Omisión de Activos e Inclusión de Pasivos Inexistentes

Omisión de Activos e Inclusión de Pasivos Inexistentes Mediante la Sentencia de C-019 de 2024, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los Artículos 69 y 70 de la Ley 2277 de 2022.

Lo debatido:

La Sala Plena de la Corte Constitucional abordó una acción pública de inconstitucionalidad en la que presentaba tres cargos principales por parte del accionante: El primer cargo denunciaba la presunta violación a los principios de legalidad y certeza tributaria [Art. 338, C.P.] por parte del parágrafo 6 del artículo 11 de la Ley 2277 de 2022. A juicio del demandante se condicionaba la tarifa del impuesto sobre la renta para los usuarios industriales de zonas francas a un plan de internacionalización y ventas anuales, cuya definición final quedaba a discreción del Gobierno nacional. Esto, según el accionante, no correspondía a aspectos técnicos o económicos que pudieran delegarse al Ejecutivo, generando incertidumbre sobre quiénes serían los beneficiarios de la tarifa preferencial.

El segundo cargo se centraba en los artículos 69 y 70 de la misma ley, los cuales, según el actor, desconocían los principios de consecutividad e identidad flexible [Arts. 17 y 160, C.P.]. Según el demandante, estas disposiciones se introdujeron como nuevos artículos durante los debates en las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, sin haber sido contempladas en el proyecto de ley original, ni en el primer debate conjunto. Además, se sostenía que, dichos artículos trataban materias autónomas y separables, lo que podría dar lugar a otro proyecto de ley, ya que modificaban el Código Penal y afectaban el derecho fundamental a la libertad personal.

Por último, en el tercer cargo, el demandante señalaba que ciertos artículos de la Ley 2277 de 2022, como el artículo 89, el parágrafo 1 del artículo 93 y el inciso 2 del artículo 96, vulneraban el principio de unidad de materia

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[Arts. 158 y 169, C.P.] al carecer de conexión con las materias tratadas en la reforma tributaria para la igualdad y justicia social.

Lo resuelto:

La Corte Constitucional resolvió que en lo referente a los cargos primero y tercero de la demanda había operado el fenómeno de la COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL así: Respecto de la presunta violación a los principios de legalidad y certeza tributaria [Art. 338, C.P.] por parte del parágrafo 6 del artículo 11 de la Ley 2277 de 2022 consideró la configuración de la cosa juzgada constitucional formal y relativa, por cuanto al respecto existe pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma en Sentencia C-384 de 2023, manteniendo la exequibilidad condicionada establecida en dicha decisión; es decir, que no fueron estudiados la totalidad de los cargos de inconstitucionalidad de la norma, por lo que el mecanismo de control de constitucionalidad puede ser nuevamente intentado por aquellos cargos que no fueron objeto de la sentencias de 2023 y la de 2024.

No siendo de la misma manera respecto del argumento según el cual ciertos artículos de la Ley 2277 de 2022, como el artículo 89, el parágrafo 1 del artículo 93 y el inciso 2 del artículo 96, vulneraban el principio de unidad de materia [Arts. 158 y 169, C.P.] al carecer de conexión con las materias tratadas en la reforma tributaria para la igualdad y justicia social, expuesto en el tercer cargo de la demanda, pues a juicio de la Corte Constitucional respecto del aludido cargo operaba también la cosa juzgada ABSOLUTA, en la medida que la Sentencia C-390 de 2023 había hecho el estudio de la totalidad de los reparos posibles mediante control constitucional.

Determinando con ello estarse a lo resuelto en la decisión anterior y zanjando de manera definitiva del trámite de la reforma.

Ahora bien, respecto del segundo cargo propuesto, la Corte Constitucional se decantó por declarar la EXEQUIBILIDAD de la modificación introducida en la medida que a juicio de la Corte: i) Las temáticas asociadas al fortalecimiento de los delitos fiscales y a los mecanismos de lucha contra la evasión y la elusión tributaria fueron materias objeto de discusión en el primer debate conjunto. ii) la Sala evidenció la existencia de una conexidad clara, específica y estrecha con la materia de los delitos fiscales que se preparó y explicó en el primer debate conjunto, aunque la modificación no se introdujo sino en el segundo debate. iii) Los artículos acusados no comportan una materia autónoma, independiente y separable del proyecto de ley de reforma tributaria, en tanto el fortalecimiento de los delitos fiscales se relaciona directamente con mejorar el recaudo tributario y con la superación de fenómenos como la evasión y elusión tributaria. Y iv) consideró la Corte

que al ser parte de las discusiones preparatorias del proyecto de Ley, no se vulneró los alegados principios.

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Las consecuencias

Es necesario recordar que, en la exposición de motivos de la Ley 2277 de 2022 se encontraba. “La reforma incluye una serie de medidas para combatir la evasión y la elusión de impuestos. Lo anterior, en el entendido de que un Estado legítimo y justo no es consistente con un sistema que no cuenta con los instrumentos suficientes para evitar que ciertos actores evadan o eludan sus obligaciones fiscales.” Como consecuencia de tal intención la denominada “Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia social” persistió en la criminización de ciertas conductas, que se pueden considerar como legítimas, puesto que, no toda estructuración tributaria persigue la evasión o la defraudación a la Autoridad Tributaria.

De allí que, se haya insistido en que son delitos todas, las medidas tendientes a disminuir el activo del contribuyente o aumentar el pasivo como elementos determinantes de la base de liquidación del tributo y por lo tanto consideradas como defraudatorias del Fisco y penalizables.

Si bien, la tendencia reciente muestra una marcada doctrina punitiva con cualquier intento de elusión y evasión, es necesario recordar que, dichas conductas no solo acarrean cuestiones de índole penal, sino que también implica un serie de sanciones a nivel administrativo que no son excluyentes con la sanción del delito, en otras palabras, pueden concurrir las sanciones administrativas con las punitivas.

La Corte avaló que la omisión de activos cuyo valor supere mil trescientos millones de pesos ($1.300.000.000) en las declaraciones tributarias constituyen un delito, sancionado con penas de prisión que oscilan entre los cuatro (4) y nueve (9) años. No obstante, dichas penas pueden ser de hasta seis (6) y doce (12) años respectivamente, si el valor de lo omitido fluctúa entre los tres mil doscientos cincuenta millones ($3.250´000.000) y los seis mil quinientos (6.500´000.000) millones de pesos.

Por otro lado en el mismo sentido se sanciona con pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años a quien NO DECLARE o por medio del ocultamiento ingresos o el reporte de costos, gastos INEXISTENTES obtenga un menor valor en el tributo, reclame créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes, siendo el beneficio conseguido igual a ciento treinta millones de pesos ($ 130´000.000) y hasta tres mil doscientos cincuenta millones ($3.250´000.000), siendo superior el valor las penas pueden llegar a ser de entre cuatro (4) y siete (7) años.

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