Esperando que se encuentren de lo mejor, extendemos un cálido saludo a nuestra audiencia, a nuestros colaboradores y a todos aquellos colegas del gremio a los que llegue esta publicación. Nos parece que contar con su interés constituye un privilegio inestimable. Por esta razón, a lo largo de los últimos años, hemos puesto nuestro mayor empeño en granjearnos credibilidad y en ganarnos a pulso la buena opinión de la comunidad jurídica.
Con esto en consideración, nuestra actividad reciente ha girado en torno a impartir cursos pertinentes, dictar conferencias oportunas y redactar artículos provechosos para todos ustedes. Nos complace enterarnos de que alguno de estos esfuerzos les haya sido útil y, en este sentido, agradecemos cualquier crítica constructiva que nos ofrezcan. Queremos insistir en que nos interesa continuar perfeccionando nuestra humilde labor en LEX y que, sin su apoyo, esto sería de todo punto imposible.
Atendiendo a lo anterior, no podemos sino agradecer que nos acompañen con este nuevo número. Hemos hecho énfasis en una cuestión reciente del derecho laboral que, según se observa, tendrá significativas implicaciones para la mano de obra nacional. Asimismo, abordamos otros temas que, si bien
no se perfilan igual de urgentes, en modo alguno puede decirse que sean menos importantes. Esperamos que el lector encuentre información y juicios sustanciosos a lo largo de estas páginas, con lo cual nos daríamos por satisfechos.
Sin más hasta aquí, reiteramos con sinceridad nuestro agradecimiento por que nos sigan, nos escuchen, nos apoyen y nos lean.
Lic. René Castelán Olguín, Director y Fundador de Revista LEX INFORMA
Las Relaciones Laborales de los Trabajadores al Servicio del Estado: Derechos, Conflictos y Perspectivas
Son cosas muy diferentes el abordar los conflictos laborales de una empresa y los de una instancia de gobierno, según nos explicaba la Mtra. Rocío Rojas Pérez, magistrada de circuito del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Comprender el asunto requiere cierto grado de especialización y, como se ve, nadie mejor que nuestra invitada para hablarnos al respecto.
Desde muy joven, según ella misma refirió, nuestra invitada tuvo que familiarizarse con las relaciones laborales de los trabajadores al servicio del Estado.
Incluso, su tesis profesional versó sobre “el acta administrativa como instrumento base de la acción para la terminación de los efectos del nombramiento”, lo que desde entonces evidenciaba su marcada inclinación por el derecho laboral y, en particular, por el derecho laboral burocrático. Para la magistrada, se trata de un tema tan interesante como complejo.
Entre los aspectos más relevantes de su trayectoria profesional, destacó el haber trabajado para el SAT, el haber fungido como representante y asesora de trabajadores, así como su participación en la creación de una central sindical. Al respecto, admitía: “no fue fácil mi camino jurídico, pero me ha dado una visión amplia en la pirámide de la justicia”. Pero si bien el cuidar de los derechos laborales ha constituido su formación, señaló que siempre se ha esforzado por que sus decisiones sean imparciales. No se trata —explicó— de posicionarse sin miramientos del lado del trabajador, sino de apoyarlo sin perder de vista un ideal de justicia objetiva.
Aunado a ello, mencionó que haber recibido la confianza de la ciudadanía para ocupar un cargo dentro del sistema de justicia, así como actuar en favor de los derechos de los trabajadores desde una
instancia más elevada, le ha permitido ampliar aún más su perspectiva. Desde su punto de vista, el panorama actual de la justicia laboral ofrece un prospecto favorable para una impartición de justicia más eficiente y equitativa.
Al abordar el tema de la reforma judicial y el nuevo mecanismo electoral para la designación de funcionarios, la magistrada la consideró, ante todo, “una gran oportunidad para quienes aspiramos a ser juzgadores”. Reconoció, sin embargo, que no todos contarán con trayectorias igualmente satisfactorias; aun así, enfatizó que “lo importante es que la persona tenga los conocimientos y la experiencia necesarios para resolver
los asuntos… Todos buscamos un punto en común que es brindar justicia”. En ese sentido, se manifestó en contra de la rígida idea de una carrera judicial, pues, según ella, “muchos tenemos una trayectoria bastante significativa sin que necesariamente haya sido dentro del sistema de justicia”.
Finalmente, reconoció que nos encontramos ante una etapa de nuevos paradigmas en la legislación nacional. Señaló que tanto los juristas como los impartidores de justicia y los funcionarios del Estado deben mantenerse en constante actualización. De hecho, aclaró que hoy en día uno de los aspectos más relevantes de la ley es que sea
accesible y comprensible para todos los justiciables, lo cual exige que el gremio jurídico aprenda a comunicar mejor su labor.
Nuestros lectores podrán seguir el hilo de esta conversación escuchando la conferencia de nuestra invitada a través del siguiente enlace: https://www. facebook.com/share/v/192G9AqVaL.
Mtra. Rocío Rojas Pérez
Magistrada de Circuito del Décimo
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Es una destacada jurista mexicana con más de tres décadas de experiencia en derecho laboral, especializada en la resolución de conflictos individuales y colectivos, particularmente en el ambito del sector público.
Se ha desempeñado como Magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como apoderada legal y asesora jurídica de diversas organizaciones sindicales a nivel nacional.
Su trayectoria combina la práctica jurisdiccional, la asesoría sindical y la formación académica, con estudios en instituciones nacionales e internacionales como la Universidad de Salamanca, España y la OIT.
Ha contribuido al desarrollo del derecho laboral mediante publicaciones, docencia y participación en foros especializados.
Fundó y dirigió el Instituto de Investigación y Capacitación del propio Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y ha sido reconocida con distinciones como el "Premio AMIJ 2022" y la inclusión entre las Abogadas más Influyentes de México.
Actualmente, cursa el doctorado en Derecho Laboral y es miembro activo de diversas academias jurídicas, así como de la
Legión de Honor Nacional de México.
Es miembro activo de diversas academias jurídicas, así como de la legión de Honor Nacional de México.
