oficinas CONAPINA en México y Estados Unidos, particularmente en sitios que constituyen tramos fronterizos o que tienen niveles altos de flujos migratorios. La red consular salvadoreña, además, cuenta con psicólogos y especialistas en niñez migrante para poder atender estos casos. El gobierno de

70. Información suministrada por Argentina. 71. Información suministrada por El Salvador.

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El Salvador destaca que la ubicación estratégica de las oficinas “permite la identificación de perfiles de vulnerabilidad, la atención especial e inmediata en centros de procesamiento y el apoyo necesario para un retorno seguro de manera presencial”72.

Políticas de retorno Guatemala El gobierno de Guatemala ha implementado una política interinstitucional que combina la atención humanitaria con la búsqueda de la reintegración sostenible: el Plan Retorno al Hogar (PRH). Esta política articula los diferentes programas y proyectos gubernamentales que tienen por fin mejorar las condiciones de vida de la población retornada. Un aspecto a destacar de este plan es que atiende a las personas retornadas a lo largo de su trayecto. En ese sentido, el PRH se divide en tres fases: Cerca de ti, Regreso Digno y Nuevas Oportunidades. La primera fase hace referencia a la atención que reciben los guatemaltecos a través de la red consular cuando se encuentran en el exterior. Entre los servicios que brinda la red consular se encuentra, por ejemplo, la documentación y los consulados móviles que buscan facilitar el acceso a la ayuda e información consular. La segunda fase, Regreso Digno, es la etapa de atención humanitaria a los migrantes retornados en Guatemala. Esta fase consiste en la recepción y registro de los retornados en centros administrativos a cargo del Instituto Guatemalteco de Migración. En estos centros, los migrantes retornados son recibidos y se recopilan datos sobre “sus necesidades, capacidades, conocimientos, situación documental y condiciones específicas.”73 Además, durante esta fase se hace entrega de insumos como kits de higiene, ropa y alimentos; se realizan consultas médicas; se brinda información sobre servicios, programas y proyectos a su disposición; se ayuda a los retornados con el traslado a su destino; y se brinda albergue a quien lo necesite74. En la tercera fase, Nuevas Oportunidades, se intermedia y deriva a las personas a los programas y servicios públicos que requieran según su perfil, el cual se basa en la información recopilada en la segunda fase. Según la información brindada por el gobierno guatemalteco, “esto puede incluir acceso a educación, salud, capacitación técnica, certificación de competencias, becas, programas de emprendimiento, documentación de identificación, oportunidades laborales, atención psicosocial, asesoría legal, programas sociales y otros servicios disponibles”75. Entre los resultados del PRH destacan los siguientes logros en la primera y segunda fase: casi 82 mil inscripciones de nacimientos en consulados; más de 550 mil pasaportes entregados en EE.UU.; más de 87 mil personas recepcionadas y registradas; más de 35 mil personas entrevistadas para su derivación a servicios y programas; más de 32 mil servicios de alimentación entregados; casi 9 mil atenciones médicas; y más de 9 mil servicios de Albergue. En la fase de reintegración, se logró la inserción laboral de 2,200 personas y la capacitación técnica de casi 1,300.

72. Ibidem. 73. Información suministrada por Guatemala. 74. Gobierno de Guatemala (2025). Plan retorno al hogar. 75. Información suministrada por Guatemala.

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México A fin de garantizar un retorno “digno, humano y efectivo”76 de sus nacionales repatriados desde los Estados Unidos, el gobierno de México ha lanzado la Estrategia Nacional de Coordinación “México te Abraza”. Esta estrategia involucra a 34 dependencias del Gobierno Federal que colaboran de manera interinstitucional y ofrecen una gran variedad de servicios, desde atención en salud hasta documentación, inclusión financiera y vinculación laboral y educativa. La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación de México explica el funcionamiento de “México te Abraza” de la siguiente manera: “Cuando se recibe a un connacional repatriado desde Estados Unidos se le brinda alimentos; atenciones médicas de primer contacto y atención psicológica; traslados a comunidades de origen; tarjetas “Bienestar Paisano con un apoyo económico para gastos de traslado; afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante tres meses por decreto presidencial por razones humanitarias; acceso a llamadas telefónicas; emisión del CURP (Clave Única de Registro de Población) y Actas de nacimiento; atención diferenciada para mujeres y núcleos familiares; trámites educativos; asesorías en temas agrarios y de vivienda; así como inclusión financiera, reintegración y vinculación laboral”77. Al 14 de agosto del 2026, “México te Abraza” contaba con siete puntos de recepción y realizaba jornadas de servicios en nueve aeropuertos, coordinando el retorno de nacionales mexicanos tanto por vía terrestre como aérea. Además, esta estrategia cuenta con ocho centros de atención para repatriados, con una capacidad de alojamiento total de 1,400 personas. Según información proporcionada por México, bajo este programa se han recibido a más de 271 mil personas repatriadas, 171 mil por vía terrestre y 99 mil por vía aérea78.

Gestión migratoria Honduras Honduras ha apostado por un mecanismo de atención integral para las personas en movilidad a través de los Centros de Atención al Migrante (CAM), los Centros de Atención al Migrante Irregular (CAMI) y los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR). Estos centros, que tienen un enfoque de derechos humanos, están destinados a la regularización y cuidado de las personas migrantes en tránsito, en vulnerabilidad y retornadas. De acuerdo con la información remitida por Honduras para este reporte, los objetivos de los centros consisten en: “garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes; facilitar procesos de regularización y una movilidad segura, ordenada y regular; reducir los riesgos asociados a la migración irregular; promover el acceso a servicios, programas de protección social y oportunidades de inclusión socioeconómica; fortalecer la atención integral y la coordinación institucional para responder a las necesidades de la población migrante y retornada”79. En ese sentido, a las personas que llegan a estos centros se les toman sus datos biométricos, y se les brinda orientación migratoria y atención humanitaria. Además, las personas en movilidad son referenciadas a las instituciones pertinentes y se les acompaña para que puedan acceder a los servicios y mecanismos de protección que correspondan. Para Honduras, estos centros, complementados por la modernización

76. Información suministrada por México. 77. Ibidem. 78. Ibidem. 79. Información suministrada por Honduras.

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de los sistemas de gestión migratoria que ha realizado el Instituto Nacional de Migración, son claves pues permiten tener estadísticas migratorias e información desagregada de los diferentes flujos migratorios y de solicitudes de refugio. Un ejemplo del funcionamiento de los CAMI es el Centro de Atención al Migrante Irregular “Francisco Paz” (Danlí, El Paraíso), el cual ofrece —además de lo anteriormente mencionado— atención médica, psicológica y alojamiento. En 2025 atendió a casi 30 mil personas, brindó atención en salud a cerca de 6 mil migrantes irregulares y a 582 solicitantes de refugio o refugiadas. El centro tiene capacidad para atender a 800 personas en control migratorio y alojar a 40080. Para el Instituto Nacional de Migración hondureño, estos centros pueden servir como ejemplo para otros países de Iberoamérica que buscan gestionar la movilidad humana desde un enfoque de equilibrar la seguridad, el desarrollo humano y la protección.

