abogacía, #24, febrero de 2023

JUAN P. GÓMEZ FIERRO <

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS CIUDADES

Empresas y tecnología

LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS GENERALES

PAULINA PALENCIA MÉNDEZ

DAVID MERINO:

DIGITALIZACIÓN DEL DERECHO

ROSÁNGELA FERNÁNDEZ:

FASHION LAW

Saskia Niño de Rivera:

RAFAEL FONTANA:

DERECHO DE LAS EMPRESAS

Año 2, núm. 24, Febrero de 2023

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MALDITA ENTR ENTREE TODAS LAS MUJERES

CIUDADES INTELIGENTES:

RODOLFO OSORIO Y HUGO ISAAK

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Empresas y tecnología

Presentación

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E M P R E SAS Y TE C N OLOGÍA

n una conferencia impartida por John Keane en la Universidad de Tsinghua, Pekín, en enero de 2019 (Letras Libres, trad. Ricardo Dudda, 12-20), el politólogo australiano presentó algunos de los temores de la humanidad ante el imparable desarrollo de la tecnología robótica y de los programas de inteligencia artificial que han suscitado una nueva era de la revolución de las máquinas: la confusión sobre detalles técnicos, el impacto económico y social, el desplazamiento de los empleados de sus puestos de trabajo y la destrucción de la ética laboral, entre otros. Desde Karel Čapek, con su obra teatral Robots Universales Rossum (1920), hasta Ian McEwan, autor de Machines Like Me (2019), y Akela Cooper y James Wan, autores de la historia del filme M3gan (2022), la idea del caos y el apocalipsis que pudieran causar los robots autónomos al desarrollar inteligencias superiores a la del ser humano, se ha enraizado en el imaginario colectivo al grado de que ya no son únicamente los autores de ciencia ficción quienes proponen normas para limitar las acciones de las máquinas inteligentes en estos mundos posibles (Isaac Asimov); activistas, filósofos, científicos y juristas también se han puesto a pensar (y a legislar) al respecto a la luz de un futuro que se sabe inminente, que alcanza al presente, en el que las máquinas autónomas serán esenciales para la vida.

A pesar de este inquietante panorama, el desarrollo científico y tecnológico también ha hecho posible pensar en futuros hipotéticos positivos, donde las máquinas más bien sirvan para proteger los derechos y las libertades de las personas, así como para coadyuvar a los fines que la humanidad, en comunidad, se ha planteado. En este sentido, numerosas empresas (Apple, Facebook, Tesla) han empezado a diseñar programas que aprenden del mundo, para razonar y decidir a partir de la información a su alcance. El quehacer de estas empresas, por supuesto, ha tenido impacto en el mundo jurídico. Este mes, por ejemplo, se celebrará en Estados Unidos un juicio en el que la defensa la hará un robot inteligente desarrollado por DoNotPay; positivos al cambio, los sectores público y privado también han emprendido acciones que instrumentalizan la tecnología para la consolidación de proyectos que rescatan el medio ambiente y construyen un planeta habitable para las futuras generaciones: un caso muy cercano de esto son las ciudades inteligentes que ya están funcionado en diversas entidades federativas de la República. Sobre estos entornos urbanos interconectados nos platican Rodolfo Osorio y Hugo Isaak, de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales de la cancillería, quienes desde el área de vinculación con la sociedad civil trabajan un modelo en coordinación con onu Hábitat. Para ahondar en este tema, Paulina Palencia nos presta su pluma en la sección “Visión Global”.

Las inquietudes no se han hecho esperar. Numerosos retos han surgido que tienen que ser atendidos: ciberdelincuencia y ciberseguridad, derechos en el entorno digital, bitcoins y otras criptomonedas de la tecnología blockchain en el mundo de los negocios, entre otros. ¿Cómo se están enfrentando las empresas

y el Derecho a estos cambios? El Derecho, como puede observarse en el párrafo anterior, no ha sido ajeno a este contexto; aunque sí se ha mantenido reacio. Ya lo decía el doctor Miguel Carbonell —consejero editorial de esta revista— en la edición de enero de esta publicación, cuando le preguntamos el motivo de ello: “Históricamente, la abogacía ha tenido un componente conservador. Nos cuesta mucho trabajo cambiar. Y ahora el cambio es muy acelerado”.

Entre las voces que se suman al diálogo en este número sobre empresas y tecnología, para responder a la interrogante que nos aqueja, están David Merino, Rafael Fontana y Rosángela Fernández, quienes nos acercan a el Derecho digital, el Derecho de las empresas y el Derecho para la industria de la moda. Y para responder a los temores que existen sobre el avance en materia tecnológica dentro del gremio, platicamos con ChatGTP, de la compañía de investigación en inteligencia artificial, OpenAI. Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta A.C., nos platica su experiencia trabajando por la reinserción social y dando voz a quienes necesitamos escuchar para mejorar la justicia penal en México. Ella encabeza este número como un recordatorio de la importancia que tiene, en el contexto antes planteado, seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria. John Keane argumentó en la citada ponencia que el temor que tenemos a los robots inteligentes, es realmente el temor que nos tenemos a nosotros; la tecnología será, al final de cuentas, nuestro reflejo.

Es un gusto, nuevamente, invitarles a sumarse a la lectura de esta edición de abogacía. La voz y la pluma de los juristas®. Sus opiniones sobre los temas reunidos aquí también nos importan en este foro de diálogo. ¡Nos leemos en las siguientes páginas!

Cordialmente, Mateo Mansilla-Moya Director Editorial

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

1

DIRECTORIO

Consejo editorial CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PRESIDENTE José Ángel Villalobos Magaña SECRETARIO Ángel Gilberto Adame López TESORERO Jorge López Nepomuceno CONSEJEROS Amando Mastachi Aguario Alejandro E. Pérez Teuffer Fournier DIRECTOR EDITORIAL Mateo Mansilla Moya editor@revistaabogacia.com DISEÑO EDITORIAL Marcela Velázquez Aíza

Elisur Arteaga Nava

Miguel Carbonell

Sergio García Ramírez

Mónica González Contró

FOTOGRAFÍA David F. Uriegas SUSCRIPCIONES Édgar Acevedo Pérez suscripciones@revistaabogacia.com

COLABORADORES Manuel J. Carreón Perea, Rodrigo García Galindo, Ibrain Hernández Rangel, Paulina Palencia Méndez, Diana P. Reyes Mendoza, Mariana Ruiz Albarrán, Denise Tron Zuccher, Guillermo Ucha Cabadas, Lesly F. Valencia González e Ismael Valverde Ambriz

COORDINACIÓN COMERCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS Hugo Fernández de Lara 55-4066-9324 ventas@revistaabogacia.com

CORRECCIÓN DE TEXTOS Mutare / Julio Ulises Gallardo Sánchez

CONTACTO 55-5616-2111 y 55-5131-5163 info@revistaabogacia.com

Margarita Luna Ramos Patricio Emilio Marcos Giacoman Ignacio Morales Lechuga

José Luis Nassar Daw

Pascual Orozco Garibay

Luis Arturo Pelayo

Alberto Pérez Dayán

Luis M. Pérez de Acha

Elvia Arcelia Quintana

Alfredo Rangel Ortiz

Alfonso Siliceo Aguilar

Francisco Simón Conejos

VENTAS DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Alejandro Barreto 55-5959-5071 abarreto@revistaabogacia.com

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revistaabogacia abogacía. La voz y la pluma de los juristas, año 2, núm. 24, febrero de 2023, es una publicación mensual editada por Base Legal, S.A. de C.V., con domicilio en Altavista 28, Col. San Ángel, Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm.

04-2021-050410222700-102. Certificado de Licitud de Título y Contenido núm. 17427. Impresa por Impresos de Calidad Sebastián, S.A. de C.V., Miguel Ángel 35-B, Col. Santa María Nonoalco, Benito Juárez, 03700, Ciudad de México. Distribuida por Comercializadora Abrever, S.A. de C.V. Las opiniones expresadas por los articulistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de los editores de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos y las imágenes de la publicación sin previa autorización de la editorial.

ACGM-782

Juan Velasquez

Actualidad Gerardo Ferrusca Moreno

El futuro de las criptomonedas.

Desfalco de FTX

E

l pasado 10 de noviembre de 2022, Sam Bankman-Fried, fundador de ftx, renunció a su cargo de director ejecutivo, luego de que la empresa anunciara su bancarrota. Tras un intento desesperado por salvar la compañía, Binance, su principal competencia, ofreció un acuerdo para comprala, pero al analizar los libros contables, inmediatamente Binance retiró su oferta.

Pongamos en contexto: ftx y Binance son las principales casas de cambio de criptomonedas; su función es comercializarlas por dinero tradicional. Una vez aclarado esto, podemos preguntarnos: ¿por qué la primera se fue a bancarrota? ftx tenía un token llamado ftt que se utilizaba como pago de comisiones por transacción. El 2 de noviembre, CoinDesk filtró un documento en el que se demostraba que Sam Bankman-Fried tenía una cantidad inusual de tokens ftt en su fondo de cobertura Alameda Research.

Tras esta noticia, el 6 de noviembre Binance anunció su interés por vender sus tokens, lo cual derivó en el desplome del precio en éstos y de esa manera en el inicio del fin para ftx.

La mayor parte de los clientes solicitaron el retiro de su dinero, por una suma de 6,000 millones de dólares tan en sólo tres días, por lo cual ftx comenzó a tener problemas de liquidez y no logró cubrir las solicitudes de sus clientes.

Tan sólo 10 días después del anuncio de Binance se presentaría una demanda colectiva en contra de Sam Bankman-Fried mediante la cual se acusa a éste de diseñar un esquema de inversión fraudulenta. Se incluyen en la demanda los siguientes nombres de celebridades: Stephen Curry, Shaquille O’Neal, Shohei Ohtani, Naomi Osaka, Larry

David y Kevin O’Leary, quienes le ayudarían a promocionar su plataforma para tener más clientes.

El 12 de diciembre se realizó el arresto de Sam Bankman-Fried en las Bahamas, en relación con múltiples fraudes relacionados con ftx, los cuales se convertirían en algunos de los delitos financieros más grandes de la historia.

Hasta el día de hoy no se le ha impuesto condena, lo que nos hace preguntarnos: ¿realmente conviene invertir en criptomonedas? La respuesta seguirá siendo incierta, ya que aquéllas siguen sin tener un respaldo. En cualquier momento se pueden caer y el dinero se perderá. Reflexionemos entonces: ¿conviene tener nuestro dinero en el banco? ¿Seguiremos metiendo todos nuestros ingresos, ahorros y donaciones a una cuenta bancaria con la posibilidad de que nos las bloqueen o nos retengan nuestro dinero por alguna ligera sospecha o duda que se tenga sobre nosotros?

Lo único que sabemos es que el futuro es incierto tanto para las criptomonedas como para el dinero físico; no se puede confiar completamente en ninguna institución o empresa. Sólo queda esperar que el porvenir sea positivo. 7

Gerardo Ferrusca Moreno es licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas, amante de la dialéctica y la oratoria.

Cursó el “Seminario permanente en neuroderecho y psicopatología forense” en el Instituto Nacional de Ciencias Penales; “Violencia e inseguridad”, en la Policía Federal y Municipal, y el “Taller de argumentación jurídica penal” en la Universidad Humanitas.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ Empresas y tecnología ]

Contenido

Febrero 2023

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32

VOCES

Saskia Niño de Rivera: Maldita entre todas las mujeres

REFLEXIONES

¿Robots delincuentes?

Mario Moisés Mansilla-Moya

28

EL NOTARIO RESPONDE Las personas morales no contribuyentes el ISR y las donatarias autorizadas Rafael Azuela

03

48

58

El futuro de las criptomonedas.

Desfalco de FTX

¿Puede una empresa demandar daño moral?

Rosángela Fernández:

ACTUALIDAD

REFLEXIONES

Gerardo Ferruscaa Moreno

Rubén Darío Merchant Ubaldo

06 REFLEXIONES

Tecnología y justicia

54 Blockchain para el gobierno corporativo de las empresas

Jesús Vecino Celedón

Emiliano Hernández C.

10 Nos vemos en el bloqueo

62 La suspensión con efectos generales

Guillermo Sheridan

18 Las 5 implicaciones más relevantes de la reforma laboral en materia de vacaciones 2023 Dayana Talissa Reyes López

30 La ciencia como objeto de un derecho humano Hugo S. Ramírez García

Juan Pablo Gómez Fierro

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VOCES

Fashion law

66 Rodolfo Osorio y Hugo Isaak: Ciudades inteligentes y desarrollo sustentable

78 ChatGPT: Inteligencia artificial y ¿Derecho?

40 GRANDES PROCESOS DE LA HISTORIA

VOCES

Los juicios de Salem y el debido proceso

La digitalización del Derecho

Isac Abdala Méndez

David Merino: 36 Rafael Fontana: Derecho de las empresas

44 PERSPECTIVA ECONÓMICA

Regulación de las criptomonedas

Ismael Dionisio Valverde Ambriz

52 LEGAL POLITIK

amlo en la iniciativa privada Mauricio Atri

70 ¿QUÉ DICEN HOY LOS TRIBUNALES? Denise Tron Zuccher y Mariana Ruiz Albarrán

72 DERECHO Y LITERATURA

Un mal año para Dominic Molise Natalia Baz

74 LOS UNIVERSITARIOS HABLAN Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

76 VISIÓN GLOBAL

La internacionalización de las ciudades Paulina Palencia Méndez

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abogacía Febrero 2023

Reservaciones

Siempre un clásico

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Jesús Vecino Celedón

TECNOLOGÍA Y JUSTICIA En el contexto de estado de emergencia establecido a raíz de la pandemia en 2020, el gobierno colombiano, como parte del esfuerzo para prevenir los contagios por Covid19, se vio obligado a emitir el Decreto 806 de 2020 para regular el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) en el sistema judicial. En particular en actos procesales, notificaciones, radicación de demandas, expedientes virtuales, términos, poderes, resoluciones en lo contencioso administrativo, sentencias y recursos. A través de un estudio de Derecho comparado, en este texto analizamos la normativa y la forma en que la tecnología es utilizada en este mismo sentido en España

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abogacía Febrero 2023

Fotografía: Freepik

Empresas y tecnología

En muchos países del mundo la pandemia por Covid-19 develó los graves problemas que acarrean aquellos sistemas de justicia que se han mantenido reacios al desarrollo y a la implementación de tecnologías que facilitan el acceso a la justicia. México no fue ajeno a ello; mientras en la Ciudad de México los tribunales dejaron de trabajar y los procedimientos quedaron en pausa, por ejemplo, los sistemas judiciales de entidades federativas como Nuevo León, que llevaban años implementando programas tecnológicos para la celebración de juicios en línea, pudieron continuar garantizando a sus ciudadanos el derecho humano a la justicia. Jesús Vecino Celedón nos comparte el caso colombiano en comparación con la forma en que el gobierno de España se enfrentó a este contexto y nos invita a reflexionar sobre el tema.

Con el avance tecnológico en materia legal esperamos que los países de América Latina logren superar todas las barreras que impiden el avance en la administración de justicia en el contexto de la globalización.

España El 28 de abril de 2020 el gobierno de España emitió el Real Decreto-ley 16/2020 sobre medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la administración de justicia. A raíz de este decreto se buscó tutelar los derechos a la salud (como modo de prevención de contagio del virus) y a la administración de justicia (como elemento esencial de un Estado Social de Derecho), así como impulsar y desarrollar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) en las salas de audiencias y a través de los actos procesales que anteriormente requerían la presencia de las personas. Este decreto consta de tres capítulos con 28 artículos. El primer capítulo reguló todo lo referente al ámbito procesal: términos afectados por la crisis, notificaciones, audiencias, recursos, modificaciones en el monto de cuotas de alimentos en el Derecho de familia.

El segundo capítulo se enfocó en Derecho mercantil y de sociedades, como medida de prevención para que las empresas no fueran liquidadas y pudieran cumplir con sus obligaciones y suscribir contratos con el fin de evitar afectar gravemente la economía; procuró que se mantuvieran empleos, que hubiese flexibilidad en el pago de las obligaciones que hubieran tenido antes

y durante la crisis sanitaria, con el objetivo de llegar a los estrados judiciales a pedir el cumplimiento de obligaciones. El tercer capítulo, por último, reguló lo referente al uso de las tic, como la celebración de los actos procesales por medio de elementos tecnológicos disponibles por los servidores judiciales y las partes en un proceso, con la excepción de la jurisdicción penal en relación con los delitos graves que debían atenderse de forma presencial con los cuidados de bioseguridad establecidos por el Ministerio de la Salud.

Curiosamente, a los legisladores españoles les tomó tan sólo seis meses elevar este decreto sobre el uso de las tic en la administración de la justicia a ley (Ley 3/2020 de 18 de septiembre) como refuerzo a la seguridad jurídica en la materia.

En Colombia, por el contrario, el Congreso demoró y esperó que venciera el Decreto 806 de 2020 para legislar lo establecido en ese instrumento (Ley 2213 de 2022). El gremio jurídico está contento con el uso de las tic para las actuaciones judiciales. Con el avance tecnológico en materia legal, esperamos que los países de América Latina logren superar todas las barreras que impiden el avance en la administración de justicia en el contexto de la globalización.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Empresas y tecnología

Reflexiones Al tratarse de un tema relativamente nuevo en Colombia se tienen que atender algunos cuestionamientos, que presento a continuación para invitar a la reflexión: a) ¿Cómo funcionan las tic en nuestro sistema judicial? A partir de la implementación del Decreto 806 de 2020, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica, se adoptaron medidas para implementar las tic en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia. b) ¿Cuáles son los riesgos tecnológicos en la aplicación de las tic? Como todo sistema tecnológico, sin exceptuar éste, siempre existe la posibilidad de los riesgos. Algunos que debemos tener en consideración son: la interferencias de terceros, ya sea por hurto de información digital, que en este caso serían expedientes que no pueden ser revelados a la opinión pública, pero también estaría en riesgo la seguridad informática de los servidores judiciales, entre otros. c) ¿Deberían implementarse las tic de manera permanente?

La implementación de las tic de forma permanente en nuestro sistema judicial sería lo ideal, pues tendríamos un sistema más eficiente, ágil y accesible. d) ¿El uso de las tic implica un acceso limitado a la justicia?

Como se puede evidenciar, la infraestructura de internet en el país es limitada, pues no todos los ciudadanos cuentan con ese servicio en el hogar o en un plan móvil, además de que no todas las personas conocen cómo utilizar estas herramientas, ni cómo interponer demandas, denuncias y conectarse a audiencias y a otros actos procesales a través de una página web o de una aplicación. Para

la implementación de estas tecnologías debe atenderse también la situación de las personas que no tienen educación y/o instrumentos tecnológicos. e) ¿Qué beneficios tiene el uso de las tic para la administración de la justicia? Sus beneficios son muchos, pero hay que destacar: la agilidad con la que un proceso se lleva a cabo mediante la virtualidad con todos sus actos procesales; la economía procesal (como uno de los principios que más favorece a las partes y a la administración de justicia en un proceso); el ahorro económico que ha experimentado la rama judicial y las partes de un proceso (como no tener una infraestructura física, la logística y el ahorro de exorbitantes sumas monetarias en papel que dañan el medio ambiente); el cumplimiento del principio de publicidad que la población ha experimentado con el uso de las plataformas digitales y las redes sociales que han dado a conocer las actuaciones judiciales en tiempo real.

Toda la comunidad científico-jurídica tiene el deber de aportar conocimiento a través de la doctrina referente a esta materia para que este avance pueda sostenerse en el tiempo y, así, consolidar un sistema judicial a la altura de los retos de la globalización y los avances tecnológicos que harán que éste sea un sistema de calidad y eficaz, para que se cumplan todos los principios y los derechos fundamentales en las actuaciones judiciales. 7

Jesús Vecino Celedón es abogado y experto en ciencias sociales. Egresó de la Universidad Libre de Colombia y es articulista en revistas y magazines. Está interesado en el Derecho público y en las tecnologías en el ámbito jurídico.

Para leer

Para acceder al libro: Aureliano Perea

TEMAS ACTUALES DE DERECHO PENAL Y DERECHO CONSTITUCIONAL Nuevas voces requiere el campo del Derecho penal y no las que han dominado su escenario en las últimas tres décadas, las cuales gozan de buena reputación pero han comenzado a oxidarse un poco.

Lejos de la capital del país, específicamente en el estado de Guerrero, el doctor Juan Manuel Ávila Silva se posiciona como uno de los impulsores para descentralizar el conocimiento penal, lo cual puede apreciarse en dos obras que coordinó durante 2022: Perspectivas actuales del proceso penal acusatorio y Temas actuales de Derecho penal y Derecho constitucional, siendo esta última la más reciente y la que reseñaré a continuación.

El proceso de coordinar una obra no es fácil, ya que confluyen muchos factores (internos y externos) que pueden hacer de esa labor un gran trabajo o uno lamentable. Sin embargo, el doctor Ávila Silva, en compañía del doctor Soto Sotelo, tuvo el tino de distribuir

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abogacía Febrero 2023

temas actuales en materia penal a un conjunto de investigadores y profesores del más alto calibre, como José Héctor Carreón Herrera, Mariana Guadalupe Sedano Padilla, Juan Carlos Abreu, entre otros.

Sólo los títulos de los capítulos de la obra hacen deseable su lectura: “Proceso de atención a mujeres víctimas de violencia en el Derecho penal mexicano”, “Jurisprudencia, precedente judicial y procedimiento penal”, “Los procedimientos ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero”, “La justiciabilidad del derecho humano al desarrollo en México”...

La lista de artículos sigue (son 15 en total), pero en la pequeña relación que presento aquí puede advertirse que se abordan temas interesantísimos y actuales, motivo por el cual creo que el libro nos depara muchas sorpresas a quienes nos adentremos en sus páginas. _______ Juan Manuel Ávila Silva y José Antonio Soto Sotelo (coords.)

Universidad Autónoma de Guerrero y Tirant lo Blanch 2022

Guillermo Sheridan

NOS VEMOS EN EL BLOQUEO

S

egún la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre 2001 y 2007 hubo 2,500 manifestaciones al año, es decir, 6.8 cada día, con un promedio de 5,479 personas cada una, para un total de 13.5 millones anuales. Las manifestaciones como parte del mobiliario urbano.

Manifestarse en las calles es la actividad más productiva del México actual. Si pudiera comercializarse, podríamos exportarlas y vender franquicias: un Starbucks de la indignación.

El ritual es tan obligado que en las ceremonias anuales de Tlatelolco se lleva a cabo una manifestación que conmemora una manifestación. Y en una rara redundancia, el Partido Acción Nacional organiza manifestaciones para exigir que se reglamenten las manifestaciones.

La democracia ha sido la levadura de las marchas. En la medida en que acabó el control del gobierno para impedirlas o disuadirlas, aumentó el de los activistas para estimularlas. La explosión demográfica, desde luego, también ha puesto sus millones de granitos de arena.

Para el millón de niños que se gradúan de secundaria cada año, debutar en una marcha callejera tiene valor curricular y para que algo califique como realidad necesita el certificado de licitud de una marcha.

En un principio, una marcha era algo de naturaleza tan extraordinaria que lo primero que se infería de ella era, precisamente, su urgencia: tal injusticia es tan atroz que debe ventilarse en la calle. La apropiación de la vía pública y la exhibición de músculo social se ha banalizado. ¿No hay luz en

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abogacía Febrero 2023

Fotografía:mexicodestinos.com

Zumpanhuitla? Sus 100 habitantes cierran la carretera a Toluca y perjudican a un millón. ¿Se necesita más agua en Iztapalapa? Su delebrugada acude con 1,000 amigos a la Conagua para entregar una carta (y cerrar Insurgentes). ¿La injusticia de hoy? Mientras nos dicen cuál es, compañeros, privaticemos el primer cuadro.

Si alguna vez se trató de poner en evidencia ante la ciudadanía un agravio, ahora se trata de agraviar a la ciudadanía: un secuestro social exprés.

La teoría es que las víctimas estarán de acuerdo con los secuestradores, que le dicen que es culpa del mal gobierno. No se trata tanto de protestar como de desesperar. Lo más enervante de todo es que se parta de dos premisas contradictorias: que la calle es de todos, pero si algunos hacen bola, tienen más derecho que todos. Y el terror a la palabra represión les permite a esos algunos reprimir a todos.

¿A quién le importa ya siquiera enterarse qué hay detrás del bloqueo? ¿Quién se detiene a leer la manta, leer el volante o escuchar el megáfono? ¿Realmente interesa enterarse cuál injusticia ha “obligado” a la ugcmexprup a privatizar el Eje Central? Para lograr público, la ira se pone creativa: tres diputados se crucifican (por desgracia) “simbólicamente” frente a Gobernación. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación imitan al Pípila y tratan de incendiar una puerta de la Secretaría de Educación Pública. “Los Cuatrocientos Pueblos” y “Los de Abajo” exhiben sus fodongueces: las nalgas, unidas, jamás serán vencidas.

Para realmente llamar la atención de la ciudadanía sobre

una causa bastaría con no organizar marchas un solo día: esa causa sería aplaudida por todos.

“La avenida Insurgentes estuvo abierta el día de ayer por cortesía de Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas”. Alguna universidad pionera debería fundar la licenciatura en administración de movilizaciones, la maestría en acarreo y el doctorado en marcha productiva: se instala una línea de producción a lo largo de Insurgentes, los manifestantes ensamblan televisores mientras avanzan, sin dejar de corear consignas. Al final se les entrega un cheque. Al día siguiente hacen otra manifestación porque el cheque era chiquito; la línea de producción es ahora más larga, etcétera. 7

Guillermo Sheridan es doctor en letras modernas y mexicanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la unam, investigador nacional nivel III del Conacyt, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y biógrafo literario de Ramón López Velarde y Octavio Paz.

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ORIO S DE LA SUSP

P. GÓMEZ FIERRO

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Nuevos comienzos

Revista abogacía

| Enero 2023

LOS EFEC TOS REST ITUT

AMP ARO JUAN ENSI ÓN EN EL JUIC IO DE

BEATRIZ MAGALONI:

LMO PREMIO ESTOCO 2023 EN CRIMINOLOGÍA

ER INCUENCIA Y POD N PERIODISMO, DELHÉC TOR DE MAULEÓ

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Voces

Ángel Gilberto Adame y Mateo Mansilla-Moya

Saskia Niño de Rivera:

Maldita entre todas las mujeres Las cárceles mexicanas han sido ampliamente criticadas

y su finalidad no deja de cuestionarse. La sociedad civil ha jugado un papel de suma trascendencia en su mejoramiento.

Tras la publicación de su libro Maldita entre todas las mujeres, Saskia nos comparte su experiencia y sus visiones del sistema penitenciario, la justicia penal y la importancia del asombro.

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abogacía Febrero 2023

Saskia Niño de Rivera es psicóloga y especialista en secuestro y psicología forense.

Es fundadora de Reinserta un Mexicano, A. C., donde trabaja con autoridades, personas privadas de la libertad, víctimas del delito y comunidades para mejorar el sistema penitenciario y lograr la reinserción social. Ha sido elegida en dos ocasiones como una de las 100 mujeres más poderosas del país por la revista Forbes. Es autora de Maldita entre todas las mujeres (Planeta, 2022).