Resultó electa en el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, por lo que actualmente es Magistrada de Circuito del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
La Prisión Preventiva
El tema de la prisión preventiva oficiosa no puede dejar de ser polémico, toda vez que comporta un grave atentado contra los derechos humanos. El Mtro. Aldo Alfredo Gutiérrez, especialista en juicio de amparo y derecho adversarial acusatorio, abordó de manera crítica esta figura dentro del sistema penal mexicano.
Para ilustrar su impacto, el maestro compartió una analogía elocuente: el sistema penal acusatorio puede compararse con un vaso de agua limpia, mientras que la prisión preventiva oficiosa equivale a unas cuantas gotas de veneno, suficientes para contaminar todo el contenido. Con ello, enfatizaba que una sola excepción mal planteada es capaz de desvirtuar por completo la lógica garantista del sistema adversarial.
Ya diversas instancias internacionales han sido enfáticas al señalar la desproporcionalidad de esta figura dentro del sistema mexicano. Ante ello, el maestro Alfredo recalcó la importancia de “tener bien presente dónde están parados los sujetos constitucionales: nuestra
Carta Magna, en múltiples artículos, nos habla acerca del derecho propersona, de la jerarquía de leyes, de la convencionalidad que debemos seguir…”.
La prisión preventiva, afirmó, se aleja violentamente del principio de presunción de inocencia. En efecto, esta sola excepcionalidad “rompe con toda la génesis del sistema adversarial que, por antología, debería ser proteccionista de los derechos humanos”. Desde su perspectiva, esta problemática constituye una herencia directa del sistema inquisitivo del que provenimos, así como de la idea errónea de que privar de la libertad a una persona equivale a hacer justicia.
Como bien señalaba el ponente, basta con observar las disposiciones de la ley extranjeras para advertir que un sistema adversarial auténtico debe tender, en la mayor medida posible, a preservar la libertad de las personas. En contraste, uno de los aspectos más preocupantes de la prisión preventiva oficiosa en México es su carácter automático: “los jueces se sienten compelidos a dictar siempre esta
medida”, advertía el maestro.
Ante este panorama, surge la interrogante sobre cómo contravenir eficazmente dicha situación y de qué manera los juristas pueden influir para revertir esta coyuntura. Al respecto, el conferencista apuntaba que “el juicio de amparo siempre ha sido la salvación”, dando a entender que corresponde a los abogados postulantes combatir estas disposiciones, buscando restituir el principio de proporcionalidad. “El automatismo en el que se ha caído no deja de ser inaceptable por el simple hecho de haberse normalizado”, decía.
Finalmente, explicó que el artículo 155 del Código de Procedimientos Penales establece una metodología que contempla 14 hipótesis de medidas cautelares, dentro de las cuales la prisión preventiva figura como la última opción. Este esquema responde a una valoración del riesgo: con base en lo que el Ministerio Público ofrezca —pues a este le corresponde presentar la carga de la prueba— puede determinarse si la prisión preventiva resulta la medida más viable y adecuada para el caso concreto.
Instamos a nuestros lectores a que sigan más de cerca la discusión, escuchando la conferencia completa a través del enlace: https://www. facebook.com/share/v/1BrdUMtzCr.
Mtro. Aldo Alfredo Gutiérrez
Especialista en Juicio de Amparo y Derecho Adversarial Acusatorio
Principales Cambios en la Nueva Legislación Laboral
La legislación mexicana vislumbra importantes cambios respecto al ámbito laboral, lo cual atañe, por supuesto, a todo el grueso de la población. Por este motivo, el Dr. Alfonso Pardio Vargas, doctor en derecho del trabajo, juzgó oportuno ofrecer una conferencia al respecto, esperando así que tanto la comunidad jurídica como la audiencia en general pueda ponerse al día.
Desde el inicio dejó en claro la complejidad del tema: “esta podría ser una clase de 10 horas”, afirmaba, dando a entender la amplitud de la reforma. No obstante, con el objetivo de exponerla en sus líneas más generales, el ponente invitó a considerar una serie de puntos clave.
Durante casi cien años, la Ley Federal del Trabajo no experimentó transformaciones sustanciales. Apenas se introdujeron algunos ajustes menores que, como señalaba el doctor Alfonso, “muchas veces ni siquiera fueron implementados como se pensó”. En su conferencia —la cual nuestros lectores pueden volver a ver a través del siguiente enlace: https://www. facebook.com/share/v/1AFPmy9gg1/ — el expositor realizó un recorrido histórico por estos antecedentes normativos, hasta desembocar en la
reforma laboral de 2026.
Entre los temas abordados se encontraron los contratos laborales, los despidos, las renuncias y la rescisión de contratos, entre otros. En este contexto, resultó pertinente recordar que, antes de la presente reforma, una de las determinaciones más relevantes fue la emitida por la Suprema Corte, mediante la cual se estableció como obligación del patrón probar que no despidió al trabajador, invirtiendo así la carga probatoria que había prevalecido hasta entonces. A ello se sumó la creación de los Tribunales Laborales y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, instituciones que marcaron un cambio estructural en la impartición de justicia en la materia. Entrando ya en los cambios que introduce la reforma de este año, uno de los más relevantes es el relativo a la duración de la jornada laboral. Este ajuste ha generado un amplio debate y ha dividido la opinión pública, pues, como señalaba el doctor, “hay mucha gente que no quiere que la jornada cambie”. Para ilustrarlo, puso el ejemplo de Cancún, ciudad en la que reside, explicando que “la mayoría de gente vive de las propinas y del turismo: para ellos, el que por ley los abstengan
de trabajar dos días de la semana, representa llevarse un menor ingreso”.
Podemos concluir, pues, que la nueva legislación laboral de 2026 busca responder a necesidades pertinentes en las dinámicas de trabajo, así como a estándares internacionales en materia de derechos humanos. De igual forma, plantea el reto de proteger a los trabajadores ante las realidades económicas de sectores específicos del país. En este sentido, más allá de las opiniones que despierte, el éxito de la nueva normativa dependerá no solo de su diseño legal, sino también de su correcta implementación y de la capacidad institucional para hacer efectivos los derechos que avanza.
