201708 SITRAINJUPEMP historia

nuestra historia

Estas páginas traen más de 120 años de historia… un sindicato, una institución, un sistema. Iniciemos por el principio…

En Honduras, los sindicatos se garantizan en los Convenios internacionales suscritos como el Convenio Internacional del Trabajo No. 87 relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación, y en las leyes nacionales como la Constitución de la República (Capítulo V, Art. 128, Numeral 14) y en el Código de Trabajo (Artículos 460, 477, 478, 481, 510, 521).

La historia del SITRAINJUPEMP

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Escuché al compañero Jorge Luis decir que un jefe le dijo que de la existencia de “esa cooperativa” (Amigos de Injupemp) había que tener cuidado porque podría ser el origen de un sindicato de trabajadores. Consulté a mi compañera Silvia, con 30 años de laborar, y me confirmó que antes de ese tiempo ya existía la “Cooperativa Amigos”. Esa interrelación de los trabajadores fue la semilla del sindicato.

calidad nunca superada hasta ahora (a ese nivel, los siguientes directores han sido charlatanes, a mi juicio). Lucio quería el sindicato como fuerza a su favor. Entonces, había que convocar a elecciones. Recuerdo que mi compañero Jonathan era secretario general de la directiva de Altamirano, a la que luego “renunció por razones personales” y otros directivos igual.

Los trabajadores de Injupemp estamos claros en algo: nos debemos a los participantes y nuestro trabajo es resolverles sus necesidades. Pero… ¿y las autoridades, a quien se deben? A los políticos. ¿Cuáles necesidades resuelven, entonces? Las de los políticos, lógico. Las del trabajador, del participante, lo dudo.

Autoridades del SITRAINJUPEMP Cuando entré a laborar al Injupemp en 2006, estaba vigente la directiva de Altamirano. Luego le siguó la de Alejandro, y posteriormente la de Eleazar en dos periodos.

Esto dice la papelería. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, siendo el titular German Leitzelar Vidaurreta, cumpliendo los 16 requisitos requeridos certificó (30 de marzo 2005) la resolución de sus estatutos, de 53 artículos, en la Certificación No. 71/DOS/2005, dicen que el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (SITRAINJUPEMP) fue fundado el 22 de enero de 2005, con personalidad jurídica propia, directiva provisional presidida por José Cipriano Altamirano Najarro, inscrito el 29 de abril de 2005.

Esto hallé en mis archivos, El lunes 2 de enero de 2006, unos 300 trabajadores del Injupemp paralizan sus actividades y realizan asambleas informativas en demanda de incrementos salariales. El martes 11 las autoridades del Ministerio de Finanzas niegan la autorización para los incrementos salariales fracasando las negociaciones llevadas a cabo en dicha Secretaría. El miércoles 11, tras el fracaso de las negociaciones con los representantes de la Secretaría de Finanzas, los trabajadores del Injupemp deciden levantar la huelga iniciada el pasado lunes 2 y quedar a la espera de una transición normal para reiniciar las negociaciones con el próximo gobierno que asume el 27 de enero de 2006 (2). El nuevo director, el abogado Lucio Izaguirre Romero, dados los eventos, seguro pensó en el sindicato para sus propios fines.

Cuando ingresé a Injupemp en junio de 2006, recuerdo que Altamirano trabajaba en la Unidad de Planificación, vecina de Informática donde yo laboraba, y me visitaba seguido. Contiguo había un centro de documentación, ya desaparecido, y que a mi iniciativa hice varios catálogos de los documentos disponibles y digitalicé muchas publicaciones. Altamirano y Lucio eran agua y aceite, químicamente imposibles de hacer equipo.

Lucio conocía la fuerza que irradiaba estar cerca del poder, pues había sido el secretario privado del expresidente Carlos Roberto Reina. Izaguirre tiene una personalidad muy fuerte, voz de trueno, y muy sociable; gustaba “patrullar” muy de mañana las oficinas para conocer a la gente e imprimir su estilo. Samuel Discua, subdirector, exempleado por décadas de la Enee, le hizo buen complemento; ambos imprimieron una escala de competitividad y

Las elecciones del SITRAINJUPEMP Este 20 de enero de 2018 es periodo electoral y hay elementos destacables que no se repetirán: 1

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1°. Poca presión patronal contra los nosotros electores porque el Cuarto Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo ya fue negociado y vence hasta 2019. Esta patronal ha llevado una actitud destructiva hacia las conquistas sindicales, como lo demuestra lo negociado para el nuevo Contrato Colectivo: 2°. Hay cambio de gobierno (27 de enero 2018) y se espera el relevo de estas autoridades, que han sido nefastas al patrimonio institucional y a los beneficios para el participante.

3°. Se intuye que la patronal tratará de imponer una planilla como lo hizo en 2015 con “los amarillos”, pero esta vez hay mayor conciencia luego que los mismos compañeros ven cómo el patrono marginó a sus cuadros al perder las elecciones.

4°. Es de reconocer el trabajo de capacitación que se hace desde 2016, sumado a que el maltrato del Estado y del patrono “van dejando chichotes”.

2010-2012: Alejandro Ramos. En 2009 llegó el tiempo del cambio. A título muy personal, nació mi intención de servir como autoridad sindical; se conformó una planilla donde todos eran académicos: un licenciado en periodismo, un licenciado en letras, un ingeniero, un licenciado en finanzas, una licenciada en administración, un perito mercantil. Ha sido la planilla con más universitarios. La academia pesa, por supuesto. Ha pasado el tiempo, y la calidad profesional de ellos sigue inalterable y aporta al Injupemp: Pinto, basta buscarme en “google”, hay mucha producción intelectual; César Fajardo, ya retirado de Injupemp; Juan Carlos, toda una autoridad en Cartera y Cobro; Karina, altamente competente; Nery, en Registro y Afiliación. Quedan muy gratos recuerdos del amigo Baldemar (QEPD).

servidor y de los compañeros que nos acompañaban en la Planilla.

El mismo Lucio discrepaba de nuestra participación, e hizo uso de fuerza para minimizar el envión logrado por nuestra planilla, conformada por gente con altísima credibilidad.

2013-2015: Eleazar Ordóñez. La siguiente papeleta electoral no consta en mis archivos; fui despedido (diciembre 2011) injusta e ilegalmente tal como falló la Corte Suprema de Justicia en sus tres instancias. Un caso de despido que jamás debe repetirse, lleno de prepotencia e ignorancia por parte de estúpidas autoridades con agravantes tales como (1) tildarme de “no capaz” siendo un profesional a toda prueba en mí área, (2) que el Sindicato abogó por un cambio de oficina para evitar una demanda imposible de ganar para Injupemp, y (3) que este caso era despedir a un trabajador discapacitado sabiendo que el Estado ha suscrito varios convenios internacionales al tema (esto evidencia que son puro papel mojado). Prevaleció la estupidez (palabra que significa ‘dificultad para entender’, según el diccionario) de quienes hoy siguen en sus cargos. Estuve 2 años 7 meses fuera. Sin rencores; la vida sigue.

2016-2018: Eleazar Ordóñez. Quien escribió este documento fue electo en asamblea general, en el Copemh, como parte de la Comisión Electoral donde participé como secretario para elegir la nueva directiva sindical periodo 2016-2018, además le hice de diseñador y editor de toda la papelería usada en el proceso. Eleazar Ordóñez se impuso a una planilla abiertamente jefeada por la patronal a través de Nerlin, un visceral jefe de departamento ansioso de jinetear (el día que lo haga, desaparece) este sindicato, pero prevaleció la voluntad y buen juicio de los electores.

Diseño de la Papeleta electoral para elegir la tercera Junta Directiva; venció la Planilla # 1.

Esta fue la papeleta electoral para elegir la segunda junta directiva, en la cual participó como candidato a presidente quien escribió este documento. La justa fue ganada por Alejandro Ramos.

No se dieron las cosas, pero nadie puede decir que le pedí el voto; quienes nos votaron lo hicieron creyendo en la integridad de este

Se considera uno de los procesos más transparentes y profesionales en todo su contexto de realización, con observadores sindicales, de la prensa, y de Derechos Humanos. El escrutinio fue público, angustioso a veces, apretado en resultados, y a viva voz. Tanto era el deseo de la patronal de agenciarse la directiva, que inyectó dinero, otorgó tiempo para proselitismo, y se evidenció al designar a su principal “mandadero”, -sí, Jacobo- para intervenir. Los trabajadores dieron su repudio a la imposición, ganó Eleazar, la directora Vicenta la arremetió contra los perdedores y muchos 2

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fueron cambiados de oficina en detrimento de su experiencia, su quehacer, su conocimiento y su moral; vigente aquel refrán que ‘mal paga la diabla a quien bien le sirve’. Queda de muestra para los próximos comicios.

El SITRAINJUPEMP como gremio responsable es quizás el único sindicato en Honduras que en los tiempos actuales ha mantenido una marcada distancia con el patrono, acostumbrado a imponer mediante plegarias o espada sus caprichos, haciendo uso de la intimidación y el acoso e iniciando con la propuesta del beneficio personal. Lo siguiente parecerá un panegírico, pero es lo que he conocido en esta cruzada sindical de la que me siento satisfecho y honrado en participar (ahora, como asesor ad-honorem del SITRAINJUPEMP), y estas son pruebas irrefutables de la conducta de Eleazar Ordóñez como presidente sindical: 1. Ningún pariente de ningún grado sanguíneo o afectivo está ni ha estado empleado en Injupemp, en ninguna ciudad donde tiene oficinas. Me dice que las actuales autoridades le insisten, “por el bien de los suyos, recuerde”, y no acepta hasta ahora.

2. Desde 1985 que ingresó a trabajar en Injupemp han pasado 32 años de servicio y Eleazar Ordóñez no ha sido beneficiado con los típicos “aumentos selectivos” que compran voluntades y conciencias. Las actuales autoridades le hacen ver la realidad como que “recuerde que eso es bueno para cuando se jubile, usted gana poquito, usted no gana ni mil por año trabajado” y no ha aceptado hasta ahora.

3. El sindicato no paga, ni los actuales miembros cobran, dietas ni estipendios ni bonos ni “gastos de representación” como se designa ahora, por el trabajo desarrollado. A veces, a mi juicio, se ponen miserables en pagos necesarios, como abogados para que impulsen escritos, visitar las oficinas de Injupemp fuera de Tegucigalpa, o acudir a seminarios sindicales. Pero ya están empezando a invertir (un lugar, una merienda, un cuaderno) en capacitar a la base. En los eventos, nunca ha faltado al menos un buen refrigerio para los asistentes a marchas, y otros.

4. Las denuncias de la corrupción cometida por las autoridades de Injupemp han sido constantes, sustentadas con pruebas, asequibles de seguirle los pasos a los hechores pero no han sido más que tinta sobre papel periódico. Se entiende, encubrir entuertos es un mal endémico de Honduras.

5. La defensa de los derechos del trabajador sindicalizado ante el régimen inquisidor impuesto por las actuales autoridades ha sido puntual y efectivo en los casos donde se advierte la maldad del patrono. Ejemplos abundan y sobran. El trabajo sindical

evitó que a cuatro empleados contables les cobraran 750,000 lempiras por un mal procedimiento administrativo de un jefe inepto y soberbio. La corrupción en “Maleficios” nada más movió empleados de escritorio y no subió más arriba “porque al más flaco se le pegan las pulgas”; la cúpula cuida a los suyos.

