abogacía, #25, marzo 2023

REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN JUAN P. GÓMEZ FIERRO < EL PRESENTE ES LUCHA PAULINA PALENCIA MÉNDEZ

Margarita Luna Ramos:

Mujeres en el Poder Judicial

GABRIELA DE LA MORA:

MUJERES, SOCIOLOGÍA Y DERECHO

VÍCTOR OLÉA:

VÍCTOR E. CORZO:

HACIA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA HCCH

Año 3, núm. 25, Marzo de 2023

| $99.00

Especial Mujeres

NUEVO LIDERAZGO EN LA BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS

SOLANGE MAQUEO: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Especial Mujeres

Presentación

E

H AC I A U N ESPAC IO DE DEREC HOS E I G UALDA D SUSTA NC IA L

n su texto “¿De quién son los ‘derechos del hombre’?”

(Letras Libres, 2013) —inscrito en un espacio de autocrítica liberal—, Estefania Vela Barba recuerda a John Stuart Mill: “Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano” y se encuentra ante una realidad que lo desborda, una realidad en la que las vidas de hombres y mujeres están restringidas por normas (jurídicas y sociales) infundadas, y en la que los derechos del hombre son, efectivamente, de éste y no de la mujer. “Buena parte de las normas jurídicas que sostenían el trato diferenciado han sido derogadas en las últimas décadas. Sin embargo, los estudios empíricos muestran que muchas de las relaciones que normaban prácticamente están intactas. Las mujeres pueden ya ser votadas, pero son pocas las que ocupan cargos de elección popular. Las mujeres pueden ya ser servidoras públicas, pero son pocas las que se encuentran en los altos mandos de poder…” (Vela Barba, p. 34).

Las voces y las plumas que se han sumado al diálogo en esta edición de abogacía nos remiten al cuestionamiento de Estefanía Vela: ¿de quién son los “derechos del hombre”?

A 10 años de su publicación, las respuestas no difieren. Los derechos que están consagrados en las declaraciones, tratados y ordenamientos jurídicos no han sido normados en la cotidianidad de las relaciones: violencia misógina, feminicidios, desigualdad económica y laboral (entre otras) constituyen elementos que marcan una clarísima diferencia de derechos y libertades entre la una y el otro, contrariando la afirmación de Stuart Mill. ¿Dónde están?, se cuestiona María Solange Estrada ante la falta de representación de las mujeres en los espacios de toma de decisión. María Fernanda Gómez presenta la violencia vicaria como la expresión más cruel contra el género. Karina Carbajal Muñoz y María José Hernández Vargas hablan sobre el feminicidio en México. Mariana Yamile Cruz analiza la reparación al proyecto de vida a la luz del discurso de género. Alma Beltrán y Puga analiza críticamente el trabajo de cuidado de las mujeres y el impacto que tiene en la economía nacional. Para cambiar el presente y moldear un futuro diferente, Alejandra Garnica y Rafael Quintana Miranda se han asomado a la historia para rescatar historias inspiradoras de mujeres que han cambiado su statu quo para modificar las prácticas sociales y culturales normadas por el entorno patriarcal.

Las protagonistas de esta edición especial, que nos acompañan con una potente voz, son: Margarita Luna Ramos, ministra en retiro y miembro del consejo editorial de esta publicación, quien nos comparte los avances que hubo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de género en su búsqueda por una igualdad sustancial; María Solange Maqueo, directora de la División de Estudios Jurídicos del

Centro de Investigación y Docencia Económicas, experta en protección de datos personales, y Gabriela de la Mora, vocal de la junta directiva de la Escuela Libre de Derecho y miembro de la Unidad de Atención de Quejas por Posibles Conductas contra la Dignidad de las Personas, Discriminación del Alumnado y Violencia hacia las Mujeres.

En el primer número de su tercer año, abogacía, “La voz y la pluma de los juristas” lanza esta edición especial para seguir fomentando la crítica y la reflexión en un esfuerzo por construir un Estado de Derecho en el que los derechos sean de todas las personas, más allá de cualquier identidad (sin dejar de tomar en consideración el impacto diferenciado que éstas tienen en la vida de las personas y los posibles obstáculos que eso representa en la consolidación de una igualdad sustancial).

Aprovechamos la coyuntura para platicar también con Víctor Oléa Peláez, nuevo presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, quien rindió protesta el 23 de febrero pasado y a quien deseamos mucho éxito en su gestión, y con Víctor E. Corzo, el primer candidato mexicano a ocupar la secretaría general de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

Sean bienvenidos a este nuevo año que empieza y del que queremos que sigan formando parte. Súmense a la discusión, a la crítica y a la reflexión a la que las autoras nos invitan con sus potentes plumas.

Cordialmente Mateo Mansilla-Moya Director editorial

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 1

DIRECTORIO

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Juan Velasquez ACGM-782

Actualidad Victor E. Corzo, diplomático mexicano, es candidato a ocupar la secretaría general de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado

E

l Consejo General de Asuntos Generales y Política de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado se reunirá los días 7 y 9 de marzo para debatir y tomar una decisión que tendrá repercusiones en toda la región latinoamericana: la elección de su nuevo secretario general. Después de diversos exámenes de oposición en los que participaron personalidades de los Estados

miembros de la Conferencia, llegaron al final de la carrera únicamente dos contendientes: el actual secretario general, el suizo Christophe Bernasconi, y el director del órgano mexicano ante la Conferencia de la Haya, Víctor E. Corzo.

La posible elección del primer candidato de la región en los más de 100 años de historia de esa conferencia, coloca a América Latina en una importante posición

¿Cuál es el panorama del Derecho internacional privado en México, en particular, y en la región, en general?

No solamente me dedico al Derecho internacional privado, sino también al Derecho internacional público. Hoy ya es muy difícil delimitar las ramas de esta disciplina, como teóricamente se hacía antes, en público y privado. Hoy, como decía un juez de la Corte Internacional de Justicia, hablamos de cuestiones trasnacionales, un ámbito en el que lo público y el privado se transversalizan. Pero volvamos a la pregunta sobre el Derecho internacional privado.

El reto es, primero, definirlo, porque cada región del mundo tiene su interpretación completamente distinta sobre lo que es.

En Estados Unidos y en la India, por ejemplo, sólo es Derecho conflictual, en el sentido de determinar si hay una transacción comercial internacional: ¿cuáles son las leyes que se van a aplicar, las del país A o las del país B? En Europa no solamente se trata de un Derecho conflictual, sino también del Derecho procesal internacional, en el que se abordan cuestiones de arbitraje internacional y las convenciones de cooperación internacional en materia judicial —que es justamente la esencia de la Conferencia de La Haya—. En América Latina, aparte de ser Derecho conflictual, es Derecho procesal constitucional, que aborda la nacionalidad y la extranjería.

La complejidad del Derecho internacional privado es justamente el factor de la globalización que cada vez hace más pequeño al mundo, en el que hay una gran cantidad de transacciones comerciales electrónicas, una fuerte movilidad humana y muchos matrimonios entre personas de distintas nacionalidades.

Es muy complejo determinar cuál es la norma aplicable para darle la certeza jurídica a las personas. Y si nos vamos al ámbito financiero internacional, las criptomonedas, el blockchain, la tecnología, vuelven más complejo el asunto por el tema del anonimato que tienen las transacciones comerciales en línea o por la forma en la que se están configurando las criptomonedas en el sistema financiero electrónico mundial. Entonces surgen preguntas en los conflictos derivados de este contexto; por ejemplo, ante el robo de una moneda digital: ¿quién tiene jurisdicción?, ¿quiénes

ante ese órgano que, si bien fue creado en Europa, ahora tiene importante participación de iberoamérica en su composición y su alcance. La representación de esta parte del globo en la toma de decisiones ante ese órgano representaría un hito para el devenir del Derecho internacional privado, porque la visión y los intereses regionales encontrarían un espacio más sólido de desarrollo en la materia.

son las víctimas?, ¿quién es el delincuente?, ¿cómo encontrarlo?, ¿cómo notificarlo?, ¿cómo recuperar la moneda digital? Este es el panorama al que se enfrenta el Derecho internacional privado, cuya complejidad también reside en la delgada línea que hay entre la intervención apropiada de los Estados y el echar a perder el desarrollo orgánico que está teniendo la industria con su propia naturaleza tecnológica innovadora. Eso hay que entenderlo y saber cuándo regularlo.

Tú eres la primera persona de la región en ser candidata para ocupar la Secretaría General. ¿Qué hace un secretario general de la Conferencia de La Haya? ¿Qué implicaciones tendría para la región y para México que tú lograras ocupar ese puesto?

Es una pregunta muy interesante. La respuesta nos lleva a analizar cuál es la mentalidad institucional. Para responder cuál es el papel del secretario general, tengo que apuntar lo siguiente.

En la Conferencia de La Haya hay un buró permanente compuesto por abogados especializados que trabajan para que los esfuerzos de la conferencia avancen. Hay órganos nacionales en todos los Estados miembros, los cuales —en teoría— también influyen en lo que se decide en las sesiones diplomáticas para que esos esfuerzos sean continuos, dando seguimiento —en un trabajo poslegislativo— a la aplicación de las convenciones en los Estados, para detectar si hay trabas, cuáles son las mejores prácticas que implementan los Estados, qué obstáculos se pueden evitar con una interpretación a posteriori del convenio, etcétera.

De eso se encarga el buró permanente, y el líder de ese buró permanente es el secretario general. En este sentido, la candidatura latinoamericana aún es más importante porque no hay ningún latinoamericano en los principales puestos de la Conferencia de La Haya, lo cual significa que sólo los abogados de sus regiones, expertos de sus leyes domésticas, los que con su mentalidad van a permear la visión institucional. 7

SIGUE EL QR PARA LEER LA ENTREVISTA COMPLETA:

Víctor E. Corzo es doctor en Derecho por la Universidad Marista de México y maestro en Derecho internacional y comparado por la Universidad de Iowa. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el Derecho internacional público y privado, y se ha desempeñado como servidor público, académico y diplomático

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 3

[ Especial Mujeres ]

Contenido Marzo 2023

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VOCES

Margarita Luna Ramos: Mujeres en el Poder Judicial

REFLEXIONES

Hablar sobre feminicidio en México Karina Carbajal Muñoz María José Hernández Vargas

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VISIÓN GLOBAL

El presente es lucha Paulina Palencia Méndez

03

ACTUALIDAD

Víctor E. Corzo, diplomático mexicano es candidato a ocupar la secretaría general de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

06 REFLEXIONES

La mujer en la Revolución Mexicana Alejandra Garnica

10 Los requisitos de la suspensión Juan Pablo Gómez Fierro

20 La expresión más cruel de la violencia de género María Fernanda Gómez Luna

32 La necesidad de la teorización del Derecho corporativo en México: abordaje y alcances José Alejandro Zeind Chávez y Marco Antonio Zeind Chávez

4 abogacía Marzo 2023

40

36

La sentencia interamericana en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México: una decisión histórica

Solange Maqueo:

REFLEXIONES

Sergio García Ramírez

46 Género y reparación del daño al proyecto de vida Mariana Yamile Cruz Ibarra

50 ¿Dónde están?

María Solange Estrada Maqueo

70 La función jurisdiccional como función democrática Diego Bernal Toriello

24 VOCES

Víctor Oléa: Nuevo liderazgo en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados

VOCES

Protección de datos personales

54 Gabriela de la Mora: Mujeres, Sociología y Derecho

30 EL NOTARIO RESPONDE

Utilidad práctica del contrato de renta vitalicia Liliana Gutiérrez Robles

53 LEGAL POLITIK

No me defiendas, compadre Mauricio Atri

62 VLEX

Trabajo de cuidado y altruismo maternal: el subsidio de las mujeres a la economía nacional Alma Beltrán y Puga

74

¿QUÉ DICEN HOY LOS TRIBUNALES?

Denise Tron Zuccher y Mariana Ruiz Albarrán

76 DERECHO Y CINE

Erin Brockovich: La ley con rostro de Julia Roberts Jaime Vázquez

77 LA FOTO DEL AYER

Martha Chávez Padrón, primera doctora en Derecho de la UNAM Rafael Quintana Miranda

78 LOS UNIVERSITARIOS HABLAN

80 CARTÓN

Reservaciones

Siempre un clásico

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Alejandra Garnica

LA MUJER EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA Durante este mes es importante revisar el pasado para saber cómo algunas mujeres se enfrentaron a la desigualdad para cambiar el rumbo de su historia y cimentar un camino hacia la dignidad, el acceso a los derechos y la igualdad, independientemente del reconocimiento de la sociedad. En este texto, Alejandra Garnica recoge la historia de tres mujeres que durante la Revolución Mexicana procuraron construir, en un entorno de violencia, un espacio en el que las personas pudieran acceder a su derecho a la salud.

L

as mujeres jugaron un papel trascendente en la Revolución Mexicana; sin embargo, durante muchos años su participación fue poco reconocida. Uno de los problemas para acceder a la información sobre las importantes actividades que realizaron en ese momento es que gran parte de sus acciones las llevaron a cabo en la clandestinidad, lo cual impidió su registro. En este mes es importante hacer un ejercicio de memoria y homenajear a algunas de estas mujeres que influyeron en las prácticas humanistas que hoy replicamos y que permean al discurso jurídico. Me refiero, en particular, a tres mujeres que fungieron como enfermeras y sentaron las bases en México de importantes instituciones de asistencia humanitaria.

Elena Arizmendi Mejía y la Cruz Blanca Neutral Durante la Revolución, los heridos rebeldes carecieron de asistencia médica. Por mandato del gobierno de Porfirio Díaz, la Cruz Roja Mexicana les negó el acceso a su derecho a la salud pública y digna, pues esa organización únicamente atendía a los heridos que pertenecían al ejército federal. Lo anterior provocó que el pueblo mexicano se indignara y que a través de diversos periódicos manifestara su inconformidad contra el gobierno en turno.

Los enfrentamientos y la violencia aumentaron junto con la cantidad de heridos que no podían ser atendidos y que, por la gravedad de sus lesiones, morían al poco tiempo. Tras la desagradable cifra de fallecimientos en estos escenarios, estudiantes de medicina y enfermería (entre quienes estaba Elena Arizmendi Mejía) crearon una asociación

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neutral para auxiliar a los hombres heridos en combate y disminuir el desafortunado ruido de la guerra. De ese modo, el 5 de mayo de 1911 nació la organización humanitaria alternativa denominada Cruz Blanca Neutral con el objetivo de atender a los heridos de ambos bandos. La asociación fue rápidamente aceptada por la sociedad y las donaciones llegaron con facilidad a sus urnas.

La primera brigada de esa organización estuvo conformada por la propia Arizmendi Mejía, por los doctores Ignacio Barrios y Antonio Márquez, ocho estudiantes de medicina y las enfermeras María Avon, Juana Flores Gallardo, Atilana García, Elena de Lange y Tomasa Villarreal. La segunda brigada fue liderada por otro doctor y 10 enfermeras, entre quienes se encontraban Inocenta Díaz, Concepción Ibáñez, Jovita Muñiz, Concepción Sánchez, María Sánchez Basilia Vélez y Antonia Zorilla. De forma voluntaria ambas brigadas partieron a Ciudad Juárez.

En este sentido, Elena Arizmendi fue una de las primeras activistas del feminismo en el país. Además de lo que aquí se narra, fue periodista y creó organizaciones como Las Mujeres de la Raza y La Liga Internacional de Mujeres Hispanoamericanas, enfocadas, ambas, en el mejoramiento

Especial Mujeres

Tras la desagradable cifra de fallecimientos en estos escenarios, estudiantes de medicina y enfermería (entre quienes estaba Elena Arizmendi Mejía) crearon una asociación neutral para auxiliar a los hombres heridos en combate y disminuir el desafortunado ruido de la guerra.

cultural y económico de la mujer. Años más tarde su labor en hospitales hizo que las mujeres mexicanas obtuvieran un sueldo justo y digno.

Leonor Villegas de Magnón, la Rebelde, y la Cruz Blanca Constitucionalista Otra organización de asistencia humanitaria que surgió durante la Revolución para auxiliar médicamente a los combatientes fue la Cruz Blanca Constitucionalista, creada por Leonor Villegas de Magnón. Nacida en 1876 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Villegas de Magnón —también conocida como la Rebelde— fue activista política, de sanidad, periodista y maestra. Gracias a sus cartas, fotografías, documentos y autobiografía podemos tener acceso a un registro y un testimonio directo de su autobiografía, lo cual nos ha permitido conocer un poco más de la historia de la Revolución Mexicana.

Esta mujer fundó la Cruz Blanca Constitucionalista para asistir a los soldados heridos durante los años catastróficos que duró la Revolución Mexicana.

Comparto la experiencia con la que inició el servicio de ambulancias en México, publicada por la revista Dimensión Antropológica del Instituo Nacional de Antropología e Historia: “En la madrugada del 17 de marzo de 1913, la Rebelde despertó de su intranquilo sueño al oír resonar los primeros tiros en ambos Laredos. Movida por una influencia extraña a la que no prestó resistencia, se vistió precipitadamente. ”Eran las seis de la mañana, las calles desiertas no la desanimaron, se dispuso a ir inmediatamente a auxiliar a los heridos.

“Resuelta a cumplir este patriótico y piadoso deber no vaciló; sin esperar, abordando un automóvil que pasaba en esos momentos al tiempo que llegaba otro con un grupo de señoritas que venían huyendo de Nuevo Laredo para escaparse de las balas, le dijeron que toda la población estaba ya cruzando el puente para el lado americano. La Rebelde les hizo ver que

debían regresar, bajaron del coche para unirse a Leonor. En ese grupo venía Jovita Idar, periodista que había pasado la noche en Nuevo Laredo y estaba al tanto de los sucesos. Frente al edificio del semanario La Crónica Jovita bajó a avisar a su padre; mientras tanto, la Rebelde vio sobre el respaldo de una silla una toalla blanca que tomó junto con una brocha que contenía pintura roja, salió corriendo y pintó una cruz en el cristal. Así se inició el servicio de la ambulancia que habría de dar eficaz ayuda al movimiento revolucionario”.1 Más tarde la Cruz Blanca Constitucionalista pasó a ser la Cruz Blanca Nacional.

Refugio Esteves Reyes, la Madre Cuca, primera enfermera militar Refugio Esteves Reyes nació en 1881 y quedó viuda a los 25 años de edad. En Guadalajara consiguió trabajo como costurera en un hospital, donde un general la invitó a realizar labores de enfermera. En esa actividad encontró su verdadera vocación.

Atendió a los primeros heridos de la Revolución sin saber nada de primeros auxilios; no obstante, eso la apasionó.

Su labor fue reconocida por un general del ejército, quien la nombró enfermera y le otorgó el rango de sargento primero, antes de ser nombrada teniente coronel.

En 1902 formó un equipo de enfermería llamado Los Ángeles que se encargó de instruir a más mujeres en la rama de la enfermería y de los primeros auxilios, lo que propició que el equipo se extendiera a varias partes del país para atender a hombres caídos por los enfrentamientos de la Revolución Mexicana.

El trabajo que realizó la Madre Cuca fue reconocido por el Congreso de la Unión con una medalla de honor por su trayectoria, valor y compromiso.

En 1915 fue herida de bala en el hombro izquierdo. Se recuperó completamente. Y, entre otras experiencias, ésta sumó al recuerdo de su valentía.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 7

Especial Mujeres

Lamentablemente la participación de las mujeres en la Revolución fue poco reconocida y valorada. Y a pesar de que no existen muchos registros de las mujeres que tuvieron papeles activos durante este momento bélico de la historia de México, sabemos que la gran mayoría —al principio— fueron voluntarias que arriesgaban su vida.

Reflexiones Lamentablemente la participación de las mujeres en la Revolución fue poco reconocida y valorada. Y a pesar de que no existen muchos registros de las mujeres que tuvieron papeles activos durante este momento bélico de la historia de México, sabemos que la gran mayoría —al principio— fueron voluntarias que arriesgaban su vida. Por supuesto, no sólo participaron enfermeras. Hubo, entre otras, ferrocarrileras, soldaderas, periodistas, etc., que fueron de gran importancia en esta época.

1 2

La Revolución Mexicana fue un periodo de conflictos políticos, armados, sociales y económicos. Algunas enfermeras tenían un sueldo de 33 a 66 centavos al día, lo cual ayudó a la economía de sus hogares, ya que muchas eran responsables de sus familias porque sus parejas o sus padres estaban en el campo de batalla.

Se requiere un homenaje histórico, sí, pero también una aproximación crítica a la historia que nos permita cuestionar cómo el género sigue influyendo a las instituciones jurídicas y sociales que sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres. 7

Leonor Villegas de Magnón, la Rebelde. Disponible en https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=830.

La Madre Cuca. Disponible en https://issuu.com/academiaaesculapmx/docs/143_horizontes_conocimiento_ene2022/s/14565941.

Fuentes de consulta Gabriela Cano, “Se llamaba Elena Arizmendi”. Disponible en https://www.revistadelauniversidad.mx/ download/024951d0-9aa0-41b9-afc0-e6c727a1d5d9?filename=se-llamaba-elena-arizmendi.

Alejandra Garnica colabora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Es licenciada en administración, maestra en finanzas y estudiante de economía en esta universidad.

Para leer

Para acceder al libro:

HABLEMOS DE MIS TETAS Hablemos de mis tetas narra la historia personal de la autora tras detectarse un bulto en una de sus mamas. Con un estilo ágil y ligero, este conjunto de anécdotas y reflexiones recoge las angustias, las dudas y también las imprecisiones de una experiencia particular que se aborda como problema universal.

El texto cuestiona temas como la integridad de los médicos, el acceso masivo a la información a través de internet, el feminismo, los tabúes de la masculinidad y las modas de vida saludable, y coloca como telón de fondo la importancia de los senos como parte de la identidad de la mujer: “Porque esa teta, a la que mientras está sana no le prestas atención, resulta que pone a tambalear toda tu identidad cuando la descubres amenazada”.

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Esta historia, escrita desde la más profunda intimidad, y con una elegante narrativa y un atinado toque de humor, no dejará indiferente a ningún lector.

Camino Aparicio Barragán es filósofa de formación, editora de profesión y escritora por vocación. Licenciada, maestra y doctora en filosofía, se desempeña como generadora de contenidos editoriales y profesora universitaria. Comenzó su andadura en las letras ganando diferentes concursos literarios infantiles y juveniles. Uno de ellos, el I Certamen sobre el Lazarillo y la Picaresca, dio lugar tiempo después a la publicación de su primer libro: Lázaro, de nuevo. Ha publicado múltiples relatos de ficción en diversas revistas literarias, entre las que destacan Almiar, Resonancias y Letralia, así como en algunas antologías, la más reciente: Arte y literatura hispanocanadiense.

Ha colaborado también en los libros Personajes del virreinato y Tlamatini, y es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Escritores. _______ Camino Aparicio Mutare 2023

Juan Pablo Gómez Fierro

LOS REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN

En este artículo, el juez Juan Pablo Gómez Fierro analiza los requisi-

tos que por regla general rigen el otorgamiento de la medida cautelar en el juicio de amparo indirecto.

E

l artículo 107, fracción x, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum) establece que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión, en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria. De esta manera, en la Ley de Amparo se reguló lo relativo a la suspensión del acto reclamado.1 En el artículo 125 de esa ley encontramos una primera clasificación.2 Este precepto señala que la suspensión se decretará de oficio o a petición del quejoso. De oficio se refiere a que la medida cautelar se decreta sin necesidad de que medie una solicitud, en oposición a la que se dicta cuando la pide la parte quejosa.

En el artículo 126 de la ley se establecen los supuestos en que la medida cautelar se decretará de oficio y de plano. De plano se refiere a que para su otorgamiento no debe mediar audiencia previa de las partes o trámite alguno. Esto explica por qué se

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decreta sin que se haya admitido a trámite la demanda y que el pronunciamiento se realice en el cuaderno principal sin necesidad de abrir un incidente. El artículo señala cuáles son los actos que ameritan un pronunciamiento de oficio y de plano.3 En el artículo 127 de la ley se establece un supuesto especial para el caso de la suspensión. Al respecto, señala que la medida cautelar se decretará de oficio y se sujetará al trámite previsto para la suspensión a petición de parte, tratándose de dos supuestos: i) extradición y ii) cualquier otro acto que, de llegar a consumarse, haría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado.4 En este último precepto encontramos algunas cuestiones relevantes. La primera es que respecto de un mismo acto reclamado (extradición) la ley establece dos formas diferentes de tramitar la suspensión. Recordemos que el artículo 126 señala que en estos casos se decreta de oficio y de plano; mientras que el 127 establece Fotografía: Freepik

que será de oficio pero que seguirá el trámite de la suspensión a petición de parte. Esto ha ameritado distintas interpretaciones.

Al respecto, considero que en este caso debería optarse por la aplicación del artículo 126 que resulta más favorable al quejoso, principalmente en cuanto al trámite.

La segunda cuestión relevante es que establece la procedencia de la suspensión de oficio, pero con el trámite que corresponde a una suspensión a petición de parte. Esto representa una problemática adicional, pues implica que la medida cautelar deba decretarse sin que medie una solicitud, pero que deba abrirse un incidente de suspensión.

En los supuestos mencionados en el artículo 127, fracción ii, es común que las demandas se promuevan por una persona distinta del quejoso. Esto porque la mayoría de los actos reclamados que cumplen con las características allí mencionadas impiden que aquél pueda comparecer personalmente.5 Por eso resulta cuestionable —al menos procesalmente— abrir un incidente respecto de una demanda que no ha sido admitida y que podría tenerse por no presentada en caso de no ratificarse, con el inconveniente de tener abierto un incidente de suspensión.6 Considero que los dos supuestos previstos en el artículo 127 deberían tramitarse conforme a las reglas del artículo 126, esto es, de oficio y de plano, pues además de que su aplicación resulta más favorable para los justiciables, guarda congruencia con el trámite del juicio de amparo, lo que permitirá solamente abrir el incidente de suspensión cuando la demanda de amparo haya sido admitida.7 Fuera de los supuestos previstos en las disposiciones analizadas previamente, el artículo 128 establece dos requisitos para el otorgamiento de la suspensión a petición de parte: i) que la haya solicitado la parte quejosa y ii) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.8 Estos requisitos no deben analizarse de manera aislada sino de forma sistemática como lo que establece el artículo 107, fracción x, de la cpeum, que dispone que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión. Por eso es un presupuesto indispensable que el acto reclamado sea cierto —al menos presuntivamente— para que exista materia sobre la cual decretar la medida cautelar.

La norma constitucional también establece que cuando la naturaleza del acto lo permita se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Por su parte, en el artículo 138 se contempla una norma similar, según la cual el órgano jurisdiccional debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público.9 La interpretación de los requisitos constitucionales y legales mencionados permitiría establecer un test conforme al cual podrían analizarse los requisitos que —por regla general— deberían considerarse para el otorgamiento de la medida cautelar. El test podría

integrarse de la siguiente forma: 1) la certeza de los actos reclamados, 2) su naturaleza, 3) la solicitud del quejoso y 4) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, de manera paralela con la apariencia del buen derecho.10 Analizaremos cada uno de esos requisitos, conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn).

Por lo que hace al requisito 1, relativo a la certeza de los actos reclamados, se ha establecido que ésta se acredita con las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, realiza la parte quejosa en su demanda.11 Naturalmente, para la suspensión definitiva se podrá contar con mayores elementos, como los informes previos y las pruebas que hayan sido admitidas.

En lo que se refiere al requisito señalado en el inciso 2, la Primera Sala de la scjn scjn ha sostenido que la naturaleza de los actos reclamados no es un factor que determine en automático si se debe conceder o negar la suspensión, sino que deben analizarse las consecuencias que caso a caso pueden producir.12 Recordemos que las medidas cautelares en el juicio de amparo incluyen tanto la paralización de los efectos y las consecuencias de los actos reclamados como la restitución provisional de los derechos afectados. Es decir, pueden impedir que el acto se materialice (medidas conservativas), así como el restablecimiento al quejoso en el goce del derecho afectado (tutela anticipada).

Por eso la naturaleza de los actos reclamados es intrascendente para determinar si es o no procedente la medida cautelar.

En realidad, la relevancia que tiene es única y exclusivamente para determinar qué tipo de medidas podrían adoptarse: i) la paralización de un acto o ii) la restitución provisional de un derecho. En este último supuesto será necesario analizar que la medida cautelar no coincida exactamente con la pretensión principal del promovente.

Respecto del requisito señalado en el inciso 3, relativo a que la medida cautelar la haya solicitado el quejoso, cabe mencionar que no se refiere a la petición formal que se hace en la demanda de amparo. Es claro que al abrirse el incidente de suspensión la parte quejosa realizó esa solicitud. Este requisito se refiere a la necesidad de acreditar el interés suspensional.

El artículo 5 establece que el quejoso es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo.13 De esta manera, al establecer que es un requisito para el otorgamiento de la suspensión la solicitud del quejoso, se refiere no sólo a la petición de que se conceda la medida, sino al acreditamiento indiciario de que quien la solicita se ubica en los supuestos a que se refiere el citado precepto.14 El requisito precisado en el inciso 4 supone el análisis de distintos elementos. En principio, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el artículo 129 se establecen diversas hipótesis que, entre otros

La Segunda Sala de la ha sostenido que se produce esa afectación cuando con la medida cautelar se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.