Dr. Alfonso Pardio Vargas
Doctor en Derecho del Trabajo
Es Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Corporativo y Doctor en Derecho del Trabajo, grado que obtuvo con mención honorífica por el Instituto de Posgrado en Derecho de la Ciudad de México. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 35 años y una sólida formación académica complementada con diplomados en Derecho Procesal del Trabajo, Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Ambiental, Marco Legal del Comercio Exterior Mexicano y Normatividad de las Franquicias en México, lo que le ha permitido desarrollar una visión integral y actualizada del marco jurídico laboral.
En el ámbito profesional se ha desempeñado como Asesor Laboral de organismos empresariales de relevancia nacional, entre ellos la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y la Asociación de Hoteles en Cancún. Ha sido docente en instituciones de prestigio como la Universidad La Salle y en programas de posgrado en la Universidad Humanitas, además de conferencista en foros empresariales sobre reforma laboral. Es autor de las obras “Derecho del Trabajo” y “La Rescisión en el Derecho Mexicano del Trabajo”, publicadas por Editorial Porrúa, y coordinador del libro “Los Grandes Cambios del Derecho de Trabajo en México” de Editorial Tirant Lo Blanch, consolidándose como un referente académico y práctico en el Derecho del Trabajo en México.
Neurotecnología: Una llamada de atención para el Marco
Jurídico Legal Contemporáneo
“Ante la falta de regulación, simplemente quedamos a la deriva: la mente humana ha de convertirse en otro recurso de explotación”. Palabras tan graves sirvieron para dar inicio a la conferencia de la Dra. Magdalena Victoria Oliva, jueza de distrito en retiro, en la que nos comparte algo de lo que más la angustia en tiempos de la cuarta revolución industrial.
Su llamado estuvo dirigido a múltiples actores: universidades, legisladores, personas juzgadoras y, en general, a todo el sistema de justicia, así como al sector salud. La advertencia es clara: “Es necesario repensar el lugar del cerebro, de la mente y de la consciencia en este marco legal contemporáneo”.
Este llamado se presenta como un manifiesto de verdadera urgencia, pues, como señalaba la doctora, “hay que evitar que la mente humana sea el próximo recurso de explotación comercial sin sanción ante la llegada de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la neurotecnología”. En el caso de México, explicó que actualmente no existe una regulación específica sobre estas cuestiones; no obstante, aclaró que, en caso de legislarse, “los legisladores no solamente deben sentarse a generar una norma, sino que necesitan ponerse en un contexto interdisciplinario para, justamente, proteger a los derechos humanos”.
La protección de la información cerebral
constituye un tema particularmente complejo, que obliga a replantear los límites del avance tecnológico. La neurociencia, como disciplina interdisciplinaria dedicada al estudio del sistema nervioso — principalmente a través de las neuronas—, abarca desde el cerebro hasta el resto del cuerpo humano. Esta amplitud permite advertir con claridad su estrecha vinculación con los derechos humanos.
En este sentido, la doctora enfatizaba que “si bien debemos de reconocer que la inteligencia artificial, en muchos casos, supone avances muy importantes, al mismo tiempo comporta riesgos considerables de poder violar derechos humanos”. A su juicio, este aspecto no ha recibido la atención suficiente dentro del debate público y jurídico.
Se trata, además, de un auténtico “tema de frontera” para el derecho, en tanto que resulta en extremo novedoso y exige el auxilio de otras disciplinas para su adecuada comprensión. En este marco, la ponente destacó la relevancia de los llamados “derechos de cuarta generación”, los cuales abarcan cuestiones como la preservación de la identidad digital, la no interferencia en la toma de decisiones, la pérdida de privacidad y la protección frente a los sesgos algorítmicos, entre otros.
La privacidad de los datos neuronales subrayó, debe ser objeto de una protección especial, lo cual se vuelve aún más complejo
al tratarse de un bien de naturaleza intangible. Pese a estas dificultades, algunos países ya han avanzado en la materia. Entre ellos se encuentran Chile, Brasil y Estados Unidos, aunque solo en ciertas entidades y de manera parcial.
En contraste, el caso mexicano ha visto la presentación de tres proyectos legislativos relacionados con los neuroderechos; sin embargo, ninguno de ellos ha logrado concretarse. La doctora reconoció que resulta complejo convocar a especialistas de múltiples áreas para construir una legislación de esta naturaleza, pero expresó su esperanza de que México atienda pronto esta necesidad creciente.
Para adentrarse más en el tema y comprender su verdadero alcance, invitamos a nuestros lectores a escuchar la conferencia de nuestra invitada, disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook. com/share/v/17uZSbo24N.
Dra. Magdalena Victoria Oliva
Doctora en Derecho y Jueza de Distrito en retiro
Doctora en Derecho, con mención honorífica por el Centro Carbonell, Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestra en Derecho (LLM) con especialización en Litigación Oral por la California Western School of Law, con revalidación en México. Cuenta con una sólida trayectoria de más de tres décadas en el ámbito jurídico, de las cuales 21 años los desempeñó dentro del Poder Judicial de la Federación, concluyendo su carrera como Jueza de Distrito del Sistema Penal Acusatorio, cargo en el que fue ratificada en tres ocasiones, y otros 10 años como Agente del Ministerio Público de la Federación. A partir del 31 de diciembre de 2024 se encuentra en retiro como Jueza de Distrito.
En el ámbito académico y de investigación, la Dra. Oliva se ha distinguido como conferencista internacional, escritora y estudiosa de temas innovadores en el derecho contemporáneo. Es autora de la obra inédita “La Neurociencia aplicada al Derecho. Engranajes básicos”, en la que aborda, entre otros aspectos, la inteligencia artificial, su impacto en el ámbito jurídico y su vinculación con la reparación integral del daño. Cuenta con tres certificaciones en Neuroderecho avaladas por Naciones Unidas y mantiene una labor constante de difusión académica, destacándose por su enfoque humanista, su compromiso con los derechos humanos y su visión integral de la justicia.
¿Hacia dónde va la Justicia Laboral?
