abogacía, #16, junio de 2022

INICIATIVAS DE LEY

GUILLERMO SHERIDAN < RADIOGRAFÍA

DEL SISTEMA INTERNACIONAL

VÍCTOR E. CORZO Y EDUARDO E.CORZO

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

UNA CONVERSACIÓN CON

LINDA GREENHOUSE

SERGIO ESQUERRA REFLEXIONES DESDE EL LITIGIO FISCAL

Fausto Rico Álvarez:

RECONOCIDO RECON OCIDO

JURISTA

LA INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA EN MÉXICO SERGIO CHARBEL OLVERA

Año 2, núm. 16, junio de 2022

| $99.00

Y FILÁNTROPO NUHAD PONCE KURI DATOS PERSONALES, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA

Dicen que la única obligación del hombre en esta tierra es hacer realidad sus sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de transmitir su personalidad y saltar generaciones. Movido por esta pasión, comenzó un viaje a través del descubrimiento, la innovación e incluso la imaginación para hacerlo realidad. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella esperando a ser descubierto.

EL VIAJE COMIENZA AQUÍ www.bodegasramonbilbao.es EVITE EL EXCESO

Presentación

E

n 1961 John F. Kennedy asumió la presidencia de Estados Unidos. Tras años de conflicto, el país necesitaba una reestructuración que desbordaba las capacidades del gobierno. En su discurso inaugural, el recién electo presidente pidió a la población estadounidense sumarse a los esfuerzos estatales por alcanzar ese objetivo: “No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país”.

La invitación del joven Kennedy no sólo propició la participación de la sociedad en los temas que aquejaban al gobierno de entonces, sino que se convirtió en una invitación intergeneracional a las diversas comunidades del planeta para involucrarse con su entorno y mejorarlo. Desde ese momento, numerosas organizaciones filantrópicas se han generado como una forma en la que individuos, familias y comunidades han procurado incidir en la mejora de la vida en sociedad.

En México, aunque ha sido citada en numerosas ocasiones la sabiduría del político estadounidense, ésta no parece tener mayor incidencia; a pesar de que a los gobiernos los superan sus quehaceres, la falta de una conciencia colectiva en los individuos les impide pensarse como potenciales generadores del cambio. Veamos. Según el Global Philanthropy Report elaborado en 2018 por la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, mientras en Estados Unidos existen 86,203 fundaciones filantrópicas, en México se registran tan sólo 336.

Esto es alarmante si tomamos en cuenta que el dato anterior, considerando tanto a fundaciones como a instituciones de asistencia privada, no representa ni el 1 por ciento de la cantidad de instituciones con el mismo fin en el país vecino, a pesar de encontrarse la población mexicana en la situación de necesidad de asistencia que caracteriza a los países que están en vías de desarrollo.

Ante la falta de una estrategia clara por parte del gobierno para atender las necesidades sociales, surgen diversos cuestionamientos: ¿qué hacer?, ¿cómo organizarnos?, ¿cómo cubrir los vacíos? La participación horizontal de la comunidad en la gestión de sus problemas juega un papel esencial para su propio devenir; es decir, la filantropía como forma de apoyo a los iguales puede coadyuvar en la resolución de esos problemas.

En este sentido, en el contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas suscrita por el Estado mexicano, en la que se establecen 17 objetivos para el desarrollo sostenible, resulta relevante preguntarnos en qué áreas del desarrollo social la filantropía puede ser relevante y urgente, y visualizar quiénes

son los actores de la asistencia. Algunas fundaciones procuran la consolidación de instituciones sólidas, la construcción de la paz y la correcta impartición de justicia; otras enfocan sus esfuerzos en la reducción de los índices de pobreza y hambre; la educación, al igual que los anteriores, es un objetivo que hay que alcanzar para lograr un planeta sostenible.

Una de las personas que se han dedicado a la filantropía, ampliamente reconocida en el campo del Derecho en México, es don Fausto Rico Álvarez, quien se preocupa, en particular, por la promoción de oportunidades de aprendizaje para todas las personas (lo que es acorde con el objetivo de desarrollo sostenible). En su nombre fue creada una fundación encaminada a apoyar económicamente a estudiantes sobresalientes, pero de escasos recursos económicos, para que puedan continuar con sus estudios en prestigiosas instituciones de enseñanza; asímismo, él se ha dedicado a la educación de estudiantes de Derecho y a la formación de decenas de notarios en la Ciudad de México.

Para celebrarlo y agradecer su “ayudar al otro sin esperar nada a cambio”, en este número de abogacía® hemos decidido aplaudir la filantropía y homenajear a don Fausto Rico Álvarez por su trayectoria y su espíritu de apoyo, pues innumerables generaciones de estudiantes y profesionistas han podido salir adelante gracias a él. Sea ésta una invitación para los lectores a seguir su ejemplo. 7 Cordialmente, José Ángel Villalobos Magaña Presidente del Consejo de Administración

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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ACGM-782

abogacía Junio 2022

Miguel Carbonell

suscripciones@revistaabogacia.com

CORRECCIÓN DE TEXTOS Mutare / Julio Ulises Gallardo Sánchez

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Elisur Arteaga Nava

Juan Velasquez

Contenido Junio 2022

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VOCES

Fausto Rico Álvarez:

Reconocido jurista y filántropo

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REFLEXIONES

Criminología y penal compliance program: ¿una relación necesaria?

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VISIÓN GLOBAL

Radiografía del sistema internacional

Víctor Emilio Corzo Ernesto Eduardo Corzo

Alan García Huitrón

06

36

56

66

Grecia prohíbe las terapias de conversión para menores de edad

Una conversación con

La responsabilidad pendiente: el principio de inmunidad jurisdiccional del parlamento como mecanismo de impunidad

Juicio al homicida del fantasma de Hammersmith

ACTUALIDAD

08 REFLEXIONES

La interpretación auténtica en México Sergio Charbel Olvera Rangel

Linda Greenhouse

38 REFLEXIONES

Protección de la salud y competencia económica del sector

12 REFLEXIONES

Ivan Adelchi Peña Estrada

Guillermo Sheridan

Sergio Esquerra:

Iniciativas de ley

26 VOCES

Nuhad Ponce Kuri

Datos personales, derechos humanos y democracia

32 ¿QUÉ DICEN HOY LOS TRIBUNALES? 4

VOCES

abogacía Junio 2022

44 VOCES

reflexiones desde el litigio penal

50 EL NOTARIO RESPONDE

¿Cómo deben llevarse a cabo la entrada y salida de socios y accionistas de una empresa?

Mischel Cohen Chicure

REFLEXIONES

Alan Arriola Padilla

60 VLEX

La justicia climática en los altos tribunales Andrés Fernando Cano Muñoz Andrés Martínez-Moscoso

64 REFLEXIONES

La educación jurídica en tiempos del DAO Hugo S. Ramírez García

GRANDES PROCESOS DE LA HISTORIA Mateo Mansilla-Moya Alejandra Garnica

70 PARA LEER

74 DERECHO Y ARTE OMR y lago | algo

76 GASTRONOMÍA

Mercaderes. Restaurante enoteca

78 EN LA WEB 80 CARTONES

Actualidad Grecia prohíbe las terapias de conversión para menores de edad

E

l 11 de mayo, el parlamento griego aprobó una propuesta de ley que prohíbe las terapias de conversión para las personas menores de edad que no manifiesten expresamente su deseo de ser sujetas a esos tratamientos; la prohibición incluyó también la posibilidad de anunciar dicho servicio. Las penas por desobedecer la prohibición pueden ser tanto pecuniarias como privativas de la libertad. Esto representa un gran avance para el discurso y los movimientos de los derechos humanos y para el reconocimiento e inclusión de la comunidad lgbt+ en la estructura jurídica de un país predominantemente conservador.

Las terapias de conversión se basan en el pensamiento de que la diversidad sexual o de género es una anomalía, y suelen ser realizadas por personas que se dedican a la psicología y a la medicina, a través terapias, medicación o tratamientos de hormonas o esteroides.

La inclusión de la diversidad sexual y de género en las Fotografía:Freepik estructuras sociales y jurídicas es una premisa necesaria para poder transitar a un mundo sustentable, según la ONU.

Fuentes: • NBC News.

• Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Buzón jurídico ¿Tiene algún comentario breve sobre nuestro marco legal que desee hacer público en este espacio? ¿Quiere hacer una réplica u observación a los autores de los artículos que se han publicado en esta revista? ¿Desea enviar alguna sugerencia o recomendación a los editores de la publicación?

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Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, ha dicho que “estas prácticas son inherentemente discriminatorias, crueles, inhumanas y degradantes, y según el grado de dolor físico o mental infligido a la víctima, pueden equivaler a formas de tortura”. Thanos Plevris, ministro de Salud de Grecia, aseguró ante el parlamento que dichas “terapías” carecen de sustento científico.

Este acto se suma a los esfuerzos a los que se han sumado los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas que se han comprometido a alcanzar 17 objetivos para la construcción de un planeta en el que se puedan desarrollar plenamente las generaciones futuras. La inclusión de la diversidad sexual y de género en las estructuras sociales y jurídicas es una premisa necesaria para poder transitar a un mundo sustentable, según la ONU. 7

Sergio Charbel Olvera Rangel

LA INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA EN MÉXICO En este artículo el autor explica qué es la interpretación auténtica en el sistema jurídico mexicano y aborda desde sus orígenes históricos hasta los efectos que tiene en el Derecho mexicano.

E

n los sistemas jurídicos legicentristas hay una preeminencia de la función legislativa. En ellos, por lo general, se ve a los jueces como meros implementadores de la obra legislativa y se exige de ellos una interpretación textualista u originalista.

En Francia, principal representante del modelo legicentrsita, llegó a tal punto el repudio por la interpretación en sede jurisdiccional que se creó la figura référé législatif, la cual consistía en la obligación del juez de consultar al legislador en caso de tener una duda sobre la interpretación de una norma legislativa.1 De ahí que a los órganos legislativos se les concedió expresamente la facultad de interpretar las leyes sin que se concediera a los jueces la potestad de valorar su validez.

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abogacía Junio 2022

Fotografía: Freepik

La estructura constitucional francesa fortalecía al Poder Legislativo; esto permeó en todo su sistema jurídico. Por ejemplo, en el Derecho privado se configuró la codificación, los métodos exegéticos de interpretación y el debilitamiento del Poder Judicial, al grado de convertirlo en un aplicador acrítico de la ley. Esa tradición se adoptó en el constitucionalismo mexicano, por lo que a los jueces se les consideró originalmente como meros aplicadores de la ley, sin la posibilidad de que pudieran realizar interpretaciones de ésta.

La interpretación auténtica La interpretación auténtica es la figura en la que se consolida la tradición legicentrista. Esta interpretación tiene dos sentidos: como método y como facultad.

Como método consiste en interpretar los textos normativos recurriendo a los trabajos legislativos (principalmente a las iniciativas y a los dictámenes) a través de los cuales se creó la norma.

Como facultad, la interpretación auténtica es aquella que realiza el propio autor de la norma; éste determina cuál es su sentido a través de un decreto interpretativo.2 En la Constitución General se reconoce esta figura en el artículo 72, inciso F, cuyo texto es el siguiente: “En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación” (las cursivas son mías). El decreto interpretativo sigue el procedimiento legislativo que siguió la norma interpretada. Si es un decreto interpretativo de una norma constitucional tendrá que seguir el procedimiento del artículo 135, y si es una norma legislativa ordinaria tendrá que seguir el procedimiento previsto en el artículo 72.

A través de la interpretación auténtica se puede modificar el sentido normativo del texto constitucional, en virtud de dos posibilidades: primero, por medio de un decreto de interpretación auténtica; segundo, a través de la expedición de leyes en las que se precise el sentido de una norma constitucional.

Antecedentes de la interpretación auténtica en México En el sistema jurídico mexicano la interpretación auténtica, en su sentido de facultad, tiene su primer antecedente en el artículo 131 de la Constitución Política de la Monarquía Española —Constitución de Cádiz— de 1812, cuya disposición normativa era la siguiente: “Las facultades de las Cortes son […] Primera: proponer y decretar las leyes, e interpretarlas y derogarlas en caso necesario” (las cursivas son mías). Correspondía a las Cortes, como órgano legislativo, interpretar las leyes. Esa facultad no se atribuía a ninguna otra autoridad; el único intérprete de la ley era su propio creador.

El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mejicana —Constitución de Apatzingán—, del 22 de octubre de 1814, preveía la facultad exclusiva del Congreso para interpretar las leyes: “De las atribuciones del Supremo

Congreso. Artículo 106. Examinar y discutir los proyectos de ley que se propongan. Sancionar las leyes, interpretarlas, y derogarlas en caso necesario” (las cursivas son mías). Si bien este ordenamiento no llegó a estar en vigor, es un importante antecedente de la regulación que en el México independiente tendría la figura de la interpretación auténtica, inspirada en la Constitución de Cádiz.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 31 de enero de 1814 reguló la interpretación auténtica en términos similares a la disposición normativa que actualmente lo prevé: artículo 64. En la interpretación, modificación o revocación de las leyes y decretos, se guardarán los mismos requisitos que se prescriben para su formación. ”[…] Título 7º. Sección única. De la observancia, interpretación y reforma de la constitución y acta constitutiva. ”Artículo 165. Sólo el congreso general podrá resolver las dudas que ocurran sobre inteligencia de los artículos de esta constitución y de la acta constitutiva” (las cursivas son mías).

El primero de los preceptos citados prevé la figura de la interpretación auténtica; el segundo establece que el único facultado para realizar la interpretación de la constitución era el Congreso General.

En la constitución centralista denominada Leyes Constitucionales de 1836 se reiteraba la facultad exclusiva del Congreso para la interpretación de las leyes. El precepto era el siguiente: “Artículo.

44. Corresponde al Congreso General exclusivamente: 1º. Dictar las leyes a que debe arreglarse la administración pública en todos y cada uno de sus ramos, derogarlas, interpretarlas y dispensar su observancia” (las cursivas son mías).

Las Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1843, constitución que siguió a las Leyes Constitucionales de 1836, también de corte centralista, preveía la interpretación auténtica en los siguientes preceptos: “Formación de las leyes. ”63. En la interpretación, modificación, o revocación de las leyes y decretos se guardarán los mismos requisitos que deben observarse en su formación. ”De las atribuciones y restricciones del congreso. ”66. Son facultades del Congreso: ”I. Dictar las leyes a que debe arreglarse la administración pública en todos y cada uno de sus ramos, derogarlas, interpretarlas, y dispensar su observancia” (las cursivas son mías).

En la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, en su texto original, no se reguló la interpretación auténtica ni se concedió de forma expresa la facultad de interpretar las leyes a los órganos del Poder Judicial. No hay documentos que avalen las razones que se tuvieron para esa omisión; quizás fue porque esa constitución preveía originalmente un congreso unicameral y la regulación sobre la estructura y el funcionamiento de éste se redujo al mínimo. No fue sino hasta la reforma constitucional del 13 de noviembre de 1874 cuando se restableció el sistema bicameral y se retomaron las regulaciones del bicameralismo, entre éstas la figura de la interpretación auténtica en el siguiente precepto: “Artículo 71 […] F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación”. Este precepto es el mismo que se plasmó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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En la vigente Constitución de 1917 fue hasta la reforma constitucional publicada el 25 de octubre de 1967 cuando al Poder Judicial de la Federación se le otorgó expresamente la facultad de interpretar el ordenamiento constitucional, lo cual se previó en el artículo 94, párrafo 5. El texto que agregó esa reforma es el siguiente: “La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales y locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación”.

Este precepto permanece en el artículo 94, párrafo 11, en los siguientes términos: “La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción”.

Efectos de la interpretación auténtica El Congreso de la Unión, a través de su facultad legislativa, prevista en el párrafo 11 del artículo 94 de la Constitución General, decidió, en el artículo 217 de la Ley de Amparo,3 que la jurisprudencia interpretativa sólo fuese obligatoria para las autoridades jurisdiccionales; lo mismo establece el artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.4 Esa jurisprudencia no es obligatoria para el Poder Ejecutivo ni para el Poder Legislativo, ni directamente para los particulares. La jurisprudencia que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí es obligatoria para una autoridad administrativa: el Instituto Nacional Electoral; el artículo 215 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de

la Federación prevé lo siguiente: “Artículo 215. La jurisprudencia del Tribunal Electoral será obligatoria en todos los casos para las salas y el Instituto Nacional Electoral…”

La decisión del Poder Legislativo de que la jurisprudencia únicamente tenga efectos de precedente judicial explica por qué la interpretación jurisdiccional mutativa de la constitución tiene efectos parciales en el sistema jurídico mexicano. Esa interpretación no impide que las normas se sigan aplicando por las autoridades ejecutivas (salvo el supuesto de la jurisprudencia que emite el Tribunal Electoral) o se siga legislando en el mismo sentido; sólo marcan la vía de restauración para determinadas personas o casos que se sometan a las autoridades jurisdiccionales vinculadas por los precedentes jurisprudenciales.

La jurisprudencia no produce un cambio directo a la esfera jurídica de las personas ni genera obligaciones para las autoridades distintas a las enumeradas en la Ley de Amparo o en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Si la interpretación es realizada por el órgano legislativo a través del ejercicio de la interpretación auténtica, el resultado sería distinto, por lo siguiente: esa interpretación tendría la misma jerarquía de la disposición que interpreta y generaría los mismos efectos generales de ésta, debido a que es la propia constitución la que lo autoriza y no limita sus alcances obligatorios.

La interpretación auténtica está sujeta a los parámetros de validez de la norma que interpreta y a las mismas vías constitucionales para impugnar a ésta, ya que con ella se da alcance y sentido a la norma.

La interpretación auténtica mutativa es poco útil, porque si se debe seguir el mismo procedimiento que para su reforma es mejor reformar la norma. 7

La estructura constitucional francesa fortalecía al Poder Legislativo; esto permeó en todo su sistema jurídico. Esa tradición se adoptó en el constitucionalismo mexicano.

Laura Ospina Mejía, “Breve aproximación al ‘bloque de constitucionalidad’ en Francia”, en Elementos de Juicio. Revista de Temas Constitucionales, núm. 2, México, julio-septiembre de 2006, p. 184.

2 En Perú se han expedido leyes de interpretación a normas de carácter general legislativas. Un ejemplo de ello es la “Ley de interpretación del artículo 115º de la Constitución Política del Perú”, también denominada “Ley 27375”, expedida por el Congreso de la República del Perú, la cual establece lo siguiente: “Interprétese que el mandato conferido por el artículo 115º de la Constitución Política del Perú al presidente del Congreso de la República para que asuma las funciones de presidente de la República por impedimento permanente de este último y de los vicepresidentes, no implica la vacancia de su cargo de presidente del Congreso ni de su condición de congresista de la República.”

3 El texto del precepto es el siguiente: “Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. ”La jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no lo será la de ellas para el pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. ”La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. ”La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. ”La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

4 El texto del precepto es el siguiente: “Artículo 157. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia distintos del juicio de amparo se regirán por las disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo en los casos en que la ley de la materia contuviera disposición expresa en otro sentido”.

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Sergio Charbel Olvera Rangel es doctor en Derecho y profesor de la Escuela Libre de Derecho, y socio de Arteaga y Olvera, Abogados.

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INICIATIVAS DE LEY

Guillermo Sheridan

EN ENERO DE 2007 PUBLIQUÉ ESTE ARTÍCULO. LO RECUERDO AHORA PORQUE HA HABIDO INICIATIVAS DE LEY QUE DE UNA U OTRA FORMA ROZAN EL ASUNTO...

N

o sé quiénes son ni el diputado ni el senador que se supone que me representan y a quienes les pago su salario pero, sean quienes sean, les exijo formalmente que presenten a la brevedad, ante el Honorable Congreso de la Unión, las siguientes iniciativas de ley que las experiencias de meses recientes hacen urgentes: 1. Los señores políticos que decidan cambiar de partido serán castigados con catorce sexenios de inelegibilidad para ocupar un puesto público o de elección popular, y deberán regresar al erario el dinero que ganaron representando al partido equivocado.

Una persona que cambia de partido pone en evidencia que es muy avorazada o muy bruta o las dos cosas (que es lo más probable). Al confesar tácitamente que cometió un error al elegir partido, pone en duda su honorabilidad y confirma las limitaciones de su inteligencia. A diferencia del resto de los mortales —que cuando se equivocan se avergüenzan y piden perdón y luego se quedan callados esperando que la

gente olvide su error mientras analizan en qué y cómo se equivocaron—, el político que cambia de partido no sólo espera ser inmediatamente recompensado con un nuevo cargo público y nuevos ingresos, sino que confía en que su imbecilidad sea interpretada como una virtud (que, dados sus antecedentes, seguro que es otra equivocación).

