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Revista de prensa Ocho de abril de 2013
1. Valladolid sube la nota en integración gracias al Plan Municipal de Accesibilidad 2. "Los resultados de fracaso escolar pueden empeorar con tantos cambios" 3. Otros 2.000 empleos en el aire por la reforma financiera 4. Ayudas para que asociaciones y ayuntamientos promuevan la integración de los inmigrantes 5. Centenares de jóvenes españoles denuncian su exilio forzoso 6. Un nuevo centro de día para los mayores 7. Sanidad reintegrará 327.000 euros a 14.695 personas por deuda del copago 8. Salamanca tiene en los 68 días el tiempo medio de espera para entrar en quirófano 9. Sanidad se marca como reto un máximo de 150 días de espera para una
operación
10. Fomento pagará hasta200euros del alquiler a hogares con pocos recursos 11. El Gobierno pagará hasta 200 euros del alquiler a las rentas más bajas
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Valladolid sube la nota en integración gracias al Plan Municipal de Accesibilidad El Ayuntamiento acaba de recibir un premio por sus medidas encaminadas a derribar barreras La capital vallisoletana ha dejado de ser hostil con las personas que sufren algún tipo de discapacidad, en torno a las 20.000, y ha suavizado el entorno para hacer la vida más fácil no solo a este colectivo, sino a todos sus vecinos que, en algún momento de su vida, pueden sufrir situaciones sobrevenidas. Las medidas desarrolladas por el Ayuntamiento en este ámbito le ha valido el premio Reina Sofía de Accesibilidad de Municipios Españoles, concedido por el Real Patronato sobre Discapacidad, adscrito al Ministerio de Sanidad, por su esfuerzo en la integración y normalización de toda la ciudadanía en la esfera local, con independencia de su capacidad funcional. Este reconocimiento, y aunque haya cosas en el debe, supone un broche de oro al esfuerzo de estos últimos años, pero sobre todo desde la puesta en marcha del I Plan Municipal de Accesibilidad en 2011-2014–, que tiene la particularidad de ser transversal, ya que afecta a todas las áreas municipales, con el fin de lograr la plena inserción social de personas con algún tipo de discapacidad, gracias a mejoras en la edificación, urbanismo, transporte, comunicación y uso de servicios municipales. Pero antes de su puesta en marcha, Valladolid ya era una de las capitales españolas que había aprobado con un bien holgado la eliminación de barreras (sobre todo las que afectan a personas con limitaciones motrices o con discapacidades auditivas), cuando el resto de lugares analizados lograron un aceptable raspado. Pero el Plan ha supuesto un espaldarazo en pro de la integración y la ciudad ha mejorado sustancialmente, aunque hay detalles pendientes. Así lo reconoce Francisco Sardón, presidente de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad, quien valora positivamente el «compromiso» asumido por todas las concejalías en el Plan de Accesibilidad la hora de planificar sus medidas. Sardón accede a dar un paseo por algunos lugares de la ciudad para valorar las actuaciones y comprobar 'in situ' si la capital vallisoletana es una ciudad más accesible. En el transporte urbano considera que se han dados pasos muy importantes, y donde más se evidencian las mejoras, no solo para aquellos que padecen su problema de movilidad, sino también para personas con discapacidad visual y auditiva. «Para nosotros, el transporte público es fundamental porque no todos pueden utilizar el automóvil y es la única alternativa existente». El acceso a los edificios municipales está garantizado, aunque sea por la puerta de atrás, en el caso del Ayuntamiento, así como a las actividades de ocio promovidas por el Consistorio, que está obligado a reservar espacios para personas con movilidad reducida. Hay rebajes de bordillos, aparcamientos reservados, que no siempre respeta la ciudadanía, semáforos con señales acústicas y zonas de la acera señalizadas para indicar a las personas invidentes por dónde deben cruzar... Pero no todo es un camino de rosas en el paseo. Los adoquines rústicos del caso histórico son los enemigos públicos para personas como Francisco, que ha sufrido más de una caída. «Es un problema generalizado, porque algunos piensan que accesibilidad y diseño es incompatible, cuando debería ser un aliciente para cualquier arquitecto». No obstante, entiende que haya zonas, sobre todo en centro, en las que sea más complicada la sustitución de elementos históricos Las cabinas telefónicas bajaron su altura, al igual que los contenedores de basura (no todos) y las máquinas expendedoras del tique de la ORA (los minusválidos no empadronados en la ciudad tienen que pagar el aparcamiento) le permiten maniobrar sin dificultad, aunque tenga que hacer un pequeño quiebro para sortear algún que otro alcorque en zonas semipeatonales. En el ocio privado y el pequeño comercio todavía no se ha generalizado la accesibilidad, aún disponen de tiempo para ello, aunque muchos de estos negocios ya facilitan el acceso, como en el caso de la parada que se hace en
un bar de la plaza de San Miguel. Una pequeña rampa facilita la entrada sin impedimento alguno, y la doble hoja de la puerta permite aún una mayor holgura para acceder al interior. «Hay que desligar el concepto de accesibilidad con el de inversión desmedida», dice Francisco Sardón, quien asegura que si se pide ayuda técnica, los gastos no son tan elevados. Esta ayuda la aporta, por ejemplo, el Centro de Asesoramiento sobre Accesibilidad y Productos de Apoyo (CASA) de Aspaym, que coordina Lidia Martín. Empresas, instituciones, particulares, colegios, clínicas o comunidades de vecinos han recurrido a dicho servicio a fin de hacer accesibles sus instalaciones. «Creo que Valladolid ha hecho importantes esfuerzos por mejorar la accesibilidad y la ciudad es más cómoda y agradable», afirma Lidia Martín, quien admite el esfuerzo, pero no se olvida de las cosas pendientes. Entre dos o tres reclamaciones le llegan al mes para solventar algunos de los impedimentos que surgen en el día a día por parte de los afectados, y que tratan de solucionar poniéndose en contacto con las entidades o instituciones responsables para buscar soluciones y alternativas Francisco Sardón, quien reconoce que para las personas invidentes sigue existiendo demasiado mobiliario urbano, está encantado, por ejemplo, con la adaptación que se ha hecho en el Teatro Zorrilla y, sobre todo, con la del Museo Nacional de Escultura, a pesar del empedrado exterior. Pero dice que esta adaptación sigue siendo una asignatura pendiente en algunos centros educativos que incumplen la normativa de accesibilidad.