Consolidación u Olvido
“¿Hacia dónde va esta reforma en materia de justicia laboral? ¿Hay una consolidación? ¿Estamos en implementación todavía? ¿O de plano caímos en el olvido?”. Con la intención de responder a estas preguntas, el Mtro. Rafael Carlos Quesada García, especialista en derecho laboral constitucional, abordó el tema de su conferencia.
Para él, hablar de justicia laboral implica hablar de justicia social. “Sabemos que existe una gran inconformidad en las calles: toda la gente se pregunta si habrá alguien que vaya a escuchar sus demandas, a atender sus necesidades. En cambio, tienen la certeza de que siempre va a haber un poderoso que les va a ganar un pleito, siempre va a ganar el que tenga el capital”. El maestro Rafael puntualizó que, precisamente, la justicia laboral y social tienen el objetivo de resarcir dicho sentimiento de injusticia que está impregnado en nuestra sociedad.
“La pérdida de un empleo, puesta en el parámetro del umbral del dolor, está situada al mismo nivel que cuando muere una persona allegada a nosotros”, mencionó. De ahí que, en su opinión, hablar de justicia laboral configure una cuestión de primera importancia.
Consideró oportuno y hasta necesario traer a cuento el tema de la conciliación, toda vez que “se trata de una forma de evitar conflictos, de agilizar procesos”. El tema con este medio alternativo de solución
de controversias es que, hasta la fecha, el gobierno no lo ha dotado de recursos suficientes para funcionar con eficiencia en todo el país. “Los pocos centros de conciliación que tenemos se encuentran desbordados, por lo que a sus funcionarios se les obliga a actuar maquinalmente, sin detenimiento, sin empatía”, con lo que la esencia de la justicia alternativa queda menoscabada.
Esta situación redunda, por supuesto, en que la mayor parte de estos conflictos terminan en juicio. Por eso, también los juzgados, a su vez, terminan por saturarse, ralentizando la impartición de justicia de manera generalizada. Súmese a esta problemática que, según el maestro Rafael, “son muy pocos los jueces laborales que existen”. Ya de por sí “la justicia laboral es muy contextual: tiene muchas aristas, muchas problemáticas”. Todo lo cual da como resultado un deficiente manejo de los casos relacionados al derecho laboral en México.
De esta forma, a pesar de todas las disposiciones internacionales que instan a nuestro país a avanzar en materia laboral, nos encontramos en una especie de asfixia que mantiene el progreso como en pausa. Mientras tanto, prevalece el sentimiento de injusticia e impotencia que permea especialmente sobre la clase trabajadora. “Solo conocen de una justicia lejana, una que nunca les va a llegar porque no tienen los recursos”, se lamentaba el maestro.
Para conocer más sobre el destino de la justicia laboral en nuestro país, insistimos a nuestros lectores que no dejen de escuchar la conferencia de nuestro invitado a través del siguiente enlace: https://www. facebook.com/share/v/1AJNb2tZWR.
Mtro. Rafael Carlos
Quesada García
Abogado, especialista en Derecho
Laboral-Constitucional
abogado y especialista en Derecho LaboralConstitucional, con una sólida trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con múltiples especialidades en justicia constitucional, derechos fundamentales y derecho del trabajo, así como una Maestría en Derecho y estudios doctorales en curso. Su formación académica incluye estudios en México y en el extranjero, particularmente en España e Italia, lo que le ha permitido desarrollar una visión integral del constitucionalismo contemporáneo y de la protección multinivel de los derechos humanos. Es autor de diversas publicaciones en materia laboral y constitucional, y ha participado en obras colectivas, revistas especializadas y proyectos editoriales de alto impacto nacional.
En el ámbito profesional, cuenta con más de veinte años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación, desempeñándose en distintos cargos jurisdiccionales hasta ocupar el puesto de Juez de Distrito en materia laboral, así como Juez Coordinador de Tribunales Laborales Federales del Primer Circuito. Ha sido Titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral del Consejo de
la Judicatura Federal y Director General de Seguimiento y Especialización del Órgano de Administración Judicial, donde lideró procesos de evaluación y modernización de la carrera judicial. Su trayectoria se distingue por una alta productividad jurisdiccional, innovación procesal y una participación clave en la consolidación del nuevo sistema de justicia laboral en México, con énfasis en la tutela efectiva de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.
La Coadyuvancia de la Víctima en el Proceso Penal Acusatorio
Como sabemos, la coadyuvancia por parte de la víctima se refiere a cuando esta, junto al Ministerio Público, aporta importantes datos de prueba. Pero, aunque esta figura resulte oportuna para la integración de una buena carpeta de investigación, en la práctica suele representar varias dificultades para quienes no están familiarizados con el derecho penal. Por ello, el Mtro. Mario Alberto Parada Cerón, asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, nos hablaba al respecto en su conferencia.
Subrayó que se trata de un tema que ha sido poco explorado, tanto en la práctica como en la formación jurídica. En muchas ocasiones, explicó, la víctima parte de la idea de que el Ministerio Público es quien la representa de manera absoluta y que, en todo momento, debe actuar necesariamente a su favor. No obstante, recordó que al Ministerio Público le corresponde, en primer término, integrar la carpeta de investigación, siempre que exista información suficiente que lo permita. Cuando dicha información no se encuentra disponible, el agente del Ministerio Público cuenta con un término constitucional para determinar la viabilidad de la investigación.
En este contexto, el maestro señaló que los asesores jurídicos de las víctimas suelen incorporarse al proceso en etapas avanzadas, cuando gran parte de la
carpeta de investigación ya se encuentra integrada. Sin embargo, aclaró que los medios preparatorios y los datos de prueba pueden y deben aportarse desde la etapa inicial de la investigación. Esta participación temprana se rige por el principio de la debida diligencia, el cual implica que la víctima debe agotar todos los recursos a su alcance para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
El ponente también destacó que, aunque las víctimas aspiran a que su situación vuelva a un “estado inicial de las cosas”, en la práctica no siempre se alcanza una satisfacción plena ni se logra una reparación integral del daño. Desde su perspectiva, esta situación podría mejorar significativamente si la asesoría jurídica interviniera desde el inicio del caso, pues ello permitiría una participación más activa y estratégica de la víctima, aumentando así las probabilidades de una reparación efectiva.