2. Los candidatos que no ganaron su elección deberán reponer el dinero que le costó al pueblo financiar sus proyectos.

Si un empresario pide prestado dinero al banco para hacer un negocio, deberá pagarlo y más aún si quien

Si el diputado vive en Tijuana, que viaje con sus propios recursos a México para asistir a las sesiones.

Si ama tanto al pueblo, que le demuestre al pueblo que es capaz de administrar su dinero como lo administra el pueblo, es decir, con mucho cuidado.

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le prestó el dinero fue el gobierno. Ese empresario, convencido de que su idea es buena, va a poner en juego su ingenio, su iniciativa, su talento, su prestigio. ¿Por qué debe ser diferente para el político, cuya empresa consiste en presumir que su mente es tan necesaria para el bien de la patria como para que la patria la financie? Esta medida obligará al político a que piense muy bien si sus virtudes son tan sólidas y atractivas como para merecer sufragio y financiamiento popular. Si ama tanto al pueblo como para desear representarlo, le parecerá natural amarlo tanto como para restituirle lo que desperdició en él. A ver si la próxima vez lo piensa dos veces.

3. Queda terminantemente prohibida toda forma de propaganda en paredes, calles, espectaculares, postes y cerros.

Los políticos deben entender que nunca, nadie en la historia de la humanidad, ni siquiera en Sahuayo, le ha dado su

voto a alguien sólo porque vio su horrible cara sonriente en un afiche con su programa político retacado en el inteligente lema: “Vota por mí.”

4. Dejará de utilizarse dinero público para financiar las campañas de los políticos.

Si un partido quiere competir, que se gane su dinero cobrando cuotas a sus afiliados. Esto obligará al partido en cuestión a prometerle a su clientela ventajas o beneficios realistas, y a la clientela, a ponerse exigente. Si el candidato quiere viajar para llevar su verdad al pueblo, que se merezca que alguien le dé aventón. El alegato en el sentido de que se corre el riesgo de que los partidos se vendan al mejor postor es ridículo: lo han hecho desde siempre.

5. Los diputados tendrán prohibido representar sindicatos, frentes, alianzas o cualquier clase de colectivo.

Si el diputado va a representar sólo a los maestros, o a los petroleros o al Frente Popular

del Pueblo que sea, ¿por qué debo pagarle yo? ¿Por qué debo financiar con mis impuestos que un diputado trabaje sólo para sus representados particulares? Si se necesitan diputados especializados en representar un gremio, o todos los diputados deben funcionar igual (nombrando diputados

él, sino al sector del pueblo que representa. Como su razón de ser es representar al pueblo, cualquier acto que impida representarlo será catalogado como un acto de represión al pueblo y será sumariamente castigado con mil meses de salario (no del mínimo, sino del salario del diputado).

Si un partido quiere competir, que se gane su dinero cobrando cuotas a sus afiliados. Esto obligará al partido en cuestión a prometerle a su clientela ventajas o beneficios realistas, y a la clientela a ponerse exigente. particulares para pescadores, bomberos, dentistas o escritores) o ninguno debe hacerlo. Un diputado que se debe a su clientela privada, fingiendo que representa a la totalidad de los ciudadanos, no sólo se convierte en juez y parte, sino que usará su poder para dañar a cualquier gremio con el que el suyo entre en conflicto. La mera existencia de diputados que se deben más a su clientela que a mí, da lugar a que haya sectores con privilegios de los que carezco yo, aunque yo los pague.

6. Queda terminantemente prohibido que un diputado o senador utilice su cuerpo como arma (aunque lo haga pacíficamente).

Si en la exaltación del debate en las cámaras la senadora Ericka Patricia o el diputado Edgar Christian impiden el paso a un colega, de hecho le están impidiendo el paso a las personas que ese colega representa. Lo mismo si le impiden hablar cuando es su turno con gritos, silbatos, matracas, coros o cualquier otro instrumento, pues equivale a impedirle hablar no a

7. Todo gasto suntuario en las cámaras será cancelado.

Si el diputado vive en Tijuana, que viaje con sus propios recursos a México para asistir a las sesiones. Si ama tanto al pueblo, que le demuestre al pueblo que es capaz de administrar su dinero como lo administra el pueblo, es decir, con mucho cuidado. Si el senador se quiere cortar el pelo, o bolear los zapatos, o que le den masajito, o comerse un bistec, o comprar un coche, o ir al téibol o lo que sea, que pague con su dinero. ¿Y alguien me puede explicar por qué a cada diputado, además de su sueldo, se le pagan miles de pesos mensuales para que cubra sus gastos de “representación ciudadana”? ¿Qué no es precisamente para representar a la ciudadanía por lo que está ahí? Cada diputado le cuesta al erario público muchos millones de pesos al año.

Que pague. O, en su defecto, que vuelva a ser pueblo y que financie con sus impuestos a uno que sí quiera pagar para defenderlo.

Guillermo Sheridan es doctor en Letras Modernas y Mexicanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador nacional nivel III del Conacyt, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y biógrafo literario de Ramón López Velarde y Octavio Paz.

He dicho. 7

Voces

Fausto Rico Álvarez:

Reconocido jurista y filántropo El nombre de don Fausto Rico Álvarez resuena en las aulas y las instituciones jurídicas de mayor prestigio en

México. Su voz habita las páginas de una vasta obra aca-

démica y se ha vuelto referente en el estudio del Derecho civil, convirtiéndose en una fuente obligada de consul-

ta para las generaciones de civilistas que lo suceden. Su

quehacer profesional marcó un antes y un después en el

mundo notarial, donde no sólo actualizó la profesión sino que también hizo escuela y generó terminología que a

la fecha sigue siendo utilizada. Su visión ética y su apoyo a la educación fueron la base para la creación de la fundación que, cobijada por su nombre, respalda econó-

micamente a estudiantes destacados, pero de escasos

recursos económicos, para que continúen sus estudios en importantes instituciones académicas.

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abogacía Junio 2022

Don Fausto Rico ha dedicado su vida al Derecho y a la Filosofía, impartiendo clases en diversas escuelas y facultades y fungiendo como notario en la Ciudad de México. De 1990 a 1993 fue rector de la Escuela Libre de Derecho. Entre sus libros y ensayos académicos se encuentran Introducción al estudio del Derecho civil y Personas, Relaciones jurídicas familiares y Tratado Teórico–práctico de Derecho de obligaciones.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Don Fausto platicaba con maestros y con alumnos; a los primeros los alentaba a innovar, a hacer cosas, a plantear nuevos horizontes pedagógicos, a experimentar con nuevas técnicas didácticas.

Pero no sólo eso: don Fausto se atrevió a más. Él fue el primero en la escuela en aplicar encuestas a los alumnos para evaluar el desempeño de sus profesores... Los alumnos, por su parte, también sintieron la presencia y la cercanía de su rector. Don Fausto platicaba con ellos, los hacía hablar de sus dificultades y problemas y aunque a él no le gusta que se le recuerde por esto, muchas veces les resolvía sus cuitas: sabido es que, varias veces, de su bolsillo cubrió las colegiaturas de alumnos que no podían pagarlas. Pero su interés por los muchachos llegó a más: conocedor de las malas condiciones académicas y de la falta de hábitos de estudio, decidió auxiliarlos proporcionándoles cursos y talleres especiales para que adquirieran las herramientas metodológicas necesarias para poder estudiar.”

Mario Alberto Becerra Pocoroba, ex rector de la Escuela Libre de Derecho.

Le agradezco profundamente por todo lo que hondamente inculcó en mi ser y en el de otros maestros, pues estoy convencido de que las futuras generaciones de Abogados mexicanos de muchas facultades y escuelas de Derecho de toda la República durante muchas décadas más seguirán cosechando los frutos que el maestro ha sembrado en su fecunda labor.”

Felipe de la Mata Pizaña.

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estimonios sobre su persona existen muchos. “El maestro Rico Álvarez, —dice el notario 116, Ignacio Morales Lechuga— es un hombre que como piensa actúa y eso lo convierte en ejemplo moral para la comunidad”; es también, agrega, “un hombre de un carácter fuerte, regañón pero inmensamente generoso”. Por su parte, el notario 44, Alejandro Pérez Teuffer, lo describe, tomando en consideración su desempeño profesional, como “un ser humano hacedor de decenas de notarios, con más de 50 años de trayectoria en el notariado nacional que lo caracterizan por algo muy importante, que es la generosidad de compartir sus conocimientos”.

Sus aportaciones no se reducen únicamente al ámbito académico y notarial: el humanismo del profesor emérito de la

Escuela Libre de Derecho es ampliamente reconocido y apreciado por su altruismo y por la cantidad de personas a quienes, además de haber formado, ha ayudado a concretar sus metas en el foro jurídico.

El maestro Rico, quien en el ejercicio profesional hizo más de 200,000 mil escrituras y que inteligentemente decidió retirarse del notariado en un momento cumbre de su vida, con la generosidad y amabilidad que lo caracterizan, recibió a abogacía® para que pudiéramos realizarle algunas preguntas, en cuyas concretas respuestas el lector podrá encontrar un interesante rasgo personal propio del siempre admirado don Fausto Rico. n Don Fausto Rico, en este primer momento de la entrevista nos gustaría platicar con usted acerca de su visión de temas relacionados con su profesión,

Voces tanto desde la perspectiva académica como de la notarial.

Usted se recibió hace casi 60 años y combinó, durante la mayor parte de su vida profesional, el ejercicio del notariado con la academia, hasta que se retiró hace siete años. ¿Cómo ha evolucionado la profesión?

La evolución ha sido dispar, pues algunas ramas han avanzado, no sólo por la

tecnología, sino por su contenido, y otras se han rezagado. Ojalá el humanismo y la justicia avancen como esencia de la profesión. n ¿En qué ha cambiado la visión que tiene la sociedad de los abogados?

Creo que ahora están más presentes los abogados frente a la vida de la sociedad, ya que todo se ha transparentado, así que la visión se ha transformado en la misma medida.

Sus aportaciones no se reducen únicamente al ámbito académico y notarial: el humanismo del profesor emérito de la Escuela Libre de Derecho es ampliamente reconocido n ¿Qué cualidades considera que necesitan desarrollar las nuevas generaciones que se forman para esta carrera?

A partir de la tecnología, no perder de vista que la profesión es esencialmente humana y social. n Usted siempre se ha distinguido, y es recordado así por generaciones y generaciones de ex alumnos, como un hombre exigente, disciplinado, de firmes convicciones. ¿Dónde ve usted a la abogacía?

Vivimos una crisis de principios en la abogacía. Las crisis siempre están presentes en las distintas generaciones, pero creo que lo importante es no bajar la guardia en lo que respecta a la exigencia, la disciplina y las convicciones; todas éstas son requisitos indispensables para el buen desempeño de una profesión. n ¿Qué momentos de su actividad docente recuerda con especial afecto?

Recuerdo con particular afecto ver a mis alumnos crecer y convertirse en profesionistas de éxito. n ¿Y de su trayectoria como notario?

Servir en una rama preventiva del Derecho con imparcialidad y lealtad respecto de todas las partes.

El licenciado Fausto Rico, hombre de apariencia hosca y severa, inteligente, que no conoce el descanso, con un corazón gigante y vocación de servicio, sembró a lo largo de su vida sus conocimientos, amor cristiano por los demás, esfuerzo, trabajo y dedicación en beneficio de los que tuvimos la bendición de conocerlo. Gracias a él muchos comprendemos el sentido de la existencia.”

Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es bien sabido para todos los que nos desarrollamos en el foro, que en su práctica profesional ha instituido una verdadera escuela de notarios, pues en su notaría han sido formados directamente alrededor de 40 fedatarios de la Ciudad de México, más varias decenas adicionales que a su vez han sido entrenados en el sistema de instrucción creado por él.”

José Luis de la Peza.

La gran fama y el enorme prestigio de don Fausto Rico Álvarez proviene esencialmente de sus actividades como notario y como maestro. En ambos desempeños su calidad profesional y humana, su gran capacidad y su entrega, su entusiasmo y su vitalidad, su sentido del orden y de la organización y, sobre todo, su obra trascendente en todos los sentidos (díganlo si no la multitud de sus discípulos tanto en la notaría como en el aula) le han conferido un lugar preferencial no sólo en el recuerdo, sino también en la palpitante realidad del mundo del Derecho: a don Fausto se le reconoce como un maestro de notarios y un maestro de abogados.”

Mario Alberto Becerra Pocoroba, ex rector de la Escuela Libre de Derecho.

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Los derechos humanos son los derechos de las personas. Antes estaban en el Código Civil, ahora se han constitucionalizado”. n ¿Cómo percibe al notariado de hoy y sus obligaciones?

Más complejo, cargado de obligaciones administrativas y con mayor necesidad de gestión para poder atender con suficiencia a sus clientes. n También fue rector de la Escuela Libre de Derecho, entre 1990 y 1993, cuando apenas llegaba a nuestro país el internet. ¿Qué cambio de paradigmas ha supuesto el desarrollo tecnológico para esta profesión?

Lo hemos visto recientemente en los juicios por línea y creo que la tecnología seguirá desarrollándose en ésta y en otras profesiones. n Usted se especializa en Derecho civil.

En relación con los derechos humanos, ¿qué nos puede decir?

Los derechos humanos son los derechos de las personas. Antes estaban en el Código Civil, ahora se han constitucionalizado.

Nadie ha podido decirme qué son los derechos humanos. n Usted se dedicó por mucho tiempo al Derecho y a la filosofía. ¿Cuál es el vínculo entre ambas disciplinas?

El Derecho no se puede entender si no se recurre a la filosofía. En el Derecho lo que más me importa es la filosofía. Fueron tres filósofos quienes crearon el Derecho: Sócrates, Platón y Aristóteles.

Los profesores de Derecho deben saber filosofía para poder comprender sus materias.

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Voces

La Fundación Fausto Rico nos ha compartido dos cartas de estudiantes que se han beneficiado por los apoyos económicos: una de agradecimiento y otra de declinación de beca por mejora económica. Como testimonio de dicho apoyo, las reproducimos a continuación, poniendo el material a disposición del lector:

A quien corresponda: Mi nombre es Juan Emiliano Casas Martínez, alumno de segundo año de la Escuela Libre de Derecho y beneficiario de la beca que me fue otorgada por la Fundación Fausto Rico. Por medio de la presente, manifiesto mi renuncia, con mucho respeto, a la mencionada beca por lo que expondré a continuación.

Durante la última semana del mes de febrero mi mamá obtuvo una mejor posición en el negocio de su familia para empezar a trabajar en el mes de marzo. Debido a esto, los ingresos de mi familia se estabilizaron a tal punto de poder pagar las colegiaturas correspondientes. Entonces, platicando lo anterior con mi familia les hice saber mi decisión de renunciar a la beca para que la fundación pueda ayudar a otro estudiante.

Siempre estaremos agradecidos por todo el apoyo, desde que inició el proceso hasta el día de hoy. Además, me gustaría decir que cuentan con un servidor en el futuro para que algún día pueda cooperar a la causa.

Con todo mi cariño y respeto, Atentamente Juan Emiliano Casas Martínez

Ciudad de México, a 8 de mayo de 2022 un honor formar parte de la familia de abogados/licenciados en derecho que, como becarios, impulsó la fundación fausto rico álvarez, i.a.p.

El trabajo que la Fundación Fausto Rico realiza es realmente admirable ya que gracias a ésta estudiantes de la licenciatura en Derecho hemos sido beneficiados en muchos aspectos.

Estoy sumamente agradecido con la fundación, pues fui becario cuando estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle; haber tenido la fortuna de que la Fundación Fausto Rico me apoyara a lo largo de mis estudios fue una bendición, ya que de esta forma logré las metas que me propuse como estudiante.

La fundación otorga becas a alumnos sobresalientes, por lo que elegirme como becario y depositar en mí su confianza representó un gran estímulo para conseguir los objetivos que me fijé al estudiar la licenciatura y ahora ejercer esta bella profesión.

Es admirable el amor que imprimen en cada estudiante que forma parte de la fundación, día con día están al pendiente y se mantienen en constante comunicación con los becarios para saber de los problemas que podamos tener y brindarnos su apoyo en todos los sentidos.

El decir gracias se queda corto para todo el infinito agradecimiento que puedo tener hacia la Fundación Fausto Rico, ya que no hay nada más valioso que aquellos que te apoyan en el camino para lograr tus objetivos.

Atentamente Alberto Pablo Lomelí Gutiérrez

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Voces sueño para muchos jóvenes de escasos recursos pero de gran talento?

Mi agradecimiento permanente para todos los donantes. No los menciono para no discriminar a nadie. n Hay que reconocer que su esfuerzo para apoyar a los estudiantes no se reduce al apoyo que otorga la Fundación Fausto Rico. Usted se dedicó a la docencia poniendo el conocimiento al alcance de estudiantes: además de impartir clases en escuelas y facultades de Derecho, usted formó a numerosos notarios en su notaría. Esta empresa requirió sacrificios enormes en su vida. ¿Valió la pena?

Sí. Es un logro ver a becarios de la fundación convertidos en abogados, en maestros y en doctores en derecho. n Maestro Rico, ¿se inclina usted por alguna postura?

El realismo de Aristóteles, después complementado con Santo Tomás. Yo soy iusnaturalista.

El sistema jurídico mexicano, por el contrario, tiene una marcada tendencia iuspositivista. n Hemos llegado ahora a la segunda parte de la entrevista, maestro Rico, que está vinculada con su actividad filantrópica. Hablemos un poco de la Fundación Fausto Rico. ¿De dónde surgió la iniciativa para crearla?

La iniciativa de la fundación que lleva mi nombre surgió de algunos ex alumnos muy cercanos y, en principio, sin mi consentimiento. n ¿Por qué una fundación?

Para apoyar a estudiantes de escasos recursos económicos en su cambio positivo de vida y su formación como excelentes profesionistas y ciudadanos.

A través de apoyos económicos posibilitamos que continúen sus estudios en reconocidas instituciones educativas. n ¿Qué logros han tenido desde 2009, cuando se constituyó?

Ver a becarios de la Fundación convertidos en abogados, en maestros y en doctores en derecho.

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n ¿Cuál sería su mensaje para quienes aspiran a convertirse en abogados pero carecen de los recursos para lograrlo?

Yo les sugiero que no bajen la guardia y mantengan su aspiración para que puedan lograr su meta. n ¿Y cuáles serían sus palabras para los donantes que han hecho posible este

ESCUCHAR TESTIMONIOS:

n Finalmente, nos gustaría concluir con una breve reflexión que nos pueda compartir: ¿cuáles son las lecciones más valiosas que ha aprendido a lo largo de su vida?

Provienen de distintas fuentes y creo, sin falsa modestia, que todos los días aprendo algo nuevo, incluso hasta de las personas más sencillas. 7

Alan García Huitron

CRIMINOLOGÍA Y PENAL COMPLIANCE PROGRAM: ¿UNA RELACIÓN NECESARIA? ¿Tiene alguna utilidad integrar a la criminología en un penal compliance program? ¿Qué tiene que ver la criminología con el Derecho penal? Más aún, ¿cuál es la relación

de aquélla con las empresas? ¿Qué es el compliance penal y el penal compliance program? ¿Es legal en México? ¿Es verdad que éste es un programa de prevención? Éstas y otras cuestiones aborda el autor en el presente texto, en el marco de lo que él denomina un nuevo pacto en las relaciones entre Estado (Derecho penal), mercado (empresa) y ciencia (criminología).

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E

n la historia de las ciencias penales se identifican entre el saber jurídico penal y el saber criminológico tanto acuerdos —no siempre voluntarios— como tensiones —muchas de ellas irresolubles—; sea en la época de la ilustración política del siglo XVIII, en el disciplinarismo científico del XIX y principios XX, o bien en los movimientos de contracultura y crisis política y económica de mediados y finales del XX, estas interacciones han pasado de un idilio de amor (la criminología clásica humaniza el surgimiento del derecho de castigar y la criminología de corte etiológico legitima y amplía científicamente el ius puniendi) a un divorcio exprés (la criminología del etiquetado y la criminología crítica visibilizan y denuncian la relación entre la supuesta ciencia pura del Derecho y los intereses del sistema político y económico hegemónico). Desde hace algunas décadas, por fortuna surgió una especie de reconciliación entre ambas disciplinas; situación que puede verificarse en los planes y programas de estudio de diversas universidades, en la existencia de múltiples revistas con ambas perspectivas y en la cada vez más frecuente estrechez cotidiana de las fases del sistema penal.

Esta nueva etapa, denominada relativista, implica, más que subordinación o exclusión, la complementación y el diálogo entre uno y otro a la vieja usanza de las escuelas eclécticas del positivismo, ahora aderezada en el marco de los derechos humanos, mismos que han impactado a la forma de ser y de hacer tanto de la criminología como del Derecho penal.

