Revista "Abogacía", #15, mayo de 2022

EL DERECHO DEPORTIVO EN MÉXICO LUIS TORRES-SEPTIÉN Y SANTIAGO BARROSO < RECUERDOS DE CHERNOBYL GUILLERMO SHERIDAN

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

CRISTÓBAL MARISCAL LA SOBRERREGULACIÓN: UNA LIMITANTE AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE CONSUMO

CRISIS ENERGÉTICA EN PUERTA

EL FUTURO DEL PRESIDENCIALISMO

EN MÉXICO

¿LA HISTORIA SE REPITE? JOSÉ MANUEL VILLALPANDO

Año 2, núm. 15, mayo de 2022

| $99.00

Diego Valadés

ISMAEL D. VALVERDE AMBRIZ

NORA CABRERA

POR UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUSIVA

DEL 23 AL 27 DE MAYO

SEMANA DEL

CONTADOR

HASTA

DE DESCUENTO* OBRAS IMPRESAS · EBOOKS · FONDO EDITORIAL Con gusto lo atenderemos en 55 5482 2770 ext. 120 y 136 800 212 5596

email: ventas@themis.com.mx

WWW.

THEMIS.

55 1015 1754

COM.MX

Sea parte de nuestras comunidades a través de: Editorial Themis

@EditorialThemis

@editorialthemis

Editorial Themis Oficial

* Desde el 20% hasta el 50% de descuento en productos participantes, consulte con su ejecutivo. Compra mínima para obtener el 50% de descuento: $2,500. Aplican restricciones. Promoción no acumulable con otros descuentos y/o convenios. Los precios, promociones y fechas aquí mostradas pueden cambiar sin previo aviso. Sujeto a existencias. Todas las imágenes son ilustrativas

Presentación

L

a reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador fue rechazada en la Cámara de Diputados el pasado mes de abril. Como ya se anticipaba, y como el propio titular del Ejecutivo lo previó, era necesario contar con una alternativa, “un plan B”, ante el eventual rechazo de la modificación constitucional. Ese plan consistió en una serie de cambios a la Ley Minera, concretamente a sus artículos 1, 5 bis, 9 y 10.

El decreto de reforma a ese ordenamiento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril y establece lo siguiente: a) el litio se declara de utilidad pública, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia; b) la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de este metal quedan exclusivamente a cargo del Estado; c) para la realización de estas actividades se creará un organismo público descentralizado, y d) todas las acciones de dicho organismo deberán ajustarse a la legislación y a los tratados internacionales en materia de protección al medio ambiente y derechos de los pueblos originarios.

Cabría preguntarse, en este escenario, cuál es la trascendencia de esta reforma y por qué el litio se volvió de pronto tan importante.

En su artículo “¿Es el litio el nuevo oro?”, publicado hace más de una década en la destacada revista científica Nature, Jean-Marie Tarascon —reconocido profesor de química del Collège de France— hablaba ya de la importancia de este elemento, conocido desde hace más de dos siglos, por el papel fundamental que puede desempeñar en el almacenamiento de energía, aspecto esencial en el marco de los problemas de contaminación, el calentamiento global y la escasez de combustibles fósiles que vive hoy nuestro mundo.

Por mencionar sólo una de sus aplicaciones, las baterías de iones de litio actualmente constituyen el método preferido para desarrollar tecnologías de energía renovable y vehículos eléctricos.

No se puede poner en duda la importancia de emprender una actividad consistente, bien planeada, con perspectiva de futuro, en esta dirección. Más aún cuando “los registros estadísticos de litio en México no reportan ninguna producción” y “en el presente el país no cuenta con ningún yacimiento de litio en explotación”, como señalaba desde 2018 el reporte “Perfil de mercado del litio”, elaborado por la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía.

No obstante las evidentes ventajas que representará en el mediano y largo plazos para México la exploración, explotación y aprovechamiento de este metal, hay algunas dudas que

aún deben despejarse: ¿por qué la política de generación de energías limpias no es consistente en la actual administración y, mientras se aprueba esta reforma a la Ley Minera, se sigue hablando de aumentar la producción de crudo y fortalecer el Sistema Nacional de Refinación? ¿Por qué, a la par que se pone énfasis en el respeto a la legislación y a los tratados en materia de protección al ambiente, los emblemáticos proyectos de infraestructura de este gobierno carecen de los más elementales estudios de impacto ambiental? ¿Por qué, dado el potencial que tiene el aprovechamiento del litio y el beneficio en términos económicos que puede representar para el país, se insiste en que sea sólo una empresa monopólica del Estado la que se encargue de esta actividad (más aún cuando las “empresas productivas del Estado” se distinguen por sus malos resultados)? ¿Por qué, en una palabra, se sigue insistiendo en el discurso que sataniza la inversión privada a pesar de las contundentes evidencias que existen de que la competitividad impulsa el crecimiento económico de un país? Son muchas las preguntas que aún quedan por debatir.