Por otro lado, el maestro Mario apuntó que una de las aparentes ventajas procesales del imputado radica en que, en principio, se le admiten todas las pruebas que ofrece, siempre que cumplan con los requisitos legales. En contraste, una de las críticas más relevantes que formuló es que las víctimas, por lo general, desconocen cómo participar de manera adecuada y eficaz en su propio proceso penal, lo que limita su capacidad de incidir en el desarrollo del caso.
Finalmente, enfatizó que la clave de la coadyuvancia se encuentra en “anexar todo desde la etapa de investigación inicial: desde ahí ya tienes prácticamente toda la coadyuvancia”, enfatizó. No obstante, aclaró que la participación de la víctima no es irrestricta: es decir, que no puede exigir más de lo justo, ya que, aun cuando aporte múltiples pruebas, todas ellas deben cumplir con el criterio de pertinencia y guardar relación directa con los hechos investigados. Solo de este modo, concluyó, la coadyuvancia de la víctima puede convertirse en una herramienta real y eficaz dentro del proceso penal acusatorio.
Para conocer más del tema, invitamos a los lectores a escuchar nuevamente la conferencia de nuestro colaborador, disponible a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/ v/1DWcCyjfsY.
Mtro. Mario Alberto Parada Cerón
Asesor Jurídico de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México
Licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y Maestro en Derecho Procesal Civil con Especialidad en Juicios Orales. Cuenta además con Maestría en Ciencia Jurídico Penal por el INACIPE, una Maestría en Educación y una Especialidad en Derecho Penal, así como estudios doctorales en Derecho. Su formación académica se complementa con diplomados en criminalística y capacitación constante en el sistema penal acusatorio, equidad de género y sistema nacional anticorrupción, lo que le ha permitido consolidar un perfil integral con sólida preparación técnica y enfoque multidisciplinario.
En el ámbito profesional, se desempeña como Asesor Jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, donde brinda acompañamiento legal a víctimas del delito dentro del sistema penal acusatorio y en procedimientos relacionados en materia civil, familiar y mercantil. Cuenta con amplia experiencia en el Poder Judicial del Estado de México como Técnico Judicial en juzgados civiles, familiares y penales, participando en la elaboración de proyectos de sentencia, autos y actuaciones procesales, así como en el desarrollo de audiencias. Asimismo, ha ejercido la abogacía postulante en diversas materias, destacándose por su capacidad de análisis jurídico, litigación estratégica y compromiso con la defensa y protección de los derechos de las personas.
Indemnización Por Error Judicial Inexcusable
Por: Dr. Rubén Darío Merchant Ubaldo, Experto en derecho de daños.
Un debate constante que se ha generado en la comunidad jurídica es contar con los mecanismos y bases legales, para lograr una indemnización por error judicial y no únicamente en materia penal. Ello derivado del actuar de los funcionarios encargados de la impartición de justicia; inclusive, provoca más polémica en México y en el contexto internacional con motivo de la reforma judicial promulgada en septiembre de 2024 y que entró en vigor a partir de 2025, en el que se modifica la Constitución y diversas leyes para restructurar el Poder Judicial de la Federación y de los Estados.
El error judicial en instrumentos internacionales
El numeral 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hace mención del derecho que toda persona tiene a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Desde luego, implica ciertas arbitrariedades por parte de las autoridades de procuración y administración de justicia, que afectan a los justiciables en su esfera de derechos, como el haber sido privados de la libertad durante mucho tiempo.
Si interpretamos el texto descrito nos deja una duda respecto de indagar, si la sentencia firme sería la dictada en primera instancia (absolutoria); o bien, se trata de una resolución judicial que ha agotado todos los recursos legales y no puede ser apelada ni modificada, esto último conforme a la doctrina jurídica. Por otro lado, la indemnización que señala el precepto jurídico convencional, en estricto no
sería únicamente económico, sino implicaría una reparación integral del daño.
El error judicial en la Constitución Española y Ley Orgánica del Poder Judicial
En el título VI Del Poder Judicial y su correlativo artículo 121 de la Constitución Española, a la letra dice: “Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”. Por otro lado, el precepto jurídico 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho país, refiere que:
1. La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca. Esta previa decisión podrá resultar directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisión. En cualquier otro caso distinto de éste se aplicarán las reglas siguientes:
a. La acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses, a partir del día en que pudo ejercitarse.
b. La pretensión de declaración del error se deducirá ante la Sala del Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano a quien se imputa el error, y si éste se atribuyese a una Sala o Sección del Tribunal Supremo la competencia
corresponderá a la Sala que se establece en el artículo 61. Cuando se trate de órganos de la jurisdicción militar, la competencia corresponderá a la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo.
c. El procedimiento para sustanciar la pretensión será el propio del recurso de revisión en materia civil, siendo partes, en todo caso, el Ministerio Fiscal y la Administración del Estado.
d. El Tribunal dictará sentencia definitiva, sin ulterior recurso, en el plazo de quince días, con informe previo del órgano jurisdiccional a quien se atribuye el error.
e. Si el error no fuera apreciado se impondrán las costas al peticionario.
f. No procederá la declaración de error contra la resolución judicial a la que se impute, mientras no se hubieren agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento.
g. La mera solicitud de declaración del error, no impedirá la ejecución de la resolución judicial a la que aquél se impute.
2. Tanto en el supuesto de error judicial declarado como en el de daño causado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, el interesado dirigirá su petición indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia, tramitándose la misma con arreglo a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado. Contra la resolución cabrá recurso contencioso-administrativo.
El derecho a reclamar la indemnización prescribirá al año, a partir del día en que pudo ejercitarse.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vs
Constitución Política de la República de Colombia y de Chile
La Constitución Federal de México en el último párrafo del artículo 109 menciona que, “la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”.
Ahora bien, la Constitución de la República de Colombia en el precepto jurídico 90 cita que, “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas El evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
Por su parte, la Constitución de Chile en el artículo 19 numeral 7 inciso i), dispone que, “una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia”.