Ilustración: Freepik

En efecto, del lado de la criminología se asiste a una transformación que va de una perspectiva tradicional a una contemporánea, donde las reflexiones epistemológicas (de criminología a criminologías), teóricas (del estudio del delito y la conducta antisocial al estudio de las violencias y su control) y metodológicas (del método científico al método de las ciencias sociales) permiten pensar el quehacer profesional de este saber más allá de su histórico objetivo de tratar y corregir al delincuente en las prisiones. Por el contrario, en la actualidad la criminología puede: intervenir en las escuelas para generar prevención de las violencias; participar en la política legislativa del Estado frente a las violencias y el delito; incidir en la investigación y la persecución de los delitos; auxiliar en programas de atención, protección y reparación victimológica; evaluar normas penales y políticas públicas en materia de seguridad y justicia, entre otros fines y ámbitos profesionales tanto a nivel nacional como internacional, público, privado o social.

Entre esta diversificación de sectores se encuentra el ámbito empresarial, una de las efigies más importantes de la modernidad con la lógica de lo privado y el espíritu del capitalismo; una estructura organizacional de socialización secundaria compuesta por trabajadores, autoridades institucionales, normas internas, jerarquías, distribución de tareas, conocimiento específico, roles intercambiables, cultura organizacional, entre otras características. Así, la empresa se ha convertido, más que en un objeto, en un campo de intervención de la criminología, sea en el interior (detectar prácticas del personal que afecten los intereses de la empresa, prevenirlos y tomar medidas de control) o en el exterior (identificar vulnerabilidades que comprometan el funcionamiento de la empresa, prevenirlas y tomar medidas de control).

En lo que respecta al saber jurídico penal, éste también experimenta una metamorfosis que deviene en momentos críticos (muchos de los cuales fueron propiciados por las disciplinas victimológica y criminológica, por los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, por los movimientos sociales y los cambios hacia un Estado social y democrático de derecho), mismos que en nuestro país permitieron desde 2008 la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia (en etapa de consolidación) que representa cambios de paradigmas en la forma de acusar, investigar, enjuiciar y sancionar los delitos.

Una de estas transformaciones implica dejar atrás la locución latina societas delinquere non potest, en el entendido de que quienes podían ser responsables penalmente sólo eran las personas naturales o físicas, abriendo una reflexión sobre la teoría del delito y dando continuidad a la rama del Derecho penal económico y de las empresas.

De esta forma, la empresa comienza a ser considerada como un ente probablemente delictivo o como potencialmente victimable. Son recordados, en este sentido, los aportes de los criminólogos Ross (1907) y Sutherland (1940) sobre la criminalidad impune de las grandes empresas, sobre todo en una época marcada por el mito etiológico del delincuente como marginado, pobre y sin educación. De hecho, la consolidación del program penal compliance sucede en 1977 con la Foreign Corrupt Practices Act en Estados Unidos —una de las primeras legislaciones nacionales que penalizaron la corrupción— como consecuencia, a su vez, de una investigación de la Comisión de Valores y Cambio de Estados Unidos que reveló cómo más de 400 compañías estadounidenses habían realizado pagos discutibles o ilegales a funcionarios públicos y partidos políticos extranjeros por un monto estimado superior a 300 millones de dólares.

Dicha norma no sólo propuso un efecto motivador o intimidatorio de la

En la historia de las ciencias penales se identifican entre el saber jurídico penal y el saber criminológico tanto acuerdos —no siempre voluntarios— como tensiones —muchas de ellas irresolubles—. pena, sino que exigió a los entes colectivos su participación en la lucha contra la criminalidad empresarial a través de la implementación interna de medidas de prevención y control, al tiempo que ello podría orillarlas a la obtención de beneficios o desventajas (penal compliance program); hecho que se institucionalizó más con la publicación, por parte de la Comisión de Sentencias de aquel país, de un manual de instrucciones con la finalidad de unificar criterios en las resoluciones judiciales respecto de los crímenes cometidos por las corporaciones, estableciendo la necesidad de contar con un compliance penal que evitará la comisión de delitos y que permitiría la aplicación de atenuantes o exenciones de la pena.

Pese a su discusión (según algunos, la empresa carece de voluntad y materialidad, por lo cual es instrumento, en tanto otros alegan su existencia, su patrimonio propio y la regularidad de sus conductas criminales), el modelo de responsabilidad penal de personas jurídicas es una realidad en países como Estados Unidos, Italia, Chile, Alemania, Austria y España, sea a través del modelo de transferencia —donde representantes y/o administradores cometen delitos, utilizando, actuando en nombre de la empresa y beneficiándola, con el modelo de identificación en el que el superior de la empresa consiente, tolera o no ejerce el debido control para impedir tales delitos— o bien aplicando el modelo mixto.

La implementación del penal compliance program se verifica con independencia del esquema de responsabilidad penal para los entes colectivos vigentes; no obstante, hay que subrayar que esta responsabilidad de las personas jurídicas no sólo sirve para atraer a estos entes hacia el sistema penal, sino también para evitar que otras personas —generalmente empleados del más bajo rango— paguen el

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precio por la inexistencia de un penal compliance program.

Si bien existen pendientes, la aplicación de este nuevo modelo en México presenta avances importantes: es el caso del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en vigor desde junio de 2016, que a la letra señala: “Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su benefIcio, o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización” (hace falta, sin embargo, la publicación del nuevo código penal); o bien del artículo 27 bis del Código Penal de la Ciudad de México, el cual menciona esa responsabilidad cuando no se haya ejercido sobre las personas físicas el debido control que corresponda al ámbito organizacional; incluso, establece que serán circunstancias atenuantes de dicha situación, cuando con posterioridad a la comisión del delito, la persona moral o jurídica realice medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo su amparo.

Así, en el entendido de que una empresa puede declararse penalmente responsable, y para atenuar o excluir su responsabilidad penal (desde multas hasta disolución total, pasando por clausura, suspensión, inhabilitación, prohibición de ciertas actividades, entre otras), debe contar con protocolos y entrenamiento de sus trabajadores y autoridades para ejercer un debido control en el seno de su organización.

Desde la perspectiva criminológica, dicho penal compliance program, que pudiese traducirse literalmente como cumplimiento

Un penal compliance program no sólo es una obligación legal; también es un programa de prevención de delitos.

normativo, no es más que un programa de prevención del delito y de los riesgos; de allí que el saber criminológico sea fundamental en su diseño, ejecución, seguimiento y evaluación, pues si en algo difieren estos saberes es precisamente en que la criminología se enfoca en la prevención de los riesgos (ex ante), en tanto se ha encargado de comprender los patrones, las regularidades y las variaciones de las violencias y sus normas, mientras el Derecho penal hace lo propio reaccionando ante el delito (ex post) con el objetivo de proteger los bienes jurídicos tutelados ante posibles lesiones o puestas en peligro. No es que el abogado se convierta en abogado preventivo; tampoco que, en vez de criminólogos, el compliance penal utilice veterinarios o ingenieros. Se trata, fundamentalmente, de hacer de este programa de prevención dentro de las empresas una labor interdisciplinaria que implique la participación de diversas especialidades, y contextual, en el sentido de la naturaleza específica de la empresa, su entorno y sus actividades.

No cualquier estrategia que realice la empresa puede ser tildada de penal compliance program, pues existen ciertas condiciones que deben ser verificadas para

conceder tan importante beneficio (la eficiencia, el ajuste a los modelos de prevención establecidos, la debida diligencia para prevenir y detectar, la promoción de una cultura organizacional, la investigación y la sanción interna, entre otros). Los mecanismos de supervisión, vigilancia, control e imposición de sanciones —pensados como parte sustancial del programa de prevención— no son suficientes para evitar que se cometa un delito. Un penal program compliance no sólo es una obligación legal; también es un programa de prevención de delitos.

Más que de penas, se debe conocer de delitos; más que tipos penales, se requieren políticas públicas de prevención; más que castigar, se necesita comprender. Así, las teorías criminológicas (escuela clásica, asociación diferencial, tensión social, elección racional, vergüenza diferencial, arraigo social, ecológica, neutralización, valores subterráneos, neoinstitucional, saturación, personalidad, subculturas, estereotipos, triple riesgo, potencial cognitivo, interaccional, desventaja acumulativa, desarrollo social, entre otras) adquieren suma importancia para detectar, descubrir y prevenir dichos problemas. 7

A continuación se sintetizan algunos elementos mínimos que podrían alimentar el paso a paso del diseño de este programa: 1. Elaboración de un diagnóstico institucional o mapa de riesgos (detección y eliminación de riesgos): a) Indicadores de riesgo interno (actividades empresariales de riesgo). b) Indicadores de riesgo externo (otras compañías del mismo sector). c) Entorno en el que se desempeña la actividad empresarial y sus riesgos. d) Riesgos en empleados.

2. Establecimiento y difusión de reglas mínimas y autorregulación (código de conducta ética, protocolos y procedimientos de vigilancia y control).

3. Diseño de modelos de gestión de recursos financieros.

4. Capacitación y evaluación periódica del personal de la empresa.

5. Implementación de un sistema o canal de denuncias (confidencial y anónimo) interno y externo.

6. Instrumentación de un sistema de supervisión (verificación), sanción e información (compliance officer independiente, con recursos, apoyo y autoridad dentro de la empresa).

7) De detectarse un incumplimiento, además de sancionar, el programa debe subsanar las deficiencias detectadas con la finalidad de evitar la reincidencia.

Alan García Huitrón es doctorante en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, criminólogo del Colegio Libre de Estudios Universitarios, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y profesor-investigador asistente del Instituto Nacional de Ciencias Penales. alan.garcia@inacipe.gob.mx.

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Ángel Gilberto Adame

Nuhad Ponce Kuri

Datos personales, derechos humanos y democracia 26

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Voces El derecho a la protección de los datos personales fue elevado a rango constitucional en 2009. A la fecha,

con el auge de las redes sociales, el uso y la protección de los datos personales, aunados a una falta de con-

ciencia colectiva sobre el trabajo en conjunto que tie-

nen que hacer sociedad y gobierno para la protección de la información privada de las personas, ha generado numerosas controversias y debates en la materia.

Nuhad Ponce Kuri, en conversación con Ángel Gilberto Adame, nos comparte sus reflexiones al respecto.

Nuhad Ponce Kuri es licenciada en Derecho y maestra de Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana. Actualmente preside el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es miembro de la International Association of Privacy Professionals, del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A. C. (ANADE).

e voy a plantear algunas preguntas sobre dos temas que marcan quién es Nuhad Ponce Kuri.

Vas a ocupar el año que entra la presidencia de una de las barras de abogados más importantes del país. Las mujeres siguen ocupando espacios; ya tuvimos aquí una presidenta del Consejo del Colegio de Notarios, tenemos a la presidenta de la Barra, tuvimos ya una directora de la Facultad de Derecho. Cada vez es más normal eso, ¿o tú cómo lo percibes?, ¿hay presión para ti? Porque parece, a veces, que hay presión para las mujeres.

Muchas gracias. Fíjate que, al contrario, yo creo que entre más apertura haya a buscar talento, a preservar el talento, más se ayuda a las instituciones. Yo creo que todos como seres humanos tenemos mucho que aportar; tenemos habilidades y tenemos características diferentes para trabajar en equipo y me parece que este tipo de apertura, esta búsqueda de talento, nos ayuda a todos a formar y nutrir barras, colegios, asociaciones, y me da muchísimo gusto que podamos estar aquí el día de hoy, que podamos platicar en este tenor.

Yo creo que cualquiera, no importa si es hombre o mujer, cuando tiene uno de estos cargos, asume

a su vez una gran responsabilidad.

Más que presión, es justo una gran responsabilidad, pero sin duda con un equipo nutrido las cosas salen adelante. n ¡Muchas felicidades! Ahora, en relación con el tema de los datos personales: ¿cómo llegas, por qué te interesa y por qué el despacho Ponce Kuri se ha identificado tanto con el tema de la protección de datos?

Hace como 18 o 20 años estaba trabajando en un despacho donde teníamos a varios clientes extranjeros; entre ellos, algunos españoles. Ahí se daba mucho el tema de protección de datos, sobre todo en Europa, pues en México todavía no había una normativa. Hablaban extensamente sobre seguridad de la información, de protección de datos, de cómo existe un valor para nuestra información en el mercado. Yo empecé a interesarme en esa materia por estas empresas que buscaban esa protección, por ese clausulado que en México pudiera proteger los datos; y era un poco como hablar del espacio exterior, algo todavía no legislado en ese entonces.

Es ahí cuando surgió mi interés, pues era algo totalmente diferente, y además, al ser un tema multidisciplinario, me ayudó a entender el otro lado de la moneda. Muchas veces

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Voces no sabemos cómo se utilizan los medios electrónicos, lo que nos lleva a concluir que se requiere ser un físico nuclear para poder hacer un hackeo, por decir algo, y no es así. Aprender y trabajar en equipo con otras profesiones me ayudó a descubrir oportunidades para el derecho en distintas materias, pues si bien siempre va atrás de la realidad, en temas tecnológicos estamos a distancia años luz. Por eso incursioné en el tema y empecé a generar una cultura de la privacidad, una conciencia del valor de nuestros datos y nuestra información.

En 2009 se reformó nuestra Constitución para que en el artículo 16 se incluyera la protección de la privacidad de los datos personales y la inclusión de los derechos ARCO. Esto ayudó a preparar el terreno con el fin de que en 2010 se publicara la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y posteriormente, en 2017, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; esto generó el contexto para pensar que nuestros datos tienen un valor; debemos saber qué compartimos, para qué lo subimos a alguna red, cómo utilizamos la información, y buscar la seguridad de los individuos a través de la seguridad de su información y de la protección de sus datos personales. n Leí un libro de una mexicana que estudia en Oxford, Carissa Véliz, quien pone el dedo en la llaga: los particulares que manejamos información de terceros sí tenemos una regulación, una serie de restricciones, pero Véliz señala lo que está aconteciendo en las redes sociales;

Es muy importante generar una conciencia para saber realmente qué vamos a compartir y qué no, y saber que esto es un trabajo entre sociedad y Estado.” es decir, tenemos leyes pero nos la pasamos, una y otra vez, regalando nuestra información, y ahí no veo al aparato del Estado defendiéndonos o defendiendo lo que estamos haciendo en redes sociales. ¿Cómo ves?

El tema de redes es interesantísimo. Si bien es cierto que existe un factor detonante para custodiar nuestra información, tenemos que ser nosotros mismos (quién mejor que nosotros para decir qué sí y qué no compartimos), también es cierto que con el boom de las redes sociales todo el mundo empezó a subir y a compartir todo de manera indiscriminada y, repito, sin tener conciencia; el Estado, efectivamente, lo que está buscando —y hay ya un par de iniciativas— es que se publique una ley de ciberseguridad, pues tienen que estar pendientes de todo lo que pasa en el ciberespacio y de las cuestiones que en ese contexto puedan ocurrir.

En este contexto, y en este tenor, las personas, nosotros como seres humanos, somos quienes tenemos ese primer control, qué comparto y qué no, qué subo y qué no; cuando yo me uno a una red social, ¿realmente veo qué me va a pedir?, ¿qué datos

La promulgación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y posteriormente, en 2017, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, generó el contexto para pensar que nuestros datos tienen un valor.

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me está pidiendo para generar un usuario y una contraseña?; normalmente la verdad es que todos decimos: “dale a todo que sí”; pero en realidad no estamos revisando qué nos están pidiendo, y como con base en la ley nos tienen que pedir el consentimiento, ellos cumplen solicitándolo con es ese famoso click y esa famosa palomita en “sí, acepto”. En la mayoría de las redes sociales nos piden consentimiento para que todo lo que se publique pueda ser utilizado, distribuido, vendido o comercializado.

Es muy importante generar una conciencia para saber realmente qué vamos a compartir y qué no, y saber que esto es un trabajo entre sociedad y Estado, y por sociedad me refiero desde el más chiquitito hasta el más grande, porque ahora el alcance tecnológico va desde menores de edad hasta adultos mayores; entonces es un deber en conjunto generar esta conciencia sobre el uso de nuestros datos y nuestra información, para que también, cuando exista obviamente la regulación, todo fluya. n Suena complejo querer regular a transnacionales como Facebook, es decir, que una norma mexicana regule a este tipo, ya no de transnacionales, sino de corporativos globales que, por la información que tenemos, incluso son capaces de influir en una elección, en una guerra, etcétera.

Qué interesante pregunta haces. Mira, esta es una de las pocas leyes extraterritoriales, pues no le importa dónde está tu servidor o si tienes alguna sucursal o algún establecimiento aquí; simplemente aplica porque se está tratando con datos personales, en los supuestos establecidos en la ley y en el reglamento.

Una empresa transnacional tiene que cumplir con la regulación; esto importa porque el flujo transfronterizo de datos no se detiene y todos debemos tener un común denominador reflexionando qué necesitamos y coadyuvar con las autoridades; muchas veces los ciberdelitos no se cometen en el mismo entorno geográfico; por ejemplo, alguien en las Bahamas mandando una campaña de phishing y nosotros cayendo en México. Estas leyes tienen que ser extraterritoriales para que podamos tener un tratamiento, persecución y sanción del delito realmente eficiente, y buscar cómo regularnos todos.

El tema de la elección que refieres fue interesante porque mucha gente al principio pensó que se había tratado de un hackeo y no fue así. Muchas veces cuando conduces una conversación puedes ir obteniendo preferencias de manera indirecta; puedes ir escuchando a lo mejor lo que alguien quiere y eso te ayuda a generar un discurso en un sentido o en otro.

El alcance en las redes es exponencial, y es por eso que se utilizan muchos de estos datos; por ejemplo, un buscador almacena los datos ingresados por un usuario, y si alguien tiene convenio con ese buscador es posible que éste le pase el historial a aquél con el objeto de crear un perfil del usuario a partir de dicha información. Estas leyes pretenden generar conciencia en las personas al momento de compartir sus datos personales. n Hay otro tema que a mí me llama mucho la atención. Participamos en la iniciativa del Código Civil de la Ciudad de México, en una reforma en materia sucesoria.

Pienso que está relacionado con este tema de datos personales en nuestra actividad en redes sociales: el famoso derecho al olvido. Se ha discutido en Europa la posibilidad de decidir qué pasa o cuál es el tiempo que debe estar mi información expuesta públicamente en redes. Esto está en el Código Civil de la Ciudad de México: la posibilidad

de decidir qué quiero que pase con mi vida digital. Pero el debate continúa frente al interés público. ¿Dónde estamos, qué es eso, qué será lo más moderno en el tema del derecho al olvido?

Esto es importante ponerlo en la mesa.

A ver, el derecho al olvido en México se ha equiparado a un derecho de cancelación; en México tenemos los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición, y el de cancelación se ha tomado para hacer las veces de un derecho al olvido. Lo que significa que si alguien tiene mis datos y ya se agotaron las finalidades para las que los tenía o no tiene por qué tenerlos, se deben cancelar.

Efectivamente, en Europa está regulado el derecho al olvido. El primer caso es de una persona que tenía una deuda que ya había liquidado: cuando buscaba su nombre en Google aparecía como deudor, aunque ya no tenía esa calidad, y eso tenía implicaciones en que, al investigarlo, ya no le daban créditos. Fue chistoso y hasta en un sentido medio contraproducente, porque ahora todos sabemos su nombre y sabemos que fue deudor, por haber sido el primer caso sobre derecho al olvido.

Claro que en algunos casos pudiera existir una contraposición de derechos; qué pesa más: el derecho a la información o el derecho a la privacidad, y son dos derechos que siempre van a estar en constante pugna, y la verdad es que es muy casuístico en qué momento pesa más uno u otro. ¿Qué pesará más: saber que una persona es asesino serial, por ejemplo, y que va a pedir un trabajo a un kínder, o el derecho de esa persona a decir “ya me arrepentí, ya compurgué mi pena, ya no quiero que nadie sepa eso”? n Que no tengo derecho a una segunda oportunidad sin que mi pasado me esté marcando...

Correcto. Nosotros, por ejemplo, no solíamos ir por la vida compartiendo nuestra temperatura; actualmente en cualquier lugar al que uno entre le toman la temperatura e incluso le hacen llenar cuestionarios de salud donde coloca datos personales sensibles, pero por un tema de salud pública; es entonces cuando el derecho a

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Voces

El derecho a olvido en México se ha equiparado a un derecho de cancelación.”

la información, en este caso, pesa más que el derecho a la privacidad. En algunos otros será diferente y pesará más otro derecho.

En México el derecho de cancelación está previsto en ciertos supuestos; yo creo que siempre se van a tener que ponderar los derechos dependiendo del supuesto que estemos tratando. No es blanco y negro. n Tú eres presidenta del Consejo Consultivo del INAI. Yo pienso que antes funcionaba mejor; hoy como que vemos al presidente de la República pidiéndole que libere la información de un periodista, pero por otro lado vemos a una autoridad un poco más cerrada de lo que percibía yo antes en el tema del acceso a la información. Recuerdo que utilicé la plataforma del INAI y obteníamos fácilmente la información, alguna vez con alguna reticencia, pero como que ya estábamos rompiendo la cultura de la autoridad de negarla. ¿Eso tú crees que sigue evolucionando?, ¿o estamos en un pequeño retroceso, o estámos detenidos?, ¿sigue funcionando el INAI como tal, a la par de los cuestionamientos que está teniendo en el poder?

