EL ESTADO, EN EL NUEVO ORDEN SOCIAL PERUANO

Hernando de Soto afirmó que no somos una nación fallida, pero sí tenemos un Estado fallido. El poder judicial viene fallando desde hace mucho, por su lentitud y lenidad. El poder legislativo ha fallado por defectos en el sistema electoral, que favorece la victoria de candidatos demagogos, mediante el voto preferencial, lo que destruye a los partidos políticos al enfrentar a unos candidatos con otros del mismo partido.

El poder ejecutivo ha fallado al perder credibilidad en el manejo de la cosa pública. Lo demuestra el contralor general de la República, Nelson Shack, al declarar que las auditorías realizadas por su institución permitieron identificar S/ 920.8 millones de perjuicio al Estado en 2019, como consecuencia del mal accionar de los funcionarios públicos (Gestión, 8 de febrero de 2020). Esta corrupción es mayor en la capital, pero es descentralizada: el ranking de las cinco regiones con mayor perjuicio económico la lidera Lima con S/ 417.5 millones, seguido de Lambayeque con S/ 83.7 millones, Loreto con S/ 60.2 millones, Piura con S/ 46.7 millones y Moquegua con S/ 37.3 millones, según la misma fuente.

Ahora bien, si la nación como cuerpo social peruano, no está fallida, entonces ¿por qué el Estado sí lo está? ¿Acaso el Estado no es otra cosa que la administración de la sociedad? ¿No son ciudadanos peruanos integrantes de la nación quienes hacen fallido al Estado del Perú? La respuesta es que no se corrompen las instituciones sino las personas. Así lo entiende el derecho penal en todo el mundo. En consecuencia, si cada ciudadano es honrado, la nación es honrada, y tendrá un estado honrado. Si queremos mejorar el Perú, por tanto, debemos plantearnos el mejorar la calidad del ser y del actuar de cada habitante del territorio nacional.

A la luz del bicentenario de la república podemos afirmar que en los dos últimos siglos la honradez ha ido perdiendo terreno. Si bien al lograr la independencia pasamos de una situación de hecho a un Estado de derecho, la elección de los padres de la patria por una democracia política nos fijó un sistema de funcionamiento político. Ello significa que los peruanos somos libres, que tenemos garantizados unos derechos individuales, que solo excepcionalmente pueden ser suspendidos por las autoridades y exclusivamente por un tiempo corto determinado. En la actualidad la pandemia del covid-19, por ejemplo, nos ha recortado la libertad personal, y las autoridades tienen el deber de devolvernos cuanto antes la plenitud del ejercicio de los derechos individuales. Así es el orden político peruano.

Sociológicamente, podemos afirmar que la honradez declina porque la educación de las generaciones que van asumiendo responsabilidades políticas han perdido conciencia del valor de la honradez en la vida privada (sociedad) y pública (Estado). Las acciones de control del Estado funcionan en paralelo o a posteriori de la conducta privada y pública de las personas; en cambio, el motor de las actividades personales depende del grado de educación que tengamos en valores, como la responsabilidad de ser honrado.

Las crisis más severas son las que se gestan dentro del ser humano, observa José Ricardo Stok. Así, pues, las grandes crisis de los pueblos son un reflejo de la crisis de las personas: la solidez de los valores o la carencia de ellos, la fortaleza de virtudes o su ausencia, son claros indicadores y, ordinariamente, los causantes de la crisis (Gestión, 22 de setiembre de 2020). Ahora bien, ¿la población peruana tiene una incapacidad moral permanente? En esa línea escribe Diana Seminario, alertando un peligro: solo en un país con una ausencia total de autoestima y donde los valores han sido trastocados por un relativismo moral permanente se puede tolerar, decía, lo que está pasando en el país. (El Comercio, 21 de setiembre de 2020).

Hay una vinculación concreta entre persona y honradez, como virtud; pero también la hay una vinculación directa entre pueblo y honradez, como valor. Lo hemos visto en la cifra que nos da el contralor general: cada año, aproximadamente, los peruanos dejamos de dedicar al bien común S/ 920.8 millones. La calidad de vida, pues, depende de las virtudes de las personas, que proyectan los valores cualitativos y cuantitativos de los pueblos. No estamos hablando de romanticismo patriotero sino de uso responsable de la libertad, para darle al Perú lo que le pertenece: el dinero de los impuestos, que un grupo de corruptos se lleva por debajo de la mesa, malbaratando y despilfarrando el esfuerzo de todos.

A la honradez acompañan otras virtudes, que la protegen y fortalecen, como la verdad en el hablar y la austeridad en el vivir. Estos valores que acompañan a la honradez tienen la ventaja de acercar el nivel de vida de los más ricos con los más necesitados. Cuando las familias y las empresas cultivan la austeridad en los gastos, para poder dedicar algo de sus ganancias a mejorar la calidad de vida de las personas más pobres, mediante aumento de sueldo de sus trabajadores menos cualificados, o al personal de servicio doméstico de las casas, por ejemplo, se está sirviendo al bien común.

La convicción de que debemos ser honrados debe inculcarse en la escuela. La dignidad connatural de la persona humana y el servicio solidario que se espera de cada ciudadano reclaman una vida y un trabajo honrados. Los creyentes en Dios sabemos que debemos ser honrados porque así lo honramos. Los patriotas sabemos que servimos a la patria siendo solidarios con los demás, dando a cada uno lo suyo, siendo honrados. En el ámbito amable y reducido de la familia lo mismo: del amor se sigue el darse, el dar y no el actual egoístamente, corrompiendo el hogar con mentiras y engaños, codicias y avaricias.

Cuando se creó el primer CADE se buscaba diálogo entre el empresariado y el gobierno, porque vivíamos un clima político de encono político. Décadas más tarde, apareció el CADE EDUCATIVO, porque efectivamente mucho se puede lograr con el diálogo político, pero es necesario formar mejor a la juventud para que en el futuro ese diálogo sea de mayor calidad, dando por sentada la honradez de las personas y de los pueblos, para sentarnos ante la mesa para buscar los causes más efectivos del desarrollo.

No sé si es la mejor manera de hacerlo, pero un Índice de desarrollo humano, propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mide el nivel de desarrollo de cada país atendiendo a variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. Hay un segundo criterio, de índole laboral, cívica, social, religiosa, cultural, es decir, de los factores que integran el ser mismo de las persona, y que no ofrece fácil medición, pero en definitiva, todos nos damos cuenta si estamos o no bien encaminados. Un tercer índice de desarrollo subjetivo, seguido por una revista de la ONU, mide la felicidad en 157 países, basándose en diversos factores, como el PIB per cápita. Los peruanos ocupamos el puesto 65.

“¡Hay, hermanos, muchísimo que hacer!” (Vallejo).