México A fin de atender con un enfoque de derechos humanos y de manera integral a personas solicitantes de refugio, de asilo y beneficiarias de protección complementaria, México ha implementado el Centro Multiservicios de Inclusión y Desarrollo de Tapachula (CMS-T), en Chiapas. Este centro, que está bajo responsabilidad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ofrece diferentes servicios a quienes solicitan protección internacional. Entre estos servicios se encuentran la orientación sobre derechos, la asesoría legal, la documentación y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes no acompañados, la asistencia médica y psicosocial, y la protección internacional. En adición al CMS-T, México ha impulsado el Proyecto “(Re)integración socioeconómica de personas migrantes” a través de los Centros de Asistencia Móvil para Migrantes (CAMMs) en coordinación con la OIM. Estos centros móviles son innovadores pues vinculan en un mismo espacio la regularización migratoria con el acceso al empleo formal, facilitando la integración socioeconómica. En palabras de la Secretaría de Relaciones Exteriores para este informe: “Esta iniciativa consolida un modelo de atención móvil que facilita el acceso a las personas migrantes en México a procesos de regularización migratoria, documentación, orientación, certificación de competencias Asimismo, promueve la inserción laboral mediante la canalización de las personas migrantes con empleos formales, al tiempo que fortalece sus capacidades para la empleabilidad, la inclusión financiera y el acompañamiento psicosocial, contribuyendo a su integración socioeconómica y al ejercicio de sus derechos”81. En el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2026, los CAMMs han logrado regularizar a 342 personas, la mayoría a través de la vía de unión familiar. Además, estos centros han identificado las competencias y habilidades de más de 3,400 personas y han realizado casi 846 vinculaciones laborales. En el ámbito de desarrollo de capacidades, 351 personas se han beneficiado de 27 talleres y sesiones informativas que han sido coordinadas por los CAMMs, y estos centros han entregado 160 revalidaciones de estudios y certificaciones de competencias82.

80. Ibidem. 81. Información suministrada por México. 82. Ibidem.

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Paraguay La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay ha implementado el Programa MigraMóvil con el objetivo de descentralizar el acceso de servicios migratorios, acercándolos a diferentes localidades de este país. El Programa busca, además, fomentar la regularización migratoria y fortalecer la atención directa de las personas en movilidad. Esta iniciativa se desarrolla mediante jornadas calendarizadas en distintos departamentos del país, permitiendo ampliar el alcance institucional y facilitar el acceso de la población a los servicios ofrecidos por la institución83. Además de la descentralización, otro de los logros de MigraMóvil es el fortalecimiento de la articulación entre instituciones del Estado paraguayo. En efecto, en las jornadas de este programa destaca la presencia de la Policía Nacional que se encarga de brindar certificados de antecedentes; de la Secretaría de Repatriados que atiende a los migrantes que tengan parentesco directo con ciudadanos paraguayos; y de la Comisión Nacional de Refugiados para asesorar y orientar a los refugiados o a quienes deseen solicitar esta condición. Para la Dirección Nacional de Migraciones, esta es “una experiencia de gestión descentralizada con potencial de adaptación a otros contextos iberoamericanos”84. A través de MigraMóvil, las personas pueden gestionar solicitudes de residencia, prórrogas y renovaciones, así como la obtención y reposición de documentos migratorios, entre otros trámites85.

Integración laboral Colombia Como parte del Programa de Fortalecimiento de las Políticas de Empleo de Colombia, con el apoyo del BID, se creó la iniciativa Saber Hacer Vale, la cual tuvo por finalidad mejorar la empleabilidad de personas colombianas, migrantes y retornadas mediante la evaluación y certificación de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. De esta manera, el programa permitió reconocer formalmente conocimientos y habilidades que no necesariamente fueron obtenidos dentro de los sistemas tradicionales de educación. Para facilitar la participación de las personas con mayores barreras de inserción laboral, Saber Hacer Vale combinó los procesos de evaluación y certificación con bonos de conectividad y apoyos para alimentación y cuidados. Asimismo, la iniciativa desarrolló soluciones digitales para orientar y conectar a los trabajadores con oportunidades de empleo, así como herramientas tecnológicas para mejorar la información disponible sobre el mercado laboral y fortalecer los servicios públicos de empleo. De acuerdo con la información brindada por el BID, una primera convocatoria benefició a 1,974 colombianos y 953 personas migrantes, entre ellas 631 mujeres migrantes. Posteriormente, el programa amplió su alcance y logró certificar a más de 14,500 personas. La última convocatoria de este programa se dio en el año 2025. Actualmente, el BID se encuentra finalizando una evaluación de impacto para conocer los alcances de Saber Hacer Vale, por lo que todavía no es posible determinar sus efectos sobre el acceso al empleo o la calidad de los puestos de trabajo.

83. Información suministrada por Paraguay. 84. Ibidem. 85. Dirección Nacional de Migraciones del Paraguay. Programa MigraMóvil. Disponible en: https://migraciones.gov.py/migramovil/

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Un punto a destacar de esta iniciativa es que involucró la colaboración del gobierno colombiano, el BID y el Fondo General de Cooperación de España, el cual financió la cooperación técnica que ayudó a conseguir fondos para el proyecto y a desarrollar las soluciones tecnológicas que involucró. En cuanto a las lecciones de esta iniciativa para el ámbito iberoamericano, el BID considera que: “La experiencia ofrece lecciones valiosas para países que enfrentan retos asociados a flujos migratorios, integración laboral y reconocimiento de capacidades de trabajadores migrantes, retornados y comunidades de acogida, mostrando un modelo con potencial de adaptación y replicabilidad en otros contextos de América Latina e Iberoamérica”86.

México Como parte de sus esfuerzos para acelerar la inserción laboral, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México impulsaron el diseño del micrositio “México Te Emplea”. Esta es una plataforma digital a cargo del Servicio Nacional de Empleo que ayuda a mexicanos, migrantes, solicitantes de refugio y refugiados a encontrar ofertas de empleo y les facilita información sobre derechos laborales, y cómo prevenir el fraude migratorio o laboral.

Perú A fin de promover la inclusión socioeconómica de las mujeres migrantes y de las mujeres de sus comunidades de acogida, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú implementó entre septiembre y diciembre de 2025 el proyecto “Fortalecimiento de emprendimientos liderados por mujeres en Lima Metropolitana” (PROGRESAMOS). La iniciativa estuvo dirigida a mujeres emprendedoras y tuvo como objetivo crear nuevos emprendimientos o fortalecer los existentes para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las participantes. PROGRESAMOS combinó la capacitación en desarrollo empresarial, salud financiera, regularización migratoria y planes de negocio con mecanismos de acceso al financiamiento. En efecto, este proyecto ayudó a fortalecer las capacidades de 300 mujeres y facilitó el acceso a microcréditos para que las mujeres mejoren la productividad y competitividad de sus negocios. Además, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú espera que, tras la culminación del proyecto PROGRESAMOS, los emprendimientos de las mujeres migrantes pasen a la formalidad, lo que mejoraría sus condiciones de vida y empleo, y les daría pleno acceso a los derechos económicos y sociales. Otro de los resultados esperados es que las capacitaciones les permitan adoptar mejores prácticas financieras y de gestión para que las mujeres puedan lograr autonomía económica.