El daño inminente e irreparable no debe acreditarse de manera plena, sino que basta que éste sea indiciario.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 11

casos, se considera que actualizan un perjuicio al interés social o contravendrían disposiciones de orden público;15 sin embargo, dicho enlistado únicamente es enunciativo y no limitativo, razón por la cual en cada caso concreto y según sus particularidades, el juez de distrito podrá apreciar la afectación a esos valores.

La Segunda Sala de la scjn ha sostenido que se produce esa afectación cuando con la medida cautelar se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.16 Estos elementos, aunque parecerían vagos e imprecisos, obligan al juzgador de amparo a exponer razonadamente los motivos que justifican o no su actualización.

Y los valores antes mencionados deben ser analizados de manera paralela con la apariencia del buen derecho, es decir, con la posible inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que implica realizar un análisis de verosimilitud del derecho cuestionado para que al pronunciarse sobre la medida cautelar pueda adelantarse que el acto reclamado podrá ser declarado inconstitucional en la sentencia.

Por otra parte, en el artículo 131 se establece una norma específica, aplicable a la suspensión de los actos reclamados en los que la parte quejosa alegue un interés legítimo, según el cual se concederá la suspensión cuando concurran los siguientes elementos: i) que la parte quejosa acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión y ii) que se acredite el interés social que justifique su concesión.

En esta norma especial encontramos dos aspectos relevantes. El primero es que el daño inminente e irreparable no debe acreditarse de manera plena, sino que basta que éste sea indiciario.17 El segundo es que establece una regla opuesta a la que prevé el artículo 128.

Mientras en éste se prevé que el otorgamiento de la medida cautelar no debe afectar el interés social, el artículo 131 requiere demostrar justamente que exista un interés social que justifique su otorgamiento.

Lo anterior se explica porque en la mayoría de estos casos en que se concede una suspensión donde se aduce un interés legítimo la medida cautelar puede contemplar a otras personas que no la solicitaron. De ahí que la norma siempre busca anteponer el interés social más allá del beneficio que le pudiera reportar al quejoso en lo individual.

Finalmente, debe precisarse que en los casos en que la medida cautelar es procedente será preciso analizar si es necesario exigir algún requisito de efectividad, conforme a los supuestos establecidos en los artículos 132 y 135.

Ya sea que con su otorgamiento se le pueda ocasionar daños y perjuicios a un tercero o que sea necesario garantizar el interés fiscal, respectivamente.

Al respecto, la Primera Sala de la scjn ha sostenido que la suspensión surte sus efectos desde luego, esto es, desde el momento en que se dicta, incluso si no ha sido notificada,18 pero con fundamento en el artículo 136 dejará de hacerlo si la quejosa no exhibe dentro del plazo de cinco días la garantía fijada. 7

El daño inminente e irreparable no debe acreditarse de manera plena, sino que basta que éste sea indiciario.

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Sección Tercera (de la normatividad de amparo indirecto).

Los artículos analizados en este texto distintos del artículo 107, fracción x, de la cpeum, deben entenderse referidos a la Ley de Amparo.

3 Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

4 Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos: i.

Extradición y ii. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado.

5 Los actos a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo comparten las mismas características a que se refiere la fracción ii del artículo 127. En ambos casos, de llegar a ejecutarse, haría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado.

6 En materia administrativa encontramos algunos supuestos como los arrestos administrativos o las demandas por omisión en prestar atención médica. En ambos casos, los actos no están previstos en el artículo 126, pero de llegar a materializarse sería imposible restituir al quejoso en el goce del derecho vulnerado.

7 Así se ha procedido en un gran número de casos en los juzgados de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.

8 Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: i. Que la solicite el quejoso y ii. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.

9 Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público.

10 La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) ha sostenido un criterio similar, que quedó plasmado en la tesis 2a. xxiii/2016 (10a.), que lleva por rubro: “suspensión definitiva en el juicio de amparo. requisitos para concederla”. Consultable en la página electrónica del Semanario Judicial de la Federación (SJF), con número de registro 2011614.

11 Esto de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 5/93, sustentada por la Segunda Sala de la scjn que lleva por rubro: “suspensión provisional. para decidir sobre su procedencia, debe atenderse a las manifestaciones del quejoso respecto de la certidumbre del acto reclamado”. Visible en la página electrónica del SJF con número de registro 206395.

12 Así se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019, de rubro: “suspensión. la naturaleza omisiva del acto reclamado no impide su procedencia”. Visible en la página electrónica del SJF con número de registro 2021263.

13 Son partes en el juicio de amparo: i. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

14 Así lo estableció la Primera Sala de la scjn en la jurisprudencia 1a./J. 98/2013 (10a.), de rubro: “suspensión del acto reclamado. aun cuando opere la presunción de su existencia, en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la ley de amparo, 1

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para acreditar los requisitos de las fracciones i y iii del artículo

124 de ese mismo ordenamiento, debe demostrarse, aunque sea indiciariamente, que tal acto agravia al quejoso (legislación vigente hasta el 2 de abril de 2013)”. Consultable en la página

electrónica del SJF, con número de registro 2005049. Es importante precisar que la aplicación de dicha jurisprudencia sólo es por cuanto a la interpretación que hace de la fracción i del artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, de contenido similar al contenido del artículo 128, fracción i, de la ley vigente, ya que, conforme con esta última legislación, el acreditamiento de los daños y perjuicios de difícil reparación no constituye un requisito para el otorgamiento de la medida cautelar.

15 Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: i. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; ii. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; iii. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; iv. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; v. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; vi. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; vii. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y la seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y la ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; viii. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; ix. Se impida el pago de alimentos; x. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumpla con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumpla con las normas oficiales mexicanas; se afecte la producción nacional; xi. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; xii. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; xiii. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social.

16 Así lo plasmó en la tesis de rubro: “interés social y disposiciones de orden público. su apreciación”. Visible en la página electrónica del SJF, con número de registro 818680.

17 Así lo estableció la Segunda Sala de la scjn en la jurisprudencia 2a./J. 61/2016 (10a.), de rubro: “interés legítimo. para el otorgamiento de la suspensión provisional en términos del artículo 131 de la ley de amparo, basta que el quejoso lo demuestre de manera indiciaria”.

Consultable en la página electrónica del SJF con registro 2011840.

18 Así lo estableció en la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de rubro: “suspensión en el juicio de amparo. surte sus efectos al decretarse y no al notificarse”. Visible en la página electrónica del SJF con registro 2006797.

Juan Pablo Gómez Fierro es juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República y profesor en la especialidad en Derecho de amparo en la Universidad Panamericana.

Para leer

UNA NUEVA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MÉXICO Las acciones de inconstitucionalidad son un mecanismo de control abstracto indispensable en cualquier Estado Democrático de Derecho.

En México, su promoción es escasa y la posibilidad de prosperar es casi nula debido a su complejo diseño.

Una nueva acción de inconstitucionalidad en México, obra del maestro Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, publicada este año por la casa editorial Tirant lo Blanch, proporciona al lector un análisis claro y preciso de este tipo de acciones y los obstáculos que impiden su mejor funcionamiento.

La obra está dividida en cuatro capítulos. En el primer capítulo (“El orígen de las acciones de inconstitucionalidad”), Gómez Fierro se ocupa de los factores nacionales e internacionales de orden político, social y económico que influyeron en la implantación de esta figura jurídica.

En el capítulo segundo (“La acción de inconstitucionalidad en México: diseño original, evolución y la crisis actual”), expone los elementos que conforman su diseño. En el tercero (Acciones de inconstitucionalidad: un panorama de Derecho comparado), proporciona un estudio novedoso de Derecho Comparado. El capítulo cuarto (“La acción de inconstitucionalidad en México: el nuevo diseño”) es una propuesta de reforma para que las acciones de inconstitucionalidad sean un verdadero mecanismo de acceso a la justicia.

Esta obra ofrece un panorama innovador en materia de acciones de inconstitucionalidad: no sólo aborda su presente, sino también su pasado y su futuro. Sin duda alguna, esta obra representará una importante contribución para la teoría y la práctica de las acciones de inconstitucionalidad y un valioso aporte a su doctrina. ______

Juan Pablo Gómez Fierro Tirant lo Blanch 2023

Para acceder al libro:

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 13

Voces

Guillermo Ucha Cabadas

Margarita Luna Ramos:

Mujeres en el Poder Judicial

14 abogacía Marzo 2023

Especial Mujeres

En esta conversación, la ministra en retiro

Margarita Luna Ramos nos comparte lo que fue trabajar en la Suprema Corte de Justicia de la

Nación y los avances que ésta ha tenido en materia de igualdad de género.

Margarita Luna Ramos es ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con casi 44 años de carrera judicial. Es doctora en Derecho y profesora en diversas universidades. Fue la primera mujer en haber sido elegida como Consjera de la Judicatura Federal. Su trayectoria profesional ha sido reconocida con diversos premios de renombre. Es Consejera Editorial de abogacía.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 15

Voces Cómo descubrió su vocación de abogada?

Yo siempre quise estudiar medicina. Originaria de San Cristóbal de las Casas, cuando tuve que decidir sobre mi vocación profesional, pasábamos por una situación compleja en la familia: mi padre acababa de fallecer y yo no podía pensar en salir de la ciudad para estudiar una carrera, por lo que tenía que optar por lo que había ahí: Normal o Derecho; no tuve que pensarlo mucho: me incliné por Derecho. Comencé la carrera en San Cristóbal y después me vine a la Ciudad de México. En algún momento alguien me preguntó por qué no estudiaba medicina.

En ese momento ya estaba en un lugar donde podía hacerlo. ¿Por qué entonces no seguí mi vocación? En esa época yo ya trabajaba como oficial judicial en un juzgado de distrito del Poder Judicial de la Federación y ya me había enamorado de la carrera judicial. Por supuesto, nunca pensé en regresar a estudiar o a iniciar el estudio de otra carrera. Desde ese momento seguí los pasos en el Poder Judicial. n Su incursión en el Derecho fue accidental. ¿Qué le atrajo de ese trabajo?

Fue una situación muy bonita. Llegué a un juzgado de distrito como mecanógrafa cuando tenía 18 años. Hice un examen de mecanografía y comencé como secretaria de un proyectista. Al poco tiempo, como estaba estudiando Derecho, el juez ofreció pasarme a una mesa de trámite pues tendría una vacante. Acepté encantada. Ahí empecé a realizar el trámite de juicio de amparo, desde que se presenta la demanda hasta que se archiva el juicio que solamente sale de la mesa para los proyectos de sentencia, para los recursos o para los incidentes que en algún momento dado se manejan y que deben tener una resolución previa a la sentencia.

Tuve mucha suerte. Mi primer jefe me abrió las puertas en el Poder Judicial. Se trató de don Juan Díaz Romero, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn). Lo alcancé en el Pleno y en la Sala fuimos pares. Para mí fue el mayor de los gustos porque con su enseñanza, con su ejemplo, conocí el Poder Judicial. Además no era sólo una persona que formaba a la

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gente, sino un hombre con una gran calidad humana. n ¿Considera que él fue su mentor?

Fue uno de mis mentores. n ¿Qué casos marcaron su estancia en la Corte?

Mis mentores: don Juan de Romero, don Fernando Díaz Cárdenas, don Ángel Suárez Torres, don Guillermo Ortiz Mayagoitia, don Carlos de Silva Nava, gente extraordinariamente reconocida en el ámbito jurídico.

Ellos me enseñaron que todos los casos que llegan a nuestras manos como juzgadores son igualmente importantes: a lo mejor unos son más cuantiosos, otros más mediáticos, otros más nos hacen pensar y estudiar mucho para encontrarles una solución. Pero cualquier caso del que conozcamos debe ser igualmente importante. ¿Por qué? Porque en nuestras manos está el patrimonio, el honor, la vida y los derechos de las personas. n ¿Cómo fue su experiencia al frente de la Corte?

El honor más grande que puede tener un abogado es formar parte del máximo

tribunal. Yo así lo sentí: para mí fue la culminación de mi carrera jurisdiccional: el sueño de toda mi vida. Fue algo que yo veía muy lejano, pero la vida me dio la oportunidad de llegar. Fue una experiencia hermosísima.

Por supuesto, tenía una gran responsabilidad. Para ocupar el puesto de ministro de la scjn, habiendo mucha gente capaz adentro y afuera del Poder Judicial, y siendo yo quien tuvo la oportunidad de llegar ahí, debí tratar, en la medida de mis posibilidades y de mis limitaciones, de hacer mi mejor esfuerzo. Y lo hice. Quizás en algunas ocasiones me equivoqué, no lo dudo; quizás otras ocasiones mucha gente no compartió mis criterios, tampoco lo dudo. Pero lo que sí puedo decir es que lo hice con pleno convencimiento jurídico y con pleno convencimiento de causa de cada asunto que llegó a mis manos. Me siento muy tranquila. n ¿Como mujer qué retos enfrentó en su camino como abogada y como ministra?

Fui muy afortunada porque tuve la oportunidad de trabajar con gente a la que no le importaba si eras hombre o eras mujer.

Lo que les importaba eran los resultados, el perfil, los requisitos, la cuenta del número

Especial Mujeres

de asuntos por proyectar y que esos proyectos fueran acordes con el pensamiento y la formación del jefe que teníamos en turno. Eso era lo que uno trataba de hacer. Con mis jefes jamás tuve problemas por ser mujer.

Ahora, sí hay piedritas en el camino, como en todas las áreas, pero al final de cuentas pienso que también es una cuestión de actitud, de entender el entorno. Sí hubo circunstancias que en un momento dado me hicieron sentir triste, cierta discriminación, pero fueron situaciones excepcionales. n ¿Qué esfuerzos deberían implementarse para erradicar la violencia de género y la desigualdad entre mujeres y hombres en el seno del Poder Judicial y del gremio jurídico?

El Poder Judicial de la Federación, encabezado por la Corte, ha desempeñado un papel importantísimo en materia de igualdad de género. Ha hecho grandes esfuerzos para lograr esta equidad. Han sido dos sus ejes fundamentales.

El primero: políticas públicas en el interior de la institución. Para lograr la igualdad en la scnj se dice que el buen juez por su casa empieza. La Corte ha hecho eso. Por ejemplo, ha realizado concursos, como acciones afirmativas, únicamente para mujeres para acceder a los puestos de juezas o magistradas con el objetivo de equilibrar el número estadístico de hombres y de mujeres, en estos puestos populares. También hay políticas públicas en materia de ayuda para guarderías, licencias de paternidad, entre otras.

Esto es importante cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres pues también beneficia a los primeros y eso es algo que se debe entender: las licencias de paternidad antes no existían porque culturalmente el cuidado, la crianza y la educación de los hijos correspondían exclusivamente a la mujer. La Corte estableció esas licencias de paternidad.

Asimismo, existen políticas públicas en cuanto a adscripciones para tratar de no desunir a las familias en la medida de lo posible.

El segundo: la introducción de la perspectiva de género. La Corte ha creado una

importante doctrina jurisprudencial en la materia y ha emitido muchas jurisprudencias que, precisamente por su obligatoriedad, pueden permear a todos los tribunales jurisdiccionales del país; eso es importantísimo.

La Corte estableció que la perspectiva de género tiene que aplicarse de oficio y dio la pauta a través de los pasos que un juzgador debe seguir para aplicarla y lograr un acceso a la justicia en igualdad de circunstancias para hombres y para mujeres. Hay muchos ejemplos en el caso de las mujeres, porque ellas suelen estar en desventaja, pero también hay casos en que a los hombres se les ha aplicado la perspectiva de género. Es algo que beneficia a la sociedad en general. n ¿Qué opina sobre el papel que deberían jugar los colegios de abogados y abogadas?

Yo creo que los colegios de abogados realizan una función importantísima. Una cosa es estudiar una carrera universitaria y graduarse, pero otra cosa distinta es el desempeño profesional. Cuando se forma parte de un colegio en esta segunda etapa de la carrera se establecen compromisos éticos y profesionales muy importantes. Ahí se inscribe el mérito de los colegios.

En México no existe la colegiación obligatoria. Debería haberla, porque con ella habría una certificación y un control para un trabajo ético y profesional de la abogacía. Eso es lo que le da credibilidad a la carrera y a sus funciones. Además, los colegios están en continua actualización jurídica y procuran que la profesión del abogado se reivindique y se dignifique. n ¿Que significa dignificar la carrera?

Significa que tengamos credibilidad, profesionalismo, excelencia; estar a la vanguardia, ser innovadores, estar al día en conocimiento. Pero, sobre todo, significa que se realice un esfuerzo para que el abogado nunca deje de estudiar y sea mejor cada día para dar confianza a la ciudadanía. n ¿Cuáles son sus héroes o heroínas jurídicas?

Tengo una gran galería de héroes desde el punto de vista jurídico, pues siempre sentí una gran admiración por Vallarta, Otero, Azuela, los padres del Derecho, y sobre todo

El Poder Judicial de la Federación, encabezado por la Corte, ha desempeñado un papel importantísimo en materia de igualdad de género.

La ministra Norma Piña ha llegado ese cargo en un momento trascendental de nuestro país, de la política, social y culturalmente. por aquellos que forjaron nuestro sistema jurídico, lo que es hoy. También admiro a doña Cristina Zamora de Tamayo, una mujer valiente, estudiosa y entregada que nos abrió el camino a las demás. Por supuesto, entre mis grandes héroes están las personas que me formaron, mis mentores: Juan de Romero, don Guillermo Ortiz Mayagoitia, don Ángel Suárez Torres, don Carlos de Silva Nava, doña Victoria Adato.

A las mujeres, por su valentía, por enfrentar situaciones complejas, porque fueron pioneras, se abrieron camino y demostraron que éstos no eran lugares exclusivos para los varones, que para ocuparlos no era cuestión de sexo, sino de inteligencia, de preparación, de profesionalismo y de fe.

A todos ellos los admiro porque mi formación jurídica se las debo a su ejemplo. n ¿Qué consejos le daría a los estudiantes y a la abogacía, en general, que están iniciando su carrera en el Poder Judicial o en otras áreas del saber del Derecho?

Que aprovechen la versatilidad de la profesión, pues hay muchas materias a las que uno se puede dedicar, y pueden elegir lo que más les agrade, lo que vayan a hacer con gusto, compromiso, entrega y dedicación; no sólo lo que sea motivado por un sueldo. Que sea algo donde puedan crecer, aportar ideas y generar cambios.

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Especial Mujeres

Voces Y pasaron 208, si no mal recuerdo, para que llegara la primera mujer a presidir la scjn.

Es un triunfo inigualable. Es un hito que cambiará la historia. La ministra Norma Piña ha llegado a ese cargo en un momento trascendental de nuestro país, de la política, social y culturalmente. Es una mujer que tiene todos los atributos para desempeñar el mejor de los papeles, pues es una ministra de carrera, conocedora, estudiosa, seria, honesta y, además, valiente.

Tenemos muchas expectativas sobre ella que sabemos se van a cumplir. Lo merecen el Poder Judicial y el país. Le deseamos el mayor de los éxitos. Su nombramiento fue muy bien recibido en todos los sectores de la sociedad. El hecho de que la llegada de la primera mujer a la presidencia de la Corte haya causado este revuelo positivo es un gran triunfo para nosotras.

“Hay muchos ejemplos en el caso de las mujeres, porque ellas suelen estar en desventaja, pero también hay casos en que a los hombres e les ha aplicado la perspectiva de género.

Es algo que beneficia a la sociedad en general.”

También les aconsejo que estén al día y a la vanguardia siempre, atentos a las cosas que suceden y que influyen en el sistema.

Y que adopten un criterio jurídico que les permita aceptar las innovaciones pero también criticarlas.

n ¿Los abogados son como médicos que atienden la salud social?

Viéndolo de esa manera, sí. El Derecho contribuye de manera muy importante a la armonía, a la paz pública y, sobre todo, a la solución de conflictos.

n ¿Regresaría a estudiar medicina?

Ahora ya no. En algún momento sí lo pensé; me producía ilusión salvar una vida, curar a una persona enferma, hacer que alguien dejara de sufrir por alguna situación de dolencia. Pero después de haber incursionado en el Poder Judicial y de haber visto todo lo que se puede lograr por una persona que pone en tus manos sus esperanzas, me di cuenta de que el Derecho es algo maravilloso.

n En diciembre la ministra Norma Piña Hernández fue electa presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué significa esto para usted?

Significa mucho. No sólo para mí, sino para las mujeres y la sociedad en general. Es un gran triunfo. La scjn como máximo tribunal, desde su creación hace 208 años, no había tenido a una mujer que la presidiera.

Para que llegara la primera mujer ministra a la Corte tuvieron que pasar 146 años.

18 abogacía Marzo 2023

n En la actualidad las estudiantes de Derecho tienen más ejemplos a seguir...

No sólo las estudiantes. También nosotras tenemos un ejemplo a seguir, un ejemplo de valentía, de tenacidad, de creer en una misma. Eso es lo que Norma nos está demostrando y estoy segura de que su actuación nos va a dar muchísimas más enseñanzas.

Hay que reconocer a los ministros y a las ministras por esta designación porque rompe las barreras que existían; hay que reconocer también que todos los candidatos que participaron en esta elección son muy capaces y que cualquiera de ellos habría hecho un excelente papel. Eso me queda clarísimo, porque además tengo el gusto de conocerlos a todos. n ¿Cree usted que habrá cambios importantes durante los próximos años?

Yo creo que cada presidencia tiene su sello, su etapa, su momento, su época. La Corte ha tenido sellos, momentos y épocas trascendentales. La llegada de la primera mujer a la presidencia de la Corte es algo que hace la diferencia. Lo único que se espera de la administración de justicia es independencia, autonomía, profesionalismo, estudio. Eso es lo que inspira confianza a la sociedad y lo que la sociedad demanda del Poder Judicial y estoy segura de que va a suceder. 7

Es imprescindible conocer y reconocer los tipos de violencia que existen en nuestra sociedad para poder combatirlos, ya que “lo que no se nombra, no existe”.

Nayeli Arlen Fernández Cruz

María Fernanda Gómez Luna

LA EXPRESIÓN MÁS CRUEL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO En un sistema patriarcal como el mexicano las prácticas culturales suelen enraizarse en las estructuras sociales y jurídicas del Estado y se manifiestan en diversas formas de violencia. María Fernanda Gómez Luna analiza en

este texto la violencia vicaria que se produce en las relaciones de parejas que tienen hijas e hijos.

20 abogacía Marzo 2023

Fotografía: Freepik

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M

éxico es una sociedad con un sistema patriarcal, donde persiste la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres, que numéricamente constituyen más de la mitad de la población del país. Los hombres se encuentran en una posición jerárquica superior que les permite tener control y dominio sobre las mujeres.

Y cuando se busca cambiar, se cuestiona o se ve amenazada esta estructura, se hace uso de un mecanismo conocido como violencia de género.

Cada vez más, diversos países han reformado sus leyes e implementado protocolos de actuación para erradicar la violencia vivida por las mujeres en sus cuerpos, sus mentes y sus derechos. Sin embargo, no son suficientes: ¿cómo proteger a las mujeres de sus agresores, si la sociedad invisibiliza el fenómeno, no nombra las variadas formas de violencia, y mucho menos reconoce su justa dimensión?

Al mismo tiempo que se han creado medidas para disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, también ha crecido la necesidad de hacer frente a un delito del que sólo se conocía su realización en la esfera privada de una familia: la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja, especialmente en una nueva modalidad que tiene lugar a través de todo aquello sobre lo que sienten cariño o apego, particularmente de su relación más vulnerable: sus hijas y sus hijos.

Inteligentemente, cuando existe una separación, el agresor sabe que ya no tiene derechos sobre su pareja, pero sí tiene una herramienta jurídica a su alcance: hasta la mayoría de edad conserva el poder y los derechos sobre sus hijas y sus hijos.

Es decir, el maltratador es consciente de que al lastimar a los hijos y a las hijas la madre recibe el daño del modo más cruel, razón por la cual los medios comisivos para continuar ejerciendo maltrato y violencia son los niños y las niñas, por quienes la mujer sería capaz de hacer o dejar de hacer lo que le pidan: callar, aguantar, tolerar y ceder; sin posibilidad alguna de actuar, porque, al no poder defender a sus personas más queridas, se conforma con asegurar el bienestar de sus descendientes.

En 2012, la española Sonia Vaccaro, psicóloga clínica, perita judicial y experta en violencia contra las mujeres, nombró a este fenómeno violencia vicaria, esto es, aquella violencia secundaria que afecta a una víctima principal, que es la mujer, a través de la acción de ejercer un daño a terceros.

Para tener más claro esto, el término vicario proviene del latín vicarius, utilizado como adjetivo, y que la Real Academia Española define como aquello que sustituye, reemplaza o toma el lugar de otra persona en la vivencia de una situación o de una cosa en el ejercicio de una función.

Hay que tomar en cuenta otras definiciones para tener un panorama más amplio.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) señala que la violencia vicaria es aquella en la que LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 21

El daño que se causa de manera despiadada produce sufrimiento, dolor y culpa.

Sin embargo, no sólo afecta a la mujer.

El agresor se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de los menores para menoscabar su integridad física y/o psicológica.

se utiliza a hijos, hijas y personas significativas para la mujer, como medio para dañarlas o infligirles sufrimiento y que generalmente se produce cuando las víctimas deciden terminar una relación o denunciar la violencia ejercida en su contra.

La Asociación para las Naciones Unidas en España define la violencia vicaria como “la expresión más cruel de la violencia de género”.

De manera detallada explica que la característica principal de esta violencia consiste en instrumentalizar a una persona e infligir acciones sobre ella para producir dolor en otra persona en concreto, que no es la misma contra la que se realiza la acción directamente, pero sí quien sufrirá sus consecuencias. Se trata de una “violencia desplazada”, mediante la cual se usa a los hijos y a las hijas como medio para llegar a un objetivo, que es la mujer.

El daño que se causa de manera despiadada produce sufrimiento, dolor y culpa. Sin embargo, no sólo afecta a la mujer.

El agresor se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de los menores para menoscabar su integridad física y/o psicológica, y son expuestos a un maltrato que afecta su desarrollo integral, que en algunos casos pone en riesgo su seguridad y, en una situación extrema, su vida.

Desarrollo La denuncia de estas conductas ha comenzado en varias entidades federativas. En 2020, la cndh recibió numerosas solicitudes de apoyo e intervención por parte de mujeres víctimas de violencia vicaria, de las cuales la mayoría ha interpuesto denuncias que no han sido escuchadas. Hemos llegado al punto en que 80 por ciento de las víctimas han sido separadas de sus hijos o sus hijas, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Violencia Vicaria en México.

Ante esta situación, el estado de Zacatecas aprobó la inclusión de la violencia vicaria en su legislación, y recientemente el Congreso del Estado de México la reconoció: “Dos estados de 32 evidencian la

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necesidad de seguir trabajando para que esta violencia se combata y erradique en todo el territorio nacional”.

Me remití a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Zacatecas, que en mayo de 2022 agregó la fracción octava a su artículo 9, el cual establece la violencia vicaria como medio comisivo de un delito y la define de la siguiente manera: “Cualquier acto u omisión, por parte de la pareja o ex pareja sentimental de una mujer, que inflija a personas con las que ésta tenga lazos de parentesco civil, consanguinidad hasta cuarto grado, o afinidad hasta segundo grado, un daño, menoscabo o sufrimiento de cualquier naturaleza, con el propósito de causar perjuicio o daño psicológico, patrimonial, físico o de cualquier otra índole a la mujer”.

Derivado de lo anterior, teniendo en cuenta que el término ya está siendo tipificado en otras leyes locales y con el fin de erradicar las consecuencias que se ocasionan a las madres, y a los menores, me atrevo a escribir estas palabras. Tengo la seguridad de que la lectura del texto en voz alta representará el grito de auxilio de las personas que forman parte del sector de la población afectado por violencia vicaria en la Ciudad de México.

Actualmente ya existen propuestas para introducir la violencia vicaria en el Código Penal para el Distrito Federal: reformar el artículo 200, del capítulo único, de violencia familiar, en su título octavo, texto que se modificaría de la siguiente manera: “A quien por acción u omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial, contra los derechos reproductivos, o violencia vicaria, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra de…”.

Con inspiración en la iniciativa realizada por la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, y en atención a la importancia de determinar las penas y las medidas de seguridad a través del lente de la perspectiva de género, propongo agregar un párrafo tercero, en el siguiente tenor: “Los modelos de atención, prevención y sanción

Especial Mujeres

que establezca la Ciudad de México para proteger a las víctimas de violencia familiar y violencia vicaria deben garantizar a las mujeres, las y los menores, su seguridad, el goce y el ejercicio pleno de sus derechos. Para ello deberán proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico, especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan la reparación del daño causado por dichas violencias”.

Para el correcto entendimiento del término incorporado al texto del artículo anterior es necesario agregar la fracción séptima al artículo 201, donde se definen los tipos de violencia utilizados como medio comisivo del delito. El texto modificado se podría apreciar de la siguiente manera: “Para efectos del presente capítulo se entiende por […] vii. Violencia vicaria. A todo acto u omisión realizado de manera consciente, contra otra persona, a través de un tercero o por interpósita persona, con el propósito de dañar psicológicamente o causar sufrimiento a la mujer con la que se mantiene, se ha mantenido o se pretende mantener una relación sentimental, con la intención de ejercer o continuar ejerciendo manipulación, control, dominación y violencia sobre ella”.