Esta edición de abogacía® se suma, pues, al debate, como se advertirá en las diversas colaboraciones que se incluyen en estas páginas. Se trata de una discusión que, más allá de las filias y las fobias ideológicas, es urgente ante la catástrofe ambiental que se avecina.

Cordialmente, José Ángel Villalobos Magaña Presidente del Consejo de Administración

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

1

DIRECTORIO

Consejo editorial CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PRESIDENTE José Ángel Villalobos Magaña SECRETARIO Ángel Gilberto Adame López TESORERO Jorge López Nepomuceno CONSEJEROS Amando Mastachi Aguario Alejandro E. Pérez Teuffer Fournier

DIRECTOR EDITORIAL Luis Arturo Pelayo Gutiérrez editor@revistaabogacia.com

SUSCRIPCIONES Édgar Acevedo Pérez

DISEÑO EDITORIAL Marcela Velázquez Aíza

COORDINACIÓN COMERCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS Ericka Baquedano 55-5404-2095 ventas@revistaabogacia.com

COLABORADORES Manuel Jorge Carreón Perea, Víctor Emilio Corzo, Ernesto Eduardo Corzo, Rodrigo García Galindo, Mateo MansillaMoya, Diana Patricia Reyes Men-doza, Mariana Ruiz Albarrán, Denise Tron Zuccher e Ismael Valverde Ambriz

Sergio García Ramírez

Mónica González Contró

Margarita Luna Ramos Patricio Emilio Marcos Giacoman Ignacio Morales Lechuga

José Luis Nassar Daw

Pascual Orozco Garibay

Alberto Pérez Dayán

Luis M. Pérez de Acha

Elvia Arcelia Quintana

Alfredo Rangel Ortiz

Alfonso Siliceo Aguilar

Francisco Simón Conejos

Juan Velasquez

VENTAS DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Alejandro Barreto 55-5959-5071 abarreto@revistaabogacia.com CONTACTO 55-5616-2111 y 55-5131-5163 info@revistaabogacia.com www.revistaabogacia.com

FOTOGRAFÍA David F. Uriegas

revistaabogacia

abogacía. La voz y la pluma de los juristas, año 2, núm. 15, mayo de 2022, es una publicación mensual editada por Base Legal, S.A. de C.V., con domicilio en Altavista 28, Col. San Ángel, Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm.

04-2021-050410222700-102. Certificado de Licitud de Título y Contenido núm. 17427. Impresa por Impresos de Calidad Sebastian, S.A. de C.V., Miguel Ángel 35-B, Col. Santa María Nonoalco, Benito Juárez, 03700, Ciudad de México. Distribuida por Comercializadora Abrever, S.A. de C.V. Las opiniones expresadas por los articulistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de los editores de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos y las imágenes de la publicación sin previa autorización de la editorial.

ACGM-782

abogacía Mayo 2022

Miguel Carbonell

suscripciones@revistaabogacia.com

CORRECCIÓN DE TEXTOS Mutare / Julio Ulises Gallardo Sánchez

2

Elisur Arteaga Nava

Contenido Mayo 2022

20

VOCES

El futuro del presidencialismo en México Diego Valadés

12

66

PERSPECTIVA ECONÓMICA

NUEVOS TALENTOS

Derechos humanos de víctimas de delitos sexuales

Crisis energética en puerta Ismael D. Valverde Ambriz

Karla Yadira Cano Camacho

06

28

46

62

La Facultad de Derecho y la educación del futuro

Recuerdos de Chernobyl

Cambio climático y vulneración de los derechos humanos

El derecho deportivo en México

ACTUALIDAD

Raúl Contreras Bustamante

8 ACTUALIDAD

Ketanji Brown Jackson, nueva jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos

10 VOCES

Temas fiscales de actualidad Silvia Lozano Fernando Villarreal

REFLEXIONES Guillermo Sheridan

30 ¿QUÉ DICEN HOY LOS TRIBUNALES? Denise Tron Zuccher Mariana Ruiz Albarrán

34 REFLEXIONES

Franquicias, modelo clave para la reactivación económica Enrique U. Alcázar Córdova

16 EL PASADO DEL PRESENTE

38 VOCES

¿La historia se repite?