Portugal Como parte del Plan de Acción para las Migraciones, la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo de Portugal ha implementado el Programa Integrar para el Mercado, el cual busca capacitar e integrar laboralmente a migrantes, solicitantes de asilo y beneficiarios de la protección internacional o la protección temporal. En un plano más amplio, este programa tiene como objetivo mejorar la productividad y la competitividad de la economía portuguesa a través de la inserción profesional de las personas extranjeras. De acuerdo con la información brindada por las autoridades portuguesas para este informe:

86. Información suministrada por el BID.

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“El programa combina la enseñanza de la lengua, la formación técnica certificada, las prácticas en empresas y el acompañamiento a la inserción profesional, promoviendo una integración sostenible de migrantes y beneficiarios de protección internacional.”87 Para lograr sus objetivos, esta iniciativa cuenta con la colaboración de entidades públicas, formadoras, del sector privado y de asociaciones empresariales. En cuanto a los logros del Programa Integrar para el Mercado, estos se pueden dividir en dos verticales sectoriales que forman parte del programa: Integrar para el Turismo e Integrar para la Construcción. Sobre la primera, la edición inaugural de Integrar para el Turismo contó con 655 participantes, entregó 552 diplomas y permitió que personas en movilidad realizaran 498 prácticas en 175 empresas88. Respecto a Integrar para la Construcción, esta iniciativa tuvo una primera edición con mil plazas. El programa prevé además dos nuevas dimensiones: Integrar para los Cuidados, un piloto que se lanzará en octubre de 2026 para formar y certificar cuidadores de los sectores social y sanitario, y un Programa de Emprendimiento Inclusivo aún en desarrollo89. Para Portugal, este programa representa una oportunidad que puede ser replicada en Iberoamérica en países que buscan integrar a las personas en movilidad y responder a la falta de mano de obra cualificada en diversos sectores de la economía. Ahora bien, Portugal ha implementado una segunda medida a fin de fomentar la migración laboral regular: la extinción de la Manifestación de Interés. Esta última política permitía que los extranjeros, independientemente de su condición migratoria, regularizaran su condición migratoria al alegar un contrato de trabajo o una oferta de empleo. Al eliminarse la Manifestación de Interés, la regla general para la migración laboral a Portugal consiste en obtener una visa de residencia fundamentada en un contrato de trabajo en el país de origen o residencia, previo al ingreso a territorio portugués. Para el gobierno de Portugal, este cambio en las normas migratorias reduce la migración irregular, privilegia el ingreso regular, combate las redes de migración ilegal, añade previsibilidad a los flujos, reduce la presión sobre la administración pública y los pedidos de regularización, y fortalece la articulación entre los servicios consulares y la política migratoria.

OIM Durante 2025, la OIM desarrolló en Guatemala un proyecto piloto del Fondo de Desarrollo Empresarial, un mecanismo que busca fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas y generar oportunidades de empleo formal para personas migrantes retornadas y para la población local. En ese sentido, el Fondo otorga subvenciones no reembolsables destinadas a financiar inversiones de capital dentro de los planes de expansión de las empresas, con la finalidad de aumentar su productividad, ampliar sus operaciones y crear nuevos puestos de trabajo. Este mecanismo busca, según la OIM, “reducir la brecha entre las necesidades de talento del sector privado y las habilidades disponibles en el mercado laboral”90.

87. Información suministrada por Portugal. Traducción propia. 88. Ibidem. Traducción propia. 89. Ibidem. 90. Información suministrada por la OIM.

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El Fondo vincula el apoyo del sector privado con la reintegración laboral de las personas retornadas. En esa lógica, impulsa a las empresas a ser inclusivas en la contratación y apoya a las que se hacen cargo del alojamiento y la alimentación de los retornados, de forma gratuita o a precio reducido, durante sus primeros meses de reinserción laboral. De acuerdo con la información brindada por la OIM, el piloto de 2025 generó 125 nuevos empleos en el departamento de Guatemala y el 30 % de las nuevas vacantes fue ocupado por personas migrantes retornadas91. En 2026, el mecanismo entró en una fase de ampliación en Huehuetenango, donde se proyecta crear 80 nuevos empleos y contratar en ellos a por lo menos 50 personas retornadas. La elección de Huehuetenango tuvo una razón muy concreta: es uno de los departamentos que presenta mayores niveles de migración de retorno. Para la OIM, esta experiencia tiene potencial de adaptación en otros países iberoamericanos porque combina “el desarrollo productivo de las MIPYMES con la generación de empleo formal y la inclusión económica de personas migrantes retornadas y población local”92.

Integración social Portugal Una de las buenas prácticas suministradas por Portugal para este informe es la de los Mediadores Lingüísticos y Culturales en las Escuelas. De acuerdo con la información entregada por el Gabinete del Secretario de Estado Adjunto de la Presidencia e Inmigración, la función principal de estos mediadores es “facilitar el diálogo entre la escuela, los estudiantes y sus familias, ayudando a superar las barreras lingüísticas, culturales y sociales que puedan dificultar el proceso educativo”93. Además de ello, los mediadores tienen diversas funciones, entre las que se encuentran apoyar la integración escolar del alumnado migrante o de entornos multiculturales, reforzar la relación entre las escuelas y las familias y prevenir conflictos relacionados con diferencias culturales94. En el curso escolar 2025/26, Portugal contó con 387 mediadores. La información proporcionada por el gobierno portugués destaca asimismo que el 98 % de los mediadores contratados por las escuelas participaron voluntariamente en actividades de formación para desempeñar sus funciones. Estas actividades fueron financiadas por la AIMA e impartidas por la Compañía de Jesús y la Fundación Aga Khan. Por último, el impacto de la iniciativa se evaluará en dos vertientes: la formación, a cargo de la Fundación Calouste Gulbenkian, y la contratación, a cargo del Centro de Competencias de Planificación, Políticas y Prospectiva de la Administración Pública.

91. Ibidem. 92. Ibidem. 93. Información suministrada por Portugal. Traducción propia. 94. Ibidem.

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Financiación OEA Desde 2020, OEA administra el Fondo del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), un mecanismo con siete países beneficiarios (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá) y que canaliza contribuciones voluntarias para implementar medidas referidas a la movilidad humana en Centroamérica y México. Su finalidad es financiar iniciativas nacionales y ofrecer asistencia técnica durante su diseño y ejecución. Los proyectos que reciben financiamiento del Fondo MIRPS son aquellos que se ejecutan como parte de los Planes de Acción Nacional y el Plan de Acción Regional, los cuales son diseñados en el marco del MIRPS. De acuerdo con la OEA, “El Fondo financia iniciativas orientadas a fortalecer la protección de personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas y retornadas con necesidades de protección, así como a fortalecer las capacidades institucionales de los Estados, ampliar el acceso a la asistencia humanitaria, facilitar la documentación y regularización, promover medios de vida y soluciones duraderas, y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes”95. Ahora bien, los resultados del primer portafolio muestran el alcance que ha tenido este mecanismo. Cuatro proyectos ejecutados en Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá ya concluyeron y beneficiaron en conjunto a más de 33 mil personas. Estos proyectos lograron el fortalecimiento de los sistemas de asilo, de la reintegración de las personas retornadas, de las respuestas para el desplazamiento interno y de la asistencia e inclusión en zonas fronterizas. Un aspecto a destacar del Fondo MIRPS es que articula un mecanismo regional de financiamiento con las prioridades establecidas por los propios Estados. De esta manera, combina recursos financieros, asistencia técnica y fortalecimiento institucional con el acompañamiento de proyectos implementados a nivel nacional. Para la OEA, esta experiencia contribuye también a fortalecer la cooperación entre gobiernos, organismos internacionales y socios cooperantes para la formulación de respuestas frente al desplazamiento forzado, el retorno y en beneficio de las comunidades de acogida.