Jamás se investigaron los “borrones de saldo” en préstamos hipotecarios donde incluso se benefició al hijo de un fiscal general, un directivo sindical lo descubrió y al día siguiente ya estaba modificado el sistema. El nepotismo (contratación de familiares) y el uso de los recursos del Injupemp (vehículos, instalaciones, personal) viene incluido en el nombramiento del jefe de turno, es parte intrínseca del quehacer, se denuncia y no se hace nada. Las remodelaciones a edificios, las ventas de terrenos, las compras y suministros y hasta las “cosnutorias” siguen viciadas, y nada… la vida sigue igual. Muelas: firmaron una consultoría por L. 890 mil y no se fijaron que decía ‘cosnutoría’ en vez de consultoría.

6. Se dio un paso atrás en lo gremial para alcanzar el bienestar común. A mi criterio, a la larga es un retroceso histórico. Por ninguna razón se debe negociar lo ganado en cláusulas, pero esta vez se hizo: se entregó una Cláusula ganada (cuatro mil lempiras mensuales para pago de una oficina sindical) por un incremento (de 100 lempiras) al bono quinquenal (que pasa de L. 450 a L. 550 cada cinco años). Fui parte de las negociaciones, y la patronal estaba simplemente reacia, negativa, terca, obtusa, y mezquina a dar algo. Y sus negociadores no tenían ningún criterio sino que eran unos autómatas, robots, más bien como loras que parlotean lo que escuchan a la dueña de casa.

Con los derechos de los trabajadores no se juega… y SITRAINJUPEMP lo demuestra.

Logo del SITRAINJUPEMP

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Es igual con el del Sitraihss, solo cambia el nombre de la organización abajo, así como la leyenda “SOLIDARIDAD, TRABAJO Y HONESTIDAD”, y arriba al fondo del círculo interno se observa el logo del Injupemp, cambiado luego de 30 años, el anterior se parecía al de Alcohólicos Anónimos. Ese nuevo logo fue diseñado por quien escribió este documento y seleccionado el año 2006 en concurso abierto entre más 350 empleados del Injupemp, y se presentaron 41 diseños. El jurado seleccionó la propuesta de José Ricardo Pinto Rivera, administrador de sistemas de la Unidad Técnica de Informática, creador de la primera página web del Injupemp, así como redactor, editor y diseñador de al menos 5 memorias institucionales y otros productos. También le acabo de hacer unas mejoras al logo sindical.

Para lograr alzar su voz, SITRAINJUPEMP es parte de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) (3), de la cual Mauro Joel Almendares es el Secretario General. Fue creada en 1992 en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, como una organización social y contando con la participación representativa de diferentes federaciones laborales, sectoriales, sociales y populares de Honduras. La CUTH está reconocida e integrada en la Confederación Sindical Internacional. Su objetivo es “la unidad de todas las Organizaciones representativas de los trabajadores, como obreros, campesinos, pobladores, para la búsqueda del bien común”.

El autor de este ensayo, al recibir de manos del Director Ejecutivo, Abog. Lucio Izaguirre, un reconocimiento por su trabajo.

Fotos Históricas del SITRAINJUPEMP Poco a poco hemos recibido fotografías que marcan la vida de los miembros del SITRAINJUPEMP, en lo que mejor les caracteriza, como ser el trabajo. También la vida social, deportiva y cultural ha quedado grabada en la memoria de muchos y en las fotos de pocos.

Para fácil tratamiento, las he encapsulado en archivos ejecutables para proyectar en computadora (compatibles con Andoid e iOS igualmente), y se pueden extraer las fotos, depositadas en internet en mis sitios web.

Foto de Diario La Tribuna, hace 19 años. A la derecha, el árbitro de futbol Eleazar Ordóñez, colegiado, afiliado y reconocido ante la Liga Nacional de Futbol de Honduras.

Allan Ramos trabajó en Contabilidad, regresó a su ciudad y 27 años después se convirtió en el alcalde municipal de Puerto Cortés.

SITRAINJUPEMP en las calles, donde se ganan las luchas. No todos se forman en las filas como es sabido, pero el beneficio de la lucha del trabajador sindicalizado llega a todos sus afiliados.

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Despejado y claro, en aquel entonces el horizonte de Injupemp.

Equipo de sofbol de Injupemp.

1971: ● Emisión de la “Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo” (Decreto No. 138, 5 de febrero de 1971), y separadamente se emitió la “Ley del Sistema del Magisterio Nacional”.

1974: ● Nuevamente el Dr. Vásquez Cruz, realiza un estudio para operar el Sistema como un apéndice del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pretendiendo que su cobertura se extendiera tanto al sector público como privado y exceptuando a los miembros del magisterio.

1976: ● Inicia (mayo 1) el sistema previsional de Injupemp (Decreto No. 138) con una aportación inicial del Estado consistente en 150 mil lempiras; se atendía en el Edificio Italia, del boulevard Morazán.

1979: ● Decreto No. 807 (septiembre 10) que establece la revalorización de las pensiones en forma periódica. ● Programa de préstamos para la vivienda comienza a tomar forma en Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva (julio 27), en la cual se presenta a consideración el estudio preparado por el actuario Felipe Vinicio Espinoza sobre "Política de Inversiones".

1981: ● Se impulsa programa de orientación geriátrica dirigido a las personas próximas a jubilarse (pre-jubilados), con el fin de prepararlos física, mental y socialmente para dicha etapa de su vida.

2013: ● Entra en vigencia una nueva Ley de Injupemp, donde se busca sostener el sistema previsional a costa de disminuir beneficios a los participantes.

Injupemp protege con su sistema a los empleados y funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo y de entidades autónomas y semiautónomas del Estado. Este sistema cubre beneficios de jubilación, pensión por invalidez, transferencia de beneficios, muerte en servicio activo, retiro del sistema, traslado de valores actuariales, ayuda fúnebre, al igual que servicios de préstamos hipotecarios y personales, y ahora anticipo del trece y catorce salarios. Según la nueva Ley (Decreto 357-2013, Art. 2) le define como una más de las “entidades autónomas con personería jurídica y patrimonio propio e independiente, responsables de la gestión administrativa de un Fondo de Pensiones Público”.

Injupemp existe desde el 1° de mayo de 1976. El trabajador de mayor antigüedad lleva 36 y medio años; el actual presidente sindical Eleazar Ordóñez tiene 32 años de servicio; y 11 años quien redactó este documento.

Proceso electoral de 2010.

Historia del INJUPEMP 1968: ● Estudio del Dr. Ruperto Vásquez Cruz, contratado para elaborar y establecer un sistema de jubilaciones y pensiones para los empleados y funcionarios públicos de Honduras.

Sus directores han sido: 1. 1976-1982 Luis Alonso Mejía Batres 2. 1982-1984 Tomas Arita Valle 3. 1984-1985 Edilberto Espinal 4. 1985, 3 meses Samuel Tenorio 5. 1986 1990 Miguel Ángel Mejía Espinoza 6. 1990-1994 César Augusto Rivera 7. 1994-1998 Gloria Guadalupe Oquelí de Macotto 8. 1998, 6 meses Jorge Méndez (fallecido) 9. 1998-2002 Pedro Francisco Milla Oviedo 10. 2002-2004 David Antonio Mendoza Lupiac (fallecido) 11. 2006-2010 Lucio Izaguirre Romero 12. 2010-2014 Andrés Abelino Torres Rodríguez (fallecido) 13. 2014-2017 Martha Vicenta Doblado Andara (interina).

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Algunos siguen vigentes trabajando en sus profesiones (2, 3) o en la vida política (11), otros mejor huyeron del país (6).

1978: Junta Directiva de Injupemp Presidente: Adalberto Discua Rodríguez (Ministro de Trabajo y Previsión Social). Propietarios: Juan Ángel Árias (Ministro de Gobernación y Justicia, enero-agosto); Cristóbal Díaz García (agosto-diciembre); Porfirio Zavala Sandoval (Ministro de Hacienda y Crédito Público); Armando R. Ramos (Representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, Andeph) y Cecilio Zavala Méndez (enero-febrero), y J. Antonio Salazar. Secretario: Luis A. Pineda Batres (Director Ejecutivo).

Suplentes: Alejandro Álvarez Cisneros (Vice Ministro de Trabajo y Previsión Social), René Pineda Mejía (Vice Ministro de Hacienda y Crédito Público), Leonidas Rosa Bautista (Vice Ministro de Gobernación y Justicia), Adonilo Gonzalez (Representante del Ministro de Gobernación y Justicia), Marco A. Colindres y Sergio Flores Toscano (Representantes de Andeph).

Hacer el noticiero “La Voz del Trabajo” fue mi primer empleo en el Estado (1985), por contrato; Doña Azucena, la secretaria del ministro Adalberto Discua Rodríguez (1986), a su propia voluntad e iniciativa me tramitó una plaza por acuerdo, en el Departamento de Planificación Sectorial y Estadística Laboral, empleo que conservé por 8 años, hice mi universidad y renuncié en 1994.

1981: Junta Directiva de Injupemp(4) Propietario: Jorge Roberto Maradiaga (Ministro de Trabajo y Previsión Social); Valentín J. Mendoza (Ministro de Hacienda y Crédito Público); Oscar Mejía Arellano (Ministro de Gobernación y Justicia, enero-agosto); Guillermo Sandoval y Miguel Ángel Núñez (Representantes de Andeph). Suplentes: Geovany

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Martínez, Jorge Hernán Galeas, Adonilo González, Sergio Flores Toscano. Secretario: Luis A. Pineda Batres (Director Ejecutivo).

Aquí nace el primer proyecto de viviendas de Injupemp, Guaymuras, con 252 casas a un costo de L. 6.1 millones. La pensión mínima pasa de cien a 150 lempiras.

1986: Junta Directiva de Injupemp Presidente: Adalberto Discua Rodríguez (Ministro de Trabajo y Previsión Social). Raúl Elvir Colindres (Ministro de Gobernación y Justicia). Efraín Bú Girón (Ministro de Hacienda y Crédito Público). Obdulio Chévez Ochoa y Reynaldo Castillo (Representantes de Andeph). Santiago Callejas Alvarenga (Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo de Honduras, Anjuppeh). Secretario: Miguel Ángel Mejia h. (Director Ejecutivo).

Sistema), Oscar René Perdomo (Jefe Departamento Legal), Rosman Montiel (Control de Beneficios), César Ferrera (Departamento de Préstamos); Rosybel Bueso de Vásquez (División de Administración Financiera y de Servicios), Ofelia María González (Jefe Departamento Control de Gestión), Guillermo Mineros Medrano (Jefe Departamento de Contabilidad), Ernesto Mendoza Cárcamo (Tesorero); Alejandro Andrade Soto (Jefe División de Informática); Adín Alberto Ordóñez Palma (Jefe División de Administración de Ingeniería y Proyectos); Eduardo Sánchez Mondragón (Jefe Unidad de Planificación); Elmer Stanley Núñez Cálix (Auditor Interno).