Por una transición energética justa e inclusiva

José Manuel Villalpando

Nora Cabrera

REFLEXIONES Enrique Rojo

Luis Torres-Septién Warren Santiago Barroso Torres

48 REPORTAJE

70 REFLEXIONES

Actividades del Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos

abogacía Mayo 2022

Rule of Law en Latinoamérica y el Caribe (segunda parte) Andrés Delgado-Correal

50 REFLEXIONES

74 EN LA WEB

Pedro Andrés Martínez Requejo Francisco Videgaray Ortega

Saenger Galería

El silencio administrativo y sus efectos jurídicos

56 VOCES

La sobrerregulación: una limitante al desarrollo de la industria de consumo Cristóbal Mariscal

4

REFLEXIONES

76 ARTE

78 GASTRONOMÍA La Casa de la Yeya

80 CARTONES

Actualidad Raúl Contreras Bustamante

La Facultad de Derecho y la educación del futuro La Facultad de Derecho de la UNAM es la mejor de nuestra disciplina en Hispanoamérica por tercer año consecutivo y la número 29 a nivel mundial, de acuerdo con el QS World University Rankings. Con motivo de su Informe de Labores 2021-2022, su director, Raúl Contreras Bustamante, destaca algunos de los baluartes que han hecho posible estos logros.

N

inguna otra escuela de educación superior del país ha avanzado tanto en estos tiempos como la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A dos años de haberse visto obligada a cerrar sus inmuebles y a sumarse al confinamiento generalizado por la crisis sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19, llegó el momento de hacer una evaluación de nuestro estado actual y del avance de nuestra misión: la preparación de los juristas del mañana.

El saldo es positivo por donde se le pretenda mirar y, sin duda, nos obliga a pensar y trabajar en la consolidación de los éxitos logrados —hay que subrayarlo, gracias al compromiso de la planta docente, del área administrativa, del equipo directivo, de los trabajadores y, por supuesto, de las y los estudiantes de nuestra institución—.

Aunque no pretendemos sustentar nuestro avance sólo en cifras, los números sí demuestran, objetivamente, nuestras afirmaciones: no sólo somos la Facultad que abrió el mayor número de aulas virtuales en toda la Universidad durante la pandemia.

Fuimos la última Facultad de la UNAM en

6

abogacía Mayo 2022

Fotografía: @PJCDMX

cerrar sus puertas y la primera en regresar, intensivamente, a los salones de clases en específico y no sólo a las actividades presenciales genéricas.

Gracias a que decidimos migrar ordenadamente al trabajo a distancia y nos resistimos a ceder a la presión del cierre de pánico en marzo de 2020, nuestros alumnos y maestros tuvieron horas y días valiosísimos para organizar sus primeras mecánicas de trabajo a distancia. Eso le permitió a la comunidad no parar en ningún momento y, lo que parecía imposible, no perder un solo día de clases. Consecuentemente, la Facultad de Derecho tampoco requirió, ni ha requerido a lo largo de los dos últimos años, ninguna prórroga para concluir los semestres que se tuvieron que cursar en confinamiento estricto por razones de seguridad sanitaria.

Somos la Facultad de Derecho de la Universidad de la nación y conocemos perfectamente que nuestros alumnos son los hijos de la sociedad mexicana, con todas sus fortalezas y también con todas las carencias que implican las limitaciones.

Con absoluta conciencia de esa realidad trazamos nuestros planes hacia un objetivo específico: no dejar a ninguno de nuestros

La población escolar de la Facultad de Derecho de la UNAM asciende a 16,871 estudiantes, de los cuales 53.8% son mujeres y 46.2% hombres. Por su parte, el claustro académico está compuesto por 1,345 docentes, 36% mujeres y 64% hombres.

estudiantes atrás. Hoy podemos afirmar que lo conseguimos, pues gracias a las diferentes medidas adoptadas —clases en línea, capacitación a distancia de profesoras y profesores, préstamos de equipo de cómputo, acceso a bibliotecas jurídicas digitales y construcción de nuestra propia videoteca académica de licenciatura— fuimos capaces de mantener el ritmo de trabajo y de evitar la deserción escolar.