Planes regionales o nacionales Cuba Este 2026, Cuba publicó tres leyes de gran importancia que representan un avance en beneficio de la diáspora cubana y la población refugiada, facilitando también la migración de carácter temporal. Estas leyes incluyen la Ley de Migraciones, de Extranjería y de Ciudadanía. En concreto, estos cambios normativos posibilitan dar la ciudadanía cubana a las personas apátridas y otorgar a los refugiados una residencia permanente, la posibilidad de trabajar y tener su propia residencia, fortaleciendo así su integración en la sociedad96.

95. Información suministrada por la OEA. 96. Información suministrada por Cuba.

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Costa Rica A través de un proceso colaborativo en el que participaron representantes de la academia, el sector privado, la sociedad civil, los organismos multilaterales, los gobiernos locales y sectoriales y de las personas en movilidad humana, Costa Rica elaboró el Plan Nacional de Integración de Costa Rica (PNICR) 2023-2027. Este es el tercer plan que publica el país centroamericano, tras el éxito del segundo PNICR 2018-202297. El objetivo central del nuevo plan nacional es “promover la integración e inclusión política, socioeconómica y sociocultural de la población migrante, refugiada y solicitante de refugio”98. Esto se espera lograr a través del “trabajo conjunto y articulado de la institucionalidad pública y académica, las organizaciones sociales, el sector privado y las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio en el país”99. Ahora bien, el PNICR 2023-2027 tiene seis ejes estratégicos: reconocimiento de la diversidad; población y personas en situación de vulnerabilidad; migración y trabajo; migración y salud; migración y educación; y fortalecimiento institucional. Cada uno de estos ejes estratégicos tiene objetivos, metas específicas, indicadores y acciones estratégicas para lograrlas. Entre las metas que se esperan cumplir con el PNICR 2023-2027 están realizar 10 acciones de formación continua sobre integración de la población migrante en el sistema educativo dirigidas al personal del Ministerio de Educación Pública; lograr 16,700 matrículas de migrantes y 908 de refugiados en los Servicios de Capacitación o Formación Profesional; certificar las competencias de 1390 personas; ejecutar 16 mil inspecciones de trabajo a fin de garantizar que los empleadores de personas en movilidad respeten sus derechos laborales; y lograr la atención en salud del 100% de las mujeres extranjeras embarazadas y del 100% de los menores de edad que la soliciten100. Un hecho a resaltar es que el PNICR es considerado una buena práctica, por lo que Costa Rica asesoró técnicamente al gobierno de Uruguay para que diseñe su propio Plan de Integración para los años 2022 y 2023101.

Ecuador En el marco del Proceso de Quito, la Estrategia Regional de Integración Socioeconómica para personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y retornadas en América Latina y el Caribe (+ERISE) es el marco regional que guía la integración socioeconómica de personas en movilidad humana, promovido por los países del Proceso de Quito bajo la Presidencia Pro Tempore de Ecuador en 2025, y en coordinación con otros mecanismos regionales. Ecuador destaca la implementación de la +ERISE como buena práctica. Esencialmente, el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana ecuatoriano aprobó la transversalización de la estrategia regional en la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana (ANIMHU), la cual es una hoja de ruta para el tratamiento de la movilidad humana para un periodo de cuatro años. De acuerdo con la información remitida

97. Dirección General de Migración y Extranjería. (2023). Plan Nacional de Integración de Costa Rica 2023-2027. Disponible en: https://migracion. go.cr/wp-content/uploads/2025/06/Plan-Nacional-de-Integracion-2023-2027.pdf 98. Información suministrada por Costa Rica. 99. Ibidem. 100. Dirección General de Migración y Extranjería. (2023). Plan Nacional de Integración de Costa Rica 2023-2027. Disponible en: https:// migracion.go.cr/wp-content/uploads/2025/06/Plan-Nacional-de-Integracion-2023-2027.pdf 101. Información suministrada por Costa Rica.

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por Ecuador, la ANIMHU operativiza la +ERISE al traducir “compromisos regionales en acciones concretas y medibles mediante una serie de indicadores, y territorializadas en un instrumento de planificación de cumplimiento obligatorio en el territorio ecuatoriano, para garantizar la integración socioeconómica de la población en movilidad humana”102. Entre los logros de la ANIMHU en Ecuador está que se han identificado territorios estratégicos (Quito, Guayaquil y Cuenca) en los que fortalecer la integración socioeconómica con miras a generar resultados, aprendizajes y experiencias que luego puedan ser replicables en otras áreas. La OIT, cuyos insumos sobre el programa +ERISE recogemos a continuación, señala este trabajo de Ecuador como una buena práctica en la implementación de +ERISE.

OIT En noviembre del 2025 se publicó la +ERISE. Esta estrategia fue actualizada para abarcar los diferentes flujos mixtos de la región con el apoyo técnico de diferentes instituciones y busca crear “un marco de referencia común que permita alinear esfuerzos y coordinar respuestas institucionales, de modo que la integración socioeconómica genere beneficios compartidos”103. La +ERISE tiene cuatro ejes prioritarios interrelacionados: movilidad, protección internacional y regularización; protección social e inclusión familiar; trabajo decente; y cohesión social. Si bien esta estrategia no es prescriptiva, sino que ofrece un “menú de herramientas”104 que los gobiernos pueden adaptar a cada realidad, los ejes prioritarios siguen una lógica de concatenación: cada uno sirve como base para el siguiente. En ese sentido, promueve una ruta clara a seguir para la integración socioeconómica que cubre desde el lugar de origen de los flujos migratorios hasta el tránsito, destino y retorno105. A nivel iberoamericano, la OIT resalta que la +ERISE constituye un marco regional que puede también servir como insumo para las conversaciones de América Latina con España y Portugal. Además, el eje de protección social e inclusión familiar de esta estrategia regional dialoga con el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, por lo que representa una oportunidad para cerrar la brecha de portabilidad de derechos. Finalmente, un punto importante de la +ERISE es que incorpora el retorno dentro de sus diferentes ejes, así como a los países de origen y tránsito, lo que permite responder de mejor manera a las nuevas dinámicas de movilidad de la región.