Conclusión Para concluir, es importante señalar que, a pesar de que este problema se ha visibilizado, tenemos que hacer una revisión urgente de nuestro ordenamiento jurídico, de su interpretación y de su tratamiento, siempre guiándonos por los principios de la perspectiva de género y del interés superior de la niñez, debido a que la violencia es un problema grave que repercute en todos los ámbitos de la vida de una persona.

Hay que recordar que la violencia no es una conducta aislada, sino la forma de un individuo de relacionarse con su realidad. En este caso, la violencia vicaria puede ser sólo el inicio de una serie de actos de agresión en contra de la mujer, las hijas y los hijos.

El hombre violento sabe que la ley lo ampara como padre, que sus hijos y sus hijas pueden fungir como un arma poderosa para continuar el maltrato, y que cuando los y las daña “asesta el golpe más fuerte a la mujer madre. Un golpe del que nunca se recuperará”. 7

Fuentes de consulta • Asamblea Legislativa del Distrito Federal (16 de julio de 2002), Código Penal para el Distrito Federal.

Gaceta Oficial del Distrito Federal. Recuperado de https://paot.org.mx/centro/codigos/df/pdf/2021/ cod_penal_df_26_02_2021.pdf. Consultado el 21 de enero de 2023.

• Estado de Zacatecas (2022), Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, México. Recuperado de https://www.congresozac.gob.mx/64/ley&cual=142. Consultado el 21 de enero de 2023.

• Fernández Cruz, Nayeli Arlen (28 de abril de 2022), Iniciativa que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, México. Recuperado de http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2022/04/asun_4362 121_20220428_1651184025.pdf. Consultado el 21 de enero de 2023.

• Fernández Cruz, Nayeli Arlen (8 de junio de 2022), Iniciativa por la que se reforman y adicionan disposiciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Violencia Vicaria, Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México. Recuperado de http://sil.gobernacion.gob.mx/ Archivos/Documentos/2022/06/asun_4368849_20220608_1654724606.pdf. Consultado el 21 de enero de 2023.

• Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, México. Recuperado de http://sil. gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=&Serial=af7e45fb29599c2b99c0be64e9797f22&Reg=10&Origen=BA&Paginas=100#8. Consultado el 21 de enero de 2023.

• Torres, Octavio (23 de junio de 2022), “¿Qué es la violencia vicaria contra las mujeres?”, Expansión Digital, México. Recuperado de https://politica.expansion.mx/sociedad/2022/06/23/que-es-la-violencia-vicaria. Consultado el 21 de enero de 2023.

• Vaccaro, Sonia (2019), ¿Qué es la violencia vicaria?, España. Recuperado de https://www.soniavaccaro. com/post/violencia-vicaria. Consultado el 21 de enero de 2023.

• Vaccaro, Sonia (2021), Violencia vicaria: un golpe irreversible contra las madres, Asociación de Mujeres Psicología Feminista, España, pp.10-11 y 61-68. Recuperado de https://psicologiafeminista.com/wp-content/uploads/AMPF-Informe_V_Vicaria-DIGITAL.pdf. Consultado el 21 de enero de 2023.

DESTEJIDO SOCIAL

Mercedes Janeth Soto

Se me caen las hebras, Me voy destejiendo punto por punto, Me voy deshilando frenéticamente Sin encontrar consciencia En la razón.

Soy la víctima juzgada, Que ornamenta el silencio De esta prenda Con la furia sus puños.

Soy lazos sin vínculos, Me desentiendo de su costumbre, Me desentiendo de sus manos Que me pinchan, Que me limitan en el molde, Que piden perdón con un ramo, Y me estrangulan Con promesas en la garganta.

María Fernanda Gómez Luna estudia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 23

Voces

Mateo Mansilla-Moya

Víctor Oléa:

Nuevo liderazgo en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados

24 abogacía Marzo 2023

Víctor Oléa Peláez es abogado postulante en materia penal y titular del Bufete Oléa y Asociados S.C., desde donde ha defendido importantes casos en las justicia mexicana.

En febrero tomó protesta como Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

A la luz de su nuevo encargo en la Barra

Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., pla-

ticamos con el abogado Víctor Oléa Peláez sobre la importancia de la colegiación en

México y sobre su plan de trabajo al fren-

te de uno de los colegios de abogados más importantes del país.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 25

Voces Cuál es su punto de vista sobre de la justicia penal?

Llevo muchos años en la postulancia en materia penal.

A partir de esa experiencia vital y constante me he percatado de manera directa y personal de las deficiencias y las cualidades del Derecho penal y de su ejercicio en nuestro atribulado país. En mi opinión, el nuevo sistema penal acusatorio y adversarial ha coadyuvado de manera determinante a una mejora de todo lo que es la práctica del Derecho penal.

Tenemos el sistema tradicional, el anterior sistema de justicia penal en México, cuya realidad es que nadie puede dudar de que estaba anquilosado, de que no había perspectivas a futuro que fueran viables.

Por eso la instauración del nuevo sistema a partir de 2008, que luego de su vacatio legis ya se aplica desde 2016 en toda la República mexicana y es muy esperanzador.

Aunque tiene cuestiones perfectibles, es mucho mejor que el anterior. Por lo tanto, tengo una buena expectativa de que todo lo que se refiere al ámbito penal mejore y paulatinamente se vaya perfeccionando durante los años que siguen. Son buenas noticias para el Derecho Penal. n ¿Qué opina sobre la discusión que hubo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la prisión preventiva oficiosa y de lo que resultó de eso?

En el seno de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, hemos tenido una gran preocupación y hemos sido muy proactivos en el tema de la prisión preventiva oficiosa, y también de la justificada. Desde luego, como colegio de abogados —lo digo también a título personal— somos enemigos de la prisión preventiva oficiosa por múltiples razones: es una pena anticipada, constituye una violación a la presunción de inocencia, es una violación a los derechos humanos.

Desde el punto de vista penitenciario no sirve para nada y en realidad se traduce en una venganza anticipada en contra de quienes están sujetos a un proceso penal. Por eso hemos luchado denodada y fundadamente para intentar que esto se resuelva. No es una discusión acabada. El tema todavía está sujeto a nuevos proyectos que deben abocarse a la tarea de eliminar esa figura.

En cuanto a la prisión preventiva justificada,

26 abogacía Marzo 2023

debe regularse de manera que no se preste a los abusos y las arbitrariedades a los que, lamentablemente, está sujeta. n ¿Qué opina sobre la colegiación obligatoria?

Desde luego esa ha sido una incesante lucha de la abogacía organizada en México. No necesaria ni exclusivamente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados sino, en general, ha sido un anhelo de todos de hacer realidad la colegiación obligatoria.

Durante muchísimos años se han hecho esfuerzos notables para establecer esta figura en el gremio jurídico; sin embargo, ha habido resistencias inconfesables para que no se concrete. En ese sentido, pienso que las autoridades no han ayudado a instituir la colegiación obligatoria, que ya existe en la mayoría de los países civilizados. ¿Por qué en México no? Es algo injustificado. Desde luego, nosotros debemos seguir luchando de manera inteligente para conseguirla a la brevedad, en beneficio de la sociedad. En general ha faltado una adecuada visión de Estado para entender que la colegiación obligatoria y la certificación de los abogados son en beneficio de la sociedad en general. n ¿Por qué es tan importante la colegiación obligatoria?

Porque implica: 1) un control de la profesión que sancione a quien incumpla con sus estándares éticos —hoy en día no hay consecuencias, no obstante que quienes pertenecemos a los diversos colegios de abogados en México estamos sujetos a procedimientos disciplinarios de la Junta de Honor o Junta Disciplinaria de cada colegio—; 2) la actualización jurídica continua y 3) la certificación. Lo anterior redundaría en una mayor seguridad jurídica para la sociedad porque habría una abogacía de más calidad y más respetabilidad. n Cuando fue vicepresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, ¿qué hizo?

Tengo una trayectoria de trabajo de más de 30 años en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Puedo afirmar que fui un barrista de a pie en los comienzos de mi ejercicio profesional. Después tuve la oportunidad —gracias a mi especialidad— de participar

en la Comisión de Derecho Penal, adonde fui invitado como subcoordinador, primero, y, después, durante dos años, como coordinador. Por cinco años fui secretario ejecutivo de la Defensa y, posteriormente, fui invitado a participar en varios consejos directivos, lo que me llevó a ser elegido segundo vicepresidente y luego primer vicepresidente, hasta que con motivo de ese cargo fui designado para dirigir el destino de la Barra Mexicana durante el bienio 2023-2025. n ¿Cuál es el futuro a corto, mediano y largo plazo de la Barra?

Yo tengo la certeza de que vienen tiempos mejores. La Barra ha cumplido su misión, sin duda. Tiene 100 años de haber perfilado y luchado por el Estado de Derecho, por la independencia judicial, por la subsistencia de la profesión. Yo creo que la historia de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados está ligada a la historia de México.

A futuro, tenemos que consolidarnos como la conciencia jurídica nacional, para lo cual debemos ser muy imaginativos, muy audaces, y trabajar mucho para que la abogacía organizada, en general, siga funcionando, y para que la Barra Mexicana, en particular, siga creciendo para constituirse en un referente de la abogacía a nivel nacional. n ¿Cuáles son sus planes para la Barra?

He considerado cerca de 20 ejes fundamentales, que he compartido con mis compañeros barristas, con el consejo directivo,

para tratar de mejorar el funcionamiento de la Barra.

El primero, sin duda, es la unidad. No podemos desconocer que en los últimos tiempos ha habido una serie de diferencias y divisiones que han generado la desmoralización de algunos barristas. Por este tipo de conflictos, en los que no quiero abundar, el primer objetivo es coadyuvar a la unidad de la Barra. Los verdaderos problemas están afuera; por eso debemos actuar con visión, con compañerismo, con espíritu de cooperación y de respeto. No podemos luchar contra los embates al Estado de Derecho, contra los embates a nuestra profesión, contra los ataques y las amenazas a la independencia judicial, si no estamos unidos en la Barra Mexicana. Creo que tengo el trabajo, los antecedentes, el estilo personal, para lograr consensos en el colegio y terminar de una vez por todas, de manera categórica, con cualquier diferencia que pudiera haber acontecido aquí. Mi objetivo es instituir reformas estatutarias que proyecten mayor democratización en el seno de la Barra para garantizar la participación de los barristas en nuestro colegio.

En la Barra hay un muy buen porcentaje de mujeres. Ya tuvimos una primera mujer presidenta, Claudia de Buen, y ya fue electa como primera vicepresidenta otra mujer: la reconocida y experimentada Ana María Kudisch, quien me sucederá en el cargo en dos años. Pero no debemos conformarnos con eso. Debemos reconocer que la mujer,

Durante muchísimos años se han hecho esfuerzos notables para establecer esta figura en el gremio jurídico; sin embargo, ha habido resistencias inconfesables para que no se concrete.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 27

Voces

A futuro, tenemos que consolidarnos como la conciencia jurídica nacional, para lo cual debemos ser muy imaginativos, muy audaces, y trabajar mucho para que la abogacía organizada, en general, siga funcionando. para entrar y mantenerse en la profesión, necesita apoyos fundamentales que estamos decididos a otorgar a nivel colegial: vamos a seguir luchando para que la mujer tenga mayor participación en nuestro colegio, para crear políticas que coadyuven a que tenga mejores condiciones para el ejercicio de la profesión y a que tenga un papel más importante en las decisiones jurídicas del país.

Otro de los ejes fundamentales de mi plan de trabajo es lograr que los jóvenes en la Barra tengan un papel más preponderante. Los jóvenes barristas son el futuro y el motor, no sólo de la abogacía en general, sino de la Barra en particular. Tenemos que motivarlos para que realicen un ejercicio profesional libre.

Por otra parte, he planteado un cambio de paradigma en cuanto a las funciones del consejo directivo. Tenemos que transparentar sus decisiones y crear mecanismos con

28 abogacía Marzo 2023

el objetivo de que sus trabajos se socialicen más hacia adentro de la Barra y, desde luego, también hacia afuera. Se ha constituido un consejo directivo plural, muy equilibrado, de una extraordinaria calidad, con gente muy experimentada, con gente joven, todos muy comprometidos con el colegio. Priorizaré el trabajo con las comisiones de Estudio y Ejercicio Profesional.

Asimismo, intentaré que al final del bienio tengamos presencia en todos los estados de la República y que consolidemos a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, como una barra nacional y no sólo de la Ciudad de México. Vamos muy bien, pues ya tenemos 22 capítulos que trabajan de manera estupenda y que han generado una afiliación muy importante. Pero tenemos que lograr presencia nacional.

No estamos ni podemos estar solos en el concierto internacional. Queremos duplicar nuestras relaciones bilaterales con

colegios de abogados de todo el mundo, en especial de Centro y Sudamérica. Creceremos de manera exponencial con base en mayor afiliación. Haremos un trabajo inteligente, imaginativo y audaz para lograrlo. Lograremos consolidarnos como una Barra socialmente responsable por medio de una sólida cooperación con la Fundación Barra Mexicana para ayudar a las personas más desfavorecidas.

Finalmente, tenemos que lograr que la Barra tenga mayor crecimiento tecnológico.

Hemos mejorado mucho en el transcurso de todos estos años, pero tenemos que ser todavía más audaces en relación con la tecnología. n ¿Qué distingue a la Barra de otros colegios de abogados?

Tenemos una extraordinaria relación con los otros dos más importantes colegios de México: la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Estamos muy unidos. Por eso juntos constituimos el Consejo General de la Abogacía Mexicana. En ese sentido yo no quisiera hacer una diferenciación porque somos colegios hermanos que trabajamos denodadamente por la abogacía. Sin embargo, sí quiero decir, con total convicción, que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, es la barra más grande, más prestigiosa y más importante de este país. 7

HACIENDA VISTA HERMOSA Km. 7 carretera Alpuyeca - Tequesquitengo, San José Vista Hermosa, Puente de Ixtla, Morelos, C.P. 62670

Teléfono: (734) 342 9040 www.haciendavistahermosa.com.mx

[ El notario responde ] A pesar de que en la práctica no es común el contrato de renta vitalicia, éste resulta de gran utilidad en determinados casos. En este texto la notaria Liliana Gutiérrez Robles distingue la renta vitalicia de otros contratos traslativos, presenta los casos en los que conviene celebrarlos y sus ventajas, así como lo que sucede en caso de incumplimiento del contrato o con la muerte de los contratantes.

Liliana Gutiérrez Robles

Utilidad práctica del contrato de renta vitalicia

L

a renta vitalicia es un contrato por el cual una persona (deudor) se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una o más personas determinadas, mediante la entrega de una cantidad de dinero, o de una cosa mueble o raíz, cuyo dominio se transfiere desde luego.

Esto quiere decir que el deudor se obliga a pagar la pensión a cambio del dominio de una cantidad de dinero, o de una cosa mueble o inmueble, por el tiempo que viva una o más personas determinadas. Se trata, pues, de un contrato aleatorio porque al momento de su celebración no se conoce el tiempo por el cual vivirá la persona y, por ende, el monto de las prestaciones que se pagarán.

30 abogacía Marzo 2023

Diferencias con otros contratos traslativos Compraventa a plazos. La compraventa es un contrato traslativo de dominio por el que una persona transmite la propiedad de un bien a cambio de un precio cierto y en dinero. La compraventa puede celebrarse bajo la modalidad “a plazos”, que implica que el comprador tiene a su favor un plazo para el pago del precio. En caso del fallecimiento del vendedor, la obligación de pagar el precio a cargo del comprador no se extingue, sino que tendrá que cubrirse a sus causahabientes. En cambio, en la renta vitalicia la pensión se cubre durante la vida de una o más personas determinadas, en cuyo fallecimiento se extingue la obligación.

Donación. La donación es un contrato traslativo de dominio por el que una persona transmite una parte de sus bienes (o un bien en específico) a otra persona a título gratuito. Esto es, no hay contraprestación, sino que la persona que transmite lo hace sin recibir nada a cambio. En todo caso, podría imponer alguna carga al donatario y, de ser así, se entenderá donado el excedente. En cambio, en la renta vitalicia la persona que transmite el bien será el acreedor de una pensión, ya sea durante su vida o la de un tercero, según se haya pactado.

Permuta. La permuta es un contrato traslativo de dominio por el que una persona transmite la propiedad o un bien a cambio de la propiedad de otro bien.

En la permuta necesariamente habrá Fotografía: Freepik

transmisión de propiedad de dos bienes que no sean dinero, de lo contrario estaríamos ante una compraventa (transmitir la propiedad de un bien a cambio de un precio cierto y en dinero).

Establecimiento de una renta vitalicia a título gratuito El Código Civil para la Ciudad de México (ccdf) también dispone en el contrato de renta vitalicia la posibilidad de establecer una pensión de manera gratuita, ya sea por donación o por testamento. Esto es, que sin dar a cambio un bien se puede celebrar un contrato en el que una persona se obligue con otra a pagar periódicamente una pensión sin recibir nada a cambio.

En el caso de la donación, sería una donación de una prestación periódica, la cual se extingue con la muerte del donante en términos de lo dispuesto por el ccdf en materia de contrato de donación.

En el caso del testamento, sería el establecimiento de un legado de pensión en términos de lo dispuesto por el ccdf en materia de sucesiones.

Casos en que conviene celebrar un contrato de renta vitalicia Es muy común que en la práctica se presente la voluntad de los padres de donar los bienes a sus hijos, siempre y cuando de manera periódica éstos les paguen una pensión hasta que fallezcan. En este supuesto no hay mejor alternativa que el contrato de renta vitalicia.

La renta vitalicia puede constituirse tratándose de una obligación ordinaria o bien para que esa pensión tenga la finalidad específica de cubrir alimentos. Lo anterior, también para evitar un doble pago de pensión.

Para la protección del deudor que estará pagando la pensión de manera periódica, no dependerá de la voluntad del acreedor para que le transmita la propiedad del bien, sino que, por ser un contrato traslativo de dominio, existe transmisión de propiedad desde su perfeccionamiento.

Forma del contrato de renta vitalicia El ccdf dispone que la forma de celebrar el contrato de renta vitalicia es por escrito, salvo que el objeto del contrato lo constituya un bien inmueble, en cuyo caso deberá de otorgarse en escritura pública cuando la ley requiera de dicha forma para su enajenación.

Ventajas del contrato de renta vitalicia La renta vitalicia, por ser un contrato traslativo de dominio, implica que el deudor adquiere la propiedad del bien. En caso de versar sobre un inmueble, la propiedad de éste se transmite al deudor una vez otorgada la escritura correspondiente, y previo pago de impuestos y trámites administrativos se inscribe en el Registro Público de la Propiedad de la ubicación del inmueble.

Con lo anterior, el deudor tendrá la propiedad sin limitación alguna; salvo que el pensionista fallezca dentro del plazo de 30 días a partir del otorgamiento del contrato, el cual en este supuesto será nulo si la pensión se estableció a su favor. ¿Qué sucede si el deudor no paga a tiempo las prestaciones?

Por el principio de autonomía de la voluntad se permite que el deudor garantice de manera real o personal el cumplimiento de la obligación de pagar la pensión. En este caso, el acreedor podrá demandar la rescisión del contrato si es que el deudor no constituye o conserva las garantías a las que se hubiere obligado.

Si no se hubiere otorgado garantía alguna, existe el principio de responsabilidad patrimonial, el cual implica que toda persona responde de sus obligaciones con todos los bienes que integran su patrimonio, el cual incluiría el bien que se transmitió por concepto de renta vitalicia.

En este sentido, está regulado en el ccdf que la sola falta de pago de las pensiones no autoriza al pensionista a demandar el reembolso del capital o la devolución de la cosa, sino únicamente tiene derecho a ejecutar judicialmente al acreedor y, en su caso, pedir el aseguramiento. ¿Qué sucede con el fallecimiento del pensionista?

Al fallecimiento del pensionista hay que distinguir dos supuestos: 1. Si la pensión se estableció durante su vida. Si se estableció durante la vida del pensionista, la obligación del deudor de pagar la pensión se extingue.

La

renta vitalicia es un contrato por el cual una persona (deudor) se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una o más personas determinadas 2. Si la pensión se estableció durante la vida de un tercero. Si se estableció durante la vida de un tercero, la obligación no se extingue y serán los nuevos acreedores los causahabientes del acreedor hasta el fallecimiento del tercero. ¿Qué sucede con el fallecimiento del deudor?

En el caso del fallecimiento del deudor, la obligación subsiste y se transmite a los herederos, la cual estará vigente hasta el fallecimiento de la persona a cuyo favor se instituyó la pensión. La propiedad del bien pasará de igual manera a los herederos del deudor. Por supuesto, todo a beneficio de inventario y para lo cual será necesario tramitar la sucesión del deudor.

Conclusión La renta vitalicia es un contrato que no es muy común en la práctica. Sin embargo, es de gran utilidad para los casos en que se quiere asegurar la transmisión de propiedad de un bien a cambio de una prestación periódica sin que constituya un precio cierto y en dinero durante la vida de una persona.

De este modo, el que transmite tendrá la seguridad de que durante el resto de su vida recibirá una prestación periódica y el deudor tendrá la certeza que será a cambio de un bien cuyo dominio se transmite desde luego. 7

Liliana Gutiérrez Robles es notaria 44 de la Ciudad de México.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 31

José Alejandro Zeind Chávez Marco Antonio Zeind Chávez

La necesidad de la teorización del Derecho corporativo en México: abordaje y alcances El Derecho corporativo es una materia compleja y de alto alcance. Su contenido se ve transversalizado por una serie de ramas jurídicas que lo cimientan y que le dan naturaleza y distinción a cada una de las transacciones en las cuales se involucra.

A pesar de esto, las instituciones de enseñanza del Derecho no dotan de contenido sustancial el estudio de la materia. Los doctores José Alejandro Zeind Chávez y Marco Antonio Zeind Chávez reflexionan sobre la urgente necesidad de seguir teorizando sobre el Derecho corporativo.

L

a enseñanza y la práctica del Derecho son, por sí, desafiantes. Como objeto de la ciencia jurídica, esta disciplina de las ciencias sociales presenta una serie de retos de distinto calibre y profundidad que van desde la determinación de un marco conceptual que permita entender

32 abogacía Marzo 2023

La Escuela de Derecho te enseña una cosa por sobre todas… cómo hablar sin decir absolutamente nada.

Krysten Ritter, en Bonfire los alcances de cada una de sus ramas hasta la precisa comprensión de éstas para una práctica basada en conceptos, pero guiada por realidades.

Con esta idea, hay que hacer notar que un vicio constante en la enseñanza del Derecho que impide una transmisión clara y precisa del conocimiento

jurídico es la manera en que se presenta la oferta curricular de muchas facultades y escuelas de Derecho en México, donde la carencia de sustancia en los contenidos de las asignaturas, la escasa claridad en la delimitación de sus alcances y la superficialidad en su construcción se han convertido en una norma

que ha permitido el exceso de programas académicos que basan su existencia en el apetito del mercado —los alumnos y los profesionales— sin llegar a entender las motivaciones detrás de la demanda de ese mercado. Esto es más notable cuando se está frente a materias que por su novedad o por

Fotografía: Freepik

su complejidad se convierten en objetos de interés para el mercado y, por lo tanto, en el bien comercializable de los centros de enseñanza jurídica, ya sean públicos o privados.

El Derecho corporativo es una de esas materias susceptibles de ofertarse de manera que el diseño de contenidos para su enseñanza adolezca de vicios, algunas veces evidentes y otras veces ocultos, lo que hace que se convierta en una causa de confusión para aquel alumno o profesional que requiere conocer y entender más acerca de esta disciplina del Derecho y que acude a los centros de instrucción formal, ya sea en forma de escuelas y facultades de Derecho o, en el más cuestionable de los casos, en forma de centros de estudio virtual tan presentes en número pero tan ausentes en calidad. Por eso, para salvar esta realidad, se requiere dar una estructura teórica al Derecho corporativo para crear elementos comunes de enseñanza, práctica y entendimiento en beneficio del alumno o profesional que requiere, sea por la razón que sea, aprender y comprender esta disciplina jurídica.

El Derecho corporativo no es Derecho empresarial ni Derecho de la empresa. Es más que eso. La práctica del Derecho corporativo no es de fácil abordaje. Como muchos de los desafíos ante los que se encuentra el profesional del Derecho, los que presenta la práctica jurídico-corporativa se caracterizan por dos circunstancias: complejidad y amplio alcance.

Ante un comercio de bienes y servicios que crece a una velocidad superior a la que el diseño y la creación de instituciones públicas, la legislación y la política pública pueden lograr, es la empresa, concretada en un individuo que comercia o en

una corporación constituida o en una unión de personas para comerciar temporalmente, la unidad que puede empatar contundentemente esa velocidad.

Incluso, puede imponer el ritmo del porvenir comercial. La práctica del Derecho corporativo es eso: velocidad ante lo complejo y trascendencia ante la amplitud de su alcance.

Frente a esta realidad, resulta inexorable proveer de un marco teórico común y constante al Derecho corporativo.

Un marco teórico que considere que esta rama del Derecho no es una disciplina autónoma hoy en México, pues: no cuenta con tribunales especializados, no tiene una doctrina de amplia exploración y desarrollo, su presencia en los planes curriculares de enseñanza superior es incipiente o inexistente, no disfruta de una legislación especializada que recoja en un solo cuerpo o en un número limitado de instrumentos las normas que habrán de gobernar su aplicación y su práctica.

Pero el Derecho corporativo sí es una disciplina que integra y que está integrada por disciplinas jurídicas, autónomas y no autónomas, que hacen que se confirme su complejidad y su largo alcance.

El Derecho corporativo, para entenderlo y practicarlo, debe comprenderse de manera vertical respecto de los pilares que lo sostienen y de manera horizontal respecto de las disciplinas que le dan naturaleza y distinción a cada una de las transacciones en las cuales se involucra.

Verticalmente, el Derecho corporativo halla sus cimientos en dos disciplinas: el Derecho societario y el Derecho transaccional. No obstante, no puede restringirse a estas dos columnas para ser practicado, sino que debe involucrar a otras

disciplinas según la naturaleza del asunto o el proyecto presentado. Así, horizontalmente, el Derecho corporativo se alimenta de muchas otras disciplinas que podrán ser tan numerosas como complejo o voluminoso sea el reto enfrentado y como específico sea el sector atendido, pues no es lo mismo la práctica del Derecho corporativo en una empresa de bienes que en una empresa de servicios; en una empresa del sector primario que en una empresa del sector terciario; en una empresa con actividades financieras que en una empresa con actividades inmobiliarias.

Precisamente ahí está el desafío: quien practica el Derecho corporativo debe contar con una visión periférica para entenderlo, comprenderlo y ejecutarlo de la manera esperada. El Derecho corporativo es amplitud, por definición.

En esa necesidad de teorización no se debe pasar por alto que esta disciplina debe enseñarse y practicarse a partir de esos dos planos: el vertical y el horizontal. Cuando se está ante la verticalidad del Derecho corporativo, el profesional del Derecho se encuentra ante la naturaleza misma de la materia: la que involucra al comerciante en su forma más concreta y formal: la sociedad mercantil, sin olvidar cualesquiera otras formas de hacer empresa en México. Es decir, se tiene el primer cimiento: el Derecho societario. Así, a un lado tiene presencia el otro cimiento, el que contiene todos los actos negociables que el comerciante hace para efectuar sus operaciones y que se concretan en actos jurídicos que revisten diversas formas: convenios, contratos, instrumentos de formación progresiva, entre otros. El segundo cimiento es el Derecho transaccional. Ante esta constante, donde el Derecho

34 abogacía Marzo 2023

corporativo ve aumentada su ya inherente complejidad, surge el plano horizontal, aquel que verá distintas disciplinas que, al involucrarse en la práctica del Derecho corporativo, darán el rasgo que distinguirá a cada asunto atendido por el abogado corporativo. De esta forma, disciplinas tales como el Derecho civil, el Derecho fiscal, el Derecho administrativo, el Derecho laboral, la propiedad intelectual, el Derecho ambiental, los mecanismos alternativos de solución de controversias, la contratación pública y las responsabilidades administrativas de las empresas, y muchísimas otras más, pueden dar a la práctica del Derecho corporativo un desafío y una dificultad, que cualquiera otra materia en su ejercicio aislado pudiera no tener.

La materia jurídico-corporativa es un concepto inacabado e inacabable. Su extensión y su profundidad dependerá de la necesidad planteada; por eso, como parte de la teorización que se propone y se requiere, se debe considerar que hay otras materias que pueden hacer un corte transversal a sus cimientos, caso por caso: el Derecho migratorio, el Derecho de energía, el Derecho inmobiliario, el Derecho sanitario, el Derecho de las telecomunicaciones e, incluso, el Derecho agrario pueden ser parte de lo que hace día a día un abogado corporativo. Aquí reside la complejidad de su práctica, en la cual, a partir de una disciplina jurídica que no es autónoma, se puede practicar el Derecho cubriendo una amplia extensión de terreno que estará ocupado por un cúmulo de disciplinas, autónomas y no, que están a la espera de ser parte de algo que se denomina Derecho corporativo.

Frente a la improbabilidad de autonomizar una disciplina que es excesivamente amplia, por definición y por naturaleza,

En esa necesidad de teorización no se debe pasar por alto que esta disciplina debe enseñarse y practicarse a partir de esos dos planos: el vertical y el horizontal.