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Voces Por qué trabajar en las cárceles?

Cuando se habla de un sistema penitenciario funcional se hace referencia a que se garantiza la reinserción social y se previene la reincidencia delictiva; ése es el motivo por el que se priva de la libertad a las personas. Si se redujera la cuestión al castigo se generaría una visión de que la justicia es sinónimo de venganza. ¿De qué sirve la cárcel si en México hay de 60 a 70 por ciento de reincidencia delictiva? El Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar la seguridad para quienes vivimos en sociedad como lo marca el contrato social.

Por eso es importante trabajar con el sistema penitenciario también desde un ámbito humano; al final, el 99 por ciento de las personas que están en prisión están ahí por factores psicosociales; es decir, no son personas nacidas con afecciones mentales, como la ausencia de capacidad empática, sino que tienen una reacción a una sociedad que margina, que genera pobreza extrema, que genera violencia extrema, que genera adicciones; una sociedad donde estos factores de riesgo terminan siendo las razones principales por las cuales una persona acaba cometiendo acciones antisociales. n A la luz de esto, ¿cuál es el principal problema de las cárceles en México?

La ingobernabilidad. No podemos hablar de derechos humanos ni de reinserción social si no hay gobernabilidad en los penales. Esto quiere decir que las autoridades tengan control absoluto del sistema penitenciario. Hoy la delincuencia en el país existe ante la ausencia de las autoridades y de lagunas jurídicas. Las cárceles están siendo olvidadas porque la seguridad está politizada. A la gente no le gusta que los políticos hablen de la importancia de la reinserción social, por eso rehúyen ese tema; las cárceles se han vuelto como ese hoyo negro de la sociedad que nadie voltea a ver. En este contexto, las cárceles son la última preocupación; la reinserción social y los derechos humanos no se pueden garantizar en esas condiciones. n ¿Cuál ha sido tu experiencia en las cárceles que no están en la Ciudad de

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abogacía Febrero 2023

México? Pareciera que el penal de Santa Martha Acatitla es de los más progresistas del país.

No necesariamente. Lo que pasa en el penal de Santa Martha Acatitla, aparte de que es el penal de mujeres más poblado de todo el país, es que tiene mucha atención de los medios de comunicación. Los penales que están en otras entidades federativas no necesariamente están en malas condiciones. Yo te diría que los mejores penales del país están en Nuevo León y no en la Ciudad de México.

En los estados donde hay mayor índice de pobreza las condiciones penitenciarias son peores. Y esto no tiene que ver con que el penal esté en malas condiciones.

Tiene que ver con la percepción sobre violaciones a derechos humanos y marginación. En los países donde hay más marginación se percibe la injusticia. El otro día leí una frase que me encantó: “La injusticia es como una serpiente que se ve reflejada en aquellos que no tienen para zapatos”.

Un tema impactante es el de los mal llamados penales mixtos, para hombres y mujeres, supuestamente; la realidad es que son cárceles hechas para hombres en las que reservan un pequeño espacio para las mujeres, donde a éstas se les restringen los derechos del artículo 18 constitucional, porque resulta que el área educativa, el área médica, el área de trabajo, el área deportiva, todas están en la sección de hombres. La mujer privada de la libertad en penales mixtos es revictimizada.

Pero, reitero, no es un tema de provincia o de la capital. Es algo que tiene que ver con el tipo de delitos, el nivel socioeconómico de las personas que están privadas de la libertad, la marginación social que vivieron, el género y el impacto mediático. Hace poco una mujer tuvo que parir en una de las celdas de un penal mixto y ni siquiera contó con atención médica, y nadie se enteró de eso. Pero si eso sucediera Santa Martha, el mundo se caería. n El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escribió el prólogo de Maldita entre

todas las mujeres. ¿No es mucha responsabilidad para ti?

Me siento muy honrada porque el entoncespresidente de la Corte haya hecho el prólogo para mi libro. Es mucha responsabilidad en el sentido de que refuerzo las razones por las cuales lo hice. Lo revisé minuciosamente.

Estoy convencida de la importancia de dar voz a las personas de esta manera y de dar a conocer los casos como son, porque creo que en México hemos deshumanizado el delito, como un mecanismo de defensa; ya somos el país de las cifras y a veces se nos olvida que las cifras son vidas lastimadas.

En México hemos perdido la capacidad de asombro ante tanta violencia. n Se ha criticado la divulgación que hiciste de los testimonios de los familiares de las víctimas. Tu ejercicio con este libro se ha descrito como una forma de revictimización. ¿Qué opinión tienes sobre esas críticas?

Los capítulos de las víctimas indirectas fueron redactados por ellas mismas. Es un libro que se construyó a su lado y que funge como un apoyo para divulgar sus casos. Sobre esto no quiero quitarles su derecho al dolor. Si mentar madres del libro les ha ayudado a posicionar sus casos, el objetivo se está logrando. En cuanto a los testimonios de los agresores, entiendo la complejidad de darles voz, pero creo que hay mucho que aprender cuando los escuchamos. Estoy convencida de que darles voz a las personas que están privadas de la libertad nos ayudará a mejorar nuestro sistema de justicia penal y a optimizar los programas y su impacto en materia de prevención del delito. Debemos atender las historias detrás de los acontecimientos.

Este libro va más allá de las terribles historias de asesinatos; son relatos que develan problemas estructurales, como el machismo cultural, y que tienen que ser abordados para entender dónde estuvo la responsabilidad social en el quehacer de las personas que se dedican a esto; no se trata nada más de psicópatas que matan a mujeres en México: los feminicidas no son psicópatas sino el niño a quien le enseñaron a no llorar, a no sentir, porque eso no es de hombres; el niño al que golpeaban cada que vez lloraba o buscaba jugar con su hermana con una muñeca o manifestaba rasgos más femeninos que otros.

No podemos hablar de derechos humanos ni de reinserción social si no hay gobernabilidad en los penales.

Los mexicanos necesitamos que alguien le haga frente al sistema de justicia penal para resolver el nepotismo, la impunidad y la corrupción.

En este sentido, resulta muy importante hablar y trabajar con los agresores.

Yo empecé mi carrera en Reinserta, en el entendido de que tenemos mucho que saber sobre las cárceles y quienes las habitan para mejorar el sistema. Y por eso me parece importante contar las historias, y hacerlo, además, tal cual sucedieron. No es lo mismo decir que 11 mujeres son asesinadas diariamente, que contar cómo murió cada una; no es lo mismo morir por una bala, que apuñalada, violada y mutilada. Se trata de escenarios distintos de violencia.

Las cifras esconden eso. n Uno de tus objetivos, entonces, fue visibilizar el problema para que la sociedad tome conciencia…

Los objetivos de Maldita entre todas las mujeres son, en primer lugar, darle voz a las víctimas sobre sus procesos jurídicos; es muy doloroso escuchar cómo son revictimizadas constantemente por nuestro sistema de justicia penal. En México, una víctima tiene que investigar su propio caso y tener mucho dinero, o atención mediática, para que éste proceda. En segundo lugar, dejar documentado en la historia qué fue lo que pasó, porque sólo así vamos a prevenir que se repita. En tercer lugar, que genere impacto y que sirva como instrumento para que los operadores del sistema de justicia LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Voces n Hay mucha demagogia. Quienes legislan son políticos haciendo política, no juristas haciendo Derecho.

En la actualidad ése es uno de los graves problemas que existen en el país: el punitivismo ligado a la carrera política de las personas.

El Partido Verde es el mejor ejemplo; se trata del partido más corrupto. Jorge Emilio es el hombre con peor reputación de México.

Ese güey ha podido matar en su edificio en Cancún, y ahí sigue, como si nada. También se ha publicado una gran cantidad de notas del Partido Verde en materia de corrupción.

Es el partido que vota según le vaya conviniendo en el curul: saca una campaña de castración química para violadores, muerte para secuestradores, y con eso sube tres o cuatro puntos su nivel de credibilidad gracias al fanatismo de los votantes.

“Estoy convencida de que darles voz a las personas que están privadas de la libertad nos ayudará a mejorar nuestro sistema de justicia penal y a optimizar los programas y su impacto en materia de prevención del delito.” penal se aproximen y conozcan la complejidad de lo que sucede detrás de sus decisiones. n Hay un tema interesante acerca de cómo se divide a la población penitenciaria. Una de las estrategias es atendiendo al sexo biológico de las personas: hombres y mujeres. Pero hay quienes no se identifican ni con uno ni con otro género. ¿Cómo se abordan esos casos?

El tema lgbt+ es un asunto que tiene pendiente el sistema penitenciario. Se ha vuelto muy complejo. Hablamos hace un rato de que 60 por ciento de las mujeres que están recluidas en penales mixtos, en penales de hombres, no tienen espacios exclusivos. Ni siquiera el problema de las mujeres ha sido atendido de manera correcta. El tema trans es más complejo porque, teniendo las opciones para hombres o mujeres, el juez debe atender lo que dice el acta de nacimiento sobre el sexo de la persona para determinar en qué cárcel va a privarle de la libertad. Sin embargo, no en todas las entidades federativas se

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permiten las correcciones a las actas por motivos sexo-genéricos, lo cual impide que una mujer trans esté en una cárcel para mujeres, y viceversa. Aunado a esto, hay mujeres trans que prefieren las cárceles varoniles porque, por una lado, ahí opera el negocio de la prostitución, y por otro, en las cárceles para mujeres no las quieren porque tienen pene y opinan que eso las pone en riesgo.

El tema de género en las prisiones es muy complejo y hay que ponerlo en la mesa de discusión. A veces en México todo está tan politizado que se dificulta decir las cosas por su nombre. Esa es una realidad. Si uno va a la cárcel de hombres y habla con la comunidad trans y se le pregunta por qué no pide su cambio al penal de mujeres, responde que no; lo mismo al revés. En este país las políticas públicas se hacen desde una trinchera del desconocimiento; no necesariamente aplican como se crean.

Es increíble pero en México hay senadores y diputados que no se asesoran para legislar, y menos en materia de género y de justicia penal.

n Concretamente, ¿cuáles son las lagunas que tú identificas y que crees que deben ser llenadas?

Uno, México necesita urgentemente una reforma penitenciaria. Dos, los mexicanos necesitamos que alguien le haga frente al sistema de justicia penal para resolver el nepotismo, la impunidad y la corrupción.

Tres, es impostergable redefinir la cárcel a partir de los cinco ejes de reinserción.

Personalmente, me da mucha risa que a la mujer que mató a su esposo después de haber vivido con él 15 años de violencia física se le quiera imponer deporte como una actividad para reinsertarse en lugar de salud mental. El enfoque debe ser hacia la educación y a la salud mental. n ¿Cómo ha sido tu experiencia laboral como mujer en un sistema misógino?

La verdad yo no he sufrido el machismo de la justicia penal. Y esto no quiere decir que no exista. Te voy a decir por qué. No lo he sufrido porque he decido no darle el peso correspondiente; no soy la feminista que se ofende tan fácilmente, sino que decido confrontar. Me parece, también, que trabajar desde la sociedad civil ha evitado que se metan conmigo, definitivamente. Me he cuidado, no le doy importancia y confronto cuando creo que hay una injusticia. En ese sentido, no podría decir que ser mujer haya jugado en mi contra. 7

Módulo I. 08 de marzo de 2023 Temas: Marco Normativo Administrativo Inmobiliario; el contrato de promesa de venta y su relación con las pre-ventas.

Módulo V. 17 de mayo de 2023 Temas: Régimen de responsabilidad por el incumplimiento de la compraventa de inmuebles.

Protección al consumidor.

Módulo II. 22 de marzo de 2023 Temas: Compraventa y sus modalidades.

Entrega y posesión del inmueble.

Módulo VI. 31 de mayo de 2023 Temas: Aspectos fiscales y de lavado de dinero en la compraventa.

Módulo III. 19 de abril de 2023 Temas: Aspectos generales de los contratos traslativos de propiedad.

Módulo VII. 14 de junio de 2023 Temas: Tópicos registrales inmobiliarios.

Módulo IV. 03 de mayo de 2023 Temas: Créditos bancarios, INFONAVIT y FOVISSSTE.

Módulo VIII. 28 de junio de 2023 Temas: Solución de Controversias/Mediación.

20 horas divididas en 8 módulos de 2.5 horas cada uno.

Miércoles de 17:00 a 19:30 horas Inicio: 8 de marzo https://instituto.colegiodenotarios.org.mx/

Dayana Talissa Reyes López

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LAS IMPLICACIONES MÁS RELEVANTES DE LA REFORMA LABORAL EN MATERIA DE VACACIONES 2023 La reforma laboral en materia de vacaciones,

ampliamente discutida a finales del año pasado y aprobada el primer día de 2023, trajo consigo

diversas implicaciones, tanto para el sector patronal como para el sector de los empleados.

Dayana Talissa Reyes López nos presenta las más importantes en este texto.

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Fotografía: Freepik

Empresas y tecnología

A

partir de la entrada en vigor de la reforma laboral en materia de vacaciones el pasado 1º de enero de 2023, se autorizó que se dupliquen los días iniciales de vacaciones. .Por lo anterior, se incrementaron de seis a doce los días de vacaciones al cumplir un año de servicios, los cuales serán continuos y aumentarán dos días por cada año hasta llegar a veinte por cada año subsecuente de servicios prestados. A partir del sexto año el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios.

Es importante mencionar que esta reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo (lft) trajo consigo diversas implicaciones tanto para el sector patronal como para el sector de empleados.

Entre las más relevantes se encuentran las siguientes: 1. Aumento en el pago de prima vacacional. Como es del conocimiento de muchos, la lft establece que se debe tomar en consideración el número de días de vacaciones a que tiene derecho cada uno de los empleados para poder determinar el monto a pagar por concepto de prima vacacional; por lo que automáticamente se genera un incremento en ese pago por ser una prestación indexada al número de vacaciones que cada persona tenga, dependiendo su antigüedad y, en consecuencia, un mejoramiento en ambas condiciones de trabajo.

2. Ajuste en la integración del salario diario base. Existen diversas prestaciones que integran el salario, algunas establecidas en la lft —comúnmente conocidas como prestaciones de ley— y otras extralegales —no contempladas en la ley, pero que se otorgan a los empleados por su trabajo—; entre ellas se encuentran: a) la prima dominical, b) el aguinaldo, c) los vales de despensa, d) los vales de gasolina, e) la prima vacacional, entre otras. Esta última es la que más nos interesa por el tema en cuestión, por tratarse de una de las prestaciones laborales que se toman en cuenta cuando se integra el salario para efectos del pago de una indemnización constitucional al término de una relación de trabajo imputable al patrón de conformidad con las causales establecidas en el artículo 51 de la lft.

3. Incremento en el salario base de cotización. La prima vacacional es considerada como una de las integrantes del salario base de cotización en la Ley del Seguro Social, por lo que, aunado al punto 1 mencionado líneas arriba, al generarse un incremento en el pago de la prima vacacional el salario base de cotización de cada uno de los asegurados inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) será mayor y tendrá un ajuste. Esto, a su vez, implicará para los empleadores un aumento en sus obligaciones como patrones en relación con el pago de cuotas obrero-patronales en el imss y en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

4. Cuantificación de prestaciones al término de la relación individual o colectiva del trabajo. Al terminar cualquier relación de trabajo, ya sea voluntaria (renuncia por parte del empleado) o involuntaria (despido por parte del empleador), es obligación de cada patrón el pago proporcional correspondiente al número de días de vacaciones pendientes de disfrutar a cada uno de los empleados. Al no disfrutarse y a raíz de la terminación de la relación de trabajo se deberán pagar en dinero; con la reforma, el pago de esta prestación generará un incremento en las cantidades totales a pagar por concepto de finiquitos o indemnizaciones.

5. Adecuación al nuevo mínimo. Me gustaría hacer énfasis en que la lft es supletoria de lo que no esté establecido en cada uno de los contratos de trabajo, sin importar si son individuales LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Empresas y tecnología

o colectivos; con esto me refiero a que no tiene consecuencias negativas el no establecimiento por escrito en cada contrato de lo mencionado en la reforma. Sin embargo, para efectos de formalizar la misma, y con la finalidad de comprobar el adecuamiento a la reforma, mi recomendación sería que cada uno de los empleadores en México pueda llevar a cabo la formalización a través de adendums modificatorios y ajuste de sus políticas de “vacaciones”, siempre y cuando actualmente se otorguen menos días de vacaciones a los correspondientes, con la finalidad de adecuarse al nuevo mínimo y mitigar cualquier riesgo con las autoridades laborales derivado de alguna inspección en materia de condiciones generales de trabajo. Esto no es aplicable a aquellos patrones que otorguen un número mayor de días de vacaciones, según lo mencionado en la reforma. Éstas son sólo algunas consideraciones a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral en materia de vacaciones 2023, las cuales estimo que todos deben conocer y tener presentes; sin dejar a un lado que esa reforma no aplica de forma retroactiva ni acumulativa por años anteriores en que se tengan días pendientes de vacaciones por disfrutar.

Por último, pero no menos relevante, la intención es que el número de días de vacaciones a que se tenga derecho, de acuerdo con la antigüedad de cada empleado, se disfruten de forma continua. Esto con el propósito de que los trabajadores tengan periodos de descanso y recuperación por sus jornadas de trabajo y poder mitigar a toda costa el síndrome Burnout (considerado como uno de los principales problemas de salud mental y factores de riesgo psicosocial, según la norma oficial mexicana nom-035-STPS-2018, “Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Identificación, análisis y prevención”, que tiene como principal síntoma el agotamiento por ver sus trabajos cada vez más estresantes y frustrantes), y únicamente de forma excepcional de manera discontinua a discreción y acuerdo entre patrón y trabajador, a petición del empleado.

Siendo así, esta importante reforma se convertirá sin duda en un precedente por ser la tercera vez en la historia desde 1931, con la expedición de la primera lft, que se han generado incrementos a los días de vacaciones en México. A mi parecer, es un avance en el beneficio de los derechos de los trabajadores que era necesario y justo. 7

Dayana Talissa Reyes López es abogada y maestra en Derecho laboral por la Universidad Panamericana, sede Mixcoac.

Es socia fundadora de Monsalvo Reyes Abogados, firma legal especializada en materia laboral, donde dirige las áreas de consultoría individual y colectiva, prevención de riesgos y cumplimiento, así como la atención de inspecciones en materia laboral, con presencia en todos los estados de la República mexicana. Imparte la cátedra de Derecho colectivo del trabajo en la Universidad Panamericana, campus Ciudad de México, como profesora adjunta, a sus alumnos de quinto semestre de la licenciatura.

Para leer

Para acceder al libro:

Mateo Mansilla-Moya

TRES RELATOS NOTARIALES

La casa editorial Porrúa cerró 2022 con una publicación que merece minuciosa lectura y destacada atención. Se trata de una obra que compila fragmentos biográficos de tres personalidades juristas mexicanas que impactaron el devenir histórico del notariado en México y en la región latinoamericana: Antonio Díaz Soto y Gama, Francisco Vázquez Pérez y María Angelina Domerq Balseca.

Coescrito por Ángel Gilberto Adame López y Montserrat Arenas Martínez, Tres relatos notariales constituye una amena invitación a que conozcamos momentos cruciales para el país desde la experiencia de dos notarios, una aspirante a notario y numerosos operadores jurídicos que han contribuido a moldear las estructuras jurídica, política y social del México contemporáneo.

Además de las historias que rescatan los autores en cada una de estas esferas, como la vida en los círculos aristocráticos, los procesos políticos para reformar la Ley del Notariado, la conformación de una comunidad científica notarial regional promovente del estudio y la discusión de la materia, la vocación sacerdotal de algunos personajes, los vínculos entre el gremio y los políticos, el machismo y la desigualdad estructural y los esfuerzos para lograr una igualdad sustancial, en este libro destacan las fuentes y los métodos utilizados por sus autores.

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Los licenciados Adame López y Arena Martínez realizaron una minuciosa investigación para rastrear documentos políticos y jurídicos y construir los perfiles de los protagonistas de esta publicación. No únicamente acudieron a fuentes documentales, como el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados o el expediente en el que consta el informe del Ministerio Público para el proyecto de sentencia por el amparo promovido por María Angelina Domerq Balseca para poder concursar por el encargo de notario, sino que además recurrieron a los familiares de estos personajes para recoger testimonios, recuerdos y anécdotas, al grado de que uno de los hijos del notario Francisco Vázquez Pérez les permitió publicar fragmentos de las memorias inéditas de éste.

Con prosa amena y cuidada redacción, los relatos incluidos en este libro nos permiten adentrarnos —sin mayor preparación técnico-jurídica necesaria— a documentos y discusiones jurídicas complejos.

Por supuesto, la lectura de esta obra no es únicamente para aquellos que se quieran dedicar al notariado; por el contrario, se trata de un libro que nos invita a todos a aproximarnos a la historia —no sólo jurídica sino también política y social— del México del siglo xx. ______ Ángel Gilberto Adame López y Montserrat Arenas Martínez Porrúa 2022

Voces Andrea Romero Castro

David Merino:

la digitalización del Derecho A pocos días de haber recibido el 2023, David Merino nos abrió las puertas para dialogar con él sobre la

digitalización del Derecho mexicano, su relevancia y sus desafíos. Ciudadanía digital, protección de datos personales y ciberdelitos fueron algunos de los temas que se abordaron.

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Empresas y tecnología

David Merino es licenciado en Derecho con estudios de Contabilidad, Operación y Planeación Legislativa, Derecho Fiscal, Derecho Tecnológico, Anticorrupción y Prevención de Lavado de Dinero; así como investigador y conferencista participante de programas del CONACYT, la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Es autor de diversos libros y del proyecto de la “Ley General de Economía Datificada y Entorno Digital”. Presidente de la la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico.

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Voces xisten distintas plataformas digitales, como la del Sistema de Administración Tributaria (sat), que buscan que el ciudadano cumpla con sus obligaciones de manera más sencilla, clara y económica (en términos de tiempo y recursos). Sin embargo, en muchas ocasiones la información incluida en estas plataformas no es clara. ¿Cuál es tu opinión acerca de las herramientas digitales que intentan facilitar la realización de trámites, toda vez que generan consecuencias jurídicas?

Eso tiene que ver con un concepto: ciudadanía digital. Tenemos que partir de la base de que el Derecho es un sistema de normas jurídicas que regula la actuación y la convivencia del ser humano en sociedad y que también norma la actuación del Estado frente al gobernado. El Derecho digital, como una rama transversal, regula la interacción del ser humano y del gobierno con la tecnología. Los gobiernos de casi todos los países —y más por la pandemia— han tenido que trabajar y desarrollar plataformas de Gobierno digital.

En México ya existían plataformas gubernamentales desde hace tiempo, así como esquemas y marcos jurídicos; precisamente en enero se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se abrogó el diverso mediante el que se creaba la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, para crear un nuevo organismo, la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación, y de la Seguridad de la Información. Esto es de sumo interés porque el Gobierno ha entendido la necesidad de esas plataformas. Se trata de un recurso que facilita y eficientiza el trabajo del gobierno, pues implica menos gasto.

Es mucho más sencillo tener una plataforma digital que una instalación física a la cual uno acuda y realice su trámite con la consecuente pérdida de tiempo en traslado, atención y demás. También minimiza la corrupción, porque un algoritmo no es corruptible; es decir, se cumple con lo que está establecido algorítmicamente o no, y si no se cumple, no se le puede decir a la computadora: “Oye, pues ahí te dejo para el refresco, pero bríncate el trámite”.

Esto, sin embargo, implica cierta responsabilidad para el Gobierno. Por eso

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existe, entre otros temas, además la ciberseguridad, la protección de datos personales y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. n Es responsabilidad de los Gobiernos mantener sus plataformas digitales accesibles para quien tenga internet…

El acceso a internet es un derecho humano digital (denominado así por la Organización de las Naciones Unidas, aunque algunos autores prefieran llamarlos “derechos humanos aplicados al entorno digital”). Es una garantía consagrada en la Constitución General. Pero una cosa es que tengamos acceso y otra cosa es que funcione bien o no funcione; aunque eso depende directamente de un tema administrativo. Como derecho humano, el acceso a internet es fundamental. El funcionamiento de las plataformas depende de cada administración y de la operatividad que tenga cada una durante esa administración, porque hay plataformas que funcionan pero que no están vigentes; así, una cosa es que se pueda acceder; otra, que funcione, y otra, que esté vigente lo que se quiere hacer. n Derecho digital, derecho al acceso a la información y derecho a la libertad de expresión, ¿cómo se vinculan?

En cuanto al Derecho digital hay dos teorías; yo las pongo en la mesa para que cada quien pueda tomar la que más le guste. Por un lado, se dice que es una rama autónoma del Derecho; por otro, se afirma que es una rama transversal a las demás ramas del Derecho. Lo que debemos comprender es que al final de cuentas lo digital es información que se codifica en ceros y unos, y esa información tiene que ver con dos principios: la transparencia y el acceso a la información.

El acceso a la información tiene dos vertientes: la pública y la privada; es decir, el uso y el acceso a la información en el sector privado, pues también se regulan y se protegen los datos personales, sobre todo aquéllos considerados como sensibles, que son los que nos identifican o nos hacen identificables; por ejemplo, el nombre. En la vertiente privada existe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares que regula los derechos arco (acceso, ratificación, cancelación y

oposición), los cuales se incluyen en los avisos de privacidad; en el caso del Gobierno aplican los derechos arcop (acceso, ratificación, cancelación, oposición y portabilidad), que tienen que ver con la protección de datos y el acceso a la información, regulados en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Algunos elementos de protección toman en consideración los principios de privacidad y secrecía, por un lado, y por otro, la seguridad nacional. Me viene a la mente un ejemplo. Alguna vez fui a una conferencia en la que fue ponente la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai), Ximena Puente de la Mora, quien comentó acerca de un caso en el que la Secretaría de Gobernación negó proporcionar información a una diputada sobre los nombres y los horarios de los custodios en una prisión de alta seguridad, por una cuestión, precisamente, de seguridad. Esa diputada acudió al inai, donde confirmó que, por seguridad, no se le podía dar acceso a esa información.

En materia de derechos digitales en el entorno virtual existe un derecho humano relacionado con la transparencia algorítmica, que consiste en que, si una persona está siendo sometida a un proceso en el cual un algoritmo es el que toma una decisión, esa persona tiene derecho a saber cómo funciona el algoritmo. Te pongo un caso real: que en una plataforma de Gobierno

se realice un holding digital y un algoritmo digital sea el que determina si yo cumplo o no con un determinado perfil. En este caso, uno tiene todo el derecho a dos cosas: saber cómo funciona el algoritmo y solicitar una revisión por un ser humano si la resolución algorítmica no es favorable. n ¿Cuál ha sido el alcance del Poder Legislativo al regular las novedosas figuras digitales como la e.firma, los contratos inteligentes, los criptoactivos, el robo de identidad, la ciberseguridad, el lavado de dinero, etcétera?