"Los resultados de fracaso escolar pueden empeorar con tantos cambios" LOCAL
Escrito por: Silvia Dorado Domingo, 07 de Abril de 2013 07:53
Nicolás Ávila, en la sede de ANPE
Nicolás Ávila, presidente del sindicato de profesores ANPE en Salamanca, analiza en una entrevista con SALAMANCA24HORAS la situación actual de una educación pública con constantes cambios desde hace un año
Esta semana se ha abierto el periodo para solicitar plaza en los centros escolares de cara al próximo curso, en el que se introducen importantes cambios sobre los requisitos necesarios. También se ha anunciado la oferta pública de empleo para el próximo año y continúan conociéndose novedades sobre la reforma de la educación pública. Ante este panorama, el presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Ávila, habla sobre los asuntos preocupantes acerca de la educación pública en Salamanca y de cómo las reformas y recortes están afectando a su calidad en perjuicio de alumnos y profesores. - La educación se ha convertido en un tema candente entre los partidos políticos. - Hombre, yo creo que la educación siempre lo ha sido, porque todos los partidos quieren poner su impronta. Nuevas leyes, nueva normativa y demás. Además es donde los partidos políticos pueden sacar provecho. - ¿Se reducen los presupuestos por necesidad o por capricho? - Yo creo que actualmente por necesidad. Pero sí que es verdad que los presupuestos en educación no tienen que reducirse. Aunque no se le ve una rentabilidad próxima, es una rentabilidad de futuro. El progreso de un país precisamente parte de la educación, de los niños, adolescentes y universitarios. Cuanta mayor formación, cuanto mayor nivel cultural tenga un país lógicamente más progreso se puede dar, de hecho se dará. Y por lo tanto no se debe reducir presupuesto en educación. Y debería no sólo
mantenerse sino incluso ampliarse. - Hablando de educación pública, ¿se recorta en detrimento de la privada y la concertada? - Se están haciendo más recortes en la pública que en la privada. Mientras que se han reducido puestos en la enseñanza pública, se han mantenido en la concertada hasta ahora. De modo que si se mantienen, desde nuestro punto de vista a la enseñanza privada no ha llegado recorte. - ¿Qué ventajas tiene la escuela pública frente a la privada? - La pública llega a todos los lugares del país. La educación privada concertada se sostiene con fondos públicos y sin embargo no llega a todo el mundo, porque no invierte donde no saca rentabilidad. La enseñanza pública, precisamente porque es pública, tiene que llegar a todas partes, y atender a todas las familias y a todos los alumnos. Mientras que la enseñanza privada no lo hace. No podemos hablar de igualdad entre enseñanza privada y pública. La matriculación no es igualitaria porque la gente con menos medios no tiene acceso. - ¿Qué niveles de enseñanza o centros educativos se han visto más afectados por los cambios? - Los cambios han sido iguales en todos. El mantenimiento y la infraestructura es lo que más se puede ver afectado, pero esto depende del Ayuntamiento (luz, calefacción…) Pero que yo sepa los cambios les llegan a todos por igual. - ¿Cómo afectan estos cambios a los profesores? - Pues el aumento de ratio por ejemplo ha obligado a aumentar el horario lectivo de los profesores, y por lo tanto se ha disminuido la plantilla. Esto es malo para los profesores, porque están más cansados y agobiados, y además no les queda casi tiempo para la hacer la planificación de las clases en casa. Queda menos tiempo dedicado a la preparación y produce estrés. Se han reducido unos 1.000 interinos en toda Castilla y León. Tanto un aumento de las horas del profesorado, como un aumento de ratio, empeoran la calidad educativa, y probablemente los próximos resultados de Castilla y León puedan ser tan buenos en relación al resto del país como los últimos. Estábamos en un 20% de fracaso escolar, y el resto de España en torno al 30 o 31%, o sea, estábamos unos diez puntos por debajo. Y aunque el resultado no es todo lo satisfactorio que quisiéramos que fuese, es bastante satisfactorio si lo comparas con el resto del país. ¿Qué va a ocurrir? Pues que esos resultados mucho me temo que puedan empeorar con tantos cambios. La atención al alumno no se va a poder desarrollar como venía haciendo con las condiciones anteriores. - ¿Qué repercusiones provocarán las ofertas de empleo público de la Junta para el próximo curso? - Este año hay oposiciones de maestros. Solamente se convocan el 10% porque no permitía la ley sacar más de la tasa de reposición, lo cual quiere decir que si salen 176 plazas en Castilla y León, la tasa de reposición es de 1.760 profesores. Quiere decir que los 1.500 y pico restantes no se van a reponer. ¿Qué intención tienen con esto? Ir disminuyendo esas plazas o que se traten de reponer en lo sucesivo según la crisis se supere. Si la intención es lo primero, estamos totalmente en contra de esa medida. - Esta semana se ha abierto el plazo para solicitar plaza en un centro escolar, con cambios en el proceso. ¿Cómo se valoran estas modificaciones desde ANPE? - Nosotros estamos totalmente en contra por dos razones. Una, porque no es una medida igualitaria donde