Como muchos de los desafíos ante los que se encuentra el profesional del Derecho, los que presenta la práctica jurídico-corporativa se caracterizan por dos circunstancias: complejidad y amplio alcance. es fundamental que los centros de enseñanza tomen en cuenta los planos vertical y horizontal del Derecho corporativo para poder efectuar un proceso de enseñanza preciso pero realista y no arrogante y corto de miras como lo ofrecen en la actualidad, donde se habla mucho, pero se dice poco acerca de esta apasionante disciplina jurídica. Asimismo, es momento de que cualquier obra mexicana, escrita y seria, que teorice sobre el Derecho corporativo, exista en la estantería de las bibliotecas y las librerías de los centros de enseñanza y aprendizaje del país.

La práctica jurídico-corporativa crece cada vez más en las ciudades donde la actividad económica es constante y creciente. Lugares como la Ciudad de México y, en segundo plano,

Monterrey y Guadalajara, ven cómo la práctica de esta disciplina es común entre un número limitado de la comunidad de profesionales del Derecho; sin embargo, la teorización de la disciplina puede lograr que ciudades donde el Derecho corporativo es un concepto desconocido o poco entendido vean cómo surge el interés de los estudiantes y los profesionales del Derecho para su ejercicio, causando que se descubra una materia gratificante y rentable que se convierta en una opción profesional para ellos.

En un mundo de comercio ágil, la necesidad de tener un Derecho corporativo claro y entendible es una obligación y son los centros donde enseñamos y aprendemos Derecho los responsables de lograrlo. ¿Quiénes más podrían serlo? 7

José Alejandro Zeind Chávez es socio de la firma Zeind & Zeind y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Marco Antonio Zeind Chávez es socio de la firma Zeind & Zeind y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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Voces

Mario Moisés Mansilla-Moya

Solange Maqueo:

Protección de datos personales ¿En un contexto de acelerado desarrollo tecnológico, estamos legalmente preparados para los retos que implica la protección de datos personales en medios digitales? ¿Nuestras instituciones pueden solventar las posibles problemáticas que esto presente? Entre éstas, María Solange Maqueo Ramírez responde a cuestiones urgentes sobre la protección de datos personales.

María Solange Maqueo Ramírez es doctora en Derecho, Economía y Sociedad por la Universidad de Salamanca. Se dedica a la docencias y a la investigación en temas relacionados con Derecho, tecnología y datos personales en el Centro de Investigación y Docencias Económicas. donde dirige la División de Estudios Jurídicos. Es autora de diversas publicaciones en esas materias.

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Especial Mujeres

Qué es y por qué es importante la protección de datos personales?

Hasta hace algunos años la protección de datos personales no era muy conocida. En mi época de estudiante los datos personales no existían como un derecho; se vinculaban con la vida privada y con la no injerencia indebida de los medios de comunicación; sin embargo, en fechas recientes es un derecho que ha ido cobrando relevancia a nivel internacional y que se refleja en muchos ámbitos, no sólo en el normativo. En Iberoamérica ya hay leyes en la materia y preocupación de las personas sobre este tema.

Ahora ya interesa entrar a la configuración de cookies para rechazar lo que no conviene, saber qué está pasando con la información. Para la gente es un tema que poco a poco ha ido ganando espacio. Es evidente que lo anterior está asociado con el vertiginoso desarrollo tecnológico que necesariamente hace que la gente esté cada vez más expuesta. En ese sentido, creo que es relevante porque está conectado con la era digital. Hay una serie de cuestiones que hacen que las personas estén cada vez más preocupadas por su privacidad y por su información personal. n ¿Cómo se regula en México la protección de datos personales?

En México, actualmente, contamos con lo previsto en la Constitución: es un derecho humano reconocido en los artículos 6 y 16.

Además, nuestro sistema jurídico lo reconoce como un derecho autónomo al derecho a la vida privada. Tenemos dos leyes: la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados —una ley dirigida al sector público— y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares —una ley dirigida al sector privado—. En el ámbito del sector público cada entidad federativa ha legislado al respecto.

En nuestro país la salvaguardia del derecho a la protección de datos personales en el ámbito tecnológico es muy compleja, porque crea responsabilidad para depositar en todas estas corporaciones o empresas privadas la facultad de que sean ellas las que

decidan sobre los términos y las condiciones que garantizan los derechos humanos. n ¿La ley para regular el sector privado es suficiente para la protección de los datos personales?

Es importante mencionar que la ley que tenemos en la actualidad es de 2010. En su momento fue una ley de vanguardia que contenía los más altos estándares de protección de datos personales. Tuvo varios referentes internacionales para su construcción. Sin embargo, ya está desfasada, pues hay algunos derechos nuevos que no incorpora, como el de portabilidad de datos personales. Por otra parte, existen algunas cuestiones, como las cookies, que necesitan una regulación mucho más clara. El ámbito procedimental requiere ajustes. Ya lo hemos visto en las recientes resoluciones jurisdiccionales que ponen de manifiesto las lagunas que existen. El caso de la ley actual que regula el buró de crédito curiosamente deja fuera al sector privado, pues no le aplica la ley. Me parece que se requiere una revisión urgente. n ¿Cómo se podrían regular mejor las cookies?

Hay muy distintos tipos de cookies. Algunas son indispensables para el funcionamiento de las plataformas, sobre las cuales se puede hacer muy poco, más que saber que ahí están y para qué funcionan. Hay otro tipo de cookies que sí tienen efectos de rastreo y que recolectan la información personal para distintos efectos. Aquí la idea es que las personas tengan la posibilidad de rechazar las cookies que no son indispensables para el servicio. Es importante que haya esa distinción de tipos de cookies que permitan a los usuarios otorgar su consentimiento informado y segmentado con base en las finalidades para las cuales están diseñadas. n ¿A qué problemas nos estamos enfrentando en el tema de los datos personales y de la nueva tecnología?

Los retos que implica son muchos, incluidos de índole ética. Pero desde el punto de vista de los datos personales, la capacidad de obtener y tratar información de

carácter sensible puede tener efectos de manipulación. Esa información tiene que ser resguardada, cuidada, utilizada específicamente para las razones por las cuales fue recolectada. Pero el punto más delicado del asunto es que es información muy sensible que prácticamente puede hacer una radiografía de los pensamientos de las personas, colocándolas en situación de vulnerabilidad. n ¿Qué papel desempeña el inai en esta problemática?

El Instituto Nacional de Transparencia (inai) es un órgano regulador, específicamente de las actividades del sector privado. Al inai no sólo hay que verlo como un órgano sancionatorio, sino también como un órgano que tiene una labor muy importante en la prevención. Ha hecho un trabajo no sólo para concientizar a las personas sobre la importancia de sus derechos, sino también para capacitar a los responsables del tratamiento de los datos personales. Aunque creo que ahí hay muchísimo trabajo por hacer y es necesario poner atención en sectores específicos, altamente complejos, no sólo por su especialización —por ejemplo, el sector financiero, el sector salud, el sector educativo—, sino también porque la naturaleza de la información que manejan requiere un cuidado muy específico.

La legislación que tenemos fue vanguardista en su momento, pero ya la superó la realidad y es necesario que el órgano legislativo de nuestro país actúe en consecuencia. n ¿El inai podría complementar esa legislación?

Sí. Puede trabajar mucho y lo ha venido haciendo al emitir, por ejemplo, guías, directrices, estándares; al adoptar mejores prácticas, que a la larga las empresas hagan suyas para cumplir con el principio de responsabilidad y demostrar su interés por hacer bien las cosas, por cumplir con la norma. A esto debemos añadir los mecanismos de autorregulación de las compañías, las cuales pueden asumir políticas, códigos de conducta y acciones que les permitan avanzar sin necesidad de que la ley las obligue de manera directa. Esta puede ser una vía que no sustituye la vía normal, pero que LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 37

Voces permite subsanar y avanzar con la rapidez con que avanza la tecnología.

Hay un tema que se aborda muy poco pero que cada vez es más importante: las privacy-enhancing technologies, las cuales tienen la ventaja de usar a la tecnología como aliada para reforzar los mecanismos de protección de datos personales. n ¿Cómo se relacionan los datos personales con la violencia de género?

La violencia contra la mujer muchas veces se basa en el uso indebido de su información; por ejemplo, imágenes, fotos, videos, grabaciones.

De 2018 a la fecha ha habido reformas importantes que atienden la violencia digital contra las mujeres. Tenemos, por ejemplo, el caso de la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la que derivaron varias reformas en el ámbito penal para delitos cometidos en línea, como el acoso sexual y el hostigamiento. Aquí el tema de los datos personales es una herramienta adicional al ámbito penal.

La legislación que tenemos fue vanguardista en su momento, pero ya la superó la realidad y es necesario que el órgano legislativo de nuestro país actúe en consecuencia.

n ¿Qué tanto es una cuestión económica —la información personal me pertenece y nadie más tiene por qué recabarla y venderla a las empresas— y qué tanto es un derecho humano?

Esa es una pregunta muy profunda porque atiende a los orígenes del Derecho. Sin lugar a dudas, prevalece la cuestión económica, pues los datos personales adquieren un valor económico significativo, vinculado a la propiedad privada.

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Especial Mujeres

Uno podría cuestionarse hasta dónde está dispuesto a vender su información.

Muchas veces lo hacemos cuando descargamos una aplicación, supuestamente gratuita, aunque sabemos que la moneda de cambio de esa aplicación es nuestra información. Lo importante es que las personas tengan la posibilidad de saber qué están dando a cambio. Ese es quizás el punto relevante desde la perspectiva económica. n En el panorama político actual, ¿a qué retos se enfrenta el inai?

Hay desafíos de distinta naturaleza, empezando por su autonomía. Se trata de una autonomía de funciones, de objetivos, una autonomía técnica, de gestión, pues finalmente es una institución que depende del presupuesto público. En ese sentido, defender esa autonomía siempre va a implicar la necesidad de cuidar el ámbito de las funciones, más allá de los problemas de índole política que se pudieran enfrentar.

El inai es un organismo autónomo porque realiza funciones que requieren independencia respecto de la administración pública, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Claro, hay ciertas excepciones, pero la autonomía reside en eso y el gran reto del inai consiste en poder realizar su labor. No es una tarea sencilla porque en el fondo, a pesar de que es el garante de verificar que el gobierno realice funciones de manera transparente, lo cierto es que también tiene que trabajar de la mano del propio gobierno; por ejemplo, con las unidades de transparencia de cada una de las entidades públicas.

Se trata de fomentar un trabajo colaborativo más que de ruptura. El instituto no debe ser sólo un vigilante del gobierno, sino que debe trabajar de la mano con él porque muchas veces la opacidad de ciertos actos proviene de la falta de capacidad humana, no necesariamente de cuestiones políticas.

El inai siempre será un organismo incómodo debido a sus funciones de supervisor; eso es innegable. Pero la idea es trabajar de la mano con los demás poderes, con las demás entidades, con los demás órganos, para evitar problemas. Cada vez tenemos que ser más conscientes de que la función pública debe hacerse a sabiendas de que

se está bajo la lupa y que cualquier actividad se tiene que llevar a cabo de manera transparente. n ¿El gobierno no se ha visto superado en el tema de la protección de datos personales, sobre todo en el contexto de los hackeos?

Hay muy poca inversión en ciberseguridad y el presupuesto no es suficiente para evitar problemas como los hackeos. Esa es la verdad. Desde la perspectiva del inai y de los órganos garantes del Estado, lo cierto es que sí es un desafío mayúsculo que el instituto posea una unidad específica, técnica, informática, específicamente para la obtención, por ejemplo, de evidencia digital, de

reacción inmediata. Creo que ese es uno de los retos fundamentales que enfrenta hoy el inai. Pero sin duda uno de los mayores problemas sigue siendo el presupuestario.

No obstante, estar a la par respecto de la tecnología mundial tiene costos importantes y habría que priorizar ese asunto, pues se trata de uno de los aspectos más vulnerables a los que se enfrenta nuestro país. No hay que pensarlo únicamente desde el punto de vista individual, sino de la seguridad nacional. Ya pasó en Costa Rica, cuando los hackers paralizaron prácticamente todos los sistemas financieros y de seguridad. En ese sentido, México tiene que prevenir ese tipo de situaciones para evitar caer en un estado de indefensión. 7

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Sergio García Ramírez

La sentencia interamericana en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México (2022):

UNA DECISIÓN HISTÓRICA A finales del 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia para el Caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra el Estado mexicano. En enero se notificó el fallo al Estado. En este texto, el doctor Sergio García Ramírez nos presenta el marco en el que se produjo la sentencia, las características del caso contencioso y las implicaciones para los órdenes político y jurídico del país.

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i

El 7 de noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corteidh) dictó sentencia sobre un caso contencioso generado en México que ha motivado numerosos comentarios: Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, identificación que se hace, como es costumbre, a partir de los apellidos de una de las víctimas de graves violaciones analizadas por el Tribunal de San José. Aquéllas son los hermanos Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, además de familiares de éste.

La sentencia fue notificada al gobierno de México el 27 de enero de 2023. Este asunto merece los comentarios que ha suscitado y otros que seguramente llegarán, determinados por la importancia y la trascendencia que reviste para la jurisprudencia interamericana y para el orden jurídico mexicano.

De ahí la pertinencia de dedicar a esta resolución un artículo en abogacía, publicación que en un tiempo relativamente corto ha logrado atraer la atención del doble público al que se dirige: por una parte, los juristas que estudian y aplican el Derecho en sus múltiples especialidades, y por la otra, los lectores de otras actividades profesionales interesados en temas relevantes para nuestra vida política y jurídica, cada vez más intensa y compleja.

En este breve texto procuraré explicar de forma sencilla el marco en el que se produjo la sentencia mencionada, las características del caso contencioso sobre el que se dictó esa resolución jurisdiccional y las implicaciones que posee para nuestro orden político y jurídico, dos vertientes para la consideración del tema. El debate apenas ha comenzado y traerá consigo consecuencias y conclusiones de notable relevancia que

obligarán a examinar la posición de México fronteras adentro y fronteras afuera: el énfasis sobre los derechos humanos y las implicaciones de esta sentencia con respecto a los compromisos internacionales de nuestro país y a su proyección sobre el orden jurídico interno.

Queda pendiente otro proceso, en el que aún no se ha dictado sentencia, a propósito de violaciones en el sistema procesal mexicano, tema que volveré a mencionar al final de este texto. Me refiero al caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, planteado por la Comisión Interamericana a la Corteidh el 6 de mayo de 2021.

ii

El Derecho internacional de los derechos humanos llevó adelante una verdadera revolución a propósito del papel del ser humano en el escenario internacional, del que se mantuvo prácticamente alejado hasta el siglo xx, y de la misión que compete a la humanidad —y a los Estados del sistema jurídico internacional— en la tutela de los derechos básicos que acogen y protegen la dignidad humana, un concepto central del régimen constitucional e internacional de nuestro tiempo.

A partir del Derecho internacional de los derechos humanos ha sido posible y necesario “releer” y “reescribir” todas las ramas del orden doméstico para ajustarlas a los imperativos del sistema mundial y regional. En un primer tiempo, los derechos alojados en declaraciones y constituciones nacionales migraron al Derecho internacional y consumaron una internacionalización del Derecho constitucional; en un segundo tiempo, el frondoso Derecho internacional informó la normativa doméstica hasta formar lo que el ilustre jurista argentino Néstor Pedro Sagüés denomina

las “constituciones convencionalizadas”, esto es, el proceso de constitucionalización del Derecho internacional.

Los seres humanos contamos hoy con un estatuto de doble fuente: primero, el acervo de derechos y libertades oriundo de las mejores tradiciones humanistas internas (en México, las provistas por el constitucionalismo patrio de los siglos xix y xx), y segundo, el rico conjunto de derechos y libertades aportados por el orden jurídico internacional que ingresa al interno a través de diversos “puentes”, entre ellos, el constitucional y el jurisdiccional. Así se observa en las leyes supremas de la segunda mitad del siglo xx que han florecido en América Latina —por ejemplo— y en el artículo 1º de la Constitución mexicana derivado de la gran reforma de 2011.

Actualmente, México es Estado parte en un gran conjunto de tratados internacionales acerca de derechos humanos (o sobre otras materias, que incluyen derechos de esta naturaleza), entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (cadh), de 1969, a la que nuestro país se adhirió el 24 de marzo de 1981. Como se sabe, hubo analistas —y los hay todavía, en número decreciente— que objetan este género de instrumentos con base en una supuesta mengua de la soberanía de las naciones que los suscriben.

Obviamente, nuestro país no ha prescindido de sus atribuciones soberanas al suscribir y ratificar esos tratados o adherirse a ellos; por el contrario, ha ejercido su soberanía en la dirección más conveniente para la orientación tutelar del ser humano inscrita en el constitucionalismo nacional. De esta suerte, no hay ni debe haber conflicto entre ambos hemisferios del sistema jurídico, sino firme y profunda

coincidencia. ¿Qué prevalece?

Sin duda, la dignidad humana y los derechos y las libertades que le brindan mayor y más amplia protección.

En este mismo sentido, México ha reconocido la existencia (y contribuido a ella) de diversos órganos supervisores del cumplimiento de los deberes del Estado en materia de derechos humanos, o, dicho de otra manera, custodios de la vigencia y la eficacia de aquellos derechos, reclamables por sus titulares: los seres humanos.

Hay órganos supervisores jurisdiccionales y no jurisdiccionales, previstos por los tratados de los que México es parte.

No pretendo ir más lejos en el examen de este nuevo universo de personajes del sistema internacional. Para los fines de este artículo, me basta con recordar la existencia de una Comisión Interamericana (órgano de la Organización de Estados Americanos, que no tiene naturaleza jurisdiccional) y una Corte Interamericana (genuino tribunal), que cuentan con atribuciones para atender asuntos concernientes a los derechos humanos en nuestro país.

El 16 de diciembre de 1998 México aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y asumió una nueva posición, de la que no se ha separado, ante el orden internacional de los derechos humanos. Me remito a lo que expongo en el libro (en coautoría con Mauricio del Toro) México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Decisiones, transformaciones y nuevos desafíos (unam, iij/Porrúa, 2015).

Esa nueva posición se adoptó en términos muy amplios, que abarcan todos los casos relativos a la interpretación o la aplicación de la cadh (con la salvedad del artículo 33 constitucional

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—expulsión de extranjeros—, norma que fue reformada en 2011). La decisión adoptada por nuestro país implicó que la Corteidh pudiera conocer de demandas (o sometimientos de casos) sobre violaciones a derechos humanos cometidas por agentes u órganos del Estado mexicano y dictar sentencias a este respecto, como ha ocurrido en 10 casos. El más reciente es el litigio Tzompaxtle Tecpile, cuya sentencia se produjo en 2022. En el primer caso presentado a la Corte (Alfonso Martín del Campo), ésta se declaró incompetente y archivó el expediente, y en otros dos casos (Trueba Arciniega y otros y García Cruz y Sánchez Silvestre) homologó el acuerdo de solución amistosa celebrado entre las víctimas y el Estado.

Las sentencias no son meras exhortaciones a la buena voluntad del Estado, cuyo cumplimiento quede sujeto al arbitrio de éste, sino mandamientos judiciales imperiosos que el Estado debe atender y cumplir.

Así lo indica la cadh. El carácter imperativo de esas sentencias internacionales (también calificadas como supranacionales) ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el famoso caso Radilla, que trajo consigo un giro mayor en el rumbo y el alcance de la jurisprudencia, ampliamente conocido y en general aceptado en nuestro país. He analizado las implicaciones del caso Radilla en el libro (en coautoría con Julieta Morales Sánchez) Constitución y derechos humanos. La reforma constitucional sobre derechos humanos (unam, iij/Porrúa, 2019).

En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal de única instancia para la interpretación y la aplicación de la Convención Americana (y de otros tratados regionales).

Así lo disponen explícitamente el Pacto de San José y el Estatuto de la Corte, ambos adoptados por México y vinculantes para

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nuestro país. En consecuencia, las sentencias dictadas por el Tribunal de San José vinculan a todas las autoridades del Estado, que deben atenderlas y cumplirlas en sus términos. En mi concepto —coincidente con otros autores—, las opiniones consultivas emitidas por aquel tribunal poseen la misma fuerza imperiosa, porque también son interpretaciones oficiales y supremas del tratado internacional.

iiI

Hasta aquí me he referido, con la brevedad que ofrecí, al papel del Derecho internacional de los derechos humanos —que incluye las sentencias aludidas— en el orden jurídico interno. Voy ahora al marco nacional del arraigo y la prisión preventiva oficiosa y a la reciente sentencia dictada por el Tribunal Interamericano en el caso Tzompantle Tecpile.

Esta resolución se refirió a aquellas figuras, recogidas desde hace varios años en la Constitución mexicana y en otros ordenamientos internos: temas que han sido objeto de arduos debates cuyo eje es el cumplimiento —o no— de principios, normas y criterios del sistema tutelar de los derechos humanos.

Aludo al denominado “arraigo” en procedimientos penales (una medida restrictiva o, mejor dicho, privativa de la libertad del presunto responsable de un hecho delictuoso) y a la “prisión preventiva oficiosa” en el curso de esos procedimientos (que igualmente afecta la libertad personal antes de que se dicte sentencia contra el imputado, a quien nuestra Constitución protege, paradójicamente, con una “presunción de inocencia”).

La versión del arraigo que ahora comento constituye una desafortunada aportación de la controvertida Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 1996. Desde esa fecha cuestioné a fondo y constantemente la figura del arraigo, como señalé

en mi libro Delincuencia organizada. Antecedentes y regulación penal en México (unam, iij/ Porrúa), cuya primera edición data de 1997, inmediatamente después de la emisión de aquella ley. Sostuve que el arraigo es “una flagrante detención que contraviene los principios del procedimiento penal que informan los artículos 11, 16 y 19 constitucionales” (en los términos vigentes entonces).

Desde esa época he llamado al arraigo el “bebé de Rosemary” (como lo califiqué en varios artículos publicados en Excélsior: “El bebé de Rosemary”, 25 de abril de 1996, y “¡El bebé de Rosemary ya nació!”, 14 de noviembre de 1996). Me valí del título de una película de Roman Polanski en la que el demonio engendra

arraigo tuvieron una “ingeniosa ocurrencia”: si aquella figura era inconstitucional, el remedio para purgar ese vicio consistiría en incorporarla a la Constitución.

Así se hizo, con inmenso desacierto. La promesa implícita o explícita en estas maniobras legislativas era que el arraigo —medida con tufillo fascistoide, que ha subsistido— contribuiría a contener el incremento de la delincuencia organizada. De sobra sabemos que no ha sido así: la criminalidad ha crecido desmesuradamente, en cantidad y en gravedad.

La criminalidad avanzó —y lo sigue haciendo— sin que el Estado mexicano supiera o pudiera adoptar una estrategia verdadera y eficaz —por racional— para enfrentarla.

La criminalidad avanzó —y lo sigue haciendo— sin que el Estado mexicano supiera o pudiera adoptar una estrategia verdadera y eficaz —por racional— para enfrentarla.

La condena llega tarde, pero llega al fin. una criatura en el vientre de una mujer con el propósito de poblar el mundo con una nueva especie infernal. Comparé este objetivo diabólico con las posibles consecuencias del arraigo previsto en la ley de 1996, que se difundiría —dije hace casi un cuarto de siglo— contaminando el sistema procesal penal mexicano, que se había desarrollado bajo un signo liberal (normativamente, subrayo). En efecto, hubo esa difusión.

Inicialmente, nuestra Suprema Corte de Justicia la Nación advirtió la inconstitucionalidad del arraigo. Enfrentados a este justo criterio del más alto tribunal, los favorecedores del

En 2008 se practicó una gran reforma constitucional en el procedimiento penal, influida por vientos del sur y del norte.

Esa reforma, cuyos rasgos esenciales fueron proclamados en 2007, incluyó progresos muy apreciables, pero también novedades y retrocesos de carácter autoritario, absolutamente injustificados.

Vayamos enseguida a la prisión preventiva. Conviene recordar que esta forma de privación de la libertad —una figura siempre controvertida— fue aceptada desde hace tiempo como medio para asegurar (cautelarmente) la marcha de un procedimiento penal. El clásico César Beccaria

reconoció que la preventiva es una pena que precede a la declaración del delito.

Tomando en cuenta la contradicción que entraña con respecto a los principios del sistema penal liberal, la preventiva se toleró solamente en supuestos que pudieran conferirle racionalidad y necesidad: riesgo de sustracción del imputado a la acción de la justicia, peligro de alteración o destrucción de pruebas, posibilidad cierta de agresión a la víctima o a los participantes en el proceso.

Obviamente, no se admitió como “medida de rutina” en el procedimiento penal, sin datos que la justificaran. Fue así que se reguló una modalidad de prisión preventiva ponderada o razonada. La ponderación y el razonamiento corresponden al Ministerio Público que solicita la restricción de la libertad y al juez que la autoriza.

Por supuesto, he criticado la prisión preventiva oficiosa, exenta de la ponderación que debe operar en cada caso en que se aplica la medida. Analicé el punto en una obra titulada La reforma penal constitucional (2007-2008). ¿Democracia o autoritarismo? (Porrúa, México, 2016), cuya primera edición salió en 2008, cuando fue publicada la reforma constitucional.

Esta privación casi automática de la libertad prescinde de la justificación que debe aportar el Ministerio Público y de la apreciación que debe aplicar el juzgador para disponer una privación cautelar de la libertad. Basta con que se señale al sujeto como “presunto culpable” de determinados delitos para que se le prive inmediatamente de la libertad. Semejante criterio desviado llena las prisiones de “presos sin condena”.

En el examen sobre la propuesta de reforma constitucional de 2007, luego convertida en reforma de 2008, acepté —sin duda— que el sistema procesal

penal debía ser reformado para bien de la justicia, pero indiqué, como muchos comentaristas, que la reforma no debía incluir ciertos errores o atropellos planteados en el proyecto.

Para sustentar gráficamente este punto de vista acudí a otra figura (como lo había hecho en 1996 al examinar la Ley contra la Delincuencia Organizada: “bebé de Rosemary”). Dije que la reforma era una suerte de vaso de agua potable, cristalina, fresca, que México necesitaba, pero que en ese vaso una mano oscura había deslizado gotas de veneno. Con esta figura me referí al arraigo “constitucionalizado” y a la prisión preventiva oficiosa, la privación de dominio y el aligeramiento de las garantías procesales para justificar la intervención persecutoria del Estado. Las gotas de veneno alteraron las bondades del proyecto.

Siguiendo el rumbo del desacierto cometido en 2008, una reforma constitucional de 2019 —que trajo otros tropiezos, que no examinaré ahora— llevó a fondo la preventiva oficiosa: lejos de corregir el error, amplió gravemente la aplicación de esta medida, flagrantemente violatoria de los derechos humanos.

De nueva cuenta cuestioné la reforma de 2019 en las páginas de un libro que apareció en ese mismo año: Seguridad y justicia penal. Plan nacional y reforma constitucional. El difícil itinerario hacia un nuevo orden, unam, iij/ Porrúa, Mexico, 2019).

iv

Expuesto lo anterior acerca de la jurisdicción interamericana tutelar de los derechos humanos y de los yerros del procedimiento penal mexicano, con quebranto de esos derechos, paso a referirme a la sentencia del Tribunal de San José que suscitó mis reflexiones. Ya dije que la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano como responsable de la violación de

derechos humanos en el caso Tzompaxtle Tecpile. Para emitir esa condena —esperada y merecida— la Corte reasumió su invariable jurisprudencia previa a propósito de la libertad personal y el debido proceso.

En el centro de las reflexiones de la Corte surgieron los dos tropiezos gravísimos a los que me he referido en los párrafos anteriores: el arraigo, aclimatado en 1996, y la prisión preventiva oficiosa, establecida en 2008. En sus consideraciones condenatorias, el Tribunal de San José trajo a cuentas las mismas razones que los críticos de dichos tropiezos hemos esgrimido a lo largo de varios lustros. La condena llega tarde, pero llega al fin.

Como señalé antes, el Estado mexicano ha recibido varias sentencias condenatorias desde que aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en 1998. La gran mayoría de los hechos considerados en aquéllas se ha referido a la extrema violencia desplegada por agentes del Estado. En algunos casos las víctimas han sido mujeres o niñas e indígenas. En Tzompaxtle Tecpile, la violencia estatal se volcó en contra de personas a las que se calificó de terroristas y que finalmente fueron absueltas al cabo de los procesos y las privaciones de libertad, asociadas a otros

sufrimientos. Dos víctimas del caso Tzompaxtle son originarias del pueblo indígena náhuatl.

Me referiré a los hechos planteados ante la Comisión Interamericana, que llevó el caso a la Corte de San José, y atendidos por este tribunal en la sentencia que motiva el presente artículo. En el capítulo de hechos, el Tribunal Interamericano alude al marco normativo mexicano en materia de arraigo y prisión preventiva, marco que contiene las violaciones que he mencionado supra y que deberán ser corregidas por las instancias legislativas competentes. Asimismo, la Corteidh señaló que las víctimas fueron detenidas el 12 de enero de 2006 por una patrulla de la policía que encontró en el vehículo de aquéllas algunos elementos que consideró indiciarios de la comisión de un delito. La policía interrogó a los detenidos y los mantuvo incomunicados durante dos días.

Posteriormente se decretó el arraigo de los detenidos, quienes fueron trasladados a una casa de arraigo de la procuraduría de la Ciudad de México, donde quedaron confinados durante más de tres meses. El Ministerio Público ejercitó acción penal y se emitió auto de formal prisión por el delito de terrorismo, comprendido en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Los

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imputados quedaron en prisión preventiva durante dos años y medio, aproximadamente.