1994: Junta Directiva de Injupemp(5) Presidente: Cecilio Zavala Méndez (Ministro de Trabajo y Previsión Social); suplente, Rolando Romero Zapata. Propietarios: Efrain Moncada Silva (Ministro de Gobernación y Justicia); suplente, Juan Ramón Rivera. Juan Francisco Ferrera (Ministro de Hacienda y Crédito Público); suplente, Raúl Suazo Lagos. Adolfo Armando Uclés (Anjuppeh); suplente, Rafael Manzanares. Julia Suazo Mejía y Teresa Lanza Flores (Andeph); suplente, Angel Bustillo Lagos. Licda. Gloria Guadalupe Oquelí de Macotto (Directora Ejecutiva).

El cuerpo ejecutivo lo conformaban Denia León (Asistente Ejecutiva), Carlos Soto Tabora (Asesor Junta Directiva), Noé Kenneth Pineda (Unidad de Actuaria), Carlos H. Moreno F. (Planificación), Gloria Magaly Santos (Unidad de Personal), Luis Salvador Zelaya (Unidad de Informática), Roberto Mendoza Artica (Auditoria Interna), Dagoberto Alvarado Mejía (División de Finanzas), Rodolfo Antonio Zamora (División Legal), Danilo Gonzales (División Administrativa), Ricardo Lara Watson (División de Beneficios).

Se registran los proyectos habitacionales de Cerro Grande, Altos de las Colinas, Villa Española, Villa Florencia, Villas del Sol, Santa Marta, Residencial Pires, y San Francisco. A partir de noviembre de 1986 se inició la construcción de los proyectos Cerro Grande II-III en su Tercera Etapa, Altos de Las Colinas II Etapa, Altos de la Vega y Girasoles II Etapa (Tegucigalpa) y Pires (El Progreso, Yoro).

Para entonces ya estaban los proyectos habitacionales de Col. Cerro Grande, Col. Calpules II Etapa, Res. Altos de Toncontín I Etapa, Res. Villa Universitaria, Res. Lomas de Toncontín III Etapa, Res. Alemán (I, II y III Etapa), Res. Plaza, Res. Honduras.

Proyectos en ejecución Residencial Carmen, San Juan, San Carlos, Santa Marta (en San Pedro Sula). Altos de las Tapias (Ciudad Mateo), Residencial Honduras II etapa, Prados Universitarios (en Tegucigalpa).

2000: Junta Directiva de Injupemp Presidente: Rosa América Miranda de Galo (Ministra de Trabajo y Seguridad Social). Enrique Flores Valeriano (Ministro de Gobernación y Justicia). Gabriela Núñez de Reyes (Ministro de Finanzas). Ricardo Santos Cartagena (Anjuppeh). Manuel Antonio Jiménez Aquino y René Orlando García (Andeph). Secretario: Pedro Francisco Milla Oviedo (Director Ejecutivo). Suplentes: José María Reina, René Suazo Lagos, Orfilia Pastora, Juan Ramón Borjas, Héctor Salustino Flores, José Cornelio Chacón.

Los años posteriores los agregaré poco a poco, luego de leerme los documentos del caso, de mi archivo personal.

El cuerpo ejecutivo lo conformaban Gladys Salgado de Barahona (Asistente), Carlos Enrique Soto Tábora (Asesor Legal), Tulio Maradiaga Muñóz (Actuario Consultor); Angelina Ulloa de Veniz (División de Administración de Beneficios y Servicios del

INJUPEMP tiene para el año 2017 un presupuesto de 9,606 millones 200 mil lempiras, equivalentes a 26 millones 318 mil 356.16 lempiras diarios para sus actividades. La nueva Ley, como ya dijimos, encarece el sistema al participante, aumentando la aportación personal: 7

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de Políticas Sociales” (CONCAPS), presidido por el Presidente de la República (Art. 9); el “Fondo del Plan PROSOLIDAR” (Art. 18); la “Red Integral Pública de Salud”, las “Administradoras de Servicios de Salud” con un fideicomiso especial administrado por el Banco Central de Honduras (BCH) u otro Banco del Sistema Financiero Nacional (Art. 21); la “Reserva Laboral de Capitalización Individual”, una subcuenta de Reserva Laboral de Capitalización Individual (Art. 30); para el IHSS crea el “Consejo de Seguridad Social (CSS)”, “Directorio de Especialistas”, Gerentes de cada uno de los Seguros, Comités Técnicos Especializados, y Sistemas de auditoría y control. (Art. 31); el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) (Art. 41); el “Fondo Educativo para la Promoción de la Seguridad Social” (FEPSS) (Art. 42); la Red Integral Pública de Salud (Art. 43); el Sistema Nacional de Salud (SNS), la Red Pública de Servicios de Salud (Art. 50).

5. Manda crear otros escenarios: Ley del Seguro Social; Ley de Sistema Nacional de Salud; Ley de Administración de Fondos de Pensiones y Cesantías; Ley del Seguro de Accidentes de Tránsito; y, Otras leyes o reformas complementarias que se requieran para la aplicación integral del Sistema (Art. 58) 6. Reforma el Código de Trabajo en sus artículos 120, 120-A, 120-B (Art. 59) El fruto de nuestro trabajo en Injupemp queda escrita en varios documentos que me correspondió redactar y diseñar (y otros convertidos a digital), donde también hay fotografías de quienes han dado vida a la previsión social: nosotros los trabajadores. (click en la portada para ver; requiere conexión a internet) 1978 Memoria Injupemp

1981 Memoria Injupemp

1986 Memoria Injupemp

1994 Memoria Injupemp

La nueva Ley de Injupemp (6) ha venido a rebajar todos los beneficios que antes tanto atesoraba el participante. Ahora, todo lo que es previsión social se rige por la Ley Marco del Sistema de Protección Social, a la que sigue toda una diarrea de leyes que desmejoran los beneficios, discriminan a los participantes posteriores, y favorecen la privatización, así: 1. Encarece todos los beneficios, aumenta el aporte patronal y personal para mitigar el déficit actuarial causado por malas administraciones de los fondos, aumenta la edad de jubilación de las personas, disminuye el factor del beneficio (hoy se calcula en base a 120 meses de cotizar, antes a 36 meses) 2. Reconoce claramente la marginalidad al decir es para “los hondureños(as) y extranjeros(as) elegibles, que cumplan las condiciones establecidas en la normativa aplicable para acceder a las prestaciones y servicios” (Artículo 6, Fe de Errata).

3. Establece hacer “Transferencias Condicionadas, en Dinero o Especie” anticipando que en una pensión pueden dar dinero y si no lo hay le darán un escritorio. (Artículo 8, Fe de Errata).

4. Crea nuevos niveles burocráticos de la Ley Marco del Sistema de Protección Social (7) siguiendo con los nombres exóticos y sexy con que le gusta a este régimen bautizar sus adefesios, como el “Grupo de Unidades Prestadoras de Servicios de Salud”, los regímenes de “Piso de Protección Social”, el “Seguro de Previsión Social”, el “Seguro de Atención de la Salud”, el “Seguro de Riesgos Profesionales”; y el “Seguro de Cobertura Laboral” (Art. 5); un “Fondo Nacional de Becas” (Art. 8); el “Consejo Nacional de Coordinación y Articulación

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1995 Memoria Injupemp

1996 Memoria Injupemp

Corrupción en INJUPEMP

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Martha Vicenta Doblado Andara es la actual directora interina de Injupemp. Sintiéndose la mejor de ‘la vecindad’ imitando a “Doña Florinda” para quien todo mundo era una chusma, dijo al suplemento E&N de La Prensa, (enero 19, 2015) que “yo no estoy en el Injupemp para atender los intereses mezquinos de seis miembros de la junta directiva del sindicato”, a quienes “se les acabó la fiesta”, atosigada por la ráfaga de denuncias de corrupción documentadas y enviadas por el SITRAINJUPEMP a los medios. Verborrea estéril de tan alta funcionaria, de triste recuerdo entre sus excompañeros en Tributación en los tiempos de Mendieta, por su escasa capacidad y alta habilidad de maniobra(9).

1998 Memoria Injupemp

1999 Memoria Injupemp

2000 Memoria Injupemp

2006 Memoria Injupemp

A juicio del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), y también el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), “han encontrado de todo” con el resultado final de decenas de millones de lempiras en pérdidas para la institución de previsión social y, por ende, para sus cotizantes, resultando evidente que (la administración del fallecido director Andrés Anodino Torres y donde Martha Vicenta Doblado era subdirectora) se trataba únicamente de una estratagema para saquear los recursos del Injupemp (10).

2014 Memoria Injupemp

2015 Memoria Injupemp

Torres descalificó y denigró por la radio HRN a más no poder a quienes le denunciaban, como a la actual directora del CNA, Gabriela Castellanos (atribuyendo un pasado conflicto familiar con ella), al titular de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos, Dagoberto Aspra, y no solo el TSC ha confirmado las irregularidades sino que uno de los abogados externos, César Girón, con una grabación como prueba, denunció ante la Fiscalía al periodista Torres de intentar sobornarlo, por medio de una tercera persona, para desembolsarle los 90 millones de lempiras que le adeuda el Injupemp por honorarios pactados. El Ministerio Público (MP) nunca actuó contra quien aparece en las investigaciones y denuncias como la cabeza del saqueo al que fue sometido Injupemp. Ni la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitió opiniones sino que actuó con desidia. Se prohíbe olvidar este saqueo.

1. Ciudad Mateo (4,890 unidades en tres etapas) [1. Residencial Altos de Las Tapias. 690 viviendas de construcción maciza.

Fecha de inicio: diciembre 22, 1992. Contratista: Consorcio Hogares Sovipe. Monto del contrato: L. 71,259,000.00. Total 9

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desembolsado por Injupemp: L. 97,122,859.31. Avance físico: 100%] [2. Residencial Tapias I. 2,000 unidades tipo sistema prefabricado. Fecha de inicio: enero 6, 1993. Contratista: Contratistas Asociados, S.A. Monto del contrato: L. 82,179,578.00. Avance físico: 46%. Suspensión del proyecto: septiembre 1995] [3.Residencial Tapias II. 2,200 vivienda tipo sistema prefabricado. Fecha de inicio: enero 6, 1993.