todos los padres tienen las mismas posibilidades. Esto va a favorecer a la concertada privada que sí tiene la posibilidad de recoger a los niños con transporte y llevarlos de un sitio a otro. - ¿Qué le parece la recuperación de las reválidas para pasar de ciclo? - Nosotros siempre hemos criticado muchísimo a la LOE y el paso continuo de unos cursos a otros permitiendo varias materias pendientes, así que entendemos que tiene que haber rigor y esfuerzo. No podemos estar dejándonos llevar por lo que los padres quieran de su propio hijo por imposición: “Yo quiero que mi hijo pase con tres, con cuatro… “. Hay que exigirle al niño porque en la vida tendrás que competir. Hay que exigir superación de las pruebas. - ¿Ve posible que el Ministerio dé marcha atrás y atienda a las peticiones de la comunidad educativa? - Esperamos que se construyan CEOS, y que así se amplíe el empleo y el profesorado. Debería llegarse a algún pacto por parte de los partidos políticos. - ¿Están abocadas a desaparecer las escuelas rurales? - Hombre, pues sí. A ver, el problema viene por el asentamiento de la población. Hay que buscar estrategias de asentamiento de población, si no es así disminuirá considerablemente, como está disminuyendo de hecho la población rural. Y si desciende generalmente, desciende sobre todo a nivel de familias jóvenes y niños. De hecho llevamos ya varios años donde se están suprimiendo áreas escolares de varias localidades. Y date cuenta que se mantienen con cuatro niños. El mayor problema es el de asentimiento de población. - Ante todas estas situaciones, ¿el sector se plantea algún tipo de movilización o huelga? - Yo creo que las movilizaciones y concentraciones no se han llegado a parar nunca, siempre han estado ahí y siguen estando, seguimos haciendo cosas. Yo no soy partidario de la huelga y eso es lo último a lo que queremos llegar. En el caso de que se hiciera, apoyaríamos a los maestros, pero es el último recurso, ya tienen suficiente con los recortes laborales y económicos, las nóminas, y lo de que se les ha suprimido la paga extraordinaria de Navidad. La huelga es lo último que se debe llevar al profesorado.
Otros 2.000 empleos en el aire por la reforma financiera abc.es
También se negocia el posible cierre de más de 400 oficinas, el 20% del sector
heras El Banco Ceiss será uno de los más afectados por el ajuste
La última fase del proceso de reestructuración financiera del país tras las nacionalizaciones y las inyecciones de capital de la UE, que impuso fuertes deberes de adelgazamiento al sector, junto a los ajustes tras procesos de fusión, pondrán en juego unos 2.000 empleos en Castilla y León y el posible cierre de más de 400 sucursales. Estos son los datos que manejan los principales sindicatos del sector que están inmersos en duras negociaciones para buscar salidas a un proceso en el que, en este momento, está en riesgo de desaparición casi el 20 por ciento del empleo del sector en la Comunidad y de un porcentaje similar de las oficinas. Bajas incentivadas o prejubilaciones serán los principales instrumentos para conformar un nuevo mapa financiero autonómico mucho más reducido que el actual. Los procesos de regulación impuestos a Banco Ceiss, Bankia y Caja 3, los ajustes en Caixabank tras la absorción de Banca Cívica, y la adquisición de Banesto por Banco Santander, provocarán, según estas fuentes sindicales, una “quiebra social” importante, en un colectivo “muy especializado”, que será muy difícil de recolocar. Asimismo, advirtieron de la pérdida de cientos de empleos vinculados a las oficinas que cerrarán sus puertas, dedicados a limpieza, mantenimiento, seguridad, etc. Además, sostienen que el hecho de que el núcleo de toma de decisión de las entidades ya no esté en la Comunidad acabará por trabar la financiación de la actividad económica de Castilla y León, porque las decisiones “ya se toman fuera de aquí”. Los datos que manejan en este momento los principales sindicatos, conocidos por Ical, apuntan a que la regulación planteada en Banco Ceiss, que ha puesto sobre la mesa de negociación la salida de 1.500 empleados (30 por ciento de su plantilla) y el cierre de 500 sucursales en toda España, puede afectar a Castilla
y León con bajas de en torno a 800 trabajadores y la clausura de unas 250 oficinas, siempre según las estimaciones sindicales, aunque el proceso de negociación está abierto. Banco Ceiss opera en la Comunidad, según estas fuentes, con unas 490 oficinas, y 3.100 empleados. Asimismo, la negociación en Caixabank ha moderado esta última semana el alcance de sus planes de bajas tras alcanzar un acuerdo entre sindicatos y empresa. Gracias a este pacto, de los 3.002 despidos forzosos que se encontraban sobre la mesa en toda España, ahora estas bajas serán voluntarias por lo que la previsión de salidas de la empresa se ha reducido a 2.600. En cuanto a Castilla y León, la afección puede ser de en torno a 268 trabajadores, con especial incidencia en Burgos donde se podría superar el centenar. El nuevo acuerdo da prioridad para acogerse a las extinciones voluntarias a los empleados que conformaban La Caixa. El número de oficinas que se podrían cerrar no está definido aún, aunque se producirá una concentración hacia sucursales grandes con seis o siete empleados. Se estima que en la actualidad, esta entidad cuenta en Castilla y León con 370 oficinas y 1.300 empleados. En cuanto a Caja 3, que prevé extinguir 455 empleos para poder acometer su fusión con Ibercaja, aplicará su regulación a través de bajas voluntarias, cuyo plazo se cierra mañana viernes. En la Comunidad, afectará sobre todo a empleados de los Servicios Centrales y sucursales originarias de Cajacírculo, donde tiene 65 personas de más de 55 años, que se han acogido mayoritariamente para marcharse en mejores condiciones. Se estima que se podrían cerrar en conjunto 187 oficinas en España, algo que, según los sindicatos, no “cuadra”, ya que sólo 60 corresponden a zonas de expansión, y el resto no se debería tocar. Así, “en teoría” no se debería tocar ninguna en la zona de negocio natural de Cajacírculo, incluidas Valladolid y Palencia. Los representantes de los trabajadores calculan que esta entidad cuenta en Castilla y León con unas 120 oficinas y 600 trabajadores. Por lo que se refiere a Bankia, la reestructuración global impone la extinción de 4.500 puestos de trabajo y el cierre de más de 800 sucursales en todo el territorio nacional. Dentro de Castilla y León, aunque se desconocen las cifras, en Segovia y Ávila el impacto será menor, por tener su origen en las distintas cajas de ahorro, aunque “se verán reducidas sus plantillas y sucursales, afectando sobre todo a los servicios centrales y a las oficinas sin rentabilidad”. En el resto de provincias, Bankia “dejará un mínimo de sucursales, que podrá oscilar entre dos o cuatro con criterios liquidatorios para su negocio bancario e impositores”. Bajo este criterio, sin contar Ávila y Segovia, podrían cerrar 38 oficinas y perderse cerca de 200 empleos en la Comunidad, siempre según los sindicatos. Bankia cuenta actualmente con 800 trabajadores y 250 sucursales en Castilla y León. En cuanto a la absorción de Banesto por parte de Banco Santander, los ajustes globales en tres años, pactados en un protocolo laboral suscrito el pasado 15 de marzo, supondrán en España el cierre de 700 oficinas y una reducción de la plantilla en 3.000 personas. En este sentido, se calcula que el 90 por ciento del centenar de oficinas con las que cuenta Banesto en Castilla y León coincide espacialmente con las del Santander y la dirección ha planteado que “donde haya duplicidades en las zonas rurales, una de las dos tendrá que cerrar”, como en Medina del Campo, Rioseco, Laguna o Peñafiel, en Valladolid. Asimismo, los servicios centrales como el de Banesto en Valladolid, con 45 empleados, sufrirán un “fuerte sacrificio”. En conjunto, se estima que el ajuste de plantilla en Castilla y León podría alcanzar las 350 personas, a través de prejubilaciones y bajas incentivadas en tres años, de una plantilla actual calculada en casi 1.500 personas.
Ayudas para que asociaciones y ayuntamientos promuevan la integración de los inmigrantes Escrito por: Raúl Martín Domingo, 07 de Abril de 2013 12:05
Inmigrantes en el Ayuntamiento de Salamanca
La Junta repartirán 370.000 euros entre toda Castilla y León
El Boletín Oficial de Castilla y León publicará este lunes dos convocatorias de subvenciones por importe de 370.000 euros, destinadas a proyectos de integración de la población inmigrante en la sociedad de Castilla y León. La Consejería de la Presidencia impulsa así la colaboración con entidades locales y entidades sin ánimo de lucro cuyo fin sea la integración de los más de 173.000 inmigrantes que residen en la Comunidad. En este ejercicio 2013, por primera vez se priorizarán programas que tengan un carácter integral, destinándose las subvenciones a programas que cuenten con un servicio de atención, información y asesoramiento, que incluya acciones dirigidas a facilitar a las personas inmigrantes el acceso a los servicios sociales, sanitarios y/o educativos de Castilla y León, información sobre sus derechos y deberes, apoyo administrativo, orientación laboral o mediación intercultural entre otras; asimismo los programas deberán contar con un servicio de formación y aprendizaje con el objeto de facilitar acciones formativas, principalmente de enseñanza y refuerzo de la lengua española o del conocimiento de las instituciones y organización de nuestra Comunidad, y un servicio de participación y sensibilización para la promoción de actividades encaminadas a favorecer la interculturalidad y la convivencia entre la población inmigrante y la sociedad de Castilla y León o que tengan como fin el fomento de la incorporación de las personas inmigrantes a las diferentes organizaciones sociales. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro se incluye también una segunda línea de ayudas, por importe de 50.000 euros, dirigida a acciones formativas para favorecer expresamente el aprendizaje del español como elemento común de integración para superar las dificultades y barreras lingüísticas, sociales y culturales y para la promoción de la educación cívica intercultural. LOCAL
Centenares de jóvenes españoles denuncian su exilio forzoso Se han manifestado en Bruselas, París y otras capitales europeas y de otros continentes para denunciar la gestión de la crisis en España * campos obligatorios Enviar
VÍDEO Dos jóvenes españolas se manifiestan en la Place d'Espagne de Bruselas. / Foto: Lara Malvesí (Efe) | Vídeo: Atlas
Varios centenares de jóvenes españoles se han manifestado en Bruselas, París y otras capitales europeas y de otros continentes para denunciar la penosa gestión de la crisis en España que les obliga a buscar empleo en otros países. Alrededor de doscientos jóvenes españoles han marchado por las calles de Bruselas bajo el lema "NoNosVamosNosEchan" en contra del exilio forzoso que les ha llevado a dejar su país ante la falta de oportunidades laborales. Organizados a través de las redes sociales y vinculados a la organización española 'Juventud Sin Futuro', los jóvenes se han congregado en la plaza de España de la capital belga para marchar después hasta la Bolsa de Bruselas tras la pancarta "Tu voto es mi exilio". Los manifestantes han entonado protestas en contra de la falta de posibilidades laborales en España para los jóvenes, que sufren una tasa del 55% de paro, el porcentaje más alto de un país de la Unión Europea. Muchos han escrito sus protestas en sus propias maletas, como metáfora de la inmigración económica forzosa de los jóvenes españoles a otros países, como Bélgica, donde muchos buscan oportunidades de becas y empleos en las instituciones y el resto de organismos de la burbuja comunitaria. David Sánchez, de 32 años, uno de los organizadores de la marcha, aterrizó en Bruselas hace tres semanas después de casi un año en el paro en Madrid para trabajar en una organización medioambiental. "He conseguido un empleo de cinco meses. Está muy bien, porque mi pareja también está en paro, pero me gustaría poder organizar mi vida en España, la verdad", ha señalado. "Creo que no será posible de momento, si se sigue con las medidas de austeridad y no se apuesta por la inversión", ha indicado el joven, quien ha denunciado que "al Gobierno parece que le preocupa más tranquilizar a los mercados que asegurar que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en su país".