El 16 de octubre de 2008 se pronunció sentencia absolutoria en lo que respecta al terrorismo y condenatoria en lo que toca al delito de cohecho cometido por los mismos imputados que intentaron sobornar a los oficiales que los detuvieron. El tribunal consideró que la pena por cohecho se encontraba “compurgada” y ordenó la inmediata libertad de los sentenciados. De esta suerte

fines de investigación: detener para investigar. En efecto —como se dijo constantemente en México desde 1996– , el arraigo vulnera los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia de la persona arraigada. La suma de esas violaciones quebranta frontalmente el debido proceso y vulnera el acceso a la justicia. Hubo oídos sordos a estos señalamientos.

El arraigo pugna con la Convención Americana —y con otros instrumentos del Derecho internacional de los derechos

el análisis casuístico de ésta que permitiría optar por restricciones menos lesivas para el imputado. Las normas cuestionadas disponen la aplicación de la preventiva oficiosa en varias hipótesis de delitos graves, sin estudiar las circunstancias particulares del caso. Por todo lo anterior, esa normativa viola el citado artículo 2 del Pacto de San José y quebranta otros preceptos del mismo instrumento: 7 (derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente y al control judicial de la privación

concluyeron las vicisitudes del cautiverio.

Ahora bien, la sentencia no se reduce a esas vicisitudes y a sus consecuencias sobre la integridad física y psicológica de los detenidos, y al derecho a la vida privada. Va más lejos: analiza y condena al Estado por la emisión y la aplicación del arraigo y la prisión preventiva, es decir, cuestiona el orden jurídico procesal mexicano, a partir del peldaño constitucional, no sólo los abusos cometidos al aplicarlo.

Ese orden jurídico forma parte de los “hechos” analizados por el Tribunal Interamericano.

En cuanto a la figura del arraigo, la sentencia de la Corte idh rechaza rotundamente esta medida preprocesal restrictiva de la libertad, que opera con

humanos— y merece el intenso reproche que formula el Tribunal de San José, fundado en la vulneración de varios artículos de aquella Convención: 2 (sobre adopción de medidas consecuentes con el respeto y la garantía de los derechos humanos), 7 (que reprueba la privación arbitraria de la libertad y consagra el control judicial y la duración razonable de la prisión preventiva) y 8 (en torno del derecho a ser oído, a beneficiarse con la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo).

Por lo que toca a la prisión preventiva, la Corte destaca que las disposiciones legales aplicadas a las víctimas no son consecuentes con las finalidades de esa medida cautelar ni prevén

de libertad en el marco del procedimiento penal) y 8 (presunción de inocencia).

Desde luego, la sentencia dictada por la Corte en el caso Tzompaxtle Tecpile examina con detalle y rigor los conceptos de violación en que se funda la condena y alude a otras violaciones cometidas en agravio de las víctimas. Una vez probadas las violaciones (porción declarativa de la sentencia), el tribunal entra al capítulo de las reparaciones (porción condenatoria), que en este caso reviste una notable importancia.

La sentencia de la Corteidh va más allá de las medidas reparatorias de carácter ordinario —que son relevantes, por supuesto, y que figuran en la jurisprudencia constante de

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aquélla—, y también avanza hacia la corrección de la fuente de las violaciones —que son, per se, vulneraciones de derechos humanos— radicada en disposiciones procesales internas del más alto rango: normas que figuran, como hemos dicho, en la ley fundamental de la República. Las medidas acogidas en este punto reprueban la emisión de leyes violatorias de derechos y evitan la repetición de actos de esa naturaleza.

Cuando la Corte de San José ordena al Estado dejar sin efecto las normas relativas al arraigo preprocesal, como se entiende en México, y adecuar su ordenamiento interno relativo a la prisión preventiva, está disponiendo que se lleven a cabo reformas constitucionales de gran relevancia, que durante mucho tiempo han rechazado los gobiernos en turno aduciendo motivos de seguridad pública. No será sencillo el cumplimiento de la sentencia en este extremo —que es el punto esencial de la condena al Estado—, pero ese cumplimiento reorientará el enjuiciamiento penal y pondrá término a errores y desvíos constantemente denunciados.

Aquí nos hallamos, pues, ante una condena esperada y justificada, que pondrá a prueba la verdadera voluntad del Estado mexicano de gobernar sus pasos a la luz de los derechos humanos. No es este el único caso en los anales del Tribunal de San José en que se ha dispuesto la reforma de una norma constitucional. Fue ejemplar, en su hora, la sentencia en el caso La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, del 5 de febrero de 2001, puntualmente cumplida por el Estado chileno.

De ahí la gran importancia política y jurídica de la sentencia dictada por la Corte

Interamericana en el caso Tzompaxtle Tecpile y de su debido cumplimiento por el Estado.

Será un asunto paradigmático para el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, en su conjunto, hito histórico del que derivarán nuevos avances en una dirección consecuente con la dignidad del ser humano. Habrá que observar, muy de cerca, ese cumplimiento indispensable.

Desde luego, también deberemos mantener la atención en el otro litigio internacional relevante acerca de arraigo y prisión preventiva arbitraria, sobre el que aún no se había dictado sentencia en el momento en que elaboré este artículo: caso García Rodríguez y Alpízar Ortiz vs. México, que ingresó a la Corte Interamericana el 6 de mayo de 2021 y cuya audiencia pública se realizó el 26 de agosto de 2022.

Agregaré que el escrito de sometimiento a la Corte del caso García Rodríguez y Alpízar Ortiz, remitido por la Comisión Interamericana el 6 de mayo de 2021, vuelve a poner énfasis en el marco jurídico procesal que he comentado en este artículo.

La comisión manifiesta que “la figura del arraigo (aplicado a las presuntas víctimas) constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar, y por lo tanto una

privación de libertad arbitraria y violatoria del principio de presunción de inocencia. Asimismo, [la comisión] concluyó que la prisión preventiva posterior al arraigo, la cual se extendió por 17 años, resultó arbitraria, ya que tuvo efectos punitivos, constituyendo una pena anticipada, sin contar las víctimas con un recurso efectivo que analizara su razonabilidad conforme a sus fines procesales”. 7

Sergio García Ramírez es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, antiguo profesor de la Facultad de Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es consejero editorial de abogacía.

Para leer

Para acceder al libro:

Sergio Alonso Rodríguez

DEL DERECHO HUMANO Y FUNDAMENTAL A LA ALIMENTACIÓN. ANÁLISIS, EXIGIBILIDAD EFECTIVA Y JUSTICIABILIDAD Sin duda alguna, dentro del inmenso océano de la literatura jurídica que existe en nuestro país –que abarca desde la pequeña obra monográfica hasta los más importantes y extensos tratados de reconocidos juristas que aparecen diariamente en los estantes de las diferentes librerías nacionales–, en el ámbito del foro jurídico y de la academia mexicana e internacional es muy común que se vea con cierta indiferencia la publicación de estudios que versan sobre temas que, en ocasiones, se llegan a calificar como de poca importancia, pero cuyo objetivo, aparentemente modesto, ha llenado grandes vacíos que ni los trabajos de investigación de nuestros grandes constitucionalistas han conseguido abordar y construir adecuadamente.

Uno de estos estudios es Del derecho humano y fundamental a la alimentación. Análisis, exigibilidad efectiva y justiciabilidad, de Ulises Flores Sánchez, maestro en Derecho constitucional y amparo. Este libro tiene como objetivo lograr una verdadera exigibilidad judicial y justiciabilidad directa de los “derechos

sociales” que son identificados en el ámbito internacional de los derechos humanos con la terminología de “derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” (desca), o también como derechos de “igualdad”, los cuales tienen por objeto situar al ser humano en un mejor contexto de vida, en específico al derecho a la alimentación de las personas vulnerables en situación de calle o indigentes.

Contrariamente a lo que suele afirmarse, la propia naturaleza jurídica de los desca obliga a los Estados a su inmediato cumplimiento; por ejemplo, entre de los referidos derechos sociales, sin duda alguna se torna de gran importancia la gran problemática que se genera debido a la falta de exigibilidad judicial y justiciabilidad directa del derecho a la alimentación, toda vez que una séptima parte de la humanidad sufre hambre crónica, pobreza extrema y marginación. _______

Ulises Flores Sánchez Tirant lo Blanch 2022

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 45

Mariana Yamile Cruz Ibarra

Género

y reparación del daño al proyecto de vida Los juzgadores tienen que tomar en cuenta el impacto diferenciado que tienen las normas en las mujeres al momento de pensar en la reparación del daño al proyecto de vida ocasionado por la comisión de delitos de los que son víctimas. Mariana Yamile Cruz Ibarra expone por qué, para que se logren en el proceso penal medidas de reparación justas e integrales, también debe compensarse el daño que se cause al proyecto de vida de la víctima.

46 abogacía Marzo 2023

Fotografía: Freepik

Especial Mujeres

E

l derecho fundamental de las víctimas a la reparación integral del daño ha tenido un vasto desarrollo en el proceso penal acusatorio. Lo anterior se hace latente al observarse que en la Constitución política —en su artículo 20, apartado A— se establece la reparación de los daños causados por el delito como uno de los principios que regirán el proceso penal. También en la Ley General de Víctimas, reglamentaria del mismo artículo 20, se prevé el derecho de la víctima a que se le repare el daño de forma expedita, proporcional y justa.

Sin embargo, algo que se debe resaltar es que para que sea acorde al derecho humano de acceso a la justicia sin discriminación, dicha reparación del daño debe hacerse desde una perspectiva de género; es decir, deben tomarse en cuenta las relaciones asimétricas de poder que pueden existir por razones de género entre la víctima y la persona responsable penalmente, para entonces buscar una reparación que sea justa e igualitaria en un contexto de desigualdad. El propósito del presente artículo es exponer por qué, para lograr en el proceso penal medidas de reparación que sean justas e integrales, también debe compensarse el daño que se cause al proyecto de vida de la víctima.

Lo primero que debe establecerse es que la obligación de reparar el daño desde una perspectiva de género tiene su fundamento en diversos instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. A nivel internacional, desde la ratificación en 1998 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado mexicano tiene la obligación de establecer los mecanismos judiciales necesarios para asegurar que

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 47

DECONSTRUCCIÓN Mercedes Janeth Soto

Mis huesos se cuajan dentro del dolor. me duelen cuando veo a las hormigas construirme al paso de su obra; cuando el viento canta el temple de mi sexo, cuando las vías del tren señalan la ruta herida.

Todo me duele mientras mis huesos se cuajan, porque reconozco aquella cicatriz que los vio ser blandos.

48 abogacía Marzo 2023

la mujer objeto de violencia tenga un acceso efectivo al resarcimiento, a la reparación del daño y a otros medios de compensación que sean justos y eficaces.

Por otra parte, en el ámbito nacional, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establece que se capacitará sobre los derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición de justicia para poder dotarlos de instrumentos que le permita juzgar con perspectiva de género. De conformidad con lo anterior, desde 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación expidió en su primera edición el “Protocolo para juzgar con perspectiva de género” que ofrece una guía a las personas juzgadoras al proporcionarles elementos para poder cumplir con este mandato de igualdad.

Finalmente, a nivel jurisprudencial, uno de los precedentes más relevantes fue el del amparo directo en revisión 2655/2013 del cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) en la que se determina que, aun cuando las partes no lo soliciten, todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con perspectiva de género.

Por todo lo anterior se puede concluir que, aunque jueces y juezas están formados en una cultura influida por discriminación, estereotipos y prejuicios de género, ellos deben ser capaces de identificarlos, además de subsanar y equilibrar esas diferencias al dictar las medidas de reparación del daño causado por la responsabilidad penal.

Lo siguiente que se debe establecer es: ¿qué es el derecho humano a la libre elección del proyecto de vida?, ¿por qué el daño a dicho proyecto de vida debe repararse en un proceso penal? Lo primero que se debe decir es que este derecho ha tenido su más amplio desarrollo a nivel jurisprudencial en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), donde se han reconocido daños más amplios a los previstos por la perspectiva del Derecho tradicional civil y del Derecho común. En este contexto, en el caso Loayza Tamayo vs. Perú la Coidh estableció que por proyecto de vida se debe atender “la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias,

potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas”.1 En otras palabras, el proyecto de vida constituye la visión a futuro que tiene una persona y que le permite planificar sus acciones para poder alcanzar el destino que se propone, es decir, que el proyecto de vida se va logrando mediante la elección que se hace de múltiples posibilidades. En este contexto debe subrayarse que el derecho al proyecto de vida está relacionado íntimamente con el derecho a libertad, puesto que difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para alcanzar el destino que se propone.

Respecto de la reparación del daño que se cause al proyecto de vida, si bien una indemnización económica no puede compensar completamente la afectación a la realización personal, laboral o familiar, la misma es un mensaje simbólico que expresa que lo que hizo la persona responsable penalmente es incorrecto.

Ahí recae la importancia de remediar, aunque el daño al proyecto de vida sea inconmensurable, como lo indica De la Rosa (2021): “El dinero transmite un mensaje simbólico que consiste en la búsqueda del sistema jurídico por otorgarle a la víctima una forma de alivio o satisfacción, mejorando su situación. En tal sentido la indemnización monetaria es la siguiente mejor solución que el Derecho puede proveer”.2 En cualquier caso es esencial que la reparación del daño al proyecto de vida sea parte de la sanción penal, para así evitar a la víctima que tenga que acudir a otras vías como la civil, lo que implicaría someterla a un arduo proceso de revictimización en búsqueda de una justicia que de manera pronta podría proporcionársele en la vía penal. También, a propósito del tema que nos atañe, debe destacarse que para reparar el daño desde una perspectiva de género se deben eliminar los sesgos o los prejuicios que la persona juzgadora pueda tener respecto del proyecto de vida. Un ejemplo sería pensar que por el hecho de que la víctima es una mujer, ésta no puede aspirar razonablemente a alcanzar cierto éxito profesional, pues, como lo señala De Beauvoir (1949): “la

Si bien una indemnización económica no puede compensar completamente la afectación a la realización personal, laboral o familiar, la misma es un mensaje simbólico que expresa que lo que hizo la persona responsable penalmente es incorrecto.

Para remover sus sesgos, el órgano jurisdiccional debe realizar un trabajo interdisciplinario y contar con pruebas periciales especializadas. De esta manera puede dimensionar objetivamente el alcance del daño al proyecto de vida. división sexual tradicional ha señalado que la mujer cumpla con los roles paradigmáticos de esposa y madre, mientras que a los hombres se les ha dejado el rol de proveedores; él es ante todo un productor”.3 Con todo, para remover sus sesgos, el órgano jurisdiccional debe realizar un trabajo interdisciplinario y contar con pruebas periciales especializadas.

De esta manera puede dimensionar objetivamente el alcance del daño al proyecto de vida; por ejemplo, con la pericial en trabajo social la persona juzgadora conoce el contexto en el que la víctima está inmersa y su realidad sociocultural y económica, y puede comprender cómo son sus relaciones sociales, laborales y familiares. En este punto cobran especial relevancia los “peritajes especiales”,4 por ser la solución óptima que permite concentrar las entrevistas de las distintas periciales que deban realizarse respecto de la reparación del daño y así evitar la revictimización al exponer a la víctima a revivir el hecho una y otra vez.

Además, la tesis aislada 1a. cxcii/2018 (10a.) establece que para dictar las medidas de reparación con

perspectiva de género se deben formular las siguientes preguntas básicas; i) ¿Cuál fue el daño?, ii) ¿Quién lo cometió?, iii) ¿Contra quién se cometió?, iv) ¿Cuál fue su impacto específico y diferenciado? y v) ¿Cuál fue su impacto primario y secundario?Con estos cuestionamientos se puede identificar con mayor claridad el impacto que ha tenido el hecho delictivo sobre el proyecto de vida de la víctima, para dictar medidas que permitan restablecer o, en todo caso, mejorar sus condiciones de vida.

En conclusión, en cumplimiento del mandato de reparación integral y de igualdad, la persona juzgadora debe contar con los medios de prueba necesarios que acrediten las afectaciones en el tipo de vida que cada mujer había fijado para sí misma, para luego dictar medidas de reparación que efectivamente puedan resarcir la frustración de metas, sueños o aspiraciones que objetivamente pudieron haberse cumplido de no haber sucedido el hecho delictivo. Es tarea de los órganos jurisdiccionales que las mujeres encontremos un acceso a la justicia eficaz, integral e igualitaria. 7

Mariana Yamile Cruz Ibarra estudia en la Escuela Libre de Derecho. Es editora de la revista de investigación Pensamiento Jurídico Contemporáneo.

LICENCIATURA ESPECIALIDADES MAESTRÍAS DOCTORADOS

María Solange Estrada Maqueo

¿Dónde están?

Ante el reciente nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, María Solange Estrada Maqueo celebra la ruptura del techo de cristal y, crítica y propositivamente, analiza la falta de mujeres y de representación en el gremio jurídico.

50 abogacía Marzo 2023

Ilustraciones: Freepik

Especial Mujeres

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e acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (inegi) actualmente hay más de 66 millones de mujeres en México, en comparación con los más de 61 millones de hombres. Hoy por hoy, aproximadamente, existen 442,000 abogados mexicanos, de los cuales el 40 por ciento son mujeres.1 Yo me pregunto: ¿dónde están ellas?

En realidad, esta es una pregunta que me hubiera hecho hace algunos años. Hoy, poco a poco, las mujeres mexicanas han estado luchando por conseguir una mayor y mejor representación. Poco a poco, están asumiendo un papel vital en la vida jurídica y política del país y, por lo tanto, va desapareciendo la duda.

Indiscutiblemente, lo que hoy está en boca de todos es la elección del 2 de enero de 2023, donde las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) tomaron una decisión histórica. Eligieron, con seis votos a su favor, a su primera ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, quien rompió con lo que, según sus palabras, era un “inaccesible techo de cristal”, una meta que, a lo largo de la historia mexicana, había sido imposible de cruzar.2 No está equivocada. Si bien es cierto que se han hecho esfuerzos importantes por incluir a la mujer en el ámbito jurídico y, en este caso, judicial, aún sigue sin ser suficiente. Sigue existiendo un techo de cristal inaccesible en muchos sentidos que se ha ido destruyendo con el paso de los años gracias a los esfuerzos persistentes de miles de mujeres en el país.

Este proceso de transformación comenzó en 1892 con el ingreso de la primera mujer mexicana a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, María Asunción Sandoval. En ese momento, en México había aproximadamente siete millones de mujeres y sólo existía una abogada. Su camino por la Facultad de Derecho fue duramente criticado. La periodista Dolores Correa resume que sus profesores “demostraban su pena por tener que consentir en un absurdo: el de enseñar Derecho a una mujer.” Sin embargo, en su examen profesional, los periódicos aclamaban a sus sinodales por haberle preguntado y haber dirigido el examen como si ella fuera un hombre. Cabe destacar que el hecho de que se hubiera recibido una mujer fue aplaudido por los medios.3 Así, gradualmente, la mujer abogada fue construyendo su camino. Las litigantes empezaron a formar parte de distintas plataformas,

aunque continuaron las burlas y las críticas.

Seguía sin ser la norma que una mujer pudiera convertirse en abogada y, menos, que pudiera llegar a tener un cargo importante.

No es coincidencia que no fuera sino hasta 1961 (seis años después de que a la mujer se le había reconocido el derecho al voto) cuando María Cristina Salmorán de Tamayo llegó al máximo tribunal del país, convirtiéndose en la primera ministra de la scjn. ¿Cuál sería la reacción ante este hecho? De nuevo, las burlas de los abogados litigantes, quienes, al acudir a la scjn, sostenían que se dirigían a litigar a la “Suprema Corte y Confección”. Una afirmación no sólo gravemente misógina, sino infundada.

La ministra Salmorán no únicamente había llegado a ser ministra de la Corte, sino que antes había sido una importante funcionaria en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje e incluso llegó a ser su primera presidenta.4 ¿Por qué la descalificación de inicio? ¿Qué no, a lo largo de la historia, habíamos probado tener la misma capacidad que los hombres?

Recientemente se nos había permitido votar, ¿no era lógico que la mujer aspirara a más?

Con base en la visión social, la mujer debía continuar con un papel más relegado y menos partícipe de la vida en sociedad.

Esto ocurrió hace 61 años. ¿Qué tanto han cambiado las cosas? Por fortuna ya no se escucha en los pasillos de la Corte la idea de la “Corte y Confección”. No obstante, me parece preocupante que, a la fecha, únicamente haya habido 14 mujeres en el Tribunal Constitucional, desde la ministra Salmorán hasta la ministra Loretta Ortiz.

El gran problema es que no ha sido únicamente en la scjn donde se presenta este fenómeno. Me atrevo a plantear que, históricamente, en todos los ámbitos jurídicos hemos sido excluidas y frenadas cuando se trata de acceder a oportunidades de mayor relevancia.

No se trata sólo de un freno expresamente establecido, de una pared impuesta que no se puede cruzar. También existe un freno escondido, implícito e invisible, que debemos ubicar y destruir. ¿Cómo sería posible acceder a un plano de igualdad en las oportunidades si, de inicio, se nos impide saber que es posible?

Para empezar, al ingresar a la Facultad de Derecho nos damos cuenta de la realidad. Hay una falta abrumadora de mujeres. La primera experiencia, por lo general, radica en ser recibidas por aquel hombre imponente, por los cuadros y las fotografías de los rectores, por

AUSENTES Mercedes Janeth Soto

¿Dónde estás?

Aquí estoy ¿Dónde?

Aquí, en compañía de ellas.

Estuve en el lugar equivocado Y mis costillas... todos mis huesos, se convirtieron en raíces dentro de este lugar oscuro.

Me profanaron en vida, discúlpame si germiné como ansiedad.

En el centro de tu existencia, si tus rodillas ya duelen por acompañar tus plegarias.

Si tu frustración se hinchó a la par de tus ojos Y únicamente repicaron en el eco de mi ausencia.

Pero sigo aquí, donde nadie me encuentra.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 51

Especial Mujeres

los libros y los artículos de famosos e importantes académicos. Cuando se le pregunta a los alumnos quiénes son sus referentes en el mundo del Derecho, los primeros que surgen son hombres. ¿Dónde están las profesoras?

Poco se habla de las mujeres académicas, de las doctrinas sostenidas por mujeres. Si acaso, se les menciona como teóricas de la justicia feminista. Específicamente, este fenómeno es notable en ramas como el Derecho laboral, el Derecho civil y el Derecho penal, donde pareciera que todos los libros y artículos a los que se hace referencia en el aula son exclusivamente de varones.

Funciona como si hubiera un cierto tipo de programación que nos impide ver más allá del hombre. Bien decía Duncan Kennedy, en su artículo “La educación legal como preparación para la jerarquía”, que los estudiantes de Derecho terminan comportándose de acuerdo con lo que el sistema educativo muestra como realidad, aunque no lo sea. Dice: “Los profesores son, en su gran mayoría, blancos, varones, de modales típicos de clase media y heterosexuales”.

Pareciera que la cuestión no ha cambiado tanto como quisiéramos desde la publicación de ese artículo. Claro que ha habido avances, y muchos. Lo importante que hay que recalcar es que sigue sin ser suficiente. Bien decía la aclamada jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg: “Cuando a veces me preguntan: ¿cuándo habrá suficientes mujeres en la Corte Suprema? Y digo: cuando haya nueve, la gente se sorprende. Pero había nueve hombres, y nadie ha planteado nunca una pregunta al respecto”.

Seguimos ante una Corte con una mayoría de hombres, casi no tenemos gobernadoras, las alumnas siguen siendo menos que los alumnos y ni qué decir de las profesoras. La representación es importante, como lo es que las alumnas de Derecho puedan verse reflejadas en las mujeres que se han hecho camino en un mundo claramente diseñado para y por el hombre. Así, poco a poco, iremos construyendo un México que refleje lo notorio: que las mujeres están aquí para quedarse y ser parte de la vida jurídica del país. 7

¿Cómo sería posible acceder a un plano de igualdad en las oportunidades si, de inicio, se nos impide saber que es posible?

Me parece preocupante que, a la fecha, únicamente haya habido 14 mujeres en el Tribunal Constitucional, desde la ministra Salmorán hasta la ministra Loretta Ortiz.

1 inegi (2022), “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer”, comunicado de prensa 143/22, 3 de marzo. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Mujer22.pdf.

2 “Así fue la elección de Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Corte” (2023), El Universal. Disponible en https://www. eluniversal.com.mx/nacion/eleccion-del-nuevo-presidente-de-la-scjn-minuto-x-minuto.

3 P. Lira Alonso, “La primera abogada mexicana” (2008), El Mundo del Abogado. Disponible en http://www.paginaspersonales.unam. mx/files/480/Publica_20170205070541.pdf.

4 J. Martínez Rivas, “La historia de las mujeres en la Suprema Corte” (2015), Nexos. Disponible en https://eljuegodelacorte.nexos.com. mx/la-historia-de-las-mujeres-en-la-suprema-corte/

María Solange Estrada Maqueo estudia en la Escuela Libre de Derecho. Está interesada en la filosofía del Derecho y las teorías feministas de la justicia.

Es directora editorial de la revista Pandecta.

52 abogacía Marzo 2023

Especial Mujeres ¡Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero!

Con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú.

Cri-Cri1

[Legal Politik ]

Mauricio Atri

No me defiendas, compadre Recientemente, el primer mandatario hizo públicos los nombres de posibles candidatos a la Presidencia por parte de la oposición. Mauricio Atri analiza lo peligroso que resulta la persecución política y el tiempo que dedica el gobierno a eso antes que a resolver temas urgentes para el país.

D

urante la conferencia mañanera del 13 de octubre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una lista con los nombres de los posibles candidatos de la oposición para las elecciones de 2024, cuestión que, dicho sea de paso, no debería ser algo en lo que el presidente de nuestro país debería invertir su tiempo de gobierno, por lo menos no para ser discutido públicamente.

En lo que concierne a este texto no es el caso reflexionar sobre quién podría ser el siguiente precandidato o candidato presidencial. Lo que sí es menester es señalar que resulta evidente que la Presidencia está ocupada en los hombres y las mujeres que podrían ser los contendientes a la silla presidencial. Aunque en estos momentos lo haga de manera sarcástica, desde ahora debemos alertar que cuando el Instituto Nacional Electoral presente su lista, la

Fiscalía General de la República no presente la suya.

En otras palabras, no a la persecución política por ningún medio, ni en medios de comunicación, ni en carpetas de investigación. No estoy apelando para que las fiscalías del país realicen investigación alguna en contra de los posibles precandidatos o candidatos a la Presidencia de nuestro país (no me ayudes compadre), lo que hago es apelar para que no vayan a hacerlo a propósito de esas candidaturas, por lo que, si tienen algo en contra de cualquier persona por hechos presuntamente ilegales, e incluso delictivos, que hablen ahora o callen para siempre.

1

Como corolario, el gobierno federal y las autoridades investigadoras deberían estar preocupadas y ocupadas en casos de interés nacional, como resolver el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y no deberían estar banalizando sobre los 43 precandidatos del bloque conservador a la Presidencia de la República en 2024. Por lo cual no debería haber carpetas de investigación guardadas en los cajones y como sociedad deberíamos oponernos a que, si existen, sean sacadas a propósito de la contienda electoral presidencial, lo cual no sería otra cosa sino un ataque más a nuestro sistema de justicia y a nuestra democracia. 7

El ropero de Francisco Gabilondo Soler.

Mauricio Atri es doctor en Derecho y abogado de empresa.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 53

Voces

Sophia Vásquez y Lesly Fernanda Valencia

Gabriela de la Mora

Mujeres, Sociología y Derecho

Desde su experiencia como abogada en

notaría y como profesora de Sociología jurídica, Gabriela de la Mora nos acerca a

conceptos fundamentales para la lucha

contra la discriminación y violencia contra las mujeres, como la equidad, la igualdad

sustantiva, el sistema patriarcal, el machismo; y nos comparte su visión sobre el futuro de las muejres en el gremio jurídico.

Gabriela de la Mora Galván es abogada por la Escuela Libre de Derecho, institución donde es Vocal de la Junta Directiva y profesora titular de la cátedra de Sociología Jurídica. Forma parte de la Unidad de Atención de Quejas por Posibles Conductas contra la Dignidad de las Personas, Discriminación del Alumnado y Violencia hacia las Mujeres.

54 abogacía Marzo 2023

Especial Mujeres

Por qué decidió estudiar la carrera de Derecho?

Siempre tuve claro que quería estudiar Derecho. Desde la secundaria, en la clase de civismo y, posteriormente, en la preparatoria, en la clase de nociones generales del Derecho. Fueron dos asignaturas que me gustaban mucho y pensé que la de abogada sería una profesión en la que podría desarrollarme siguiendo ese sueño que todos alguna vez tenemos de tener un mundo más justo. Creí que si me convertía en abogada no sólo podría aportar un poco a mi país, sino que podría trabajar por una sociedad más justa y equilibrada.

Siempre me llamó mucho la atención aprender por qué un Estado tiene cierto tipo de normas que regulan la conducta del individuo en sociedad, de una manera en un lugar y de otra forma en otro. Me apasiona esa conjunción de normas que crean el gran ordenamiento jurídico de un Estado. En lo que sí llegué a dudar fue dónde debía estudiar la carrera de Derecho.

Confieso que mi primera opción no fue la Escuela Libre de Derecho (eld), sino la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). En mi familia no hay abogados; sólo un tío materno, gran abogado fiscalista, egresado, precisamente, de la unam.

Cuando tuve que decidir dónde estudiar él me recomendó la mejor escuela de Derecho.

