Revista de prensa 21 de marzo

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Revista de prensa Veintiuno de Marzo de 2011

El consumo doméstico de agua cae en los últimos cinco años en 16 litros Las empresas tuvieron que pagar por despidos judicializados más de 80 millones entre 2008 y 2010, tres veces más que en los tres años anteriores Salamanca, segunda provincia de la Región que más extranjeros regulariza Los cuidadores no profesionales dados de alta se doblan en un año Promover la igualdad de género, objetivo del Ayuntamiento de Carbajosa con la Semana de la Mujer El Colegio de Abogados de Salamanca asesora gratis a 682 internos de Topas La mayoría de solicitantes de la Renta Garantizada son mujeres urbanas La región camina un paso por detrás de España en la recuperación fiscal El Gobierno sube la luz a su antojo pese a la liberalización del sector Un total de 97 ayuntamientos mantiene deudas con la Seguridad Social por importe de 2,19 millones de euros Un total de 97 ayuntamientos mantiene deudas con la Seguridad Social por importe de 2,19 millones de euros La concesión de créditos a los hogares se desplomó un 43% en el inicio de año

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LA ACTUALIDAD, A FONDO / DÍA MUNDIAL DEL AGUA El consumo doméstico de agua cae en los últimos cinco años en 16 litros Por habitante y día. El saldo en 2005 ascendía a 157 litros, mientras que la tendencia a la baja se reflejó en 2009 con 141 ALEJANDRO R. L. La mayor conciencia ambiental, la difusión de campañas informativas y la comercialización al alza de electrodomésticos de elevada eficiencia energética sirven de argumentos para justificar el uso contenido o racional del agua potable en los hogares, como refleja la estadística en el último lustro, de tal manera que la implicación desde diversos ámbitos de la sociedad favorece la dinámica recesiva en el consumo, porque en 2005 ascendía a 157 litros (por habitante y día) y en 2009 caía hasta 141, según los últimos datos oficiales que ofrece el Ayuntamiento. A falta de información más actualizada, el concejal de Medio Ambiente, Emilio Arroita, confirma que el año pasado se cerrará con dígitos aún inferiores para confirmar la tendencia a la baja, basando su estimación en el descenso de la producción de agua.

La ordenanza municipal que regula las tarifas de los servicios municipales de suministro de agua potable y alcantarillado recoge varios usos. El público, consistente en la alimentación de bocas de riego o hidrantes para incendios, cámaras de descarga o pozos de limpia del alcantarillado, fuentes públicas y, en general, usos inherentes al funcionamiento de la infraestructura urbana, como los servicios públicos municipales y demás de carácter general.

De tipo doméstico, que concierne a la distribución de agua a inmuebles dedicados a vivienda, donde el agua se utiliza básicamente para atender las necesidades de la vida cotidiana. Se incluyen los garajes anexos a las viviendas unifamiliares, siempre que no se dediquen a actividades industriales, comerciales, profesionales o de servicios. Cuando en una vivienda se den usos de agua domésticos y no domésticos se aplicará la tarifa del uso predominante.

La distribución de agua a inmuebles dedicados primordialmente a actividades comerciales, industriales, profesionales o de servicios. Se incluyen expresamente en este uso los garajes, (excepto los citados anteriormente) y el suministro de agua para obras.

También figura el uso para edificios públicos municipales, o aquellos que el Consistorio determine de entre los de la Administración Provincial, Autonómica o Central, asilos, establecimientos de beneficencia y otros similares.

El uso para los municipios limítrofes está regulado también en virtud de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento con los mismos o aquellos que pudieran existir en el futuro. Por último, el considerado especial, todo aquel no incluido en los párrafos anteriores, como suministros esporádicos o provisionales a camiones cisterna, feriantes o enganches para limpieza de fachadas.

La facturación se realizará por la diferencia de lecturas registradas por el contador. Si no fuese posible conocer el consumo real por ausencia del abonado, avería del contador o causas imputables al usuario, se facturará el consumo del mismo periodo del año anterior.

Las empresas tuvieron que pagar por despidos judicializados más de 80 millones entre 2008 y 2010, tres veces más que en los tres años anteriores Los asuntos judiciales resueltos en despidos crecieron un 63,9% en los tres ejercicios, hasta los 13.630 El impacto de la crisis económica en el mercado laboral provocó que los asuntos judiciales resueltos en despidos en Castilla y León entre 2008 y 2010 crecieran un 63,9 % respecto a los contabilizados en los tres ejercicios anteriores de bonanza económica, hasta los 13.630. Las cantidades económicas que fueron reconocidas a los trabajadores de Castilla y León que se quedaron sin trabajo ascendieron a 80,3 millones de euros en los años de crisis analizados, lo que supone multiplicar por tres la cifra de la suma de los tres años precedentes, cuando se alcanzaron los 26,5 millones.

Asimismo, las cuantías se fueron elevando en la Comunidad a medida que la crisis fue minando la actividad económica, con un aumento del 32,7 % entre 2007 (9,6 millones) y 2008 (12,8 millones); del 70,9 % entre 2008 y 2009 (21,8 millones), y del 108,4 % entre 2009 y 2010 (45,6 millones). La cifra registrada el año pasado supone multiplicar las cantidades consignadas en 2007 por cinco. El número de asuntos judiciales resueltos por despido en la Comunidad también se fue elevando desde los 2.907 de 2007, a los que siguieron los 3.799 de 2008, los 5.351 de 2009 y los 4.480 de 2010, según los datos recogidos por Ical del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En el conjunto nacional, las cantidades reconocidas a 116.203 trabajadores por despidos ascendieron a 1.812,5 millones de euros entre 2008 y 2010, también tres veces más que en los tres ejercicios anterior (601 millones). Los asuntos judiciales resueltos por despidos fueron en el periodo de análisis 313.296, con el mismo crecimiento que en Castilla y León del 63,9 %.