Contratista: Consorcio Centroamericano de la Construcción, S.A. Monto de contrato: L. 90,397,535.80. Avance físico: 43%. Suspensión de proyecto: junio de 1995]. 1992: comenzó a ser construido en la cuenca del río Guacerique, en Comayagüela, durante el periodo de Rafael Leonardo Callejas no por casualidad sino como “compromiso con ese proyecto(11)”, trama millonaria entre el gobierno y un grupo empresarial, valorado en 300 a 400 millones de lempiras, sin una planta para el tratamiento de las aguas negras y grises, para 4,890 viviendas. 1995: Enrique Pereira Denueda y su hijo Enrique Pereira Solórzano (nicaragüenses), acordaron con sus amigos de más de 30 años Federico Bravo Travieso y Daniel Brevé Travieso, conformar la sociedad anónima “Consorcio Hogares Sovipe, S.A.(12)”. 2006: en la Memoria anual que hice hay un detalle completo sobre tal proyecto y de lo que en ese periodo se logró buscando dar una salida legal; incluye imágenes del proyecto, y equipamientos (13). 2010: el Congreso Nacional (agosto 20) nombró una Comisión Técnica Interinstitucional para elaborar un informe sobre el complejo habitacional, la que al final concluyó que no podía ser habitado, a raíz de acciones populistas del entonces alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, porque propuso que las casas fueran habitadas por familias que habían sido desplazadas por las inundaciones y por los deslizamientos ocurridos en las zonas de riesgo. 2010: comisión interinstitucional considera que los predios de Ciudad Mateo serían abarcados por la construcción de la represa Guacerique II del Sanaa. 2011: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna, a cargo de Rigoberto Cuéllar), elaboró informe donde proponía demoler las casas. 2013: Luego que la compañía de seguridad que resguardaba el complejo habitacional dejara de prestar ese servicio, y que se anunciara que el proyecto ya no sería habitado, (domingo 21 de marzo) unas 300 personas(14) residentes en varias colonias aledañas procedieron a saquear Ciudad Mateo, ya que de todas formas iban a demoler las viviendas, llevando láminas de asbesto, puertas de metal, cables de las instalaciones eléctricas, lámparas, celosías, sanitarios, tubería del agua potable, rompiendo algunas bodegas donde habían almacenado mucho material, y para transportar lo robado algunos utilizaban carros y hasta yuntas de bueyes. 2013: portavoz del Ministerio Público, Lorena Cálix, manifestó que la Fiscalía del Medio Ambiente, que legalmente conoció de oficio todo lo relacionado con Ciudad Mateo, “impulsó las acciones penales por diferentes delitos, incluidos delitos ambientales” contra varias personas, entre ellas Callejas y toda la junta directiva del Injupemp, pero los casos presentados por la Fiscalía ante el tribunal no obtuvieron el efecto jurídico deseado, ya que aquellos vinculados a los funcionarios fueron agotados en las instancias procesales, y por ende, se cerraron; y como consecuencia el juez resolvió otorgarles sobreseimiento definitivo, lo que evita que el Ministerio Público pueda entablar otras acciones”, agregó. Así lo resume un informe de Foprideh(15): Expediente Judicial 416-

96, proceso del 24 de junio de 1996, es decir a doce años y cinco meses y fue asignado a las juezas Normandina Ortíz (increíble!!! esta jueza decretó en primera instancia sobreseimientos a favor de los procesados Juan Ángel Moncada, Alonso Ayón Cardona y Daniel Brevé Travieso, al considerar la inexistencia de la comisión de un delito, y la Corte de Apelaciones confirmó los sobreseimientos. La Fiscalía interpuso recurso de amparo, mismo que el 28 de marzo de 2006 fue denegado por la Corte Suprema de Justicia) y Mildra Castillo. Delitos imputados por el MP: Abuso de Autoridad. Supuestos responsables de la comisión de los delitos: Juan Ángel Moncada, Daniel Brevé Travieso, Victor Elias Bendeck y Alonso Ayón Cardona. Hecho imputado: licitación y contratación iban orientadas a favorecer a la Empresa Finansa, de Víctor Elías Bendeck Samra, ya que en el año de 1992 Finansa únicamente había pagado un millón de lempiras por 2,050,459.53 m2 de terreno, el cual se valoró por la cantidad L. 3,615,133.44. Sin embargo, diez meses después de efectuarse el pago, Finansa recibe L. 35,599,199.00 por haber cedido a Injupemp 878,065.61 m2, es decir, que Injupemp recibió el 42.82% del terreno que Finansa había comprado, pero pagó 35 veces más del valor que esa financiera había pagado a esa fecha, sin haberse realizado, como era obligatorio, dictámenes técnicos por parte de Catastro, ya que la Administración Pública no es un ente privado que determina los precios con la sola voluntad de las partes. Por otro lado, Finansa recibió L. 13,487,500.00 en concepto de tasa de suministro y desagüe de las compañías CCC y CA. S.A., cuando este valor no había sido determinado por el Sanaa, única institución facultada legalmente para realizar dichos avalúos, entonces el Sanaa emite su dictamen y determina L. 3,131,577.21 como cantidad definitiva a pagar, por lo que Finansa cobró L. 10,355,922.79 más de lo que legalmente le correspondía haber cobrado. Otra de las irregularidades más evidentes según la Fiscalía, es que los anticipos de L. 79,534,445.35 que se efectuaron de conformidad con el contrato, era para compra de materiales y el mismo se utilizó, en un porcentaje del 50%, para compra de terrenos y pago de tasas de suministro, bajo procedimientos anormales en la compra, perjudicando con ello a Injupemp debido al proceso inflacionario del país con relación a la alza en compra de materiales.

2. La Constancia (Johny Kafati): demanda por daños y perjuicios por L. 40 millones (arriba de L. 130 millones por los intereses) de convenios de administración firmados antes de 2006 cuando él fue Ministro sin Cartera en el Ramo Vivienda en el gobierno nacionalista de Ricardo Maduro (2002-2006).

3. Bonos a la UNAH: compra irregular por L. 250 millones (diciembre de 2011 y agosto de 2012 por un monto de 150 y 100 millones, respectivamente) obviando todos las instancias legales y procedimientos; denunciado por SITRAINJUPEMP al MP (Denuncia No. 0801-13-136), expediente de 319 folios (El Heraldo, marzo 30, 2014). Martha Doblado prefirió encubrir a su exjefe Andrés Torres del que “se abstuvo” de involucrar, diciendo que “estaba de vacaciones” pero culpó y despidió a Carlos Zúniga y al tesorero Mario Ramón Córdoba.

(La Prensa, abril 1, 2014). Zúniga era reincidente en demandar y ser reintegrado, ya lo había hecho en Inprema (recibió casi L. 4 millones) y Hondutel (recibió casi L. 2 millones), pero fue arrestado (agosto 7, 2015) e inculpado por este caso de los 10

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bonos, sentenciado en 2017 y condenado a 18 años de cárcel, saldrá del presidio el año 2035. El TSC concluyó que estas transacciones contravinieron las leyes y reglamentos del Injupemp por irregulares y además se incumplió lo estipulado en los artículos 121 y 122, numerales 1, 2, 3 y 4, de la Ley Orgánica de Presupuesto, situación que ocasionó “un perjuicio económico al patrimonio del Estado por la cantidad de 5 millones 449 mil 868.82 lempiras.

4. Caso DiazGar(16): Empresa de maletín creada en contubernio con Animal Bendezú Ramos Sandino (yerno y exadministrador de Injupemp con Andres Torres), cuyo gerente César Antonio Díaz se entregó (febrero 9, 2015) voluntariamente en los juzgados de Comayagüela. Díaz llegó al tribunal junto a su abogado, luego de cinco meses de andar huyendo. DíazGar, S. de R. L. es la empresa, un único cliente y una única transacción en su vida, que intermedió los bonos a la Unah con una comisión de L. 5.4 millones de Injupemp. En la audiencia inicial la defensa logró que el juez le dictara a su cliente medidas sustitutivas, tras pagar una fianza de 400 mil lempiras, además dejó como garantía un terreno. Del mismo caso, Carlos Humberto Zúniga recibió 18 años de cárcel, mientras que a Manuel de Jesús Barahona, el yerno del exdirector Andrés Torres, se falló con medidas sustitutivas a la prisión. En una segunda compra de bonos se pagó una comisión de L. 3.5 millones, monto que según las indagaciones del CNA (17) fue retirado por el representante legal de DiazGar, pero Andrés Torres hizo 40 días después un depósito por esa misma cantidad en un banco local. El TSC estableció que las transacciones fueron hechas por medio de las sociedades financieras casas de bolsa Fomento Financiero, S.A. y Lafise Valores de Honduras, S.A., representando ambas entidades financieras a las dos instituciones involucradas en la transacción, en este caso a Injupemp y la Unah. En ambas operaciones, la compañía DiazGar actuó como comisionista, pero de acuerdo con la CNBS esta sociedad no se encuentra inscrita en el registro público del mercado de valores, por lo cual no estaba autorizada para operar o prestar servicio de intermediación bursátil. Por consiguiente, las comisiones pagadas se hicieron al margen de la ley. En la primera transacción Injupemp le pagó a DiazGar por comisiones un millón 889,324 lempiras y en la segunda transacción, el valor ascendió a L. 3,560,544.82 para un monto global de 5.4 millones de lempiras. El TSC comprobó que las comisiones fueron depositadas en la cuenta de ahorro 21-306001012 de Banco del País a nombre de Manuel de Jesús Barahona Ávila, quien, de acuerdo con el acta de matrimonio 0801-1989-02049, ubicada en el folio 059 del tomo 00143 del año 1989, contrajo matrimonio con una hija de Andrés Torres. En la declaración jurada de los gerentes y representantes legales de la sociedad Fomento Financiero, S.A., y Lafise Valores de Honduras, manifestaron desconocer la participación de la sociedad DiazGar, S. de R.L., en la compra-venta de bonos de tesorería propiedad de la Unah y vendidos a Injupemp. Como lo informó La Prensa (febrero 16, 2014) existe una grabación (del Acta 001-2012) que deja en evidencia que en la compra de bonos participaron Carlos Humberto Zúniga (quien dice “así como ustedes lo hacen, como hacen las transacciones en Finanzas, que se van y después nos dicen a nosotros ‘valídenlas’(18)”), Mario Ramón Córdova, Edith Suyapa Andino Matamoros y Marco Avilés, miembros del Comité de Inversiones; sin

embargo, en las firmas del acta se incluye a Lourdes Matamoros, jefa de Planificación y Presupuesto y actualmente administradora (el mismo puesto de Bendezú, cabecilla de este saqueo).

5. Caso César Girón: Demanda por L. 90 millones interpuesta por ese exjefe de servicios legales por tasación de honorarios.

6. Caso abogados: El CNA(19) dio nombres de los seis abogados contratados por Injupemp (Santos Inestroza Tejeda, Ángel Irías Rodezno, Norman Torres, Teófilo Zúniga Salgado, Efraín Flores Hernández y Lenín Ernesto Martínez) por orden de Andrés Torres (acusado de 24 delitos por esta contratación) dejando un perjuicio patrimonial a Injupemp de 95 millones 964 mil 191 lempiras.

7. Constructora Sato: Demanda por L. 100 millones interpuesta por incumplimientos en el proyecto habitacional “San Carlos” (Choloma, Cortés).

8. Ciudad Tecnológica Rosa Elena de Lobo: Demanda por L. 100 millones del proyecto habitacional (aldea El Tizatillo, Tegucigalpa) habiendo una prohibición de invertir en forma directa en proyectos habitacionales.

9. Nepotismo: Contratación de una sobrina de Martha Vicenta Doblado Andara, pero la hoy directora interina dijo (¿otra vez mintiendo?) que “es familiar de un pariente lejano” (El Heraldo, mayo 26, 2014). Contratación de Nora Leticia Castillo (otra pariente de Andrés) durante la administración de Andrés Torres en el cargo de subdirectora, misma función que hacía Martha Vicenta Doblado, haciendo duplicidad de funciones. Cuento viejo: exdirector Andrés Torres Rodríguez tenía al yerno Manuel de Jesús Barahona, al otro yerno Animal Sandino Belcebú Ramos (y éste a sus secuaces Iván y César Díaz García, supuestos propietarios de la empresa de maletín DiazGar para intermediar la comisión de L. 5.4 millones por compra de bonos a la Unah) (La Prensa, mayo 13, 2014). Lucio Izaguirre también empleó a varios parientes; Pastora, de la Junta Directiva, empleó a su hijo.