Así llegué a la eld. n Usted es profesora titular de la materia Sociología Jurídica. ¿Qué distingue a la Sociología Jurídica de la Sociología en general?

De entrada, cualquier abogado dirá que la Sociología Jurídica es una rama de la sociología en general, lo cual es cierto. Sin embargo, hay muchas consideraciones que es importante tener en cuenta para hablar de lo que las distingue.

La Sociología en general es una ciencia social que estudia el comportamiento del hombre en sociedad y las relaciones que se generan entre sus integrantes. Estudia los fenómenos sociales que se presentan en una sociedad en un momento y un tiempo determinados.

Por otro lado, la sociología jurídica analiza los fenómenos sociales que, a su vez, son fenómenos jurídicos; pero debemos partir de la base de que no todo fenómeno social es un fenómeno jurídico y eso es

lo que le importa a la sociología jurídica.

Y profundizando más podemos decir que la Sociología Jurídica es una ciencia auxiliar del Derecho que estudia los fenómenos sociales que tienen una influencia importante en el campo del Derecho. Si quisiéramos definirla de una manera muy sencilla podríamos decir que “la Sociología Jurídica se ocupa de la influencia de los factores sociales en el Derecho y de la incidencia que éste tiene, a su vez, en la sociedad.”

A pesar de que podríamos afirmar que es una rama auxiliar del Derecho de reciente gestación, no es así, pues ya desde la antigua Grecia se hacía sociología jurídica. Claro que entonces no se le denominaba de esa manera, pero basta analizar la obra de Aristóteles que en su Política señala la influencia de factores sociales en la legislación constitucional, por lo que ese filósofo puede ser considerado como el más lejano precursor de la Sociología del Derecho.

Ya en la actualidad, L. M. Friedman, uno de los macrosociólogos jurídicos de nuestra época, define la Sociología Jurídica “como el análisis de las fuerzas sociales que producen o influyen en el Derecho” y lo que llamaba “el impacto del Derecho en la sociedad”. n ¿Por qué debe estudiarse la sociología jurídica en las escuelas de Derecho? ¿Qué practicidad tiene para alguien que opera el Derecho?

Porque debe estudiarse la interrelación que existe entre sociedad y Derecho, es decir, los factores sociales que influyen en la configuración, el desarrollo y la aplicación del Derecho. Dicho muy simplemente, debemos conocer y estudiar cuáles son los factores y los comportamientos sociales que influyen en el Derecho, para la creación, modificación o, en su caso, derogación de normas y su aplicación. Esto es, cómo influyen los fenómenos sociales en el Derecho y cómo influye el Derecho en esos fenómenos.

En relación con la practicidad, es importante para determinar qué conductas sociales y que fenómenos sociales le importan al Derecho y deben regularse. n Usted se ha desempeñado en Derecho corporativo y en Derecho mercantil. ¿Hay lugar ahí para la Sociología Jurídica?

Claro que sí; la relación que existe entre la Sociología Jurídica y el Derecho mercantil es innegable, ya que entre esta rama del

Derecho y la sociología existe una serie de elementos que permiten conectar a la sociología para entender que el objeto del Derecho mercantil es el comercio, que éste está inmerso en la vida diaria del hombre, quien, aun sin tener la calidad de comerciante, realiza ciertos actos que son parte importante del movimiento y el desarrollo de la sociedad. n Al respecto, ¿cómo podríamos distinguir entre la equidad y la igualdad de género?

La igualdad es un derecho fundamental por medio del cual todas las personas tienen los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades. Es decir, no se debe discriminar a nadie por cuestión de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, lugar de nacimiento o por cualquier otra condición. Todos somos iguales ante la ley. Por su parte, la igualdad de género supone que no debe existir desigualdad de trato entre hombres y mujeres, lo cual en nuestros días todavía es una meta muy lejana a la realidad. La equidad es una herramienta para conseguir la igualdad efectiva. De ese modo, la equidad no consiste en tratar a las personas del mismo modo, sino en tener en cuenta sus circunstancias personales y establecer acciones concretas para subsanar las desventajas para que todos puedan partir de una posición igualitaria.

En el plano de la equidad, las mujeres nos encontramos en una situación de desventaja debido a algunas diferencias que la sociedad y la cultura han creado a lo largo de los siglos. Por ejemplo, que sean las mujeres quienes renuncien a un trabajo para cuidar a los hijos, asuman cargas familiares y tareas del hogar en detrimento de su carrera, sean más inseguras que los varones en algunos casos laborales, por ejemplo, para solicitar un ascenso, o prefieran estudiar carreras que tradicionalmente se han asociado al género femenino, como educación o enfermería, en lugar de optar por estudios de ciencias o Derecho, por ejemplo.

Las políticas de equidad pretenden eliminar estas diferencias mediante un trato no idéntico a hombres y mujeres, de manera que sea posible equilibrar la balanza e impulsar la igualdad sustantiva.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 55

Voces n Sociológicamente, ¿el machismo es propio del género masculino o también incluye al género femenino?

El machismo es propio del ser humano, sea hombre o sea mujer. Precisamente por el sistema de educación y el régimen patriarcal bajo el cual nos educaron, en el machismo se incluye al género femenino, pues hay muchas mujeres que educan hombres machistas. n Usted forma parte de la Unidad de Atención a Quejas en temas de equidad de género e inclusión. Además, en el tendedero de la Escuela Libre de Derecho cada año se hacen públicas diversas acusaciones en contra de alumnos y profesores con motivo del 8 de marzo. ¿Cómo se realizan esas denuncias?, ¿qué proceso se sigue para no dejar impunes a los imputados? y ¿cómo se garantiza la seguridad de las alumnas en la escuela?

Tenemos que distinguir entre las denuncias anónimas que se presentan en marzo a través del tendedero y los procedimientos de queja que se tramitan ante la Unidad de Atención de Quejas.

Tendedero Desde marzo de 2020 las alumnas de nuestra escuela, en ejercicio de su libertad de expresión y de protesta, decidieron presentar de manera anónima diversas denuncias, que pegaron en las paredes de la institución, para hacer notar la violencia de género de la

56 abogacía Marzo 2023

Las políticas de equidad pretenden eliminar estas diferencias mediante un trato no idéntico a hombres y mujeres, de manera que sea posible equilibrar la balanza e impulsar la igualdad sustantiva. que han sido víctimas durante muchos años.

La seguridad y la tranquilidad de las alumnas en la escuela están garantizadas, pues se respeta el anonimato de las denuncias, que año tras año replica el alumnado. Sin embargo, es importante que tengamos presente que, de manera institucional, conforme a nuestra normatividad, se requiere una denuncia formal, a través de una queja, para que los hechos denunciados se puedan investigar y no queden impunes.

Queja formal ante la Unida de Atención de Quejas Por lo tanto, desde enero de 2021 nuestra escuela cuenta con un Protocolo de atención de quejas, en el que se reconoce la protección de los derechos de la comunidad escolar a la dignidad, a la no discriminación y a una vida libre de violencia de cualquier tipo.

En ese instrumento se creó la Unidad de Atención de Quejas, un órgano independiente y autónomo que cuenta con todo el respaldo institucional de las autoridades de la escuela para coordinar políticas de inclusión y recibir quejas por vulneración de los derechos de la comunidad

escolar (alumnado, profesorado y personal administrativo).

Desde hace tiempo, como profesora he mantenido una posición muy cercana respecto al alumnado, atendiendo la problemática estudiantil cotidiana. Ahora, como vocal de la junta directiva, junto con mis demás compañeros y el rector, estoy al pendiente de las situaciones que presente mediante recomendación la citada Unidad de Atención de Quejas, para asegurar en nuestras instalaciones un ambiente escolar seguro.

Las víctimas de violencia o de discriminación tienen suficiente protección en nuestra escuela: por los principios que regulan el procedimiento de quejas (confidencialidad, autonomía, independencia, perspectiva de derechos humanos y de género), por las recomendaciones de medidas disciplinarias temporales que dicta la Unidad a la Rectoría, así como por la referencia en materia de salud mental y apoyo jurídico pro bono en materia penal, así como por la mayor protección de la identidad de la víctima. n En términos sociológicos, a veces creemos que los problemas de género pueden prevenirse y resolverse generando normas jurídicas que protejan a las mujeres. ¿Cuáles son las implicaciones de esta forma de pensar?

La violencia de género tiene raíces en la discriminación basada en el género y está muy arraigada en la sociedad. Por eso, a través de una política de prevención y cursos de capacitación, es posible prevenir la violencia de género antes de que suceda, o limitar su expansión en caso de que aparezca.

Por medio de las normas jurídicas se pretende garantizar que todas las mujeres disfruten una vida libre de violencia, pues de esta manera se podrán instrumentar prácticas que las protejan, reduciendo los riesgos y el estado de vulnerabilidad en los que puedan hallarse.

Especial Mujeres

Por eso, en materia de violencia de género la cátedra de Sociología que se imparte en la escuela aporta al alumnado la posibilidad de comprender cómo funciona nuestra sociedad, y cómo, mediante normas jurídicas nacionales e internacionales, o con buenas prácticas, podemos eliminar la división que existe en la sociedad con base en el género. Pensar así, que los problemas de género se pueden prevenir y resolver, permite crear una cultura de respeto y de inclusión. n ¿Usted ha sufrido algún tipo de discriminación en el ámbito laboral por cuestión de género?

En la práctica profesional que he llevado a cabo desde que egresé de la Escuela Libre de Derecho y me recibí, muchas veces fui testigo de algunos casos de discriminación por cuestión de género. No me ocurrieron directamente a mí durante mis primeras etapas como profesionista; de hecho, en muchas ocasiones me sentí privilegiada por haber sido preferida frente a un aspirante del sexo masculino. Siempre he pensado que, en mi caso particular, tuve la posibilidad de que se me reconociera por mi capacidad antes que por mi género, pues, sobre todo en mis comienzos como abogada, era más difícil que se reconociera a una mujer en el ámbito jurídico. n ¿Qué opina de la afirmación de que la carrera de Derecho fue hecha para los hombres? ¿En esa creencia radica el machismo que prevalece en el gremio jurídico? ¿La Sociología tiene una explicación para esto?

Creo que quien opina así tiene un criterio muy limitado, simplemente porque tanto los hombres como las mujeres poseemos la capacidad suficiente de desarrollar una serie de habilidades para esta carrera que nada tiene que ver con el género.

Esta creencia radica en el hecho de que desde la Antigüedad se consideraba que sólo los hombres podían ejercer no sólo el Derecho sino todas las posiciones de poder y dirección. Pensemos en la época de los griegos y los romanos, en la Edad Media y en el Renacimiento, cuando el rol de la mujer fue minimizado por considerar que por cuestión de género era inferior al hombre. Creo que en la actualidad ha quedado demostrado que

el género no es un impedimento para desarrollar habilidades y capacidades extraordinarias en la carrera de Derecho. n El movimiento del 8 de marzo constituye un importante tema de estudio para la Sociología. ¿Cree que este hecho social tiene su fundamento en la falta una normatividad jurídica adecuada?

Si analizamos el movimiento del 8 de marzo desde el punto de vista sociológico, podemos concluir que es un movimiento social que no sólo manifiesta su inconformidad frente al Gobierno, sino que también expresa una catarsis ante todo lo que ha sucedido a la largo de la historia desde el inicio del movimiento feminista.

Considero que este hecho social, que además sociológicamente nos deja muchas enseñanzas, nos muestra claramente no la falta de normatividad sino la falta de respeto a los derechos humanos, a la garantía de una vida libre de violencia. No creo que sean necesarias más normas jurídicas sino, más bien, que las que existen se apliquen adecuadamente, que se respeten los derechos y, sobre todo, que se garantice el respeto a los derechos humanos, por medio de políticas públicas apropiadas ya que la verdad es que el movimiento feminista se ha politizado mucho y se utiliza como bandera para enarbolar intereses políticos.

n ¿Cuáles son los factores que debilitan el Estado de Derecho y que propician que no haya una correcta implementación de la ley para acabar con la misoginia, no sólo en el ámbito jurídico, sino en todos los aspectos en los que se desenvuelven las mujeres?

En mi opinión es la clara falta de conocimiento, de educación y de instrucción respecto de los derechos fundamentales de las mujeres, pues éstas siguen siendo visualizadas en muchos ámbitos como socialmente inferiores al hombre en una sociedad machista que no ha evolucionado en ese aspecto y que, por ende, repercute en todos los ámbitos de la vida. n ¿Cuál es el panorama de las mujeres en el ámbito jurídico en el futuro?

Pienso que el panorama de las mujeres en el ámbito jurídico es igual de prometedor y exitoso que el que puede tener un hombre. Desde mi perspectiva, es claro que las mujeres poseemos las mismas capacidades para desarrollarnos, no sólo en el ámbito jurídico sino en cualquier otro espacio de la vida social, de una manera exitosa al igual que los hombres, siempre y cuando tengamos las mismas oportunidades y se otorguen en función del conocimiento, la capacidad y la experiencia y no en función del género. 7 LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 57

Karina Carbajal Muñoz María José Hernández Vargas

HABLAR SOBRE FEMINICIDIO EN MÉXICO

IKHA JNGÓ* Mercedes Janeth Soto

Por ser pobre, indígena y mujer, por eso mis muslos pierden su voz, y revolotean a su mando.

Eso piensan que valgo.

Por eso, busco oídos sabios.

Ikha jngó, manos justas

Por eso, he salido de mi tumba para hacer valer lo que me angustia.

Me angustia, que al ver el verde andando repare en mi espejo; que otras muerdan el lodo

sin creer que era suyo el poder del grito que cabalga en el viento.

Por eso mi corazón (Ikha jngó gagi a̱jkiu̱nʼ) no se calla en el intento.

*Ikha jngó/ Por eso (lengua: mepaa de Guerrero)

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Ilustración: Elena

Especial Mujeres

En el contexto de la pandemia y de la violencia del narcotráfico, el feminicidio es un delito que está a la alza en el país. Sin embargo, en la mayoría de los casos las autoridades no lo investigan con perspectiva de género, lo que resulta en que se siga clasificando como homicidio. Después de la sentencia de Campo Algodonero existen protocolos y otros instrumentos que, aunados a la legislación penal, obligan a las autoridades a prestar cuidadosa atención a los casos en los que las víctimas de los delitos son mujeres. Karina Carbajal Muñoz y María José Hernández Vargas escriben sobre la violencia feminicida en México.

“Los feminicidios son una manifestación de la descomposición social que existe en nuestro país desde hace décadas.”

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 59

E

n la actualidad, uno de los temas de interés social más polémicos ha sido la violencia de género. Tan sólo en México, más de 70 por ciento de las mujeres,1 desde su etapa de adolescencia hasta su adultez, han vivido algún tipo de violencia por razones de género, llegando al extremo de ser privadas de la vida y culminando en lo que conocemos como feminicidio.

Hablar de feminicidio implica referirnos a un iceberg de corrupción, negligencia, estigmas, sueños truncados y familias destrozadas.

Los feminicidios son una manifestación de la descomposición social que existe en nuestro país desde hace décadas. La falta de atención por parte del Estado, la apatía social, una clara debilidad legislativa y, sobre todo, una violencia que se ha vuelto parte del sistema de impartición de justicia, se reducen a una cultura permisiva de abuso patriarcal. El pensamiento machista sostiene al feminicidio sin consecuencias, generando impunidad en 98 por ciento de los casos2 que acontecen en el país.

Apenas comenzaba a resonar el término a finales de la década de 1990 y principios del año 2000, con los casos de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos, cuyos cuerpos fueron hallados con signos de abuso sexual en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001. Dichos casos llegaron hasta la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh), que emitió sentencia el 16 de noviembre de 2009 condenando al Estado mexicano por su responsabilidad en la desaparición y la muerte de las occisas.3 Este acontecimiento marcó un antes y un después para México en su actuación en el combate a la violencia feminicida.

Generalmente este tipo de violencia está acompañado de un maltrato continuo: amenazas, intimidaciones, ataques físicos, agresiones sexuales o comportamientos en los que las mujeres se encuentran en un gran nivel de desventaja frente a sus agresores; situación complicada por la carencia de atención temprana desde el núcleo familiar o de un resguardo accesible para las víctimas.

Debe contemplarse, además, que hay violencia feminicida cuando el Estado no da garantías oportunas a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para salvaguardar su dignidad y su integridad en la comunidad, en el hogar, en el lugar de trabajo, en la vía pública o en lugares de recreación, ya sean estos últimos presenciales o virtuales.

La Organización de las Naciones Unidas afirmaba, hasta 1993, que la violencia contra las mujeres no era más que la violación a sus derechos humanos, siendo este criterio una grieta en la fractura del sistema, pues inclusive indirectamente le resta importancia a la misma.

Si bien la violencia de género es una afectación a los derechos humanos, tampoco hay que dejar de lado que el rango

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de desigualdad en el que hemos vivido las mujeres durante muchos años en diversos aspectos, ya sea el económico, el político, el académico, el social, etc., nos hace doblemente susceptibles a ser vulneradas en comparación con otros sectores de la población.

Es necesario abordar que, en México, el narcotráfico se ha convertido en uno de los puntos de inseguridad nacional más críticos, pues cuenta con un gran circuito de producción, distribución y consumo de estupefacientes, y que implementa la violencia de género a un nivel crítico, debido a que estamos frente a un grupo expuesto de población femenina que en su mayoría es analfabeta, se encuentra en condición de desempleo o percibiendo un salario mínimo, lo que las lleva a involucrarse en este tipo de redes mediante engaños, guiadas por la necesidad que conlleva ser el sustento de sus familias.

Dicho lo anterior, no podemos ignorar que la pandemia fue un detonante del incremento de los índices de violencia doméstica hacia las mujeres. En muchos hogares el confinamiento desencadenó la llamada “tormenta perfecta”, la cual integraba episodios de ansiedad, estrés, presión económica, aislamiento social (incluido el aislamiento con una pareja o con un familiar abusivo) y un mayor consumo de alcohol y drogas.4 Las llamadas a líneas de atención telefónica por casos por violencia doméstica se dispararon entre 25 y 111 por ciento en algunos países,5 mientras que en otros los homicidios por esta razón se triplicaron durante los primeros confinamientos.6 Con la pandemia, el acceso a estos servicios se volvió más difícil, ya que muchas personas asumieron que no estaban operando, no se desplazaban hasta ellos por miedo a contagiarse, o no podían solicitar ayuda por estar en casa con sus agresores durante todo el día sin poder hacer uso del teléfono o de internet.7 En nuestro país, según datos del comunicado de prensa núm.

689/21, emitido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi): • En 2021, el 20 por ciento de las mujeres de 18 años o más reportó percepción de inseguridad en casa.

• En 2020, el 10.8 por ciento de los delitos cometidos en contra de las mujeres fue de tipo sexual.

• En el mismo año, 23.2 por ciento de las defunciones por homicidio de mujeres ocurrieron en la vivienda.8 En el plano internacional, cabe mencionar que en muchas disposiciones legales de América Latina y el Caribe la ejecución violenta de una mujer se sigue encuadrando en el tipo penal de homicidio,9 independientemente si las características del delito cometido atienden a razones de violencia de género.

En ese sentido, hay que replantear la pregunta: ¿qué sí se considera un feminicidio en México? Para responder este cuestionamiento necesitamos dirigirnos a lo que plasma el

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Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos ofrece un vasto panorama para identificar cuándo estamos frente a casos cuyo móvil es el género, mismos que en su mayoría fueron anotaciones que remarcó con gran seriedad la cidh en la sentencia González y otras vs. México en 2009: “Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: i. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. ii. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. iii. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. iv. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. v. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. vi. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. vii. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público”.

El modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/

feminicidio) recomienda que todas las muertes violentas de mujeres deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de esta índole en la causa de su muerte. Atendiendo a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), en su Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, estableció que la perspectiva de género se constituye como una herramienta para la transformación y la deconstrucción, a partir de la cual se desmontan contenidos y se les vuelve a dotar de significado, colocándolos en un orden distinto al tradicionalmente existente.10 Por consiguiente, una vez identificados los escenarios, los antecedentes, el panorama actual estadísticamente comprobado, la postura del Estado mexicano reflejado en sus legislaciones y la importancia de la aplicación de la perspectiva de género, nos queda analizar la manera en que, desde la sociedad civil, en conjunto con las instituciones gubernamentales, precisa trabajar de la mano para avanzar en la prevención del delito, en el cuidado y en la salvaguarda de las mujeres, ya que hablamos a la par de seguridad nacional como ejercicio del derecho.

Es tiempo de recurrir a alternativas fijas de cambio para la erradicación de los feminicidios, trabajando en la concientización social, en el sistema legislativo con mano dura a través de objetos punibles y de recto ejercicio, recordando que la mujer no sólo existe como parte de la ciudadanía, sino también como parte activa e indispensable en el desarrollo de la sociedad.

Y es que para trabajar en materia de género se debe encontrar un punto de consenso, incluso entre naciones. Empero, hablando desde nuestro campo de acción como individuos, nos queda hacer introspección sobre si nuestras conductas recaen en violencia de género, revictimización o algún otro tipo de violencia que menoscabe los derechos de las mujeres. Solamente así podremos replicar y transmitir patrones de conducta libres de estereotipos y tipos de violencia a futuras generaciones. 7

Voz de América (2022), “Más de 70 por ciento de las mujeres en México ha sufrido violencia, revela estudio”. Recuperado de vozdeamerica.com.

Imer Noticias (2022), “México tiene una impunidad de 98 por ciento ante las desapariciones: Comisión Nacional de Búsqueda de Personas”. Recuperado de Imer Noticias.

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009), Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Puede consultar esta sentencia en el siguiente enlace: Microsoft Word-seriec_205_esp.doc (corteidh.or.cr).

4 N. Kambouri (2020), Towards a Gendered Recovery in the EU: Women and Equality in the Aftermath of the Covid-19 Pandemic. Gender 5+. Recuperado de 530efa_ ba5024aa406c4c309ca74f22177098c5.pdf (filesusr.com).

5 E. K. Senkyire, F. Shroff y I. Luzuriaga (2020), Eradicating the Pandemic of Violence against Women (VaW) During Covid-19: The Critical Imperative for Health. Social Innovations Journal. Recuperado de socialinnovationsjournal.com.

6 A. Devenish y C. Afshar. (2020), Measures to Tackle Gender-based Violence Amid The Global Pandemic, wiego. Recuperado de wiego.

7 S. Mittal y T. Singh (2020), “Gender-based Violence During Covid-19 Pandemic: A Mini-Review”, Recuperado de frontiersin.org.

8 inegi (2021), Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). Recuperado de EAP_Elimviolmujer21.pdf (inegi.org.mx).

9 Cuba es un país que, pese a tener una reforma reciente en su código penal (Ley-151-22), hace poco por sumar esfuerzos en la visibilización de este delito, ya que engloba en su capítulo segundo, artículo 334, inciso d, el tipo penal asesinato, mismo que a pie de letra enuncia lo siguiente: “Se sanciona con privación de libertad de veinte a treinta años, privación perpetua de libertad o muerte […] d) cometer el delito por motivo de discriminación de género”, cuestión que a nuestro criterio aún es ambigua pues ¿qué se entiende por “discriminación de género”? Además, si realizamos una comparación con el Código Penal Federal mexicano, se tomaría sólo como una agravante del delito de homicidio.

10 scjn (2020), Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, p. 80. Recuperado de scjn.gob.mx.

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Karina Carbajal Muñoz estudia Derecho en la Facultad de Derecho de la unam y psicología en la Universidad Mexiquense Aragón.

Es asesora jurídica del licenciado Porfirio Muñoz Ledo y directora de la Red por el Íntegro Desarrollo de la Mujer en América Latina (ridmal).

María José Hernández Vargas estudia Derecho en la Facultad de Derecho de la unam.

Es fundadora del Colectivo Universitario de Estudios Culturales e Internacionales y es directora del Movimiento Progresista Juvenil Ciudad de México en la alcaldía Álvaro Obregón.

Edita la revista Pensamiento Jurídico Contemporáneo.

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Alma Beltrán y Puga

Trabajo de cuidado y altruismo maternal: el subsidio de las mujeres a la economía nacional En México, las políticas públicas sobre las labores de cuidado de las personas recién nacidas están articuladas con base en normas culturales que reproducen roles y estereotipos de género y que colocan sobre los hombros de las mujeres cargas laborales —injustamente altruistas— que tienen un fuerte impacto en la economía. Alma Beltrán y Puga hace una contundente y fundamentada crítica a este tipo de políticas y plantea posibles soluciones a cuestiones complejas, con el objetivo de generar mayor igualdad en el tema.

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as políticas del cuidado, entendido como el trabajo del De igual forma, las críticas legales feministas ponen hogar y la atención de las personas que lo necesitan al descubierto que detrás de esta idea del amor maternal en función de su edad (niñas, niños, adolescentes, existe un velo de altruismo injustificado puesto sobre los personas con discapacidades y adultas mayores), hombros de las mujeres (Franke, 2001; Halley, 2005). Se pasan por las nociones que tenemos del trabajo y la reproasume también que las mujeres tienen un “instinto materducción. En general se asume que las mujeres son quienes nal” por haber dado a luz (en el caso de la reproducción deben realizar el trabajo de cuidado en razón de su sexo. biológica) que las capacita para realizar mejor las tareas Es decir, por la diferencia sexual (el hecho de haber nacido de crianza de niños y niñas. Lo problemático de este este“mujer”),1 se considera que las mujeres tienen que realizar reotipo de género es que implica un altruismo por parte funciones reproductivas y por lo tanto deben llevar a cabo de las mujeres en el trabajo de cuidado. En esta visión de las tareas de cuidado, o que las realizan mejor que los homlas mujeres como cuidadoras “naturales” de niños y niñas bres debido a que el proceso de gestación se lleva a cabo —porque biológicamente están destinadas a hacerlo— las en su cuerpo y tienen un vínculo físico durante el embarazo mujeres deben asumir estas “funciones de cuidado” de y después del parto. manera gratuita y altruista. Esta postura altruista sobre Las críticas feministas han cuestionado estos roles de las tareas de maternidad y cuidado promueve una visión género asignados a las mujeres para asumir el cuidado, familista y maternalista, ya que encierra el discurso de la independientemente de si quieren o pueden hacerlo. Kathefamilia como célula básica de la sociedad que las mujeres rine Franke, reconocida académica de la Universidad de (léase las madres) sostienen a través de la crianza.

Columbia, denomina repronormatividad a las imposiciones En México, las políticas públicas han abrazado estas de género sobre la maternidad (Franke, 2001). Esto quiere ideas maternalistas y altruistas del trabajo de cuidado que decir que hay una expectativa social de que las mujeres recaen sobre las mujeres, considerando que, de acuerdo con se conviertan en madres y, además de cumplir su “función datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (inegi), reproductiva”, también realicen las labores ellas gastan el triple de horas a la semana de cuidado correspondientes que acarrea que los hombres en labores domésticas y de la crianza de niños y niñas. El problema de cuidado.2 Por semana, las mujeres invierten En México, las esta expectativa social es que posee un un promedio de 42 horas en estas labores aspecto normativo: se inscribe tanto en mientras que los hombres sólo ocupan 15. La políticas públicas las normas culturales como en las políticas participación porcentual del trabajo de cuihan abrazado estas públicas. Lo anterior ha puesto a muchas dado y labores domésticas no remuneradas ideas maternalismujeres en edad reproductiva en un en México es de 26.3% respecto del producto tas y altruistas del estado de ansiedad de convertirse en mainterno bruto (pib) y asciende a 6.8 billones trabajo de cuidado dres para ser aceptadas socialmente y a de pesos (inegi, 2021). Esta aportación al pib que recaen sobre las otras a rebelarse en contra del mandato constituye, para efectos prácticos, el subside la maternidad como un destino social. dio más importante a la economía nacional y mujeres.

La crítica feminista histórica a este rol lo realizan las mujeres mexicanas, teniendo maternal de las mujeres radica principal“el cuidado y el apoyo” la distribución pormente en que las encasilla a cumplir tareas centual más alta dentro de esas tareas (7%), de cuidado que no tienen por qué ser asumidas por ellas, seguido de “la limpieza y el mantenimiento de la vivienda” privándolas de desarrollarse profesionalmente, o ponién(5.5%) (inegi, 2021). dolas en desventaja en el mercado laboral, al reducirlas a A raíz de la pandemia, la economía mundial entró en recesu función de “madres” e imponerles cargas económicas sión y las mujeres sufrieron “la crisis del cuidado”, por lo cual desproporcionadas. Por este rol de género las mujeres tuvieron que asumir aún mayores cargas domésticas por el invierten más horas de su tiempo para realizar el trabajo encierro, lo que derivó en una caída significativa de las tasas “reproductivo”, cayendo en la doble jornada: la mitad del del empleo femenino o prospectivas en el desarrollo laboral día gastado en salir a trabajar para obtener un salario (en de las mujeres, fenómeno que se conoce como she-cession, el caso del empleo formal) u conseguir ingresos de manera por el aumento de las brechas de género en la participación informal, y la otra mitad de su tiempo volviendo a la casa de las mujeres en el mercado laboral (Ippei Shibata, 2021). para realizar el trabajo de cuidado. En cambio, los hombres En América Latina las mujeres son quienes más han sufrido son vistos como los “proveedores económicos” del hogar, los efectos del desempleo y la precarización de las condiquienes por lo general obtienen el salario sin asumir las ciones de trabajo, lo que ha genera para ellas “un retrocecargas del trabajo de cuidado, “subsidiados” por el trabajo so de más de una década en los avances logrados en materia de invisible (y no remunerado económicamente) de las mujeres. participación laboral” (cepal, 2021). De acuerdo con datos También existe una cuota importante de trabajo de cuidado de la Comisión Económica para América Latina (cepal), “la “delegado” explícita o implícitamente de los hombres hacia tasa de desocupación de las mujeres llegó a 12% en 2020, las mujeres. En este sentido, los roles de género discrimiporcentaje que se eleva a 22.2% si se asume la misma tasa nan a las mujeres al imponerles mayores cargas y costos de participación laboral de las mujeres de 2019. En 2020 asociados al cuidado que los hombres no experimentan se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza durante su vida laboral. laboral, quienes, por tener que atender las demandas de

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cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de trabajo digno, promoviendo la flexibilidad de los horarios en empleo” (cepal, 2021). las oficinas (principalmente a quienes realicen estas tareas), De igual manera, los estudios demuestran que las mujeres mejorando las condiciones para la lactancia y promoviendo más pobres, con menos educación y con hijos, fueron las más prestaciones sociales que ofrezcan opciones a quienes traafectadas por las medidas de aislamiento ocasionadas por la bajan para aligerar las cargas y los costos económicos del pandemia por Covid-19 (Fabrizio et al., 2021). En este sentido, cuidado. El fin último de las políticas públicas debería ser la pandemia reforzó desigualdades de género estructurales que las personas con familias puedan compatibilizar su vida preexistentes en los países latinoamericanos (Bergallo et al., laboral con su vida afectiva.