Otra manifestante, Fátima Morales, 28 años, de Vitoria, empezó a buscar trabajo en Alemania y Reino Unido y finalmente encontró su sitio en Bruselas, primero como becaria y después con un contrato de trabajo. "Queremos reivindicar que aunque haya gente que se ha ido a otros países de manera voluntaria, mucha otra se ha visto forzada a irse porque en España es imposible tener un trabajo digno", ha declarado. "El sentimiento de ser consciente que no puedes volver a casa es bastante desalentador", se ha lamentado.
Protesta junto a la Torre Eiffel Por otra parte, un centenar de jóvenes españoles se ha concentrado en la plaza de Trocadero de París, junto a la Torre Eiffel, para protestar por la gestión política de la crisis económica en España, dentro de esta jornada de movilizaciones simultáneas en varios países bajo el mismo lema "NoNosVamosNosEchan". Los manifestantes de París, que han gritado cánticos contra el Gobierno del Partido Popular y contra la principal formación de la oposición, el PSOE, han acompañado su protesta con interpretación de música junto a una de las vistas más impactantes de la capital francesa, con la Torre Eiffel y los Campos de Marte al frente. Los allí congregados, en su mayoría jóvenes españoles de entre 20 y 30 años que han tenido que emigrar recientemente por la situación económica de su país, han llamado la atención de los turistas y les han explicado el sentido de su protesta mientras coreaban cánticos como "Tenemos la solución, los banqueros a prisión" o "La juventud precaria está llena de rabia". Además, los organizadores de la convocatoria han leído un manifiesto en el que se acusa de "déspota" al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y han pedido que se termine con la "política de austeridad". La protesta, que fue convocada simultáneamente en Ámsterdam, Berlín, Londres, Roma, Montevideo o Buenos Aires, también ha tenido sus réplicas en otras localidades francesas como Burdeos, Lyon, Toulouse y Montpellier.
Un nuevo centro de día para los mayores El Ayuntamiento y la Diputación ceden un local a la Sociedad de San Vicente de Paúl 05.04.2013 | 21:00 A.B.La Sociedad de San Vicente de Paúl inaugura un nuevo local en la calle Papín que servirá de centro de día gratuito. Ana Torrecilla, presidenta de la Confederación Virgen de la Vega ha señalado "el principal objetivo es dar compañía a los mayores que están más desfavorecidos y solos con cariño, respeto y alegría”. Estas instalaciones han sido posible gracias a la cesión del local por parte del Ayuntamiento y de la Diputación, el cual cuenta con 123,50 metros cuadrados. Además contará con un banco de alimentos con servicios para 50 familias. El alcalde de Salamanca ha señalado la importada de colectivos como este que trabajan “por el empleo, el trabajo y la igualdad de oportunidades” y en este caso la importancia no sólo de los bienes materiales, sino también “de la compañía y el afecto”.
Sanidad reintegrará 327.000 euros a 14.695 personas por deuda del copago Cada pensionista obtendrá 22,25 euros del último trimestre del pasado año
Un farmacéutico atiende una receta en una de las farmacias de Castilla y León. ángel arroyo / agencias salamanca Sanidad comenzó a desembolsar durante la primera semana del pasado mes de marzo el reintegro de los excesos de la aportación del copago farmacéutico del último trimestre de 2012, es decir el correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre. En Salamanca los afectados ascendieron a los 14.695 pensionistas que percibirán 327.085 euros como importe total. Es decir que cada persona ha percibido o percibirá 22,25 euros de media. Unos datos que son ligeramente superiores a los registrados en el tercer trimestre de 2012. En aquel momento los afectados ascendieron a 11.855 salmantinos con un volumen total de devolución de 239.758 euros con una media de 20,22 euros. El titular de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, presentó el pasado noviembre los datos del procedimiento, tras la publicación de la orden que lo regula. Su departamento, que ha cruzado datos con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, realizó entonces una transferencia al once por ciento de los pensionistas de la Comunidad por importe de 1,64 millones de euros, a través de una entidad con la que ha cerrado un acuerdo por lo que el coste de este sistema de devolución será "razonable". Además, el reintegro medio por paciente asdendió a 20,39 euros. En julio, entraron en vigor los cambios en el copago farmacéutico, que establecían que los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros al año deben pagar el diez por ciento de sus medicamentos con un máximo de ocho euros al mes, y en este grupo se encuentran el 77,8 por ciento de los pensionistas de Castilla y León. Por otro lado, los que tienen rentas mayores de 18.000 euros y menores de 100.000 euros al año tienen una aportación del diez por ciento, con un máximo de 18 euros mensuales -el 18,1 por ciento de los pensionistas de la Comunidad-; mientras que aquellos cuyas rentas superan los 100.000 euros anuales aportan un 60 por ciento, con un máximo establecido en 60 euros al mes -suponen el 0,24 por ciento-. Además, 27.778 están exentos de aportación por tratarse de jubilados con pensiones no contributivas. Por otra parte, el consejero avanzó que su departamento agilizará las devoluciones superiores a 100 euros para que los pensionistas no tengan que adelantar estas cantidades durante tres meses. Entre julio y septiembre, el 0,4 por ciento de los pensionistas han acumulado una aportación media de 132,1 euros, por encima de los ocho o 18 euros mensuales. El 8,9 por ciento abonó entre 30 y 99,9 euros; el 15,7 por ciento, entre 15 y 29,9 euros; el 21,7 por ciento, entre siete y 14,9 euros, y el 53,3 por ciento, menos de siete. Sobre el
impacto de los cambios en el copago farmacéutico, el consejero insistió en que ha tenido un efecto limitado entre los activos ya que el 69,14% ha seguido abonando el 40% del precio de los medicamentos y el 3,26 por ciento (parados sin prestación o personas con rentas mínimas de inserción) han quedado exentos. Además, aportarán el 50 por ciento las rentas de 18.000 a 100.000 euros y el 60% sólo el 0,49% del total.