10. Manual de Puestos y Salarios: Pago de consultoría por L. 180,000 para su elaboración, producto que nunca se entregó.

11. Terreno de Sefin: Pérdida de 89 millones 870 mil 456 lempiras. Transacción de un terreno a la par del edificio Loma Linda a cambio de pago a deuda por aportaciones patronales e individuales, sobrevalorado en 10 millones de lempiras. Área de 14,946.62 m2 real, pero 15,407.35 m2 en la escritura; precio real de 3,045 lempiras por m2 no 5,832.96 por m2 como se negoció. Un requerimiento fiscal del Ministerio Público (MP) (20) ha solicitado orden de captura contra 11 responsables de violación de los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad y delitos contra la administración de fondos públicos y privados por la aceptación de este terreno, porque las autoridades de Injupemp en lugar de cobrar la deuda en efectivo, recibieron un terreno sobrevalorado, provocándole la pérdida de 34 millones 723 mil 299.70 lempiras a Injupemp.

Entre los acusados están el ex Secretario de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Montes Rodríguez, y Dulce María Zavala, ex coordinadora del CNA (Torres le concedió 70 mil lempiras como ayuda por calamidad doméstica), ambos nacionalistas y funcionarios del gobierno de Porfirio Lobo, quienes al ocupar esos cargos también formaron parte de la Junta Directiva de Injupemp. También involucra al resto de los miembros de la Junta Directiva: Juan Carlos Zelaya, Miguel Ángel Murillo, Pedro Antonio Gonzales, Arturo Matute 11

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Gonzales y Álvaro Raúl Cerrato (capturado). MP también ha incluido a Carlos Aníbal Aguilar (capturado), Mirna Janeth Sierra de Figueroa (capturada), Juan Roberto Villalobos, José Ramón Valle Pineda y Fredy Francisco Alemán, empleados del Tribunal Superior de Cuentas, Secretaría de Finanzas y la Procuraduría General de la República (PGR), quienes fueron nominados para la evaluación del inmueble. El resto, se presentó voluntariamente y en la audiencia de declaración de imputado, el juez penal los benefició con medidas sustitutivas de la prisión preventiva, excepto Carlos Montes Rodríguez quien ya guarda prisión en las celdas del Primer Batallón de Infantería, sindicado de varios delitos por el desfalco del Ihss(21). Acción que deriva de denuncia (de enero 31, 2013) que con el acompañamiento del Centro de Atención Legal Anticorrupción (ALAC), interpusieron miembros de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo de Honduras (Anjuppeh).

12. Bolígrafos Montblanc: Compra irregular de 15 lujosos bolígrafos de la exclusiva marca alemana Montblanc, con acabados de oro puro de 23.5 kilates y resina preciosa, valorados en el mercado en 395 dólares cada uno, para los miembros de la junta directiva de Injupemp (violando la Ley General de la Administración Pública, Art. 60). Los bolígrafos se obsequiaron al exministro de Trabajo Felícito Ávila; al exsecretario de Gobernación, Áfrico Madrid; a la exdirectora del CNA, Dulce María Zavala; a la actual titular de Injupemp, Martha Vicenta Doblado; al exdirector de Injupemp, Andrés Torres; al ministro de Trabajo, Carlos Montes Rodríguez; y los otros directivos José Francisco Zelaya, Héctor Alfredo Coello, Doris Flamenco, Arturo Matute, Álvaro Raúl Matute, Miguel Ángel Murillo, Manuel de Jesús Pacheco (yerno de Andrés) y Soraya Román.

13. Caso San Roque: Pago de L. 7.3 millones como anticipo de un contrato de L. 24 millones otorgado a un abogado externo para recuperación de un terreno (pág. 13) conocido como San Roque (ahora El Trébol).

14. Casos del CNA(22): a) Dagoberto Aspra de la Unidad de Investigación y Seguimiento denuncia “saqueo de fondos y situaciones similares con lo que sucedió en el Seguro Social”; b) pagos estratosféricos en bonos a miembros de la junta directiva que “en enero 2014 se pagaron a miembros del staff ejecutivo de Injupemp cuando éstos no tenían ningún derecho porque el Contrato Colectivo no los abarca a ellos, el bono es igual al sueldo que ganan y hay salarios superiores a los 100 mil lempiras”; c) remuneración de L. 123 millones a dos abogados (uno cobró L. 99 millones, otro L. 24 millones; uno responde al nombre de Ángel Irías Rodezno); d) identificación de unos 2,500 millones de lempiras en riesgo, es decir que no han sido bien ejecutados. El CNA programó reunión con la directora Martha Vicenta Doblado, pero “ella le ha dado muchas largas a nuestra visita. La Unidad de Investigación del CNA ha detectado que hay actividades inusuales en esa institución a altas horas de la noche, personas a lo interno del Injupemp nos han dicho que llegan a borrar información”.

15. Millonarios pagos de publicidad institucional y “donaciones a periodistas”, por más de L. 7 millones (año 2013); el festival sigue hoy día (lo encabeza Rómulo Matamoros, con L. 30 mil al mes para sus huesos no para la radio HRN).

16. Pago de prestaciones(17) por L. 230,959 al gerente de servicios legales, Ramón Echeverría, quien fue recontratado como

asesor legal con un sueldo de L. 75,000 (ganaba L. 87,268). El titular de la jefatura legal era Fredy Hernández, despedido -ya regresó- debido a un informe de la CNBS, en base a una sentencia de un juez en donde lo declaró en desacato y hubo problemas legales con relación a una demanda que había en Injupemp. Caso similar es el actual jefe de la Dirección Legal, Guillermo Bueso, despedido y luego recontratado inmediatamente, violando la ley, con posible perjuicio para los participantes por nulidad de lo actuado en todo lo que firma.

17. Escrito Anjuppemp: Marco Antonio Valenzuela, presidente de la Asociación de Jubilados (Anjuppeh) presentó un escrito (abril 29, 2013) ante el Ministerio Público (23) solicitando [1] la investigación de diversos actos de corrupción como que las autoridades de Injupemp han retirado del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 50 millones de dólares y 100 millones de lempiras que hace varios años depositaron a plazo fijo (BCIE ofreció una reinversión de 0.85% pero dijo Martha Vicenta Doblado que fue invertido en bancos privados y en el Banco Central a una ‘supuesta’ tasa del 5% de interés), [2] pidieron investigar la inversión de 100 millones de lempiras en bonos del Estado sin la debida autorización, [3] la supuesta sobrevaloración de los trabajos de remodelación (por L. 7 millones a Arquitectos y Asociados) de una sala velatoria, [4] el pago innecesario de 24 millones de lempiras a un abogado privado para la recuperación de un terreno que había sido invadido por pobladores y [5] la contratación por dos millones mensuales de publicidad. María Auxiliadora Sierra, fiscal encargada del caso giró instrucciones para que el director ejecutivo de Injupemp entregase la información, “pero todavía no la tenemos toda”, expresó. Ante la desidia demostrada por el MP, las autoridades de Injupemp le restan importancia a la acusación y aseguran que no tiene fundamento legal. Aunque no muestra documentación que respalde sus palabras, la subdirectora Marta Vicenta Doblado, aseguró que con los contratos de publicidad, “tenemos que publicar mensualmente el estado de inversiones y son páginas tras páginas las que publicamos en todos los diarios de circulación nacional y obviamente hay otra propaganda institucional que tiene que ver con préstamos y todos los llamados a concursos”. Injupemp no ha publicado sus inversiones en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, pero han crecido los pagos a periodistas.

18. Reapertura de caso: El abogado Rolando Argueta, director de fiscales, resolvió (24) (junio 18, 2015) reabrir el caso por la aprobación irregular de varios préstamos hipotecarios y personales que se abrían hecho a favor de la actual directora de Injupemp, Martha Doblado, a raíz de las recomendaciones formuladas por la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional que recomendó “se reaperture el caso de la señora Marta Doblado”. Otro investigado por el MP (25) refiere a la comisión de delitos de estafa, hurto, falsificación de documentos públicos, falsificación de títulos valores y lavado de activos contra Óscar Eduardo Cano Bonilla, Carlos Raúl Chajtur y Mauricio Ubence Acosta, causa que inició el 28 de febrero de 2010, mediante denuncia porque en el Departamento de Tesorería de Injupemp se extraviaron los cheques número 78255 y 78500, librados contra el Banco Central de Honduras, pertenecientes a la cuenta número 110301-00005, asignada a Injupemp (perjuicio patrimonial de 17 millones 372,700 lempiras, caso en suspenso desde 2013 en 12

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espera que se resuelvan acciones de amparo sin que estas hayan sido resueltas por el órgano judicial.

19. Informe del TSC(26): [1] está en el MP y la PGR para que emprenda las acciones penales y civiles en contra de los responsables de este nuevo escándalo de corrupción. [2] Bonos a la UNAH, se confirmó la compra irregular de bonos del Estado con comisiones a una empresa o “bróker” fantasma, vinculados a Andrés Torres y su yerno Manuel de Jesús Barahona donde L. 5.4 millones fueron pagados y depositados en una cuenta personal de Barahona y el resto en una financiera a nombre del exdirector Andrés Torres. Quien ‘pagó los patos’ fue un traído por el administrador Animal Bendezú, el exgerente financiero Carlos Humberto Zúniga (saldrá libre en 2035) acusado por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, estafa y violación a los deberes de los funcionarios. [3] Contratación de abogados, para recuperar varios predios en litigio, se hizo sin el debido respaldo presupuestario, con el agravante que se pagaron millonarios anticipos sin haber concluido las gestiones legales y se haya logrado sentencia; incurrieron en los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles y fraude, porque Injupemp tiene un departamento legal que podía encargarse de judicializar los casos en los tribunales competentes. [4] Caso San Roque, con medidas sustitutivas para el yerno del exdirector Andrés Torres, al adjudicar un contrato por L. 24 millones (mayo 30, 2012) a un procurador privado capitalino para que recuperara un terreno de 21 manzanas, localizado en el sector conocido como San Roque en la intersección de El Trébol al sur de la capital, donde el abogado recibiría L. 24 millones por honorarios profesionales (L. 8.4 millones a la firma, L. 4.8 millones por presentación de demandas, L. 3.6 por la contestación de las mismas y L. 7.2 millones al dictarse sentencia definitiva), porque el caso quedó en el limbo y no se recuperó el bien inmueble. [5] El otro contrato de servicios legales se adjudicó a otro profesional del derecho por L. 90 millones para recuperar los proyectos conocidos como Tapias I y Tapias II, pero el acuerdo fue incumplido y luego se adjudicó a otra persona afín a Andrés Torres Rodríguez. Eso motivó al litigante a entablar una demanda civil en contra del Injupemp por L. 90 millones más los pagos hechos al otro abogado para llevar el caso; Injupemp tiene su propia unidad de abogados y no era necesario contratar litigantes privados; tampoco había renglón presupuestario para ese gasto.