El informe del Gobierno constata que el número de asuntos judiciales resueltos en despidos crecieron en el global de los tres años de crisis respecto a los tres ejercicios anteriores, un 88,3 % en Burgos (2.196), un 81,3 % en Soria (292), un 72,8 % en León (3.294), un 65,8 % en Segovia (592), un 61,2 % en Salamanca (1.677), un 57,9 % en Valladolid, un 42,9 % en Zamora (812), un 42,1 % en Palencia (853) y un 37,9 % en Ávila (418).

Total de asuntos judiciales sociales El informe constata también que el total de asuntos judiciales sociales (despidos, otros conflictos individuales y colectivos y Seguridad Social) resueltos en la Comunidad entre 2008 y 2010 ascendió a 48.612, con un aumento respecto a los tres años precedentes del 11,4 %. Las cantidades reconocidas a los trabajadores alcanzaron los 129,4 millones de euros, que representan un crecimiento del 145,5 % respecto al periodo anterior. Así, los despidos supusieron el 28 % de los asuntos judiciales sociales resueltos en la Comunidad en los tres años de estudio y el 60,2 % de las cantidades reconocidas.

Por provincias, los datos que facilita el Ministerio de Trabajo no disgregan las cantidades reconocidas en los conflictos judiciales sociales resueltos en despido de las cuantías por otros conflictos individuales y colectivos y sobre la Seguridad Social. Así, las cantidades reconocidas a los trabajadores en asuntos judiciales sociales (despidos, otros conflictos individuales y colectivos y Seguridad Social) descendieron un 17,7 % en Soria (2,8 millones de euros) y se incrementaron un 597,6 % en León (26,2 millones), un 313,8 % en Palencia (14,9), un 255,5 % en Ávila (5,9), un 144,3 % en Valladolid (19,8), un 112 en Burgos (25,2), un 93,5 % en Segovia (8,1), un 70,3 % en Salamanca (16,9), y un 51,6 % en Zamora (9,1).

Fogasa El deterioro del mercado laboral desde que se inició la crisis se ha hecho patente en múltiples indicadores consecuencia directa de la destrucción masiva de empleo y junto a los asuntos

judiciales por despido también destaca el número de empresas afectadas por regulación e insolvencia cuyos trabajadores tuvieron que recurrir al Fondo de Garantía Salarial.

En este sentido, el Ministerio de Trabajo constata que entre 2008 y 2010 se vieron afectadas por insolvencia 5310 empresas de la Comunidad, con una subida del 79,4 % respecto al trienio anterior de crecimiento. Asimismo, 4.871 actividades sufrieron regulación, un 298,2 % más.

El importe total de las prestaciones autorizadas a sus trabajadores en la región alcanzó en la región los 126.330,5 millones en los tres años, un 236,67 % por encima de los desembolsos entre 2006 y 2007.

La cuantía por insolvencia en la Comunidad sumó 97,2 millones de euros, un 214,3 % más, y por regulación , 29,1 millones, con un aumento del 342,6 %.

Los trabajadores beneficiados entre 2008 y 2010 en la Comunidad con prestaciones por insolvencia fueron 17.452, un 145,3 % por encima de los contabilizados en el trienio anterior; y por regulación, 9.417, con un aumento del 316,3 %. En el conjunto nacional, se vieron afectadas 142.214 empresas en los tres años y se vieron beneficiados 497.331 trabajadores con 2.554,7 millones, con crecimientos del 135,4, 129 y 176,3 %, respectivamente.

Por provincias, el importe total de las prestaciones acordadas en los tres años respecto al trienio anterior se disparó un 452,4 % en Segovia (18,1 millones de euros), un 306,3 % en Burgos (24,3 millones), un 286,2 % en León (24), un 225,6 % en Valladolid (30,3), un 171,6 % en Ávila (2,2), un 140,8 % en Palencia (4,7), un 132,8 % en Soria (2,8), un 130,5 % en Zamora (3,7) y un 124,9 % en Salamanca (15,7).

Expedientes de regulación Otro indicador claro del ‘pozo’ económico se encuentra en los expedientes de regulación de empleo abiertos en tres años de crisis, periodo en el que se autorizaron en la Comunidad 2.386, un 156,8 % más que en los tres años anterior. Estos expedientes afectaron a 71.439 trabajadores de Castilla y León, con una subida del 168,3 %.

El número de trabajadores afectados por medidas de extinción alcanzó en la Comunidad las 8.765 personas, que suponen un crecimiento del 67,6 %, por expedientes de suspensión, las 61.487, un 188,3 % más, y por reducción de jornada, 1.187, frente a los 69 de los tres años anteriores.

En el conjunto nacional y siempre según las mismas fuentes ministeriales, se autorizaron 42.832 expedientes que afectaron a 997.722 trabajadores, con crecimiento del 280,6 y 445,4 %, respectivamente.

Por provincias y en relación al número total de trabajadores afectados por algún tipo de expediente (extinción, suspensión y reducción de jornada), mermaron un 12,3 % en Palencia (6.175) y se dispararon en el resto, un 3.228,4 % en Soria (4.094), un 991,5 % en Burgos (18.229), un 808 en Ávila (4.050), un 733,9 % en Segovia (1.843), un 391,1 % en León (11.758), un 162,7 % en Zamora (599) y un 64,7 % en Valladolid (22.577).