Si comparamos los tres dispositivos constitucionales, se advierte que la Constitución colombiana y chilena amplían la posibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado por actividad administrativa y el error judicial. Mientras tanto, la Constitución Mexicana, solamente hace énfasis a la función administrativa y que, en la especie, proviene
de la prestación de servicios públicos del ejecutivo.
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (México) vs ley 270 de 1996 (Colombia)
Es de explorado derecho que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y leyes en la materia de las distintas entidades federativas, no prevén el error judicial, pero tampoco lo prohíben, sin embargo, en Colombia existe la ley 270 de 1996, cuyo capítulo VI del artículo 65 al 74, trata de la Responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales, con el contenido siguiente:
El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por acción o la omisión de sus agentes judiciales. El Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad (art. 65). El error jurisdiccional, es aquél cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley (art. 66).
El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos. 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial. 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme (art. 67).
Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios (art. 68). Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función
jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación (art. 69). El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará la responsabilidad al Estado (art. 70).
En el supuesto de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. Se presume culpa grave o dolo cualesquiera de las siguientes conductas: 1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinadas por error inexcusable; 2. El pronunciamiento de una decisión cualquiera, restrictiva de la libertad física de las personas, por fuera de los casos expresamente previstos en la ley o sin la debida motivación; y, 3. La negativa arbitraria o el incumplimiento injustificado de los términos previstos por la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia o la realización de actos propios de su oficio, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de un recurso que la parte dejó de interponer (art. 71).
La responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales por cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado el Estado; será exigida mediante acción civil de repetición de la que éste es titular, excepto el ejercicio de la acción civil respecto de conductas que puedan configurar hechos punibles.
Dicha acción deberá ejercitarse por el representante legal de la entidad estatal condenada a partir de la fecha en que tal entidad haya realizado el pago de la obligación indemnizatoria a su cargo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio Público. Lo anterior no obstante que, en el
proceso de responsabilidad contra la entidad estatal, el funcionario o empleado judicial pueda ser llamado en garantía (art. 72).
Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a todos los agentes del Estado pertenecientes a la Rama Judicial, así como también a los particulares que excepcional o transitoriamente ejerzan o participen del ejercicio de la función jurisdiccional de acuerdo con lo que sobre el particular dispone la presente Ley Estatutaria (art.74).
El error judicial en la Ley General de Víctimas (México)
Las como parte de la reparación integral se encuentran en el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, al decir que: "La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:
I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;
II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios;
III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;
IV. La pérdida de oportunidades, en
particular las de educación y prestaciones sociales;
V. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos;
VI. El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste sea privado;
VII. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y
VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.
Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán a través de las Comisiones en el ámbito de su competencia, de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito, cuando así lo determine la autoridad judicial. En el caso de las compensaciones por , éstas se cubrirán con cargo al presupuesto del Poder Judicial correspondiente”.
Reconocimiento de inocencia del sentenciado y anulación de sentencia (CNPP)
En materia penal los artículos 485 al 490 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén la procedencia de una indemnización a favor de la persona sentenciada en caso de que proceda el reconocimiento de inocencia. Procederá cuando después de dictada la sentencia aparezcan pruebas de las que se desprenda, en forma plena, que no existió el delito por el que se dictó la condena o que, existiendo éste, el sentenciado no participó en su comisión, o bien cuando se desacrediten formalmente, en sentencia irrevocable, las pruebas en las que se fundó la condena (art. 486).
El sentenciado que se crea con derecho a obtener el reconocimiento de su inocencia o la anulación de la sentencia por concurrir alguna de las causas señaladas en los artículos anteriores, acudirá al Tribunal de alzada que fuere competente para conocer del recurso de apelación; le expondrá detalladamente por escrito la causa en que funda su petición y acompañarán a su solicitud las pruebas que correspondan u ofrecerá exhibirlas en la audiencia respectiva. En relación con las pruebas, si el recurrente no tuviere en su poder los documentos que pretenda presentar, deberá indicar el lugar donde se encuentren y solicitar al Tribunal de alzada que se recaben (art. 488).
En caso de que se dicte reconocimiento de inocencia, en ella misma se resolverá de oficio sobre la indemnización que proceda. La indemnización sólo podrá acordarse a favor del beneficiario o de sus herederos (art. 490).
Derecho a una indemnización por error judicial (Comunicado de prensa 107/2020)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, determinó que, en México las personas tienen derecho a demandar una indemnización por “error judicial”, con fundamento en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), cuando hayan
sido condenadas mediante “sentencia firme” (Amparo directo en revisión 3584/2017 caso Álvaro Manuel Acosta Terán).
El asunto analizado derivó de un juicio ordinario civil en el que una persona demandó al Gobierno de la Ciudad de México una indemnización por “error judicial” con base en lo establecido en el artículo 10 de la CADH. Lo anterior, toda vez que dicha persona fue condenada por la comisión del delito de homicidio a partir de una incorrecta valoración probatoria; circunstancia que fue constatada por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo en el que ordenó su absolución.
En primera y en segunda instancia, el Juez Civil y la Sala respectiva de la Ciudad de México desestimaron las pretensiones del actor, por lo que éste promovió juicio de amparo. En un primer amparo, el Tribunal Colegiado ordenó a la Sala que se pronunciara sobre los agravios que omitió analizar. Sin embargo, en un segundo amparo, el Tribunal negó la protección constitucional al quejoso argumentando que el último párrafo del artículo 109 de la Constitución General sólo prevé la responsabilidad patrimonial del Estado por actividad administrativa irregular, no jurisdiccional, lo que a su juicio constituía una “restricción expresa” al derecho a una indemnización por error judicial contenido en el artículo 10 de la CADH. Por esta razón, el Tribunal consideró que la indemnización solicitada por el quejoso era improcedente.
En contra de dicha sentencia, el quejoso interpuso un recurso de revisión el cual fue remitido al Tribunal Pleno de la SCJN. Al resolver el recurso, el Pleno sostuvo que la interpretación del Tribunal Colegiado era equivocada, ya que, si bien el último párrafo del artículo 109 de la Constitución no contempla la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de actos jurisdiccionales, no establece una “restricción expresa” al derecho
a una indemnización por error judicial.