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abogacía Junio 2022

Mira, yo tengo el honor de ser la presidente del Consejo Consultivo del INAI. Somos un Consejo ciudadano, honorífico, independiente del INAI y electo por el Senado de la República. Nosotros, conforme a nuestras reglas de operación, podemos emitir

NO TE PIERDAS LA ENTREVISTA COMPLETA:

opiniones y recomendaciones técnico-jurídicas sobre temas de derecho de acceso a la información, protección de datos personales y transparencia. Nuestras opiniones no son vinculantes, son un consejo técnico–jurídico para guiar a la autoridad.

El INAI como organismo constitucional autónomo sigue funcionando bien; yo creo que otra vez es un tema de acomodo, es un tema que me parece importante: defender a nuestros organismos autónomos, porque son los que realmente ayudan o coadyuvan a que la democracia funcione.

El INAI está en plenas funciones, haciendo bien su trabajo. Como ciudadanos, me parece, tenemos que involucrarnos más; como te decía en una de las respuestas a las preguntas anteriores: quienes detonamos la protección de los derechos aludidos somos la ciudadanía. Hay que trabajar en equipo en busca de un mejor México.7

¿Qué dicen hoy los tribunales?

Denise Tron Zuccher Mariana Ruiz Albarrán

La Suprema Corte de Justicia

de la Nación analizó la instancia de conciliación en el nue-

vo sistema de justicia laboral,

se pronunció sobre la protección a artistas y personas públicas frente a la publicación

de fotografías sin su consenti-

miento y también determinó el alcance que tiene la fe de he-

chos que realiza un notario público sobre comunicaciones electrónicas.

CIVIL n Valor probatorio de los CFDI En juicio civil se resolvió que los CFDI hacen prueba plena de la información que contienen, ya que puede confirmarse su autenticidad con la cadena original, la firma digital o con el código QR. Por tanto, quien las objete en juicio deberá aportar pruebas para desvirtuarlas. Registros: 2024497 y 2024496. Blog 66 n Valor probatorio de facturas cuando son objetadas Si en un juicio mercantil se reclama la falta de pago de dos facturas y el demandado objeta la validez de los documentos y además señala que no recibió las mercancías, será necesario que la parte actora aporte pruebas adicionales, ya que el valor probatorio de las facturas se reduce a un indicio. Registro: 2024445. Blog 64. n Derecho a la imagen propia y su defensa Una presentadora de televisión demandó a una revista de espectáculos por publicar fotografías de ella y su hijo sin su consentimiento. La Primera Sala de la SCJN reconoció que los medios de comunicación deben respetar el derecho a la imagen, el cual protege a las personas frente a publicaciones que tengan un fin lucrativo.

Por tanto, la revista fue condenada a la reparación del daño moral y al pago de daños y perjuicios. Registro: 2024439. Blog 64.

P D e A

Pérez de Acha Ibarra de Rueda

n Fe pública notarial sobre comunicaciones electrónicas Cuando un notario público acude a una diligencia de fe de hechos relacionada con comunicaciones electrónicas, el acta que se levanta sólo da prueba de lo que el notario advirtió durante la diligencia, pero no es prueba de la veracidad y autenticidad de los mensajes electrónicos. Así lo resolvió la Primera Sala de la SCJN. Registro: 2024379. Blog 65. n Responsabilidad civil de los médicos En este asunto se pretendió fincar responsabilidad civil a un médico por la atención que dio a un paciente en riesgo de muerte, en el área de urgencias. El Tribunal Colegiado analizó cuáles son los alcances del deber de atención de los médicos.

Para fincar responsabilidad civil contra un médico debe acreditarse que él generó un daño, que hay una afectación y culpa de su parte.

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Debe analizarse el acto médico de forma conjunta: diagnóstico, fase terapéutica y recuperación.

El médico cumple con su obligación cuando desarrolla el conjunto de atenciones de forma diligente.

En caso de urgencia médica, a pesar de que el médico no cuente con la especialidad que se requiere, está obligado a actuar para evitar un daño mayor al paciente. Registro: 2024514. Blog 66.

PENAL n Plazo de ocho años para promover amparo contra sentencia condenatoria La Ley de Amparo prevé el plazo de ocho años para promover amparo en contra de la sentencia condenatoria. El cómputo de este plazo debe hacerse en días naturales, sin considerar los inhábiles. Sin embargo, un Tribunal Colegiado de Circuito (TCC) resolvió que sí deberán descontarse los días en que la autoridad responsable suspendió labores por la pandemia de Covid-19.

Jurisprudencia. Registro: 2024523. Blog 67.

ADMINISTRATIVO n Omisión en cumplimiento de sentencia Cuando las autoridades omitan cumplir una sentencia dictada en juicio de nulidad es necesario que agote el recurso de queja previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, previo a ir al amparo. En jurisprudencia de la Segunda Sala de la SCJN se resolvió que no hay una excepción al principio de definitividad. Registro: 2024468. Blog 64.

MERCANTIL n Concursos mercantiles: acumulación de juicios Aun cuando la Ley de Concursos Mercantiles prevé que procede la acumulación de juicios concursales de un mismo grupo societario, si en uno de los juicios ya se dictó resolución no podrá realizarse la acumulación, por aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles. Registro: 2024369. Blog 65.

de dicho instituto pueda recibir, además, la pensión por viudez que le corresponde por la muerte de su esposo. Registro: 2024507. Blog 66. n Suspensión en el pago de pensiones del ISSSTE Cuando un trabajador deje de recibir su pensión por un tiempo y el ISSSTE reanude su pago, deberá actualizar las cantidades adeudadas. Sin embargo, el pensionado no podrá exigir el pago de intereses por el tiempo que se suspendió el pago de la pensión. Registros: 2024530 y 2024528. Blog 67. n Obligación de agotar etapa de conciliación La Segunda Sala de la SCJN determinó que si un trabajador plantea en juicio aspectos relacionados con prestaciones de seguridad social ––pensión por vejez y aportaciones al IMSS, Infonavit y Afores––, es necesario que previamente agote la instancia de conciliación prevista en el nuevo sistema de justicia laboral. Registro: 2024532. Blog 67. n Inscripción en el IMSS a trabajadoras del hogar En 2019 se estableció como obligatorio el régimen de seguridad social para las trabajadoras del hogar. Si la trabajadora demandó en 2017 por un despido justificado, podrá condenarse al patrón al pago de las cuotas del IMSS de manera retroactiva, pero de manera limitada, esto es, a partir de 2019 en que se instauró la obligatoriedad del régimen. Registro: 2024524. Blog 67.

FISCAL n SHCP requiere a bancos información sobre contribuyente La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puede solicitarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información bancaria de un contribuyente, para fines fiscales, sin necesidad de que exista orden judicial. Lo anterior es una excepción al secreto bancario. La información obtenida puede ser utilizada por la SHCP para promover querella por delitos fiscales. Registro: 2024474. Blog 64.

n Medidas cautelares en los concursos mercantiles El juez puede establecer medidas cautelares distintas a las previstas en la Ley de Concursos Mercantiles, siempre que tengan como objeto proteger la masa concursal y los derechos de los acreedores. Registro: 2024453.

La Primera Sala validó la norma que permite ordenar al comerciante a que no realice el pago de deudas que vencieron antes de admitida la solicitud de concurso mercantil. Registro: 2024452. Blog 65.

LABORAL n Suprema Corte declara inconstitucional Ley del ISSSTE La Segunda Sala resolvió que la Ley del ISSSTE es inconstitucional en tanto impide que una persona que es derechohabiente

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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AMPARO n Normas inconstitucionales y principio de definitividad Una norma declarada inconstitucional por la SCJN no configura una violación directa a la Constitución Federal, ni implica que el acto de aplicación carezca de fundamentación.

La Segunda Sala confirmó que no se actualiza una excepción al principio de definitividad, por lo que el particular no puede acudir directamente al juicio de amparo sin antes agotar los recursos ordinarios. Registro: 2024511. Blog 66. n Cómputo de plazos El Pleno de la SCJN emitió dos criterios de jurisprudencia sobre este tema: autoridades responsables. En el cómputo de plazos en un juicio de amparo para las autoridades responsables no deben descontarse aquellos días que fueron inhábiles para las autoridades, pero que no están reconocidos con ese carácter en la Ley de Amparo. Registro: 2024510. Blog 66.

El Pleno de la SCJN resolvió en jurisprudencia que en éste supuesto no se puede desechar la demanda, sino que deberá tramitarse el juicio hasta el dictado de la sentencia. Registro: 2024503. Blog 66. n Consentimiento informado y vacuna contra Covid-19 A una menor en el rango de 5 a 11 años de edad le fue concedida la suspensión definitiva para ser vacunada contra el Covid-19. No obstante, la autoridad sanitaria se negó a vacunarla argumentando que la menor debía decidir si quería la vacuna mediante el consentimiento informado. Un TCC determinó que en ese rango de edad los menores no tienen la madurez intelectual y emocional para dar su consentimiento por lo que sus padres deben otorgarlo. Jurisprudencia. Registro: 2024491. Blog 66. 7

n Presentación de demanda de amparo directo.

Para el cómputo del plazo para la presentación de una demanda de amparo directo sí deben descontarse los días que fueron inhábiles para las autoridades responsables aun cuando no estén previstos en la Ley de Amparo y adicionalmente, aquellos días inhábiles contemplados en la Ley de Amparo. Registro: 2024494. Blog 66. n Amparo contra omisiones legislativas Si en amparo se reclama una omisión legislativa, es necesario que se dé trámite al juicio hasta el dictado de la sentencia.

Los registros referidos en este artículo pueden consultarse en el buscador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente enlace:

Denise Tron Zuccher es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, asociada de PDeA Abogados y presidenta ejecutiva en la organización Justicia Justa.

Mariana Ruiz Albarrán es egresada de la licenciatura de Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, colabora en PDeA Abogados y es directora del área de litigio público en la organización Justicia Justa.

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JURISTAS

Linda Greenhouse fue ganadora del Premio Pulitzer en 1998 y corresponsal de la Corte Suprema para The New York Times de 1978 a 2008.

Greenhouse imparte clases en la Facultad de Derecho de Yale y es autora de Just a Journalist. Otros libros de su autoría incluyen La Corte Suprema de los Estados Unidos: una introducción muy breve; una biografía del juez Harry A. Blackmun, Becoming Justice Blackmun; Justice on The Brink: la muerte de Ruth Bader Ginsburg, el ascenso de Amy Coney Barrett y los doce meses que transformaron la Corte Suprema; y The Burger Court and the Rise of the Judicial Right, que coescribió con Michael J. Graetz.

Ibrain Hernández Rangel

Una conversación con

Linda Greenhouse El pasado 2 de mayo de 2022, Politico publicó un borrador de sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en el que resolvía el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization. En este documento, escrito por el juez Samuel Alito, la mayoría de las y los miembros de la Corte anularían Roe vs. Wade, el emblemático caso que permitió el aborto en el país estadounidense. La filtración de este documento se suma a diversas declaraciones polémicas de jueces conservadores y al escándalo que involucra a la esposa del juez Clarence Thomas en la

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insurrección del Capitolio en Washington el pasado 6 de enero de 2021.

En esta conversación se contrastó el funcionamiento y la operación de la Corte Suprema de Estados Unidos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma, Greenhouse compartió su perspectiva sobre lo que ocurre actualmente en el tribunal estadounidense y su opinión sobre el papel que juegan los medios de comunicación en la discusión pública sobre el sistema judicial norteamericano.

Voces Cómo decidió perseguir una carrera en el periodismo jurídico? ¿Podría describir la cultura del periodismo en Estados Unidos en términos de la manera en que la Corte Suprema era cubierta por los medios de comunicación en ese momento?

No es lo que podrías esperar. No comencé siendo una periodista legal. Comencé siendo una periodista política y cubría el gobierno del Estado de Nueva York para The New York Times y luego pedí mudarme a Washington. Pensé que cubriría el Congreso o la Casa Blanca porque mi interés era realmente la política, pero el Times necesitaba a alguien en la Corte Suprema, la persona que tenían se iba. Y había una beca disponible en la Facultad de Derecho de Yale, donde podías estudiar Derecho durante un año. No era una licenciatura en Derecho, que toma tres años, sino una maestría, y podrías elegir tus cursos.

Así que estudié leyes federales, la Corte Suprema y demás durante un año. Y luego fui a Washington para comenzar a cubrir la Corte en 1978.

Y en ese momento había un pequeño número de periodistas cubriendo la Corte, tal vez unos 15 o más. Y había un ambiente agradable; era un cuerpo de prensa muy amistoso porque todos nos ayudábamos unos a otros. Periodísticamente, no éramos realmente competitivos porque todos obteníamos la misma información al mismo tiempo. No era como cubrir política en la que tienes una relación especial con la fuente política. Solo recibimos las opiniones y los informes, y fue muy interesante, por supuesto. Aprendí mucho y seguí haciéndolo durante 30 años. n El fracaso en las audiencias de confirmación de Robert Bork es considerado como un momento histórico para el Senado y la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión con respecto a este momento en cuanto a la forma en que cambió la política para las nominaciones a jueces en la Corte Suprema?

Fue un momento muy peligroso porque el proceso de confirmación está totalmente roto. La primavera pasada, el presidente

Biden nominó a una mujer muy calificada, Ketanji Brown Jackson, y el tipo de preguntas que recibió durante la audiencia de parte de los republicanos fueron terribles. Durante los años de Trump, ocuparon dos escaños que no deberían haber podido ocupar para Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett). Los republicanos, que entonces controlaban el Senado, no le dieron ni siquiera una audiencia al candidato del presidente Obama. Y ahora, al momento de esta entrevista, sabemos lo que sucedió el lunes con la filtración de la decisión sobre el aborto. Así que, aparentemente, tenemos aquí cinco jueces; tres de los cuales fueron puestos en la Corte por Trump –todos católicos– que van a imponer a todo un país que no quiere que hagan esto, que quiten un derecho que la misma Corte reconoció hace 49 años. Eso es asombroso;

la frontera para abortar legalmente en México, y antes era al revés. n En México, las reuniones de discusión entre las y los ministros de la Suprema Corte y las audiencias orales no sólo se graban, sino que también se transmiten públicamente por televisión. Esto se justifica como una forma de mostrar transparencia, pero en la práctica ha creado un sistema en el que los jueces leen discursos preparados y no hay una discusión real. En Scouts las cosas son diferentes, ya que los jueces se reúnen en privado y ni siquiera las audiencias son televisadas. ¿Qué le parece la idea de transmitir las audiencias o reuniones en Estados Unidos? ¿Sería útil en algún sentido?

La primavera pasada, el presidente Biden nominó a una mujer muy calificada, Ketanji Brown Jackson, y el tipo de preguntas que recibió durante la audiencia de parte de los Republicanos fueron terribles. no creo que la Corte pueda recuperarse de esto. Estamos en un momento histórico que nunca habíamos experimentado antes.

Creo que es muy grave. Por supuesto, no tengo ni idea de lo que está pasando dentro de la Corte. No sé quién filtró esto, pero será mejor que lo averigüen de inmediato, porque, a menos que lo descubran, nadie puede confiar en nadie.

He estado leyendo sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de México, sobre el aborto; sobre las leyes en Ecuador, la legislación en Argentina y sobre la “ola verde” en América Latina. Sé que no es perfecto y sé que todavía hay muchas dificultades, pero al menos están dando pasos hacia la libertad reproductiva. Y para las mujeres, Estados Unidos está retrocediendo, porque las mujeres estadounidenses cruzarán

No es gran cosa. Quiero decir, ahí no es donde está el problema. En este momento, cualquiera puede obtener el audio en tiempo real de la audiencia; eso está en internet de inmediato. Y luego, cuando hay una audiencia en la mañana, esa tarde, el tribunal pone la transcripción de la audiencia para que haya transparencia. Entonces, si realmente puedes verlos en la televisión o no, francamente no creo que importe mucho.7

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Ivan Adelchi Peña Estrada

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y COMPETENCIA ECONÓMICA DEL SECTOR El correcto funcionamiento del mercado es una premisa para que los derechos humanos puedan ser garantizados. Si los agentes del mercado se unen para generar monopolios en los diversos sectores que lo componen, se pueden poner en riesgo los derechos más preciados de las personas, como el de la salud. En el caso mexicano, la Cofece ha jugado un papel muy importante en el sostenimiento de una correcta competencia económica para el pleno funcionamiento del mercado de la medicina.

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abogacía Junio 2022

Fotografías: Freepik

E

l pasado 16 de agosto de 2021 la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece, multó a algunas personas físicas por coludirse en el mercado de distribución de medicamentos. Por un lado, la determinación de la Cofece reitera al mercado de medicamentos como un proveedor relevante del sector; es decir, se establece la posible existencia de probables responsabilidades a los agentes económicos participantes en prácticas monopólicas. Esta sanción por parte de la autoridad en competencia económica no es la primera aplicada en el mercado de medicamentos, lo cual pone de manifiesto la urgencia de contar con instituciones para lograr en todo momento la tutela efectiva del derecho a la protección de la salud.

La observación general 14 sobre “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud” determina que el derecho a la salud “debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud”.1 Si bien dicha observación concluye con la función activa del Estado, se puede interpretar de manera teleológica que velar por el correcto funcionamiento del mercado de medicamentos es una forma de facilitar el acceso a bienes y servicios que tienen un impacto en la vida de las personas.

Se podría afirmar que los mercados y los derechos sociales tienen una relación estrecha y que se vinculan con la idea de acceso a insumos que favorecen el más alto nivel posible de desarrollo humano. De ahí la relevancia de contar con medios de tutela efectiva en ese sector que corrijan las conductas de los agentes económicos que tienen un impacto final en el precio de dichos productos.

Antecedentes Desde 2010, la Cofece, en su resolución del 23 de febrero, impuso multas a empresas farmacéuticas por realizar una práctica monopólica absoluta consistente en la coordinación de posturas en licitaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para adquirir insulina y sueros,2 al coordinar sus posturas en las licitaciones públicas convocadas por el IMSS, con el efecto de eliminar la competencia entre ellas.

El expediente I0-001-2016,3 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2019, determinó el inicio de una investigación por parte de la autoridad investigadora de la comisión para determinar la supuesta responsabilidad por prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de medicamentos.

En 2017 el pleno de la comisión ordenó efectuar un estudio sobre los medicamentos de patente vencida para observar el funcionamiento del mercado relacionado con sus precios, la actuación de las farmacéuticas y su impacto. La conclusión de este estudio apunta a las fallas tanto de los agentes económicos como del Estado, enunciando barreras a la competencia como la fijación de precios, las ventas atadas, la falta de competidores en el sector4 y los impedimentos legales para patentes y producción de medicamentos.

Los anteriores casos e investigaciones representan la observación y la vigilancia reiteradas que tiene el mercado de medicamentos como un proveedor relevante que requiere medidas de sanción a los participantes, o como se determina en el estudio sobre libre concurrencia y competencia de los mercados de medicamentos con patentes vencidas en México: “El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ordenó la realización del estudio considerando la relevancia del mercado de medicamentos en el bienestar de la población, la economía nacional y el gasto de los hogares”.5 En correspondencia con lo anterior, los derechos sociales tienen como finalidad generar un conjunto de acciones y programas para garantizar una economía segura y redistributiva de los recursos para disminuir la pobreza; esto quiere decir que existen acciones progresivas y transversales en la tutela de los derechos de los consumidores.

El consumo de medicamentos, ya sea por particulares o por el Estado, involucra un tipo de producto que genera bienestar6 a la población, pero debe ser seguro y de calidad para proteger la vida de las personas. En segunda instancia, la accesibilidad de precios en relación con su seguridad y su calidad no debe ser privativa, puesto que en gran medida estaríamos generando un tipo de medida, en el seno del mercado, que haría poco accesible ese producto, disminuyendo el bienestar de la población.

En síntesis, la Cofece ha realizado esfuerzos constantes para regular el mercado de medicamentos y de otros servicios relacionados con el sector salud, donde la premisa esencial es la eficiencia de los mercados.

Los derechos sociales tienen como finalidad generar un conjunto de acciones y programas para garantizar una economía segura y redistributiva de los recursos para disminuir la pobreza.

Regulación de mercados relevantes La última resolución en la que se sancionan las conductas de los agentes económicos en la distribución de medicamentos y en las prácticas de colusión expone cómo las empresas se dividen el mercado y se ponen de acuerdo para ser las más relevantes en el sector, ejerciendo de este modo un poder de mercado que impide artificialmente la competencia entre los participantes.