Por medidas de extinción, los trabajadores afectados se redujeron en Zamora un 23,4 % (124) y crecieron un 278,9 % en Soria (288), un 133,3 % en Salamanca (390), un 113,6 % en Palencia (517), un 111,2 % en Segovia (150), un 106,3 % en Burgos (1.882), un 82,5 % en Ávila (710), un 43,1 % en León (2.319), y un 36,3 % en Valladolid (1.865).

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DOMINGO, 20 DE MARZO DE 2011

NORMATIVA ❚ ESPERAN EL CAMBIO LEGAL CON OPTIMISMO

❚ DEMOGRAFÍA

Salamanca, segunda provincia de la Región que más extranjeros regulariza A.S. Salamanca es la segunda provincia de Castilla y León que más extranjeros regularizó durante el pasado año 2010.

De este modo, Valladolid se situó en 1.640 nuevos inmigrantes (4,98% más que en 2009), para llegar hasta los 34.514; seguida de Salamanca, que con un crecimiento del 8,87% alcanzó los 18.049 extranjeros (1.417 nuevos); Zamora, que totaliza 10.239 foráneos gracias a su aumento en 2010 de 1.118 personas, es decir, un 12,25 % más (el mayor en la Comunidad en términos porcentuales); y Segovia, que creció un 4,52 % (1.106 nuevos), hasta los 25.540, según informa Ical.

Por debajo del millar de nuevos inmigrantes se sitúan provincias de Castilla y León como León, con 602 entradas, cifra que se traduce en un 2,4% más, hasta contabilizar 25.656 (la tercera por detrás de Burgos y Valladolid); Soria, con 461 personas foráneas que llegaron en

EL DATO ❚ DOBLE DE REGULARIZACIONES QUE EN ESPAÑA. El ritmo de regularización de inmigrantes avanzó al doble de velocidad en Castilla y León que en España durante 2010. Así se extrae de los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que determina que el número de foráneos regularizados creció en la Comunidad un 5,3% en relación a 2009, hasta situar la cifra en 184.834 extranjeros.

2010 a la provincia, un 4,79% más, con un total de 10.073; Palencia, con casi los mismos que la anterior (459), y un 6,07% más (8.019 personas); y Ávila, la que menos inmigrantes nuevos acogió el pasado año, con 432 nuevos, que representan un incremento del 2,82% (igual que la media española en este sentido según Trabajo), hasta los 15.720.

❚ ABIERTO EL PLAZO

Los hosteleros tienen hasta el 15 de abril para inscribirse en la próxima Feria de Día L.G. La Asociación de Empresarios de Hostelería abrió ayer el plazo de preinscripciones para la próxima edición de la Feria de Día. Todos los interesados en contar con caseta de calle durante el período de las Ferias de septiembre podrá inscribirse hasta el día 15 de abril a las 14:00 en la propia sede de la asociación, paseó de la estación 32-38 por-

EN IMÁGENES

Ya se respira primavera en la Plaza Mayor A apenas dos días del inicio oficial de la primavera, mañana 21 de marzo, Salamanca ya siente cómo esta nueva estación está cada vez más presente en su día a día, debido a que las terrazas de la capital salmantina vieron aumentado considerablemente su volumen de clientes este fin de semana que buscaban relajación y esos ansiados rayos de sol./GUZÓN/GALONGAR

tal 3 bajo, teléfono 923 23 66 14 o en la dirección de internet info@hosteleriadesalamanca.com. Durante las pasadas fiestas de septiembre, fueron 84 las casetas instaladas a lo largo de 16 zonas ubicadas en el centro de la ciudad, que dieron ambiente festivo a las jornadas de Ferias ofreciendo bebida y pincho de feria a 1,80 euros, en horario de 12 de la mañana a 00.30 horas.

Los comerciantes confían en no verse obligados a apagar su iluminación a las 23 horas ❚ Las candidaturas de PP y PSOE a la Alcaldía han mostrado a Aesco su predisposición a flexibilizar la Ley de Contaminación Lumínica M.D. El comercio salmantino se muestra optimista de cara a la próxima implantación de la Ley de Contaminación Lumínica aprobada por la Junta y que obliga a apagar la iluminación de los escaparates a las 23.00 horas, una imposición que preocupaba a los comerciantes, tanto por motivos de seguridad como comerciales.

Las reuniones mantenidas por la Asociación de Empresarios de Comercio de Salamanca (Aesco) con las candidaturas del Partido Popular y del Partido Socialista a la Alcaldía de la capital han resultado satisfactorias, ya que ambas han mostrado su predisposición a flexibilizar la normativa, indica Emilio Checa, secretario de Aesco, que explica que la ley incluye un artículo que da potestad a los ayuntamientos para adaptar los horarios a las circunstancias particulares del comercio de cada ciudad. “Ambos candidatos se han mostrado a favor de estudiar las épocas o fechas importantes en las que sea posible adaptar la ley a las necesidades de los comerciantes”, afirma Emilio Checa.

La obligación de tener que apagar la iluminación de escaparates a las 23 horas —excepto festivos, vísperas de festivos y viernes, que se podrá mantener una hora más— suponía para muchos establecimientos un problema, ya que según la consulta que llevó a cabo Aesco hace unos meses, bastantes tiendas de la ciudad no apagaban sus escaparates hasta pasadas las doce de la noche, sobre todo en determinadas fases del año que resul-

Un escaparate iluminado en una céntrica calle de la ciudad./ARCHIVO

Los comerciantes afirman que la iluminación de sus tiendas es clave en algunas calles para evitar actos vandálicos o delictivos

tan claves desde un punto de vista mercantil.

Además, los comerciantes también expusieron los problemas de seguridad que puede acarrear tener que apagar las luces antes, ya que en muchas calles la mayor parte de la iluminación proviene de los escaparates, argumentan, lo que puede incitar a algunos a realizar actos vandálicos o delictivos. Un problema que lo iban a notar más en aquellos comercios que cuentan con un pasillo central, que se queda a oscuras si no cuenta con iluminación.