Además, las Ministras y los Ministros recordaron que tras la reforma al artículo 1° de la Constitución General, publicada el 10 de junio de 2011, se incorporaron en nuestro ordenamiento todos los derechos humanos previstos en los tratados internacionales suscritos por México, entre ellos, los que se derivan de la CADH. Consecuentemente, el Pleno concluyó que en México el derecho a obtener una indemnización por error judicial, es procedente con fundamento en el artículo 10 de la CADH.
Sin embargo, la SCJN advirtió que uno de los requisitos de procedencia del derecho a una indemnización por error judicial previsto en el artículo 10 de la CADH es que la condena haya adquirido el carácter de “firme”; lo que no sucedió en el caso, ya que la misma fue revocada con motivo del juicio de amparo en el que se ordenó la absolución del sentenciado. Así, al no cumplirse el requisito de que la condena haya adquirido firmeza, previsto en el mencionado artículo 10 de la CADH, la SCJN determinó que lo procedente era negar el amparo, aunque por razones distintas.
Comunicado de prensa 180/2025 de 25 de junio de 2025 (amparo directo 35/2022)
Lineamientos relativos al reclamo de indemnización por error judicial
• Sólo procede en contra de resoluciones condenatorias firmes en materia penal en las que se pruebe que existió dolo, culpa o negligencia por parte de la persona juzgadora
• La vía para su reclamo es la civil y será la Suprema Corte quien conozca de este tipo de demandas.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que, el derecho a demandar una indemnización cuando se es
condenado en una sentencia firme en materia penal por error judicial, parte del derecho a una justicia sin errores y emana de lo previsto en los artículos 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme a los cuales se deben establecer las medidas que regulen el ejercicio de ese derecho. Lo anterior, sin que para ello sea necesaria su previsión y regulación expresa en la legislación interna.
En este sentido, la Sala reflexionó que, para que proceda la indemnización por error judicial, éste debe haber causado una afectación grave y relevante en aquél que pretende una indemnización. Además, precisó que no todos los errores cometidos en la sentencia por la persona juzgadora pueden dar lugar a una indemnización, sino que es necesario acreditar que en la resolución respectiva existió un dolo (por la mala fe, la corrupción, la colegiación que raya en la enemistad y la deshonestidad) o una culpa o negligencia por parte de la juzgadora (derivada de la incompetencia técnica o falta de preparación, zona de confort, la falta de experiencia y las excesivas cargas de trabajo).
Asimismo, la Primera Sala sostuvo que, para reclamar indemnización por error judicial, es necesario que primero exista una sentencia condenatoria firme, la cual sólo se considerará así cuando dentro de la misma secuela procesal en que se comete el error se agoten todos los recursos ordinarios y extraordinarios, lo que incluye el juicio de amparo directo. Aunado a ello, el Alto Tribunal estableció que, para ejercer esta acción, no será necesario que previamente se determine la existencia del error judicial, pues en la propia demanda se podrá reclamar la declaración de la existencia de éste y, como consecuencia, la indemnización correspondiente.
En cuanto a la vía para reclamar una indemnización por error judicial, la Sala deliberó que la vía civil es la idónea para ello, porque a través de ésta es posible demandar una responsabilidad civil subjetiva y directa, en la que incluso es dable reclamar el daño moral causado con motivo de la privación ilegítima de la libertad, así como la afectación al honor y reputación derivados de la condena errónea. Esto es así, toda vez que aún y cuando la sentencia a la que se atribuye el error aluda a una cuestión penal, el juez civil no va a definir como tal si existió o no el delito, ni mucho menos va a dilucidar quién es el responsable de éste. Por el contrario, a la luz de las pruebas aportadas, únicamente analizará si en esa sentencia existe un error capaz de generar una indemnización; y en su caso fijará el monto de ésta
Sobre este punto, la Primera Sala indicó que es el Estado —y no las personas juzgadoras en lo individual— quien debe responder directamente de los daños causados por los servidores públicos que se desempeñan como juzgadores pues finalmente es el Estado quien, en su caso, falló al designarlos como tales.
Al respecto, la Sala precisó que, de conformidad con el principio de independencia judicial, los juzgadores no pueden ser demandados en lo personal, ya que si en términos de dicho principio el actuar del juzgador no puede estar sujeto a intromisiones indebidas o injustificadas, ya sean directas o indirectas, sus decisiones no deben estar influenciadas por la posibilidad de que puedan o no ser demandados. De ahí que fuera de los recursos o medios de impugnación legalmente procedentes o los procesos disciplinarios que procedan de acuerdo con la ley, las y los jueces deben gozar de inmunidad personal con respecto a las acciones civiles por daños y perjuicios que pudieran intentarse en su contra; así
como por acciones u omisiones indebidas cometidas en el ejercicio de sus funciones judiciales.
No obstante, el Alto Tribunal consideró que, con el fin de que puedan defender la decisión judicial de la que se pretende derivar el citado error, las personas juzgadoras que estén involucradas en la emisión de las resoluciones que dieron lugar a éste (primera y segunda instancias, así como en juicio de amparo directo) deberán comparecer como terceros interesados al juicio civil en el que se reclame el error judicial.
De esta manera, la Sala determinó que el reclamo de una indemnización derivada de error judicial deberá plantearse directamente contra el Estado y si se declara el error y se ordena la indemnización reclamada, ello permitirá que el Consejo de la Judicatura —u órgano— de que se trate, pueda seguir incluso de oficio el procedimiento disciplinario correspondiente, pues una sentencia de ese tipo implicaría que la persona juzgadora no realizó sus funciones con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Finalmente, por lo que hace a la competencia para conocer de las demandas por error judicial, la Primera Sala determinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será quien resolverá las mismas Esto, atendiendo a una cuestión de jerarquía e independencia judicial y en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción XVII (antes IX) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que en todos los casos en los que se ejerza esta acción, estará involucrado un Tribunal Colegiado de Circuito que habrá dilucidado la demanda de amparo directo que se haya interpuesto y que dé firmeza a la sentencia que contenga el error judicial reclamado.