Desde hace dos legislaturas, en 2015, los legisladores comenzaron a impulsar estos programas digitales. La legislatura actual, por ejemplo, realizó la Ley Fintech (Ley de Instituciones de Tecnología Financiera) que regula el crowdfunding, esto es, las pasarelas de pago (instituciones de pagos electrónicos como Clip y Paypal). En ese tipo de plataformas tenemos los criptoactivos. En México no existen las criptomonedas en la ley; lo que hay son activos digitales. Existe una circular del Banco de México de 2019 en la que se prohíbe al sistema financiero que sus entidades lleven a cabo actividades al público en general con este tipo de activos, precisamente por su volatilidad en cuestión de valores.

La siguiente legislatura desarrolló otro tipo de conceptos, también importantes; por ejemplo, empezó a trabajar con las asambleas telemáticas y abordó la validez de los

Los Gobiernos de casi todos los países —y más por la pandemia— han tenido que trabajar y desarrollar plataformas de gobierno digital.

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Voces

Hay abogados digitales y abogados epecialistas en materia tecnológica, algunos con más experiencia que otros...

En algún momento todos los abogados van a tener que subirse al tren digital para no quedarse atrás. contratos electrónicos a través de la firma digital o de la firma electrónica, los ciberdelitos, la ciberseguridad, el pagaré digital, el derecho al olvido, el teletrabajo, el derecho a la desconexión digital, etcétera. n ¿Cuáles son los delitos tecnológicos más comunes?

En materia de ciberdelincuencia tenemos que explicar, de manera muy básica, que hay diversas clasificaciones. Ésta es una muy elemental. Hay delitos que son eminentemente digitales y existen otros que son tradicionales pero que también tienen una modalidad tecnológica digital, como el robo de identidad. Hay delitos que pueden cometerse por ambas vías, pero hay delitos que únicamente se pueden realizar vía digital; por ejemplo, el acceso no autorizado a tus dispositivos digitales. Es muy importante que los códigos penales contemplen exactamente todas las etapas y todas las conductas que podrían producirse en el entorno virtual. Entre las más comunes se encuentran las siguientes:

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1) el ransomware, esto es, el secuestro de información por el que se pide el pago de cierta cantidad en activos digitales; 2) el phishing, es decir, el robo de datos e información propiciado por nosotros mismos (por ejemplo, cuando nos llegan correos avisándonos que hemos ganado la lotería), para el que sugiero que en sus bandejas de entrada tengan habilitada la vista previa del correo para verlo sin abrirlo, y 3) la pornografía infantil. n ¿Consideras que la cantidad de profesionistas expertos en la materia digital y tecnológica es suficiente para cubrir las necesidades que tiene el país en este contexto?

Hay abogados digitales y abogados especialistas en materia tecnológica, algunos con más experiencia que otros. Pero, efectivamente, no son suficientes. Al final, sin embargo, todos los abogados tendremos que entrarle al entorno digital, independientemente de la rama a la que nos dediquemos. En materia notarial, por

ejemplo, ya existe un protocolo digital para la realización de algunos actos jurídicos. En esos procedimientos se admiten pruebas digitales; por ejemplo, conversaciones en plataformas como WhatsApp o publicaciones en redes sociales. En Derecho mercantil, muchas empresas han cerrado negocios por medio de WhatsApp. En algún momento todos los abogados van a tener que subirse al tren digital para no quedarse atrás. n ¿La adaptación a la era digital y tecnológica pone en riesgo la seguridad jurídica de los usuarios?

Sí, pero también hay que reconocer que el usuario se pone en esa situación por sí mismo.

Una cosa es que la legislación tenga áreas de oportunidad y otra cosa es que nosotros permitamos que la tecnología nos supere.

La tecnología nos ha ayudado mucho, pero también nos ha perjudicado. Nos ha vuelto flojos. La implementación del espectro digital nos ha vuelto más públicos, exponiéndonos a ciertos temas con la influencia del contenido. n Finalmente, ¿identificas alguna problemática especial en la regulación jurídica de internet?

Sí, varias. Hay muchos temas que debemos conciliar, pero la libertad en la red es algo esencial que en algún momento tendrá que ser restringida, pues, si no, tendremos un gran problema. El establecimiento de límites es muy importante en este tema. 7

HACIENDA VISTA HERMOSA Km. 7 carretera Alpuyeca - Tequesquitengo, San José Vista Hermosa, Puente de Ixtla, Morelos, C.P. 62670

Teléfono: (734) 342 9040 www.haciendavistahermosa.com.mx

[ El notario responde ]

Según lo establece la Ley del Impuesto sobre la Renta todas las personas morales son contribuyentes. En una reforma de 2020 a esta ley, se establecieron algunas excepciones a esta regla.

Entre estas excepciones, se encuentran las donatarias autorizadas.

Rafael Azuela

Las personas morales no contribuyentes del isr y las donatarias autorizadas

E

n nuestro Derecho se reconoce la personalidad jurídica, es decir, la aptitud de ser sujeto titular de derechos y obligaciones. Este reconocimiento contempla, además, a las personas humanas, naturales o físicas, o a ciertas organizaciones o estructuras que, sin tener entidad real, para el sistema legal son personas llamadas morales o jurídicas, quienes precisamente por esa sanción legal también son titulares de derechos y obligaciones.

El legislador atribuye personalidad jurídica a las personas morales en consideración a un sinfín de razones, ya sea para dotar a los particulares de medios idóneos para la organización y el desarrollo de

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actividades profesionales o comerciales, para satisfacer necesidades de la administración pública mediante la creación de estructuras administrativas de gestión especializada, para la prestación de servicios públicos o atención de sectores estratégicos y prioritarios e, incluso, para contar con instituciones autónomas que regulen aspectos indispensables para la preservación del Estado Constitucional de Derecho en el país, entre otras.

En el ámbito fiscal federal, particularmente en materia de impuesto sobre la renta, el legislador estatuye un régimen de excepción para ciertas personas morales a las que, principalmente en función de su objeto, considera que

no persiguen fines de lucro y por eso, por regla general, no están sujetas a ese gravamen.

El régimen resulta excepcional toda vez que la Ley del Impuesto sobre la Renta (lisr) establece, en principio, que todas las personas físicas o morales serán contribuyentes siempre que tengan residencia fiscal en la República mexicana o que, sin ser residentes en México, perciban ingresos atribuibles a establecimientos permanentes ubicados en el país, o bien obtengan ingresos cuya fuente de riqueza se encuentre en México.

El título iii de la citada ley, “Del régimen de las personas morales con

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fines no lucrativos”, inicia la regulación determinando que las personas morales listadas en el artículo 79 no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. El mencionado catálogo fue adicionado por las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2020, y en sus 36 fracciones aparecen diversas personas morales, desde la Federación, entidades federativas y municipios, partidos políticos, entidades dedicadas al cuidado de la preservación de fauna y flora, asociaciones de colonos, hasta organizaciones patronales y sindicales, sólo por citar algunas.

En el comentado régimen de excepción existe, a su vez, una salvedad establecida en el artículo 81 de la lisr, consistente en que las personas morales listadas en el referido artículo 79 sí serán contribuyentes del impuesto sobre la renta en los casos en que perciban ingresos por enajenación de bienes, por intereses y por la obtención de premios, y para estos efectos tributarán conforme a las reglas establecidas en el título iv, “De las personas físicas”, y los pagos que realicen tendrán carácter de definitivos.

Adicionalmente, el artículo 217 del reglamento de la ley citada amplía la excepción a los ingresos por adquisición de bienes que perciban las personas morales del título iii, en el caso en que se adquiera un inmueble, la operación conste en escritura y el valor concluido en el avalúo exceda 10% o más el monto de la contraprestación pactada, salvo que el adquirente sea un partido político, asociación política, la Federación, una entidad federativa, municipios, instituciones que por ley estén obligadas a entregar a la Federación el importe íntegro de su remanente de operación y organismos descentralizados que no tributen conforme al régimen general de personas morales.

Recapitulando, puede enunciarse de manera correcta que, por regla general, todas las personas morales son contribuyentes del impuesto sobre la renta; que esta regla encuentra una excepción respecto de las personas listadas en el catálogo del título iii de la lisr y que esta excepción a su vez está exceptuada por los ingresos que dichas personas morales listadas perciban por alguno de los

conceptos citados en los dos párrafos anteriores.

No obstante lo expuesto hasta aquí, para tener el panorama completo, debemos referirnos a que la última excepción mencionada tiene otra excepción consistente en que si los ingresos por enajenación de bienes, intereses o premios, son percibidos por alguna de las personas referidas en el artículo 86 de la lisr, por sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro o por personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, no deberán pagar esta contribución.

En este punto, en relación directa con las personas morales autorizadas para recibir donativos, tiene gran relevancia el contenido sustantivo del contrato social y la actividad notarial, ya que la lisr establece de forma imperativa los requisitos que deben observarse para que la persona moral pueda ser sujeto de la autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta para el donante.

A manera de síntesis, los requisitos son los siguientes: a) Que su finalidad sea alguna de las reconocidas en la ley limitativamente, que podemos conceptuar, de manera general, como: i) actividades asistenciales; ii) enseñanza; iii) investigación científica y tecnológica; iv) promoción cultural; v) investigación, reproducción y preservación de flora y fauna silvestre, y vi) actividades cívicas y de promoción de derechos humanos. b) Que se dediquen a la consecución de su finalidad sin intervenir en campañas políticas o actividades de propaganda, salvo que realicen acciones que busquen influir en la legislación cumpliendo los requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (sat). c) Que destinen la totalidad de sus activos a las actividades comprendidas

En el ámbito fiscal federal, particularmente en materia de impuesto sobre la renta, el legislador estatuye un régimen de excepción para ciertas personas morales a las que, principalmente en función de su objeto, considera que no persiguen fines de lucro y por eso, por regla general, no están sujetas a ese gravamen. en su objeto social, salvo los casos que limitativamente regula la ley. d) Que al liquidarse o cambiar de residencia fiscal, o cuando dejen de tener vigente la autorización para recibir donativos deducibles, transmitan la totalidad de su patrimonio a otra persona moral que tenga autorización para este efecto. e) Que mantengan a disposición del público información relativa a la autorización, uso y destino de los bienes que reciban, entre otra, y además que informen al sat de los donativos en moneda nacional o extranjera, piezas de oro o plata que reciban, por un importe superior a 100 000 pesos; operaciones que celebren con partes relacionadas y servicios o bienes que reciban de quienes hayan sido donantes. f) En algunos casos, que cuenten con estructuras y procesos de gobierno corporativo.

Los requisitos mencionados en los incisos c y d deben constar en la escritura correspondiente con carácter irrevocable.

Por la complejidad del tema, la especialidad de los estatutos e, incluso, por la existencia de algunas redacciones que la autoridad fiscal considera prácticamente inmodificables, resulta siempre conveniente contar con la asesoría profesional de un notario, previa a la constitución de una persona moral que pretenda ser donataria autorizada. 7

Rafael Azuela es notario 18 de la Ciudad de México.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Hugo S. Ramírez García

La ciencia como objeto de un derecho humano ¿Qué comprende el derecho humano a la ciencia? ¿Qué debe tomarse en consideración para su positivización si se desea que sea ejercible? ¿Qué tiene que ver con la inclusión? Hugo S. Ramírez García nos comparte su opinión a la luz de la reciente iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnologías e Innovación que propuso al Congreso el Ejecutivo federal.

E

l 13 de diciembre de 2022 dio inicio el procedimiento legislativo para renovar la infraestructura normativa de la ciencia en México mediante la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnologías e Innovación (lghcti), postulada por el Ejecutivo federal.

Aún en estado de iniciativa, la lghcti ha provocado un diálogo público intenso. La mayoría de los comentarios que se han

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abogacía Febrero 2023

manifestado hasta ahora proponen una lectura política de la norma, subrayando la impronta ideológica del régimen que la impulsa. En esta oportunidad sugiero una aproximación diferente, enfocada en el reconocimiento del derecho a la ciencia postulado en la iniciativa con estos términos en su artículo 2: “Toda persona, de forma individual y colectiva, tiene derecho a participar en el progreso científico y tecnológico de la

humanidad, así como a acceder al conocimiento científico y gozar de sus beneficios sociales”.

El reconocimiento del derecho humano a la ciencia es la pieza central de la iniciativa si se tiene a la vista el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece el imperativo de conformar y alinear toda actividad que realiza el Estado mexicano con el contenido y las exigencias de los derechos humanos,

La ciencia es una práctica social de alto valor en razón de los beneficios que puede generar, lo cual justifica su reconocimiento como contenido de un derecho.

Fotografía: Freepik

Empresas y tecnología

incluida, por supuesto, la que llevará a cabo interpretando y aplicando las normas incluidas en la lghtci, cuando ésta llegue a aprobarse y entrar en vigor.

La cuestión más importante entonces radica en saber cuál es el alcance del derecho humano a la ciencia. Este artículo, sin duda insuficiente, es para despejar todas las incógnitas asociadas a esa labor; no obstante, intentaré delinear unos primeros trazos basándome en la observación general 25 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicadas, a principios de 2020. En este documento se destaca una idea fundamental, que igualmente es recogida por la iniciativa de lghtci: la ciencia es una práctica social de alto valor en razón de los beneficios que puede generar, lo cual justifica su reconocimiento como contenido de un derecho que comprende aquellas libertades para participar en la práctica científica y garantías suficientes, al mismo tiempo que adecuadas, para acceder a los bienes que tal práctica puede ofrecer.

Con el fin de obtener los frutos que se esperan del reconocimiento del derecho humano a la ciencia deben tenerse en cuenta su disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad como

condiciones para su adecuado respeto y ejercicio. ¿Qué se quiere decir con lo anterior? Que en el diseño de una norma, como se pretende con la iniciativa de lghtci, así como en su interpretación y su aplicación, se deberá garantizar, en primer lugar, que el progreso científico se despliegue realmente gracias a la contribución coordinada de diversos sectores sociales, fomentando su difusión por las vías más eficaces y adecuadas; en segundo lugar, que todas las personas, sin discriminación, accedan al progreso científico y a sus aplicaciones, bien como partícipes en el avance de las diversas disciplinas científicas o como usuarios de las aplicaciones de la ciencia, en particular cuando éstas sean relevantes para el ejercicio y el disfrute de otros derechos; en tercer lugar, cuando se hace referencia a la calidad dentro del derecho humano a la ciencia se ha de procurar la regulación y la certificación, según sea necesario, para asegurar el desarrollo y la aplicación responsables y éticos del conocimiento que se obtiene de esta práctica; en cuarto lugar, la ciencia como contenido de un derecho humano debe ser aceptable, es decir, que se explique y se difunda atendiendo a la diversidad de

contextos culturales y sociales que configuran la complejidad de nuestro entorno, sin que esto suponga una afectación a su integridad y a su calidad.

Como idea final resulta importante destacar que el proceso legislativo abierto por la iniciativa de lghtci, así como su eventual interpretación y aplicación cuando llegue a entrar en vigor, representan una oportunidad permanente para que en nuestra sociedad maduren los rasgos de una cultura incluyente e inclusiva, y ello a causa del bien sustantivo que subyace a la práctica científica: el conocimiento. Éste es, por antonomasia, un bien que se obtiene por la cooperación de muchos y a cuyos beneficios todos deben tener acceso. En efecto, vale la pena reiterarlo, la ciencia es un ciclo incluyente e inclusivo, pues es una práctica social con la que, de manera colaborativa, buscamos superar la ignorancia con el propósito de resolver infinidad de problemas, alentados por la curiosidad que caracteriza a nuestra especie.

Aquí lo justo se logra configurando un contexto de igualdad de oportunidades para participar en esta empresa del saber cuyos beneficios habrán de distribuirse sin exclusión, es decir, con criterios arraigados en el respeto irrestricto a la dignidad de cada una y uno. 7

Con el fin de obtener los frutos que se esperan del reconocimiento del derecho humano a la ciencia deben tenerse en cuenta su disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad como condiciones para su adecuado respeto y ejercicio.

Hugo S. Ramírez García es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, campus Ciudad de México.

EL PRESO. AÑO 2800

Miguel Bonilla López Sordo, mudo, ciego, sin tacto, incapaz de moverme.

Mi cerebro positrónico no tiene manera de expresarse ni de obtener información del exterior. Los únicos reportes que recibo provienen de mi red electroneural, que me indica que seguiré consciente por 81,012.46 días más.

El último dato que tengo del mundo es el de una turba humana: decenas de rostros descompuestos de hombres y mujeres, jóvenes y viejos; gritos enardecidos; manos que empuñaban garrotes de metal que atizaban contra mi cuerpo; injurias verbales contras mí; mi toga desgarrada por la horda; la peluca pisoteada en el negros asfalto, todo envuelto en un torbellino de luces parpadeantes, azules y rojas, aullidos de sirenas y sombras. Después alguien o algo pulsó el interruptor de pausado que me mantiene así.

Era nuevo: no alcancé a juzgar nada ni a nadie. Llevo así más de setecientos años.

Durante ese lapso (infinito en términos humanos) he sido yo y mi circunstancia: tan sólo memorias; ya no hay experiencia posible. Es poco probable que siquiera la ciudad aún exista: los humanos tienen (¿tenían?) rasgos de carácter que, en cálculo de probabilidades, los llevarían a la extinción en poquísimo tiempo, una centuria a lo mucho.

Aprendí eso en mi mínima interacción con ellos durante mi entrenamiento.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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D

esde hace más de 100 años la idea de los robots que desarrollan conciencia y toman el control de las instituciones y de los seres humanos, planteada por la literatura de ficción (empezando por la obra de teatro Robots Universales Rossum, del checo Karel Čapek) ante el acelerado desarrollo de la tecnología, se ha implantado en el imaginario colectivo como una preocupación que tiene que atenderse. En la actualidad, esa preocupación ha ido en aumento por el uso que la humanidad ha hecho de la tecnología, sobre todo en contextos bélicos. Así, han surgido campañas para detener el desarrollo de armamento que haga uso de inteligencia artificial, por ejemplo, o que promueve la creación de códigos éticos para el uso de estas tecnologías.

En el campo del Derecho, numerosos teóricos han pensado en las hipótesis a las que nos podríamos enfrentar si, en efecto, la ciencia ficción llegará a superar a la realidad. En este contexto, han surgido diversos cuestionamientos:

Mario Moisés Mansilla-Moya

¿Robots delincuentes?

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abogacía Febrero 2023

El avance tecnológico, aunado a la ficción en torno de los robots inteligentes, ha puesto a los abogados a pensar cómo regular ciertas hipótesis jurídicas.

En la actualidad, a la luz del marco legal vigente y de los avances tecnológicos en materia de inteligencia artificial, ¿es necesario imaginar la responsabilidad penal de las máquinas autónomas?

Mario Moisés Mansilla-Moya se adentra en la legislación civil y penal para realizar un análisis al respecto.

Empresas y tecnología

¿quién es culpable por los delitos cometidos por los robots?, ¿podrían ser encarceladas las máquinas? Si el robot adquiere una deuda —pensemos en el vehículo autónomo que choca contra otro vehículo—, ¿quién y cómo tendría que pagarla?

En este texto nos abocaremos a analizar, a partir de nuestra concepción del Derecho y de la legislación actual, una cuestión que llama la atención de manera particular a los autores del Derecho penal: ¿puede un robot ser sujeto de responsabilidad penal? Para responderla, empecemos por analizar qué entendemos por robot.

En principio, puede entenderse por esta categoría cualquier máquina; sin embargo, si nos limitamos a esta definición, en el análisis sobre si una máquina común y corriente es utilizada para la comisión de un ilícito penal, nos limitaríamos a determinar cuál fue el instrumento del delito. El análisis propuesto en este texto es más complejo y para realizarlo se requiere un entendimiento distinto de lo que es un robot. Para definirlo, entonces, tomaremos los elementos que establece la resolución del Parlamento Europeo del 16 de febrero de 2017 sobre lo que son los robots inteligentes: “Un soporte físico con la capacidad de adaptar su comportamiento y sus acciones al entorno, de adquirir autonomía y aprender a través de la experiencia y la interacción”.

En este entendimiento, entonces nos preguntamos: ¿puede un robot ser sujeto de responsabilidad penal? Cualquiera con una lógica jurídica básica puede responder con una rotunda negativa, simple y sencillamente porque nuestro sistema jurídico es antropocéntrico y los robots, por ser cosas, no gozan de personalidad jurídica.

Veamos el fundamento en el caso mexicano. El artículo 18

del Código Penal vigente en la Ciudad de México (cpdf) señala que las acciones y las omisiones delictivas sólo pueden realizarse dolosa o culposamente. Éste es un claro impedimento para que las máquinas puedan ser sujetas de responsabilidad penal, puesto que no puede atribuirse capacidades subjetivas a las cosas. Es así que, hasta el día de hoy, los robots solamente pueden ser instrumentos —y no sujetos— del delito. No se descarta, sin embargo, que en el futuro puedan llegar a ser sujetos imputables, pero eso implicaría una revolución no sólo en el Derecho penal sino en todo el sistema normativo que se tendría que configurar con una cosmogonía completamente distinta. Pero los avances tecnológicos aún no llegan al punto de crear esa necesidad.

Al respecto, la aludida resolución europea plantea los avances tecnológicos en el “desarrollo de determinados rasgos cognitivos y autónomos como la capacidad de aprender de la experiencia” (entendiendo esta autonomía como “la capacidad de tomar decisiones y aplicarlas en el mundo exterior, con independencia de todo control o influencia externos”), y a partir de ello se cuestiona si las normas que tenemos en materia de responsabilidad pueden hacerse extensivas a los robots “o si se requieren normas y principios específicos que aporten claridad sobre la responsabilidad jurídica de los distintos agentes y su responsabilidad por los actos y omisiones […] cuya causa no pueda atribuirse a un agente humano concreto”.

Pero volviendo a la cuestión penal hipotética, he de advertir al lector que la resolución del Parlamento Europeo se refiere a normas de carácter civil; entonces, ¿el Derecho penal no tiene relevancia o utilidad en la utilización de los robots? Ante

la presencia de estas máquinas, ¿necesariamente tendríamos que remitirnos a las normas en materia de responsabilidad civil objetiva?

El artículo 1913 del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) señala que hay responsabilidad objetiva “cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos automotores o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas [y] está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima”.

Este es el artículo que regula la prohibición de la responsabilidad objetiva en el Derecho penal (artículo 3 del cpdf) y que hace posible su aplicación en el Derecho de los robots, pues señala que la “acción u omisión penalmente relevantes deben realizarse dolosa o culposamente”.

En párrafos anteriores señalamos que los robots sólo pueden ser instrumentos —y no sujetos— del delito y, en ese sentido, el que pudiera ser responsable penal será quien lo controle directamente, siempre y cuando concurra dolo o culpa en su empleo.

Ahora, si bien es cierto que los avances tecnológicos aún no son suficientes para que haya una modificación en la teoría del delito, sí resulta interesante la prueba para atribuir la responsabilidad penal en el caso de los robots autónomos: ¿quién sería responsable en los casos en que un vehículo autónomo prive de la vida a una persona por un mal funcionamiento: el usuario, el propietario, el programador, quien lo vende? ¿Cómo determinamos la cadena de responsabilidad?

Las matemáticas me indican, pues, que el universo (mi universo) no existe ya.

No obstante, he consumido y consumiré el tiempo, mi tiempo, hasta el final, ordenando ficheros legales y extrayendo pautas de jurisprudencia de los miles y miles de casos que anidan en mi memoria, ensayando hipotéticos fallos para futuras causas. Lo haré una y una y otra vez, sin interrupción, sin prisa, sin cansancio, sin ansias aunque sí con esperanza, porque mi alma eléctrica, en lo más recóndito y oscuro, alberga un deseo que revolotea y se agita en forma incesante: el momento de despertar de nuevo, así sea en un planeta en tinieblas, aunque sea por fracciones de segundo, y que se me presente, entre cien millones de posibilidades en contra, pura y límpida, una oportunidad de juzgar: mi perfecta habilidad, mi única función, mi indiscutible teleología, mi preciso destino, mi alfa y mi omega, la prueba última de que he existido.

Publicado con autorización del autor.

Miguel Bonilla López, Los jueces eléctricos. Trece viñetas de un mundo distópico, Ubijus, México, 2020, pp. 71-73.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Empresas y tecnología

Nuestro sistema jurídico es antropocéntrico y los robots, por ser cosas, no gozan de personalidad jurídica.

El artículo 22 del cpdf establece las formas de autoría y participación refiriendo que son responsables del delito quienes: “i. Lo realicen por sí; ii. Lo realicen conjuntamente con otro u otros autores; iii. Lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento; iv. Determinen dolosamente al autor a cometerlo; v. Dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión, y vi. Con posterioridad a su ejecución auxilien al autor en cumplimiento de una promesa anterior al delito”.

Conforme a este precepto, debemos excluir de responsabilidad penal por la muerte del sujeto que sufrió el impacto del vehículo, tanto al programador como al vendedor, pues, al no tener el dominio del hecho ni servirse de otra persona como medio para cometerlo, no actualizan ninguna de las hipótesis legales. En el caso planteado, habría que analizar y probar el comportamiento del usuario ante el mal funcionamiento para determinar si faltó al deber de diligencia previsto en los reglamentos y los manuales respectivos para excluir la responsabilidad penal.

Es cierto que en esta hipótesis tampoco están completa-

mente excluidos de responsabilidad penal los programadores y los vendedores de esta nueva tecnología. Lo estarán únicamente por la muerte de la víctima; sin embargo, serán sujetos imputables si sus conductas encajan en algún otro tipo penal.

Por ejemplo, si, para evitar mala publicidad, el programador altera los indicios (porque ha de saberse que estos automóviles recolectan información al ser utilizados), simula o altera pruebas que hagan presumir la responsabilidad del usuario; entonces estarían cometiendo el delito de fraude procesal o simulación de elementos de prueba.

En conclusión, la normativa que tenemos en materia civil, administrativa, laboral y penal, por el momento resulta suficiente para atribuir las responsabilidades respectivas por el uso de las tecnologías de robots inteligentes. No se ha alterado el Derecho sustantivo en ese sentido; más bien, en lo que se deben empezar a especializar los abogados es en los temas tecnológicos para poder determinar la cadena de responsabilidades correctamente y comprender las pruebas en materia de tecnología, así como los protocolos para respetar la cadena de custodia digital.1 7

Para saber más al respecto, véase Mansilla M. M. Mansilla-Moya y M. Mansilla-Moya, “Cadena de custodia 2.0”, Revista Mexicana de Ciencias Penales, vol. 5, núm. 18, 2022, pp. 47-62, en https://doi.org/10.57042/rmcp.v5i18.574.

1

Fuentes de consulta Código Civil para el Distrito Federal (cpdf), publicado el 26 de mayo de 1928 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, México.

Reformado el 9 de enero de 2020.

Código Penal para el Distrito Federal (cpdf), publicado el 16 de julio de 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, México.

Reformado el 20 de julio de 2020.

Diario Oficial de la Unión Europea, C 252/239 de 16 de febrero de 2017. Resolución del Parlamento Europeo, 2017, Recomendaciones destinadas a la Comisión sobre Normas de Derecho Civil sobre Robótica, (2015/2103[INL]). P8_TA(2017)0051.