Los cuidadores no profesionales dados de alta se doblan en un año Ley de Dependencia. La provincia cuenta con un total de 1.508 personas inscritas en el convenio especial, que les permite cotizar y acceder a diversas prestaciones, como la jubilación o la formación Eva cañas En algo más de un año –14 meses–, el número de cuidadores no profesionales de Salamanca dados de alta en la Seguridad Social, ya sea en el convenio obligatorio o en menor número en el especial, casi se ha duplicado, al pasar de 814 a 4 de enero de 2010, a 1.508, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El incremento exacto en ese periodo es del 85%, al tener en cuenta que el incremento en 14 meses ha sido en 694 cuidadores no profesionales más dados de alta a través de la Ley de Dependencia.

Respecto a los últimos datos, de las 1.508 personas inscritas, 1.502 están dentro del convenio obligatorio y seis en el voluntario. Al estar suscritos en el régimen general de la Seguridad Social, les permite cotizar y acceder a prestaciones que disfrutan los trabajadores, como por ejemplo, jubilación, incapacidad permanente y muerte, o supervivencia, así como acceder a programas de formación. Los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia deben de ser familiares o gente de su entorno más cercano.

La cotización de estos salmantinos corre a cargo exclusivo del Estado, salvo en los casos en los que los cuidadores opten por mantener bases previas de cotización, según se recoge en la Ley de Dependencia.

En Castilla y León, se ha resuelto incluir en el convenio especial a un total de 9.669 cuidadores no profesionales, de los cuales, 9.610 están en el obligatorio y 53 en el voluntario. Por provincias, con mayor número destaca León, con 2.096, seguida de Valladolid (1.580), en tercer lugar Salamanca (1.508), y por detrás, Zamora (1.232), Burgos (960), Ávila (710), Palencia (695), Segovia (580) y Soria (302).

Las cifras nacionales se incrementan a un total de 155.272 cuidadores no profesionales dados de alta en España en el convenio especial de la Ley de Dependencia. Por sexo, predominan las mujeres que se encargan de velar por sus familiares dependientes, con un total de 144.593 féminas, frente a 9.855 hombres. En cuanto a las edades, el mayor porcentaje de cuidadores no profesionales tiene menos de 50 –68.718–, por delante de los mayores de 60 –34.135–, otros 26.603 de entre 51 y 55 o 24.992 en el tramo de 56 a 60 años. Estas personas pueden ser desde los cónyuges del dependiente, parientes por consanguinidad hasta el tercer grado, etc.

Promover la igualdad de género, objetivo del Ayuntamiento de Carbajosa con la Semana de la Mujer

Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Carbajosa Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reconocer el papel de la mujer en la sociedad actual y sensibilizar a la población del municipio en materia de igualdad han sido los objetivos principales de los actos desarrollados por el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada durante la “Semana de la mujer”, que se han desarrollado en la localidad con motivo del “Día Internacional de la Mujer”.

El Ayuntamiento de Carbajosa, su Concejalía de Igualdad, la Biblioteca Pública Municipal, los dos colegios de educación primaria, el proyecto Ciudad de los Niños, el Centro Joven y la Asociación de Mujeres de Carbajosa Solidarias se han sumado en esta ocasión a la celebración del Día Internacional de la Mujer, una fecha cuya conmemoración ya está institucionalizada en la localidad y que este año el Equipo de Gobierno Municipal ha querido celebrar con diferentes actos que se han desarrollado a lo largo de una semana.

Las actividades se iniciaron por parte del Club de Animación del programa educativo “Ciudad de los Niños”, que inauguraron la Semana de la Mujer con dos talleres de elaboración artesanal de lazos conmemorativos que, junto a los confeccionados por la Agente de Igualdad y la asociación de mujeres del municipio, han llegado a toda la población escolar del municipio y a los establecimientos comerciales de Carbajosa.

La Biblioteca Municipal ha acogido durante estos días dos sesiones de Cuentacuentos por la Igualdad, dirigidos a los más pequeños del municipio, que recibieron con gran entusiasmo los mensajes igualitarios que se les transmitieron en estas sesiones.

Por su parte, el Centro Joven y el Programa de Cualificación Profesional Inicial de Jardinería promocionaron valores igualitarios entre la población juvenil. Y, como broche final, el Ayuntamiento con la colaboración de AMUCAS (Asociación de Mujeres de Carbajosa Solidarias) celebró en el Centro Cívico una charla-coloquio que bajo el título de “Mujeres de Carbajosa” abordó la necesidad de la participación femenina en todos los ámbitos de la sociedad.

El Ayuntamiento de Carbajosa quiere agradecer a todos sus ciudadanos la acogida y participación en las actividades desarrolladas y confía en que actos de este tipo puedan contribuir a promover la igualdad de género en nuestra sociedad.

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LUNES, 21 DE MARZO DE 2011

JUSTICIA ❚ INFORMACIÓN

El Colegio de Abogados de Salamanca asesora gratis a 682 internos de Topas ❚ 11 letrados salmantinos visitan dos veces por semana a los presos M.M./VALLADOLID El Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria atendió durante el pasado ejercicio a 682 internos de la cárcel de Topas. De estos, la mayor parte son extranjeros —concretamente 438—, mientras que el resto, 236, son reclusos nacionales. Este es el balance que arroja este servicio altruista que ofrece el Consejo de Colegios de Abogados de Castilla y León en la Comunidad, donde el número de entrevistas con los presos alcanzó las 1.853, el 80% de ellas, a presos extranjeros (1.272) y el 20% restante a internos que poseen la nacionalidad española (581).