2021). La pregunta entonces es: ¿qué está haciendo el Estado Así, las políticas de cuidado también deben ocuparse de mexicano y la iniciativa privada para promover políticas de mejorar las opciones y la oferta para las personas adultas cuidado con perspectiva de género? ¿Por qué debemos las mayores que ya están en su ciclo final de vida y necesitan mujeres subsidiar la economía nacional mediante las labores cuidados especializados por enfermedades propias de la domésticas y de cuidado no remuneradas haciéndolas la vejez. Igualmente, deberían atenderse mejor las necesidades mayoría sin ningún tipo de compensación? ¿Qué políticas de cuidado de quienes se encuentran en situaciones de dispúblicas se pueden impulsar para contrarrestar los efectos capacidad temporal o permanente. Debido a las necesidades negativos de la pandemia en las tasas de desempleo y la diferenciales en la atención de las personas que requieren participación asimétrica en el mercado laboral que afectan cuidado, es importante focalizarse en grupos de población por de manera desproporciona a las mujeres? edad sin que esto signifique dejar a un lado la interseccionaEstas preguntas no tienen respuestas fáciles. México lidad en la atención de las personas. Lo anterior quiere decir adolece de un sistema nacional de cuidados que articule las que habrá factores, además del género, como la raza, la clase, políticas públicas federales y estatales de forma integral y efila orientación sexual, la condición de migrante, entre otras, ciente. De acuerdo con un informe de Inmujeres y onu Mujeres, que pongan tanto a las personas que cuidan como a quienes en México “la provisión de cuidados es insuficiente, de baja necesitan el cuidado en una situación de mayor riesgo de calidad y no tiene una accesibilidad amplia”, habiendo un défidiscriminación. Por lo tanto, hay que valorar bajo una lupa cit también en el conteo estadístico de las integral cómo se diseñan y se proporcionan personas que necesitan cuidados (Inmujeres, los servicios de cuidado, considerando las onu Mujeres, Gobierno de México, 2018, p. 2). particularidades de sus beneficiarios.

Las políticas de Las opciones que brinda el Estado a través Al respecto, en 2022, la Suprema Corte de cuidado en México de la seguridad social (Instituto Mexicano del Justicia de la Nación (scjn) analizó la consdeberían tomar en Seguro Social [imss] e Instituto de Seguridad titucionalidad de la priorización hecha por cuenta tres princiy Servicios Sociales de los Trabajadores del la Ley que Regula el Funcionamiento de los pios fundamentales Estado [issste]) sólo son para personas afiCentros de Atención y Cuidado Infantil para liadas a trabajos formales, dejando a un lado la Ciudad de México para admitir a niños de derechos humaa las personas (léase mujeres) que trabajan y niñas de “madres entre 12 y 22 años 11 nos: la igualdad de en la economía informal. Además, la oferta meses de edad inscritas al sistema educagénero, el interés de estancias infantiles públicas está ampliativo nacional y que por asistir a la escuela superior de la infanmente superada por la demanda de quienes no puedan proporcionar la atención y [los] cia y el trabajo digno. no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas cuidados necesarios a sus hijas e hijos”, a las para ir a trabajar. En este sentido, se estima víctimas de violencia intrafamiliar, así como que “las guarderías del imss sólo atienden a las “madres solteras que requieran la atena 19% de su población potencial” (Inmujeres, onu Mujeres, ción de su niña o niño por motivos laborales”3 (scjn, acción Gobierno de México, 2018, p. 15). de inconstitucionalidad 215/2020). En su resolución, la scjn Por otra parte, el cuidado no sólo implica ampliar la oferta consideró que esa priorización no vulneraba el principio de de estancias y jardines infantiles gratuitos y accesibles para igualdad y no discriminación ya que debía entenderse como padres y madres de niños y niñas, sino repensar las prestauna acción afirmativa para garantizar la igualdad de oportuniciones laborales que sólo están enfocadas en los periodos dades y el acceso a recursos materiales para las mujeres que del pre y el posparto de las mujeres (licencias de maternise encuentran en mayores condiciones de disparidad, como dad). Las prestaciones laborales deberían incluir licencias las madres adolescentes, solteras y víctimas de violencia de parentalidad que también incluyan tiempos de descanso de género (scjn, acción de inconstitucionalidad 215/2020). para los padres, en lugar de que sólo sean para las mujeres En general, en la articulación de las políticas de cuidado que deciden ser madres. Ambos géneros deberían ser restambién se recomienda promover la corresponsabilidad del ponsables del cuidado de los recién nacidos y también poder Estado, las familias y las organizaciones y las empresas privadisfrutar de un tiempo razonable de descanso laboral para das en la provisión de los servicios de cuidado. Este modelo de iniciarse en la maternidad/paternidad. Cuestión que nunca corresponsabilidad en los cuidados supone una articulación ha sido una labor fácil. entre las familias, los entes estatales y las empresas privadas Las políticas de cuidado en México deberían tomar en para estar en constante diálogo y mantener una vigilancia cuenta tres principios fundamentales de derechos humanos: firme de las necesidades de la población sujeta a las políticas la igualdad de género, el interés superior de la infancia y el de cuidado. Los programas sociales deberían trabajar de la

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Especial Mujeres mano de la filantropía privada para promover inversiones en infraestructura y recursos humanos que mejoren la provisión directa de los servicios de cuidado.

Como sugieren Inmujeres y onu Mujeres, las políticas de cuidado deben implementarse de manera interinstitucional, articulando a las dependencias federales, estatales y municipales encargadas de instrumentar los programas sociales que tocan aristas del cuidado de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y en situación de discapacidad. La coordinación interinstitucional de los diversos ámbitos territoriales del país debe promover acciones conjuntas del Estado con “la iniciativa privada para enfrentar problemas y generar propuestas enfocadas a mejorar el acceso, aumentar la calidad y expandir la oferta de los servicios de cuidado” (Inmujeres, onu Mujeres, Gobierno de México, 2018, p. 15).

En conclusión, el cuidado en México es un tema de atención urgente. Las políticas públicas a su alrededor necesitan orientarse bajo el principio de igualdad de género, para poder disminuir, y en el mejor de los casos balancear, las cargas de cuidado que recaen directamente sobre las mujeres. El altruismo de las mujeres en la realización de tareas del hogar y del cuidado de personas que lo necesitan no puede seguir siendo la caja grande de las políticas públicas estatales ni un subsidio femenino a la economía mexicana. La articulación de un sistema nacional de cuidado es una tarea pendiente que necesita reformas legislativas, pero sobre todo de un esfuerzo de coordinación entre los diferentes niveles estatales que prestan servicios directos y la iniciativa privada para mejorar las condiciones de vida familiares y laborales en el país. 7 No estoy dando por sentado que las personas que nacen con órganos sexuales femeninos son mujeres. Esto es una decisión personal sujeta al libre desarrollo de la personalidad, la identidad y la identificación con un género. Suscribo la construcción del sexo dentro del género como fenómeno cultural y performativo, como lo explica Judith Butler en El género en disputa, 1990.

2 En 2021, en México, las mujeres gastaron un total de 2,181 horas al año en labores domésticas y de cuidado, mientras que los hombres sólo utilizaron 771. Véase “Trabajo no remunerado en los hogares”, inegi, México. Disponible en https://www.inegi.org.mx/temas/tnrh/.

3 Véase el artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México.

1

Fuentes de consulta • Bergallo, Paola, Marcelo Mangini, Mariela Magnelli y Sabina Bercovich (2021), “Los impactos del Covid-19 en la autonomía económica de las mujeres en América Latina y el Caribe”, pnud, onu Mujeres, pnud lac c19 pds, núm. 25. Disponible en https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/ los-impactos-del-covid-19-en-la-autonomia-economica-de-las-mujeres-en-america-latina-y-el-caribe.

• cepal (2021), “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad”, febrero. Disponible en https://www.cepal.org/es publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion- sostenible-igualdad.

• Fabrizio, Stefania, Diego B. P Gomes y Marina M. Tavares (2021), “Covid-19 She-Cession: The Employment Penalty of Taking Care of Young Children”, International Monetary Fund Working Paper, pp. 1-33.

Disponible en file:///Users/almabeltranypuga/Downloads/wpiea2021058-print-pdf.pdf.

• Franke, Katherine M. (2001), “Theorizing Yes: An Essay on Feminism, Law, and Desire”, Columbia Law Review, vol. 101, núm. 1, pp. 181–208. Disponible en https://doi.org/10.2307/1123512.

• Halley, Janet (2005), “The Politics of Injury: A Review of Robin West’s Caring for Justice”, Unbound, vol. 1, núm. 65. Disponible en http://legalleft.org/wp-content/uploads/2015/09/1UNB065-Halley.pdf.

• inegi (2021), “Trabajo no remunerado en los hogares”. Disponible en https://www.inegi.org.mx/temas/ tnrh/.

• Inmujeres, onu Mujeres, Gobierno de México (2018), Bases para una estrategia nacional de cuidados, México. Disponible en https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/ Documentos/Publicaciones/2019/bases%20para%20una%20estrategia%20nacional%20de%20cuidados%202018%20web1.pdf.

• scjn, acción de inconstitucionalidad 215/2020, sentencia del 14 de febrero de 2022, promovente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ministra ponente: Yasmín Esquivel Mossa.

• Shibata, Ippei, Marina M. Tavares, Francesca Caselli, Niels-Jakob Hansen y John Bluedorn (2021), “Gender and Employment in the Covid-19 Recession: Cross-country Evidence on ‘She-cessions’ ”. 30 de abril. Disponible en https://cepr.org/voxeu/columns gender-and-employment-covid- 19recession-cross-country-evidence-she-cessions.

Alma Beltrán y Puga es abogada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, con maestría en la Universidad de Columbia (Nueva York), de donde es becaria Fulbright. También es doctora en Derecho por la Universidad de Los Andes (Colombia), así como académica de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana (México). Asimismo es integrante de la Red Alas, una asociación de académicas de América Latina que busca transversalizar el género en la educación y en la investigación jurídica en la región e investigadora afiliada del Centro Petrie Flom sobre Derecho a la Salud, Biotecnología y Bioética de la Universidad de Harvard. Correo: alma.beltran@ibero.mx. @almandina19.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 65

[ Visión global ] Paulina Palencia Méndez

El presente es lucha

A lo largo de la historia de la humanidad, el sexo femenino ha buscado abrirse camino en actividades que eran consideradas exclusivas para los hombres: participar en las guerras, gobernar, trabajar, votar, opinar, discernir y soñar. En el siglo xxi, ser mujer es más que dedicarse a la crianza y al cuidado del hogar. El protagonismo de la mujer en el ámbito social se ha visibilizado gracias a su resistencia a la represión y a su encierro, pero ¿podemos considerar que las mujeres son libres?

Mutilación genital femenina Desde civilizaciones pasadas, las mujeres han sido consideradas el sexo débil, por lo cual es común categorizarlas, sexualizarlas, cosificarlas y estigmatizarlas según su educación, su profesión, su cuerpo y su desenvolvimiento en la sociedad.

De igual forma, las mujeres son usadas como un arma de guerra para desestabilizar al oponente, haciendo uso de la fuerza sexual y de su inocencia, dejando seres inermes en la adversidad; razón por la cual en 1975 la Organización de las Naciones Unidas (onu) empezó a conmemorar el Día Internacional de la Mujer debido a la necesidad de establecer una equidad de género entre hombres y mujeres, mayor igualdad laboral y el respeto absoluto a sus derechos humanos.

Sin embargo, en varios países de África, Medio Oriente y Asia Meridional se sigue

66 abogacía Marzo 2023

vulnerando de forma total e intencional la salud de millones de niñas al practicarles la mutilación genital femenina bajo la premisa de “conservar su virginidad, facilitar el casamiento de la mujer y aumentar el placer sexual masculino”.

Por consiguiente, en 2012 la Asamblea General de la onu designó el 6 de febrero de cada año como el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina para concientizar a hombres y a niños del peligro que conlleva esta práctica y fomentar su participación en la erradicación, con la finalidad de cumplir el quinto Objetivo del Milenio: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Mujeres emblemáticas El movimiento feminista surgió para exigir las mismas

oportunidades y una equidad de género que se ha ido contraviniendo desde la creación de las tres grandes religiones patriarcales, que en sus inicios lograron segmentar a “las mujeres como seres humanos de segunda clase, al no formar parte de la clase sacerdotal”. ¿La convivencia entre los seres humanos sería la misma si Dios fuese mujer? Desde los inicios de la civilización, la sociedad reposaba en la cooperación entre hombres y mujeres, propiciando la comunicación y el trabajo en equipo con labores específicas que desencadenaron la evolución y el desarrollo de la humanidad.

Sor Juana Inés de la Cruz, la reina Elizabeth I, la reina Victoria, Josefa Ortiz de Domínguez, Marie Curie, Rosalind Franklin, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Margaret Thatcher, Frida Kahlo, Leonora Carrington,

Margaret Hamilton, Ruth Bader Ginsburg, por mencionar a algunas, abrieron la brecha para que las mujeres del presente tengan mejores oportunidades en los ámbitos profesionales e intelectuales cuya exclusividad recaía sólo en los hombres.

El presente también es resistencia Mujeres como Malala Yousafzai, Christine Lagarde, Kristalina Georgieva, Serena Williams, Chimamanda Ngozi Adichie, Peng Shuai, Madonna, Yalitza Aparicio, Michelle Obama, Rigoberta Menchú Tum, Norma Lucía Piña Hernández, Kamala Harris, entre cientos de mujeres, continúan luchando por la equidad de género alentando al respeto total de los derechos humanos del sexo femenino. Por esa razón el feminismo no debería referirse a una minoría sino a una lucha continua que aspira

al cumplimiento de los derechos individuales y colectivos.

México feminicida Cada 8 de marzo el mundo clama por justicia y México no es la excepción. En ciudades de todo el país, colectivos, madres y padres de familia, hermanos, hermanas, amigos y amigas se apropian de las principales avenidas para marchar en representación de todas las mujeres que ya no están. Por todas las que estamos y por todas las que nacerán. En esa fecha se exige seguridad y justicia para todas las niñas y mujeres que han sido violentadas y asesinadas.

El incremento de los índices de violencia de género ha demostrado el pésimo oficio, la falta de compromiso, la indebida persecución del delito y la ausencia de empatía de los gobiernos municipal, estatal y federal. La vida no debería ser

una lucha continua para exigir justicia o anhelar encontrar el cuerpo inerte de una niña o una mujer para tener donde llorarle.

En el caso específico de la Ciudad de México, ¿por qué un sector de la población se indigna tanto al ver que una mujer o un movimiento feminista exige justicia en el Ángel de la Independencia, si cada vez que los aficionados locales ganan una liguilla de futbol van a celebrar ahí en pro de la gloria y de su equipo favorito? Éstas son contradicciones que polarizan aún más a la sociedad. ¿No es la forma correcta de actuar de una mujer? ¿Denostar al movimiento feminista abonará a que disminuyan los feminicidios y la injusticia? ¿Qué haría usted si su hermana, madre, esposa, hija, amiga o vecina integraran esa lista interminable de feminicidios y desapariciones? ¡No es necesario crear un vínculo

Desde los inicios de la civilización, la sociedad reposaba en la cooperación entre hombres y mujeres, propiciando la comunicación y el trabajo en equipo con labores específicas.

Las mujeres son usadas como un arma de guerra para desestabilizar al oponente, haciendo uso de la fuerza sexual y de su inocencia, dejando seres inermes en la adversidad.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 67

Especial Mujeres

sanguíneo o de amistad para mostrar empatía!

Sólo en 2022 se registraron más de 900 feminicidios en la República mexicana, 175 en el Estado de México y 74 en la Ciudad de México. La impunidad genera violencia.

La apatía de las instituciones las convierte en cómplices: “El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos”, sentencia Simone de Beauvoir.

Movimiento #MeToo En 2017 surgió un movimiento en redes sociales con el hashtag #MeToo para denunciar a un productor de cine estadounidense por abuso y agresión sexual. Su impacto fue tal que millones de mujeres unieron su voz para evidenciar los abusos —perpetrados por hombres—, expresar su miedo al ser escuchadas y cuestionadas, así como manifestar la impunidad que impera en varios países.

Desde entonces, la sororidad ha crecido entre las mujeres. Se desangró la herida patriarcal.

Por eso se aspira a la reparación del daño con una debida procuración de justicia y con perspectiva de género.

Comentarios finales ¿Realmente las mujeres gozan sus libertades? ¿Hombres y mujeres tienen que ser feministas para lograr un cambio positivo? ¿Los miembros

permanentes del Consejo de Seguridad están preparados para ser liderados por mujeres, exceptuando a Reino Unido con Margaret Thatcher? ¿En algún momento de la historia moderna las mujeres serán consideradas para ocupar el cargo de secretaria general de la onu?

Cuando exista una verdadera equidad de género y el despropósito de opacar la realidad se disipe, todas las respuestas tendrían que ser afirmativas. 7

Paulina Palencia Méndez es columnista de la sección Visión Global de abogacía y licenciada en relaciones internacionales por la Universidad Anáhuac.

Se ha desempeñado en el sector público, en el área de derechos humanos, y en el sector privado, en cuestiones administrativas, de logística internacional y medios digitales. Es analista de It Gossip Politics. @paupalmen.

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La legitimidad de las deciones jurisdiccionales, residen en el pacto social. El actuar del Poder Judicial no solamente es producto de la democracia, sino que también es sostén de la misma. En este texto, Diego Bernal Toriello analiza la función democrática del Poder Judicial.

Diego Bernal Toriello

E

La función jurisdiccional como función democrática

l Poder Judicial, como uno de los poderes clásicamente considerados de la división de poderes, es un agente de las decisiones políticas fundamentales del constitucionalismo mexicano.1 Es decir, sea directa o indirectamente, se debe considerar que fue decisión del pueblo mexicano su constitución, su existencia y su funcionamiento.2 Hamilton, Madison y Jay consideran que el Poder Judicial es escogido por el pueblo: “El presidente será elegido por el pueblo de manera indirecta, según el ejemplo seguido en la mayoría de los estados. Incluso los jueces, y todos los demás cargos de la Unión, serán elegidos —aunque de manera muy indirecta— por el pueblo mismo, como se hace en los diversos Estados”.3 Así, desde que se escribió El Federalista, en el siglo xviii, no debía confundirse que determinado funcionario fuera elegido mediante sufragio popular o no, para la ejecución del cargo, con que su designación fuera democrática o no democrática.

Conforme a las ideas de Hamilton, Madison y Jay, el hecho de que el Poder Judicial sea un poder previsto en la Constitución federal

70 abogacía Marzo 2023

que fue adoptada de manera popular, conforme a su artículo 39, necesariamente hace que sea legítimo y democrático y, por ende, son democráticos la existencia, el nombramiento y el ejercicio de las funciones de sus integrantes.

El Poder Judicial, además de ser, por su naturaleza, producto de la voluntad democrática de los mexicanos, es un pilar del poder público, pues, entre otras actividades, suele tener la función de “vigilar” los actos de las demás autoridades, a manera de “garante del orden constitucional”.

Según palabras de Jorge Ulises Carmona, en el contexto del principio de la división de poderes, la relevancia del Poder Judicial se manifiesta de la siguiente forma: “Cabe recordar la función inicial que los impulsores del principio le asignaron y que no era otra que evitar la concentración de poder en perjuicio de los individuos a favor de los cuales debía operar. A este respecto, al órgano jurisdiccional le corresponde desempeñar un papel de enorme trascendencia, ya que en la mayoría de los países se le asigna la función de proteger y vigilar el principio, con base en las

facultades de intérprete último de la Constitución y garante del orden constitucional”.4 En este sentido, como lo concibieron Hamilton, Madison y Jay, el Poder Judicial es parte integrante de la decisión política fundamental de la república democrática.5 De esta suerte, los jueces son miembros del Poder Judicial y, por lo tanto, personas con legitimación democrática para ejercer su encargo; asimismo, son competentes para hacerlo. Cipriano Gómez Lara afirma que “el tema de la competencia no es exclusivo del Derecho procesal, sino que está referido a todo el Derecho público. Por tanto, en un sentido lato, la competencia puede definirse como el ámbito, la esfera o el campo dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones. ”En este sentido la Constitución mexicana establece que ‘nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente...’. Dicha referencia a la autoridad competente engloba a cualquier tipo de ésta, ya sea legislativa, administrativa o judicial”.6 El artículo 16 de la Constitución federal prevé expresamente una de las verdades jurídicas de Perogrullo mejor conocidas: las autoridades solamente pueden hacer aquello que les esté expresamente facultado por las leyes. Es decir, solamente pueden obrar dentro de su ámbito de competencia.

Aharon Barak afirma que la legitimidad del juez, per se, es el presupuesto de la legitimidad de sus resoluciones: “No es que sus decisiones legitimen sus resoluciones, sino que, más

bien, sus decisiones se basan en una legitimidad que precede a las resoluciones. Su discreción judicial es una expresión de legitimidad”.7 El juez ya tiene, como presupuesto de su encargo, legitimidad para ejercer sus funciones y para resolver. Cuando un juez es nombrado y emite su primera resolución, su legitimidad ya existía: se encuentra en la decisión política fundamental localizada a lo largo del texto constitucional y, concretamente, en los artículos 39, 40 y 49 de la Constitución federal. De esta suerte, las decisiones no legitiman al tribunal, sino que la legitimidad precede a las resoluciones; al menos, como dice Aharon Barak, en las sociedades democráticas, pues “la naturaleza democrática de un régimen le da forma a la función de todos los poderes del Estado. También afecta directamente al Poder Judicial”.8 La realidad demanda, además, que los jueces impriman a sus resoluciones discrecionalidad; es decir que a falta de una hermenéutica o una tipificación total en las leyes, los jueces deben resolver de manera sistemática los casos que se les presentan. Lon Fuller sostuvo, al respecto, lo siguiente: “Aquellos que son responsables de crear y administrar un cuerpo de normas jurídicas se enfrentarán, siempre, a un problema en el sistema. Las normas jurídicas que se aplican a la decisión de conflictos individuales no deben representar un acto aislado de sabiduría judicial. Se deben integrar y mantener en ciertas relaciones sistemáticas entre ellas. Deben mostrar cierta coherencia interna en su estructura”.9 Así, la discrecionalidad judicial —también conocida como discreción judicial— se concibe como “el arbitrio o la voluntad LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 71

admisible”10 del tribunal al resolver un proceso judicial. A ese ámbito de elección para que los jueces resuelvan se le denomina discrecionalidad judicial.

En ocasiones los jueces resuelven, en mayor o menor grado, de forma discrecional, especialmente los denominados “casos difíciles”, consistentes en las controversias jurídicas en que la solución no se encuentra dada directamente de la aplicación de una regla.11 Oliver Wendell Holmes consideró que los tribunales, al momento de resolver los casos, actúan como legisladores;12 es decir, al dictar resoluciones tienen “un elemento irreducible de libre creatividad, de libertad de interpretación”.13 La discrecionalidad judicial existe en cualquier sistema de Derecho como consecuencia de las antinomias, lagunas, colisión de principios, aporías —aparentes o reales— e incluso de la vaguedad del lenguaje jurídico.14 Es decir, como consecuencia de los defectos de un sistema jurídico,15 por la imposibilidad para prever todos y cada uno de los casos posibles, los jueces deben resolver las controversias que conocen como una “elección de alternativas abiertas”.16 Endicott afirma que el Poder Legislativo emite leyes con un lenguaje relativamente vago adrede, pues la experiencia dicta que no es viable pretender regular todas y cada una de las conductas concebibles, pues la realidad necesariamente superará las hipótesis previstas.17 Esto se debe, fundamentalmente, a que las normas jurídicas son prescritas en forma general y abstracta, por lo que las situaciones fácticas que las actualizan suelen incorporar elementos que ponen en tela de juicio su aplicabilidad puntual a cada caso.18 Entre los autores que se oponen a la discrecionalidad judicial se encuentra Ronald Dworkin, quien propuso el “modelo de la respuesta correcta”, conforme al cual el juez que resuelve “bien” solamente puede llegar a una conclusión.19 Contrarrestando esa teoría, Aharon Barak opina que es necesaria la discrecionalidad judicial para resolver casos que no se encuentren plenamente previstos en la ley. En estos casos puede encontrarse frente a una serie de soluciones plausibles, no necesariamente ante una sola.20 Tal ha sido la polémica reciente en torno de la discrecionalidad judicial, que el propio Aharon Barak dedicó un libro enteramente a ese tema.21 Ahora bien, la discrecionalidad judicial no es sinónimo de irresponsabilidad o anarquía. Su ejercicio debe llevarse a cabo con sensatez, prudencia y buen juicio.22 Aunado a ello, existen principios y estándares que guían a los tribunales al ejercer la discreción judicial.

“Un ejemplo claro de esto puede observarse en el proceso de reordenación política que llevaron a cabo varias naciones europeas después de la Segunda Guerra Mundial, por el cual pasaron de Estado Legal de Derecho a un Estado Material de Derecho. Entre otras cosas, dicho cambio se caracteriza por la incorporación en las instituciones de: i) derechos fundamentales (humanos o morales) recogidos como principios que vinculan a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial como Derecho directamente aplicable, y ii) sistemas de control de constitucionalidad. ”La interpretación y aplicación de estos principios, que funcionan como criterios de la validez jurídica del resto de las normas, requiere un tipo de razonamiento práctico que no es meramente formal ni valorativo”.23

72 abogacía Marzo 2023

Las normas jurídicas que se aplican a la decisión de conflictos individuales no deben representar un acto aislado de sabiduría judicial. Se deben integrar y mantener en ciertas relaciones sistemáticas entre ellas.

El Poder Judicial, además de ser, por su naturaleza, producto de la voluntad democrática de los mexicanos, es un pilar del poder público.

En el foro mexicano no es distinto. Se ha resuelto en los criterios de rubro “conflictos que involucran derechos fundamentales. su resolución jurídica”24 y “derecho fundamental a la salud, en su vertiente de vacunación. el legislador federal es competente para emitir normas que lo desarrollen e, incluso, lo amplíen a través de principios y reglas, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones relacionadas

tanto con fines como con medios”,25 que los derechos humanos son

mandatos de optimización y, por ende, principios susceptibles de mayor cumplimiento, día a día. En concreto, los derechos humanos, en el contexto del bloque de constitucionalidad, constituyen el estándar y el parámetro que sirve de guía a la discrecionalidad judicial en México.

Así, es factible considerar que el estándar para el ejercicio de la función judicial en México es el parámetro de regularidad constitucional previsto en la tesis jurisprudencial de rubro “derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados internacionales. constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional”.26

Ese parámetro de regularidad constitucional es una especie de gríngola que restringe el margen de actuación de los tribunales al momento de ejercer la discreción judicial.

De esa manera, los tribunales integrantes del Poder Judicial, al ejercer sus funciones, actúan de manera democrática, pues fue voluntad del “pueblo mexicano”27 incluir el Poder Judicial en la Constitución federal tal como se encuentra allí. De igual forma, las resoluciones que dictan los tribunales mexicanos están, por la misma causa, revestidas de legitimidad democrática. Inclusive las sentencias que contienen ejercicios de discrecionalidad judicial son democráticamente legítimas, pues la discrecionalidad judicial es una herramienta inherente y necesaria para la resolución de controversias por la falta de hermenéutica en la ley: los jueces son competentes para utilizar esa herramienta.28 7

Cf. Miguel de la Madrid Hurtado, Estudios de Derecho constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, México, en https://www.google. com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjHqva_tcP8AhVtH0QIHZ_PC3oQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Farchivos. juridicas.unam.mx%2Fwww%2Fbjv%2Flibros%2F8%2F3681%2F7.pdf&usg=AOvVaw0Pi8VadIk5_Y1VK32bOC1B. Consultado el 3 de febrero de 2023.

2 Cf. artículos 39, 40 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Alexander Hamilton et al., El Federalista, Akal, España, 2015, p. 311.