En estos dos años nuestra Facultad no recibió ninguna solicitud de baja definitiva, y apenas 60 de baja temporal, en un universo que rebasa 16,000 alumnos.

Durante la pandemia, el QS World University Rankings, la empresa más prestigiada del mundo en la evaluación de las instituciones de educación superior, nos colocó como la mejor Facultad de Derecho de Hispanoamérica por tercer año consecutivo, y en 2022, la número 29 a nivel mundial. En estos dos años de contingencia sanitaria y dificultades operativas, gracias a todo el trabajo que desarrolló la comunidad, avanzamos 12 lugares en la lista de la principal entidad calificadora de la educación superior en el mundo.

Hoy estamos de regreso en las aulas, con un modelo de educación híbrido para mantener

* Director de la Facultad de Derecho de la UNAM.

los cuidados que la pandemia, aún vigente, nos demanda, pero también porque estamos convencidos de que en estos dos años construimos un nuevo sistema educativo. Continuaremos acrecentando el uso de las herramientas digitales y de las tecnologías de la información y la comunicación hacia el futuro, pues toda nuestra planta docente tiene conciencia plena de las ventajas que éstas ofrecen combinadas adecuadamente con las actividades presenciales.

Dos años de trabajo a distancia a causa de la emergencia sanitaria nos enseñaron que la Facultad de Derecho está en su comunidad y no solamente en sus inmuebles.

Así como ejecutamos un trabajo ejemplar durante el confinamiento, nuestra planta docente, nuestros trabajadores y nuestros estudiantes han ejecutado un regreso ordenado, responsable y exitoso, a las clases presenciales. Hoy, por todo eso, podemos afirmar que hemos cumplido con la UNAM y con la sociedad mexicana, pero, sobre todo, que seguiremos cumpliendo en la construcción de la Facultad y la Universidad del futuro. 7

Actualidad Ketanji Brown Jackson, nueva jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos La confirmación de Ketanji Brown Jackson como nueva jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 7 de abril pasado, se ha convertido en nota de primera plana por tratarse de la primera mujer de raza negra en llegar a ese tribunal, en 233 años. Celebremos este hito, con la esperanza de que muy pronto el reconocimiento de la diversidad no tenga que convertirse en noticia.

“A

lguna vez el presidente George Washington se refirió a Estados Unidos como un gran experimento: una nación fundada en la creencia previamente no probada de que la gente podría formar una unión más perfecta. Y esa creencia ha impulsado a nuestra nación por generaciones. Y es esa creencia la que reafirmamos a través de la confirmación de Ketanji Brown Jackson después de más de 20 horas de preguntas en su audiencia y casi 100 reuniones, en las que estuvo a disposición de los senadores y respondió sus cuestionamientos, tanto en privado como ante el comité. Y todos hemos visto el tipo de jueza que será: justa e imparcial. Reflexiva. Cuidadosa. Precisa.

Una mente legal brillante con un profundo conocimiento de la ley. Y con un temperamento judicial que es igualmente importante: capaz de estar en calma y al mando. Y una humildad que permite que tantos estadounidenses se vean a sí mismos en Ketanji Brown Jackson.” Con estas palabras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a la histórica confirmación de la jueza Jackson en la Corte Suprema.

Por su parte, Ketanji Brown Jackson dijo: “He dedicado mi carrera al servicio público porque amo a este país y a nuestra Constitución y a los derechos que nos hacen libres [...] Me dicen que soy un modelo a seguir, lo que tomo como una oportunidad y como una gran responsabilidad. Me siento preparada para la tarea, sobre todo porque sé que no estoy

8

abogacía Mayo 2022

He trabajado duro para llegar a este punto de mi carrera y he logrado mucho más de lo que mis abuelos podrían haber imaginado. Pero nadie hace esto por su propia cuenta. Se despejó el camino para mí, de modo que pudiera estar a la altura de esta ocasión. Y en las palabras poéticas de Maya Angelou, lo hago ahora, mientras ‘traigo los regalos que me dieron mis antepasados’. Así que, al asumir este nuevo rol, creo firmemente que éste es un momento en el que todos los estadounidenses pueden enorgullecerse.”