102. Información suministrada por Ecuador. 103. Información suministrada por la OIT. 104. Ibidem. 105. Estrategia regional de integración socioeconómica de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y retornadas en América Latina y el Caribe (+ERISE). Disponible en: https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-11/%2BERISE%20web.pdf

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Lecciones aprendidas y oportunidades La regularidad facilita la inclusión, pero necesita conectarse con otras políticas y servicios. La documentación y la seguridad jurídica permiten acceder a derechos, servicios públicos y empleo formal. La Operación Acogida (Brasil) vincula documentación con atención social, empleo y traslado voluntario; los CAMMs (México) la combinan con la certificación de competencias y la vinculación laboral; y el PNICR (Costa Rica), la ANIMHU (Ecuador) y la +ERISE (OIT) sitúan la regularidad dentro de una agenda más amplia de integración socioeconómica. Acercar los servicios a los lugares donde se encuentran las personas facilita el acceso a la atención. MigraMóvil (Paraguay) y los CAMMs utilizan unidades móviles; el CAMI “Francisco Paz” (Honduras) está situado en una zona de tránsito; las oficinas de CONAPINA en el exterior (El Salvador) se ubican en ciudades fronterizas o con flujos migratorios elevados; y la ANIMHU identifica territorios prioritarios para desarrollar sus actuaciones. La territorialización permite adaptar los servicios a las características de los flujos y a las capacidades de cada territorio. La concentración de trámites, información y servicios en un mismo punto puede mejorar la continuidad de la atención. MigraMóvil reúne a varias instituciones en una misma jornada; los CAMMs vinculan la atención migratoria con la certificación de competencias y el acceso al empleo; y los centros de recepción del Plan Retorno al Hogar (Guatemala) recogen información sobre las necesidades y capacidades de las personas retornadas para derivarlas a los programas correspondientes. Estas experiencias muestran la utilidad de articular mecanismos de atención, elaboración de perfiles y derivación entre instituciones. La protección puede organizarse a lo largo de las distintas etapas del ciclo migratorio. Las oficinas de CONAPINA en el exterior acompañan situaciones de vulneración de derechos desde su detección en el exterior hasta el retorno de sus nacionales; el Plan Retorno al Hogar conecta la asistencia consular, la recepción humanitaria y la reintegración; y la +ERISE incorpora las etapas de origen, tránsito, destino y retorno. Esta continuidad contribuye a reducir los vacíos que pueden producirse cuando una persona cambia de país, de situación administrativa o de institución responsable. Las respuestas deben adecuarse a las distintas situaciones de especial vulnerabilidad. La asistencia consular a nacionales víctimas de trata (Argentina), la presencia de personal especializado en niñez en las oficinas de CONAPINA en el exterior, las medidas de apoyo dirigidas a mujeres en el programa reseñado por Perú y los Mediadores Lingüísticos y Culturales en las Escuelas (Portugal) muestran distintas formas de adaptar la atención. Estas experiencias ofrecen oportunidades para intercambiar conocimientos sobre identificación, derivación y acompañamiento especializado. La inclusión laboral requiere responder a barreras diversas y combinar varios instrumentos. Saber Hacer Vale (Colombia) acompaña la certificación de competencias con ayudas para cubrir costes de conectividad, alimentación o cuidados. Integrar para el Mercado (Portugal) combina formación lingüística y técnica con prácticas empresariales y apoyo a la inserción profesional. El Fondo de Desarrollo Empresarial (OIM, Guatemala) vincula el fortalecimiento de empresas con la creación de empleo para personas retornadas y población local. Estas prácticas muestran que la formación, la certificación, la intermediación laboral y el apoyo al tejido productivo pueden actuar de manera complementaria.

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Los marcos regionales y las experiencias nacionales pueden adaptarse a contextos diferentes. La asistencia técnica prestada por Costa Rica a Uruguay para elaborar su plan de integración y la adaptación de la +ERISE en Ecuador y Perú muestran que el intercambio no exige reproducir íntegramente un modelo. La cooperación puede apoyarse en marcos y experiencias existentes para desarrollar instrumentos propios, adecuados a las prioridades, instituciones y territorios de cada país. La incorporación de las comunidades de acogida ofrece una oportunidad para ampliar el alcance de las políticas de inclusión. Algunas de las prácticas reseñadas combinan medidas dirigidas a las personas migrantes o retornadas con actuaciones que benefician también a la población local. Este enfoque puede contribuir a generar oportunidades compartidas y a vincular la inclusión socioeconómica con objetivos más amplios de cohesión social y desarrollo territorial. La cooperación y la asistencia técnica permiten combinar recursos, conocimientos especializados y prioridades nacionales. El Fondo MIRPS (OEA) articula financiación y asistencia técnica para proyectos definidos en los planes nacionales y regionales; el BID y la cooperación española apoyaron el diseño y el componente tecnológico de Saber Hacer Vale; y la OIT acompañó la adaptación de la +ERISE en Ecuador y Perú. Estas experiencias ofrecen referencias para desarrollar nuevas iniciativas de cooperación respetando la dirección y las prioridades de los Estados. La incorporación de objetivos, indicadores y mecanismos de evaluación puede reforzar el aprendizaje entre prácticas. Algunos de los planes y programas reseñados establecen metas, indicadores o evaluaciones de sus resultados, mientras que en otros casos la información disponible se concentra en las actividades realizadas o en el número de personas atendidas. Avanzar en mecanismos proporcionados de seguimiento permitiría conocer mejor los resultados, identificar ajustes y facilitar el intercambio de experiencias entre los países

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Proyecto del Fondo de Desarrollo Empresarial de la OIM. Imagen: OIM

IX. Capítulo IV: Respuestas frente a la discriminación y discursos polarizantes


Panorama regional y elementos comunes En la actualidad, la discriminación y los discursos polarizantes ya no solo se observan a través de medios tradicionales, sino que, con el auge de las nuevas tecnologías, se expresan por otros canales y pueden difundirse a mucha mayor velocidad. Los diálogos en el V Foro sobre este tema coincidieron en que una gestión eficaz de la migración también requiere fortalecer las capacidades institucionales y promover un debate público informado, que reconozca tanto las preocupaciones legítimas de las sociedades de acogida, como las contribuciones reales de las personas migrantes. Ante ello, se requiere producir y difundir datos sólidos que permitan desmontar estereotipos con una narrativa equilibrada, basada en evidencia y centrada en las personas. En ese sentido, las buenas prácticas en Iberoamérica sobre este tema cobran mayor relevancia para la cohesión social y la integración. Las experiencias recogidas ofrecen instrumentos para prevenir estas situaciones, favorecer la inclusión y fortalecer la cohesión social, prestando especial atención a los entornos digitales. Estas iniciativas muestran distintas posibilidades de colaboración entre instituciones públicas, organismos internacionales y otros actores, con enfoques e instrumentos que pueden adaptarse a los contextos y prioridades de cada país. En el presente capítulo, vamos a reseñar seis buenas prácticas remitidas por Brasil y España, y por dos organizaciones internacionales: el BID y la OIM. Estas buenas prácticas han sido organizadas en dos secciones: Planes o estrategias nacionales y Acciones concretas contra la discriminación. Sobre estas últimas, a nivel regional se observan medidas innovadoras para fomentar la inclusión y reducir los discursos polarizantes y la discriminación. A la vez, se muestra que las alianzas entre instituciones públicas, organizaciones internacionales e instituciones privadas son fructíferas a la hora de elaborar respuestas relevantes en este ámbito.