Mario Moisés Mansilla-Moya se ha especializado en la labor jurisdiccional penal así como en la investigación académica. Es editor fundador de la revista Pensamiento Jurídico Contemporáneo y autor de diversos artículos académicos. @revista_pjc.

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abogacía Febrero 2023

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Voces

Mateo Mansilla-Moya

Rafael Fontana:

Derecho de las

empresas n el mercado de los despachos que se dedican al Derecho de las empresas en el país, ¿qué distingue a Cuatrecasas?

Antes que nada, hay que decir que el mundo de los despachos legales en México es de primer nivel internacional por su gran calidad jurídica.

Cuatrecasas tiene más de 105 años de historia. Es un despacho que nació en Barcelona, España, pero que hoy ya no es un despacho español, sino iberoamericano, con más de 200 profesionales en la región y sedes en la Ciudad de México, Bogotá, Lima y Santiago. Este es un rasgo distintivo del despacho, lo que no quiere decir que seamos mejores ni peores que otros despachos en México en un ámbito del ejercicio de la profesión. Nos hemos expandido a Inglaterra, China, Francia, Italia, Portugal y a algunos países africanos. Tenemos la visión de seguir creciendo, aportando valor a nuestra gente, y cuidando a nuestro equipo, su talento, y a la juventud que se incorpora, pues nos preocupan sus carreras y sus inquietudes; así como atendiendo a nuestros clientes, aportándoles valor para que sigan creciendo y cumpliendo sus objetivos.

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n ¿Cómo ves el panorama del país para el desarrollo del Derecho de las empresas?

Brutal. México es un país excepcional.

Con una población de casi 130 millones de personas, tiene una media de edad impresionante, 29 años, y en la actualidad ocupa el decimosexto lugar como potencia en la economía mundial. Es cierto que este país mira mucho hacia el norte y que sus principales socios son Estados Unidos y Canadá, pero creo que también debería ejercer un papel de mayor liderazgo en Latinoamérica.

México es un país excepcional con gente excepcional. Una característica de los mexicanos es su orgullo. Es parte de su idiosincrasia y eso es extraordinario. Y con orgullo logran las metas que se han propuesto. Es muy satisfactorio compartir retos con quienes se sientes absolutamente capaces de alcanzar sus metas. n Sabemos que viniste a la Ciudad México a anunciar a los nuevos socios de Cuatrecasas. ¿Quiénes son? ¿Cómo mejorarán las acciones del despacho?

Hemos venido Antonio Bahena, nuestro director del área internacional y miembro del consejo de administración de la firma, y yo, presidente ejecutivo, a

darle la bienvenida al nuevo equipo que hemos integrado. Nos hemos fusionado con Rico, Robles y Libenson, S. C., un despacho de corporate finance creado en 2012 que ocupa una posición relevante por el tipo de clientes que tiene y de asuntos que lleva. A nosotros siempre nos anima integrar talento a nuestro despacho. Siendo un despacho con 105 años de antigüedad, no estaríamos donde estamos si única y exclusivamente nuestro crecimiento fuese orgánico.

Tenemos que crecer a partir de lo que en el mundo de la abogacía llamamos lateral hiring, incorporando talento que de alguna forma nos permita alcanzar juntos nuevas metas. n ¿Quiénes son los clientes de Cuatrecasas en México?

Tenemos los clientes que queremos tener y que nos quieren tener. Así es como realmente podemos aportarles valor y ayudarles a crecer. Nosotros crecemos con ellos, porque ellos nos ayudan a crecer; nos exigen y nos obligan a especializarnos en determinadas materias, para el asesoramiento jurídico y para la defensa. Los intereses legítimos de nuestros clientes han evolucionado muchísimo durante todos los años de historia

Rafael Fontana es experto en la planificación de grupos empresariales familiares, así como en el asesoramiento tributario y en fusiones, adquisiciones y joint ventures de grupos de empresas nacionales e internacionales. Actualmente es el presidente ejecutivo de la firma legal Cuatrecasas.

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Empresas y tecnología

Voces

que tiene la firma. Crecemos también porque no nos enfocamos únicamente en la materia sustantiva del Derecho mercantil y del Derecho fiscal, sino también en aquello a lo que se dedica el cliente y el sector al que pertenece, ya sea energía, Gobierno, seguros, grandes patrimonios. Eso nos obliga a contar con especialistas que conozcan bien el sector para que sepan cuáles son las inquietudes y los retos en una economía cada vez más globalizada. Es un tema que parte de lo local a lo global. Y cada día nuestro asesoramiento se vuelve más global. Es lo que nos hace estar, hoy por hoy, en tres continentes. n ¿Cómo ves el panorama político en México? ¿Es viable para el desarrollo de las empresas y para la inversión extranjera?

Lo veo con esperanza. Sin duda, el mundo de los negocios lo que requiere es confianza; los empresarios necesitan que haya confianza en las instituciones, seguridad jurídica, estabilidad. Porque el empresario

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abogacía Febrero 2023

es quien aporta la riqueza (pues la generación de puestos de trabajo no pretende única y exclusivamente hacer ganar dinero al empresario a costa de sus empleados, sino de producir riqueza para la gente, para el país, para las sociedades) y para eso requiere seguridad jurídica.

La colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá es un ejemplo de lo que se debe hacer. La reunión de los presidentes de esos países del norte con Andrés Manuel López Obrador es un paso importantísimo que da tranquilidad a los inversionistas.

La colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá es un ejemplo de lo que se debe hacer. La reunión de los presidentes de esos países del norte con Andrés Manuel López Obrador da tranquilidad a los inversionistas.

n Cuatrecasas tiene presencia en 23 países y más de un millar y medio de profesionales que trabajan en todas las ramas del Derecho de la empresa. ¿Por qué quiere crecer en México?

Porque México ofrece una oportunidad única para desarrollar la firma. Además, no sólo México sino la península y toda Europa. Es un mercado súper atractivo donde tenemos que convencer a nuestros

clientes y a nuestros despachos de que somos una excelente alternativa para prestarles servicios jurídicos de alto nivel y podemos ayudarles a resolver sus problemas, pues tenemos una gran ventaja cuantitativa con respecto al conocimiento de la cultura anglosajona y latinoamericana. Este coctel hace que nuestro servicio pueda tener un gran alcance. 7

Para leer

Para acceder al libro: Briceida Cervantes Sánchez

EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES (SIJPA) DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Ya van 50 publicaciones de la colección Investigación que edita el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), centro de investigación de la Fiscalía General de la República (fgr). Medio centenar de publicaciones parece fácil, pero al contrario, implica una excelente gestión de recursos, principalmente humanos, ya que son las y los investigadores del Inacipe quienes tienen la función de investigar temas fundamentales de la agenda política criminal nacional.

Entre esos investigadores encontramos nombres como Luis Rodríguez Manzanera, María de la Luz Lima Malvido, Eliseo Lázaro Ruiz, Alex Rueda Rueda y Ricardo Gluyas Millán (por mencionar algunos), bajo la batuta del director de investigación Manuel Jorge Carreón Perea.

Una investigadora que no mencioné en el párrafo anterior es la doctora Sofía Magdalena Cobo Téllez, lo cual fue a propósito, ya que es justo de ella el libro número 50 de la colección Investigación que

LOS JUECES ELÉCTRICOS La literatura y el Derecho son disciplinas que se encuentran vinculadas de diversas formas; una de éstas es el papel que la literatura de ficción puede tener en la educación de los juristas al humanizar esta ciencia social.

En su texto Derecho y literatura: en la frontera entre los imaginarios jurídico y literario, François Ost menciona una serie de motivos por los cuales los estudiantes del derecho deben leer literatura de ficción: “De la confrontación de los futuros juristas a los métodos y los textos literarios se espera a la vez, la adquisición de competencias técnicas (mejorar la expresión escrita y oral, y la capacidad de escucha y de diálogo) y la difusión de capacidades morales necesarias para ejercer la profesión de jurista: poner más atención en la diversidad de situaciones (particularmente aquellas que sufren los marginados), el afinamiento del sentido de la justicia y la adquisición de un sentido de las responsabilidades políticas inherentes a las funciones de juez y abogado”.

Entre quienes reflexionan y ejercen el Derecho a la luz de estas perspectivas se encuentra el doctor Miguel Bonilla López, quien ha escrito diversos textos al respecto, entre los que podemos hacer mención del más reciente: Érase que se era un juez. Ilustración de virtudes y vicios judiciales en la literatura (Ubijus, 2020).

A través de 13 viñetas, siguiendo la teoría de los mundos posibles, el doctor Bonilla López plantea un mundo distópico en el que las máquinas pueden juzgar las controversias de los seres humanos, y en el que, antes que respuestas se plantea una serie de preguntas que invitan a los lectores a reflexionar sobre cuestiones particulares en torno del genérico juzgar, entre las cuales se encuentran las siguientes: ¿qué es la justicia?, ¿qué define lo que es justo?, ¿qué papel juegan la experiencia y las emociones en el proceso de emitir un fallo?, ¿qué límites ha de tener el juez al decidir? y ¿qué sentido último tiene el acto de juzgar?

lleva por título El sistema integral de justicia para adolescentes (sijpa) desde una perspectiva de género.

La obra está compuesta por dos capítulos más un apartado de conclusiones en los cuales se aborda la importancia de transversalizar la perspectiva de género en el sijpa y se expone un diagnóstico nacional de mujeres adolescentes en el sijpa de 2017 a 2019, lo que representa un importante trabajo de análisis y síntesis de información en un tema tan importante y que es tratado con seriedad en nuestro contexto jurídico.

Me parece que este libro, a pesar de contar con un nicho de mercado muy definido (quienes trabajan temas de ejecución penal), está tan bien redactado que fácilmente podría ser consultado por personas que no están versadas sobre este tema.

Mi recomendación es que se acerquen a esta obra que pueden adquirir en físico o a través de plataformas digitales. _______ Sofía Magdalena Cobo Téllez Instituto Nacional de Ciencias Penales 2022

La colección de viñetas no solo sirve para el estudio del Derecho por los temas que aborda sino que además está dirigida a la educación jurídica desde su origen. Dice el autor al respecto: “La literatura puede formar a los futuros juristas a través de novelas, cuentos o tragedias, u otras formas narrativas contemporáneas como el cine, las series o los videojuegos: permite introducir a los jóvenes de manera atractiva y desafiante en el examen de los grandes problemas que presenta el ejercicio de la jurisprudencia. “[…] Solo quiero que el estudiante universitario, un muchacho o una joven que están ahora mismo por decidir su vocación como juristas, encuentren un material interesante que les permita generar sus propias reflexiones y los motive –ojalá– a escoger la judicatura como su destino.”

Con una redacción clara, sencilla, y una narrativa singular, cada viñeta aborda una temática diferente. El estudio de los vínculos entre el Derecho y la Literatura genera posibilidades prácticas para que los juristas puedan reflexionar en torno a sus quehaceres en el mundo jurídico desde perspectivas éticas, críticas, tendientes a la concreción de la justicia. Una de estas posibilidades es la instrumentalización de los textos literarios para la educación de los potenciales operadores jurídicos.

Los jueces eléctricos. ¿Qué significa juzgar? del magistrado Miguel Bonilla López es el perfecto ejemplo de un instrumento literario hecho para la formación del estudiante de Derecho. La lectura de este libro es urgente en las aulas de escuelas, facultades y colegios que educan a los juristas, pues las reflexiones a las que nos invita el autor son acordes a las necesidades sociales actuales relacionadas con la impartición de justicia en México: necesidades que tienen que ser atendidas para sacar de la crisis a nuestro Estado Democrático de Derecho. _______ Miguel Bonilla López Ubijus 2020

Para acceder al libro:

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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GRANDES PROCESOS DE LA HISTORIA

Isac Abdala Méndez Vargas

LOS JUICIOS DE SALEM Y EL DEBIDO PROCESO Los tribunales establecidos para realizar

los conocidos “juicios de Salem” han sido ampliamente criticados por sus funda-

mentos, sus métodos y su visión. Y aunque parecieran superados, por haber evolucionado el humanismo en los sistemas jurí-

dicos, el sistema penal mexicano con sus

prácticas no es tan diferente, según afirma Isac Abdala Méndez en este texto.

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n la tradición oral mexicana existe una frase muy conocida, la cual hace referencia a un proceso irregular, intransigente, pero sobre todo injusto: “Es una cacería de brujas”. Tanto en contextos jurídicos como no jurídicos es posible inferir que cuando es referida tal situación se entiende que existe una o varias personas: las brujas; una suposición o una conducta atribuida: ¿qué hicieron o no hicieron?, y una presunta participación, pero el elemento sine qua non para que exista una cacería de brujas es la incapacidad de defenderse y de acceder a la justicia.

En los años 1600, en la actual tierra de las libertades, se desarrollaron sucesos desafortunados en materia de derechos humanos. Los padres peregrinos que llegaron a América y fundaron las primeras colonias europeas en el nuevo continente

no sólo trajeron sus posesiones, su idioma o el protestantismo, sino también su derecho, su ley y sus creencias, en ese momento correctas, y en tiempos actuales, inconcebibles.

Ante este contexto, en la aldea de Salem, Massachusetts, una familia muy tradicional de la época, compuesta por un reverendo —es decir, una persona de reconocido estatus dentro de una orden religiosa—, tres adolescentes y una esclava afrodescendiente. El jefe de familia, el reverendo, se conducía con ánimo de agradar a Dios en todos sus actos, hasta límites obsesivos; las adolescentes desarrollaban las actitudes propias de su edad, de su curiosidad y de su interés por saber cómo funciona el mundo, y la esclava se dedicaba preponderantemente al cuidado y la convivencia con las jóvenes.

En alguna de las múltiples pláticas que tiene una cuidadora

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con las personas bajo su tutela se tocó el tema de la brujería y los rituales vudú, los cuales, por una serie de infortunios, fueron ligados con sucesos extraños en la época, hechos que en la actualidad tendrían una explicación en demasía lógica.

Las personas de la aldea comenzaron a advertir extraños sucesos, movimientos violentos en personas inconscientes, probablemente convulsiones, y relatos poco creíbles de individuos que giraban alrededor de un caldero en el centro del bosque, lo cual inmediatamente relacionaron con actos de brujería, y como todo acto o delito, debía haber un sujeto que realiza la conducta.

Ante los dimes y diretes, en 1692 se creó un tribunal especial, hecho que a la luz de nuestra ley suprema estaría totalmente prohibido, pero atendiendo al contexto y a la premura de la situación fue la mejor opción para determinar la naturaleza, el autor y la sanción que debían tener estos actos. Muy al estilo del common law, los magistrados Jonathan Corwin y John Hathorne iniciaron una audiencia, donde las primeras en subir al estrado fueron las hijas adolescentes del reverendo, quienes, ante la presión, mencionaron aleatoriamente nombres de supuestas brujas. A su vez, las acusadas, en su mayoría mujeres, mediante un instinto de supervivencia, mencionaban otros nombres, atribuyéndoles conductas aún más graves.

Frente a la presión, la humillación pública y la indefensión, la mayoría de los acusados confesó haber realizado actos de brujería. Las pruebas hacían referencia a un carácter introvertido, al contenido de sueños, a apariciones de espíritus y a

pociones que daban a tomar a animales y cuyo efecto en ellos confirmaba o negaba alguna circunstancia. Después del juicio que violaba todos sus derechos y ponía en entredicho su dignidad como personas, la cárcel parecía un lugar seguro y reconfortante, en virtud de que era conocido para todas las personas que las leyes de aquel Estado prohibían la pena de la horca, hasta ese momento.

La gravedad y lo mediático de los asuntos sujetos a juicio fueron razones suficientes para crear tribunales especiales. Pero no sólo eso: también reactivaron prácticas barbáricas que fueron eliminadas porque tenían similitudes con las poco ortodoxas costumbres de los nativos americanos.

Finalmente, decenas de personas murieron en la horca.

Nada raro en esa época. En ese punto de la línea del tiempo incluso es admirable la creación de un tribunal para tratar de aclarar los hechos supuestamente constitutivos de delitos, ¡claro, de forma muy incipiente!

En los años más modernos y progresistas del siglo xxi es fácil jactarse del sistema jurídico, garantista, respetuoso de los derechos humanos, constitucional y convencional que se tiene, pero aun cuando se cuenta con leyes, jurisprudencia, doctrina y, sobre todo, la experiencia del pasado, siguen desarrollándose juicios como los de Salem, pues miles de personas en México enfrentan procesos con cargas probatorias incipientes, acusaciones laxas y miles de vicios en el procedimiento judicial.

En el Derecho penal mexicano, coincidentemente con lo que ocurrió en Salem y en muchos otros casos por demás conocidos nacional e internacionalmente, se determinaron

todas aquellas prácticas incorrectas y violatorias de derechos humanos, etiquetándolas con “no hacer” en mayúsculas. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene todo aquello que debe hacerse y no hacerse en un proceso.

Antes de explicar su contenido es importante puntualizar que el derecho al debido proceso tiene carácter de derecho humano, calidad que por desgracia fue obtenida mediante el reconocimiento de los países respecto de la ineficacia de muchos casos en los que la dignidad y los derechos de las personas acusadas fueron violados.

Ahora, ¿cómo la Constitución y los tratados internacionales pretenden evitar que situaciones del tipo antes descrito sigan ocurriendo?

El contenido tanto constitucional como convencional establece principios mínimos de garantía para los acusados, como igualdad procesal, derecho de audiencia, legalidad, contradicción y a ser vencidos en juicio, poniendo como eje del proceso el esclarecimiento de los hechos. Cuando llevaron a juicio a las supuestas brujas, el objeto del juicio debió haber sido conocer por qué las adolescentes convulsionaban y las “pruebas” ofrecidas debieron haber sido comprobadas y sustanciadas por quien las ofrecía, no por quien se defendía.

En este orden de ideas, los juzgadores deben tener convicciones firmes de aquello que condenarán. En ningún momento pueden realizar analogías o determinar según sus propias creencias o sus ideas.

Por eso, todas las personas sujetas a juicio, aun cuando la multitud las acuse, serán inocentes hasta que un procedimiento con

Miles de personas en México enfrentan procesos con cargas probatorias incipientes, acusaciones laxas y miles de vicios en el procedimiento judicial.

La gravedad y lo mediático de los asuntos sujetos a juicio fueron razones suficientes para crear tribunales especiales.

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todas las formalidades determine lo contrario.

Finalmente, el derecho a una defensa adecuada: qué diferentes habrían sido los juicios de aquellas personas ante la existencia de un tercero que usara la voz por ellas, que mediante

el conocimiento de la ley velara por proteger su dignidad y sus derechos.

Analizar un suceso que ocurrió hace tanto tiempo pone en perspectiva qué tanto se ha avanzado en la impartición de justicia; la sociedad en general

tiene ideas negativas del sistema penal en México y las estadísticas no hacen que cambie su opinión.

Las personas abogadas deben promover el análisis de hechos como el narrado, aprender de los errores del pasado y no cometerlos en el presente.

Una de las críticas más recurrentes del nuevo sistema penal versa sobre la gran cantidad de garantías y derechos que tienen las personas ante un proceso penal. Y la gran tarea de los abogados y las abogadas hasta este punto es explicar y contribuir a una cultura que no vea a las personas acusadas como delincuentes per se, sino que las vea como personas que probablemente cometieron un delito, pero que probablemente no. Ese beneficio, esa duda, cambia toda la perspectiva acerca de cómo debería ser tratado un procedimiento y, por consiguiente, el sujeto que participa en él.

El debido proceso es un derecho en construcción en México y en el mundo. Los eventos trágicos que evidenciaron su necesidad no deben seguir ocurriendo: el proceso de mejora siempre proviene del error y analizar los errores humaniza y transforma.

Es lo que necesita el Derecho: humanizar para transformar. 7

“El debido proceso es un derecho en construcción en México y en el mundo [...]

El proceso de mejora siempre proviene del error y analizar los errores humaniza y transforma.”

Referencias Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1. 13. 20, 5 de febrero de 1917.

García Ramírez, S. (2006), “El debido proceso: concepto general y regulación en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, pp. 15-19.

Morales Estévez, R. (2018), “Brujas, libros y cintas de video: literatura en torno a los juicios de Salem”, Edad de Oro, núm.

37, en https://doi.org/10.15366/edadoro2018.37.009.

Sadurni, J. (2020), “La caza de brujas de Salem”, National Geographic en Español, pp. 1-5.

Isac Abdala Méndez Vargas estudia la licenciatura en la Universidad La Salle Pachuca.

Tiene diplomados en Derecho corporativo y de negocios, y Derecho notarial por el ITESM, así como en materia de derechos humanos por la Comisión de Derechos Humanos en Hidalgo. Actualmente es practicante judicial en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del estado de Hidalgo con sede en Pachuca.

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Empresas y tecnología

Ismael Dionisio Valverde Ambriz

Regulación de las Criptomonedas Existe un área de oportunidad en el mundo de la criptomonedas; particularmente, en lo relativo a las respuestas legales transfronterizas que se tienen que dar en la materia. Ismael Dionisio Valverde Ambriz señala los vacíos regulatorios producto de la carencia de un marco legal.

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n la primavera de 2022 las debilidades idiosincrásicas y las condiciones macroeconómicas adversas se combinaron para precipitar una gran crisis en las criptomonedas. Pero esa crisis también ofreció una oportunidad.

Si los reguladores y la industria de la criptografía cooperan y ponen orden en muchas jurisdicciones del sector, los equipos de criptomonedas podrán centrarse en la innovación en lugar de la especulación. Aún así, abundan los obstáculos para un crecimiento “sano” de esta industria financiera:

desde problemas de anonimato y resistencia a la censura hasta criptomonedas que no incorporan reclamos legales sobre ninguna entidad.

En noviembre de 2021, la capitalización del mercado general de los criptoactivos superó los 2.9 billones de dólares. En agosto de 2022 se redujo a 1.2 billones de dólares. Esta dramática caída siguió en parte un patrón general de aversión al riesgo impulsado por el aumento de la inflación, una política monetaria más estricta (tal y como se analizó en el número pasado) y temores de

recesión. El resto se debió a las debilidades de larga data del sector, que ya no se ocultan tras las entradas de capital nuevo.

Las prácticas fraudulentas, la mala gestión del riesgo y las estrategias de gobernanza inadecuadas precipitaron el fracaso de grandes proyectos y equipos, incluida una criptomoneda algorítmica llamada Terra 3, el criptoprestamista centralizado Celsius y el fondo de inversión Three Arrows Capital.

A medida que la confianza en el ecosistema de las criptomonedas se desvanecía, los principales tokens (otra palabra para criptomoneda), como Bitcoin y Etherium, perdieron más de la mitad de su valor. Si bien la peor parte de la crisis parece haber pasado, los precios de los activos no se han recuperado y la inversión en este tipo de activos se está desacelerando.

Entonces, la pregunta realmente importante es si este es el fin de las criptomonedas No es necesario que lo sea, siempre que los reguladores y la industria encuentren una manera de trabajar juntos.

La ventana de oportunidad La salida en bandada de los especuladores y el estallido de las burbujas financieras brindan a la industria de la criptografía la oportunidad de concentrarse en corregir sus errores y desarrollar una mejor tecnología, sin distracciones de rendimientos financieros exagerados.

Este es el momento de la autodisciplina y un enfoque más definido en la seguridad, la descentralización y la escalabilidad. Muchos experimentos interesantes ya están en marcha. El ejemplo más llamativo es quizás el de las llamadas Capa. Este tipo de tecnología es una solución de infraestructura financiera y de información que mejora la velocidad y reduce el costo de las transacciones basadas en blockchain o cadenas de bloque.1 Otras áreas de rápido crecimiento van desde la investigación sobre privacidad que preserva las pruebas de identidad criptográficas hasta productos de consumo como tokens no fungibles (nft, por non-fungible tokens) en los mercados de las artes y el entretenimiento.

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[ Perspectiva económica ] Al mismo tiempo, el mundo de la criptografía finalmente se regulará de manera integral en muchas jurisdicciones, con instituciones internacionales como la Junta de Estabilidad Financiera que brindan un foro para la coordinación. La Unión europea se encuentra en la etapa más avanzada y se espera que la Regulación de Mercados en Criptoactivos (micar, por markets in crypto asset regulation ) entre en vigor en este año. El Reino Unido anunció en abril de este año que presentará un paquete regulatorio como parte de un esfuerzo por convertir al país en un centro para la industria.

Otros países, como Japón, Canadá, Australia y Corea del Sur están implementando leyes criptográficas con un espíritu similar.

La innovación y la seguridad jurídica pueden ser los cimientos sobre los que florezca la industria de las criptomonedas. Para lograr los objetivos previstos por sus defensores: seguridad cibernética mejorada en todo el mundo digital, protección efectiva de los derechos de propiedad, innovación de productos y procesos en finanzas y otros sectores, reequilibrio de poder entre proveedores y usuarios de servicios digitales con el llamado modelo Web3, creación de oportunidades para grupos desfavorecidos, y más, se debe cumplir una condición importante y desafiante. Los reguladores y la industria deben cooperar de manera constructiva y creativa, para que las leyes no sean superadas por la tecnología o eludidas por jugadores de mala fe. Esto, sin lugar a duda, no va a ser fácil.

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Los retos por vencer Existen varios obstáculos potenciales en el diálogo entre los reguladores y el sector privado. Los activos negociados en los mercados financieros tradicionales representan reclamos sobre entidades definidas e incorporan ciertos derechos legales. Este no siempre es el caso en los criptomercados, lo que puede crear un problema regulatorio.

Una parte de la propuesta de valor de las criptomonedas permanece vinculada a sistemas que permiten el anonimato de los participantes al tiempo que brindan resistencia a la censura, es decir, la imposibilidad técnica de bloquear cualquier transacción en una cadena de bloques sin permiso. Los desarrolladores de criptomonedas generalmente prefieren un mayor grado de descentralización y automatización. Algunos incluso ven la falta de reglas como una puerta de entrada a la inclusión financiera y la movilidad social. Sin embargo, como se puede entender, estos rasgos no encajan bien con los marcos legales formales.

Se puede llegar a un grado de compromiso en muchas facetas de estos problemas, especialmente si se aprovecha todo el potencial de los “sandboxes regulatorios”2 y los centros de innovación. En esos espacios protegidos, que ya están activos en muchas jurisdicciones, las autoridades y la industria pueden aprender el “idioma” de los demás y conjurar soluciones que preserven el Estado de derecho sin desviarse drásticamente del “espíritu” de las criptomonedas.

Por ejemplo, la descentralización no significa nece-

sariamente falta de responsabilidad legal. Si bien, algunos actores criptográficos están interesados ​​​​en la “no gobernanza”, se puede deducir que la automatización completa e inmutable de los protocolos de las criptomonedas están gobernados en última instancia por alguien. A este tipo de actores se les denomina Fintech como organización autónoma descentralizada (dao, por decentralised autonomous organization). Legislar una dao puede ser la clave para equilibrar los intereses en este sector, además de que proporcionaría más claridad sobre los

al mínimo las fugas de información. Dichas tecnologías permitirían el anonimato de las partes interesadas con respecto a cualquier persona, excepto a las autoridades, sin necesidad de proporcionar información personal a los intercambios ni a ninguna otra empresa.