Las conductas expuestas en el expediente I0-001-2016, donde se acredita que los agentes económicos sancionados realizaron tanto acuerdos para restringir el abasto como conductas para fijar, manipular e incrementar el precio de los medicamentos,7 encuadra en una práctica monopólica absoluta, que hace de su acuerdo una situación en la que los precios de las empresas son más altos que algún índice de referencia competitiva.8

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El artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica determina la nulidad de esos acuerdos, ya sean éstos formales o implícitos, fijando de este modo la regulación estricta y limitando los efectos generados a favor de los agentes económicos, lo cual deriva en una sanción.

Lo relevante del caso es la consistencia que tiene la autoridad investigadora de la Cofece y el propio pleno al resolver y fomentar la competencia del sector en virtud de buscar incentivos para hacer eficiente la competencia que derive en un beneficio en los precios.

En segunda instancia, las prácticas anticompetitivas o monopólicas tienden a generar distorsiones en el mercado que derivan en poca innovación del sector, disminución de la cantidad de participantes y concesión de más poder a los agentes económicos existentes. No se trata de aumentar los participantes en un mercado; lo que en realidad se busca es generar e incrementar el bienestar de consumidores y participantes.

Conclusiones Mientras mayor es el poder de los agentes económicos en los mercados, de manera directa disminuye el bienestar del sector, lo cual implica, en cierta medida, que exista un equilibrio entre las empresas para que éstas cuenten con incentivos de crecimiento e innovación en el mercado y crezca el bienestar general. De lo contrario, estaríamos asignándole un mayor

valor a la relación entre las empresas para lograr sus fines, cuando deben ser los consumidores —en condiciones de igualdad— los que determinen cuál es la empresa más rentable o productiva.

Tomando en consideración lo anterior, en el mercado de los medicamentos es diferente el contexto, puesto que en condiciones de igualdad no todos los consumidores podrían reconocer la calidad de un producto o de un medicamento sin la previa regulación de un tercero imparcial que garantice calidad y bienestar. Aquí está la urgencia de regular el sector. Los consumidores de medicamentos en gran medida no tienen la posibilidad de elegir qué productos pueden o deben consumir, ni determinar qué marcas protegen más la salud, ya que es el propio Estado el que otorga en su mayoría los medicamentos.

Por otro lado, regular la competencia del sector permite disminuir los costos de los medicamentos con la pretensión de reducir el gasto de las familias en este rubro. Este fenómeno es conocido como gasto de bolsillo, el cual vulnera la estabilidad de los hogares por ser un gasto que corre a cargo, de manera parcial o total, del patrimonio familiar.

En conclusión, las investigaciones y las sanciones a los agentes económicos por la Cofece favorecen la libre competencia del sector, generando un fácil acceso a los medicamentos, vigilando la participación del mercado de estos productos y garantizando de forma progresiva la protección de la salud. 7

Mientras mayor es el poder de los agentes económicos en los mercados, de manera directa disminuye el bienestar del sector, lo cual implica, en cierta medida, que exista un equilibrio entre las empresas para que éstas cuenten con incentivos de crecimiento e innovación en el mercado y crezca el bienestar general.

Observación general 14, ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Consultado el 19 de agosto en https://www.refworld. org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,47ebcc492,0.html.

2 Comunicado 04-2010, Cofece. Consultado el 19 de agosto de 2021 en https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/10/cfc04-2010.pdf.

3 Estados Unidos Mexicanos, Comisión Federal de Competencia Económica, Autoridad Investigadora, expediente I0-001-2016. Consultado el 19 de agosto de 2021 en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5457366&fecha=19/10/2016.

4 Cf. Cofece, Estudio en materia de libre concurrencia y competencia sobre los mercados de medicamentos con patentes vencidas en México, p. 79. Consultado el 19 de agosto de 2021 en https://www.cofece.mx/attachments/article/769/Estudio-de-Medicamentos_vF-BAJA.pdf#pdf.

5 Ibid., p. 6. Las cursivas son mías.

6 Se entiende por bienestar lo relacionado con la determinación implícita que hace la Ley General de Salud sobre los medicamentos: toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos será considerado como medicamento siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrolitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y que, además, se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios. Artículo 221, fracción I, Ley General de Salud, última reforma: 6 de junio de 2021. Consultado en http://www.diputados.gob.mx/ LeyesBiblio/pdf/142_150721.pdf.

7 Cofece-022-2021. Consultado en https://www.cofece.mx/cofece-multa-a-empresas-y-personas-fisicas-por-coludirse-en-el-mercado-de-distribucion-de-medicamentos/.

8 Cf. Massimo Motta, Política de competencia: teoría y práctica, México, Fondo de Cultura Económica, 2018, p. 178.

1

Ivan Adelchi Peña Estrada es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestrante en el posgrado de la Facultad de Derecho, en la maestría de Derecho constitucional, y miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados.

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La opción ideal para continuar con la formación de profesionales en el área de justicia penal

E

l mundo ha cambiado, y hoy más que nunca las competencias laborales requieren de profesionales mayormente capacitados y con mejores herramientas para su mejor desempeño laboral.

La necesidad de mejorar el funcionamiento de las instituciones que integran el sistema de justicia penal en México, a partir de la reforma de 2008, no solo modificaron el sistema de justicia penal en nuestro país, sino más bien el cambio representó una profunda transformación en esta materia.

La creciente dinámica legislativa ha incorporado importantes cambios en la materia penal

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como: la oralidad, la publicidad en las audiencias, la confrontación de pruebas y argumentos de las partes, la incorporación de nuevas medidas cautelares, un especial interés en la protección de las víctimas, nuevos mecanismos alternos de solución de controversias y nuevas formas en la ejecución de las penas y medidas de seguridad, los cuales sin duda exigen una permanente actualización de los operadores del sistema, fiscales, jueces, defensores, víctimas, asesores jurídicos, mediadores, académicos, estudiosos del derecho y de todos aquellos que de manera directa o indirecta tienen relación con el sistema de justicia penal.

Ante ello, la Universidad La Salle, a través de su Facultad de Derecho, consciente del compromiso que representa la transformación de este sistema y de la necesidad de contar con profesionales debidamente capacitados para hacer frente a los nuevos retos, ha puesto a disposición de las instituciones y de todos los interesados en adquirir una sólida actualización en materia penal, los programas de estudio de posgrado en la “Especialidad y Maestría en Justicia Penal”, que les permita obtener un mejor rendimiento en la función que desempeñan, y que sin duda representa la mejor opción para su permanente preparación, que indudablemente redundará en elevar sus conocimientos, autoestima y confianza en el dominio de las nueva herramientas jurídicas implementadas en el nuevo sistema de justicia penal.

Para el desarrollo de los programas, cuenta con catedráticos de probada experiencia y sólida formación jurídica en cada una de las materias, entre las que se encuentran Procedimientos Especiales, Taller de Negociación Jurídica, Clínica de Juicios Orales, Paradigmas Criminológicos y Análisis de la Delincuencia, Política Criminal y Justicia Penal para Adolescentes, Valores y Ética en la Práctica Jurídica.

Así como una sala de oralidad perfectamente equipada.

Los desafíos de la seguridad pública y del sistema de justicia penal son muchos; sin embargo, contar con profesionistas preparados y debidamente capacitados resulta indispensable para hacer frente a los retos que representa la justicia penal en México. 7

Informes: promocion.posgrado@lasalle.mx www.lasalle.mx • whatsapp: 55 2366 2469

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Luis Arturo Pelayo y Mateo Mansilla–Moya

Sergio Esquerra:

Reflexiones desde el

litigio fiscal

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Experto en Derecho fiscal y autor de múltiples textos relacionados

con la teoría y la práctica de su área de conocimiento, Sergio Esquerra

conversa con nosotros desde su experiencia sobre su visión del litigio fiscal, las autoridades tributarias y

otros temas de actualidad e interés general en la materia.

Sergio Esquerra es asesor y postulante especialista en defensa fiscal.

Conferencista, articulista y ensayista con más de 200 trabajos publicados en diversas revistas especializadas del ámbito jurídico, ha recibido múltiples distinciones de instituciones públicas y privadas que lo posicionan como uno de los abogados más connotados de México. Es autor de 11 libros en el área del Derecho tributario, entre ellos: Defensa fiscal. Juicio contencioso administrativo federal. Teoría y práctica y Defensa fiscal y penal fiscal. Cuatro visiones, publicados por la editorial Tirant lo Blanch. Además es socio directivo del reconocido bufete Esquer & Esquerra Abogados.

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Cuál es el vínculo de las contribuciones con los derechos humanos?

En principio hay que destacar que la tributación en sí ––acto de tributar, de contribuir al gasto público–– no es un derecho humano, sino una obligación establecida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es una obligación que se rige por principios específicos, medularmente los de destino al gasto público, proporcionalidad, equidad, legalidad, y que, se erige como el elemento fundamental del fenómeno impositivo que integra la relación tributaria entre el sujeto activo Estado y el sujeto pasivo contribuyente.

Ahora bien, dicha relación tributaria es el marco dentro del que se desenvuelve la actuación de la autoridad, mediante el ejercicio de sus facultades, sean de gestión, comprobación o recaudación de las contribuciones, siendo ahí precisamente ––ejercicio de facultades–– donde mayormente se vinculan y deben respetarse los derechos fundamentales y, en su caso, humanos del contribuyente. n ¿Cuál es la complejidad del juicio contencioso administrativo federal?

Como todo proceso jurisdiccional tiene sus particularidades que lo hacen complicado para quien inicia en el área, pero creo que el mayor grado de complejidad estriba en que la defensa fiscal federal es de estricto derecho. Por regla general no se da la suplencia en la deficiencia de los argumentos del contribuyente, llamados técnicamente conceptos de impugnación. De hecho, un mal planteamiento puede generarnos calificativas de inatendibles, inoperantes, intrascendentes, infundados o fundados parcialmente.

En ese sentido, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tienen la obligación de analizar los conceptos de impugnación solamente con base en lo que es planteado, atendiendo estrictamente a la causa de pedir, sin añadir cuestiones no propuestas, ni corregir las que estén deficiente o mal formuladas, so pena de incurrir en vicios de ultra petita o extra petita: dar más o algo diferente a lo que fue solicitado.

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Lo excesivo es el uso indiscriminado y abusivo que las autoridades fiscales hacen de sus facultades; ejercen una presión sistemática sobre el pagador de impuestos en este país, en este punto ya a un grado sumamente preocupante.”

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En México se vulneran los derechos de los contribuyentes de forma sistémica… Está documentado. n ¿Cómo argumentar para ganar un caso?

Toda acción persigue una pretensión, un resultado deseado. Y es éste precisamente el que nos da los lineamientos a efectos de concebir y desarrollar argumentos de la manera más correcta y eficaz posible para ganar un caso.

Entonces, uno de los puntos clave es saber qué pretende la parte que se representa, puesto que ello nos permitirá dar una buena dirección a nuestros argumentos; ya que, por ejemplo, no es lo mismo buscar la simple nulidad del acto, procedimiento o resolución de autoridad, que el reconocimiento y la restitución de derechos subjetivos violentados, la devolución de bienes afectados o de cantidades al contribuyente —por pago bajo protesta o saldo a favor—, ni tampoco una indemnización por el monto de los daños o perjuicios generados.

En materia contenciosa fiscal no hay ley que establezca reglas, rigorismos o formalidades determinadas ni obligatorias para presentar un argumento de defensa; basta con exponer la causa de pedir. De modo que es el abogado o la abogada postulante quien le imprime su propio estilo.

A título personal considero de suma importancia que cada uno de nuestros argumentos sea conciso. Hay que ser breves y puntuales al expresarnos: usar las palabras exactas, suficientes, sin abundamientos ni repeticiones ociosas.

Pero, ojo, puesto que no existe homologación de criterios entre magistrados, salas, secciones y pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de hecho tampoco en juzgados federales, tribunales unitarios y tribunales colegiados de circuito; vamos, ni siquiera en las propias salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según mi experiencia es menos probable que se pierda un asunto cuando se presenta un gran número de argumentos de ilegalidad,

incluso al punto de sobrar por exceso, que pocos, por contundentes y fundados que estimemos que sean.

Tratándose de defensa fiscal el único mal argumento es aquel que no se hace valer. n ¿Qué particularidades tiene el litigio en materia fiscal en relación con otras ramas del Derecho?

Contrario a la tendencia actual dentro del sistema de administración de justicia en México en torno de los procedimientos orales, el juicio contencioso administrativo federal se agota mediante un proceso predominantemente escrito. Solamente hay audiencias orales en la modalidad denominada juicio fiscal de resolución exclusiva de fondo contemplado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, capítulo XII. n ¿Qué defectos detecta usted en las leyes fiscales?

Más que en las leyes, el principal defecto que encuentro es la frecuencia y la vertiginosidad con las que se presentan los cambios; mal empezamos a entender una ley cuando ya hay una reforma, adición o cambio por completo. Esto hace que entender el marco normativo sea algo sumamente complejo, no digamos ya cumplirlo. n ¿Por qué la relación entre las autoridades tributarias y los contribuyentes se caracteriza por una permanente tensión?

Por un lado, las autoridades piensan que todos los contribuyentes son defraudadores fiscales, y así los tratan al momento de fiscalizarlos; por el otro lado, los contribuyentes saben de cierto que las autoridades no hacen buen uso del dinero recaudado.

Basta para evidenciarlo remitirnos a los servicios públicos.

Es así que la relación tributaria simple y sencillamente está fracturada. No hay

confianza entre las partes. Ahí la raíz de la permanente tensión. n ¿Las facultades de las autoridades fiscales son excesivas?

No lo creo; son las necesarias. Lo excesivo es el uso indiscriminado y abusivo que se les da. Las autoridades fiscales ejercen una presión sistemática sobre el pagador de impuestos en este país, en este punto ya a un grado sumamente preocupante. No se le ve fin ni remedio. n ¿Considera que existe el riesgo de vulneración a los derechos de los contribuyentes?

En México se vulneran los derechos de los contribuyentes de forma sistémica; cualquier abogado o abogada postulante en la materia lo sabe. Lo que es más, incluso está documentado. Me remito a los pronunciamientos y criterios que al respecto emite periódicamente la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. n ¿Qué observaciones críticas tiene sobre el sistema tributario mexicano? Y, en su caso, ¿qué propone para corregirlas?

Las diversas contribuciones, tanto federales como estatales y municipales, el cúmulo de obligaciones formales a cargo de los contribuyentes, la diversidad de leyes, reglamentos, misceláneas, mecanismos, regímenes y procedimientos que existen para determinar cargas impositivas; sumado a la frecuencia con la que se presentan los cambios en la normatividad aplicable, sin duda hacen que el sistema tributario mexicano sea uno de los más complejos en el mundo, y, por lógica, uno de los más ineficientes también.

A este panorama tan poco alentador agréguese la postura y la actitud que han tomado las autoridades hacendarias de la Cuarta Transformación––que tan sólo podemos concluir como algo negativo––, implementando desde la Presidencia de la República novedosas “técnicas” de recaudación que incluyen acoso e intimidación en medios y redes sociales.

Lo anterior ha generado un choque entre el Estado y los contribuyentes, quienes cada vez con más frecuencia se enfrentan en los tribunales. La mayoría de las veces, dicho

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sea de paso, ni siquiera por cuestiones de fondo sino de mera forma.

Y, mientras tanto, en lo que el fisco y el contribuyente formal se debaten, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos informa, mediante sus indicadores oficiales, que seis de cada 10 mexicanos ocupados se encuentran en la informalidad. Esto es, que el 60 por ciento de los más o menos 59 millones de mexicanos que desarrollan actividades económicas lo hacen sin estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, y, naturalmente, sin pagar las contribuciones respectivas.

Ahora bien, como sin duda es ya del conocimiento de nuestro estimado lector, los legisladores federales aprobaron una serie de reformas fiscales para 2021 y 2022, en las que, de nueva cuenta, sin un estudio a fondo de la problemática, simplemente exigen más al contribuyente cautivo, ya de por sí ahogándose en una economía nacional sumamente complicada.

Nace, pues, la gran interrogante, ¿qué hacer? La solución, en su núcleo duro, estimo que se encuentra en dos medidas esenciales.

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La primera: simplificación del sistema, sobre todo en las obligaciones formales a cargo de los causantes; la segunda: aumento en la base de contribuyentes.

Finalmente, en paralelo, para que lo anterior funcione y se traduzca en un beneficio real para los mexicanos, una mejor gestión y una necesaria transparencia del destino de los recursos públicos. n ¿Por qué dedicarse a la defensa fiscal y cómo tener éxito en ella?

Es una materia apasionante, compleja, exigente; un verdadero reto al intelecto.

No existe una fórmula exacta para destacar como profesional del Derecho fiscal; de haberla créanme que se las daría. De entrada y siempre: estudiar.

Después, trabajar muy duro, diligente, ingeniosa e inteligentemente.

Un posgrado, dar clases en alguna universidad, haber ganado unos cuantos asuntos en nuestra localidad, no será suficiente. Ni siquiera lo es ser un buen abogado ni abogada; eso es un requisito mínimo.

Por lo menos no, si lo que se desea es llegar a figurar en el foro a nivel nacional. La realidad es que hay que hacer mucho más.

Recomiendo que se apliquen estrategias de negocio, mercadeo y comercialización.

Que se asista a eventos de empresarios, con empresarios, y que el abogado o abogada se maneje en sí como empresario. En la actualidad existe toda una industria jurídica; que ello sea bueno o malo no lo sé, pero existe y, por ende, estamos obligados a actuar en consecuencia.

Hay que moverse, hacerse notar: escribir libros, ensayos, artículos, dar conferencias.

En fin, hacer ruido, exponer nuestras ideas.

Por supuesto hay que esperar la crítica de los colegas. Es un gremio lleno de vanidades y envidias. Se tiene que resistir, una y otra, y otra, y otra vez. Después, seguir para adelante.

Sentarse en el escritorio esperando la recomendación de “oreja a oreja” es algo sumamente tardado. Y, lo principal, así no se pasa de unos cuantos juicios al año ––cualitativa y cuantitativamente––. Si quieren más, tienen que hacer más. 7

[ El notario responde ] Mischel Cohen Chicure

¿Cómo deben llevarse a cabo la entrada y salida de socios y accionistas de una empresa?

Las personas frecuentemente acuden a las notarías para consultar acerca de la entrada o la salida de los socios o accionistas a las empresas. En esta edición el notario nos explica el procedimiento a seguir para cualquiera de las hipótesis y los alcances de la intervención del notario en cada caso.

Fotografía: Freepik

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s común que en la notaría recibamos consultas sobre el costo y los requisitos para llevar a cabo la entrada o la salida de socios y accionistas de una empresa, por lo que resulta conveniente que los interesados conozcan el

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procedimiento que deben seguir y el alcance de la intervención del notario en estos casos.

Entrada de socios y accionistas a las empresas La entrada de socios y accionistas a una empresa puede verificarse mediante

dos mecanismos: a) por un aumento de capital social aprobado de acuerdo con la ley y con los estatutos sociales que dé lugar a la creación de nuevas acciones o partes sociales, o b) por la transmisión de acciones o partes sociales ya existentes.

a) La entrada de socios y accionistas derivada de un aumento de capital social requiere que éste haya sido aprobado observando los requisitos establecidos por la ley y por los estatutos sociales para ello. Tratándose de sociedades mercantiles, si el aumento al capital social

se verifica en la parte fija, en todos los casos se requerirá la aprobación de la asamblea de socios y accionistas y habrá lugar a una reforma de los estatutos sociales. Por el contrario, si el aumento al capital social se realiza en la parte variable, deberá seguirse el procedimiento estatutario previsto para ello (que puede comprender también la aprobación de la asamblea de socios y accionistas) y no habrá lugar a una reforma de estatutos sociales. En uno y otro casos deberán respetarse los derechos de preferencia que la ley y los estatutos sociales confieran a los accionistas y socios existentes para adquirir las nuevas acciones o partes sociales que serán emitidas.

Asimismo, habrán de practicarse los asientos que correspondan en los libros corporativos de la empresa.

Una vez que el aumento al capital social ha sido aprobado, el documento en que éste se haya plasmado podrá presentarse ante un notario para que haga constar su protocolización. El notario podrá orientar a los interesados sobre si la protocolización es obligatoria o no, según sea el caso concreto. b) Por otro lado, en lo correspondiente a la entrada de socios y accionistas derivada de una transmisión de acciones o partes sociales también debe llevarse a cabo con estricto apego a lo previsto por la ley y por los estatutos sociales. Es importante

identificar con claridad la causa de la transmisión (una compraventa, una donación, una adquisición por herencia, entre otros) y observar las formalidades que la ley prevea en relación con ella (por ejemplo, un escrito, un endoso o una escritura pública). De igual manera, en algunos casos será necesario obtener, antes de la transmisión, la aprobación de la asamblea de socios y accionistas o del órgano de administración de la sociedad de que se trate, así como respetar los derechos preferenciales que pudieran tener los socios y accionistas existentes para adquirir las acciones o partes sociales que vayan a ser transmitidas.

En estos casos, cuando así corresponda, también habrá de registrarse la transmisión en los libros corporativos de la empresa.