Responsabilidades civiles a la junta directiva de ese momento.

[6] L. 82.1 millones en contrataciones de abogados, y se pagaron abonos y anticipos que no estaban estipulados en los contratos por L. 23.4 millones.

20. Fraude en viviendas: nueva línea del CNA sobre préstamos para casas, aprobados para comprar casas a precios de gallo muerto; ejemplo del CNA(27) es que “en una casa en la colonia Hato de Enmedio se aprobaron préstamos por dos millones de lempiras y el avalúo real de la casa era de 300 mil o 400 mil lempiras”, y que pasados unos meses las personas a quienes se les habían aprobado los préstamos perdían sus casas por incumplimiento de pago y “no les importaba perder la vivienda porque si valía 400 mil lempiras, ellos se quedaban con una ganancia de L. 1.6 millones y el Injupemp se quedaba con la casa”, en 2015 hay viviendas que se han perdido en colonias

de clase media baja como la Kennedy, San Ángel y San Miguel y se pagaron con préstamos aprobados en la administración pasada. La red familiar de Andrés Torres compró al menos una docena de casas de ínfimo valor adquiridas con préstamos multimillonarios otorgados irregularmente para que pocos meses después los “beneficiarios” dejaran de pagar sus cuotas correspondientes hasta obligar a Injupemp a ejecutar la raquítica garantía y quedándose el clan con el resto del dinero que, obviamente, después repartían entre los integrantes de la red de corrupción; entre los casos está el de Aníbal Belcebú, esposo de la nieta de Andrés Torres -administración 2010 al 2014-, que en mayo de 2013 solicitó un préstamo por un millón 475 mil 568 lempiras para comprar una casa en un sector aledaño a la colonia Hato de Enmedio, denominado Gloria a Dios, a 2.7 metros de una quebrada; en septiembre le fue aprobado y en octubre de ese mismo año recibió un millón 300 mil lempiras en un cheque -firmado por Andrés Torres- a nombre de la madre del administrador Animal Bendezú, que era la vendedora de la vivienda que, a juicio de la fuente (28) no vale más de 700 mil lempiras. Ya para enero del año 2014 el “beneficiario” dejó de pagar sus cuotas.

21. Pagos a 176 muertos: Pérdidas de al menos L. 14 millones (29) porque los familiares de unos 176 jubilados ya fallecidos, seguían cobrando ese beneficio, y nada se hizo en la administración de Martha Vicenta Doblado por recuperar esos fondos. “De esas dos mil 226 personas que (hicieron) pruebas de sobrevivencia, ya comprobamos que 176 están muertas”, señaló Doblado.

22. Caso Sardinas de Beneficios: Arresto de tres personas por delitos de estafa, fraude e ilícitos fiscales y actos de corrupción, (Sandra Margarita Rubio, analista de reingreso; Miriam Ninoska Raudales Medina; y Gloria Carbajal Cárcamo) por haberse apropiado de más de 147 mil lempiras, cuando se detectó que una de las firmas de un exusuario del sistema de contabilidad de Injupemp estaba falsificada y que el sello que se utilizaba, es el que estaba a cargo de una de las detenidas.

La directora Martha Doblado reveló que “en las últimas horas hay ocho casos más que son objeto de investigación” (30). No hubo tal investigación, ni se definió como reparar el daño a los participantes afectados, quienes honraron su pago pero fueron timados a lo interno de Injupemp.

23. Caso energía: Decisión del gobierno de invertir en la generación de energía con fondos de las instituciones de previsión social, es cuestionada(31) por el presidente del Sitramedhys, Miguel Mejía, por ser decisión irresponsable del Estado en usar dineros de Injupemp, al haber aprobado el Congreso Nacional un decreto ley que permite a la ENEE suscribir contratos de generación de energía por dos mil 200 millones de lempiras mediante un fideicomiso constituido con fondos activos de Inprema e Injupemp.

24. Caso ventas de terrenos: desde el periodo Lobo/Juan Orlando se ha obligado a Injupemp a vender terrenos a precios irrisorios en relación a su altísima plusvalía comprados desde el siglo pasado. Por ejemplo, donde estaban los macroalberges, que luego se vendió para el Metromall. Durante el periodo liberal de Lucio existían estos bienes. Usted puede ejercitar su derecho de saber a quién se les vendieron, que conformaban el rico patrimonio de Injupemp (listado según año de compra, nombre, ubicación, área en varas cuadradas) (10 mil varas cuadradas equivalen a una manzana de terreno): 13

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de 1978: a. El Hato o Loma Linda, calle de interconexión de los bulevares Miraflores y Suyapa, área de 14,600.00 V² de 1980: b. Agua Dulce, cerca de la colonia Las Hadas, área de 27,144.00 V² de 1987: c. Los Andes o Río Piedras, sobre la Avenida Circunvalación (SPS), área de 50,077.00 V² de 1989: d. San Roque o Trébol 2, al noroeste del aeropuerto Toncontín, área de 201,485.13 V² e. Llanos del Potrero, en colonia Los Ángeles, área de 66,605.75 V² f. Godoy, lado sur del aeropuerto Toncontín, área de 177,780.95 V² g. Toncontín Oeste, colinda con los terrenos de Las Torres, área de 32,282.25 V² más 1,781.78 V² adquiridas a Soptravi h. Las Torres, en la calle de Los Alcaldes, área de 19,134.58 V² i. Monte Verde, cerca de la Universidad Norte, área de 1,000 V² j. Milpa Quemada, dos lotes al sur de la colonia Loarque, área de 237,894.14 V² de 1990: k. La Granja, al este de la empresa Sempe, área de 2,954.93 V2 l. La Granja 2 o Los Encuentros, al este de Sempe, área de 17,436.09 V2 m. Altos de Toncontín, en la vía hacia la represa Concepción, área de 28,714.13 V² n. Molino, en el Anillo Periférico, área de 188,096.9 V² de 1991: o. Taita Bruno, en Comayagua, área de 45,000 V² p. Calpules, cerca de la colonia Villa Olímpica en SPS, con 291,574.91 V² q. Lempira, cerca de Ciudad Lempira, área de 148,948.58 V² r. La Ciénaga, en la aldea La Soledad, cerca de Ciudad Lempira, área de 357,057.75 V² s. Armenta, al sur de la colonia Los Álamos (SPS), área de 140,067.16 V² t. Cerca Quemada, en las cercanías de Ciudad Mateo, área de 1,012,117.63 V² de 1993 u. Alemán Z-5, en la colonia Alemán, área de 7,044.05 V² v. Alemán, en esa colonia, área de 10,978.36 V² w. Las Crucitas, un lote de 326.36 V² y otro de 278.45 V² de 1999: x. Toncontín Sur, al oeste del supermercado La Colonia # 2, área de 49,327.48 V2 de 2005: y. Los Girasoles, área 767.94 V²

Diciembre, 2016(32) Directora de Injupemp denunció a exempleadas detenidas por Fusina.

Enero 8, 2016 El canal HCH TV por medio de su director Eduardo Maldonado ha realizado el viernes 8 dos entrevistas a la directora del Injupemp Marta Doblado sobre el caso de las “sardinas”(33) y luego en el mismo programa ha recibido una denuncia que ha hecho pública al instante, habiendo mostrando un documento mediante el cual se dice, se podría probar que Doblado habría realizado también en su favor la misma acción del presunto delito por el cual ha acusado a las tres empleadas y que han sido detenidas hoy incluso una persona de la tercera edad y enferma. Se asegura en la denuncia que en la Fiscalía existe expediente con el caso abierto, pero no se le da curso en tanto que se trata de otra acusación contra la misma funcionaria pública, sugiriendo que se encubriría ese hecho para dejarle en impunidad. Debe existir registros de que al inicio de la administración de Torres el sistema informático fue “forzado a dejar pasar” desde la Unidad de Informática sendos préstamos personales por L. 300 mil para Martha Vicenta Doblado y Yecenia Aguilar (actual jefa de personal).

Enero 19, 2016 Dictan sobreseimiento definitivo a 12 directivos y exempleados de Injupemp acusados de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios por la compra de un terreno. ¿Cuánto y a quién le cobró la abogada Maruca Dip? Pérdida para los participantes de Injupemp: 34 millones 723 mil 299.70 lempiras (34).

La escalada de saqueo y corrupción en Injupemp es de la más alta escuela: innovadora, invisible, participativa, ejemplar, única porque los criminales siguen libres e impunes. Así va:  Borrones de saldos en el sistema informático a cambio de pagos (dinero, bienes, favores) a quien los realiza u ordena.  Retiro de aportaciones, sin borrar del sistema al participante, y después volver a retirar los fondos otra vez.  Colocación de inversiones en bancos a menor rendimiento (de al menos medio punto para los beneficiarios que realizan la operación) del posible a negociarse en el mercado.  Obras de remodelación innecesarias de edificios (ocho veces en las abandonadas salas velatorias), con valores inflados, otorgados a compañías de maletín.  Compras de consumibles a valores arriba de mercado.  Préstamos dando como garantía casas con precios menos de su valor real, luego dejando perder las casas por incumplimiento de pago.  Licitaciones (de pintura de edificios, fumigación) con garantías (de hasta 100 mil lempiras) para ser declaradas desiertas y ejecutadas por compra directa.  Compra de equipo informático innecesario y con dudoso mantenimiento a cargo de los vendedores (Bendezú hizo comprar L. 40 millones en software que no se usa, y él más el jefe de informática darían mantenimiento por 5 años)

Todo lo anterior procede de fuentes verificables (periódicos, web, memorias) detalladas al final. El perdón de la justicia hondureña al saqueo es una de las ironías de la corrupción en Injupemp, con muestras tan aplastantes como ridículas. Decenas de miles de millones de lempiras robados y los hechores se pasean libremente.

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La previsión social en Honduras

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1906 ● Emisión de la ordenanza militar para brindar protección a los servidores militares y sus familiares contra contingencias como retiro, invalidez y servicios médicos.

1925 ● Primeras normas de protección de obreros y trabajadores.

1943 ● Ley Orgánica de la Marina Mercante (marzo 12) con aspectos previsionales.

1947 ● Código de Educación Pública (marzo 12) con aspectos previsionales.

1952 ● Ley Accidente de Trabajo (febrero 2) con aspectos previsionales. ● Ley de Jubilaciones del Ramo de Justicia (marzo 5) con aspectos previsionales. ● Comienza el fondo de asistencia social para los empleados del Banco Central.

1954 ● Firma del primer convenio colectivo de condiciones de trabajo. ● Aprobación del Decreto No. 159 (13 de marzo) que crea un Fondo Acumulativo (en el Banco Central de Honduras) con el que se fundaría el IHSS (pero el mismo nunca pasó a ser parte de su patrimonio), capitalizado con recursos provenientes de multas impuestas a infractores de la ley, accidentes de trabajo, Ley de Trabajo de Menores y Mujeres y Ley de Marina Mercante, entre otras.

1957 ● Aprobación del Decreto No. 21 en la Asamblea Nacional Constituyente que delega al IHSS la responsabilidad de administrar los servicios del seguro social.