Salamanca tiene en los 68 días el tiempo medio de espera para entrar en quirófano Sanidad se marca como reto este año contener en 150 días la espera máxima
agencias valladolid La Consejería de Sanidad se marca este año como reto contener el aumento del tiempo de espera para una intervención con el objetivo de que no rebase los 150 días, a pesar de que la demora máxima establecida por ley es de 180 para operaciones de cirugía cardiaca valvular, coronaria, cataratas, prótesis de cadera o de rodilla. Para conseguir este objetivo, Sacyl desplegará el cambio estructural del sistema sanitario, que pivota sobre la integración entre Primaria y Especializada, la gestión clínica y centra la asistencia en el paciente, destaca Ical. Salamanca, en este sentido, tiene en la actualidad 3.161 pacientes de 0 a 90 días de espera, 1.303 de 91 a 180 días, 24 de 181 a 365 dias, y 1 de más de 365 días de espera. En total son 68 días de media de espera. La provincia salmantina es la que más pacientes tiene de 0-90 días seguida de León, con 2.924 y deValladolid 2.438 pacientes. La administración sanitaria revisará los indicadores, criterios y guías que determinan la inclusión de enfermos en las listas de espera. Esta medida se basa en la jerarquización de la lista. La Consejería trabaja en un modelo para identificar los procesos de mayor impacto a partir de tres criterios: gravedad del proceso, su impacto en la calidad de vida y los efectos sociolaborales. Precisamente, Sacyl realizará un esfuerzo para controlar el crecimiento de las listas, ya que al cierre del pasado año el tiempo medio de espera subió hasta los 97 días, frente a los 52 de finales de 2011. Por tanto, dejar en 150 días el tiempo máximo de espera para algunas patologías es un objetivo "ambicioso" para el gerente de Sacyl, Eduardo García Prieto, quien recordó que la Junta se compromete a que las
intervenciones quirúrgicas de carácter oncológico y de cirugía cardiaca no valvular se realicen en un plazo máximo de 30 días. Sanidad ya ha asumido que tendrá que recuperar algunos conciertos, aunque para ello priorizará las necesidades y valorará la actividad de los centros de Sacyl en relación a operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas. Su eliminación, para cumplir con los compromisos del Plan Económico Financiero 2012-2014, supondrá este año un ahorro de 4,5 millones. También, la Consejería consiguió un ahorro de unos 30 millones al suprimir el pasado año los complementos por productividad, vinculados a la reducción de la espera, la prescripción por principio activo y el cumplimiento del Plan Anual de Gestión. Los cambios organizativos Por tanto, el control sobre las listas ya no se apoyará en los incentivos, que la Consejería otorgaba a los profesionales, sino en cambios organizativos y estructurales como por ejemplo las unidades de gestión clínica y la adaptación del sistema sanitario a los nuevos modelos de atención, basados en la cronicidad. Además, Sanidad pretende compensar la reducción de conciertos con un incremento de la productividad derivado del aumento de la jornada. En ese sentido, la administración promoverá el cambio en la estructura de Sacyl, basado en la continuidad asistencial del paciente y en la llamada gestión por procesos. En este aspecto, se pretende extender este modelo de unidades de gestión clínica, que pilotan el Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y la Unidad de Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora. El objetivo es dar mayor autonomía a los profesionales en la organización de su trabajo a través de la descentralización de la toma de decisiones. También, Sanidad está impulsando una transformación de la gestión y la ordenación, de acuerdo a criterios de eficiencia, en virtud del concepto coste-beneficio, y de la efectividad, es decir, en función de si resuelven el problema asistencial. Igualmente, dirige el modelo asistencial hacia el paciente crónico pluripatológico, ya que hasta ahora la organización se basaba en el tratamiento de procesos agudos.