Salida de socios o accionistas de las empresas La salida de socios y accionistas de una empresa puede derivar en o dar lugar a: a) una reducción de capital social llevado a cabo de acuerdo con la ley y los estatutos sociales que ocasione la extinción de acciones o partes sociales, o b) la transmisión de acciones o partes sociales ya existentes. a) La salida de socios o accionistas de una empresa puede estar motivada por una reducción de capital social o por una causa distinta que también dé lugar a

una reducción de capital social. Por ejemplo, una empresa puede optar por disminuir su capital social amortizando —es decir, “cancelando”— acciones o partes sociales, para lo cual deberá seguirse el procedimiento legal o estatutario que permita determinar qué acciones o partes sociales serán amortizadas (verbigracia, que todos los socios y accionistas sufran una reducción proporcional de su participación en el capital social o que las acciones o partes sociales que deban amortizarse se determinen mediante un sorteo). Otra posibilidad es que la salida de socios y accionistas, y la consecuente reducción del capital social, resulte del ejercicio de los derechos de separación o de retiro, o que sea consecuencia de un procedimiento de exclusión. En todos los supuestos antes mencionados, una vez efectuada la reducción en el capital social, deberá realizarse —cuando la ley así lo ordene— una publicación que la dé a conocer y tendrán que practicarse los asientos, que en su caso correspondan, en los libros corporativos de la empresa. Asimismo, el

La salida de socios y accionistas de una empresa puede derivar en o dar lugar a: a) una reducción de capital social llevado a cabo de acuerdo con la ley y los estatutos sociales que ocasione la extinción de acciones o partes sociales, o b) la transmisión de acciones o partes sociales ya existentes.

notario podrá orientar a los interesados sobre los casos en que sea obligatorio protocolizar el o los documentos en que se haya consignado la reducción del capital social. b) La salida de socios y accionistas derivada de una transmisión de acciones o partes sociales está sujeta a lo indicado en la sección anterior.

En conclusión: el ingreso y el egreso de socios o accionistas de una empresa es un tema que debe llevarse a cabo con la asesoría adecuada. El notario es una de las personas que puede brindar orientación; pero también es conveniente contar con el auxilio de otros profesionistas —por ejemplo, contadores públicos— para asegurarse de que se cumplirán todas las normas jurídicas aplicables. 7

Mischel Cohen Chicure es notario 202 de la Ciudad de México.

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[ El notario responde ] [ Visión global ]

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Víctor Emilio Corzo y Ernesto Eduardo Corzo

Radiografía del sistema internacional La complejidad de las relaciones entre los Estados de la comunidad internacional ha necesitado su regulación a través de cuerpos normativos que, en muchas ocasiones, pretenden unificar las legislaciones para facilitar los vínculos que se generan y resolver las controversias que se suscitan entre los países, posibilitando un estado de paz y seguridad en el globo. Sin embargo, las normas positivas no siempre son suficientes para lograr los fines ya mencionados y entonces entran en juego otros elementos.

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na de las grandes lecciones que ofrece el Derecho comparado es la conciencia de que no existe una sola realidad jurídica sino una multiplicidad de visiones y regulaciones que coexisten entre sí. Inclusive, aun cuando hay esfuerzos de armonización legislativa a través de la suscripción de tratados, el mismo fenómeno se repite cuando se interpretan esos instrumentos internacionales bajo diferentes matices a la luz de la óptica doméstica. Según la lógica positivista, esa diversidad está constreñida al ámbito territorial de validez de la norma, lo que permite visualizar cada sistema legal como un régimen autocontenido que se protege de la contaminación de influencias externas a través de la invocación de principios como orden público o leyes mandatorias.

Ese orden se mantiene precisamente por la existencia de las fronteras nacionales. Sin embargo, si no hay una constricción a un territorio en particular y la norma es aplicable a toda la comunidad internacional, como sucede con el Derecho internacional, surge la problemática sobre cómo definir el verdadero significado de la norma. Nuevamente la visión positivista puede hacernos creer que la problemática puede ser reducida a un mero problema de hermenéutica jurídica y resuelto a través de la aplicación de la metodología interpretativa codificada en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Si los Estados no reconocen el ámbito de competencia de un organismo internacional con esas atribuciones no hay forma de imponerles una interpretación en concreto, por más que la misma sea ideal para maximizar la eficacia del instrumento internacional. Precisamente ésta es una consecuencia de que el sistema internacional —por la forma en que los Estados lo han creado— carezca de una autoridad supranacional que pueda dar o imponer una interpretación verdadera de la norma en contra de la propia voluntad de los Estados.

De esta manera, vivimos en un sistema de relaciones horizontales donde el propio balance recae en el sometimiento y el respeto de los Estados a las reglas que ellos mismos han aceptado y creado. En otras palabras, cuando es a favor de los intereses del Estado, éste pregonará el respeto irrestricto de la norma; en caso contrario, valorará si existen las condiciones para una potencial demanda en su contra o una afectación a sus intereses comerciales o políticos. En caso de que esas condiciones no estén presentes, es muy probable que el Estado no se preocupe tanto por cometer una violación a la norma internacional.

Así se visualiza poco a poco cómo en la esfera mundial, en las relaciones entre entes soberanos, no todo se puede reducir a la simple aplicación de la norma, sino que es necesario tomar en consideración otros factores de realpolitik, como intereses económicos, alianzas políticas, así como el poder duro de los Estados parte involucrados en una eventual controversia. Lo anterior significa que aun cuando se aduce el principio de igualdad soberana, éste

se desvanece cuando el propio sistema confirma en la praxis que sí existen diferentes categorías de Estados.

La predictibilidad del sistema internacional yace en la conciencia del impacto que todos estos elementos tienen en cada caso en particular y cómo por el propio carácter singular del sistema es posible la coexistencia de diferentes resultados para casos similares, pero con distintos sujetos involucrados. En otras palabras, cada caso es diferente y cada situación será resuelta de manera distinta; en algunas situaciones será posible tener acceso a instancias internacionales y en otras los Estados tendrán que resolverlas con sus propios recursos o tratar de inducir el comportamiento de un tercer ente soberano bajo el empleo de sanciones coercitivas unilaterales. Precisamente en estos últimos rubros queda evidenciada la importancia del poder estatal, ya que dependiendo de éste se deriva la asimetría que influye en el desarrollo del enfrentamiento con sus pares y el margen de acción que tiene en sus relaciones internacionales.

El sistema internacional no ha sido creado de forma coherente y con una óptica centralizada, del modo en funcionan los sistemas nacionales. Al contrario, está constituido por instituciones con diferentes funciones, membresías, objetivos y presupuestos.

Aplica diferentes normas a los Estados dependiendo de los tratados a los que han accedido. Por más avances que se tengan en ciertas materias y por más fortaleza que posean algunos entes transnacionales, el centro del sistema siguen siendo los entes soberanos. El sistema internacional recae en el carácter volitivo de la norma y de la jurisdicción de organismos internacionales. Según las visiones de la política exterior de los Estados, éstos ponen en primer lugar sus intereses nacionales, propiciando escenarios de no cumplimiento de la norma internacional cuando no les conviene o cuando no vislumbran una afectación a sus intereses.

Bajo esta premisa, hace unas semanas el profesor Noam Chomsky, experto en relaciones internacionales, fue fuertemente criticado al dar su opinión a la revista Current Affairs sobre la agresión de Rusia a Ucrania: “Básicamente hay dos opciones. Una opción es continuar con la política que ahora estamos [instrumentando] […] luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Y sí, podemos seguir esa política con la posibilidad de una guerra nuclear.

O podemos enfrentar la realidad de que la única alternativa es un acuerdo diplomático, que será feo: le dará a Putin y a su círculo cercano una ventana de escape. Dirá: ‘Así es como puedes salir sin destruir Ucrania y sin destruir el mundo’. Sabemos que el marco básico es la neutralización de Ucrania, algún tipo de acomodo para la región de Donbás, con un alto nivel de autonomía, tal vez dentro de alguna estructura federal en Ucrania, y reconociendo que, nos guste o no, Crimea no está sobre la mesa. Puede que no te guste el hecho de que mañana se avecine un huracán, pero no puedes detenerlo diciendo: ‘No me gustan los huracanes’ o ‘No reconozco los huracanes’. Eso no sirve de nada. Y el hecho es que

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[ Visión global ]

Los Estados pretenden eludir su responsabilidad de proteger meramente escudándose en la esperanza de que un organismo internacional resuelva las cosas mientras ellos excusan su omisión y su indiferencia en principios de política exterior. todo analista racional sabe que Crimea está, por ahora, fuera de la mesa. Esa es la alternativa a la destrucción de Ucrania y la guerra nuclear. Puedes hacer declaraciones heroicas, si lo deseas, sobre no gustarte los huracanes, o no gustarte la solución. Pero eso no le está haciendo ningún bien a nadie”.

La crudeza de las declaraciones de Chomsky confirma lo que hemos expresado en los párrafos iniciales de este artículo: el Derecho internacional sigue una lógica jurídica distinta a la de los sistemas nacionales. La solución de los conflictos no siempre se produce gracias al apego irrestricto a la norma, sino mediando entre las alternativas viables e incluyendo escenarios de legitimación fáctica de hechos internacionalmente ilícitos. En otras palabras, el positivismo jurídico no permite entender la dinámica internacional como en la situación entre Ucrania y Rusia, ya que es evidente la violación de la norma internacional y la futilidad del esquema institucional internacional para detener a uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la Comisión de Crímenes Internacionales. Precisamente de estas circunstancias se derivan las críticas históricas en contra del reconocimiento del Derecho internacional como Derecho.

Sin embargo, esas críticas son impropias y evidencian la ignorancia de una de las premisas básicas del Derecho comparado: no se pueden entender sistemas distintos al propio a partir de visiones imperialistas y reduccionistas, mediante lo cual se pretende

entender lo extranjero a partir de valoraciones desde la óptica nacional. En otras palabras, no se puede entender el sistema internacional pretendiendo contrastarlo con los sistemas jurídicos nacionales de los Estados.

Hasta que no se reconozcan las divergencias intrínsecas de ambos sistemas no se podrá entender el porqué de la imposibilidad de aplicar una sanción multilateral institucional a Rusia y el por qué es altamente probable que los crímenes de guerra que están aconteciendo en contra de la población ucraniana queden impunes; tampoco se podrá entender la prioridad que se da en estos momentos a ese conflicto.

En tanto no se tenga claro lo anterior sólo atestiguaremos cómo diversas autoridades nacionales se desgastarán acusando que la Organización de las Naciones Unidas no sirve y que el Derecho internacional no es lo suficientemente robusto para detener estas ilicitudes; se solicitará la creación de una comisión investigadora y, probablemente, de una corte ad hoc para enjuiciar a los responsables de crímenes internacionales. Lamentablemente, estos escenarios son fútiles y cíclicos, ya que los Estados pretenden eludir su responsabilidad de proteger meramente escudándose en la esperanza de que un organismo internacional resuelva las cosas mientras ellos excusan su omisión y su indiferencia en principios de política exterior, como la no intervención en los asuntos internos de terceros Estados. 7

CONOZCA MÁS SOBRE EL TEMA EN ESTE VIDEO:

Víctor Emilio Corzo es doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. @VE_Corzo

Ernesto Eduardo Corzo es experto en arbitraje internacional,

acreditado para ejerce en México y en Estados Unidos. @EE_Corzo

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Alan Arriola Padilla

LA RESPONSABILIDAD PENDIENTE:

EL PRINCIPIO DE INMUNIDAD JURISDICCIONAL DEL PARLAMENTO COMO MECANISMO DE IMPUNIDAD Recientemente, el PRD fue excluido de la Comisión Permanente del Senado de la República para la integración del Grupo Plural en un intento de ejecutar una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sin los mecanismos adecuados para ello. El autor nos acerca, desde una perspectiva crítica, a este reciente hecho en el parlamento mexicano a través de la figura de la inmunidad jurisdiccional.

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l pasado 27 de abril, durante la sesión de clausura de los trabajos del segundo periodo de sesiones del primer año de la LXV Legislatura, se sometió a consideración del pleno de la Cámara de Senadores un acuerdo de la Junta de Coordinación Política Jucopo mediante el cual se proponía la integración de las y los senadores que formarían parte de la Comisión Permanente durante el segundo periodo de receso que va del 1º de mayo al 31 de agosto, cuyo contenido tuvo una característica peculiar con respecto a los acuerdos sometidos a votación con anterioridad.

En la integración pasada de la Comisión Permanente se procuró que los lugares disponibles para la Cámara de Senadores se distribuyeran de forma proporcional entre los grupos parlamentarios reconocidos formalmente en la Cámara, conforme al porcentaje que representaban en ésta; sin embargo, en el actual periodo de receso se dejó fuera al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para incorporar al Grupo Plural.

Lo anterior puede entenderse que deriva del cumplimiento de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resuelta el 26 de enero, en la que se ordenó a la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, establecer en su normativa interna disposiciones relativas a un procedimiento que regule las propuestas de las senadurías que deben integrar la Comisión Permanente, con base en el principio de máxima representación efectiva, sustentado en los criterios de proporcionalidad y pluralidad, derivado de un juicio presentado por senadoras

y senadores del Grupo Plural que consideraron violentados sus derechos político-electorales al no ser elegibles por no contar con un grupo parlamentario vinculado a un partido político.1 No obstante lo ordenado, el Senado no aprobó ninguna normatividad relativa, por lo que la Jucopo, para no dar pie a una nueva controversia en ese sentido, incluyó a una senadora titular y a un senador suplente del Grupo Plural en su conformación, pero excluyó a los senadores del grupo parlamentario del PRD. Lo anterior resulta nuevo en el Senado, ya que siempre se había mantenido la voluntad de integrar a todos los grupos parlamentarios en la conformación de la Comisión Permanente, a pesar de que en periodos de recesos pasados la Cámara de Diputados había excluido al PRD en varias ocasiones, así como al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y, recientemente, al Movimiento Ciudadano (MC).2 El TEPJF conoció en su momento diversos medios de impugnación en contra de estos actos, pero su criterio siempre se mantuvo en el sentido de conservar separados el Derecho electoral del Derecho parlamentario, por lo cual los juicios siempre se desecharon de plano por cuestiones de improcedencia material.3 No obstante, el tribunal modificó ese criterio ante las impugnaciones provenientes del Grupo Plural en el Senado y del Movimiento Ciudadano en la Cámara Diputados, reconociendo que estos actos vulneran los derechos político-electorales de las y los legisladores a ser electos en la vertiente de ejercicio efectivo del encargo.

Este cambio de criterio generó molestias en el interior de las cámaras, por lo cual el

presidente de la Cámara de Diputados junto con otros legisladores presentaron una iniciativa para reformar el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral con la finalidad de incluir como nuevo supuesto de improcedencia de la justicia electoral los actos parlamentarios emitidos por los órganos de gobierno del Congreso de la Unión, de la Comisión Permanente o de cualquiera de sus cámaras que se refieran a la integración, la organización y el funcionamiento interno de sus órganos y sus comisiones legislativas.

El cambio de criterio generó molestias en el interior de las cámaras, por lo que el presidente de la Cámara de Diputados junto con otros legisladores presentaron una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral para incluir a los actos parlamentarios como nuevo supuesto de improcedencia de la justicia electoral.

La iniciativa fue turnada a comisiones y discutida en el pleno el 1º de marzo y aprobada por 335 votos a favor con el apoyo de las y los integrantes de los grupos parlamentarios

de Morena, PRI, PVEM, PT y de algunos del PRD, mientras que se opusieron al proyecto 136 diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del PAN, MC y de otros tantos del PRD, con lo cual se turnó a la Cámara de Senadores Ya en el Senado, el dictamen correspondiente a la minuta se puso a discusión y votación del pleno el 16 de marzo, donde fue aprobado por una mayoría de 61 votos de los grupos parlamentarios de Morena, PT, PVEM y PES, mientras que sólo hubo 39 votos en contra de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC, PRD y del Grupo Plural, logrando con ello cerrar el recién pavimentado camino de justiciabilidad de los actos internos del parlamento en el TEPJF con dudosos argumentos de violación a los principios de división de poderes y de autonomía del Poder Legislativo.

El principio de inmunidad jurisdiccional del parlamento se consignó formalmente por primera vez en la Bill of Rights de 1689, en Inglaterra, al establecer que la libertad de palabra y debate y los procedimientos parlamentarios no podían ser cuestionados en ningún lugar fuera del parlamento. Ese principio se volvió necesario debido al contexto de lucha perenne entre el parlamento y la Corona, que no muchos años antes había provocado una guerra civil y la decapitación de un monarca, por lo cual representó una garantía de independencia y eficacia de sus funciones.

Con el tiempo, este principio se deformó al grado de que los parlamentos en el mundo dejaron de considerarse como intermediarios del poder soberano que detenta la sociedad y pasaron a conceptualizarse como la misma soberanía, con lo cual se abrió un amplio margen de-

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liberativo para tomar ciertas decisiones que iban en contra de las disposiciones normativas que habían aprobado con anterioridad, privilegiando el ámbito político de las negociaciones sobre el aspecto jurídico que debían cumplir.

Esta situación ha tergiversado la finalidad del principio de inmunidad jurisdiccional, ya que ha pasado de ser una garantía de independencia a un mecanismo de abuso e impunidad, como sucedió anteriormente y como sucederá en el caso actual del PRD y de MC, ya que al no contar con un mecanismo efectivo que permita determinar si dichas decisiones se mantienen acordes al marco constitucional, legal o reglamentario que debe regir la actividad del parlamento como órgano constituido del Estado mexicano, se crea un limbo jurídico sobre la responsabilidad de los actos internos del Poder Legislativo que no abona en nada a la actividad democrática de nuestro país.

Actualmente, en nuestro sistema jurídico la Ley Orgánica del Congreso General de los

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Estados Unidos Mexicanos contempla, en el inciso g del segundo párrafo del artículo 20, que la mesa directiva de la Cámara de Diputados tendrá como atribución la de determinar sanciones en relación con las conductas que atenten contra la disciplina parlamentaria, de acuerdo con su obligación de asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del pleno. Esa disposición es la única que se contempla a nivel legal y que encuentra relación con la actividad propiamente parlamentaria, pero que no cuenta con una regulación legislativa más específica que logre hacer efectiva esta atribución.

En lo que respecta al ámbito reglamentario, en el Senado de la República se contempla un capítulo relativo al régimen de responsabilidades y disciplina parlamentaria, en el que solamente se hace referencia a que las personas integrantes del Senado son sujetas de responsabilidad penal, política y administrativa conforme a la Constitución y las leyes de la materia, facultando a la mesa directiva y a los grupos parlamentarios como encargados de sancionar los casos en que se incurra en una falta de disci-

Esta situación ha tergiversado la finalidad del principio de inmunidad jurisdiccional, ha pasado de ser una garantía de independencia a un mecanismo de abuso e impunidad, ya que al no contar con instrumentos efectivos que permitan determinar si dichas decisiones se mantienen acordes al marco constitucional, legal o reglamentario que debe regir la actividad del parlamento. plina, pero sin establecer los supuestos de faltas ni las posibles sanciones que deban imponerse.

Tratándose de la Cámara de Diputados, en 2016 se reformó su reglamento y se estableció como una obligación de sus integrantes acatar las disposiciones y los procedimientos del Código de Ética, que se expidió en el mismo decreto en el que consta la modificación reglamentaria.

Aunque podemos advertir que en ese código se contemplan los mismos principios que se usan para determinar las responsabilidades administrativas de todas las personas servidoras públicas, se trató de individualizar estos principios hacia la ética parlamentaria, considerando la creación de un Comité de Ética encargado de investigar las conductas contrarias al código y, en su caso, imponer la sanción correspondiente, que podía consistir en una amonestación pública o privada; en ser removido o removida del comité o la comisión a la que pertenezca la persona infractora, a propuesta de la Jucopo, o en recibir la suspensión de la dieta, en los términos que marca la Constitución a través de una resolución de la mesa directiva.

El problema con este sistema es que únicamente se limita a investigar y sancionar conductas de las y los diputados en lo

personal y no de los actos parlamentarios emitidos por los órganos técnicos y de gobierno de la Cámara, con lo cual el ámbito de impunidad sigue estando vigente. Además, el Comité de Ética se encuentra integrado por las propias diputadas y diputados, lo cual pone en riesgo a las investigaciones de sucumbir a los intereses políticos de los grupos parlamentarios, eliminando todo rasgo de objetividad posible.