Experiencias y Buenas prácticas Planes o estrategias nacionales Brasil Brasil ha establecido la Política Nacional de Migraciones, Refugio y Apatridia (PNMRA), cuyo objetivo central es “coordinar y alinear las acciones del gobierno federal, en colaboración con estados, municipios, la sociedad civil y organismos Internacionales, para proteger y promover los derechos de las personas migrantes, refugiadas y apátridas”106. Además de ello, la PNMRA busca impulsar la integración e inclusión social, el trabajo decente, la acogida humanitaria, la cooperación intergubernamental, y la participación y gestión de datos.

106. Información suministrada por Brasil.

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Además, en su artículo 15, la PNMRA establece el Plan Nacional de Migraciones, Refugio y Apatridia (PlaNaMIGRA), el cual define objetivos, metas y estrategias para que el gobierno federal ejecute la PNMRA. El Plan Nacional está concebido para orientar la implementación de la PNMRA por parte de los diversos niveles de gobierno. Ahora bien, el PlaNaMIGRA se renueva cada cuatro años y su primera edición fue firmada en 2026107. Además, se organiza en cinco pilares: Estructuración y fortalecimiento de la PNMRA; coordinación y cooperación técnica; promoción de derechos e integración comunitaria; desarrollo socioeconómico e inclusión; y protección de derechos. Este último pilar es especialmente relevante para el tema de la discriminación y discursos polarizantes pues contempla combatir “los prejuicios y las violaciones de derechos mediante la capacitación de funcionarios públicos, el fortalecimiento de los canales de denuncia y la garantía de un trato humano en las fronteras”108. En el contexto iberoamericano, Brasil destaca que se encuentra negociando con España una declaración conjunta de intenciones orientada específicamente a identificar, prevenir y combatir los discursos de odio. Además, estos dos países tienen un Memorando de Entendimiento que “refuerza los esfuerzos de Brasil al facilitar la cooperación técnica, el intercambio de conocimientos, el desarrollo de investigaciones y la coordinación en foros internacionales”109.

España En julio de 2023, el Consejo de Ministros de España aprobó el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027. Bajo la responsabilidad del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), este instrumento tiene por finalidad orientar las políticas dirigidas a promover la inclusión y combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación. Asimismo, da continuidad a los planes desarrollados anteriormente por España y adapta su contenido a los nuevos retos sociales y migratorios. El Marco cuenta con 23 líneas de actuación distribuidas en seis bloques de políticas: inclusión social, empleo, educación, vivienda, salud y gestión de la diversidad. Cada una de estas líneas de actuación, además, cuenta con objetivos tácticos que permiten el seguimiento y evaluación de las políticas que se implementan. Cabe resaltar también que esta estrategia cuenta con cuatro objetivos: “avanzar hacia una sociedad cohesionada, inclusiva, diversa y justa, previniendo el racismo, la xenofobia y la intolerancia; desplegar 23 líneas de actuación estructuradas en 6 bloques de políticas clave; ofrecer un marco de gobernanza, diagnóstico y seguimiento para la implementación de políticas antidiscriminatorias en los distintos niveles territoriales; promover procesos participativos entre administraciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y colectivos migrantes”110. Ahora bien, el Marco puede llevarse a la práctica de distintas maneras. Sus lineamientos pueden ejecutarse a través de colaboraciones con ayuntamientos y otras instituciones a través de convenios. Esta colaboración puede traducirse en la formación del personal público y de los mediadores interculturales, en medidas para enfrentar la discriminación en el empleo y las barreras de acceso a los servicios públicos, y en instrumentos que permitan identificar con rapidez los discursos de odio difundidos en las redes sociales.

107. ACNUR. (2026). Plano Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia é assinado pelo Governo Brasileiro. 108. Información suministrada por Brasil. 109. Ibidem. 110. Información suministrada por España.

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En cuanto a los avances alcanzados, el OBERAXE destaca la aprobación del Marco como documento nacional de referencia para el periodo 2023-2027 y la puesta en marcha de un sistema participativo de evaluación. Este sistema incorpora indicadores para diagnosticar los problemas existentes y hacer seguimiento a los efectos sociolaborales de las medidas implementadas. Además, el Marco se encuentra alineado con las recomendaciones que ha dado la Comisión Europea para este tipo de documentos contra el racismo. Finalmente, se han desplegado las 23 líneas de actuación que sirven como guía para los programas públicos y de organizaciones civiles. Para el OBERAXE, uno de los aspectos que podría resultar de interés para otros países iberoamericanos es que el Marco permite involucrar a diferentes niveles de gobierno y adaptar sus líneas de actuación a distintos contextos territoriales. El organismo también destaca que el Marco impacta sobre todo en la población de origen latinoamericano que vive en España.

Acciones concretas contra la discriminación España El OBERAXE realiza durante todo el año un seguimiento de los discursos de odio y los contenidos polarizantes que circulan en las redes sociales. Este trabajo comprende publicaciones en español difundidas en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X que contienen expresiones xenófobas, racistas, antigitanas, antisemitas o islamófobas. Para desarrollar esta labor, el organismo cuenta con un equipo de ocho especialistas en análisis cualitativo y cuantitativo. El seguimiento forma parte del “Sistema Integral de Monitorización del Discurso de Odio y Polarización en Línea”, presentado por España como una buena práctica para este informe. La identificación inicial de los contenidos se realiza mediante el Sistema FARO (Filtrado y Análisis de Odio en Redes Sociales), una herramienta desarrollada por el OBERAXE en colaboración con LALIGA. FARO utiliza inteligencia artificial para localizar y procesar publicaciones en español a medida que aparecen en las redes. Posteriormente, el equipo técnico revisa los resultados obtenidos. Cuando este análisis encuentra indicios de que una publicación podría infringir las normas de una plataforma o constituir un delito, el contenido es comunicado a la red social correspondiente y, cuando procede, a las autoridades competentes. La información revisada también se incorpora periódicamente a la plataforma Huella del Odio y la Polarización (HODIO). A través de esta herramienta, el OBERAXE publica informes y ránquines semestrales que permiten “medir la prevalencia, intensidad y amplificación”111 de los discursos de odio y la polarización en las diferentes redes sociales. El sistema incluye además una aplicación denominada ALERTODIO, diseñada en conjunto con la Universidad Politécnica de Valencia. Entre los avances alcanzados se encuentran el funcionamiento de estas herramientas, la publicación periódica de información y la creación de indicadores para clasificar la gravedad de los contenidos y generar alertas tempranas a fin de “coordinar respuestas con Fuerzas de Seguridad y sociedad civil”112. Según reporta el gobierno de España, estas iniciativas han logrado una “alta efectividad en la retirada de contenidos”113, con “tasas significativas de eliminación de publicaciones ilícitas”114.

111. Información suministrada por España. 112. Ibidem. 113. Ibidem. 114. Ibidem.

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Para el ámbito iberoamericano, España indica que este sistema brinda un modelo que puede ser replicado en otros países y que muestra cómo se puede combinar el uso de la tecnología, la rendición de cuentas públicas, y las alianzas público-privadas para combatir los discursos de odio en redes sociales. De acuerdo con el gobierno español: “Proporciona a los países iberoamericanos metodologías probadas para proteger a la población en movilidad de discursos polarizantes y fake news, fortaleciendo el debate democrático y la convivencia intercultural”115.