Este servicio, que nació en el Colegio de Abogados de Salamanca en el año 2004, busca facilitar a los internos del centro penitenciario que no tienen recursos económicos, y que en muchas ocasiones se encuentran desarraigados y sin medios, información y asistencia letrada que contribuyan al efectivo ejercicio de los Derechos Fundamentales y de un modo especial, al pleno ejercicio del derecho de defensa.

Los motivos para requerir la ayuda de los letrados abarcan desde causas como la revisión de permisos, traslados de prisión, libertades condicionales, sanciones o indultos a asesoramiento personal. El presidente del Consejo de Colegios de Abogados de Castilla y León, Fernando García Delgado, cuenta que los internos también solici-

LOS DATOS ❚ ONCE LETRADOS EN SALAMANCA. 64 letrados en la Comunidad facilitan asistencia jurídica gratuita a la población reclusa de Castilla y León, de ellos, 32 trabajan en Valladolid, 8 en Palencia, 13 en Burgos y 11 en Salamanca. ❚ VISITAS DOS VECES POR SEMANA. Los abogados que colaboran desinteresadamente en los servicios han superado previamente un curso de formación continua impartido por el propio Colegio. Estos letrados visitan dos veces por semana a los internos de Topas que han requerido su ayuda a través de una instancia o vía teléfono a la sede del Colegio de Abogados. ❚ LA ENTREVISTA. Los encuentros entre letrados y reclusos se llevan a cabo en el módulo de comunicaciones familiares.

tan información en casos de separación o divorcio, herencias, o incluso, de trámites de extranjería. De hecho, explica el letrado

salmantino, este tipo de orientación se presta más porque la mayoría de los presos de Topas son extranjeros.

Centro Penitenciario de Topas en Salamanca./ARCHIVO

La mayoría de solicitantes de la Renta Garantizada son mujeres urbanas La Junta ha recibido 6.900 peticiones y ha atendido más de 27.600 consultas EL NORTE VALLADOLID Los firmantes de las solicitudes de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) son, mayoritariamente, vecinos de las ciudades (69,5%) y mujeres (54%). El perfil de los aspirantes a percibir la prestación que se considera como la última red de protección contra la pobreza en Castilla y León se completa con la edad, que sitúa al 80% de los solicitantes entre los 25 y los 51 años, y el origen. El 63% de las personas que rubrican los impresos recién estrenados de la Renta Garantizada de Ciudadanía han nacido en España, lo que supone que el 37% restante son inmigrantes, encabezados por africanos (16%) y europeos (11%).

Todos estos datos son fruto de un primer escrutinio al que sometieron los responsables de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que dirige César Antón, a las 4.700 solicitudes que se habían presentado hace algunas semanas. Esta cifra ha crecido hasta las 6.900 peticiones registradas en las gerencias de Servicios Sociales hasta el 17 de marzo. Además, el dato de 19.000 consultas que aportó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el 22 de febrero en las Cortes, ha crecido hasta las 27.600 peticiones de información. En 23.300 casos los ciudadanos fueron atendidos cara a cara, de forma presencial, y las 4.300 consultas restantes se solventaron por teléfono, bien en el 012, bien en el número 902 106 060.

Los datos dan idea de la expectación que ha generado la Renta Garantizada de Ciudadanía. Un interés en el que ha influido decisivamente la coincidencia de la entrada en vigor del nuevo instrumento de batalla contra la pobreza y la exclusión social con los momentos más duros de la crisis económica y laboral que arrastra el país. El consejero de Familia destaca el salto cualitativo que ha dado Castilla yLeón respecto a la media de las comunidades en esta prestación. "Se sitúa entre las seis primeras", apunta Antón. Un recorrido por el mapa arroja cuantías que oscilan entre los 369 euros de La Rioja y los 775 del País Vasco, comunidad que junto con Navarra disfruta de un concierto económico propio con el Estado. La Renta de Ciudadanía se mueve entre los 426 y los 692 euros, según las personas que formen la familia, y ha flexibilizado requisitos y ampliado el abanico de posibles beneficiarios.

Ingente tramitación El personal de Servicios Sociales se encuentra inmerso en la tramitación de la ingente cantidad de solicitudes. Existe un plazo de tres meses para resolver las peticiones. El consejero llama la atención sobre un trabajo administrativo que no es sencillo. El 53% de las peticiones registradas requieren subsanación de errores o están a falta de documentación. Los equipos de este salario deben comprobar datos sociales y económicos sobre el titular y la familia con diferentes administraciones, desde el Ecyl a los ayuntamientos en los que están empadronados; la Agencia Tributaria que controla ingresos; el Catastro con el patrimonio; la Seguridad Social o las embajadas, en el caso de solicitantes inmigrantes.

El filtro por edad de los solicitantes arroja también un 6% de jóvenes menores de 25 años y otro 6% de mayores de 52. En este último grupo estarán, previsiblemente, la mayor parte de los solicitantes de complementos en los hogares que subsisten con una pensión no contributiva o una de viudedad menor de la cuantía que contempla la Renta Garantizada de Ciudadanía.

La región camina un paso por detrás de España en la recuperación fiscal La recaudación de impuestos arrastra una caída del 30% desde el inicio de la crisis EL NORTE VALLADOLID El año pasado se acortaron las distancias, pero todavía queda camino por recorrer. La crisis económica golpeó con más fuerza a Castilla y León que al conjunto del país en lo que se refiere a los ingresos de Hacienda por los principales impuestos que pagan los contribuyentes. En 2009, la comunidad sufría un retroceso en la recaudación del 39% con respecto a dos años antes, el ejercicio de 2007, cuando alcanzaron su techo histórico. Mientras tanto, la caída en España era del 29%. Al cierre de 2010, las arcas del erario público lograron recuperar algo de terreno (gracias, sobre todo, a las subidas de impuestos decretadas por el Gobierno), pero las diferencias entre el Estado y la región se mantuvieron sin variación. Comparadas con las cifras de 2007, España mantiene una bajada recaudatoria del 20%, mientras que el dato de Castilla y León siguió diez puntos por encima, en el 30%.