sola. Estoy parada sobre los hombros de mis propios modelos a seguir, generaciones de estadounidenses que nunca tuvieron nada parecido a este tipo de oportunidad pero que se levantaron todos los días y fueron a trabajar creyendo en la promesa de Estados Unidos, mostrando a otros, a través de su determinación y, sí, su perseverancia, que se pueden hacer cosas buenas en este gran país [...] También me siento animada por el liderazgo de generaciones pasadas que ayudaron a iluminar el camino: el doctor Martin Luther King Jr., el juez Thurgood Marshall y mi heroína personal, la jueza Constance Baker Motley. Ellos, y muchos otros, hicieron el trabajo pesado que hizo posible este día. Pienso en ellos como los verdaderos pioneros. Yo sólo soy la afortunada primera heredera del sueño de libertad y justicia para todos”. 7

La jueza Jackson asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, donde se graduó cum laude, y fue editora de la Harvard Law Review. Ha sido reconocida como una de las mentes legales más brillantes de Estados Unidos y tiene una vasta experiencia en el sistema legal de ese país.

Fuente: www.whitehouse.gov

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

9

Voces

Silvia Lozano Fernando Villarreal

Temas fiscales de actualidad

En abril pasado, abogacía® organizó el webinar “Temas fiscales de actualidad”, en el que participaron Sergio Esquerra, abogado especializado en defensa fiscal y socio directivo del bufete Esquer & Esquerra, y Silvia Lozano y Fernando Villarreal, jóvenes abogados que en las nuevas plataformas sociales, especialmente en Instagram, están revolucionando la forma de aproximarse a esta materia del Derecho. En esta entrevista, los cofundadores de Taxfi (Tax & Financial Intelligence) nos comparten su innovadora visión sobre diversos temas de actualidad en el ámbito fiscal.

S

ilvia, Fernando: ustedes son especialmente conocidos en Instagram por la plataforma Taxfi. ¿A qué le atribuyen el éxito que han tenido?

Se debe a una combinación de dos factores. El primero tiene que ver con la disciplina y la constancia. Muchos piensan que el éxito de las redes sociales es producto de la suerte. Desde 2016 nosotros hemos intentado difundir contenido de valor, pero no habíamos logrado conectar con la audiencia. Aquí es donde entra el segundo eje, base del éxito que hemos tenido: la forma de comunicar. Se realizan muchos esfuerzos para sintetizar temas que pueden resultar complicados o tediosos e intentamos traducirlos. No obstante, se tiene que ser muy cuidadoso en la forma de entregar el contenido, en virtud de que no puedes dejar de lado el profesionalismo y los temas tan delicados que se difunden.

n ¿Por qué decidieron especializarse en una rama del Derecho que tiene fama de difícil o árida?

Silvia: Desde antes de graduarme tuve la oportunidad de trabajar en lugares que me permitieron explorar algunas ramas del Derecho, y cuando llegué a un despacho especializado en materia fiscal me di cuenta de que me interesaba mucho más, que era algo a lo que podía dedicarme completamente. Una vez que me involucré de lleno y empecé a tratar con clientes, me percaté de que, para muchos, todo lo relacionado con esta materia les es completamente ajeno y desconocido. La idea es poder transmitirles a todos la trascendencia que puede tener en nuestros trabajos, negocios y emprendimientos, etcétera.

Fernando: En mi octavo semestre trabajé en un Tribunal Colegiado donde me di cuenta de que el Derecho fiscal era distinto al resto de las ramas, pues tenía un comportamiento evolutivo y dinámico, además de que es muy retador. El Derecho tributario también es una rama muy especializada, y desde mi punto de vista la que más estudio requiere,

10

abogacía Mayo 2022

pues año con año tenemos una reforma a la legislación fiscal, aunque sea mínima. Demanda mucha exigencia y dedicación constante, lo cual me gusta mucho.

n ¿Cuáles son los temas relevantes que hoy en día se discuten en México en materia fiscal?

Son tres. El primero, el complemento carta porte.

Desde 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha buscado su uso obligatorio. El segundo, la nueva versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital (CFDI). Y el tercero tiene que ver con la reforma laboral/fiscal de 2021, mediante la cual se prohíbe la subcontratación de personal y sólo se permiten los servicios especializados. Si no se cumple con los requisitos de ley, los gastos no serán deducibles. n De la reforma fiscal 2022, ¿cuáles son los temas que más les preocupan como abogados?