Perú Desde el 2019, Perú, con el apoyo de la OIM, viene implementando el programa “El balón no tiene fronteras” para promover la cohesión comunitaria por medio del fútbol y otras actividades participativas. Este programa se ha llevado a la práctica en coordinación con diversos actores, a saber, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas. Además, desde el 2025 funciona en alianza con la Fundación LaLiga de España. Según la OIM: “El programa genera espacios seguros y trabaja valores como la igualdad de género, el trabajo en equipo, la empatía, el respeto mutuo, el liderazgo y la resolución pacífica de conflictos.”116 Una de las fortalezas que tiene este proyecto es que transfiere la metodología a docentes y líderes comunitarios para que puedan replicar los objetivos del mismo y para ampliar la incidencia del programa. Los docentes y líderes comunitarios, además, reciben materiales deportivos y pedagógicos para trabajar con niñas, niños y adolescentes de diferentes nacionalidades. Los menores que son parte de este programa aprenden sobre “la diversidad, el liderazgo inclusivo, el trabajo en equipo y la resolución pacífica de conflictos”117. En cuanto a los resultados, 2055 niños, niñas y adolescentes han sido beneficiados por el programa “El balón no tiene fronteras” en Lima Metropolitana y Piura. Además, en estas mismas ciudades, 509 adultos han sido favorecidos por este proyecto. Según la OIM, el programa ha tenido un efecto significativo entre los menores de edad ya que ha elevado en un 30% su disposición para “entablar amistad con personas de otras nacionalidades”118 . Además, se observó un incremento del 20% acerca de la importancia del liderazgo inclusivo en una evaluación que se hizo entre los docentes y líderes comunitarios. En ese sentido, la OIM afirma que “El balón no tiene fronteras” ha tenido un impacto positivo en las “habilidades socioemocionales, convivencia pacífica, empatía, respeto por la diversidad y participación comunitaria”119. En el contexto iberoamericano, la OIM resalta el potencial de replicabilidad de este programa para los Estados interesados, pues apela a “un lenguaje común y accesible”120 como lo es el deporte. Además, la implementación de esta práctica no requiere gran inversión en una infraestructura compleja, y la experiencia peruana demuestra que puede generar el compromiso de diversos actores, como fundaciones internacionales, centros educativos, gobiernos locales y organizaciones sociales.

115. Ibidem. 116. Información suministrada por la OIM. 117. Ibidem. 118. Ibidem. 119. Ibidem. 120. Ibidem.

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OIM La OIM desarrolló la metodología Comunidad #XenofobiaCero con el fin de “empoderar a activistas digitales para contrarrestar la xenofobia y la discriminación conexa”121. Esta propuesta tiene un enfoque integrado que permite “detectar y responder a la xenofobia en línea y la desinformación sobre las personas migrantes”122. Además, busca organizar acciones digitales en las que participen ciudadanos que ayuden a proteger los migrantes de la discriminación y a impulsar narrativas positivas sobre la migración y la integración. Un aspecto resaltante de esta metodología es que reparte responsabilidades entre los participantes —por ejemplo, quién realiza las labores de monitoreo y quien las de difusión— y cuenta con diferentes mecanismos de evaluación. Esta iniciativa, además, evita la confrontación con quienes promueven narrativas contrarias en el espacio digital, por lo que no amplifica este tipo de mensajes. Ahora bien, esta metodología fue probada durante un mes en Costa Rica y República Dominicana. En ese periodo, 51 personas en Costa Rica y 80 en República Dominicana se incorporaron a la comunidad y realizaron en total seis acciones digitales, cuyas publicaciones alcanzaron a 72,732 personas123. Para el ámbito iberoamericano, #XenofobiaCero ofrece una estructura que puede ajustarse a cada país y mantener criterios comunes de evaluación. Para la OIM, esta iniciativa “prioriza narrativas positivas, valores compartidos, seguridad comunitaria y cuidados, lo que permite involucrar a sociedad civil, personas migrantes, organizaciones, comunicadores e instituciones sin reducir la respuesta a campañas aisladas”124.

BID Durante la X Reunión Plenaria del Proceso de Quito, celebrada en Costa Rica el año 2024, el BID presentó el Toolkit Regional para el Diseño de Campañas contra la Xenofobia y a favor de la Integración de las Personas Migrantes. En términos prácticos, el Toolkit es una caja de herramientas que está dirigida a gobiernos, organizaciones sociales y organismos internacionales interesados en mejorar la manera en que comunican sobre la migración. De acuerdo con el BID: “El objetivo es facilitar la toma de decisiones basada en evidencia y fortalecer la cohesión social en contextos de movilidad humana, proporcionando recursos adaptables a distintos contextos nacionales y locales”125. Para preparar sus contenidos, el BID examinó experiencias desarrolladas anteriormente en ALC y complementó esa información con investigaciones cualitativas. El Toolkit resultante ofrece “metodologías para el diseño de campañas, guías de lenguaje inclusivo, instrumentos para grupos focales, recomendaciones para la construcción de narrativas positivas sobre migración y materiales de apoyo para la implementación y evaluación de intervenciones”126. Esto permite que cada país o institución pueda escoger y ajustar los recursos que resulten más adecuados para su contexto.

121. Información suministrada por la OIM. 122. Ibidem. 123. Ibidem. 124. Ibidem. 125. Información suministrada por el BID. 126. Ibidem.

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Respecto a los resultados de esta caja de herramientas se encuentra el hecho de que ALC cuenta ahora con una sistematización de la evidencia que permite ejecutar campañas de integración efectivas. Además, el Toolkit tiene la ventaja de que fue incorporado como herramienta de acceso público al Laboratorio de Percepciones Públicas y Migración del BID, lo que permite que organizaciones internacionales o de la sociedad civil puedan aprovecharlo. Asimismo, en el 2024 se implementaron proyectos piloto basados en esta caja de herramientas en los Centros Cívicos por la Paz del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Las actividades realizadas permitieron adaptar y validar en el campo el Toolkit 127. En cuanto a su utilidad para Iberoamérica, la herramienta ofrece una base común que fue impulsada por el Proceso de Quito, lo que le brinda legitimidad regional para su adopción multinivel en los países iberoamericanos. De hecho, el BID indica que por medio del MIRPS, los países miembros están solicitando la presentación del Toolkit.