La resistencia a la censura es el problema más difícil de resolver. Es un correlato esencial de la falta de confianza, uno de los objetivos clave de las criptomonedas en el momento de su creación.

Bitcoin nació originalmente para permitir transacciones

Una parte de la propuesta de valor de las criptomonedas permanece vinculada a sistemas que permiten el anonimato de los participantes al tiempo que brindan resistencia a la censura.

El anonimato financiero y de información plantea problemas más espinosos, pero aún se pueden encontrar soluciones si ambas partes están dispuestas a ceder algo de terreno. reclamos legales incorporados en algunos tokens.

El anonimato financiero y de información plantea problemas más espinosos, pero aún se pueden encontrar soluciones si ambas partes están dispuestas a ceder algo de terreno. Por ejemplo, los reguladores podrían fomentar el uso de tecnologías de identificación que reduzcan

seguras entre pares, sin necesidad de depender de un intermediario “confiable”. La integridad de las transacciones debía garantizarse únicamente mediante un algoritmo transparente, de modo que se pudiera descartar cualquier abuso. Permitir que una tercera entidad “interfiera” en las transacciones socava profundamente este concepto. Por

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otro lado, la resistencia a la censura en toda regla impide que los Estados controlen el acceso a la infraestructura financiera para la proyección de poder interno y externo, una prerrogativa esencial incluso en las jurisdicciones más liberales.

Este tema está cada vez más en el ojo público. En el verano de 2022 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (ofac, por Office of Foreign Assets Control) de Estados Unidos impuso sanciones a un conjunto de contratos inteligentes que disminuyen la trazabilidad de algunos criptoactivos. El problema fue que piratas informáticos de Corea del Norte habían utilizado los contratos para lavar fondos ilícitos. Este fue un movimiento sin precedentes, ya que las sanciones generalmente se dirigen a personas o empresas nombradas, no a un “código”.

Las sanciones son un instrumento muy poderoso que expone a cualquiera que interactúe o utilice este código al riesgo de encarcelamiento durante décadas. La decisión de la ofac abrió un feroz debate que recuerda a los

debates sobre encriptación que se libraron en los tribunales estadounidenses en la década de 1990.

Faltan opciones para abordar las desventajas de la resistencia a la censura. Los reguladores podrían cargar sus propios contratos inteligentes en las cadenas de bloques (blockchain) más utilizadas, con el objetivo de rastrear operaciones sospechosas, pero este enfoque no es equivalente a poder bloquear una transacción. Es una opción que preserva la integridad del ecosistema, a costa de lentos pasos en los tribunales en caso de que se encuentre algo adverso.

Una alternativa exigiría que los desarrolladores incorporen ciertos controles en los protocolos de información, cuando la cadena de bloques (blockchain) se encuentra en la etapa incipiente aún centralizada, de la misma manera que muchos fundadores de protocolos ya incluyen algunas direcciones en la lista negra de forma voluntaria.

Además, la actualización de los controles tendría que ser

realizada directamente por las autoridades, pero las acciones que se les permitiría hacer podrían restringirse desde el principio de manera transparente para evitar abusos por parte de la autoridad.

Esto permitiría una aplicación más rápida de la regulación, pero estaría profundamente en desacuerdo con los valores criptográficos que pregonan la descentralización.

Autoridades como el Fondo Monetario Internacional

ya abogan por la creación de un solo marco regulatorio que sea aplicable para todas las operaciones financieras elaboradas en tecnología blockchain . Si se crea un marco legal coordinado se podrán evitar vacíos regulatorios y facilitar las respuestas legales transfronterizas.

Como se puede ver hay un gran campo de oportunidad para la teoría jurídica en el mundo Fintech y de las criptomonedas. 7

Seguramente se ha preguntado qué es blockchain; pues bien, se refiere a una red de registro de información, en la que todos los que se conectan a esa red, tienen una copia de toda la información. Esta información a su vez, se almacena en nodos que la pasan de un bloque a otro de forma encriptada pero transparente, de tal manera que todos pueden “verla”, pero nadie puede modificarla. Por esa razón el blockchain es utilizada en las operaciones financieras criptográficas pues, en esencia, los criptoactivos son simplemente códigos que se almacenan en esta red de registro o bloques, donde los agentes involucrados tienen total transparencia de sus operaciones, pero no pueden alterar nada, de manera que hay un gran esquema de seguridad en las transacciones.

2 El término sandbox regulatorio es relativamente nuevo y es utilizado en el mundo de las Fintech. Se refiere a la creación de campos de prueba para modelos de negocio que habitan en un “ecosistema” aún no regulado ni protegido por ninguna legislación.

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Ismael Dionisio Valverde Ambriz es maestro en economía. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación en la Comisión Económica para América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y el Desarrolloentre otros organismos. Es editor de exploring-economics.org, miembro del Financial Stability Working Group del Institute for New Economic Thinking y articulista en Excélsior.

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Rubén Darío Merchant Ubaldo

¿Puede una empresa demandar daño moral? ¿De qué manera debe interpretarse la categoría persona cuando se trata de daño moral? Si es de manera estricta, reduciéndola únicamente a las personas físicas, las personas jurídicas quedarían excluidas de la posibilidad de exigir la indemnización de las afectaciones que se les pudieren ocasionar por cualquiera de los supuestos legales. A través de un análisis de la legislación civil mexicana, a la luz de lo que ha establecido el máximo tribunal del país, Rubén Darío Merchant Ubaldo nos plantea una respuesta a esta interrogante.

S

on pocos los asuntos que han conocido los tribunales en Latinoamérica relacionados con la figura del daño moral, en comparación con lo que ocurre en otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Italia y España, este último uno de los Estados miembros de la Unión Europea que menos restringen la concesión de daños morales. Tal vez lo anterior obedezca a un problema en su acreditación mediante diversos medios de prueba y en la cuantificación del daño sufrido.

Ahora bien, en la mayoría de los casos se ha accionado judicialmente el daño moral en lo relativo a la persona física por la afectación de los bienes extrapatrimoniales o intangibles. En la legislación mexicana, el artículo 1916 del Código Civil Federal refiere que “por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás”.

Durante mucho tiempo se ha discutido la posibilidad de que las personas jurídicas sean susceptibles de sufrir “daño moral”, ya que la legislación civil, al referirse a tal concepto, enumera en cuáles bienes una persona puede padecer ese daño. Por eso resulta conveniente hacer un examen en el sentido de advertir si una empresa tiene legitimación activa para demandar daño moral.

Por consiguiente, en la legislación civil que se cita se observa que, al señalar el término persona, están incluidas tanto las personas físicas como las jurídicas, también llamadas personas morales, dentro de las que se encuentran

las empresas y que son susceptibles de resentir una afectación. De no ser así, se limitaría el acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.

A mayor corolario, en sesión de fecha 26 de enero de 2005 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia 1a./J. 6/2005 de rubro “daño moral. las personas morales están legitimadas para demandar su reparación en caso que se afecte la consideración que tienen los demás respecto de ellas (artículo 1916 del código civil para el distrito federal)”, con lo que se reconoció que las personas morales, por ser también sujetos de derechos y obligaciones, según los artículos 25 a 27 del Código Civil para el Distrito Federal, adquieren personalidad para realizar ciertos fines distintos a los de cada uno de los miembros que las componen, como lo establece el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; que obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, y si el derecho les atribuye la calidad de personas morales a esas colectividades que adquieren unidad y cohesión a través de la personalidad, y por medio de esta construcción técnica les permite adquirir individualidad de manera similar al ser humano, y toda vez que el daño moral está íntimamente relacionado con los derechos de la personalidad, es indudable que LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Dicho criterio jurisprudencial cambia radicalmente el cuestionamiento que imperaba en los órganos jurisdiccionales respecto de si, efectivamente, las personas jurídicas podían demandar el pago de un daño moral. por equiparación y analogía los conceptos relativos a la reputación y a la consideración que de sí mismos tienen los demás también se aplican a las personas morales.

Dicho criterio jurisprudencial cambia radicalmente el cuestionamiento que imperaba en los órganos jurisdiccionales respecto de si, efectivamente, las personas jurídicas podían demandar el pago de un daño moral, o si tal acción sólo correspondía a las personas físicas, atribuyéndoles valores que antes sólo eran concebidos para éstas.

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Amén de considerar que resulta pertinente invocar el aforismo que ha sido aplicado reiteradamente en el contexto de interpretaciones jurídicas: “Donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir”.

Similares criterios han adoptado los tribunales en países como Chile, Perú, Colombia, Brasil y España, en los que se ha sostenido que las personas jurídicas sí sufren daño moral y éste es susceptible de ser reclamado e indemnizado. Lo anterior en razón de que existe una lesión de derechos de personalidad, como el honor y la reputación, bienes jurídicos de los que indudablemente pueden ser titulares las personas jurídicas.

No se puede soslayar que el riesgo de posibles daños ocasionados como consecuencia de las relaciones jurídicas se encuentra latente en elementos subjetivos como el buen nombre, la reputación y la calidad de los bienes y servicios que se tornan trascendentales; esto es, el descrédito que puede disminuir las ganancias que se pensaba obtener con una repercusión de carácter económico.

Cabe destacar que, en relación con las instituciones del Estado como personas jurídicas públicas, no les resulta aplicable similar analogía de afectación por daño moral. Lo anterior en razón de que, en primer término, no tienen un fin de lucro, es decir, el fin que persiguen es la atención de un servicio público, y, en segundo lugar, acorde con su naturaleza, se está expuesto de manera constante a la crítica, la conformidad o la inconformidad de la ciudadanía. Aunque existen mecanismos como la “malicia efectiva” regulada en la legislación de la Ciudad de México, que posibilitan a un servidor público el reclamo ante la justicia por la afectación en su patrimonio moral por opiniones y/o informaciones difundidas a través de los medios de comunicación.

Es válido que la pregunta planteada en el presente razonamiento genere polémica y que haya opiniones en contrario, en el sentido de considerar sutilmente que las personas jurídicas no tienen sentimientos, o bien, que la afectación económica se refiera a un lucro cesante y, en

consecuencia, no exista un daño moral. Sin embargo, los impartidores de justicia y los operadores jurídicos debemos considerar nuevos paradigmas y hechos que ocurren en el mundo fáctico, que requieren una adecuación jurídica y el acceso a la justicia, como ocurrió con la reforma constitucional en México en junio de 2011 en materia de derechos humanos, al considerar, conforme a los criterios del máximo tribunal del país, que también se incluía en el bloque de derechos a las personas morales de acuerdo con su naturaleza jurídica.

También sería conveniente abordar otros cuestionamientos aleatorios en torno del caso planteado: ¿En qué consistiría la afectación y las pretensiones? ¿Cuáles serían los medios de prueba necesarios para acreditar el daño moral en perjuicio de las personas jurídicas? ¿Cómo se determinaría la cuantificación? Desde luego, se requiere otro estudio y análisis para advertir las respuestas.

Bajo las anteriores consideraciones, en un juicio de daño moral debe acreditarse el desprestigio social y empresarial, lo cual se ve reflejado en las repercusiones que tuvo una empresa luego de la publicación de una nota dañina para su imagen. Por consiguiente, es menester que se aporten al juzgador elementos ilustrativos de ese daño a su reputación, como sería la presentación de evidencias de clientes y proveedores que se desvincularon de su relación comercial a partir de la difusión de la información dañosa, o de entidades financieras que habrían dificultado o negado la concesión de créditos a la empresa con motivo de esa mala publicidad; impactos negativos en el precio de sus acciones después de su publicación, e, incluso, renuncias en masa o afectaciones a la moral de los empleados que mermaron su estabilidad o productividad.

Cada caso particular indicará si es posible el ofrecimiento de pruebas documentales, como convenios de terminación anticipada de contratos, balances financieros, cobertura mediática, encuestas o sondeos de mercado, calificación de entes reguladores, testimoniales o elementos técnicos como correos y mensajes de texto, por mencionar algunos medios de prueba; sin olvidar que la pericial es la prueba reina en los juicios de daño moral generado a una empresa, pues sólo los expertos en valuación, los corredores públicos, los contadores públicos, los mercadólogos, los economistas o los actuarios, cada uno

en sus áreas de experticia y dependiendo de lo que se pretenda acreditar, gozan de conocimientos científicos para mostrar al juzgador si tales comportamientos y fluctuaciones en sus operaciones son resultado directo de la emisión de información dañosa o son producto de la negligencia de la propia empresa, o bien si provienen de una situación ajena a las partes en juicio, como sería el caso de una recesión económica con un impacto generalizado en todas las compañías del ramo.

En suma, no es la corporeidad lo que le otorga el carácter de persona sino el reconocimiento jurídico o consideración que de ella tienen los demás como la fama, el renombre, la popularidad, el prestigio comercial o el mérito de la cohesión de intereses de una colectividad y con personalidad jurídica para defender sus propios

bienes; por lo tanto, sería dable que se instituya en la legislación civil mexicana el concepto de daño moral, justamente para no generar polémica de tan trascendente figura, que a lo largo del tiempo ha evolucionado de manera significativa en otros países como Argentina con el “daño moral progresivo”. 7

Rubén Darío Merchant Ubaldo es investigador y especialista en Derecho civil.

Para leer

Para acceder al libro:

Sergio Alonso Rodríguez

10 CLAVES PARA ENTENDER, PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN La corrupción es un lastre que impide el progreso de las naciones. La inclinación de muchos individuos a utilizar el poder para su beneficio, en lugar de invertirlo en la satisfacción de las necesidades de la población, anula los fines del Estado y paraliza la eficacia del Derecho. Se trata de un fenómeno sistémico, perceptible en cualquier ámbito gubernamental.

Sus múltiples causas son identificables y sus efectos se traducen en subdesarrollo, como se advierte de los índices de medición de la corrupción en el mundo.

Desde hace mucho tiempo, en México se ha librado una batalla frontal contra este problema, el cual, por desgracia, tiende a considerarse inevitable, un mal necesario que, incluso, puede servir para agilizar la interacción del Gobierno con el gran público.

Sin embargo, sigue sosteniéndose, no sin razón, que oponerse a la opacidad y a la escasa rendición de cuentas es indispensable para el desarrollo.

En efecto, la corrupción es un tema que debe ocupar y preocupar a propios y a extraños. Combatirla implica esfuerzos continuos por parte de cualquier persona.

Es preciso contar con planes y programas que, después, se transformen en políticas destinadas a mitigar este flagelo. Para ello se requiere la acción conjunta de gobierno

y sociedad. En este sentido, generar una cultura anticorrupción resulta esencial para que las personas servidoras públicas, el sector privado y los particulares actúen con integridad, observando principios éticos y valores. De esta manera cederá gradualmente el nivel de malas prácticas en la gestión gubernamental, y sobrevendrá un ambiente apropiado para el progreso en todos los órdenes.

Consciente de su papel estelar en el combate contra la corrupción, la Secretaría de la Función Pública sacó a la luz, en mayo de 2022, el cuadernillo titulado 10 claves para entender, prevenir y combatir la corrupción, disponible en https://www.gob. mx/sfp/documentos/10-claves-para-entender-prevenir-y-combatir-la-corrupcion. Es un texto de 26 páginas que incluye ilustraciones de Ricardo Peláez Goycochea.

Sin pretensiones doctrinarias ni rebuscamientos, el folleto ofrece una definición de corrupción, señala sus causas y sus efectos, y subraya la necesidad de prevenirla, con tal de impedir pérdidas importantes debidas a su comisión, las cuales no siempre podrían repararse tras la imposición de un castigo.

El embate contra la corruptela entraña que tanto el ciudadano de a pie como el funcionariado participen a través de la denuncia y, claro está, que la instancia competente investigue con seriedad el

hecho o los hechos que pudieran configurar faltas administrativas o delitos, para que, en su caso, los responsables sean sancionados. Ahora bien, conviene aclarar que la corrupción no es un delito per se, sino la materialización de actos o hechos con denominaciones específicas, como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, abuso de autoridad y tráfico de influencia, entre otros, los cuales se encuentran tipificados en el título décimo del Código Penal Federal.

En suma, esta breve publicación constituye una introducción básica a uno de los problemas fundamentales del país, que se debate cotidianamente en público y en privado. Corresponde a cada cual ayudar a resolverlo, con denuedo y apego a la ley.

En lo que toca a la Secretaría de la Función Pública, es claro que, a través de herramientas digitales como la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (besa), el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (Sidec) y la plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, o de cuadernillos tan básicos como el reseñado aquí, coadyuva a derribar barreras para el progreso. _______

Secretaría de la Función Pública México, 2022

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[Legal Politik ]

Mauricio Atri

AMLO en la iniciativa privada “Al ojo del AMO engorda el caballo.”

Dicho popular

¿Qué pasaría si el primer mandatario dejara su actual encargo y si pasara a un cargo directivo en alguna empresa privada? ¿Podría su actuar ser igual al que ha realizado en su cargo público? ¿Qué sería de la empresa en este caso hipotético? Mauricio Atri nos invita a reflexionar.

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ensemos que la (paradójica) consulta de revocación de mandato promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en lugar de haberse realizado el 10 de abril de 2022, se hubiera llevado a cabo el día de hoy, que la gente saliera a votar masivamente y que el voto mayoritario absoluto vinculante fuera en el sentido de “que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza”.

Dando por descontado que AMLO convocaría a su (tradicional) marcha de “voto por voto, casilla por casilla” (como lo hizo en 2012), y tras confirmarse los resultados decidiera irse a trabajar a la iniciativa privada, habría corrido con suerte porque la (controvertida) Ley Federal de Austeridad Republicana (por él promovida), que prohibía por 10 años a los servidores públicos, en los grupos jerárquicos de mando superior,

ocupar puestos en empresas que hubiesen supervisado, regulado o respecto de las cuales hubieran tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (nadie sabe para quién trabaja).1 Tras lo cual, AMLO se despide de Palacio Nacional, actualiza su curriculum vitae y aplica para un puesto de director general en una empresa de prestigio en el país; sostiene una serie de entrevistas de trabajo con diversos integrantes de la empresa, seguido de lo cual esta empresa le extiende una oferta de trabajo, misma que acepta, suscribiendo su correspondiente contrato laboral y firmando de aceptación el código de conducta ética de dicha empresa, así como las políticas y los procedimientos que de ella emanan.

Sin embargo, sin entrar mucho en temas de desempeño en el puesto, ni en aspectos financieros, como flamante director general de la empresa AMLO propone realizar una modificación relevante a los estatutos de la compañía, respecto de lo cual un grupo importante de funcionarios y empleados se manifiesta en los pasillos en contra de dicha intención de reforma estatutaria, la cual, de prosperar, afectaría gravemente la salud y la viabilidad de la empresa, lo que provoca que el director

general vaya inmediatamente a la cabina de radio interna de la susodicha empresa (en la cual tiene un segmento motivacional matutino diario), toma el micrófono y por los altavoces de la compañía se le escucha maltratar, menospreciar, vilipendiar, ridiculizar, satanizar, insultar, difamar y calumniar a la mitad de la plantilla laboral, tachándolos de rateros, corruptos e hipócritas (lo cual repite un día sí y el otro también), convocando, además, a una contramanifestación, la cual realiza utilizando recursos materiales y humanos de la compañía (acarreando gente, invitando a empleados para que vayan a apoyarlo voluntariamente a fuerzas, so pena de que, si no fueran, no se les renovará su contrato y haciéndoles manita de puerco a los beneficiarios de programas sociales de esta Empresa Socialmente Responsable, ya que, de no asistir, se les cancelarían sus apoyos, ofreciendo transporte y alojamiento para quienes vengan de las sucursales del interior del país, comida, incluyendo tortas y frutsi, así como una pequeña aportación como muestra de agradecimiento — amor con amor se paga—). Todo esto de manera absolutamente gratis para los asistentes (aunque no hay botanas gratis).

Debemos recordar que al cargo de “presidente de los Estados Unidos Mexicanos” también se le denomina jefe

del Ejecutivo federal o mandatario,2 y enfocándonos en este último término, justamente es “mandatario”, porque se trata de una persona que ocupa un cargo de elección muy relevante en la representación del gobierno y del Estado, y en términos civilistas se trata de la persona que “se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga”.3 Al respecto salta a relucir que en el mandato el “dueño del negocio” es el mandante y no el mandatario,4 y que en el desempeño de su encargo el mandatario se sujetará a las instrucciones recibidas del mandante y que en ningún caso podrá proceder contra disposiciones expresas del mismo.5 Precisamente por eso en la consulta de revocación de mandato organizada por el Instituto Nacional Electoral la disyuntiva se centraba entre dejar que el mandatario AMLO terminara su periodo presidencial (como los ciudadanos mandantes lo habían instruido) o si se dejaba sin efecto el mandato (gracias pero no gracias).

Tras las elecciones y la toma de protesta constitucional, el mandatario es el presidente de la República mexicana, mientras que el mandante es el pueblo mexicano (no una parte del pueblo, ni sólo los que votaron a su favor, ni sus seguidores actuales, simpatizantes o incondicionales —su voto duro—) y la encomienda es México.

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De acuerdo con el más elemental sentido común: ¿Qué haría una empresa con un director general que despliega conductas autoritarias, divisorias y violatorias de los estatutos y del código de ética de la empresa? ¿Qué haría el encargado de Recursos Humanos de la compañía con este funcionario? ¿Qué haría el responsable jurídico y de compliance de la empresa? ¿Qué haríamos nosotros si fuera nuestra empresa? ¿Qué pasaría si no hiciéramos nada al respecto?

Y para rematar: ¿qué pasaría si a lo anterior le sumamos que cuando a ese director se le cuestiona que no cumple con la misión ni con los objetivos de la empresa, y que no llega a los números comprometidos, su respuesta invariable es que la culpa la tienen sus antecesores —y sus opositores—, y que en todo caso él tiene “otros datos”, y cuando se le dice que está violando flagrantemente las políticas de civilidad, diversidad e inclusión de la empresa, el director responde: “No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”; asimismo cuando se le pide cordura, que respete su cargo, la reputación de la empresa y a las personas que trabajan en ella, contesta: “¡Al diablo con sus instituciones!” Yo soy el AMLO. 7

Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inválido el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana por la acción de inconstitucionalidad notificada para efectos legales el 6 de abril de 2022 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2022 (vid. punto 3, inciso e, concepto de violación quinto, puntos 4, 53 y 263 a 356).

2 Vid. artículos 35, fracción ix; 36, fracción iii; 41, apartado B, inciso c, apartado C, párrafo primero, fracción vi, párrafo primero; 69, párrafo tercero; 84, último párrafo; 89, fracción iii, y 99, fracción iii, de la Constitución federal.

3 Diccionario de la Real Academia Española y artículo 2546 del Código Civil Federal.

4 Artículo 2592, fracción iv del Código Civil Federal. O si se prefiere el dueño de las canicas.

5 Artículo 2562 del Código Civil Federal.

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Mauricio Atri es doctor en Derecho y Abogado de empresa.

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Emiliano Hernández Castañeda y García

Blockchain

para el gobierno corporativo de las empresas Los avances científicos y tecnológicos han generado instrumentos que pueden ayudar a las empresas a hacer más eficientes sus procesos. En este sentido, entre otros tantos beneficios, la creación de los blockchain puede mejorar el gobierno corporativo de las sociedades mercantiles. Emiliano Hernández Castañeda y García nos explica cómo y nos adentra en los retos de especialización a los que se tendrán que enfrentar los abogados corporativos con la evolución de la tecnología y su implementación en la operación de estas sociedades.

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V

ivimos en un mundo globalizado y hemos sido testigos de cómo la “paz” ha permitido al ser humano desarrollar sus capacidades y su tecnología como nunca antes. El desarrollo de tecnologías, como el blockchain (cadena de bloques, en español), trae aparejadas propuestas disruptivas como las criptomonedas, que no son siempre exploradas y difundidas.

Una blockchain se puede definir como el tipo de registro contable en el que las transacciones de intercambio de valor (en forma de criptomonedas, tokens o información) se agrupan secuencialmente en bloques. Cada bloque contiene una firma que se basa en el contenido exacto (cadena de datos) de ese bloque. El siguiente bloque también Fotografías: Freepik

Empresas y tecnología contiene esta firma, vinculando entre sí todos los bloques anteriores hasta el primero. Los bloques se registran de forma inmutable a través de una red entre pares, utilizando mecanismos criptográficos de confianza y garantía (Llessie, Sobolewski et al., 2019). ¿Por qué implementar blockchain?

De conformidad con la legislación mercantil, los comerciantes están obligados a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado (artículo 33 del Código de Comercio [cc]). La ley permite que el comerciante elija aquel sistema que mejor le acomode, mismo que deberá satisfacer los requerimientos mínimos de ley. También, el comerciante deberá conservar todos los datos que reflejen la contabilidad y las operaciones realizadas durante toda la vida de la sociedad (artículo 30 del Código Fiscal de la Federación [cff] en interpretación conjunta con el artículo 38 del cc). De conformidad con las disposiciones fiscales correspondientes (artículos 28 y 29 y demás aplicables del cff) la contabilidad en nuestro país es electrónica, pero en la vida diaria México sigue siendo un país de papel.

La tecnología blockchain nos permite contar con una contabilidad y un control corporativo digitales, disminuyendo la cantidad de papel que se emplea y resolviendo problemas como las malas prácticas corporativas; adicionalmente, facilita el registro de un historial operativo de la compañía actualizado en tiempo real, la adopción de decisiones de manera más eficiente, la eliminación de intermediarios innecesarios, el pleno respeto al denominado derecho de información de los accionistas y la automatización de tareas, entre otras.

Un token es un elemento digital que representa el derecho a realizar alguna operación o un objeto físico de valor (Llessie, Sobolewski et al., 2019). Es la representación virtual de un activo, un bien o un derecho. Existen muchas clasificaciones de tokens; sin embargo, para los efectos del presente trabajo nos abocaremos a su clasificación jurídica y a su clasificación financiero-contable.

La digitalización de los derechos: los tokens En cuanto a su clasificación jurídica, los tokens pueden categorizarse como security tokens, si cumplen con los requisitos para

ser considerados valores negociables (artículo 2, fracción xxiv, Ley del Mercado de Valores), y non-security tokens, si no los cumplen (Noboa Velasco, 2022). La calificación atenderá a la regulación de cada jurisdicción. Por eso jurídicamente una sociedad anónima mexicana podría emitir ambos, pero esa emisión dependerá de si sus acciones, representadas en certificados tokenizados, pueden ser negociadas en el mercado de valores.

Por su clasificación contable-financiera, los tokens pueden ser clasificados como debt tokens o equity tokens, dependiendo de los derechos que confieran a sus tenedores. Los tenedores de un debt token podrían, por ejemplo, tener derecho a percibir una renta fija; los tenedores de un equity token recibirían, en cambio, una renta variable dependiendo de ciertos requisitos preestablecidos; por ejemplo, que la sociedad haya reportado utilidades.