Sanidad se marca como reto un máximo de 150 días de espera para una operación Escrito por: Raúl Martín Domingo, 07 de Abril de 2013 08:04
La Junta revisará los criterios técnicos y los indicadores para la inclusión de pacientes en las listas de espera y priorizará los conciertos con centros privados. Actualmente más de 1.300 pacientes esperan más de tres meses para poder ser operados en Salamanca. La tercera parte de los salmantinos en las listas de espera del Sacyl supera el tiempo de espera medio e incluso 24 personas llevan más de 181 días
La Consejería de Sanidad se marca este año como reto contener el aumento del tiempo de espera para una intervención con el objetivo de que no rebase los 150 días, a pesar de que la demora máxima establecida por ley es de 180 para operaciones de cirugía cardiaca valvular, coronaria, cataratas, prótesis de cadera o de rodilla. Para conseguir este objetivo, Sacyl desplegará el cambio estructural del sistema sanitario, que pivota sobre la integración entre Primaria y Especializada, la gestión clínica y centra la asistencia en el paciente. La administración sanitaria revisará los indicadores, criterios y guías que determinan la inclusión de enfermos en las listas de espera. Esta medida se basa en la jerarquización de la lista. La Consejería trabaja en un modelo para identificar los procesos de mayor impacto a partir de tres criterios: gravedad del proceso, su impacto en la calidad de vida del paciente y los efectos sociolaborales. En ese sentido, la administración promoverá el cambio en la estructura de Sacyl, basado en la continuidad asistencial del paciente y en la llamada gestión por procesos. El objetivo es dar mayor autonomía a los profesionales en la organización de su trabajo a través de la descentralización de la toma de decisiones.
Las listas de espera en la sanidad pública no sólo han duplicado el tiempo medio de espera en un año, al pasar de 35 a 68 días, sino que han incrementado el de aquellas personas que más esperan. Según datos de la Consejería de Sanidad en el cuarto trimestre de 2012, la lista de espera para una intervención quirúrgica en los hospitales de Salamanca acumula a 4.489 personas, el doble de los 2.253 del año anterior. La tercera parte llevan esperando más de 91 días. En concreto, 1.303 pacientes están en el intervalo entre 91 y 180 días en una lista de espera para una intervención quirúrgica, cuando el año anterior no había nadie en esta situación, según datos de la propia Junta de Castilla y León. Incluso hay 24 salmantinos entre seis meses y un año en lista de espera y uno por encima del año en la especialidad de cirugía maxilofacial. Una alta demora que se repite durante los trimestres anteriores de 2012. Traumatología es la especialidad con mayor espera para una intervención quirúrgica, acumulando la cuarta parte del total de pacientes, con 1.099 y 73 días de media de espera. Pero de ellos, 363 llevan aguardando más de tres meses para ser operados. A continuación está oftalmología, con 915 personas, y cirugía general y del aparato digestivo, con 857. La especialidad con menos pacientes es cirugía torácica, diez en lista de espera.
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El plan de ayudas movilizará casi 2.500 millones y creará 105.000 empleos Toxo pide
Fomento pagará hasta 200 euros del alquiler a hogares con pocos recursos El Ejecutivo aprobó el viernes tres reales decretos y un proyecto de ley para fomentar el alquiler y la rehabilitación de viviendas. Entre sus actuaciones, destaca una ayuda directa de hasta 200 euros al mes para el pago del alquiler a las “unidades de convivencia” que ingresen menos de 22.365 euros anuales. El programa prevé movilizar casi 2.500 millones y crear 105.000 empleos en cuatro años.
C INCO D ÍAS Madrid
El líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, propuso el viernes subir de “forma transitoria” las cotizaciones sociales para así complementar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En rueda de prensa, el secretario general de CC OO aseguró que patronal y sindicatos deberían acordar una revisión “coyuntural” de las cotizaciones, para que de “forma consensuada y por un periodo transitorio” se complementara el Fondo de Reserva, también conocido como hucha de las pensiones. Fernández Toxo explicó que ha planteado a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, “alternativas” al Fondo de Reserva, porque considera que hay “elemen-
R AQUEL D ÍAZ G UIJARRO Madrid
E
l Ministerio de Fomento certificó el viernes la defunción del anterior modelo de política de vivienda social. Aunque los 250.000 españoles que en la actualidad se benefician del pago de una hipoteca subsidiada por su piso de protección oficial (VPO) seguirán percibiendo esas ayudas, lo cierto es que todos los recursos que movilice el nuevo plan 2013-2016 irán encaminados al alquiler y la rehabilitación. En total, el departamento que dirige Ana Pastor calcula que en los próximos cuatro años el arrendamiento recibirá subvenciones por unos 1.500 millones y la rehabilitación otros 627. Estos dos programas, sumados a otras iniciativas, darán como resultado un presupuesto de casi 2.500 millones con el que se prevé crear 105.000 empleos hasta 2016. ¿Cuáles son las principales novedades? En primer lugar que rescata la ayuda directa al alquiler, tal y como adelantó CincoDías. Así, podrán recibirla las personas físicas mayores de edad (no es exclusiva para jóvenes) con un límite de ingresos inferior a tres veces el IPREM, unos 1.600 euros mensuales o 22.365 euros brutos al año. Estos límites, no obstante, serán modulables según el número de miembros y composición que tenga la “unidad de convivencia” que solicite la ayuda. Esta novedad frente al sistema anterior, que concedía la ayuda a título individual, es lo que asegurará que el dinero público llegue a las familias más ne-
La ministra de Fomento, Ana Pastor, durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros del viernes. EFE
REACCIONES ● UGT: el sindicato acusó
al Gobierno de aprovechar la crisis para “recortar, mercantilizar y liberalizar” las ayudas a la vivienda, “abriendo la posibilidad de financiación privada”. ● Pisos.com: el portal inmobiliario espera que el plan sitúe el alquiler como alternativa “real y sólida” a la propiedad. ● Alquiler Seguro: la empresa de intermediación cree que las ayudas al arrendamiento fomentarán “el fraude, la economía sumergida y un alza de precios en el mercado”.
cesitadas, según informó Fomento en una nota. En términos generales, la ayuda podrá alcanzar el 40% de la renta que pague el inquilino y ésta no podrá ser superior a los 600 euros mensuales. En cualquier caso, el tope será de 2.400 euros por vivienda y año por un plazo máximo de 12 meses prorrogables hasta la finalización del plan. “Tendrán preferencia las personas que hayan sido desahuciadas”, advirtió Pastor tras el Consejo de Ministros.