1959 ● Se promulga el Código del Trabajo. ● Emisión del Decreto No. 140 de la Ley del Seguro Social y creación del IHSS. 1961 ● Se fijan las bases financieras y actuariales del programa de Enfermedad y Maternidad del IHSS. 1962 ● Inicia operaciones el IHSS. 1970 ● Emisión de la Ley de Jubilaciones y Pensiones del Magisterio Nacional, que crea el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) 1971 ● Entra en vigencia la Ley del Magisterio. ● Se emite la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo. ● Creado el Régimen de Pensiones de Retiro del Colegio Médico de Honduras (RPRCMH) entidad sin fines de lucro; 1972 ● Se incluyen como prestaciones ofrecidas por el IHSS las correspondientes a Invalidez, Vejez y Muerte. ● Entra en operaciones el Inprema. ● Se emite la Ley que daba origen al IPM. ● Emisión del Decreto Ley No. 138, Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) 1973 ● Inicio de operaciones del Ipm. 1976 ● Inicio de operaciones del Injupemp.

1985 ● Se emite el Decreto No. 190-85 que da origen al Instituto de Previsión Social del Periodista (IPSP).

1989 ● Creación del Instituto de Previsión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Inpreunah).

1993 ● Primera reforma a la Ley del Seguro Social: se exime al Estado de contribuir al financiamiento de las prestaciones salvo cuando actúe como patrono; establece que las

cotizaciones se fijarán mediante el voto unánime de la totalidad de los miembros de la Junta Directiva.

1997 ● Se crea el Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho (IPSPD), dirigido por una Junta Directiva y una Gerencia General.

2001 ● Segunda reforma a la Ley del Seguro Social: variación en los techos de cotización, ampliación de las edades límite de los hijos de padres beneficiarios para poder ser cubiertos en forma indirecta por el régimen de seguridad social y la posibilidad de que tanto los hombres como las mujeres puedan incorporar como beneficiarios a sus respectivos cónyuges dependientes.

Existe en las instituciones gubernamentales una serie de programas de pensiones (36) creados como producto de las contrataciones colectivas: 1. Plan de Asistencia Social (PAS) de Empleados y Funcionarios del Banco Central de Honduras (BCH).

2. Fondo de Previsión de Empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

3. Fondo de Previsión Social de los Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

En algunos gremios se ha venido formando una especie de autoseguros (mutuales) que son financiados y dirigidos por sus mismos gremios: 1. Fondo Leovigildo Pineda del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah) 2. Fondo de Asistencia Social del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh) 3. Fondo de Asistencia Social el Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh) 4. Fondo de Asistencia Social del Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Públicos de Honduras.

5. Fondo de Asistencia Social del Colegio de Abogados de Honduras.

6. Fondo de Asistencia Social del Colegio Médico de Honduras.

7. Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP).

8. Fondo de Retiro del Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company (Sitraterco).

9. Fondo de Retiro del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Standard Fruit Company Honduras S.A. (Sutrasfco).

Hay otras fuentes previsionales en el país, que más bien son un brazo político ideológico del gobierno de turno, drenan recursos de instituciones y préstamos, motiva compras a empresas de maletín y de aportantes de campaña, y engordan la deuda externa del país mediante colocación de Bonos Soberanos y empréstitos a altas tasas de interés: 1. Bono 10,000 (qué mayor prueba de sectarismo político porque se entrega desde Casa Presidencial, a 270,000 beneficiarios) (37) 2. Bono del Estudiante (no hay registro de beneficiarios).

3. Bono del Adulto Mayor (no hay registro de beneficiarios).

4. Bono del Discapacitado (no hay registro de beneficiarios).

Algunos fondos previsionales se verán desmejorados por sus propios excesos como el de los abogados (saqueo de L. 500 millones) y el de la Unah (salario vitalicio del rector –L 220 mil– y el secretario general –L. 140 mil–).

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Historia de las Pensiones Hace 120 años, y con el propósito de promover el bienestar de los trabajadores y evitar un levantamiento social que pudiera llevar al socialismo, la Alemania de Otto von Bismarck se convirtió en el primer país del mundo en tener un sistema de pensiones para el adulto mayor.

Tras la Primera Guerra Mundial, los sistemas de seguridad social para los trabajadores y los adultos mayores se desarrollaron rápidamente en varias regiones, y la protección social se incluyó en los programas de los organismos mundiales recientemente creados, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Uruguay tienen una cobertura contributiva superior al 50% de la población adulta mayor.

Una de las resoluciones centrales de la conferencia de la OIT en Santiago de Chile en 1936 fijó el trabajo asalariado como el objetivo básico del aseguramiento social mediante una combinación de deducciones del salario y contribuciones patronales.

Poco a poco los Institutos de Seguridad Social se establecieron en la región. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ejemplo, se fundó en 1935. Perú abrió su Instituto de Seguridad Social en 1936. Otros países les siguieron: 1941, Costa Rica y Panamá; 1943, Uruguay, Paraguay y México; 1945, Colombia; 1946, Argentina, Venezuela y Guatemala; 1949, El Salvador. Esta tendencia regional continuó en los años cincuenta con Bolivia (1956), Nicaragua (1956) y Honduras (1957).

Tipos de regímenes previsionales Conocido como “el Canciller de Hierro”, Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, príncipe de Bismarck y duque de Lauenburgo, más conocido como Otto von Bismarck (Schönhausen, 1 de abril de 1815Friedrichsruh, 30 de julio de 1898), es considerado el padre de los sistemas de seguridad social en el mundo.

En 1944, la histórica Declaración de Filadelfia de la OIT realizó, entre otras cosas, un llamamiento en favor de la aplicación de las medidas de seguridad social y al estudio de los problemas comunes relativos a la administración de los sistemas de pensiones. En 1945, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 22 reconoce que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”.

En América Latina, la historia de la seguridad social y los sistemas de pensiones inicia en Chile en 1924, cuando se establece una Política Pública de Previsión Social, la primera de su tipo. Los recursos iban a un fondo común, las Cajas de Previsiones, con el cual se financiaban las jubilaciones: el sistema asignaba el monto de la pensión, considerando los aportes del empleador, los recursos estatales y un porcentaje del sueldo del trabajador.

Producto de una supuesta inviabilidad a largo plazo de las Cajas de Previsiones, en 1980 la dictadura militar de Augusto Pinochet instauró el modelo de “capitalización individual”, o “Sistema de AFP” estableciendo un mecanismo de financiamiento de carácter personal, a partir de los ahorros que cada trabajador realiza durante su vida laboral. Este sistema fue exportado a varios países, especialmente en América Latina y Europa Oriental.

En países como El Salvador, Honduras o República Dominicana el porcentaje de adultos mayores con una pensión está por debajo del 15%. En otro grupo de países (Colombia, Ecuador, Nicaragua, Perú y Venezuela) entre el 20% y el 40% de la población adulta recibe una pensión. Solo países como Brasil, Argentina, Chile y

Injupemp es un régimen de capitalización individual, y de beneficio definido. Aunque cada país tiene una legislación que es especial y única, alrededor del planeta existen elementos comunes en todos los sistemas de pensiones, por lo que es posible separarlos en tres grandes categorías: Capitalización individual: el que existe actualmente en Injupemp, funciona mediante el ahorro individual de cada afiliado, en donde mes a mes los afiliados ponen parte de su sueldo en cuentas individuales que luego son invertidas en depósitos a plazo en bancos y otras inversiones para que ganen rentabilidad. Bajo este sistema hay un término mínimo de participar (Injupemp: 10 años continuos, 15 años alternos) y la pensión final depende de cuánto se haya aportado durante la vida laboral y la rentabilidad del fondo acumulado (depósitos en bancos, fideicomiso de la cartera de préstamos hipotecarios administrada por banco Ficohsa, etc.). Su contribución es definida (antes de la nueva Ley de 2013: 11% el patrono, 7% el trabajador) y su beneficio también es definido (10 años mínimo; predeterminado por una fórmula basada en la historia laboral del participante, más el factor 0.275, su tiempo de servicio y su edad, más que depender en la rentabilidad de las inversiones).

2. Reparto: funciona mediante el financiamiento de las pensiones con los aportes mensuales obligatorios que realizan los trabajadores activos para pagar las pensiones de los jubilados, esperando que cuando ellos tengan que jubilarse sea la gente en edad laboral los que aportarán al sistema. En este modelo puede ser el Estado o entidades privadas quienes administren los fondos de pensiones. Es el modelo de Dinamarca y EE.UU. Dinamarca es probablemente el más exitoso exponente de este sistema, puesto que el Estado garantiza altas jubilaciones, no sin antes haber cobrado un alto impuesto (hasta 45% del sueldo) a los trabajadores activos. En este sistema, la pensión pública básica es de un máximo del 17% del salario medio y solo se recibe tras haber cotizado durante 40 años, siendo los 67 años la edad mínima de jubilación. El Estado subvenciona ciertas medicinas y otorga reducciones de impuestos. El caso de EE.UU es uno menos generoso. Ofrece jubilaciones 1.

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mínimas muy limitadas, solamente para evitar que los adultos mayores vivan en la miseria, esperando que sean las personas o las empresas en donde trabajan la que ahorre o invierta para la jubilación de sus trabajadores.

3. Mixto: también conocido como tripartito. Se combina el aporte del Estado con el ahorro privado a través de planes individuales y aportes de los empleadores, según el convenio que exista entre los trabajadores y la empresa. El más reconocido modelo es Nueva Zelanda, donde su sistema de carácter universal, busca incluir a todas las personas en edad de jubilar mediante impuestos a la población activa y un sistema de ahorros voluntarios subsidiados por el Estado, para complementar el monto de las pensiones, financiado con aportes del empleador y los trabajadores. Para incentivar el ahorro voluntario en los diferentes esquemas que existen, el Estado aporta mil dólares neozelandeses (que va ganando rentabilidad) una vez que el trabajador entra al sistema, además de devoluciones de impuestos y ayudas para la compra de la primera vivienda del cotizante. En Nueva Zelanda la jubilación no se entrega mediante una pensión mensual, sino que se recibe una única suma global una vez que se alcanza la edad de jubilación a los 65 años, existiendo la posibilidad de retirar anticipadamente el dinero de los ahorros voluntarios para comprar una primera vivienda, enfrentar dificultades financieras, costear una enfermedad grave o para emigrar permanentemente del país.

Otro ejemplo es Suiza, en donde las cotizaciones son obligatorias para los mayores de 20 años, con contribuciones que se dividen en partes iguales entre el empleador y el trabajador, mediante descuentos del sueldo. Existiendo también planes de pensiones privadas, los cuales son promovidos mediante beneficios fiscales, en donde las

contribuciones se deducen del impuesto sobre la renta, y la cantidad a percibir está determinada por el tipo de póliza que se elija. Por su parte, la pensión pública de cada jubilado, se calcula según la media de ingresos y la cantidad de años que la persona ha contribuido al sistema. Con esto, la pensión es recibida solamente si la persona ha contribuido al sistema el mismo número de años que otros que han nacido en su mismo año.

También están los Planes de Pensiones Personales, donde el acceso a estos no tiene que estar vinculado a una relación laboral.