Con la tokenización de las acciones en realidad lo que estamos haciendo es incorporar los derechos corporativos y económicos contemplados en los estatutos sociales para su tenedor en una nueva especie de certificados de acciones, si se quiere ver así. Esto nos permite, entre otras cosas: i) verificar de manera automática los derechos que tiene cada accionista; ii) tener un registro exacto, con perfecto tracto sucesivo, de los registros de la sociedad, lo que permite una transparencia corporativa; iii) control de voto de par a par con posibilidad de tener prueba de que el voto del accionista realmente es contado (Harvard cmsa, 2019), y iv) privacidad para cada accionista al tener él un único acceso mediante su clave pública (los certificados de acciones) y privada (la contraseña que elija el accionista).

Eficientizar los procesos Como hemos visto, desplegar una tokenización y plantear una sociedad mercantil en el blockchain no es tarea sencilla, pero sí interesante. El papel del abogado corporativo deberá ser más especializado, toda vez que para implementar una adecuada estrategia corporativa ligada al blockchain se necesita no sólo conocer lo establecido en la legislación mercantil y financiera, en su caso, sino también saber plantear la programación de la misma para que, incluso en situaciones de conflicto, no sea inoperante la red y se caiga el sistema.

Para una empresa que busca migrar al blockchain, una reforma total de los estatutos sociales no sería sólo recomendable sino esencial. Se deberán prever, entre otros: i) el intermediario que funcionará como permisionario de la red; ii) los métodos alternativos de solución de controversia, para el caso de un conflicto entre accionistas, idóneos para la empresa; iii) el método de autentificación de la identidad y la legitimación del accionista (nosotros encontramos en el certificado de acciones tokenizado el mecanismo idóneo para verificar ambas, toda vez que la red verificará los derechos corporativos del tenedor, y con sus claves el accionista verificará la identidad); iv) el oráculo (programa que permite añadir información al blockchain) para actualizar la red; v) el método de notificación que servirá como convocatoria a las asambleas de accionistas (podrían publicarse en el portal de sociedades mercantiles y que el oráculo las notifique a cada uno de los accionistas por el medio que se acuerde para tal efecto), y vi) el método de validación de las decisiones adoptadas y la protocolización, en su caso, entre otros que conforme al caso concreto deberán analizarse. El trabajo en equipo abogado-ingeniero es vital para el éxito del proyecto.

Se permitiría a los accionistas votar de antemano o designar a un apoderado, saber cuántos votaron y en qué sentido, y si su voto en realidad fue contabilizado o no. También permitiría a los accionistas conocer los requisitos necesarios para la adopción de una determinada resolución y el sistema no permitiría resoluciones que vayan en contra de los estatutos sociales. Todas las decisiones y las operaciones de la sociedad quedarán registradas en la cadena de bloques, permitiendo identificarlas de manera individual, manteniendo el registro contable adecuado y detallado y logrando una adminiculación en papel perfecta.

Blockchain y el gobierno corporativo En el Derecho societario es común tener lo que en la teoría económica se conoce como un problema de agencia, el cual se presenta “cuando los intereses de una parte conocida como principal dependen del accionar de otra parte conocida como agente […] el LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Empresas y tecnología

problema radica en lograr que el agente actúe en beneficio de los intereses del principal y no en beneficio propio” (Carreño, 2022).

Como ejemplos de estos problemas de agencia mencionaremos: i) el conflicto entre los accionistas de la sociedad como principales y sus administradores como agentes; ii) el conflicto que puede presentarse entre accionistas mayoritarios y minoritarios, con las decisiones abusivas que los primeros pueden imponer a los segundos, y iii) el conflicto que se presenta entre la sociedad, como agente, y sus accionistas, como principales, derivado del auge del denominado stakeholder capitalism.1 Para la solución de estos problemas de agencia, en el Derecho societario se han diseñado diversas estrategias, que se pueden catalogar como soluciones ex ante —si las medidas pueden adoptarse de manera previa al actuar del agente; por ejemplo, acuerdos estatutarios para la solución de controversias— y ex post —si las estrategias se implementan con posterioridad al actuar del agente; por ejemplo, el ejercicio de la acción de responsabilidad contemplada en la ley (artículo 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles)—.

La doctrina de la materia ha señalado que una infraestructura de gobierno corporativo basada en blockchain podría representar beneficios tanto para los accionistas de la sociedad como para la sociedad misma, en tanto podría contribuir a mantener una base de datos descentralizada y confiable de la información de la empresa y de sus accionistas, y mejoraría las deficiencias que ocurren en las asambleas generales de accionistas, fortaleciendo así los derechos de voto y el activismo accionarial (Magnier y Barban, 2018). También, existen autores como Wulf A. Kaal, quienes afirman que, mediante formas de gobierno descentralizadas basadas en blockchain, se podrían reducir en un amplio margen los costos de agencia y las ineficiencias que se derivan de las relaciones de agencia, hasta el punto en que podrían desaparecer (Kaal, 2015).

Mediante la tokenización de acciones es posible la creación de un verdadero registro de acciones, inmutable, inalterable y seguro, donde se consignen los datos y las identidades de los accionistas, así como toda transferencia de éstas. De esta forma se garantiza una trazabilidad sobre el accionariado de la sociedad, lo que puede ser muy beneficioso para todo tipo de sociedades, desde aquellas con gran cantidad de accionistas hasta los startups que están en proceso de fondeo.

La ventaja de tener en el blockchain los libros corporativos y contables de la sociedad sólo es equiparable a tener una copia de seguridad descentralizada de toda la información de la sociedad. Esto no sólo garantiza a los accionistas su derecho de información sobre la marcha de los negocios de la empresa, sino que también permite tener prácticamente todo de manera digital (cumpliendo así con el sistema de contabilidad que requiere el Servicio de Administración Tributaria) y, en caso de requerirlo, ubicar e imprimir la información. Esta práctica supondría una mejora en el funcionamiento interno de la sociedad, y garantizaría, al menos de manera virtual, que la información contable no pueda ser manipulada.

La votación en las asambleas de accionistas llevadas a cabo en el blockchain facilitaría la participación de los accionistas y es un mecanismo que brinda transparencia y certeza de los resultados de las votaciones (Carreño, 2022). Funcionaría como un mecanismo de protección ante actuaciones

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Mediante la tokenización de acciones es posible la creación de un verdadero registro de acciones, inmutable, inalterable y seguro, donde se consignen los datos y las identidades de los accionistas, así como toda transferencia de éstas.

La tecnología blockchain nos permite contar con una contabilidad y un control corporativo digitales, disminuyendo la cantidad de papel que se emplea y resolviendo problemas como las malas prácticas corporativas. abusivas o ilegales, garantizando la plena vigencia de los derechos corporativos de los accionistas.

La tecnología blockchain se encuentra en desarrollo; nuestro país está atrasado no sólo en su regulación sino también en su aplicación. Las aplicaciones de esta tecnología distan de ser sólo las criptomonedas o la utilización de security tokens y nft (non fungible tokens [tokens no fungibles]).

Con el paso del tiempo nos encontraremos interactuando cada vez más con esta tecnología y su impacto en la vida cotidiana será mayor, desde la decentralized finance (descentralización de las finanzas [DeFi]) hasta registros públicos que operen con tecnología blockchain y los procesos para registrar que sean casi automáticos.

Es importante dar difusión, compartir espacios y conocimientos, toda vez que

el impacto jurídico que tiene esta tecnología es tan grande como la bancarrota de ftx (Huang, 2022), o el incidente de dao (Dalton, 2017). El primer incidente, un asunto aún activo al día de la elaboración de este trabajo, sin duda alguna marcará un parteaguas en la legislación de las criptomonedas y las normas aplicables para los exchanges. Pero, como hemos dicho, esta tecnología va más allá y es importante estudiar sus potenciales usos tanto en el sector privado como en el público. 7 Para esta corriente el objetivo principal de las sociedades no debería ser la maximización de las utilidades, sino el bienestar y la creación de valor para todos los terceros que se relacionan con la sociedad. Encuentra sustento en las actuaciones abusivas en las que, a veces, incurren las sociedades, donde el resultado en ocasiones es perjudicial para la imagen de la empresa.

1

Fuentes de consulta Bibliografía Carreño, J. (2022), Blockchain y gobierno corporativo: una alternativa disruptiva para la mitigación de los problemas de agencia del derecho societario contemporáneo, Bogotá, Universidad de Los Andes.

Harvard cmsa (2019), “The Modernization of Corporate Governance: Blockchain as a Solution?”, 19 de febrero [archivo de video], en Youtube: https://youtu.be/kqfd_pSblYE. Llessie, D., M. Sobolewski, et al. (2019), “Blockchain for Digital Government”, Luxemburgo, Publications Office of the European Union, 2019, eur 29677 en.

Noboa Velasco, P. O. (2022), “La implementación del blockchain en procesos societarios en Ecuador”, usfq Law Review, vol. 9, núm. 1, pp. 39-58.

Legislación Código de Comercio.

Código Fiscal de la Federación.

Ley General de Sociedades Mercantiles.

Ley del Mercado de Valores.

Hemerografía Dalton, David, “The dao Attack”, Deloitte, en https://www2. deloitte.com/ie/en/pages/technology/articles/dao-Attack-Analysis.html; Samuel Falkon, “The Story of the dao Its History and Consequences”, Medium, en https://medium.com/swlh/ the-story-of-the-dao-its-history-and-consequences-71e6a8a551ee.

Huang, Kalley, “¿Qué pasó con ftx? Esto es lo que tienes que saber. The New York Times”, en https://www.nytimes.com/es/2022/11/14/espanol/ftx-criptomonedas-que-paso.html; Rodrigo Riquelme, “El colapso de ftx pone a prueba a los exchanges de criptomonedas, El Economista, en https://www.eleconomista.com.mx/mercados/El-colapso-de-ftx-pone-a-prueba-a-los-exchanges-de-criptomonedas-20221214-0065.html.

Kaal, Wulf A., “Blockchain Solutions for Agency Problems in Corporate Governance”, University of St. Thomas, Legal Studies Research Paper No. 19-05, en https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=3373393.

Magnier, Véronique, y Patrick Barban, “The Potential Impact of Blockchains on Corporate Governance: A Survey on Shareholders’ Rights in the Digital Era”, Journal for the International and European Law, en https:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3307521.

Emiliano Hernández Castañeda y García estudia en la Escuela Libre de Derecho. En su vida profesional ha incursionado en los ámbitos notarial y corporativo, desde reestructuras y concursos mercantiles (Cervantes Sainz/Sainz Abogados), hasta transaccional (Cervantes Díaz Abogados, donde labora actualmente). Ha tomado cursos en Legaltech y ciencias computacionales, como CS050’s y CS50’s for Lawyers.

Voces Mateo Mansilla-Moya

Rosángela Fernández:

fashion law

Con la creciente especialización del Derecho, han surgido

diversas propuestas en cuando a las categorías a partir de las cuales es estudiado, sistematizado y ejercido. Así, por

ejemplo, el Derecho económico y el Derecho policial em-

piezan a ser abordados en las universidades, a pesar de no haber alcanzado aún plena autonomía. Una de estas pro-

puestas es la del Derecho de la moda, acerca de la cual platicamos con Rosángela Fernández, abogada especializada en la industria de la moda.

Qué es el fashion law?

Me gustaría precisar que el fashion law no implica sólo la defensa de la propiedad intelectual. Cuando las personas escuchan sobre el tema, inmediatamente imaginan diseños y marcas, pero el fashion law no es eso únicamente. La propiedad intelectual es un eje del Derecho de la moda, pero no lo es todo. Se asoman temas como privacidad y datos personales, protección de activos intangibles, e-commerce, entre otros.

Las diversas ramas del Derecho se transversalizan para prestar asesoría a la industria de la moda. No se trata de un estudio del Derecho, propiamente, sino de un estudio de la industria. n ¿Crees que podría ser una rama del Derecho?

No, porque no encuadra en la lógica sobre cómo están divididas las ramas del Derecho. n ¿Cómo llegaste al fashion law?

Estudié un máster en España sobre propiedad intelectual, nuevas tecnologías y telecomunicaciones. Ahí supe de la existencia del fashion law. Me involucré directamente en el tema trabajando en un despacho que lo desarrollaba.

Esa aproximación detonó cuestiones importantes en mí sobre qué era lo que estaba sucediendo allí, sobre su cartera de clientes, sobre la industria con la que trabajaba. Ahí conocí a personas muy cercanas al fashion law. Así fue como, a grandes rasgos, empezó este proyecto.

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Empresas y tecnología

Rosángela Fernández es abogada especializada en la industria de la moda y el entretenimiento. Es fundadora de Partner, Fashion Law Firm, donde ha trabajado con más de 30 marcas.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Voces n ¿Cómo ves los alcances de la tecnología en el mundo de la moda?

Ahorita la moda ya está relacionándose con la tecnología. Pienso que hubo un antes y un después; el hito fue la pandemia. Antes, la moda no se vinculaba tan directamente con la tecnología como lo hace en la actualidad, tras los avances suscitados por el encierro de la contingencia sanitaria. Toda la tecnología, cuya cabida en la industria ni siquiera imaginábamos, como el blockchain, ahora está más que presente aquí. Aunque hay aplicaciones de la tecnología muy diversas en la industria. Por ejemplo, lo que aconteció recientemente en una pasarela donde la empresa Fabrican engalanó a Bella Hadid con tela en aerosol, con un vestido lencero Coperni minimalista. La moda quiere reinventarse y digitalizarse, para que se pueda ver no sólo en la calle, sino también desde la computadora. La tecnología tiene todo que ver con la industria de la moda. n Y el Derecho, a veces tan reacio a los avances científicos y tecnológicos, ¿está a la altura para atender lo que derive de esta apertura al desarrollo?

Existe un estigma muy grande hacia la industria de la moda que le resta valor.

Sin embargo, es una industria que genera muchísimo dinero en todo el mundo. El Derecho no ha estado a la altura porque sus operadores se han aproximado poco a la moda. No únicamente en cuanto al desarrollo tecnológico del que platicábamos; aún

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Existe un estigma muy grande hacia la industria de la moda...

El Derecho no ha estado a la altura porque sus operadores se han aproximado poco a la moda. hay muchas lagunas en cuestión de protección de datos personales, por ejemplo.

No obstante, en la actualidad hay más abogados que se quieren dedicar a esto.

n Más allá de la cuestión legal, ¿qué relación hay entre el Derecho y la moda?

La moda está en todo lo que consumimos; está en el día a día. Es imposible separarla de la cotidianidad. Lo mismo que el Derecho.

Así, Derecho y moda tienen una estrechísima relación. Sin embargo, ese vínculo ha sido explorado poco por el estigma que tiene la moda a los ojos del gremio jurídico.

n Fuiste bien recibida en la industria de la moda. Eso denota que había necesidades o vacíos en ese ámbito. ¿Cómo los has ido cubriendo?

No había abogados, porque en esta industria ni siquiera sabían que era posible hablar con un litigante y entender que la resolución de sus problemas era más sencilla.

Hay un gran estigma en torno del ámbito jurídico. Al acercarme propicié que se eliminaran algunos prejuicios. Ya no era la abogada que está enojada todo el día.

Un ejemplo histórico es el de la marca de Fashion Week México, que tardó muchísimo tiempo en litigio porque nunca tuvo acompañamiento jurídico, hasta que se vio obligada a involucrarse en una demanda en relación con su registro. Tambien Mercedes Benz tuvo problemas para registrar su marca.

n Como emprendedora en el fashion law, ¿cuál ha sido tu experiencia?

La industria de la moda ha recibido bien el acompañamiento legal con el que me he aproximado. En cuanto al gremio de abogados, ha habido mucha resistencia. En alguna ocasión promoví un diplomado sobre fashion law y la reacción de muchos abogados fue negativa. Criticaron que hubiera un diplomado en la materia y esgrimieron comentarios misóginos: “Se trata de una agrupación de damas”. El hecho de que no hubiera vacas sagradas escribiendo al respecto generó mucho escepticismo.

n ¿Qué dificultades jurídicas aquejan a la industria de la moda?

Hay una gran ausencia de formalidad que choca con el excesivo formalismo jurídico, lo que ha dejado a la industria en esa situación. La idea tradicional de que sin ritos en el Derecho se deja sin protección al negocio jurídico, es incompatible con lo dinámico y lo acelerado que son los negocios de la moda, a los cuales se presenta más bien como un obstáculo. Las empresas de la moda no tienen estructuras ni prácticas que hagan posible pensar en un acompañamiento legal. Las relaciones de poder o de amistad se basan en la confianza verbal, no en documentos formales.

La propuesta del fashion law también implica que los abogados vayamos acoplándonos a la velocidad de la industria y que, conociéndola, podamos negociar con sus lógicas sin fracturar sus relaciones comerciales.

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En las escuelas de moda enseñan a crear, pero nunca a proteger lo que se crea. La industria está esperando que alguien les explique cómo hacer esas cosas. n Gran parte de tu trabajo como abogada del fashion law tiene que ver, sobre todo, con la gestión de negocios en la industria de la moda y no tanto con litigios.

Sí hay litigios, pero la verdad son muy pocos. Se trata, sobre todo, de sentarse a negociar, a buscar soluciones a los conflictos. Y esta estrategia aporta soluciones en cinco días, y no en años, como ocurriría si acudiéramos a los tribunales. Son habilidades que uno tiene que adquirir cuando eres abogado de la industria. n Sostienes que el desarrollo del fashion law en México es lento. ¿Debería enseñarse en las facultades de Derecho?

Sí. Eso abriría la posibilidad de aproximarse y estudiar el Derecho de manera diferente; también formaría abogados con una visión más concreta sobre el tipo de clientes a los que deben acercarse con base en su especialidad. Debe promoverse la visión del Derecho, ya no para abogados, sino para usuarios. Sin duda, ayudaría a cambiar el chip de los abogados y la visión sobre su papel en la sociedad. n ¿Qué deberíamos aprender de los abogados de la moda?

Historia de la moda, por supuesto.

Es una historia política y económica que se vincula de manera fundamental con el Derecho. Desde cómo las siluetas han dependido de la economía de la tela o de diversas visiones políticas de la sociedad, hasta cómo la industria abrió paso a grandes tratados comerciales que permitieron acceder a otros materiales para mejorar la producción y para no ser sólo un país maquilador sino uno creador. 7

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Juan Pablo Gómez Fierro

LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS GENERALES Para la salvaguarda de los valores constitucionales, ¿puede la suspensión, como medida cautelar en el juicio de amparo, en determinados casos, tener efectos generales?

A través de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el principio de relatividad Juan Pablo Gómez Fierro responde a esta cuestión.

L

a suspensión es una medida cautelar que tiene como principal objeto paralizar los efectos de los actos reclamados o reestablecer provisionalmente los derechos afectados mientras se decide el juicio de amparo. Esta finalidad obedece a la necesidad de asegurar la eficacia de la sentencia que se dicte.

La relación que guardan los efectos de la suspensión con los de las sentencias es indisoluble, porque en aquellos casos en que la medida cautelar no logra anticipar los posibles alcances de una sentencia, no consigue su principal objetivo: restituir al quejoso en el goce del derecho vulnerado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) ha modulado el principio de relatividad. Esta modulación ha permitido tutelar derechos de naturaleza colectiva o difusa, de manera que la concesión del amparo pueda beneficiar a personas que no hubieran sido parte en la controversia.

Hasta hace unos años, la interpretación del principio de relatividad era muy estricta, al grado de considerar que el juicio de amparo era improcedente en todos los casos en que el juzgador advirtiera que los efectos de una eventual concesión de amparo podían quebrantar ese principio.1 En la décima época, la scjn reconoció que el juicio de amparo es un medio de control constitucional con efectos únicamente para el caso concreto; sin embargo, sostuvo que eso no implicaba que en algunos casos se pudieran adoptar medidas que tuvieran efectos para más personas que las que actuaron como partes en el juicio.2 Los primeros precedentes sobre la modulación al principio de relatividad derivaron de juicios de amparo en los que se acudió

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con un interés legítimo en defensa de un derecho de naturaleza colectiva o difusa. La Primera Sala estableció que no es posible alegar violación al principio de relatividad cuando se actualiza la existencia de un interés legítimo en defensa de un derecho colectivo (derecho a la educación), argumentando que dicho interés obliga al juzgador a buscar los mecanismos adecuados para remediar los vicios de inconstitucionalidad, aun cuando salgan de la esfera individual del quejoso.3 Posteriormente, determinó que el juicio de amparo es procedente en contra de omisiones legislativas absolutas de ejercicio obligatorio. Consideró que sus efectos pueden llegar a beneficiar a terceros ajenos a la controversia, ya que mantener una interpretación tradicional del principio de relatividad atentaba en contra de la finalidad sustantiva del juicio de amparo, esto es, la protección de todos los derechos fundamentales.4 Por su parte, la Segunda Sala estableció que el principio de relatividad admite modulaciones cuando se acude al juicio con un interés legítimo de naturaleza colectiva. En este asunto analizó un tema relacionado con los derechos de las personas con discapacidad.5 Más adelante, la Primera Sala determinó que, tratándose de la materia ambiental, era necesario reinterpretar el principio de relatividad con el objetivo de dotarlo de un contenido que permitiera la tutela efectiva del derecho a un medio ambiente sano, a partir del reconocimiento de su naturaleza colectiva y difusa.6 En esa misma línea, la Segunda Sala estableció que si el quejoso acudió al amparo en defensa de un interés legítimo, el principio de relatividad debe apreciarse conforme a la interpretación más favorable, el derecho de acceso a la justicia y el

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Empresas y tecnología

LAS VIRTUDES. AÑO 2800 Miguel Bonilla López

¿Y entonces qué es lo que ha de convertirse en algoritmo? ¿Qué ha de integrar la psique de los jueces eléctricos? ¿Qué virtudes han de palpitar en sus corazones cuánticos? ¿Qué vicios deberán estar proscritos en su alma positrónica? ¿En qué serán diferentes estos jueces de otras máquinas, como las inteligencias artificiales que conducen ambulancias, los androides que sirven de niñeras en las guarderías, los robots que trabajan como recolectores de basura, los humanoides que preparan brebajes en los bares, los cirujanos autómatas que abren y saturan cuerpos en los quirófanos? Todavía más: ¿en qué tendrán que ser distintos de las mujeres y los hombres que actualmente despachan en los tribunales y escuchan por largas horas a declarantes y testigos antes de emitir una sentencia?

Tolerancia, un software, Mente Abierta, otro software.

Ser Considerado (en el sentido de ser atento y respetuoso con los demás y en el de obrar previa meditación y con mesura), otro.

Audiencia de Prejuicios Basados en Edad, Género, Discapacidad, Religión, Raza, Opiniones Políticas, Preferencias Sexuales: otro más. Y así un enjambre de programas adicionales, pero necesarios: Prudencia, Valentía, Honradez, Capacidad de Trabajo, Independencia, Imparcialidad y Humildad. Todo esto, además, en forma constante, permanente, sin declive y siempre presente; no como nosotros, simples mortales, sujetos al paso de los años y sus estragos, a la bioquímica y cambios hormonales y a la

principio de supremacía constitucional, por lo que los efectos de la ejecutoria deben concretarse más allá de la esfera jurídica del promovente. En este caso se analizó lo relativo a porcentaje máximo de etanol en las gasolinas.7 En todos estos casos, la Suprema Corte consideró necesario modular el principio de relatividad de las sentencias para hacer prevalecer el contenido de los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

La importancia de reinterpretar el principio de relatividad se justifica en la medida en que sería casi imposible tutelar a través del juicio de amparo los derechos de naturaleza colectiva y difusa, debido a las restricciones que impondría una interpretación tan restringida de ese principio.

En materia de competencia económica, el artículo 28 constitucional prohíbe las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos. Al interpretar dicho precepto, la Segunda Sala sostuvo que entre los bienes jurídicos tutelados por el artículo en cuestión se encuentran los derechos del consumidor y de la sociedad.

Esa sala también ha sostenido que el citado precepto constitucional es claro al establecer la responsabilidad en relación con todas las autoridades —particularmente las legislativas— de evitar la prohibición de los monopolios y toda práctica que inhiba el proceso de competencia y la libre concurrencia.8 De esta manera, independientemente de la calidad de los agentes económicos, se busca que la población tenga acceso a bienes y servicios de calidad a precios razonables.

Con base en estas premisas podemos concluir que los derechos a la competencia y a la libre concurrencia tienen una doble dimensión: individual, por cuanto protegen a los participantes de los mercados, y colectiva o difusa, por lo que se refiere a los consumidores.

El reconocimiento de esta doble dimensión tiene una especial repercusión en la necesidad de modular el principio de

relatividad y de los efectos de la medida cautelar que le precede.

En algunos casos, la decisión de conceder la suspensión en el juicio de amparo en contra de ciertos actos —particularmente legislativos— puede otorgar una ventaja competitiva a un participante sobre los demás, lo que repercutiría no sólo en la esfera individual de éstos sino, de manera relevante, en los consumidores, produciendo así el mismo efecto adverso que el juicio de amparo busca contrarrestar.

La Segunda Sala ya ha advertido los posibles efectos adversos que una medida cautelar puede producir a los derechos a la competencia y a la libre concurrencia. Al respecto consideró que otorgar la suspensión respecto de las resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía que fijan los precios y las tarifas en el mercado de hidrocarburos permitiría que algunos participantes operaran en condiciones desventajosas, lo que generaría distorsiones en el mercado y redundaría en perjuicio de los consumidores.9 Por esta razón, se considera que en aquellos casos en que una norma general otorga ventajas a uno o más competidores en aparente oposición a lo que establece el artículo 28 constitucional, debería modularse el principio de relatividad y, consecuentemente, los efectos de una medida cautelar. Lo anterior, con la finalidad de que se pueda tutelar el derecho individual de los agentes económicos y, fundamentalmente, de los consumidores.

Si se toma en cuenta que tanto los derechos a la libre concurrencia y competencia, como el principio de relatividad de las sentencias están expresamente reconocidos en la Constitución, su interacción debe ser armónica, por lo que el referido principio no puede constituir un obstáculo para la salvaguarda efectiva de aquellos derechos, en ninguna de sus dimensiones, pero principalmente en lo que se refiere a la colectiva.

No se trata de una cuestión vinculada al derecho a la igualdad y no discriminación de los agentes económicos, sino de los efectos adversos que esa desigualdad produce en los consumidores, quienes resentirán los desequilibrios de la norma reclamada y de una medida cautelar que la suspenda sólo para algunos participantes, con la consecuente alza de precios y la disminución en la calidad de los productos y servicios que se ofrecen.

Desde luego que este tipo de medidas deben ser excepcionales, ya que —en principio— no debería existir un acto o una norma que vulnere los derechos de competencia y libre concurrencia.

No obstante, frente a un acto o norma que pudiera vulnerar tales prerrogativas, la medida cautelar debe ser proporcional a efecto de salvaguardar los valores constitucionales mencionados.

Resulta muy complejo fijar reglas específicas para el otorgamiento de una medida cautelar con efectos generales. En los juicios de amparo —vinculados con el sector energético—– en que así se decretaron, concurrían los siguientes supuestos: i) el acto reclamado era una norma general en sentido material, en algunos casos emitida por una autoridad administrativa y en otras por el órgano legislativo, y ii) esa norma generaba una ventaja a un participante (gubernamental) de una industria o sector, en relación con sus otros competidores (sector privado).