Los datos de la Agencia Tributaria correspondientes al cierre de 2010, conocidos este mes, revelan que la recaudación en la comunidad autónoma se situó en 3.453,8 millones de euros, un minúsculo 2,1% del total estatal (159.536,2 millones). Estas cantidades se refieren a lo ingresado en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuestos Especiales, Sociedades, Aduanas y Renta de los no residentes. Además de esta retahíla de tributos, los contribuyentes abonan otros que gestionan directamente las comunidades autónomas (en el caso de la región son los de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos; Sucesiones y Donaciones y Tasas sobre el Juego, ya que la región es la única de España que ha renunciado, por el momento, a crear figuras impositivas propias).

Recuperación insuficiente La recaudación de la Agencia Tributaria en Castilla y León se incrementó el año pasado el 14% con respecto a 2009, un porcentaje superior al del conjunto de España, que se situó en el 10%.

Sin embargo, debido a que la comunidad llevaba dos ejercicios con caídas significativamente más acusadas que las del total nacional, el mejor resultado de 2010 no fue suficiente para acercar distancias con la media. En 2009, los ingresos fiscales cayeron en la región el 24% (frente al 17% en España) y en 2008 habían retrocedido el 20%.

El Estado gestiona la recaudación de los tributos nacionales en todo el país y luego cede a las comunidades autónomas un porcentaje de lo recaudado en cada territorio. En el sistema de financiación autonómica se elevó el porcentaje de cesión de impuestos desde el Estado a las autonomías del 33% al 50% en el caso del IRPF y del 35% al 50% en el del IVA. También aumentó el porcentaje cedido de los Impuestos Especiales que gravan la cerveza, el vino y bebidas fermentadas, alcohol y bebidas derivadas, hidrocarburos y labores del tabaco, que subió del 40% al 58%.

La recaudación en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido es la que más se incrementó en 2010 en relación al año anterior. En el caso de Castilla y León, el avance puede calificarse de espectacular. Los 945 millones ingresados por Hacienda en la región suponen un avance del 124% con respecto a 2009, un porcentaje que casi triplica el registrado a nivel nacional (46%).

El Gobierno sube la luz a su antojo pese a la liberalización del sector Como en un juego de platos chinos, cada trimestre interviene para compensar los fallos del mercado y la herencia del déficit Los millones de usuarios domésticos acogidos a la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) han soportado con relativo estoicismo la fortísima subida, de casi un 10%, aplicada a sus consumos el pasado enero. El Ministerio de Industria asegura que no habrá incremento en abril, pero las promesas de que el alza de comienzos de año sea «irrepetible» no les tranquilizan en absoluto.

Pasadas las elecciones de mayo, se da por seguro que se producirán nuevos encarecimientos.

Para el periodo abril-julio, la subasta mayorista de electricidad prevista para el próximo martes tendrá que compensar la fuerte subida del 12,5% que Industria quiere aplicar a la parte regulada de la tarifa. Calcula el Ministerio que la demanda siempre baja en primavera, y que un sustancial descenso de precios de la electricidad servirá para contrarrestar el otro incremento. ¿Quién decide el precio de la luz, en un mercado donde las variaciones debieran responder a la aplicación automática de una serie de costes?

Pese a los anuncios de neutralidad, la cifra final la decide el Gobierno a su conveniencia. Así subió un 10% en enero y permaneció 'congelada' en julio de 2010. Pero con la herencia del déficit de tarifa acumulado y la actual crisis económica, ni se puede permitir el lujo de repercutir siempre los costes, ni mucho menos puede actuar a favor de una estabilización de los precios. ¿Incumple el Gobierno sus propias normas?

Leticia Blázquez, de la Universidad de Castilla-La Mancha, apunta en una divertida comparación que el sector eléctrico se ha tornado en un juego de platos chinos. El Ejecutivo tiene que ir moviendo un palo tras otro (primas a las renovables, la recuperación del déficit, ayudas al carbón, compensaciones a las centrales que queman gas, evolución de la cotización mundial de las materias primas) sin descuidar ninguno, para que no se le caigan los platos y evitar el desmoronamiento del conjunto del sistema. Unas veces aplica la regulación, otras la deja de lado, según le conviene. ¿Por qué la tarifa ha subido un 48% en poco más de tres años?

Además del aumento que han experimentado las materias primas, sobre el recibo cargan muchas herencias. El Gobierno tiene capacidad de decidir sobre la mitad de la subida, los llamados 'peajes de acceso'. Ahí están los costes del sistema, desde las primas a las renovables a las redes de distribución y transporte, pasando por el déficit acumulado y la compensación por la moratoria nuclear. La otra mitad está en función del precio de la energía, que se calcula en una subasta trimestral en la que empresas comercializadoras compran electricidad a las generadoras. Cuando Industria estima que de la subasta saldrá un gran incremento, opta por congelar los peajes. Ahora piensa que experimentará un fuerte descenso, y por eso ha propuesto una fuerte subida de la parte regulada. ¿No podría aprovechar esta circunstancia para rebajar la tarifa y ayudar a que los hogares consuman más y se acelere el crecimiento?