Los planes son voluntarios, establecidos y administrados directamente por un fondo de pensión o una institución financiera que actúe como proveedor de pensiones, sin ninguna intervención de empleadores. El trabajador puede hacer contribuciones a planes de pensiones personales. En Honduras, el más reconocido es PanAmerican Life Insurance Company, “Atlántida Fondo de Pensiones (del Banco Atlántida), y ahora los de banco Ficohsa y banco BAC-Credomatic, que buscan una tajada del pastel tras el despojo a los institutos públicos previo a su privatización y cierre.

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Generalidades

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 Alrededor del mundo la gente está viviendo cada vez más tiempo, pero ni los individuos, ni los estados, ni las empresas están ahorrando lo suficiente para cumplir con los compromisos con la población de la tercera edad y los que se están acercando a ella.  El trabajador que pretenda una pensión deberá hacer los siguientes pagos:

 La mejor calidad de vida para los adultos mayores de 60 años (unos 900 millones de personas), según el Índice Global de Vigilancia del Envejecimiento, de la ONG HelpAge International, está en Suecia, le siguen Noruega y Japón. Para los países de América según el informe, Chile ocupa el primer lugar (global, 19), destacándose como el mejor del continente, seguido de Uruguay (23), Argentina (26), Costa Rica (28), México (56), Paraguay (72), Guatemala (75) y Honduras ocupa el último lugar (82) en la región con las peores condiciones para la población mayor de 60 años (39).

Definiciones

 Los sistemas previsionales han sido impactados por una serie de transformaciones en las últimas décadas, pues además de una mayor expectativa de vida, hoy en día se están llevando adelante profundas transformaciones en el mercado laboral, tales como la flexibilidad laboral, la incorporación masiva de la mujer al trabajo y el desempleo juvenil, lo que requerirá adaptar los sistemas de protección social a las nuevas realidades y necesidades. En dos terceras partes (⅔) de los países la edad de pensión es 65 años.  Sólo en 4 países la edad de mujeres es menor que la de hombres, incluye Chile.  La mayoría de los países han aumentado la edad o lo harán en el futuro. En Honduras, ya se hizo en 2013 con la nueva Ley de Injupemp.  Sólo existen cuatro países no han cambiado la edad de pensión, incluye Chile.  Siete países no permiten retiro anticipado, incluye Honduras.  Respecto a los adultos mayores que deban trabajar luego de la edad de jubilación, en países con alta cobertura previsional como Argentina, Chile, Costa Rica o Uruguay, el porcentaje de mayores de 80 años que trabaja no supera el 5%, mientras que en países con baja cobertura, como Honduras, Nicaragua o Perú, este porcentaje se acerca al 20 por ciento (39).  En países como El Salvador, Honduras o República Dominicana el porcentaje de adultos mayores con una pensión está por debajo del 15%; en otro grupo de países (Colombia, Ecuador, Nicaragua, Perú y Venezuela) entre el 20% y el 40% de la población adulta recibe una pensión. Solo países como Brasil, Argentina, Chile y Uruguay tienen una cobertura contributiva superior al 50% de la población adulta mayor.  En países como Argentina, Chile y Uruguay, este beneficio supone otorgar una pensión de entre US$ 4 y US$ 8 diarios, mientras que en países de menores ingresos, como Bolivia, Guatemala y Honduras, la cifra se sitúa entre US$ 1.2 y US$ 2.5 diarios (39).

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Plan de pensiones: un plan de pensiones es un contrato legalmente vinculante que tiene un objetivo de jubilación explícito o bien que los beneficios no pueden ser abonados a menos que el beneficiario haya superado una edad de retiro legalmente determinada. Este contrato puede ser parte de un contrato de empleo más amplio, puede estar establecido en reglas o documentos del plan, o puede estar requerido por ley. Los elementos de un plan de pensiones pueden ser determinados por ley o estatutos o pueden ser establecidos como prerrequisitos para un tratamiento impositivo especial, como es el caso de muchos ahorros o programas de retiro diseñados para proveer a los afiliados y beneficiarios del plan con un ingreso después del retiro.

Además de tener un objetivo de retiro explícito, los planes de pensiones pueden ofrecer beneficios adicionales, como por incapacidad, enfermedad o pensiones por fallecimiento.

Planes de pensiones públicas: son programas de seguridad social administrados por el gobierno (esto es, el gobierno central, gobiernos locales, así como otras instituciones públicas como instituciones de seguridad social). Los planes de pensiones públicas han sido tradicionalmente financiados en forma solidaria (PAYG, o pay-as-you-go), pero algunos países de la OECD han incorporado un financiamiento parcial, u obligaciones de pensiones públicas o bien han reemplazado estos planes por planes de pensiones privadas.

Planes de pensiones privados: son planes de pensiones administrados por una institución diferente al gobierno. Los planes de pensiones privadas pueden ser administrados directamente por el empleador del sector privado que actúa como sponsor, un fondo de pensiones privado o un proveedor del sector privado. Los planes de pensiones privados pueden complementar o sustituir a planes de pensiones públicas. En algunos países, estos pueden incluir planes para trabajadores del sector público.

Planes de pensiones ocupacionales: el acceso a dichos planes está relacionado con un empleo o con una relación profesional entre el miembro del plan y la entidad que establece el plan (el sponsor del plan). Estos planes pueden ser establecidos por empleadores, asociaciones industriales, asociaciones laborales o profesionales, conjunta o separadamente. Estos planes no van a ser objeto de estudio.

Planes de pensiones personales: el acceso a estos planes no tiene que estar vinculado a una relación laboral. Los planes son establecidos y administrados directamente por un fondo de 18

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pensión o una institución financiera que actúe como proveedor de pensiones, sin ninguna intervención de empleadores. No obstante ello, el empleador puede hacer contribuciones a planes de pensiones personales. Pueden ser obligatorios o voluntarios.

Bibliografía Archivo personal del autor | ricardopintorivera@gmail.com Observatorio Social de América Latina (OSAL) (3). Dirección: Barrio Perpetuo Socorro, 10 calle, 8 y 9 Avenida casa N. 829, Tegucigalpa. Teléfono: (504) 2220-4732 Correo: cuthtegucigalpa@yahoo.es (4). Memoria Injupemp 1981 (5). Memoria Injupemp 1994 (6). Decreto No. 56-2015, La Gaceta No. 33,771 de fecha 2 de julio de 2015 (7). Ley Marco del Sistema de Protección Social, Diario Oficial La Gaceta No. 33,771 de fecha 2 de julio de 2015, específicamente en la publicación del Decreto No. 56-2015, de fecha 21 de julio del 2015, porque se cometieron varios errores de transcripción. consistentes en palabras, párrafos y numerales deben ser corregidos.

(8). Diarios y revistas disponibles en internet; se envían todos a solicitud del interesado a mi correo.

(9). Fuente protegida.

(10). http://www.elheraldo.hn/opinion/762152-368/lafiscal%C3%ADa-y-la-corrupci%C3%B3n-en-el-injupemp (11). http://elinvestigador.blogspot.com/2006/05/corrupcinmaldito-tesoro.html (12). http://www.laprensa.com.ni/2000/09/25/nacionales/783278ex-socio-hondureo-de-consovipe-en-escndalo-habitacional (13). https://issuu.com/rpinto/docs/injupemp_memoria_anual_2006 (14). http://www.elheraldo.hn/opinion/625171-210/ciudad-mateoimpunidad-desidia-y-deterioro (15). www.foprideh.org/documentos/pdf/Libros/II-informecor...

(16). http://www.latribuna.hn/2015/02/09/implicado-en-caso-delinjupemp-se-presenta-voluntariamente-a-los-juzgados/ (17). http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/71505098/organizada-red-de-corrupci%C3%B3n-operaba-en-elinjupemp-cna (18). http://www.laprensa.hn/honduras/636944-97/l54-millones-semalversaron-en-compra-de-bonos-seg%C3%BAn-el-tsc (19). http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias /item/1407-seg%C3%BAn-cnainstituto-de-las-jubilacionesdespilfarr%C3%B3-95-millones-de-lempiras-solo-enabogados (20). http://www.revistazo.biz/web2/index.php/nacional/item/753sin-investigaci%C3%B3n-la-supuesta-desaparici%C3%B3nde-fondos-en-elinjupemphttp://www.revistazo.biz/web2/index.php/nacional/it em/1090-fiscalía-acusa-a-ex-coordinadora-ejecutiva-del-cnay-a-ex-ministro-del-trabajo-por-la-corrupción-en-el-injupemp (21). http://www.latribuna.hn/2015/02/09/implicado-en-caso-delinjupemp-se-presenta-voluntariamente-a-los-juzgados/ http://www.revistazo.biz/web2/index.php/nacional/item/753sin-investigación-la-supuesta-desaparición-de-fondos-en-elinjupemp (22). http://www.proceso.hn/component/k2/item/5199.html (23). http://www.revistazo.biz/web2/index.php/nacional/item/753sin-investigaci%C3%B3n-la-supuesta-desaparici%C3%B3nde-fondos-en-el-injupemp (24). http://www.quienopina.com/2015/06/honduras-el-mp-reabrecaso-corrupcion-de-injupemp/ (25). http://www.elheraldo.hn/inicio/849529-331/investigan-eninjupemp-millonario-fraude-por-compra-de-viviendas (1).

(2).

Planes de pensiones obligatorios: estos son planes de pensiones en que los individuos deben participar o que son elegibles para recibir contribuciones de pensiones obligatorias. A los individuos se les puede requerir que realicen contribuciones de pensiones a un plan de pensiones de su elección –normalmente dentro de un cierto rango de opciones – o a un plan de pensiones específico.

Planes de pensiones voluntarios: la participación en estos planes es voluntaria para los individuos. Por ley los individuos no son obligados a participar en un plan de pensiones. No deben realizar contribuciones de pensiones a un plan de pensiones. Los planes personales voluntarios incluyen aquellos plantes a los que los individuos deben incorporarse si eligen reemplazar parte de sus beneficios de seguridad social con aquellos de los planes de pensiones personales.

Planes de pensiones financiados: son planes de pensiones personales u ocupacionales que acumulan activos elegibles para cubrir las obligaciones del plan. Estos activos son asignados por ley o contrato al plan de pensiones. Su uso es restringido al pago de los beneficios del plan de pensiones.

Planes de pensiones no financiados: planes que son financiados directamente de contribuciones del sponsor o proveedor del plan y/o el participante del plan. Se dice que los planes no financiados se pagan con el método “pay-as-you-go”, PAYG. Estos planes pueden tener asociados reservas para cubrir egresos inmediatos o bien suavizar contribuciones entre períodos. La mayoría de los países de la OECD no permiten planes de pensiones no financiados.

Plan de contribuciones definidas: es un tipo de plan de retiro en que se preestablece la contribución anual del empleado según un porcentaje de sus ingresos laborales. Estos planes proporcionan cuentas individuales a los participantes del plan y los beneficios por retiro están basados en los importes acreditados a estas cuentas, con más las ganancias por rentabilidad de las inversiones.

Plan de beneficios definidos: es un tipo de plan de pensiones en el que el empleador promete un beneficio mensual específico al retiro, que está predeterminado por una fórmula basada en la historia laboral del empleado, su tiempo de servicio y su edad, más que depender en la rentabilidad de las inversiones. Es el que aplica Injupemp y los demás institutos estatales.

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Última actualización: 2017-10-02 - 16:24 Se permite copiar citando la fuente.

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