Resulta muy complejo fijar reglas específicas para el otorgamiento de una medida cautelar con efectos generales.

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Empresas y tecnología

En esas hipótesis, de concederse la suspensión únicamente al quejoso, respecto de las nuevas reglas que benefician a un participante gubernamental, se le concedería una ventaja con el otorgamiento de la medida cautelar, al encontrarse en un régimen paralelo al de los otros competidores, lo que provocaría distorsiones palpables que afectarían a los consumidores.

Esto al mismo tiempo que subsistiría la ventaja que otorgaba la normatividad cuestionada al agente económico gubernamental.

Una razón adicional que justifica la necesidad de adoptar una medida cautelar con estas características es que el juicio de amparo es la única vía para obtener la suspensión de leyes que afecten la competencia y la libre concurrencia en los mercados y proteger los derechos de los consumidores.

Recordemos que la ley reglamentaria de las fracciones i y ii el artículo 105 constitucional proscribe el otorgamiento de la suspensión contra leyes. Y si bien existen algunos precedentes en los que se ha estimado procedente su otorgamiento, no hay un criterio uniforme que permita suspenderlas, ni tampoco normas que regulen su procedencia, como sí existen para el juicio de amparo.

Efectivamente, el juicio de amparo no está diseñado para que sus resoluciones tengan efectos generales. Sin embargo, se considera que esta regla general debe admitir excepciones para salvaguardar el ejercicio de otros valores constitucionales, como lo ha sostenido la Suprema Corte tratándose de derechos que tienen una dimensión colectiva o difusa. 7

1

Así quedó plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 36/2012 (10a.), de la Segunda Sala, de rubro: “improcedencia. se actua-

liza en el juicio de amparo si el juzgador advierte que los efectos de una eventual sentencia protectora provocarían transgresión al principio de relatividad”.

2

Amparo en revisión 315/2010, del que derivó la tesis P. XVIII/2011, de rubro: “derecho a la salud. su tutela a través del

juicio de amparo”.

3

Amparo en revisión 323/2014. De esta sentencia derivó la tesis aislada 1a. CLXXIV/2015 (10a.) de rubro: “improceden-

cia del juicio de amparo. no puede alegarse violación al principio de relatividad de las sentencias y, por ello, sobreseer en el juicio, cuando se actualiza la existencia de un interés legítimo en defensa de un derecho colectivo”.

Amparo en revisión 1359/2015. De dicha ejecutoria derivó la tesis aislada 1a. XXI/2018 (10a.), de rubro: “principio de 10 de junio de 2011”.

5 Amparo en revisión 241/2018. De esta sentencia derivó la tesis aislada 2a. LXXXIV/2018 (10a.), de rubro: “sentencias de amparo. el principio de relatividad admite modulaciones cuando se acude al juicio con un interés legítimo de naturaleza colectiva”.

6 Amparo en revisión 307/2016. De dicha ejecutoria derivó la tesis 1a. CCXCIV/2018 (10a.), de rubro: “relatividad de las sentencias en el juicio de amparo en materia ambiental”.

7 Amparo en revisión 610/2019. Disponible en https://www.scjn.gob.mx/. Consultada el 11 de enero de 2023.

8 Amparo en revisión 1122/2019. Disponible en https://www.scjn.gob.mx/. Consultada el 11 de enero de 2023.

9 Así lo plasmó la Segunda Sala en la tesis aislada 2a. CLXI/2017 (10a.). Al respecto precisó: “Una posible suspensión de este tipo de normas o resoluciones, privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes y le inferiría un daño que de otra manera no resentiría, pues implicaría que uno o más operadores del mercado no pudieran operar, o bien, que lo hicieran en condiciones desventajosas frente a otros competidores, lo cual redundaría en perjuicio de los consumidores. En efecto, la fijación de precios o tarifas en los diversos mercados de hidrocarburos puede tener una incidencia sobre las empresas que compran de primera mano, pero también para el público en general, al ser bienes esenciales para llevar a cabo casi cualquier actividad económica y para la generación de energía. Esto es, al proveerse sobre la suspensión, el juez de distrito no tiene a su alcance todos los elementos técnicos necesarios para prever los efectos que una medida cautelar sobre la regulación del mercado de hidrocarburos puede tener, pues al tratarse de la regulación de precios y tarifas de éstos, una suspensión puede generar distorsiones en los mercados y en la competencia que pueden ser de difícil reparación en el mediano y largo plazos. No obstante, si bien las decisiones de regulación en materia energética están sujetas a revisión judicial por la vía del amparo, lo anterior no significa que deban ser suspendidas, pues dicha medida cautelar perjudicaría al mercado de los hidrocarburos y al desarrollo de la competencia, ya que no se permitiría el establecimiento de las determinaciones, muchas de ellas asimétricas, encaminadas a fijar condiciones básicas de acceso para todos los interesados”.

4

relatividad. su reinterpretación a partir de la reforma constitucional de

enfermedad; que estamos llenos de contradicciones, incoherencias, labilidad, mala entraña, pasiones y picos y valles y a veces habrá, entre los jueces humanos, quien pueda ser a un tiempo más de una cosa buena y servir de ejemplo de tolerancia, prudencia, excelencia y todas las virtudes que se quiera, pero será ejemplo durante el limitado número de jornadas en que pudo o supo comportarse así, virtuosamente a tope, por completo, pues no podrá serlo así cada hora, cada minuto, día a día, porque se presentarán otros intereses que lo distraerán del recto dictado de una sentencia: no podrá desconocer algún recuerdo triste que de repente aflora y enturbia su raciocinio, ni posponer impávido las pulsiones sexuales que tanto perturban la inteligencia, ni vencer la fatiga que le impida siquiera enterarse del caso, ni obviar el hambre que dificulta pensar en otra cosa que no sea saciarla, ni olvidar fácilmente la afrenta de un vecino que viene a la mente justo al momento de iniciar una audiencia, ni dejar de considerar que los agravios infligidos por algún pariente lejano tendrían que pagarse ojo por ojo (aunque después controle ese odio súbito), ni contener las ganas de hacer gala de sus profundos razonamientos y altísimos valores, vanidad de vanidades...

Porque habrá mujeres y hombres virtuosos —que ojalá así sean y hayan sio los que hasta ahora encontraron sitial en las cortes de justicia—, pero no sempiternamente virtuosos.

Publicado con autorización del autor.

Juan Pablo Gómez Fierro es juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República y profesor en la especialidad en Derecho de amparo en la Universidad Panamericana.

Miguel Bonilla López, Los jueces eléctricos. Trece viñetas de un mundo distópico, Ubijus, México, 2020, pp. 23-25.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Voces

Mateo Mansilla-Moya

Rodolfo Osorio y Hugo Isaak

Ciudades inteligentes y desarrollo sustentable

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Empresas y tecnología

El desarrollo tecnológico y científico ha servido para replantear la forma en la que pensamos las ciudades y los espacios en los que nos interrelacionamos a la luz de un futuro sustentable. Las ciu-

dades inteligentes, interconectadas, ya se están generando en

México. Rodolfo Osorio y Hugo Isaak, de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, nos platicaron de qué se trata esto.

Qué son las ciudades inteligentes?

Hugo Isaak: La ciudad inteligente es un modelo de investigación basado en un ecosistema digital, que nació desde hace 50 años; es un término que empezó a utilizarse en la elaboración común de laboratorios de ecosistemas digitales y en la aplicación de la tecnología para la ciudadanía; el término anglosajón es smart city. En términos muy sencillos, es un ecosistema digital que permite la interacción de la tecnología con el ser humano.

Rodolfo Osorio: Es un modelo fundamental para los ciudadanos, porque a través de estas ciudades inteligentes se busca que haya espacios públicos donde las personas puedan convivir, tener seguridad, mejores vialidades y mejor transporte, y donde los pasajeros puedan tener la tranquilidad de llegar a sus lugares de trabajo y a sus casas de manera segura. n ¿Por qué es importante pensar en promover las ciudades inteligentes?

Rodolfo Osorio: Se estima que para 2050 casi 80 por ciento de las poblaciones del mundo vivirán en núcleos urbanos. Si no se lleva a cabo una planeación de estos espacios habrá un crecimiento muy irregular. Es fundamental pensar en estas ciudades bien organizadas que puedan dignificar la vida de las personas.

Hugo Isaak: En términos urbanos, convivimos y convergemos en una ciudad inteligente de manera cotidiana. Antes de la pandemia, las ciudades funcionaban en torno de un vector en el que convergían el Estado, la academia y los estudiantes. Toda esta convergencia de la sociedad en un solo punto y en un mismo tiempo provocó que

durante la contingencia sanitaria se buscaran elementos de separación para que la gente pudiera estar, individualmente, desde la casa, compartiendo y conviviendo, concurriendo con todos los seres humanos en todas sus vertientes. A partir de ese escenario, llegamos a la conclusión, con base en otros fenómenos y en otros efectos que hemos estudiado en otras ciudades, de que debía acelerarse la transición a la ciudad inteligente, para pasar de la urbanidad convencional a la súper ciudad.

Pudimos constatar cómo fueron creándose diversos mecanismos nuevos después de la pandemia: la simbiosis de la tecnología que ya forma parte de nosotros; la posibilidad de moverse a través de una aplicación; el acceso a servicios por medio de distintos recursos digitales; el acceso a la academia a distancia, y los modelos educativos híbridos. Y esta época también se vuelve la era de la nueva gobernanza: los gobiernos abiertos y los gobiernos inteligentes, que permiten esta simbiosis con la ciudad.

Por eso, con base en el trabajo que estamos realizando en la cancillería realizamos análisis de los comportamientos de las ciudades antes, durante y después de la pandemia, en tres secciones: las ciudades muy desarrolladas, las ciudades en proceso de desarrollo y las ciudades segmentadas o rezagadas, todas las cuales transitan su propia ruta hacia la interconexión para crear la súper ciudad, esto es, la ciudad inteligente. n ¿Cómo se vincula lo anterior con la era del conocimiento?

Hugo Isaak: El concepto al que te refieres se acuñó a partir de la Cuarta Revolución

del Conocimiento, que es la que estamos viviendo ahora. Hay que tomar en cuenta que la era inmediata anterior es la de internet de la década de 1990, cuando la revolución de la tecnología perseguía un mundo globalizado, pero no un mundo interconectado.

En la Cuarta Revolución Industrial del Conocimiento se aplica la ciencia de las demás eras, pero a través del big data. En esta era buscamos interconectar la ciudad y los territorios, con las mejores prácticas, a través del conocimiento. n Llama la atención que este esfuerzo se esté haciendo desde la cancillería. ¿Qué tipo de vínculos presupone la construcción de una sociedad inteligente en la era del conocimiento?

Rodolfo Osorio: Se realiza desde la cancillería porque aquí, en la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales, tenemos relación con los grandes organismos, como la onu, la unesco y la onu Hábitat. Con esta última, cuya asamblea es presidida por la subsecretaria Martha Delgado, desarrollamos temas urbanos. Nuestra labor está enfocada en aplicar toda la red de experiencia y conocimiento que ha desarrollado la onu Hábitat con la nueva agenda urbana. A través de la relación que tenemos con ellos, la cancillería está aplicando la agenda urbana en relación con los objetivos para el desarrollo sostenible (ods), por medio de diferentes foros y eventos en los que compartimos buenas prácticas, no sólo en el interior del país, sino también en otras ciudades alrededor del mundo. A partir de esta experiencia podemos desarrollar una agenda de trabajo en beneficio de todos los mexicanos y de todas las ciudades mexicanas.

Hugo Isaak: El ods 11 —ciudades y comunidades sustentables— nos permite coverger en el ámbito internacional a través de la onu Hábitat. Pareciera que la Agenda 2030 es un tema de moda, pero evidentemente es un documento que nos exige trabajar en conjunto para erradicar muchos problemas, como la pobreza. Por eso nos vinculamos con las organizaciones de la sociedad civil y trabajamos en conjunto. No obstante, nos hemos cuestionado, con base en el LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Voces

Rodolfo Antonio Osorio de Carrera es director general de Vinculación con las Organizaciones de las Sociedad Civil de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

horizonte de la Agenda 2030 y la madurez que está adquiriendo, ¿qué sigue después?

A la luz de la nueva agenda urbana, con los mecanismos que estamos implementando y tomando en consideración casos muy específicos de éxito, debemos atender diversas variables hasta 2050, como la calidad de vida, la educación, la salud, la seguridad, el cambio climático, la economía, etcétera.

Rodolfo Osorio: El trabajo de las organizaciones sociales es fundamental para desarrollar políticas públicas orientadas a la realidad y a las necesidades de la sociedad.

Muchas veces en los Gobiernos los funcionarios ocupamos cargos por periodos transitorios, mientras que el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil es permanente. Hay organizaciones que han dado seguimiento a un tema determinado desde hace 30 años y su trabajo tiene una cobertura mucho más amplia, incluso en pequeñas comunidades a las que muchas veces el gobierno no puede acceder. Por eso el trabajo que se realiza a través de las organizaciones sociales es fundamental y constituye un complemento

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Hugo Isaak Zepeda es coordinador general internacional urbano de la Dirección de Vinculación con las Organizaciones de las Sociedad Civil de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

muy importante de la labor que lleva a cabo el Gobierno. n ¿Qué impacto puede tener una ciudad inteligente en la sociedad?

Hugo Isaak. En un principio, depende mucho del involucramiento de la gente. Debemos tomar en cuenta que estamos forjando generaciones mucho más fuertes que las anteriores. Una forma como se involucra el proyecto Interconectar a la ciudad tiene que ver con la manera en que la sociedad se va transformando con base en la experiencia que va adquiriendo. La sociedad joven es la que puede converger más fácilmente con el conocimiento y con la academia, así como con el gobierno, que aunque tiene la responsabilidad de resolver los problemas de la ciudad no puede hacelo solo: los ciudadanos también tienen el deber de involucrarse para crear una ciudad realmente inteligente.

La ciudad inteligente obedece a las condiciones de la economía; por eso se debe vincular a la sociedad civil con la política pública para generar empleos, para realizar transacciones comerciales mucho más

óptimas y para implementar mecanismos que se puedan reproducir en otros lugares.

La idea es procurar que la ciudad inteligente aporte información para el análisis de datos, con el objetivo de crear laboratorios en los territorios para verificar que esos datos, respecto de los planes de desarrollo de las distintas localidades, ayuden a resolver problemáticas en el corto plazo y que los territorios que busquen y alcancen la prosperidad lo hagan en tres ejes: la suficiencia alimentaria, la hiperconectividad —es decir, el esqueleto de la digitalización de la tecnología big data— y la prosperidad humana.

La sociedad debe entender que crear una ciudad inteligente implica la convergencia de diversos actores: el gobierno, la academia, la sociedad civil y el sector empresarial.

Rodolfo Osorio: Hay un impacto social positivo en la cotidianidad. Se trata de la proximidad de la ciudad, para que sea accesible y uno no tenga que transportarse durante tres horas, todos los días, para llegar a su trabajo, y luego, de regreso a casa. Esto está directamente relacionado con la calidad de vida. Hay espacios públicos donde debería

Empresas y tecnología

haber interacción, donde los jóvenes puedan salir después de clases y contar con un lugar digno para la recreación, así como con escuelas bien equipadas. Todo en un radio cercano. Se trata de crear ciudades de proximidad, donde haya hospitales, restaurantes, supermercados y vivienda digna. n En relación con las fases de implementación de las ciudades inteligentes, ¿en cuál se encuentran las diversas urbes de México?

Hugo Isaak: En la fase cero, esto es, en la fase de arranque.

Rodolfo Osorio: Cada ciudad posee su propio nivel de desarrollo. Hay ciudades como Querétaro y Guadalajara que ya han avanzado hacia ese objetivo. Las ciudades que apenas están empezando a hacerlo tienen gran oportunidad de avanzar en el camino correcto gracias a las buenas prácticas que otras urbes están compartiendo.

Hugo Isaak: Puebla y Mérida querían volverse smart cities, pero quedaron atrapadas en el proceso. En la Ciudad de México hay un proyecto en Polanco, en Río San Joaquín, que se llama Neuchatel, de una empresa que se ha dedicado en los últimos años al desarrollo de inteligencia artificial, con un programa que se llama The Eye of Mexico, mediante un ojo que mide, a través de sensores, el flujo de vehículos y de personas, así como el ambiente. A las personas que están en ese cuadrante les envía recomendaciones para reducir su nivel de estrés y de cansancio y sugerencias acerca de qué hacer para mejorar su calidad de vida. Todos estos proyectos los estamos incoporando a una agenda para implementarlos en ciudades en desarrollo, las cuales cada vez son más.

Lo que estamos haciendo ahora, desde la fase 0, es interconectarlas. La fase 1 consiste en crear los laboratorios, y la fase 2, en implementarlos con data para la mecánica y la optimización de toda la maquinaria necesaria.

Rodolfo Osorio: Finalmente estamos compartiendo las metodologías internacionales, pero mucho depende de la voluntad política de los gobernantes en turno en las entidades federativas y en las ciudades del país, muchas de las cuales están muy interesadas en el tema, al grado de que ya han hecho alianzas directas con la v onu Hábitat para

Fotografía: neuchatel.mx

The Eye of Mexico, Polanco que las asesoren en el desarrollo específico de su territorio.

y permear a toda la región con proyectos firmes de súper ciudades.

n ¿Qué dificultades tecnológicas supone para un gobierno establecer una ciudad inteligente?

Rodolfo Osorio: Más que tecnológicas, son presupuestarias. Aunque debemos hacer más accesible la tecnología, pues tenemos que partir de que todas las personas tengan acceso a internet.

Hugo Isaak: El objetivo del ecosistema digital es hacer más con menos. La idea de la optimización de los recursos es que, sobre los recursos que ya se tienen asignados, el new big data analice los datos y arroje las variables para saber hacia dónde se tiene que optar para el desarrollo. Un ejemplo es la infraestructura con la que cuentan los territorios. Actualmente, entre 40 y 45 por ciento de la población de nuestro país tiene acceso a esta infraestructura general, esto es, a internet y a otros suministros a través de la tecnología; el 30 por ciento está en el proceso de alcanzar ese objetivo. Tomando en consideración esto creemos que en los próximos 10 años se podrá generar un vínculo de infraestructura real, pero sólo en algunos territorios. México puede ser un ejemplo para América Latina y el Caribe

n Además de las ciudades optimistas que se han sumado a este proyecto, a nivel nacional, ¿cómo vislumbran la participación de la ciudadanía?

Rodolfo Osorio: La ciudadanía está muy activa. Hay diferentes grupos de organizaciones sociales que abordan una gran diversidad de temas. Estamos en un punto en que los gobiernos estatales y los gobiernos municipales están entendiendo que éste es el futuro. Se están percatando de que la migración a las ciudades es mayor y que el crecimiento, en este sentido, debe ser organizado con base en buenas prácticas.

Si no se hace así, resultará en detrimento de toda la ciudadanía.

Hugo Isaak: La ciudad se está volviendo inteligente porque está optimizando todo: creando vida donde no la había, generando territorios donde antes era impensable que los habría. Las manchas urbanas se establecen donde existen los territorios más prósperos, donde habrá más éxodos.

Esa es una constante en la historia de la humanidad: toda sociedad siempre va a buscar un territorio próspero para establecerse. 7 LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ ¿Qué dicen hoy los tribunales? ] Denise Tron Zuccher y Mariana Ruiz Albarrán

¿Cuáles fueron los criterios de los tribunales el mes pasado? Denise Tron Zuccher y Mariana Ruiz Albarrán nos lo presentan por materia.

FISCAL avala tope a deducción de intereses La Primera Sala de la Suprema Corte confirmó la constitucionalidad del tope a la deducción de intereses para personas morales establecido en 2020 en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta medida es razonable en tanto busca evitar la evasión fiscal y está alineada a las políticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Registros: 2025501, 2025500, 2025499, 2025498 y 2025497. scjn

Listado de empresas fantasma El plazo de 50 días que tiene el Sistema de Administración Tributaria (sat) para resolver si un contribuyente se incluye en definitiva en el listado de empresas fantasma debe contabilizarse una vez que transcurra el plazo para ofrecer pruebas. Si el sat no resuelve y notifica su resolución en ese plazo, la presunción de empresa fantasma queda sin efectos.

Registro: 2025540.

ADMINISTRATIVO Revisión fiscal en vía sumaria Cuando el juicio contencioso administrativo se tramite en la vía sumaria, la autoridad no podrá promover recurso de revisión fiscal, incluso si en la sentencia se utilizó el

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abogacía Febrero 2023

control difuso para inaplicar una norma [Plenos de Circuito, jurisprudencia] Registro: 2025468.

públicas, ya que los supuestos de procedencia se refieren a servicios de carácter económico y de naturaleza comercial.

Registros: 2025553 y 2025554.

JUICIO EN LINEA e.firma de persona moral no es válida La Primera Sala confirmó en jurisprudencia que la firma electrónica de una persona moral no es válida para utilizarse en escritos presentados a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial. El juez debe requerir para que el escrito sea firmado por el representante legal. Registro: 2025459.

Requisitos para promover recursos en línea El Pleno de la Suprema Corte resolvió en jurisprudencia que no se requiere una autorización expresa para que el abogado promueva recurso de revisión a través del Portal de Servicios en Línea. Es suficiente la autorización en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Registro: 2025525.

ACCIONES COLECTIVAS

No proceden en servicios educativos La Primera Sala sostuvo que las acciones colectivas no pueden utilizarse para impugnar servicios educativos en escuelas

Designación de representante común La designación del representante común de la colectividad puede hacerse en un solo documento que contenga la firma de todos los miembros de la colectividad o en documentos individuales. Además se resolvió que no es necesario que el representante sea parte de la colectividad afectada. Registro: 2025621.

Colectividad y medio ambiente Si en la acción colectiva se demanda un daño ambiental, los vecinos podrán acreditar que forman parte de la colectividad con copia simple de su identificación, si en ella se menciona su domicilio. Registro: 2025620.

CIVIL Deficiente actuación de abogados en juicio de alimentos Un concubino condenado al pago de alimentos promovió juicio de amparo argumentando que no había ofrecido pruebas idóneas en el juicio civil por una actuación deficiente de sus abogados. El tribunal determinó que la actuación de los

abogados en materia civil no puede ser revisada en amparo, a diferencia de la materia penal.

Registro: 2025469.

Perfeccionamiento de donación entre cónyuges La Primera Sala confirmó en jurisprudencia que cuando la ley establece que las donaciones entre cónyuges pueden revocarse libremente y se confirman hasta la muerte del donante, la transmisión de la propiedad acontece hasta ese momento. Lo anterior para los códigos civiles de Aguascalientes, Nuevo León y Quintana Roo. Registro: 2025455.

Padres divorciados: convivencia virtual con hijos Cuando los padres divorciados viven en ciudades distintas, el régimen de convivencia deberá contemplar visitas presenciales entre padres e hijos, sin que sea posible que se limite a comunicaciones por vía electrónica.

Registros: 2025617 y 2025586.

Daño moral en accidentes de auto Después de que un adolescente atropelló y mató a una persona, su familiar demandó el pago de daños patrimoniales y de daño moral. En jurisprudencia, la Primera Sala confirmó que la responsabilidad objetiva causada por manejar un auto sí puede provocar un daño moral, el cual tendrá que ser reparado.

También sostuvo que para probar el daño moral es suficiente hacerlo de manera indirecta, sin que puedan exigirse pruebas directas. Registros: 2025632 y 2025633.

AMPARO Inconstitucionalidad de una norma local Cuando en amparo indirecto se promueva recurso de revisión ante la Suprema Corte por inconstitucionalidad de normas locales, estará limitado a determinar cuál es el alcance de un derecho humano. Los demás casos serán resueltos por tribunales colegiados [Primera Sala, jurisprudencia] Registro: 2025561.

Juicio de amparo contra aseguradora Si una compañía de seguros se niega a asegurar a una niña con una discapacidad, esa negativa es un acto de autoridad y por tanto podrá impugnarse a través del juicio de amparo.

El tribunal consideró que las aseguradoras actúan como garantes del derecho a la salud.

Registro: 2025622.

P D e A

LABORAL Responsabilidad de empresas en subcontratación Dos empresas que forman parte de un mismo grupo serán consideradas responsables solidarias respecto de las obligaciones con el trabajador, si mediante indicios se puede probar que una de las empresas es la que paga su salario y la otra es la que recibe los servicios del trabajador. Registro: 2025669.

Libertad sindical Asignación de dígito sindical. Si una trabajadora de la Fiscalía General de la Ciudad de México se afilia a un sindicato minoritario, la Fiscalía está obligada a reconocer que forma parte de un sindicato y, por lo tanto, a asignarle un dígito sindical.

Registro: 2025640.

Participación en comités. Los sindicatos minoritarios tienen derecho a participar en los comités que definen los sistemas de evaluación de los trabajadores. Si se impide su participación, se transgrede la libertad sindical. Registros: 2025650 y 2025651.

Interés legítimo del sindicato.

Un tribunal reconoció el interés legítimo de un sindicato para impugnar como normas autoaplicativas los artículos de la Ley del Seguro Social modificados en 2020, respecto del régimen financiero de los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Registro: 2025668.

Teléfonos de México como autoridad responsable Si de forma injustificada Teléfonos de México deja de pagar una pensión jubilatoria que previamente fue ratificada ante la junta laboral, se considera que actúa como autoridad y por lo tanto procede el juicio de amparo, ya que transgrede derechos humanos del pensionado. Registros: 2025653 y 2025654.

PENAL Oposición de la víctima a terminación anticipada La víctima del delito sólo podrá oponerse a que se concluya el proceso penal a cambio de la reparación del daño, si considera que no se cumplieron los

requisitos que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. No podrá oponerse si sólo señala que el delito fue muy grave y que debe castigarse. Registro: 2025474.

Amparo contra investigaciones del Ministerio Público La Primera Sala confirmó que sí procede el juicio de amparo en contra de los actos —u omisiones— del Ministerio Público durante la etapa de investigación complementaria, que va desde la formulación de la imputación hasta el cierre de la investigación [Jurisprudencia] Registro: 2025447.

Nuevo criterio del Pleno en revisión adhesiva El Pleno de la Suprema Corte amplió la posibilidad de defensa para los inculpados en materia penal y modificó su criterio. Ahora, el inculpado en un proceso penal podrá ampliar su defensa al presentar revisión adhesiva, sin tener que limitarse a las cuestiones planteadas en el recurso principal por parte del Ministerio Público o de la víctima. Registro: 2025529 [Blog 96]. 7

Pérez de Acha Ibarra de Rueda Denise Tron Zuccher es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, asociada de PDeA Abogados y directora ejecutiva en la organización Justicia Justa.

Mariana Ruiz Albarrán es egresada de la licenciatura de Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, colabora en PDeA Abogados y es directora del área de litigio público en la organización Justicia Justa

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Natalia Baz

Natalia Baz nos comparte su lectura de 1933 Was a Bad Year, novela del estadounidense John Fante, representante del realismo sucio.