Lecciones aprendidas y oportunidades Los marcos nacionales adquieren mayor capacidad operativa cuando incorporan instrumentos de implementación y seguimiento. Brasil complementa su PNMRA con un plan de vigencia cuatrienal que establece ejes estratégicos para su ejecución. El Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027 (España) organiza sus objetivos en 23 líneas de actuación e incorpora indicadores y un sistema participativo de evaluación. Estas experiencias muestran distintas formas de traducir orientaciones generales en actuaciones, responsabilidades y mecanismos de seguimiento. La colaboración entre distintos actores amplía las capacidades disponibles para responder a la discriminación. Las experiencias reseñadas reúnen a administraciones públicas, organismos internacionales, gobiernos locales, organizaciones sociales, instituciones educativas, universidades, fundaciones, empresas y plataformas digitales. La Fundación LaLiga participa en “El balón no tiene fronteras” (OIM, Perú); LALIGA y la Universidad Politécnica de Valencia han colaborado en el desarrollo de herramientas utilizadas por el OBERAXE (España); y el sistema español mantiene una relación operativa con las plataformas digitales, a las que se comunican los contenidos detectados que podrían infringir sus normas. La articulación de estos actores permite combinar capacidades institucionales, tecnológicas, educativas y comunitarias. La tecnología puede reforzar el seguimiento de los discursos de odio y regular las redes sociales de acuerdo con la legislación nacional cuando se combina con revisión especializada y procedimientos de actuación. El Sistema Integral de Monitorización del Discurso de Odio y Polarización en Línea (España) utiliza herramientas automatizadas para detectar contenidos, pero incorpora posteriormente el análisis de un equipo especializado. Cuando se identifican posibles infracciones, los contenidos se comunican a las plataformas y, cuando procede, a las autoridades competentes. La experiencia muestra la importancia de combinar tecnología, supervisión humana, indicadores públicos y canales claros de derivación. Los mecanismos regionales pueden proporcionar una base para adaptar y extender herramientas existentes. El Toolkit Regional para el Diseño de Campañas contra la Xenofobia y a favor de la Integración de las Personas Migrantes (BID) fue presentado en el Proceso de Quito, probado en proyectos piloto en Costa

127. Ibidem.

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Rica e incorporado a una plataforma de acceso público. El interés expresado por los países del MIRPS en conocerlo amplía las posibilidades de utilización de una herramienta concebida para adaptarse a diferentes contextos nacionales y locales. Los espacios regionales pueden facilitar así la difusión, el contraste y una posible adopción más amplia de metodologías ya desarrolladas. Las metodologías transferibles permiten ampliar el alcance de las iniciativas locales. “El balón no tiene fronteras” forma a docentes y líderes comunitarios y les proporciona materiales para reproducir sus actividades con niñas, niños y adolescentes. Esta experiencia muestra que la transferencia de capacidades a actores próximos a las comunidades puede extender una iniciativa sin exigir la creación de estructuras complejas en cada lugar. La producción de evidencia y la evaluación forman parte de las propias respuestas contra la discriminación. El programa de la OIM en Perú ha medido cambios en las actitudes de participantes y facilitadores; el Toolkit del BID se basa en experiencias previas, investigación cualitativa y proyectos piloto; y el sistema del OBERAXE genera indicadores e información periódica sobre los contenidos observados. Estos instrumentos permiten ajustar las actuaciones y ofrecen una base más sólida para el intercambio de prácticas. Las respuestas pueden combinar prevención, cohesión comunitaria y actuación frente a contenidos concretos. Los planes de Brasil y España proporcionan marcos generales de actuación; el programa de la OIM trabaja desde la educación, el deporte y la convivencia local; el Toolkit del BID orienta el diseño de campañas; y el sistema español identifica contenidos y activa los canales correspondientes para su retirada o eventual traslado a las autoridades. La complementariedad entre estas líneas ofrece oportunidades para desarrollar respuestas que actúen tanto sobre las causas y percepciones sociales como sobre manifestaciones específicas de discriminación y discursos de odio.

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X. CONSIDERACIONES FINALES El Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo reunió en un marco común las distintas dimensiones de la migración y situó la cooperación entre los países iberoamericanos de origen, tránsito y destino entre las bases de su abordaje. A veinte años de su adopción, el recorrido examinado permite apreciar la continuidad de una perspectiva que relaciona la migración con el desarrollo y aborda conjuntamente la gestión de los flujos y la protección de las personas, con respeto a los derechos humanos, las competencias de los Estados y los marcos jurídicos aplicables. Este acervo comprende compromisos e instrumentos orientados a facilitar una movilidad segura, ordenada y regular, dar continuidad a la protección social entre países y favorecer la circulación de capacidades y conocimientos vinculada al empleo y la educación. Este texto permite comprobar la continuidad del diálogo a lo largo de esta trayectoria, que marca un logro de la cooperación regional. Bajo el liderazgo de los Estados, los encuentros, foros y seminarios han dado continuidad a las orientaciones de las Cumbres, relacionando el diálogo político con el conocimiento especializado y el intercambio voluntario de experiencias. La participación de organismos internacionales y regionales y de otros actores que ha acompañado este proceso ha permitido examinar nuevas circunstancias y mantener cuestiones de interés compartido en contextos cambiantes. Estos espacios han facilitado el acercamiento entre países con distintas realidades migratorias y la identificación de ámbitos de cooperación conforme a sus prioridades. La presencia de ciudadanos iberoamericanos en otros países de la Comunidad, incluidos quienes tienen doble nacionalidad, añade a este diálogo la experiencia de sociedades vinculadas por la movilidad. La atención a los nacionales en el exterior permite acercar las perspectivas de emigración e inmigración. Las contribuciones voluntarias reunidas en el informe añaden a este recorrido el conocimiento de actuaciones desarrolladas por los países, mediante sus políticas nacionales, acuerdos entre Estados y la cooperación con organismos internacionales. Su examen permite apreciar cómo cuestiones presentes en la agenda iberoamericana encuentran expresión en respuestas concretas, de acuerdo con las circunstancias de cada contexto. La diversidad de las experiencias ofrece referencias para el intercambio entre administraciones y permite extraer

lecciones sobre las condiciones de su puesta en práctica, las capacidades que movilizan y las oportunidades que abren para la cooperación. Los cuatro ámbitos examinados aportan distintas perspectivas a este aprendizaje. Las experiencias de movilidad laboral y migración circular relacionan la organización de vías regulares con las necesidades del empleo y la protección de los trabajadores. Las de vinculación con las diásporas muestran formas de acercar servicios y mantener relaciones con los nacionales en el exterior, incluidos los residentes en otros países de la Comunidad. Las de protección e inclusión socioeconómica permiten examinar la articulación entre documentación, atención y oportunidades de participación. Las iniciativas frente a la discriminación y los discursos polarizantes ofrecen instrumentos para favorecer la convivencia. En conjunto, estas contribuciones voluntarias permiten identificar conexiones entre ámbitos de actuación y posibilidades de colaboración adaptadas a las prioridades nacionales. Entre las lecciones recogidas destacan la coordinación entre instituciones, la proximidad de los servicios y la adaptación de las respuestas a las circunstancias de las personas y los territorios. El intercambio permite aprovechar herramientas y conocimientos existentes para desarrollar instrumentos propios. La asistencia técnica y la colaboración con organismos especializados pueden acompañar estos esfuerzos bajo la dirección de los Estados. La información sobre la ejecución y los resultados de las iniciativas ofrece, asimismo, una base para aprender de las experiencias y orientar posibles colaboraciones. La cooperación bilateral y regional ofrece vías para que los países interesados exploren estas posibilidades, combinando sus capacidades con los recursos disponibles y atendiendo a los distintos marcos institucionales. La iniciativa impulsada por España durante su SPT, tras la celebración del V Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo en Huelva, se inscribe en esta trayectoria. Al reunir contribuciones voluntarias y elevar este informe a la consideración de la XXX Cumbre Iberoamericana, pone a disposición de los países un conocimiento compartido sobre sus experiencias. A veinte años de Montevideo, este ejercicio ofrece una base para dar continuidad al diálogo y a la cooperación, a partir del acervo existente y de los intereses que los Estados identifiquen para su trabajo conjunto.

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