No tiene esa opción. Las eléctricas cobran el déficit acumulado -cerca de 20.000 millones, casi dos puntos del PIB- mediante su colocación en unos mercados del dinero que en estos tiempos exigen máximas garantías para comprar esos derechos de cobro. Estos 'números rojos' proceden de los años en que se reconocían a las eléctricas una serie de costes, pero no se les dejaba trasladarlos a los recibos. La luz incluso llegó a bajar, pero la deuda con las compañías iba creciendo. Algunos expertos opinan que el importe del déficit es excesivo, porque el regulador estimó costes muy

superiores a los que realmente llegaron a soportar las empresas y reconoció elevadas rentabilidades a instalaciones de sobra amortizadas como las nucleares e hidroeléctricas. ¿Cómo funciona la subasta que determina el precio de la energía?

Cada trimestre, los comercializadores que venden a los clientes que están a tarifa compran a un precio fijo la mayor parte de la electricidad que les venderán en los meses siguientes. La puja se realiza a precio descendente y después se firman los contratos físicos. Este sistema permite establecer un precio sin las fluctuaciones del mercado mayorista diario, pero la Comisión Nacional de la Energía ha llegado a denunciar que en los días previos a las pujas se suelen producir fuertes subidas de precios. Por eso cree que está resultando inflacionista y sugiere reformarlo. ¿Tiene algún impacto la cotización del petróleo?

La generación eléctrica apenas utiliza el crudo -las instalaciones que queman fuel son residualespero el petróleo es la referencia del gas natural, el combustible de las centrales de ciclo combinado, determinante en la fijación del precio en el mercado mayorista. El otro factor que repercute a la hora de calcular la parte correspondiente a la energía son las expectativas de demanda, que decaen en primavera. Por eso prevé el Gobierno que una fuerte caída del precio le ayudará a compensar el incremento de la parte regulada de la tarifa. ¿Qué peso tiene la energía consumida en el recibo doméstico?

Bastante poco. En una factura de 100 euros, le corresponderían 53,8 euros. Esa cifra se reparte entre 34,4 euros de generación, 4,3 de transporte y 15,1 de distribución. Del resto, las primas a las renovables se llevan 18,2 euros, y 5,7 euros van al déficit de tarifa. El resto se destina a impuestos (18 euros), otras compensaciones (moratoria nuclear, extrapeninsulares) y en financiar programas de ahorro (4 euros). ¿Estamos condenados a pagar por la luz bastante más de lo que cuesta durante muchos años?

La Comisión Nacional de la Energía y los expertos creen que, antes que modificar los componentes del parque de generación eléctrica -las renovables han venido para quedarse y la nuclear no va a replantearse precisamente ahora- hay que cambiar un mercado mayorista ineficiente, desarrollar interconexiones y evitar que los Gobiernos de distinto signo renegocien continuamente con los agentes del sector.

Un total de 97 ayuntamientos mantiene deudas con la Seguridad Social por importe de 2,19 millones de euros La corporación del municipio leonés de San Andrés del Rabanedo adeuda 1,27 millones en cotizaciones sociales y el zamorano de Peleas de Abajo, 540.132 euros Un total de 97 ayuntamientos de Castilla y León mantiene deudas con la Seguridad Social por el impago de cotizaciones sociales de sus empleados públicos por un importe global de 2,19 millones de euros. Entre las corporaciones locales que aparecen reflejadas con saldo deudor en el fichero general de recaudación de la Seguridad Social se encuentran las de Palencia y Valladolid, aunque con cantidades insignificantes de 127,87 y 625,67 euros respectivamente que suelen corresponderse, según el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración a “diferencias en las liquidaciones” por lo que se trata de “deudas que se regularizan con normalidad”.

La lista de ayuntamientos morosos, cerrada a 30 de junio del año pasado, está incluida en la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria por escrito formulada por el diputado del Partido Popular por Guadalajara José Ignacio Echániz, quien se interesó sobre las deudas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos con la Seguridad Social.

En la primera relación no aparece la Junta de Castilla y León, que se mantiene a corriente de pago.

Algo de lo que no puede presumir la comunidad autónoma de Andalucía, que mantiene un saldo deudor de 644.748 euros. También aparecen retratadas Galicia con 305.705 euros y Madrid con 218.424 euros. La relación se completa con otras cuatro administraciones territoriales cuya mora no llega a los 100.000 euros y que, por tanto, se consideran incidencias normalizables con facilidad. En esta situación se encuentran Navarra que debe 71.562 euros, Asturias (20.772), Baleares (1.639) y Murcia 140 euros.

Volviendo a los problemas de los ayuntamientos con la Seguridad Social destaca la situación de la corporación leonesa de San Andrés del Rabanedo, que según consta en el fichero general de recaudación adeuda un 1,27 millones de euros, una cifra que representa el 58,79 por ciento del total de la mora que mantienen los ayuntamientos de la comunidad con la Seguridad Social. En situación considerada también irregular se encuentra el ayuntamiento zamorano de Peleas de Abajo, cuyo saldo deudor alcanza los 540.132 euros. El resto de municipios que aparecen en la relación facilitada al diputado José Ignacio Echániz presentan cantidades reducidas que en la mayoría de las ocasiones se debe a pequeñas diferencias en las liquidaciones presentadas.

No obstante, también aparecen con números rojos importantes en la lista de impagos de cotizaciones sociales Santa María de Nieva (Segovia), que adeudaba a finales del primer semestre de 2010 algo más de 41.000 euros, y Fresno el Viejo, localidad vallisoletana que debe 76.000 euros.