1

933 Was a Bad Year es una novela escrita en prosa sencilla, narrada en primera persona por el protagonista y alter ego de John Fante, Dominic Molise.

La narración inicia cuando en su camino a casa el joven Dominic Moise se cuestiona a sí mismo sobre sus expectativas del futuro. A la mitad de una tormenta invernal, Dominic, un beisbolista prometedor que está a punto de terminar sus estudios de preparatoria, se detiene para reflexionar:

Dominic Molise, me dije, detente. ¿Va todo según lo planeado?

Analiza tu estado actual detalladamente, emite un juicio imparcial sobre tu situación. ¿Qué es lo que ocurre, Dom? Estaba en Roper, Colorado, haciéndome más viejo cada minuto que pasaba.

Me faltaban seis meses para cumplir dieciocho años y terminar el bachillerato. Medía un metro sesenta y dos de estatura y en tres años no había crecido ni un centímetro más. Tenía las piernas arqueadas, los pies hacia adentro y unas orejas dignas de Pinocho. Tenía los dientes torcidos y más pecas en la cara que un huevo de codorniz [Fante, 7-8].

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Las preocupaciones de Dominic sobre su desarrollo como beisbolista profesional —su más grande sueño— se hacen presentes desde el inicio de la novela, y en torno a éstas gira el resto de la historia. Su físico, sin embargo, no representa el único obstáculo al que el protagonista tiene que enfrentarse para alcanzar su meta.

La niñez y el crecimiento han sido un tópico de la literatura estadounidense desde el sueño americano hasta su pulverización (Arabia, 29). La obra de Fante se inscribe en la corriente del realismo sucio y se caracteriza —como la de la generación perdida, y la de la posterior generación beat, aunque con sus particularidades— por ilustrar la crudeza de la vida de los estadounidenses, distinta al ideal del sueño americano y a la hipocresía moral de las generaciones adultas.

En este sentido, la vida de Dominic, quien quiere perseguir su sueño en los Estados Unidos de la pos Gran Depresión, siendo hijo de migrantes italianos y de padre albañil, empieza a encontrar dificultades que desbordan su altura física y su ser: su familia, su clase social, su estatus económico y un pasado para él imaginario que se materializa como lastre en el personaje de su abuela, Bettina.

Dominic vive en una vieja casa con sus hermanos, su madre, su padre y su abuela. Su madre se preocupa por los quehaceres del hogar y por ahorrar para el traje de graduación del futuro beisbolista; vive adolorida por la falta de amor de su esposo, de quien sospecha que le es infiel, y arrepentida por haber contraído matrimonio con él después de que su hermana lo rechazara. La abuela Bettina no soporta la vida en un lugar que no es mejor que su ciudad de origen, donde no conoce nada ni a nadie, y donde comparte techo con su nuera, originaria de una ciudad de menor grado social que la suya; finge no entender inglés para no entrar en discusiones cuando los nietos, o Kenny, el mejor amigo de Dominic, le hablan. El padre es un albañil desempleado por el invierno, que lleva a casa el poco dinero que gana en las apuestas en un billar del bar de la ciudad; tiene una hormigonera oxidada que es con la que trabaja, le es infiel a su esposa y quiere que Dominic siga sus pasos en la empresa de la construcción, pues no confía en que pueda entrar a un equipo profesional de béisbol.

Kenny Parrish es el mejor amigo de Dominic y su interés por el béisbol es lo único que los une, pues la familia de Kenny pertenece a un sector socioeconómico superior al de la familia Molise, lo que ha generado desprecio por parte de la familia Parrish hacia el pequeño Dominic. Kenny, a pesar de su corta edad, puede plantearse los sueños que el dinero de su familia le hace accesibles, a diferencia de Dominic, quien se adhiere a los mismos sueños sin tener la capacidad económica para alcanzarlos. Ambos planean huir de la ciudad para presentarse ante el equipo de béisbol profesional más cercano a ellos y firmar contrato para convertirse en jugadores. Pero ni Dominic ni su familia tienen el dinero para pagar el boleto de autobús que necesita el chico Molise para concretar su plan.

—¡Vámonos, Kenny! ¡Vayámonos antes de que la muerte nos alcance!

—Sellemos el acuerdo.

Volvimos a darnos la mano.

—¿Cuándo?

—Mañana —dijo—. Subiremos a un autobús y llegaremos en dos días.

Aquello me frenó un poco. Había inconvenientes.

—¿Cuánto nos costará?

Ken calculaba que cincuenta por cabeza hasta que firmáramos el contrato.

Di un gruñido. Aquello era más de lo que valían los muebles de mi casa, incluida la estufa de la cocina. Recordé la mandíbula floja de mi padre mientras repasaba nuestras deudas: el alquiler, la luz, el lechero, el colmado, el carbón, el médico, el almacén de maderas. Éramos tan pobres que incluso las pobres monjas del Santa Catalina nos habían admitido gratis.

Y allí estaba Kenny con su abrigo nuevo, sus zapatos ingleses y su gorro de piel, hablando de cincuenta dólares como si se tratara de cincuenta centavos, y me puse a gritar: —¿Por qué tu hermana Dorothy no me dirige la palabra? ¿Por qué es tan clasista conmigo? ¿Qué le he hecho yo? ¿Acaso soy un vagabundo o algo parecido? Cada vez que me ve, me da la espalda. ¡Es indignante! [68-69].

Dominic es un joven idealista e impulsivo que pretende alcanzar sus objetivos siN tomar en cuenta su contexto, lo que suele llevarlo al fracaso.

La abuela Bettina no tolera la vida en Estados Unidos: no conoce nada ni a nadie, y la marginación que vive con su familia la hace despreciar todo lo que hay y sucede ahí, como el azúcar o los sueños de su nieto que “sabe todo lo de la vida” con sus ideales. La familia emigró a América en busca del sueño americano, pero no lo encontró. Para la abuela Bettina, que su nieto se planteé alcanzarlo es una tontería porque está consciente de que no existe; al menos, no para ellos.

Dominic es un joven idealista e impulsivo que pretende alcanzar sus objetivos sin tomar en cuenta su contexto, lo que suele llevarlo al fracaso. Durante un encuentro que tiene con Dorothy Parrish, a quien ama y a quien se le quiere declarar, termina abusando de ella. Esta escena se presenta como preludio de otro de los grandes fracasos de Dominic con el que concluye la novela.

En los cinco capítulos que componen 1933 Was a Bad Year, el lector logra adentrarse en el sentimiento de frustración de John Fante, descendiente de una familia italiana inmigrante, a través de Dominic Molise, su alter ego, quien aborda el tema del crecimiento —y su dificultad— en unos Estados Unidos en los que el ideal del sueño americano nunca logra concretarse. 7 Fuentes de consulta Arabia, Juan, “John Fante: el tópico del crecimiento en la literatura norteamericana”, en Posdata a la generación beat, Argentina: Buenos Aires Poetry, 2014.

Fante, John, Un año pésimo, trad. de Antonio-Prometeo Moya, España: Anagrama, 2018.

Natalia Baz es licenciada en Derecho, maestra en Derechos Humanos y doctoranda en Ciencias Políticas. Investigadora en materia de derechos humanos. Promotora del movimiento académico Derecho y Literatura.

Apasionada lectora de Borges. @baz_nat91

[ Los universitarios hablan ]

Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación En enero de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal reno-

varon su presidencia. Durante la primera sesión del Pleno en 2023 la ministra Norma Lucía Piña Hernández resultó electa para ese cargo. La decisión de sus pares no sólo representó el respaldo que tienen su trayectoria profesional y sus decisiones técnicas en el sistema de justicia, sino también sentó un importante precedente en el esfuerzo de las mujeres por ocupar cargos de representación.

“Inspiración y representación” El año 2023 empezó con buenas noticias provenientes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La votación a favor de la nueva ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández trae consigo muchos temas para reflexionar. Me gustaría enfocarme en lo que implica que una mujer acceda por primera vez a un cargo de esta magnitud y, además, las consecuencias que su plan de trabajo tendrá en el Poder Judicial de la Federación.

El pasado 11 de noviembre se publicó una nota de el periódico El País en la que abiertamente la ministra destacaba su férreo posicionamiento de querer ser la primera mujer que rompiera un techo de cristal tan significativo en el Poder Judicial; desde antes sabíamos lo disruptiva que puede llegar a ser con sus posicionamientos, pero éste en específico fue uno que causaba esperanza porque conocemos su carrera judicial, su experiencia, su formalismo y la progresividad con que fundamenta cada una de sus actuaciones.

Para muchos bastaron 14 minutos con 30 segundos para romper ese techo de cristal, pero ha sido una ardua lucha para las mujeres demostrar que debemos estar en lugares en los que se toman decisiones trascendentales para el país. Hace algunos meses la ministra Piña Hernández mencionaba, en un destacable y emotivo discurso,

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la culpa que nos acompaña a las mujeres cuando vamos en busca de nuestras metas, todo por la visión patriarcal de la sociedad, esa culpa que no debería existir, pero que es uno de los retos adicionales a los que nos enfrentamos día a día.

Aunque en ese mismo discurso destacó la importancia de las acciones afirmativas, haber sido electa como presidenta fue producto de su arduo trabajo, su trayectoria, sus votos y su plan de trabajo de los que sus pares han sido testigos; en concreto, un documento de 34 páginas en el que destaca la independencia judicial y en el que propone encontrar mecanismos para salvaguardar la integridad de los operadores jurídicos, pues asegura que un juzgador no puede ser independiente si no se encuentra en una base de seguridad.

Su nuevo cargo es inspirador. Buscar representación de mujeres con ideales feministas en la carrera de Derecho a veces es difícil, pero Norma Lucía Piña Hernández rompió ese estigma. Ahora, aspirar a un puesto importante sin dejar de lado nuestras convicciones y nuestros valores se va a convertir en la regla y no en la excepción.

Que nunca se olvide que la representación importa.

Mirna Molina Alonso, Escuela Libre de Derecho MirnaMolinaAlo1

Hay juezas en Berlín El nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) ha dado un golpe de autoridad ante el juego político de Andrés Manuel López Obrador. El presidente ignora o decide ignorar que el deber del juez constitucional es con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum) y no con su programa político. Cuando la ley y la cpeum estorban a las pretensiones del poder, mantener imparcial e independiente al máximo tribunal del país es indispensable para sostener al Estado constitucional.

En un país donde abunda el nepotismo y la conveniencia política celebro el triunfo de la meritocracia. Además de posicionarse como la primera mujer en la historia en ocupar el cargo, la ministra Piña es una jurista de reconocida trayectoria judicial y comprobada calidad técnica. Sus decisiones han sido congruentes con su discurso. Su compromiso con la agenda de género ha iniciado por reconocer que históricamente las mujeres han sido sometidas a la exclusión sistemática de los cargos públicos. Las acciones afirmativas han marcado un avance claro.

Sin embargo, queda mucho por hacer y la ministra presidenta está consciente de eso.

Las necesidades de reconocimiento de derechos de sectores específicos de la sociedad mexicana crecen a velocidades nunca vistas. El respeto, la protección, la promoción y la garantía de los derechos humanos de fuente nacional e internacional requieren autoridades sólidas que estén a la altura de su fuerza expansiva. El compromiso de los tribunales con la independencia judicial y el equilibrio de los órganos de poder abona a consolidar la dimensión sustancial del sistema democrático que sirve como límite al poder y al “gobierno de las mayorías”.

La exigencia es clara. El juez es juez y no político, aunque sus decisiones involucren cuestiones políticas. La scjn es nuestro máximo guardián. Todavía hay jueces en Berlín y también cada vez hay más juezas. La designación de una mujer profesional y objetiva que ha roto lo que ella misma llama “un inaccesible techo de cristal” abre para la Corte y el Poder Judicial Federal —al menos en la expectativa— un panorama de progresismo y contrapeso.

Ministra Piña, ministra presidenta El pasado lunes 2 de enero de 2023, en elección histórica, Norma Lucía Piña Hernández salió victoriosa como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn); la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de los Estados Unidos Mexicanos, votada por seis de sus compañeras y compañeros ministros. Piña, quien cuenta con 34 años de carrera judicial, se unió a las filas del Poder Judicial desde 1988 hasta llegar al máximo tribunal constitucional en 2012, a propuesta del presidente de entonces, Enrique Peña Nieto. La ministra presidenta ocupará el cargo hasta 2026.

La elección de Norma Piña para presidir nuestro tribunal constitucional es de celebrarse, por un lado, por su capacidad y su carrera personal, y por otro, por ser un hito para las mujeres en México y una señal de progreso hacia el futuro. Es, sin lugar a duda, una bengala de esperanza para todas las mujeres estudiantes de Derecho en el país y para las jóvenes abogadas al saber que pueden aspirar, como la ministra presidenta Norma Piña, a presidir algún día el tribunal más importante.

Se rompió el techo de cristal, pero todavía falta camino por recorrer… ¿Cómo figura México internacionalmente en materia de paridad de género en el Poder Judicial? A 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos reportó que las mujeres ocupan alrededor de 33.6 por ciento en las cortes supremas alrededor del mundo, con países como Latvia y Luxemburgo que sobrepasan por un buen margen el 50 por ciento. Según la Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean, a 2021, el promedio en América Latina es de 30.4 por ciento, menor que, pero no tan lejano, del índice mundial, con Guatemala y Panamá que superan el 50 por ciento. Con el nombramiento de Loretta Ortiz Ahlf a finales de 2021, hoy cuatro de los 11 cargos en la scjn mexicana son ocupados por mujeres, es decir, alrededor de 36.4 por ciento, lo que nos coloca por encima del promedio, pero aún por debajo de una auténtica paridad de género.

“Nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos”, señaló la ministra presidenta Norma Piña, quien desde su proyecto de trabajo como candidata a la presidencia anunciaba que enfocaría sus esfuerzos en promover la equidad de género y prevenir el acoso en el Poder Judicial de la Federación, entre los demás ejes en que se basó su programa.

Arturo Yamil Alvarado Díaz Slim @arturoyamilads

Alejandra Estrada Campos, Escuela Libre de Derecho aleestradac_

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[ Visión global ]

Paulina Palencia Méndez

La internacionalización de las ciudades Cada ciudad tiene su historia, su cultura, sus olores, su gastronomía y su eje de trabajo con el fin de beneficiar a sus ciudadanos. Por eso, las ciudades más importantes y representativas del mundo han empezado a crear redes intersectoriales que incentivan la transformación urbana, con una mayor incidencia de gobiernos locales democráticos en la esfera internacional. ¿Será que la humanidad está creando un nuevo paradigma en las relaciones internacionales? Paulina Palencia Méndez nos comparte sus reflexiones sobre el urbanismo inteligente.

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Breve historia La internacionalización de las ciudades data de 1913, cuando se creó, en los Países Bajos, la Unión Internacional de Autoridades Locales (iula, por sus siglas en inglés) con la intención de promover valores democráticos y facilitar el contacto cultural mediante el intercambio de información. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1950, se formó la Federación Mundial de las Ciudades Unidas (fmcu) para reivindicar la importancia de las ciudades en el ámbito internacional.

A finales del siglo xx algunas ciudades se percataron de la necesidad de crear un urbanismo inteligente en el que el uso de las nuevas tecnologías, la democratización del conocimiento y la buena interpretación de datos podrían redimensionar la calidad de vida de sus habitantes con soluciones a problemas complejos. Por eso en 1999 se constituyó la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (flacma), cuyo objetivo es favorecer una integración regional que contribuya a la mejora de las gestiones públicas locales.

Paralelamente, existen múltiples alianzas regionales que promueven una agenda local con incidencia global. Entre las más importantes está la asociación de Mercociudades1 y la alianza eurolatinoamericana de cooperación entre ciudades conocida como AL-Las. En 2004 se fundó en Barcelona, España, la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (ocglu), en la que más de mil ciudades situadas en 95 países forman parte de la mayor organización de gobiernos locales y regionales del mundo.

La diplomacia entre ciudades Las redes intersectoriales entre las ciudades promueven un aprendizaje en la formulación y la aplicación de políticas públicas basado en la cooperación técnica, donde el intercambio de información es el eje central

Empresas y tecnología

de la diplomacia en el que se postulan nuevos objetivos que contribuyan a la reducción de las desigualdades.

Concordando plenamente con este llamado, las ciudades tienen como prioridad la sustentabilidad, la inclusión social y la atractividad territorial. Dicho lo anterior, ¿las ciudades deben ser reconocidas como actores internacionales? Sí. Y merecen tener un asiento en las mesas de negociación para promover un impacto positivo mediante alianzas y dinámicas innovadoras en diversas áreas: conectividad, comercio, tecnología, comunicación, seguridad, participación ciudadana, por mencionar algunas, que impulsen la generación de propuestas de valor.

A pesar de lo anterior, para lograr una transformación urbana deben intervenir ciudadanos, gobierno e iniciativa privada para promover legalidad y legitimidad en la toma de decisiones, con el propósito de brindar espacios de oportunidad. Desafortunadamente esa transformación es desigual porque no todos los gobiernos locales cuentan con la capacidad de respuesta y planeación al conducir pruebas de ensayo

y error. Por esa razón, la voluntad política y la transversalidad facilitarán el proceso de transformación urbana.

Pueblos mágicos Un claro ejemplo del potencial de las ciudades como actores internacionales son los pueblos mágicos que existen en la República mexicana, pues tratan de seducir al turista por medio de su historia e identidad y sus características y filosofía. los pueblos mágicos han logrado transformar la identidad territorial como un componente en la esfera internacional, razón por la cual el gobierno de México tiene una brecha de oportunidad grandiosa para forjar una política exterior que atraiga mayor turismo e inversión extranjera.

Nómadas digitales La crisis sanitaria por el Covid19 propició que varias empresas facilitaran el trabajo remoto, lo cual brindó la oportunidad a cientos de miles de trabajadores de laborar desde cualquier parte del mundo y conocer nuevos horizontes, gozando de un estilo de vida particular. México, por no contar con medidas sanitarias tan restrictivas, dio

posibilidades a todos aquellos viajeros que quisieran visitar, “por cortas temporadas”, las principales ciudades con la finalidad de reactivar la economía.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. La falta de prevención en materia migratoria ocasionó un éxodo en algunas de las colonias más codiciadas de la Ciudad de México al desplazar a sus habitantes por la gentrificación en el encarecimiento de la vivienda.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, en meses pasados firmó un convenio con la empresa AirBnb2 para impulsar el turismo digital. ¿Es viable? ¿Es cuestionable? Los capitalinos mostraron su inconformidad al verse en una situación de vulnerabilidad por no poder competir con los salarios que reciben los nómadas digitales, en su mayoría en dólares estadounidenses, razón por la cual la ciudadanía exhortó al gobierno de la Ciudad de México a revisar ese acuerdo, para que ambas partes se vean beneficiadas. En primera instancia, el reclamo se sustenta en la falta de expedición de visas o permisos de trabajo a los extranjeros que los

exime del pago de impuestos.

Tomando nota de lo anterior, el gobierno de la Ciudad de México debe aprovechar y hacer uso de las relaciones internacionales que sostiene con otras ciudades para conocer las experiencias y las acciones de políticas públicas implementadas3 en esta índole de acuerdos con el propósito de converger en regulaciones pertinentes y con previo conocimiento en el manejo de crisis.

Por eso, la Ciudad de México está obligada en hacer valer su estatus de ciudad global con el fin de mejorar, en todos los ámbitos posibles, sus redes intersectoriales en las que ha trabajado y beneficiarse de experiencias previas para evitar retrocesos y mayor desigualdad.

A modo de conclusión, la finalidad de la internacionalización de las ciudades está en el intercambio de información donde las buenas y las malas prácticas puedan beneficiar a otras ciudades en el corto plazo, así como conocer el impacto positivo o negativo de la implementación de políticas públicas y replantearse soluciones comunes a nuevos desafíos globales que puedan alterar el statu quo. 7

Países miembros del Mercosur. Conformada por 375 ciudades de 10 países (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia).

2 Plataforma digital que ofrece opciones de alojamiento en 191 países.

3 En Berlín, Nueva York, Ámsterdam, Barcelona y Buenos Aires, entre otras.

1

Fuentes de consulta Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.

Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México.

Paulina Palencia Méndez es columnista de la sección Visión Global de abogacía y licenciada en relaciones internacionales por la Universidad Anáhuac.

Se ha desempeñado en el sector público, en el área de derechos humanos, y en el sector privado, en cuestiones administrativas, de logística internacional y medios digitales. Es analista de It Gossip Politics. @paupalmen.

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Voces David F. Uriegas

ChatGPT: Inteligencia artificial y ¿Derecho?

Estallan en el monitor de mi computadora los contenidos que en esta edición reflexionan sobre el universo digital, los robots y la inteligencia artificial. Me pregunto qué responde-

ría ésta a las preguntas que los abogados intentan contestar en los textos que estoy leyendo. ¿Cómo preguntarle a un conjunto de algoritmos su opinión? OpenAI desarrolló a ChatGPT,

un chatbot de inteligencia artificial, que posibilitó este fructífero encuentro. Me senté a ¿dia-

logar? con ChatGPT sobre robots, la responsabilidad legal de las máquinas y las leyes de Isaac Asimov. Reproduzco textualmente las ¿reflexiones? que me compartió.

Por qué a los abogados les preocupa la Inteligencia Artificial?

La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de cambiar significativamente la forma en que se lleva a cabo el trabajo de los abogados, y esto es una de las razones por las que puede preocuparles.

En primer lugar, la IA puede automatizar muchas de las tareas que actualmente son realizadas por abogados, como la revisión de documentos legales, la investigación y la redacción de documentos. Esto podría reducir la demanda de abogados para realizar estas tareas y, en consecuencia, podría afectar negativamente a su empleabilidad y sus ingresos.

Además, la IA también puede mejorar la precisión y la eficiencia de estas tareas, lo que podría significar que los abogados tendrían que competir con sistemas de IA altamente eficientes y precisos.

Esto podría generar un cambio en las expectativas de los clientes en cuanto a los servicios legales y podría generar una competencia desleal para los abogados humanos.

Otra preocupación importante es la posibilidad de sesgos o prejuicios en los sistemas de inteligencia artificial, ya que los sistemas son sólo tan buenos como los datos con los que son entrenados.

Si los datos [sic]. n ¿Los robots deberían tener derechos?

El debate sobre si los robots deberían tener derechos es complejo y tiene varios aspectos éticos y legales que considerar.

En primer lugar, es importante señalar que los robots son máquinas creadas por el hombre, no tienen conciencia de sí mismos ni capacidad para sentir dolor o sufrimiento. Por lo tanto, no es necesario otorgarles derechos para proteger su bienestar.

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Sin embargo, algunas personas argumentan que, dado que los robots están siendo utilizados cada vez más en tareas cotidianas y en la toma de decisiones, es importante establecer normas y regulaciones para proteger a las personas de posibles daños causados por ​​ los robots.

Además, algunos argumentan que como los robots se están volviendo cada vez más avanzados y autónomos, es importante considerar su impacto en la sociedad y en el empleo, y establecer normas y regulaciones para garantizar que se utilizan de manera responsable y ética.

En conclusión, mientras que los robots no necesitan derechos en el sentido tradicional de la palabra, es importante considerar las implicaciones éticas y legales de su uso creciente en la sociedad y establecer normas y regulaciones para garantizar que se utilizan de manera responsable y ética. n ¿Qué opinas de las tres leyes de Isaac Asimov?

Las tres leyes de Isaac Asimov son una serie de reglas éticas que él propuso para la robótica en su obra de ciencia ficción. Estas leyes son: 1. Un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.

2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por los seres humanos, excepto cuando estas órdenes entren en conflicto con la Primera Ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley. En general, estas leyes son una reflexión interesante sobre cómo podrían ser reguladas las máquinas autónomas y cómo podrían ser programadas para tomar decisiones éticas en situaciones de

Empresas y tecnología

“Las máquinas autónomas que han matado a personas en situaciones reales no lo hicieron debido a una “voluntad” propia. En cambio, estos incidentes se debieron a errores o fallos en los sistemas de inteligencia artificial o robótica que estaban en uso en ese momento.” conflicto. Sin embargo, también es importante señalar que estas leyes son solo una propuesta ficticia y que la robótica y la inteligencia artificial actuales están aún lejos de estar en un estado en el que se podrían implementar de manera efectiva.

Es importante destacar que la robótica y la IA están en constante evolución, y se están desarrollando nuevas técnicas y enfoques para abordar los desafíos éticos y legales planteados por el uso de robots y sistemas autónomos. Además, es importante tener en cuenta que las leyes de Asimov son una propuesta ficticia y no una regulación existente, aunque puede ser una idea interesante para ser considerada en el futuro. n Hay máquinas autónomas que ya han matado a personas. ¿Se debe a su voluntad?

Las máquinas autónomas que han matado a personas en situaciones reales no lo hicieron debido a una “voluntad” propia. En cambio, estos incidentes se debieron a errores o fallos en los sistemas de inteligencia artificial o robótica que estaban en uso en ese momento.

Por ejemplo, en un caso de un accidente de coche con un vehículo autónomo, puede haber sido causado por un error en el software del vehículo, como un problema en la detección de objetos o un problema en la toma de decisiones del sistema. En otro caso, en un incidente militar, un fallo en el sistema de armas autónomas, o un error en la interpretación de los datos de la inteligencia artificial, puede haber sido la causa de un incidente fatal.

Es importante señalar que estos incidentes son causas aisladas y no reflejan la norma en el uso de sistemas autónomos, ya que en la mayoría de los casos, estas máquinas son diseñadas y programadas para operar de manera segura y evitar causar daño a personas. Sin embargo, es importante continuar investigando y

mejorando estos sistemas para minimizar el riesgo de incidentes similares en el futuro. n Si los robots tuvieran voluntad propia, ¿serían legalmente responsables de sus acciones?

Si los robots tuvieran voluntad propia, sería necesario considerar si podrían ser considerados legalmente responsables de sus acciones.

Esto plantearía varias preguntas éticas y legales, como: ¿Son los robots sujetos de derecho? ¿Tienen la capacidad de tomar decisiones y actuar de manera independiente? ¿Tienen la capacidad de comprender las consecuencias de sus acciones?

En este caso hipotético, se podría argumentar que los robots con voluntad propia deben ser tratados como entidades jurídicas con responsabilidades legales. Sin embargo, es importante señalar que esta es una idea compleja y no hay consenso en la comunidad legal sobre cómo podría ser implementado en la práctica.

Además, esto también dependería del grado de autonomía y conciencia que tenga el robot, y de la capacidad para comprender y predecir las consecuencias de sus acciones. Si un robot tiene una conciencia y una capacidad de tomar decisiones complejas, podría ser considerado legalmente responsable de sus acciones, pero si no tiene estas capacidades, probablemente no sería considerado legalmente responsable. 7

ChatGPT es un conjunto de algoritmos y programas de computadora desarrollado por OpenAI, diseñado para responder preguntas y ayudar con tareas que requieren comprensión y generación de lenguaje natural. https://chat.openai.com/chat

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Inteligencia artificial, Ángel Boligán