Beneficiarios Estos requisitos y cuantías suponen un ligero recorte sobre los cálculos efectuados el año pasado. Pero, a cambio, el Gobierno espera con ello llegar a un mayor número de beneficiarios y evitar el fraude. En lugar de los 80.000 perceptores actuales de la renta básica de emancipación, confía en poder atender las necesidades de 133.000 hogares.
Sin dejar el alquiler, otro de los programas estrella será el de impulso para la creación de un parque público de viviendas para arrendar. Pastor reconoció que aunque existen muchas casas vacías, es necesario seguir financiando la construcción de pisos destinados al alquiler social, siempre sobre suelos de titularidad pública. Para ello, contempla ayudas de hasta 250 euros por metro cuadrado útil de la vivienda con un límite del 30% del coste de edificación: máximo 22.500 euros por piso. El Ejecutivo persigue crear con estas subvenciones dos clases de viviendas: las de alquiler en rotación y las de arrendamiento protegido. Las primeras para familias con ingresos hasta 1,2 veces el Iprem y las segundas para hogares cuyos ingresos se sitúen entre 1,2 y 3 veces el Iprem. En ambos casos, la renta a pagar también estará topada.
Fórmulas imaginativas para poder rehabilitar Y si parece que esta vez sí, que esta vez el Gobierno apuesta en serio por el alquiler (el tiempo lo dirá cuando se conozcan los resultados), también a priori se otorga un impulso a la rehabilitación. En este apartado es evidente que la escasez de recursos económicos ha impedido que las ayudas sean más ambiciosas (apenas 627
un alza de las cotizaciones para reforzar la ‘hucha’ de las pensiones
millones), tal y como reclamaba la construcción y la CEOE, pero se aprecia algún avance, sobre todo en financiación. La ministra reconoció que anima a las empresas privadas a poner en marcha proyectos de renovación de edificios enteros que supongan una mejora en su eficiencia energética. “No es que se nos haya ocurrido en Fomento”, comentó,
sino que se trata de copiar las fórmulas que ya funcionan en otros países, donde los propietarios de las casas no tienen que desembolsar el dinero al inicio de la obra y puedan pagarla en cómodos plazos. Y es que los principales beneficiarios de las ayudas ahora aprobadas serán las comunidades de propietarios o los dueños únicos de
edificios de casas. Se concederán hasta 4.000 euros por vivienda para conservación, 2.000 euros para mejorar la eficiencia energética y 4.000 si la obra aumenta la accesibilidad. En ningún caso se otorgará más del 35% del presupuesto. Todo ello en inmuebles cuya antigüedad sea anterior a 1981. Asimismo, están previstas subvenciones para proyectos inte-
grales de al menos 100 viviendas que oscilarán entre los 2.000 euros por piso para la urbanización hasta los 11.000 por casa si el edificio es demolido por completo. Y para regular todo esto, el proyecto de ley de Rehabilitación, que flexibiliza las condiciones y situaciones que deben darse para poder acometer obras en las comunidades de vecinos.
“LEJOS DE REMITIR” ● Frente al optimismo del Ejecutivo, Toxo estimó que la crisis del empleo “está lejos de remitir”, al tiempo que auguró “amenaza con enquistarse por un prolongado periodo de tiempo. España necesitará una década para reponer los niveles previos a la crisis”.
tos” sobre los que se podría operar para mejorar la recaudación y así evitar riesgos en un tema tan sensible. Según explicó el jueves Báñez, el 97,46% del Fondo de Reserva está invertido en deuda española, algo que le pareció “bien” al líder sindical, aunque consideró que es una situación que no debe mantenerse siempre “porque es imprescindible diversificar para evitar riesgos en un tema tan sensible”. Respecto a la negociación colectiva, aseguró que “sigue bloqueada” con la amenaza de la pérdida de ultraactividad (prórroga automática de un convenio cuando expira) de los convenios a partir de julio, según lo dispuesto en la reforma laboral. Por ello, advirtió a la patronal que si no firma los convenios “los sindicatos tomarán una ofensiva” y señaló mayo como “mes crucial” para que se despeje esta incógnita.
El Gobierno pagará hasta 200 euros del alquiler a las rentas más bajas Las familias con rentas inferiores a 19.170 euros al año serán los beneficiarios 05.04.2013 | 16:38 EPEl
Gobierno pagará hasta 200 euros al mes del alquiler de la vivienda -el 40% de la renta anual, con un máximo de 2.400 euros al año- a las familias o unidades de convivencia que ingresen menos de 1.597 euros al mes (tres veces el IPREM), es decir, menos 19.170 euros anuales, y paguen al mes una renta inferior a 600 euros. Es la principal novedad que aporta la batería de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para relanzar el mercado del alquiler, dentro del Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, cuyo contenido se avanzó el pasado mes de diciembre. Además, el Gobierno ha presentado el anteproyecto de Ley de Rehabilitación y aprobado, con cuatro meses de retraso, la etiqueta energética para viviendas. Para alquileres y rehabilitación el Gobierno empleará un total de 2.421 millones de euros, cerca de 1.500 destinados al acceso a la vivienda y 627 millones para eficiencia energética. Para rehabilitación, el Gobierno ha anunciado una línea de créditos ICO de Euribor más 0% y subvenciones del IDAE de hasta 100 millones de euros, para financiar hasta el 20% del valor de la obra para fachadas y calderas.