La experiencia internacional ha demostrado que se pueden adoptar mecanismos que garanticen la objetividad de las investigaciones sin la intervención de organismos externos al parlamento. En Reino Unido, por ejemplo, cada una de las cámaras cuenta con una persona comisionada de normas encargada de investigar, de forma independiente, imparcial, exhaustiva y justa, las acusaciones que se deriven del incumplimiento de las reglas de conducta consignadas en el código correspondiente por parte de las y los miembros del parlamento, donde las sanciones son impuestas mediante discusión y votación de sus pares.4 En España existe un sistema de responsabilidad compartido para los integrantes de las Cortes Generales que tiene el objetivo de desarrollar y complementar las obligaciones de las y

los parlamentarios contenidas en los diversos ordenamientos jurídicos para mantener y reforzar la confianza ciudadana en las Cortes mediante la exigencia de una conducta que responda a los altos estándares de integridad y transparencia. Ese sistema cuenta con una Oficina de Conflicto de Intereses integrada por un especialista en Derecho, quien se encarga de realizar un informe anual sobre el cumplimiento de las disposiciones de conducta, además de las comisiones de cada cámara, que se encargan de determinar si existe o no la infracción respectiva para imponer una sanción conforme a sus reglamentos.5 Por último, en Estados Unidos existe uno de los sistemas normativos en materia de conducta y ética parlamentaria más especializados del mundo, cuyo diseño y contenido jurídico es sumamente técnico, por lo que, a pesar de que las comisiones encargadas de determinar la responsabilidad están conformadas por integrantes de las cámaras, el margen de maniobra político es muy reducido.

Sumado a lo anterior, la Cámara

de Representantes cuenta con una distinción estructural muy interesante, ya que contempla una Oficina de Ética independiente y no partidista gobernada por una junta directiva de ocho integrantes con la calidad de ciudadanos y que tiene como principal facultad revisar las denuncias de mala conducta en contra de alguna persona representante, funcionaria o empleada de la cámara, potencializando así la eficacia de la función investigadora.6 Los malentendidos principios de autonomía e inmunidad jurisdiccional del parlamento, sumados a la falta de voluntad política de todas las fuerzas representadas en él, han sido los principales obstáculos para lograr un sistema de responsabilidades efectivo que permita, por un lado, investigar y sancionar las faltas de disciplina de sus integrantes y, por otro, lograr la justiciabilidad de los actos parlamentarios con la finalidad de que éstos respeten las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, y se garantice el pleno y efectivo ejercicio de los dere-

chos de sus integrantes o de terceros en el cumplimiento de sus funciones.

Por ahora habrá que mantenernos atentos a los instrumentos jurídicos que interpondrán el PRD y MC en contra de su exclusión de la Comisión Permanente y, sobre todo, habrá que estar atentos al sentido de la resolución que emita el Tribunal Electoral, ya que constataremos si la reforma aprobada cumplió su cometido de ampliar el margen de inmunidad jurisdiccional del parlamento o si el tribunal buscará la forma de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de los legislado-

res bajo un parámetro de respeto al texto constitucional.

En nuestro país la línea entre la inmunidad y la impunidad es sumamente delgada. Si queremos que exista mayor justicia y menor corrupción es necesario que se pavimente el bache de responsabilidad pendiente que representa el parlamento en el seno del Estado constitucional de derecho, con la finalidad de que sus resultados permeen en todos los ámbitos de lo público y lo social y se pueda materializar una de las frases favoritas de este sexenio: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. 7

La Junta de Coordinación Política, para no dar pie a una controversia, incluyó a una senadora titular y a un senador suplente del Grupo Plural en la conformación de la Comisión Permanente, pero excluyó a los senadores del grupo parlamentario del PRD.

SUP-JDC-1453/2021 y acumulado. Consultada en https://www.te.gob.mx/blog/delamata/media/pdf/91e6ded5e886e22.pdf.

Para este periodo de receso la Cámara de Diputados dejó de nueva cuenta sin lugar en la Comisión Permanente al PRD y a MC, a pesar de contar con una sentencia del TEPJF que ordenaba garantizar la permanencia de este último. Sentencia SUP-JE-281/2021 y acumulado. Consultada en https://www.te.gob.mx/blog/delamata/media/pdf/e93ef3209b4a5fd.pdf.

3 Como sucedió en la sentencia SUP-JDC-186/2020. Consultada en https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/ sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0186-2020.pdf.

4 The Code of Conduct and The Guide to the Rules Relating to the Conduct of Members. Consultado en https://publications. parliament.uk/pa/cm201719/cmcode/1882/1882.pdf.

5 Código de Conducta de las Cortes Generales. Consultado en https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/BOCG/A/BOCG-14-CG-A-70.PDF. 6 Office of Congressional Ethics. Consultado en https://oce.house.gov/.

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Alan Arriola Padilla es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y asesor en el Senado de la República. @alanarriola9.

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La justicia climática en los altos tribunales Andrés Fernando Cano Muñoz Andrés Martínez-Moscoso

Para que un acto jurisdiccional alcance el grado de justicia requiere un complejo ejercicio por parte de sus operadores que incluye diversas técnicas, entre las que se encuentra tomar en consideración diversas perspectivas. En materia de justicia ambiental, para que las decisiones jurisdiccionales puedan ser justas, hace falta una perspectiva menos antropocéntrica.

Es recomendable que la estrategia del litigio climático deba ser diseñada de forma diferente para cada jurisdicción, ajustada a cada ordenamiento jurídico y a cada realidad.

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Fotografía: Freepik

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l cambio climático se define como “un conjunto de alteraciones en la constitución y el funcionamiento de los ecosistemas”,1 situación que se ha visto exacerbada por motivos antropogénicos a partir de la Revolución industrial.

La evidencia científica confirma su existencia y su peligrosidad a partir del aumento de la temperatura global.1 Así, el año 2020 puso fin a una de las décadas con mayor temperatura jamás registrada en la historia de la humanidad.3 Si bien existe respuesta normativa frente a esta situación a través de instrumentos internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), estos tratados han sido poco observados por los Estados parte pues no existen mecanismos coercitivos que los obliguen.4

Gráfica 1. Hitos en el desarrollo del litigio climático 1988

1992

1997

2007

2015

2020

OMM y PNUMA crean la IPCC

Convención Marco sobre Cambio Climático

Protocolo de Kioto

Massachusetts vs.

EPA, 549 (2007)

Convenio de París

Fundación Urgenda vs.

Países Bajos

Fuente: elaboración propia con base en la bibliografía.

Respuesta jurisdiccional Desde el punto de vista jurisdiccional, la sociedad civil organizada ha jugado un papel protagónico en este sentido, mediante los casos emblemáticos en los que los altos tribunales se han pronunciado sobre la temática ambiental que afecta a toda la humanidad.

Como hito fundamental se encuentra el caso “Fundación Urgenda vs. Reino de los Países Bajos”,5 proceso de judicialización del cambio climático que es el primero en el que la ciudadanía logró que una Corte obligara a un Estado a cumplir con sus deberes de mitigación, adaptación y reducción de los efectos del cambio climático. La sentencia fue ejecutoriada en 2020. El caso tuvo un gran impacto en el desarrollo de litigio sobre cambio climático y constituyó un ejemplo para que individuos y organizaciones replicaran la acción adaptándola a sus respectivas jurisdicciones.6 A nivel latinoamericano destaca la “Primera tutela de cambio climático en América Latina y Colombia”, caso icónico de la región, pues a través de él se evidenció de forma clara el importante papel de la sociedad civil para alcanzar la justicia climática, en particular para niños, adolescentes y jóvenes adultos. El pronunciamiento representa el primer acercamiento al litigio climático por parte de las naciones sudamericanas en vías de desarrollo que podrían tomar como referencia la discusión y sus elementos, así como el análisis de lo que deciden los jueces en sentencia.7 También se encuentra el caso “Heathrow Airport”, en el que la Corte Suprema de Gran Bretaña revirtió la decisión favorable al recurso interpuesto por particulares que pretendía

impedir la ampliación del aeropuerto londinense Heathrow por un supuesto aumento de las emisiones de carbono.8 Es un pronunciamiento interesante pues contrasta los límites de lo alcanzable en el litigio ambiental. La sentencia evidenció que no es posible exigir a un Estado la adopción de medidas de mayor severidad a las que se ha comprometido a cumplir por sí mismo.9 Finalmente, se encuentra el caso “Madrid Central”. El proceso español mostró la dicotomía entre lo antropocéntrico y lo ecocéntrico, presente de forma general y frecuente en el litigio sobre el cambio climático. La Corte dejó sin efecto una medida amigable con la justicia climática porque representaba una afectación de corte económico para la sociedad civil.10 No podemos dejar de mencionar algunos casos en los cuales la sociedad civil también ha tenido un rol preponderante.

“Kivalina vs. Exxon Mobil Corp.” En este caso la tribu Kivalina de los inuit de Alaska demandó a grandes corporaciones petroleras por el daño causado y por su participación directa en el cambio climático. Una Corte federal desestimó su pretensión.

En esta controversia se evidencia de manera clara la posición positivista de responsabilidad individual que se enfrentaba a la posición de responsabilidad global.11 “Niger Delta.” En una disputa en contra de grandes corporaciones petroleras contaminantes un juez falló a favor de las víctimas;12 sin embargo, la decisión nunca fue cumplida y el juez fue removido de su cargo y trasladado a otro lugar del país.13 La situación en disputa pone de relevancia los grandes intereses en contra de la justicia climática y su gran influencia en jurisdicciones vulnerables.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Conclusiones Si bien es cierto que en los casos narrados se evidencia la eficacia en el uso de la teoría positiva de responsabilidad individual por parte de la sociedad civil con el propósito de lograr pronunciamientos judiciales favorables a la justicia climática, es importante mencionar que se sigue aplicando desde una perspectiva antropocéntrica, y no tiene en cuenta el cambio de paradigma hacia el ámbito ecocéntrico y su vinculación con el concepto de la naturaleza como sujeto de derechos reconocido por algunos Estados en su jurisprudencia, así como en su normativa legal y constitucional.

No obstante, no deja de sorprender la excesiva injerencia que pueden llegar a tener las decisiones judiciales respecto de las competencias y las responsabilidades estatales, llegando incluso a obligar a adaptar su conducta a estándares mayores que los contenidos en compromisos internacionales de los cuales éste sea parte o en su legislación interna.

Por eso es recomendable que la estrategia del litigio climático deba ser diseñada de forma diferente para cada jurisdicción, ajustada a cada ordenamiento jurídico y a cada realidad. 7

Miguel Equihua, Arturo Hernández, Octavio Pérez, Griselda Benítez y Sergio Ibañez, “Cambio global: el Antropoceno”, Ciencia Ergo-Sum. Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva 23, núm. 1, 2016, p. 67. Disponible en https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10444319008.

Consultado el 20 de abril de 2022.

2 Ibid., núm. 3, pp. 67-75.

3 Epdata, “Incremento de la temperatura global respecto a la era industrial”. Disponible en https://www.epdata.es/datos/cambio-climatico-datos-graficos/447. Consultado el 20 de abril de 2022.

4 Susana Borras, “La justicia climática: entre la tutela y la fiscalización de las responsabilidades”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. 13, 2013, pp. 3-49. Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542013000100001&lng=es&nrm=iso. Consultado el 7 de abril del 2021.

5 Corte Suprema de los Países Bajos, Urgenda Foundation vs. State of the Netherlands (2015), haza c/09/00456689, haza 13-1396, ecli:nl:rbdha:2015:7196.

6 Aquello ya ha ocurrido, por ejemplo, en Francia (sentencias 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1. Tribunal Administrativo de París, “El caso del siglo”) y en Irlanda (sentencia 205/19, Corte Suprema de Irlanda, “Caso climático Irlanda”).

7 Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, Sala de Casación Civil, Bogotá, 5 de abril de 2018, STC4360-2018, radicación 11001-22-03-000-2018-00319-01.

8 Daniel Wagner y Dante Disparte, Global Risk Agility and Decision Making, Londres, Palgrave Macmillan, 2016, p. 179.

9 Corte Suprema del Reino Unido, 16 de diciembre de 2020, R (on the application of Friends of the Earth Ltd. and others) (respondents) vs. Heathrow Airport Ltd (appellant), Corte Suprema del Reino Unido, sentencia EWCA Civ. 214, p. 57.

10 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 27 de julio de 2020, Sala de lo Contencioso Administrativo, 447/2020/NIG:28.079.00.3-2018/0024385, recurso 911/2018, p. 35.

11 Corte para el Noveno Circuito de Estados Unidos de América, 21 de septiembre de 2012, Kivalina vs. ExxonMobil Co., 09-17490, 19870, pp. 1-23.

12 Alta Corte Federal en la Ciudad de Benin (Nigeria), 30 de noviembre de 2005, Gbemre vs. Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd. and Others, sentencia FHC/B/ CS/53/05. Véase Harvey, 2010.

13 R. Harvey, “Climate Change in the Courtroom”, Socialist Lawyer, núm. 54, 2010, pp. 20-25.

Disponible en http://www.jstor.org/stable/42948525. Consultado el 20 de abril de 2022.

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Andrés Fernando Cano Muñoz es abogado por la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. acano@estud.usfq.edu.ec.

Andrés Martínez-Moscoso es doctor en Derecho del Programa de Estudios Políticos y Constitucionales por la Universidad de Alicante; director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y profesor de tiempo completo del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. amartinez@usfq.edu.ec.

Hugo S. Ramírez García

La educación jurídica en tiempos del DAO

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a informática jurídica representa el conjunto de técnicas de registro, recuperación y manejo de datos jurídicos para transformarlos en información, es decir, en datos útiles para un propósito específico. Al uso sostenido de la informática jurídica para mejorar el desempeño en diversas áreas del quehacer de los abogados podemos denominarlo Derecho asistido por ordenador (DAO).

El valor inherente al DAO es la eficiencia. Esto justifica pronosticar su consolidación como una potente herramienta empleada en diversos ámbitos de la práctica del Derecho, con el propósito de lograr una solución justa a los problemas jurídicos, comprometiendo menos recursos.

Las preguntas que hoy nos planteamos en torno del DAO tienen que ver, sobre todo, con la velocidad y la profundidad de los cambios que provocará en la práctica jurídica: ¿será moderadamente innovador o francamente disruptivo? Creo que una clave para responder a esta cuestión se sitúa en el plano de la educación jurídica. En efecto, la adopción de técnicas informáticas tendrá ventajas para el acceso a la justicia y, en general, para la eficiencia del Derecho, siempre y cuando los abogados participen en el diseño de esas tecnologías y entiendan los verdaderos alcances y dilemas asociados a su uso. Entonces, ¿de qué manera habrá de diseñarse el currículum universitario para el ámbito del Derecho en los tiempos del DAO? Desde mi punto de vista, ese diseño debe tener claro un propósito: formar a los estudiantes para que adquieran habilidades adecuadas al uso y diseño de innovaciones tecnológicas basadas en las ciencias de datos, manteniendo un sentido crítico.

En otras palabras, el abogado de los próximos decenios será una mezcla inteligente entre un analista que maneja las nuevas

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¿Qué tipo de abogados debemos formar para la realidad contemporánea, marcada por el incremento del uso de herramientas informáticas en la práctica jurídica, a la que el autor denomina Derecho asistido por ordenador (DAO)? Aquí nos ofrece una respuesta. herramientas del Derecho y un arquitecto lógico habilitado para sistematizarlas, con la capacidad necesaria para distanciarse críticamente del proceso.

El sentido crítico al que nos referimos es fundamental, pues significa una actitud filosófica y reflexiva respecto de la relación entre el Derecho y la informática basada en la distinción entre problemas jurídicos y dilemas jurídicos. Distinguir entre problemas y dilemas, entre soluciones únicas y mejores respuestas, permite comprender con claridad la complejidad del Derecho: la falibilidad que le es intrínseca, así como la necesidad de que sus operadores cultiven una serie de virtudes morales e intelectuales, en el contexto de la deontología profesional que les es propia.

Una reflexión final. No sin razón, para muchos el DAO representa incertidumbre e incluso se interpreta como una fuente de amenazas. Sin negar la ambivalencia de cualquier tecnología, creo que nuestra actitud como profesionales del Derecho y como formadores de abogados puede descansar en una lúcida reflexión de Martin Heidegger: “Sin dejar de reconocer que sería necio arremeter ciegamente contra el mundo técnico, es imperativo mantener una posición radicalmente libre respecto del mismo; podemos decir sí al uso de los objetos técnicos, y podemos a la vez decirles no en la medida en que rehusamos que nos requieran de modo tan exclusivo, que dobleguen, confundan y, finalmente, devasten nuestra esencia”. 7

El valor inherente al DAO es la eficiencia. Esto justifica pronosticar su consolidación como una potente herramienta empleada en diversos ámbitos de la práctica del Derecho, con el propósito de lograr una solución justa a los problemas jurídicos, comprometiendo menos recursos.

Hugo S. Ramírez García es director del doctorado en Derecho de la Universidad Panamericana.

[ Grandes procesos de la historia ]]

Mateo Mansilla-Moya y Alejandra Garnica

Juicio al homicida del

fantasma de Hammersmith

Numerosos hechos en la historia han demostrado la posibilidad de que un acontecimiento sobrenatural pueda incidir en la materialidad de la vida en sociedad. Un caso que por su sensibilidad suscitó un cuestionamiento al sistema legal británico y que posibilitó su reforma años más tarde es el del fantasma de Hammersmith, relacionado con la legítima defensa.

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n la Inglaterra de principios del siglo XIX tuvo lugar un peculiar juicio al agente Francis Smith, que asesinó a quien creyó era el fantasma que asolaba la región de Hammersmith cerca de Londres, juicio que abrió el debate para que en el siglo XX se estableciera la figura de la legítima defensa.

Contrariamente a lo que pensaba Kelsen, en su devenir histórico el Derecho ha sido influido por el mundo cultural del que surge y en el que se sostiene; la moral, la economía, la política y las creencias religiosas han jugado un papel importante en la construcción de los sistemas jurídicos actuales y en la interpretación y la aplicación de sus instituciones; el contexto geográfico, económico y político de cada país ha adoptado a las tradiciones jurídicas con base en su historia y en las creencias y necesidades específicas de cada comunidad.

Los hechos que acontecen en cada lugar, derivados de la forma en que las personas perciben y se relacionan con su entorno, y que construyen al Derecho, pueden ser ordinarios, pero en ocasiones —atendiendo a los precedentes— podemos encontrarnos con eventos extraordinarios que no por ser ajenos a nuestra realidad dejan de modificarla.

Ejemplos para ilustrar la afirmación anterior hay muchos. En este texto nos centraremos en particular en el caso de Francis Smith, quien fue condenado a la pena de muerte tras haber asesinado al fantasma que se había aparecido numerosas veces en su comunidad generando terror entre los habitantes y que sirvió como un precedente importante para el debate y el establecimiento de la legítima defensa en el sistema penal británico.

Antecedentes A principios del siglo XIX, en diciembre de 1803, un fantasma empezó a aparecer y asustar a los pobladores de la comunidad de Hammersmith, cerca de Londres. Durante numerosas noches, el ente cuya materialidad únicamente podía intuirse por el blanco manto al que su silueta sostenía, hacía presencia ante la mirada de las personas que, aterrorizadas por la aparición, huían del lugar precipitadamente.

La primera víctima del fantasma de Hammersmith fue una mujer embarazada que cruzaba el camposanto de la iglesia de San Paul alrededor de las 10 de la noche. Mientras caminaba, la

Los hechos que acontecen en cada lugar, derivados de la forma en que las personas perciben y se relacionan con su entorno, y que construyen al Derecho, pueden ser ordinarios, pero en ocasiones —atendiendo a los precedentes— podemos encontrarnos con eventos extraordinarios que no por ser ajenos a nuestra realidad dejan de modificarla.

mujer observó una figura alta y pálida que se elevaba sobre las lápidas, pero cuando intentó huir, ésta la alcanzó y la abrazó hasta que se desmayó. Algunos vecinos la encontraron a la mañana siguiente, cuando despertó, y la acompañaron hasta su hogar, donde falleció por el susto (Mitchell, 1926, pp. 236-237).

Un carretonero fue la siguiente víctima del fantasma. Cuando el hombre, por encargo del señor Russel, manejaba una carreta de ocho caballos y 16 pasajeros por las brechas que rodeaban el cementerio, la espectral figura apareció ante sus ojos, por lo que huyó tan presurosamente que puso en riesgo la vida de quienes habían abordado su vehículo (Ibid., pp. 237-238).

Apariciones similares tuvieron lugar entrada la oscuridad de la madrugada en aquellas vías de acceso al poblado a las que nadie prestaba atención. Un sujeto incluso narró que una noche el espectro lo tomó por el cuello. Nadie se atrevía a pasar por los lugares en los que habían ocurrido esos avistamientos. Temerosos, los residentes de Hammersmith los atribuían al espíritu de un hombre que se había suicidado un año antes.

Las apariciones continuaron aterrorizando a la gente que visitaba Hammersmith, por lo cual algunos pobladores se organizaron para atrapar al fantasma. Entre los guardias se encontraba Francis Smith, quien, seguro de que el fantasma era un impostor, estaba decidido a atraparlo.