El mapa de municipios deudores lo encabeza la provincia leonesa. Las corporaciones de las 17 localidades que aparecen en la lista de morosos de la Seguridad Social adeudan un total de 1,3 millones de euros. A León le sigue Zamora, que se encuentra reseñada con diez ayuntamientos que deben 601.451 euros. El tercer puesto lo ocupa Salamanca con 15 entes locales deudores y 98.000 euros de mora. Valladolid con nueve corporaciones y una deuda de 83.000 euros, Segovia con otras nueve que deben algo más de 59.000 euros, Ávila con once que adeudan 19.060 euros, Burgos con nueve corporaciones cuya mora no alcanza los 13.000 euros, Soria con ocho que mantienen un saldo deudor de 5.117 euros y Palencia con nueve y con 2.580 euros pendientes de pago completan la lista.

Un total de 97 ayuntamientos mantiene deudas con la Seguridad Social por importe de 2,19 millones de euros La corporación del municipio leonés de San Andrés del Rabanedo adeuda 1,27 millones en cotizaciones sociales y el zamorano de Peleas de Abajo, 540.132 euros Un total de 97 ayuntamientos de Castilla y León mantiene deudas con la Seguridad Social por el impago de cotizaciones sociales de sus empleados públicos por un importe global de 2,19 millones de euros. Entre las corporaciones locales que aparecen reflejadas con saldo deudor en el fichero general de recaudación de la Seguridad Social se encuentran las de Palencia y Valladolid, aunque con cantidades insignificantes de 127,87 y 625,67 euros respectivamente que suelen corresponderse, según el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración a “diferencias en las liquidaciones” por lo que se trata de “deudas que se regularizan con normalidad”.

La lista de ayuntamientos morosos, cerrada a 30 de junio del año pasado, está incluida en la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria por escrito formulada por el diputado del Partido Popular por Guadalajara José Ignacio Echániz, quien se interesó sobre las deudas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos con la Seguridad Social.

En la primera relación no aparece la Junta de Castilla y León, que se mantiene a corriente de pago.

Algo de lo que no puede presumir la comunidad autónoma de Andalucía, que mantiene un saldo deudor de 644.748 euros. También aparecen retratadas Galicia con 305.705 euros y Madrid con 218.424 euros. La relación se completa con otras cuatro administraciones territoriales cuya mora no llega a los 100.000 euros y que, por tanto, se consideran incidencias normalizables con facilidad. En esta situación se encuentran Navarra que debe 71.562 euros, Asturias (20.772), Baleares (1.639) y Murcia 140 euros.

Volviendo a los problemas de los ayuntamientos con la Seguridad Social destaca la situación de la corporación leonesa de San Andrés del Rabanedo, que según consta en el fichero general de recaudación adeuda un 1,27 millones de euros, una cifra que representa el 58,79 por ciento del total de la mora que mantienen los ayuntamientos de la comunidad con la Seguridad Social. En situación considerada también irregular se encuentra el ayuntamiento zamorano de Peleas de Abajo, cuyo saldo deudor alcanza los 540.132 euros. El resto de municipios que aparecen en la relación facilitada al diputado José Ignacio Echániz presentan cantidades reducidas que en la mayoría de las ocasiones se debe a pequeñas diferencias en las liquidaciones presentadas.

No obstante, también aparecen con números rojos importantes en la lista de impagos de cotizaciones sociales Santa María de Nieva (Segovia), que adeudaba a finales del primer semestre de 2010 algo más de 41.000 euros, y Fresno el Viejo, localidad vallisoletana que debe 76.000 euros.

El mapa de municipios deudores lo encabeza la provincia leonesa. Las corporaciones de las 17 localidades que aparecen en la lista de morosos de la Seguridad Social adeudan un total de 1,3 millones de euros. A León le sigue Zamora, que se encuentra reseñada con diez ayuntamientos que deben 601.451 euros. El tercer puesto lo ocupa Salamanca con 15 entes locales deudores y 98.000 euros de mora. Valladolid con nueve corporaciones y una deuda de 83.000 euros, Segovia con otras nueve que deben algo más de 59.000 euros, Ávila con once que adeudan 19.060 euros, Burgos con nueve corporaciones cuya mora no alcanza los 13.000 euros, Soria con ocho que mantienen un saldo deudor de 5.117 euros y Palencia con nueve y con 2.580 euros pendientes de pago completan la lista.

La concesión de créditos a los hogares se desplomó un 43% en el inicio de año

Las entidades financieras siguen restringiendo el acceso al crédito, con un 63% menos en tasa intermensual Los bancos y cajas españoles endurecieron el acceso al crédito en el inicio del año. Los créditos nuevos concedidos a los hogares se hundieron un 43,1% en enero con respecto al mismo mes del año anterior y un 63,3% en comparación con el mes de diciembre, según datos del Banco de España. Por lo que respecta a las empresas, la financiación nueva se redujo en enero un 16,03% interanual y un 30,1% en términos intermensuales.

Las cajas de ahorros, pese a estar inmersas en un proceso de recapitalización, siguen adelantando a los bancos en la concesión de préstamos a las familias. Las cajas encabezan asimismo la concesión de créditos para la adquisición de vivienda, mientras que los bancos superan a las cajas en créditos al consumo.

Las entidades no sólo dan menos créditos, sino que también lo han encarecido. Bancos y cajas elevaron en enero de este año los intereses que cobran a las familias por los créditos que les conceden. Los bancos incrementaron el coste de los préstamos para vivienda hasta el 2,80% desde el 2,63% de diciembre; los de consumo, hasta el 9,40 % (8,34 % en diciembre), y los de otros fines, hasta el 7,02 % (6,16 % en diciembre).

Las cajas de ahorros también elevaron el interés de los créditos de las familias para la adquisición de una vivienda hasta el 2,97% (2,65% en diciembre); los de consumo, hasta el 8,36% (el 7,74% en diciembre), y los de otros fines hasta el 5,60% (5,16% en diciembre).