En conclusión, la indemnización por
error judicial tiene una evolución paulatina en México y en el sistema interamericano, aunque no exclusivamente podría reclamarse un daño moral derivado de un ilícito penal en agravio de la víctima, por haber permanecido injustamente en prisión, sino adicionalmente considerar un daño al proyecto de vida y/o daño estructural en víctimas indirectas. Paralelamente, habría que considerar otros supuestos que merecen un análisis y reflexión, como la notoria ineptitud, las medidas cautelares arbitrarias, indemnización por error judicial en otras materias del derecho o por dilación de una sentencia en los plazos establecidos como en el caso de Brasil o España.
Dr. Rubén Darío Merchant Ubaldo
Experto en derecho de daños y responsabilidad médica
El Dr. Rubén Darío Merchant Ubaldo es un jurista con una sólida formación académica y una destacada trayectoria profesional. Es Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Penal, además de contar con maestrías en Derecho Civil y Alta Dirección Empresarial. Ha obtenido doctorados en Derecho y en Alta Dirección Estratégica Internacional, así como posdoctorados en Investigación Jurídica y en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Su excelencia académica ha sido reconocida con tres Doctorados Honoris Causa.
En el ámbito de la investigación y divulgación, ha publicado diversas obras sobre legislación, derecho y análisis jurídico, abordando temas como la Constitución Mexicana, el proceso de Cristo desde una perspectiva legal y el compliance en sectores público y privado.
En su ejercicio profesional, ha ocupado cargos clave en la administración pública, incluyendo funciones en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Salud. Asimismo, ha sido apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social y ha desempeñado funciones de auditoría y asesoría jurídica en diversas instituciones gubernamentales.
Como académico, ha impartido cátedra en licenciaturas, especialidades y posgrados en múltiples universidades en México. Su labor docente se extiende a temas de derecho penal, civil, administrativo, amparo y criminología, entre otros. También ha participado en congresos, conferencias y capacitaciones nacionales e internacionales, consolidando su prestigio como referente en el ámbito jurídico.
Semanario Judicial de la Federación
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La aprobación de Claudia Sheinbaum en su mandato arranca el año arriba de 69%
En 15 entidades se registró nivel de aprobación por debajo del promedio nacional.
En el arranque del año, 69.2% de los mexicanos aprobó en promedio a nivel nacional el desempeño gubernamental de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; la cifra es 4.7 puntos superior que la registrada en enero de 2025, pero 0.3% inferior que la de diciembre pasado.
La encuesta telefónica nacional, levantada por la empresa Mitofsky para El Economista entre 67,782 ciudadanos con dispositivo móvil inteligente y acceso a Internet, destaca la “alta aprobación de Sheinbaum al inicio de 2026, en un contexto de presión política y económica”.
De los 32 segmentos poblacionales y ocupación medidos, la mandataria mexicana bajó su nivel de aprobación en 22 respecto de diciembre anterior, en nueve subió y en
uno se mantuvo igual.
Entre los priistas, 53.3% dijeron estar de acuerdo con la forma en que está trabajando la presidenta de México; 36.8% de los militantes de MC y de los panistas, 27.3 por ciento.
La medición por entidad federativa del país revela que en 17 registró un nivel de aprobación por debajo del promedio nacional y en 15 lo superó.
Guerrero, Hidalgo y Durango fueron las entidades con mayor aprobación a la presidenta con 80.4, 80.3 y 79.8%, respectivamente. Mientras que Jalisco con 56.1, Guanajuato con 55% y Sinaloa con 53.1% fueron los estados con menor aval.
Con respecto a indicadores de gobierno, en enero de 2026 la percepción de corrupción entre mucha y regular se ubicó en 71.7%, mientras que la seguridad (43.8%) fue la
Tren Interurbano a Toluca: ‘Mejoraremos calidad de vida del Edomex’
Delfina Gómez subrayó que el Tren ‘El Insurgente’ conecta dos de las zonas metropolitanas más pobladas de todo México.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, calificó la obra como histórica la inauguración de la última etapa del Tren Insurgente Interurbano México–Toluca
Durante la ‘mañanera’ de este 2 de febrero, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, autoridades federales y estatales resaltaron la conclusión de la obra, un proyecto que busca transformar la movilidad
entre dos de las zonas metropolitanas más importantes del país.
“Este Tren Interurbano conecta dos de las regiones más grandes y pobladas del país: La Zona Metropolitana del Valle de México con la Zona Metropolita del Valle de Toluca”, dijo en su mensaje.
La gobernadora Delfina Gómez subrayó que su puesta en operación tendrá un impacto directo en la calidad de vida de miles de familias mexiquenses con un esquema de
movilidad que apuesta por mayor seguridad, eficiencia y el uso de tecnología de punta.
En su intervención, la mandataria estatal reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por concretar un proyecto de alto impacto social que, dijo, responde a una demanda histórica de conectividad entre ambas regiones. Destacó que el Tren ‘El Insurgente’ permitirá reducir de manera significativa los tiempos de traslado de quienes se desplazan diariamente por motivos laborales, educativos o familiares.
Delfina Gómez destaca que Tren Interurbano reducirá estrés de mexiquenses
Además del ahorro de tiempo, Delfina Gómez señaló que la operación del Tren Interurbano contribuirá a disminuir el estrés cotidiano de los usuarios, así como a reducir el tráfico vehicular en una de las zonas con mayor saturación vial de México.
La funcionaria también destacó el potencial impacto ambiental positivo del proyecto, al fomentar el uso del transporte público y
reducir emisiones contaminantes asociadas al uso del automóvil particular.
La gobernadora recordó que para el Estado de México, 2026 ha sido declarado como El Año de las Obras, por lo que reiteró la disposición de su administración para mantener una coordinación estrecha con el Gobierno de la Ciudad de México y con la Federación. Afirmó que proyectos de infraestructura de esta magnitud reflejan el compromiso de los gobiernos de la llamada transformación con el bienestar social y el desarrollo regional.
La inauguración del Tren ‘El Insurgente’ se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento del transporte público en el centro del país, con el objetivo de mejorar la competitividad, la movilidad urbana y las condiciones de vida de millones de personas que se trasladan diariamente entre ambas entidades.