Hechos El 3 de enero de 1804, Francis Smith caminaba por Black Lion Lane cuando se encontró con una alta figura cubierta por un largo manto blanco, que correspondía con algunas descripciones que se habían hecho sobre el fantasma de Hammersmith. El hombre, que vestía de blanco, era Thomas Milwood, un albañil que acostumbraba utilizar prendas de ese color por su oficio. En dos ocasiones anteriores habían confundido a Milwood con el fantasma (ibid., pp. 237-238).

Cuando Smith vio a Milwood, le preguntó quién era, pero como éste no respondió y continuó su camino, Smith, asustado, pensó que se trataba del fantasma y disparó su arma asesinando a aquel hombre.

Fundamentos Durante el juicio en Old Bailey estuvieron presentes numerosos testigos, entre los que destacaban: el señor John Locke, otro guardia a quien Smith se aproximó después de lo acontecido; los señores Stowe y William Girdle, también vigilantes, que los acompañaron al lugar de los hechos. También estuvo la hermana de Milwood, quien acababa de despedir a su hermano en la puerta de la casa de sus padres cuando escuchó el disparo. Los primeros testigos, junto con otros que conocían a Smith, dieron testimonio de la nobleza del alma del procesado; los primeros tres también testificaron sobre el estado de terror en el que se encontraba cuando acudió a ellos, al grado de que no podía ni hablar, y sobre su disposición de entregarse a las autoridades por lo que había acontecido (ibid., pp. 238-243).

El señor Flower, el médico a quien se le encargó examinar el cuerpo del fallecido, presentó el disparo como la causa de su muerte.

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[ Grandes procesos de la historia ]]

Durante numerosas noches, el ente cuya materialidad únicamente podía intuirse por el blanco manto al que su silueta sostenía, hacía presencia ante la mirada de las personas que, aterrorizadas por la aparición, huían del lugar precipitadamente.

que se había tomado en contra de alguien que no actuó de mala fe y que lo hizo con el objeto de atrapar al fantasma que los aterrorizaba.

En su defensa, Smith dijo que no sabía que iba a matar a alguien, que no conocía a su víctima y en ningún momento había tenido la intención de hacerlo.

El presidente del tribunal, el juez Baron, declaró que lo aportado no servía para cambiar la naturaleza del homicidio.

Y aunque para cometer un asesinato se necesitaba la malicia, dijo, ésta no era legalmente necesaria para actualizar el delito.

Asimismo, afirmó que nadie podía propiciar a una falta menor una pena capital, ni tampoco concluir que un hombre vestido de blanco era un fantasma. Tanto el jurado como los jueces del tribunal estuvieron de acuerdo en que Francis Smith había cometido homicidio, por lo que el jurado lo declaró culpable.

Siendo responsable de la muerte de Thomas Milwood, Smith fue condenado a muerte por ahorcamiento, pero más adelante la condena cambió a su favor, pues el rey le concedió el perdón.

Su sentencia se redujo a un castigo menor: un año de prisión y trabajos forzados (ibid., pp. 243-247), por la impactante decisión

Sentencia Además de la impactante sentencia emitida por el jurado, y el perdón que le otorgó el Estado al pobre Francis Smith, este caso resulta relevante porque constituyó un precedente para la legítima defensa —causa que justifica la realización de una conducta sancionada penalmente para liberarse de responsabilidad o reducir la pena (Jeffers, 2014)—, pues abrió el debate sobre la posibilidad de que alguien, actuando de buena fe, pudiera actuar en defensa propia, o para evitar la comisión de un delito, sin actualizar otro delito. En numerosos casos posteriores, como un fantasma que habitaba los tribunales ingleses, el juicio de Smith fue aludido. En 1984, en R. v. Williams Gladstone, el lord chief justice Lane declaró que en un caso de autodefensa, concerniente a la autodefensa o a la prevención de un delito, si el jurado concluía que el acusado había creído, o pudiere haber creído, que estaba siendo atacado o que un delito estaba siendo cometido y, por ende, que la fuerza era necesaria para prevenirlo, entonces era legítimo el acto (idem). En 2008 la legítima defensa se incluyó en el Criminal Justice and Immigration Act 2008, Section 76. 7

Fuentes de consulta: • Mitchell, Edwin Valentine (ed.) (1926), The Newgate Calendar. Comprising Interesting Memoirs of the Most Notorious Characters Who Have Been Convicted of Outrages on the Laws of England. With Speeches, Confessions, and Last Exclamations of Sufferers, Nueva York, Garden City Publishing Company, Inc. • Jeffers, Regina (2014), The Hammersmith Ghost: Legal Precedent in the U. K. Regarding Self-Defence. Consultado en https://reginajeffers.blog/2014/07/28/ the-hammersmith-ghost-legal-precedent-in-the-uk-regarding-self-defence/.

Mateo Mansilla-Moya es director editorial de la revista abogacía®. @moya_mansilla Alejandra Garnica es colaboradora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada en Administración, maestra en Finanzas y estudiante de Economía en la UNAM.

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Momento de una pausa...

El Desastre. Café + Libros San Francisco Núm. 521, Col. del Valle Norte, CDMX.

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Para leer

PROBLEMAS JURÍDICOS. EJERCICIOS REFLEXIVOS

Esta obra colectiva reúne un interesante compendio de temáticas jurídicas emergentes, analizadas por juristas de Argentina, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Con el propósito de plantear alternativas conceptuales, las y los autores ofrecen un valioso panorama de los tópicos que en la actualidad requieren un análisis oportuno.

El lector encontrará en este volumen ensayos que versan sobre el Derecho penal y la aporofobia, el impacto de la Ley Olimpia, la novedosa perspectiva de las neurociencias, el fundamento de la política criminal, la gobernabilidad y la seguridad pública, las responsabilidades penales y civiles de notarios públicos, la vigencia del principio de legalidad, la justicia juvenil en Latinoamérica y la importancia de la investigación científica del Derecho.

Sin duda, la lectura de las páginas de este libro permitirá identificar algunas de las preocupaciones científicas contemporáneas, ofreciendo al mismo tiempo reflexiones atendibles y sugerentes, dando pauta al ejercicio dialéctico en correspondencia con la lógica propia de la actividad académica. _______ Manuel Vidaurri Aréchiga (coord.)

Ubijus, 2022.

Briceida Cervantes Sánchez

DIGNIDAD Y DERECHOS La larga y extensa obra de Bernardino Esparza Martínez, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, se ha centrado en dos temas: derechos humanos y Derecho electoral. Sus obras más recientes se han dedicado a la primera de las temáticas anteriores, lo cual se percibe de inmediato con su libro más reciente titulado Dignidad y derechos.

Dividida en sólo dos capítulos, aborda cinco puntos que son esenciales para conocer la manera en que la dignidad humana ha sido recibida en la historia constitucional de nuestro país: 1) la dignidad como valor supremo de los derechos; 2) la noción de derecho en la integración de las normas jurídicas; 3) el derecho y la norma como norma jurídica; 4) los derechos en las reformas constitucionales de 1934 a 202, y 5) la regla, la norma, el principio y la directriz en los derechos.

Si hemos de estudiar los derechos humanos debemos hacerlo desde una posición que se centre en conocer su fundamento y su origen. Éste no es otro que la dignidad intrínseca de cada persona; por eso resulta indispensable conocer este libro, ya que es el más próximo al objetivo mencionado. _______ Bernardino Esparza Martínez, México, INACIPE, 2022.

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Mario Moisés Mansilla Moya

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL FUTURO. RETOS Y PROSPECTIVA.

Por lo general, el estudio del Derecho administrativo resulta complicado. Por un lado, en ocasiones, la materia se torna muy árida debido al nivel técnico que poseen las leyes y sus reglamentos; por otro lado, en el ámbito académico, a pesar de que sí ha habido producción literaria sobre el Derecho administrativo, la mayoría de los textos no son otra cosa que una reproducción resumida de los clásicos, lo que ha llevado al estancamiento de su estudio.

Por estas razones, no es de sorprender que sea de las últimas ramas del Derecho que están alcanzando su modernización, y allí es donde radica la importancia de La administración pública del futuro. Retos y prospectiva, puesto que presenta textos en los que propone una “puesta al día” del Derecho administrativo, tanto en lo jurídico, como en lo tecnológico.

En el saber del Derecho, es la constitucionalización del ordenamiento jurídico la que empieza a alcanzar a la administración pública para que empiece a funcionar cada vez más con una lógica de derechos humanos, por ello es que en el libro se hace la propuesta de que se empiecen a regular los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia administrativa, para que en conjunto con el principio de legalidad y la observancia de los derechos humanos se logre la armonía social. En cuanto a esta rama del saber, se aborda “la buena administración” como un derecho fundamental que encontramos en el texto vigente, como una propuesta para que los operadores jurídicos empiecen a actuar con una visión derecho-humanística. Además, se abunda en el concepto de apertura gubernamental para llevar a cabo una interpretación más amplia de la transparencia como mecanismo para fortalecer el Estado de Derecho y para que exista una mayor y mejor participación social.

En cuanto al saber tecnológico, se realizan algunas propuestas para mejorar la transformación a una administración pública digital (administrativa y jurisdiccional) que sirva como herramienta para que cada vez más gente tenga acceso a los servicios públicos y a una justicia pronta y expedita.

Por último, el presente libro goza de la virtud de haber sido redactado en un lenguaje claro y comprensible sin abandonar la profundidad y la importancia de los temas que aborda. ______ César Omar Avilés González y Marco Antonio Zeind Chávez, (coordinadores), 2021, Editorial Universidad de Guadalajara/UNAM.

La administración pública del futuro. Retos y prospectiva, propone una “puesta al día” del Derecho administrativo, tanto en lo jurídico, como en lo tecnológico.

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Para leer Dulce Karina Flores Cruz

SOBERANIA JURISDICCIONAL.

SOBRE EL DEBER DE LOS ESTADOS DE PERSEGUIR LOS DELITOS En 2014, Gabriela Gusis, destacada catedrática e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, llevó a cabo un análisis detallado sobre la desaparición forzada de personas en Argentina, particularmente durante la época de la dictadura militar (1976-1983), que tuvo como resultado esta obra.

Gusis se enfocó principalmente en los casos “Mazzeo”, “Simón”, “del Cerro”, y “Arancibia Clavel”, después de la reapertura de las investigaciones; con la aplicación del principio de jurisdicción universal se logró eliminar la impunidad prevaleciente.

Esta obra consta de cinco capítulos, donde destaca el capítulo tercero que se titula “El análisis dogmático de la desaparición forzada de personas”, entre los cuales podemos encontrar el concepto, la aproximación y las características del delito de la desaparición forzada. Con un prólogo elaborado por Ana Messuti, Gusis logra una obra muy completa, en la que abarca los ámbitos normativos, tanto nacionales como internacionales, la aproximación al marco procesal, donde se explica la prescripción de la acción penal, así como los fundamentos de la imprescriptibilidad; finaliza con el análisis de los casos de Argentina, Italia, Alemania, Francia, Suecia y España.

Sin duda alguna, esta obra es fundamental para entender la desaparición forzada de personas, en especial en un contexto de dictadura. _______ Gabriela Gusis, Argentina, EDIAR.,2014.

Manuel Jorge Carreón Perea

UN PUESTO DE LUCHA.

LOS DERECHOS HUMANOS EN EVOLUCIÓN Los libros sobre derechos humanos usualmente deben poseer un contenido académico importante. En ellos se abordan teorías, datos históricos, metodologías y propuestas para fortalecer el conocimiento de la materia. Casi todos siguen este camino, aunque existen excepciones.

En Un puesto de lucha. Los derechos humanos en evolución encontramos una obra narrada en forma de biografía, al estilo clásico de S. Zweig, en la que la vida del defensor de los derechos humanos Juan E. Méndez guía su desarrollo. Como víctima de tortura, posteriormente activista, así como funcionario público, Méndez nos aproxima a los principales temas en materia de derechos humanos que padecemos en el continente americano.

Este texto da cuenta de lo difícil que se torna la defensa de los derechos humanos en contextos de hostilidad gubernamental, pero también de la necesidad de tomar partido por ellos, es decir, de participar activamente en su constitución, construcción y consolidación.

Pueden rescatarse diferentes ideas de este libro, pero una que lo resume a la perfección es la siguiente: “Esto es típico del trabajo de defensa de los derechos humanos: se pelean victorias y generalmente se ganan, pero surgen nuevos retos y los activistas de derechos humanos deben —a la manera de Sísifo— comenzar otra vez a empujar la roca hacia arriba”. _______ Juan E. Méndez y Marjory Wentworth, México, Fondo de Cultura Económica.

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Queremos invitarlo a formar parte de una gran causa que durante más de 30 años ha ayudado a mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de cientos de jóvenes mexicanos.

Apoyamos anualmente a 40 jóvenes para que terminen secundaria en la escuela de la Fundación Mier y Pesado.

Fundación Burton Blooms Diligencias 36, San Pedro Mártir, Tlalpan, C.P. 14650, Ciudad de México.

55 5573-8090, 55 5573-3684. www.fundacionburtonblooms.org

OMR y Arte, cultura y contemporaneidad

OMR es una galería de arte contemporáneo ubicada en la

Ciudad de México. Fundada en 1983 por Patricia Ortiz

Monasterio y Jaime Riestra, la galería está ubicada en la colonia

Roma, que ahora es reconocida como la zona líder de la escena

artística de la Ciudad de México.

OMR representa a artistas con-

temporáneos emergentes y es-

tablecidos, y desde sus inicios ha

sido una gran influencia de las artes en México, donde exponen

artistas de vanguardia que aho-

ra se han convertido en algunos

de los puntos de referencia de la escena del arte contemporáneo mexicano.

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ntre las ferias en las que participa OMR se encuentran: Zona MACO (México), Art Basel (Suiza), Art Basel Miami Beach Estados Unidos, Frieze London (Reino Unido) y Frieze Los Ángeles Estados Unidos.

Pioneros en la promoción del arte contemporáneo en México, OMR se posicionó en el país como una de las primeras galerías especializadas en ese tipo de arte. A través de más de 400 exposiciones y 18 años participando en ferias de arte, OMR ha desarrollado una identidad como espacio de arte contemporáneo de vanguardia para el fomento de nuevas voces artísticas en toda América Latina y en el mundo.

REAPERTURA OMR CÓRDOBA: INITATION DE ANA MONTIEL La sede de OMR, localizada en la calle Córdoba 100, reabrió sus puertas el 28 de abril de 2022 con Initiation de Ana Montiel. La primera exposición individual de Montiel en OMR consta de tres etapas en las que la artista realizará intervenciones en momentos distintos. La muestra se divide en tres etapas de un mes de duración cada una: Departure, Limbo y Transfiguration. En una búsqueda perpetua, Ana Montiel seguirá trabajando in-situ a lo largo de cuatro meses.

Initiation nos recuerda que estamos en una transformación continua y la enaltece y potencia mediante el uso de símbolos y estímulos perceptuales. Nos ayuda a cuestionar lo que sabemos y a dejar de negar otros saberes. Abrirnos ante otras posibilidades del ser, sin ser condescendientes con lo que no entendemos, con lo que no queremos ver o nos aterra aceptar. Las tres diferentes fases hacen una clara alusión al mito del viaje del héroe de Joseph Campbell: la partida de éste hacia una nueva aventura, su iniciación y, finalmente, el regreso a la aldea como un ser transformado y el conflicto que esto conlleva. Esta estructura arquetípica, compartida en la narrativa de múltiples culturas, es aprovechada por Montiel para explorar su propio viaje. Un viaje iniciático enmarañado de profundos umbrales y cuestionamientos existenciales.

LAGO | ALGO LAGO | ALGO es un proyecto que refleja tanto el cambio generacional como el efecto transformativo de la pandemia. De las raíces del cambio generado por esta crisis creció la oportunidad de recuperar y resignificar el emblemático restaurante con vista al Lago Mayor, El Lago, transformándolo en un proyecto que reimagina dicho espacio así como la aproximación actual a los recintos culturales. Dándole un nuevo propósito a este icónico espacio arquitectónico, uno que incluye transformar lo privado en público, lo exclusivo en incluyente, lo social en cultural. LAGO | ALGO repiensa nuestra relación con el espacio público y con el Bosque de Chapultepec, simultáneamente replanteando nuestra relación con la naturaleza y modelos de consumo.

El edificio, concebido desde su inicio y hasta la fecha concesionado en una alianza público-privada, fue firmado en 1964 por el entonces director de obras de la Ciudad de México, Leónides Guadarrama, y diseñado por el arquitecto Alfonso Ramírez Ponce a sus escasos 24 años de edad, quien —siguiendo la tendencia de innovación modernista de arquitectos como Mies van de Rohe y Félix Candela— lo proyectó bajo una inmensa cubierta asimétrica de concreto con forma hiperbólica paraboloide.

A la fecha, es un testamento extraordinario de que, en palabras de Ramírez Ponce, “estructuras arquitectónicas resistentes por el peso son una torpe acumulación de la materia… No hay nada más noble desde el punto de vista intelectual que resistir por la forma”.

Con esto en mente, restauramos el esplendor arquitectónico de la estructura original del edificio en colaboración con el estudio de arquitectura Naso.

LAGO | ALGO es un proyecto autónomo e independiente, pensado como una plataforma para acercarnos al pulmón de la ciudad, un lugar de encuentros con la naturaleza, con la historia de la arquitectura moderna, con las artes y la cultura, con la cocina sostenible hecha a partir de los ingredientes y los sabores locales de nuestras aguas y nuestras tierras.

ESPACIO CULTURAL ALGO es un espacio cultural de acceso gratuito liderado por OMR. Un proyecto híbrido y colaborativo que, por medio de la cultura y las artes, busca generar reflexiones existenciales sobre la contemporaneidad y nuestro papel en el futuro de la tierra. 7

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GASTRONOMÍA

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l Restaurante Enoteca Mercaderes está localizado en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México; en Avenida 5 de Mayo. Fue inaugurada por el General Porfirio Díaz en 1896, entre las calles Palma y Monte de Piedad.

Finca del siglo XVII construida en los mismos terrenos donde estuvo asentada la gran México-Tenochtitlan y posteriormente los hermosos palacios de los grandes señores virreinales, toda esta arquitectura se adaptó para hacer un restaurante acogedor y apacible con la mejor cocina mexicana contemporánea. Nuestra cava cuenta con temperatura y humedad controladas, donde se enaltece al vino mexicano, que es el más antiguo que se produce en el continente aAmericano.

Le esperamos en nuestra casa: un oasis de tranquilidad. 7

5 de Mayo, Núm. 57, Centro Histórico, Ciudad de México Reservaciones: 55 5510 2213 • 55 5510 3687 www.restaurantemercaderes.com Restaurante Mercaderes restaurantemercaderes @_mercaderes_

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En la web junio Accede a contenidos exclusivos publicados en nuestra edición digital en www.revistaagobacia.com

REFLEXIONES

Derecho Informático: Nuevas posibilidades para el Derecho Jorge Iván Aguilar García El origen, el significado, el valor y la importancia que ha adquirido la informática y las tecnologías de la información y la comunicación en la vida de un gran número de personas durante las décadas recientes en las sociedades desarrolladas, ha modificado la forma en que las personas se interrelacionan creando la necesidad de que los profesionales del Derecho las regulen. Históricamente el Derecho ha seguido la huella del hombre y se ha especializado de tal manera que además de hallarse en sus grandes divisiones (público, privado y, en tiempos más actuales, social), se ha ramificado de modo que su especialización responde a las diversas actividades del ser humano, y cómo éstas cada vez son más complejas y variadas, pues el Derecho también lo es. Una de esas especializaciones del Derecho, que además roza e interactúa con las tres grandes ramas del Derecho, sin lugar a dudas es el Derecho informático.

REFLEXIONES

La protección jurídica de los derechos humanos en México a 11 años de la reforma constitucional Luis David Coaña Be El término “Derechos humanos” es relativamente de nuevo cuño, ya que su acepción como tal data de 1945; sin embargo, el concepto ha pervivido en la sociedad desde hace algunos siglos. A 11 años de la reforma constitucional en materia de Derechos humanos en México —quizá una de las más importantes en los más de 105 años de vida de nuestra Carta Magna— el autor analiza cuál es el estatus que a partir de ella guarda la protección jurídica de los también conocidos como Derechos fundamentales en nuestro país, para discernir cuánto hemos avanzado en este tiempo y visualizar los retos que depara el futuro.

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REFLEXIONES

Una reflexión sobre los derechos humanos de las personas transexuales privadas de la libertad Camila de la Vega ¿Se están protegiendo los Derechos humanos de la comunidad transexual que está privada de la libertad en los centros de reinserción social mexicanos? El discurso de los Derechos humanos tiene pretensiones universalistas; sin embargo, universalizarse en la materialidad resulta un poco complejo cuando nos encontramos ante instituciones que han sido creadas sin tener como fundamento la visión humanista de los Derechos humanos.

Explora los temas de tu interés con nuestro nuevo buscador temático.

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Cartones...

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“Divina conectividad”, por El Fer