4 Jorge Ulises Carmona Tinoco, “La división de poderes y la función jurisdiccional”, en Raúl Márquez Romero (coord.), Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, México, enero-junio de 2007, p. 176, en https:// revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/issue/view/409. Consultado el 8 de febrero de 2023.

5 Alexander Hamilton et al., op. cit., pp. 311-312.

6 Cipriano Gómez Lara, Teoría general del proceso, 8ª ed., Harla, México, 1990, p. 174.

7 Aharon Barak, Un juez reflexiona sobre su labor: el papel de un tribunal constitucional en una democracia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2008, p. xv.

8 Ibid., p. xviii.

9 Lon Fuller, Anatomy of the Law, Praeger Publishers, Nueva York, 1968, p. 94. La traducción es mía.

10 Juan B. Etcheverry, “Discrecionalidad judicial”, en Jorge Luis Fabra Zamora y Verónica Rodríguez Blanco, Enciclopedia de filosofía y teoría del Derecho, vol. 2, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, México, 2015, p. 1398, en https://www.google.com/ 1

url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgzpDDv978AhVuHUQIHSgQBqIQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Farchivos. juridicas.unam.mx%2Fwww%2Fbjv%2Flibros%2F8%2F3796%2F18.pdf&usg=AOvVaw2PIuCb-ARZ2ssUMOQ505un. Consultado el 2 de febrero de 2023.

11 Cf. Josep Aguiló Regla, Sobre Derecho y argumentación, Lleonard Muntaner, Mallorca, 2008, pp. 23-24.

12 Cf. Oliver Wendell Holmes, The Path of the Law, 10 Harvard Law Review, Estados Unidos, 1987, en https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8hsKRy978AhXgJEQIHRtDB6gQFnoECBsQAQ&url=http%3A%2F%2Fmoglen.law.columbia. edu%2FLCS%2Fpalaw.pdf&usg=AOvVaw0_CP-7qeGTia0tw1efWRaz. Consultado el 5 de febrero de 2023.

13 Anthony Kronman, “El problema de la discrecionalidad judicial”, Academia. Revista sobre Enseñanza del Derecho, año 5, núm. 10, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2007, p. 96, en https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/revista-ensenianza-derecho/article/view/956/879. Consultado el 4 de febrero de 2023.

14 Cf. Herbert Lionel Adolphus Hart, “American Jurisprudence Through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream”, en Essays in Jurisprudence and Philosophy, Oxford University Press, Inglaterra, 1983, pp. 123-140.

15 Juan B. Etcheverry, “Discrecionalidad judicial”, en op. cit., p. 1391.

16 Cf. Herbert Lionel Adolphus Hart, El concepto de Derecho, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1963, p. 160.

17 Cf. Timothy Endicott, Vagueness in Law, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 191-193.

18 Cf. Frederick Schauer, Playing by the Rules, Clarendon Press, Inglaterra, 1991, pp. 32-33.

Cf., Ronald Dworkin, Los derechos en serio, 2ª ed., Ariel, Barcelona, 1989, pp. 20-22.

20 Cf. Aharon Barak, Discrecionalidad judicial, Palestra, Perú, 2021, pp. 55-57.

21 Idem.

22 Cf., María Iglesias Vila, El problema de la discreción judicial, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999, pp. 24-31.

23 Juan B. Etcheverry, “Discrecionalidad judicial”, en op. cit., pp. 1396-1397.

24 Tesis aislada de número de registro digital 161368, número de tesis P. XII/2011, emitida en la novena época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a agosto de 2011, tomo xxxiv, p. 23.

25 Tesis jurisprudencial de número de registro digital 2025149, número de tesis XVII.1o.P.A. J/5 CS (11a.), emitida en la undécima época por Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 16, correspondiente a agosto de 2022, tomo iv, p. 4190.

26 Tesis jurisprudencial de número de registro digital 2006224, número de tesis P./J. 20/2014 (10a.), emitida en la décima época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 5, correspondiente a abril de 2014, tomo i, p. 202, de rubro: “derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados internacionales. constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en 19

la constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional”.

Cf. artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 73

[ ¿Qué dicen hoy los tribunales? ] Denise Tron Zuccher y Mariana Ruiz Albarrán

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Fiscalía General de la República requiere orden judicial para solicitar información protegida por el secreto bancario. La Segunda Sala se pronunció sobre los límites probatorios del testimonio rendido por el supervisor de la empresa en un juicio laboral.

CIVIL Enfermedades contagiosas y concubinato Después de la muerte de una persona que padecía una enfermedad incurable, su pareja pidió ser reconocida como concubino y heredero. Contrariamente a su petición, se sostuvo que el Código Civil para el Estado de México establece como impedimento para reconocer el concubinato que se padezca una enfermedad incurable que sea contagiosa o hereditaria.

La Primera Sala resolvió que este impedimento no es absoluto y no puede utilizarse para negar derechos que derivan de una relación de pareja. La decisión de unirse en concubinato con una persona que tiene una enfermedad corresponde a quien podría sufrir el riesgo.

Por lo tanto, la voluntad de estar juntos puede realizarse por escrito o de manera tácita.

[Jurisprudencia.] Registros: 2025849, 2025850, 2025851.

Pemex dona gasolina a particulares Petróleos Mexicanos le donó gasolina, asfalto y diesel a una persona, quien debía darle un uso determinado a los bienes donados y mantenerlo informado sobre su uso. En un contrato de donación onerosa, los requisitos o las cargas que el donante le establece al donatario no pueden considerarse como obligaciones ni como contraprestación por los bienes donados. Además, no podrá exigirse al donatario el pago

74 abogacía Marzo 2023

de intereses moratorios, si en el contrato no se pactó como pena convencional. Registros: 2025842, 2025843, 2025841 y 2025845.

Eliminar apellido paterno de acta de nacimiento Dos hermanos promovieron un juicio para solicitar que se eliminara de su acta de nacimiento el apellido de su padre, porque éste los había abandonado. Un Tribunal de Chihuahua resolvió que el juicio debía admitirse, a pesar de que la legislación civil no prevé una acción específica para estos efectos, con el fin de proteger el derecho a la identidad y el acceso a la justicia.

Registro: 2025887.

deducciones falsas o ingresos menores a los realmente obtenidos. No es necesario que la norma establezca a qué tipo de declaraciones se refiere o los plazos de presentación, estos elementos están definidos en la legislación fiscal. [Jurisprudencia.] Registro: 2025892.

Pago de facturas no es suficiente para probar materialidad Un tribunal resolvió que el contribuyente que recibió facturas falsas no logró acreditar que las operaciones amparadas por aquéllas sí fueron realizadas, ya que se limitó a probar el pago de las mismas. Registro: 2025765.

PENAL

FISCAL Fecha cierta en compraventa “de palabra” El reconocimiento en juicio civil de una compraventa “de palabra” de un bien no convalida la fecha en que se realizó. Se tendrá por fecha cierta del contrato aquella en que se dicte la sentencia de reconocimiento de la compraventa. Si antes del dictado de la sentencia, el Sistema de Administración Tributaria embarga el bien por un crédito fiscal del entonces vendedor, el comprador no podrá interponer amparo para defenderse. Registro: 2025810.

Defraudación fiscal equiparada La Primera Sala confirmó que la defraudación fiscal equiparada no viola el principio de exacta aplicación de la ley cuando el delito se comete por declarar

Estándar probatorio en el auto de vinculación a proceso El juez de control está obligado a analizar y valorar las pruebas ofrecidas por el imputado, antes de que se resuelva si se le vincula o no a proceso penal. El juez no puede argumentar que en este momento del proceso existe un “estándar probatorio reducido” como justificación para no analizar las pruebas.

Registro: 2025895.

Compra de cocaína, ¿es delito?

No comete el delito de narcomenudeo la persona que compra droga para consumo personal, siempre que la cantidad adquirida esté por debajo de los montos máximos permitidos en la Ley General de Salud y, además, que no haya sido comprada en una escuela, reclusorio, estación de policía o

cerca de estos lugares. Registro: 2025896.

Estafa piramidal, ¿cómo probar el fraude?

Para acreditar la comisión del delito de fraude en una estafa de préstamos en pirámide no se requiere probar que cada persona de manera individual realizó un acto de engaño, sino que debe analizarse el resultado total y se condenará a los responsables como coautores del delito. Registro: 2025848. ¿Fuero militar para integrantes de la Guardia Nacional?

Los militares que laboren en la Guardia Nacional están sujetos a los juzgados del fuero civil debido a la naturaleza civil de la institución. No se les puede considerar como militares en activo, por lo que no pueden ser juzgados en el fuero castrense por el delito de insubordinación.

Registros: 2025753 y 2025759.

Robo cometido por chofer de servicio de transporte En el momento en que el chofer de un camión de transporte se desvía de la ruta establecida, sin causa justificada, se consuma el delito de robo de vehículo y de mercancía. Se considera que al abandonar la ruta se apoderó de manera indebida de los bienes.

Registros: 2025774 y 2025773.

JUICIO EN LÍNEA Notificaciones electrónicas Si en el juicio de amparo en materia civil una de las partes solicita que las notificaciones se realicen por vía electrónica,

entonces el juzgado deberá utilizar este medio tanto para las notificaciones personales como para las que deben realizarse por lista. [Pleno de Circuito, jurisprudencia.] Registro: 2025854.

LABORAL Testimonio de supervisor de empresa ¿Tiene valor probatorio la prueba testimonial del supervisor de una empresa? Si es a favor del patrón no tiene valor probatorio, ya que, atendiendo a las funciones de vigilancia que desempeña en su trabajo y al vínculo de confianza que existe con el patrón, no tiene independencia ni imparcialidad. [Segunda Sala, jurisprudencia.] Registro: 2025858.

Junta debe investigar condiciones de trabajo Cuando un trabajador busca que se reconozca que las actividades en el trabajo le han provocado una incapacidad permanente y no ofrece las pruebas suficientes para acreditar el nexo causal entre la incapacidad y sus labores, la Junta debe allegarse de pruebas si es que hay indicios sobre la veracidad de lo que argumenta.

[Tribunal Colegiado, jurisprudencia.] Registro: 2025839.

Austeridad y reducción de salarios A una servidora pública se le redujo su salario por el plan de austeridad del gobierno federal en 2019. La dependencia (patrón) argumentó que se

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había eliminado su plaza. El tribunal resolvió que la reducción salarial era injustificada, porque la dependencia no acreditó que se habían seguido los mecanismos legales para eliminar su plaza; por ejemplo, la modificación en el reglamento interno o en el manual de funcionamiento. Registro: 2025742.

Prestaciones extralegales y su prueba Por regla general el trabajador está obligado a probar las prestaciones extralegales. Sin embargo, el juez puede solicitar que sea el sindicato, la parte patronal o un tercero, quienes aporten las pruebas, cuando ellos tengan más elementos, lo cual se analizará en cada caso en particular. [Tribunal Colegiado de Circuito, jurisprudencia.] Registro: 2025857.

ADMINISTRATIVO Tribunales especializados y asuntos de comercio exterior La Segunda Sala emitió una jurisprudencia sobre los asuntos que pueden ser presentados ante los juzgados especializados en competencia económica y telecomunicaciones. Si bien se había ampliado a temas relacionados con la Comisión Reguladora de Energía y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Segunda Sala determinó que los juzgados y los tribunales especializados no podrán conocer de juicios en los que se impugnen las Reglas Generales de Comercio Exterior emitidas por el Sistema de Administración

Tributaria, sino que deberán tramitarse ante los juzgados administrativos. [Jurisprudencia.] Registro: 2025838.

Amparo contra reducción de aguinaldo Un servidor público del gobierno de la Ciudad de México reclamó la disminución de su aguinaldo.

El Pleno de Circuito resolvió que si el recibo de pago del salario no explica las razones por las que se redujo su monto, el amparo podrá presentarse en contra del oficio informativo que emitió la dependencia de la Ciudad de México en el que señaló el fundamento de la reducción. [Jurisprudencia.] Registros: 2025795, 2025796 y 2025797.

MERCANTIL Pruebas para cargos no reconocidos Un usuario demandó a su banco por cargos no reconocidos. Entre las pruebas aportó un “log de transacciones” que es una base de datos sobre los movimientos en el sistema. El tribunal resolvió que este tipo de pruebas técnicas requiere ser analizado por un perito en materia informática y no podrá ser interpretado directamente por el juez. Registro: 2025812. ¿QUÉ SE ESTÁ RESOLVIENDO? Secreto bancario en investigaciones penales La Primera Sala resolvió que es inconstitucional que la Fiscalía General de la República pueda requerir información bancaria de los contribuyentes

en las investigaciones sobre delitos fiscales. Por tratarse de información protegida por el secreto bancario, esas solicitudes deberán realizarse previa orden judicial. [Comunicado de la scjn.]

Corte Interamericana condenó a México en arraigo y prisión preventiva La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Tzompaxtle Tecpile en el que condenó a México por violar los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Las autoridades mexicanas tendrán que dejar sin efectos las normas sobre arraigo preprocesal y adecuar la regulación de la prisión preventiva a lo establecido en las normas internacionales.

El caso refiere a tres personas que fueron detenidas en 2006 por el delito de delincuencia organizada. Las personas fueron confinadas durante tres meses en arraigo y posteriormente estuvieron en prisión preventiva durante dos años y medio, para finalmente reconocer su inocencia.

En la sentencia se sostuvo que el arraigo previo al proceso penal es contrario a los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia.

Respecto de la prisión preventiva, se señaló que la ley debe permitir que el juez analice las circunstancias concretas del caso, si existe una medida menos lesiva y la necesidad de ordenarla. [Sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs.

México.] 7

Pérez de Acha Ibarra de Rueda Denise Tron Zuccher es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, asociada de PDeA Abogados y directora ejecutiva en la organización Justicia Justa.

Mariana Ruiz Albarrán es egresada de la licenciatura de Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, colabora en PDeA Abogados y es directora del área de litigio público en la organización Justicia Justa

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 75

Derecho y cine Jaime Vázquez

Erin Brockovich: la ley con rostro de Julia Roberts

Son inspiradoras y representativas las historias de las mujeres que han logrado insertarse en una profesión que por mucho tiempo estuvo reservada para los hombres. Una de estas historias es la de Erin Brockovich, representada en el filme que lleva por título su nombre.

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ulia Roberts fue nominada al Oscar por sus actuaciones en Magnolias de acero (1990) y Mujer bonita (1991), pero fue hasta su tercera oportunidad cuando obtiene el premio, al interpretar a Erin Brockovich, ambientalista que luchó en los tribunales y logró una importante victoria contra la compañía Pacific Gas & Electric Company, causante de la contaminación del agua y la enfermedad de algunos habitantes de la comunidad de Hinkley, California.

La historia real se volvió película, dirigida por Steven Soderbergh en 1999. Se tituló simplemente Erin Brockovich. Soderbergh le dio pinceladas de ficción a la vida y épica hazaña de superación al estilo hollywoodense de una mujer que, en 1993, desde un despacho de abogados, descubre y documenta la relación entre las enfermedades producidas por cromo en el agua y los desechos de una compañía de gas y electricidad.

76 abogacía Marzo 2023

Con un gran éxito de taquilla la película recaudó en poco tiempo más de 250 millones de dólares, cuando su costo de producción apenas rebasó los 50 millones.

Soderbergh, su director, debutó haciendo historia con su ópera prima Sexo, mentiras y video en el Festival de Sundance y ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1989. Ese año Soderbergh competía por un Oscar como mejor director con dos de sus películas; la otra era Traffic, por la que finalmente se llevó la estatuilla.

En la vida real Erin Brockovich ganó en 1996 la demanda millonaria contra la empresa contaminante y continuó trabajando en casos similares, asumiendo un papel destacado en la lucha contra compañías responsables de emitir materiales tóxicos hacia la población. En 2001 publicó su libro La vida es una lucha pero puedes ganar, y en 2005 la Facultad de Derecho Lewis & Clarck de Portland le otorgó el doctorado honoris causa.

En la ficción cinematográfica, Erin es una mujer divorciada, madre de tres hijos, lo suficientemente ruda como para abrirse paso en un mundo vedado para las mujeres, y lo necesariamente frágil para colar una historia de amor con Julia Roberts como protagonista. Su fe en lo que hace, la búsqueda de la verdad y la aplicación de la ley forman la columna vertebral de la cinta.

Al lado de Julia Roberts, como un abogado casi vencido por la vida, está el gran actor Albert Finney. La propia Erin Brockovich hace un pequeño papel, un “cameo” como la mesera de nombre Julia, que en una escena atiende a la Erin, interpretada por la verdadera Julia.

Erin Brockovich fue una exitosa y taquillera película que contó la tenaz lucha de una mujer comprometida con una comunidad, el medio ambiente y la fuerza de la ley en una sociedad democrática.

Julia Roberts se ha convertido en una estrella de la industria hollywoodense. Erin Brockovich es consultora y referente de diversas firmas de abogados en Estados Unidos.

El cine proyectó ambas vidas: una actriz y una activista por el medio ambiente; una historia donde la ley y sus múltiples rostros es la protagonista. 7

Jaime Vázquez ha sido promotor cultural por más de 40 años.

Estudió filosofía en la unam. Fue docente en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha publicado cuento, crónica, reportaje, entrevista y crítica y colaborador del sitio digital zonaoctaviopaz. @vazquezgjaime

Especial Mujeres

La foto del ayer..

Martha Chávez Padrón, primera doctora en Derecho de la unam

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uestro país ha tenido la oportunidad de contar con mujeres de excepcional preparación y visión universal. Una de ellas fue la primera licenciada en Derecho en su estado natal, Tamaulipas, así como la primera doctora en Derecho en la República mexicana, quien presentó su examen de grado el 23 de octubre de 1954 en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, hoy Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).

Martha Chávez Padrón fue aprendiz, estudiante, docente, licenciada, maestra y doctora en el acontecer de su profesión.

Enalteció la cátedra del Derecho; su conocimiento fue el lenguaje en su cotidianidad profesional, sobre todo en el Derecho agrario mexicano.

Esta mujer transitó, ejerciendo su profesión en la función pública, por los tres poderes de la Unión: en el Ejecutivo federal, como directora general de Derechos Agrarios y del Registro Agrario Nacional; secretaria general de Nuevos Centros de Población Ejidal, y subsecretaria de Nuevos Centros de Población Ejidal, cuando el antiguo Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización se transformó en la Secretaría de la Reforma Agraria. Posteriormente fue electa senadora de la República por Tamaulipas y después se integró a la legislatura federal como diputada en representación de un distrito del sur de ese estado.

Un aspecto muy relevante de su personalidad académica y profesional es el estudio y el ejercicio del Derecho agrario, sobre el cual existen diversos libros de su autoría: El Derecho agrario en México, El proceso social agrario y sus procedimientos, Conceptos fundamentales del Derecho aplicados al Derecho agrario y La legislación rural de la Revolución Mexicana. Asimismo es preciso mencionar los comentarios que llevó a cabo de diversas leyes a través de distintas publicaciones: Ley Federal de Reforma Agraria, Ley Agraria de 1992 y los notarios públicos, Ley Federal de Aguas y Ley General de Crédito Rural, de las cuales se han hecho varias reediciones.

Cabe señalar que fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y participó en la emisión de diversas sentencias definitivas formulando una gran variedad de jurisprudencias (precedentes, tesis aisladas y enriquecedores criterios jurídicos) que le dieron vida y vigencia al Derecho social mexicano.

De su obra literaria podemos apreciar su gusto por el romanticismo, como en los poemas de Preludio, muerte y resurrección de amor, así como en Con los ojos de una niña, donde manifiesta su excelsa sensibilidad humana. Su obra Suite tamaulipeca nos da a conocer distintos aspectos de la alta sociedad de la región a mediados del siglo xx. En este recuento no podría faltar un texto dedicado a su terruño de origen, Tampico: Miramar.

Además, escribió Testimonios de una familia mexicana donde narra sus vivencias y las de su familia en la coyuntura histórica de los cambios que se produjeron en México tras la nacionalización de la industria del petróleo. Por su parte, en Los decires de María Güemes recopila los dichos de la sociedad tamaulipeca, y en El calendario de una raza cósmica analiza la ideología esotérica de los mexicanos y su relación con la tradición cultural indígena.

Al tenor del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, le brindamos un reconocimiento por sus logros, sus aventuras y sus desventuras; por su desarrollo profesional y por sus aportaciones a la enseñanza académica, ya que fue formadora de alumnas

y alumnos de alta integridad, amiga de sus amigas y sus amigos, madre adoptiva de mujeres y hombres cabales, compañera de trabajo sin igual, bella mujer por dentro y por fuera, ejemplo de esfuerzo, honorabilidad, honradez, trabajo digno y sincera amistad.

Hoy por hoy, todas las mujeres que luchan desde su respectivo ámbito profesional, como lo hizo Martha Chávez Padrón, constituyen una inspiración que propicia una nueva ola de oportunidades para acceder a la igualdad de género en el terreno académico y laboral. Con su ejemplo estamos obligados a prepararnos cotidianamente para fortalecer el Derecho mexicano y universal.

Cerramos este reconocimiento con las palabras del doctor Sergio García Ramírez: “Largas, muy largas batallas se han librado para que las mujeres obtuvieran el espacio que hoy ocupan y custodian. Y no deberán abandonarlo a las tentaciones reivindicatorias que algunos masculinistas —cruzados del terciario— enarbolan todavía. Esas batallas fueron libradas por las propias mujeres, acompañadas, es cierto, por un puñado de varones sin aires dominantes”. 7

Bibliografía • Castañeda Rivas, María Leoba (coord.), Homenaje a Martha Chávez Padrón, con la participación de Patricia Kurczyn Villalobos, Victoria Adato Green y Sergio García Ramírez, Facultad de Derecho, unam, México, 2013.

• García Ramírez, Sergio, “Semblanza de Martha Chávez Padrón”, en Temas de derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, México, 2002, pp. 725-734.

• Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semblanzas, vida y obra de los ministros de la scjn: Martha Chávez Padrón, núm. 8, México, 2006.

• ——, Ensayos y conferencias de los forjadores de la scjn. Mujeres de la Judicatura: ministra Martha Chávez Padrón, scjn, México, 2017.

Rafael Quintana Miranda es doctor en Derecho y catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrado de los Tribunales Agrarios.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 77

[ Los universitarios hablan ]

Revictimización Marzo es un mes propicio para reflexionar acerca la situación de las mujeres en México. Arturo Yamil

Alvarado, Mirna Molina y José Antonio Morelos nos comparten sus opiniones sobre la revictimización a la que están sujetas las mujeres que han sido objeto de una vulneración a sus derechos humanos.

Revictimización de las víctimas de la ausencia de Estado Durante más de la mitad de enero de 2023 las redes sociales se inundaron con la noticia del caso de María Ángela, quien fue vista por última vez la noche del jueves 19 de ese mes en la zona de Indios Verdes de la capital. De acuerdo con testigos, la joven de 16 años de edad fue raptada en el paradero del metro cuando su madre se ausentó unos minutos para entrar al baño. En cuestión de horas, internet se vio invadido por la Alerta Amber y por las fotografías de la desaparecida. Era imposible no haber visto por lo menos una publicación relacionada con el suceso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México comenzó la búsqueda de la adolescente, al mismo tiempo que sus familiares y sus amigos se movilizaban para hacer lo propio. Para llamar la atención de la opinión pública bloquearon la carretera México-Pachuca.

Afortunadamente, María Ángela fue encontrada con vida unos días después en Nezahualcóyotl, Estado de México, aunque en malas condiciones: desnuda, atada y envuelta en una bolsa negra.

Inicialmente, la fiscalía la inculpó, pues sostuvo que la suya había sino una desaparición voluntaria. Sin embargo, gracias a la presión ciudadana, la fiscalía tuvo que disculparse con la joven y con su familia por la emisión de ese desafortunado dictamen.

78 abogacía Marzo 2023

No obstante, lo anterior no impedirá que esa conducta de nuestros cuerpos policiacos se repita. Además, ya había ocurrido en el caso de la desaparición de Debanhi, en Nuevo León, cuando la policía aseguró que la joven había caído accidentalmente en el tinaco donde fue encontrada. El patrón revictimizador de nuestras instituciones, aunado a la normalización de la criminalidad mexicana, ocasiona que nuestra sociedad caiga en la decepcionante cultura de culpar a las víctimas por los crímenes de los que son objeto. Lo peor es que los medios de difusión también se benefician de esas circunstancias pues manipulan los relatos de los hechos para atraer la morbosidad de quienes piensan que la violencia es la regla y que el crimen es culpa de quien lo padece.

De ese modo, los mexicanos internalizamos ciertas conductas, como dejar encendidas las luces de la casa para que los eventuales delincuentes crean que hay alguien ahí, o vestir de forma conservadora para evitar ser asaltados; conductas que parecerían psicóticas en un Estado donde el crimen no es lo normal. En fin, todo es parte de una cultura revictimizadora propiciada por las instituciones que más que proteger a la ciudadanía la aterrorizan.

Arturo Yamil Alvarado Díaz Slim @arturoyamilads

Crímenes del Estado Si hay algo que siempre recuerdo de las marchas feministas, principalmente de las del 8 de marzo, es una consigna en específico: “Los feminicidios no son un hecho aislado; son crímenes de Estado”. Aunque al principio no entendía cabalmente el trasfondo de esa aseveración, con los hechos más recientes ocurridos en el país pienso que más de una persona estará de acuerdo con esa consigna.

La revictimización es la respuesta que el aparato estatal y la sociedad le dan a una persona en su papel de víctima, porque aparte de la situación que ya vivió, después debe afrontar la incomprensión del sistema para reparar y sancionar la afectación de la que fue objeto.

No es fácil hacer frente a un proceso penal y tristemente las instituciones no han estado a la altura para aplicarlo mediante una política de prevención y mucho menos en el momento de condenar a los presuntos culpables para infligirles una sanción.

Respecto de las narrativas que deciden instrumentar las diversas fiscalías en relación con los delitos en contra de las mujeres, sólo sirven para desincentivar la denuncia, pues, sin importar las características del caso, deciden mentir y declaran que se trató de un suicidio y no de un feminicidio o que la víctima decidió irse por voluntad cuando en realidad fue secuestrada, propiciando de ese modo que las personas obligadas a escucharlas y a facilitarles el acceso a la justicia las agredan con comentarios o actos que las hacen sentir revictimizadas.

El gobierno federal mantiene su actitud de negación ante la violencia de género, a pesar de que más de 10 mujeres son asesinadas diariamente en México y de que sólo 24 por ciento de esos casos son investigados como feminicidios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: durante los primeros 10 meses de 2022 se registraron 3,155 asesinatos de mujeres, la mayoría de los cuales fueron abordados como homicidios dolosos.

En nuestro país existe una gran sed de justicia, lo que provoca que los familiares y los amigos de quien ha sido víctima de un delito tomen la iniciativa de convocar a marchas de protesta con la esperanza de que si el caso se vuelve lo suficientemente mediático las autoridades actuarán con diligencia para que se imparta justicia.

Cada vez más la gente confía menos en las autoridades. ¿Cómo podría ser de otra manera si en las movilizaciones feministas se sigue escuchando de manera incesante: “Ni una menos”?

Mirna Molina Alonso Escuela Libre de Derecho @MirnaMolinaAlo1

Revictimización, vicio de las fiscalías El 19 de enero de 2023 se reportó la desaparición de María Ángela Olguín, una joven de 19 años de edad que fue vista por última vez en el paradero de la estación del metro Indios Verdes, al norte de la Ciudad de México. De acuerdo con información aportada por la familia, María Ángela fue raptada afuera de los baños públicos del paradero mientras esperaba a su madre. Tres días después fue localizada en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Días después del suceso, la Fiscalía de la Ciudad de México declaró que la desaparición de María Ángela no había tenido como origen un hecho delictivo, sino que la menor se alejó por su voluntad del lugar en el que estaba con su madre. De acuerdo con la explicación de Ulises Lara, vocero de la fiscalía, María Ángela se alejó del paradero de Indios Verdes y llegó al campamento de un colectivo ubicado en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Ahí, como señalaron en entrevista, le brindaron apoyo pues pensaron que se trataba de una persona perdida luego de que les solicitó ayuda para dormir y una de las integrantes de ese colectivo le dio asilo en un domicilio ubicado en la colonia Juárez Pantitlán, en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Este caso no es un hecho aislado en nuestro país, ya que en muchas ocasiones se ha visto cómo las fiscalías de diversas entidades federativas violan sistemáticamente diversos derechos humanos con su forma obrar, al revictimizar a las mujeres que han sufrido violencia y al realizar investigaciones poco profesionales y técnicas que derivan en negligencia. Las mujeres que han experimentado un fenómeno delictivo que implica violencia de género, la mayoría de las veces enfrentan el fenómeno de la revictimización, el cual se genera por el acto vulnerante, por la violencia institucional, por la estigmatización y por el olvido social.

Lo anterior es grave, pues este fenómeno trae como consecuencia que las autoridades —que tienen la obligación de esclarecer los hechos delictivos y fundar sus investigaciones con la perspectiva de género— violen sistemáticamente los derechos humanos de las víctimas, lo cual tiene su origen en la cultura machista y en un sistema plagado de corrupción e impunidad que propicia que 95 por ciento de los hechos delictivos que se denuncian queden impunes, dejando a las víctimas y a sus familiares en estado de indefensión.

José Antonio Morelos Sánchez Escuela Libre de Derecho

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS 79

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80 abogacía Marzo 2023

Evoluciones y revoluciones por El Fer