La cantidad de facultades que le han estado otorgando a las autoridades fiscalizadoras. Están implementando reformas que no son de fondo, pero sí de forma. Por ejemplo, más causales de restricción de certificado de sello digital, embargo vía Buzón Tributario, beneficiarios controladores, obligatoriedad de dictaminar y reportes de depósitos en efectivo por parte de instituciones financieras a la autoridad fiscal de manera mensual, entre otros.

La reforma fiscal de 2022 conlleva muchos cambios que, al leerlos, parecen tener sentido, pero al querer aplicarlos en realidad no lo tienen tanto.

Un ejemplo claro de esto es el Régimen Simplificado de Confianza.”

Silvia Lozano

n ¿Qué opinan del nuevo Régimen Simplificado de Confianza?

Tiene sus ventajas y sus desventajas. Y hay que atender la situación en concreto de cada contribuyente. Pero de manera general, el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) para personas físicas sí nos parece una decisión acertada por la sencilla razón de que aún existen muchos profesionistas que viven en la informalidad y el Resico puede lograr la optimización del pago de impuestos para ellos. En cuanto al Régimen Simplificado de Confianza para personas morales, consideramos que en algunos casos puede ser un retroceso, por el incremento de controles administrativos. Prácticamente se hace una declaración anual todos los meses.

En este intento de automatización excesiva se cae en un supuesto en que todo es definitivo: es blanco o es negro; no hay una escala de grises, cuando esta materia se caracteriza precisamente por la individualización y el análisis de cada caso.

situación, ya que puede tratarse de una multa o de un requerimiento de información derivado del inicio de las facultades de comprobación.

No queremos pasar por alto que ahora, con la reforma de 2022, la autoridad tiene la facultad de notificar el embargo de bienes por medio del buzón; sin embargo, consideramos que es más preocupante el uso ilimitado y discrecional que se le está dando. Nos hemos percatado de que a diversos contribuyentes les llegan los viernes o los sábados comunicados a las 2:00 de la madrugada con información de supuestas diferencias que aparentemente encontró el SAT. Esto es gravísimo.

n ¿La reforma 2022 beneficia o perjudica a los contribuyentes, en el escenario de crisis económica que seguimos viviendo en México?

Las últimas reformas fiscales han tenido un solo objetivo: incrementar el padrón de contribuyentes. Si bien estos últimos años no se han creado nuevos impuestos, también es cierto que no hay estímulos fiscales para los contribuyentes con la finalidad de impulsar la economía nacional. En plena pandemia, la mayoría de los países otorgó estímulos, pero en México no sucedió así, sino, por el contrario, se recaudó más que en otros años.

Aún es prematuro determinar si la reforma fiscal de 2022 es benéfica o perjudicial; sin embargo, sí podemos afirmar que el SAT cuenta con facultades nuevas muy amplias que ya quisieran tener hasta las autoridades fiscales de Estados Unidos 7

Como abogado especializado en materia fiscal, lo que más me preocupa es la cantidad de facultades que le han estado otorgando a las autoridades fiscalizadoras año con año.”

Fernando Villarreal

AQUÍ PUEDES VER EL WEBINAR:

n El Buzón Tributario también sufrió modificaciones. ¿Debemos tener miedo de las notificaciones que ahora se podrán recibir por este medio o efectivamente se trata sólo de una simplificación de su funcionalidad?

Más allá de alarmarnos por las notificaciones que nos lleguen por esta vía, hay que revisarlas inmediatamente y atenderlas; omitirlas sólo agrava la

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

11

[ Perspectiva económica ]

Ismael D. Valverde Ambriz

Crisis energética en puerta La invasión rusa a Ucrania ha provocado fuertes aumentos en los precios de la energía en todo el mundo, lo que acrecienta el riesgo de una mayor inflación y un crecimiento reducido. Pero incluso antes de que los tanques rusos entraran en Ucrania, los gobiernos occidentales ya luchaban contra el aumento de los precios de la energía. ¿Qué escenario tenemos por delante? El autor los explica.

12

abogacía Mayo 2022

Ilustración y fotografía: Freepik

D

esde el petróleo crudo hasta el diésel y el gas natural, los combustibles fósiles que impulsan la economía mundial se cotizan a niveles récord, lo que amenaza con rediseñar las relaciones geopolíticas entre productores y consumidores, aumentar la inflación e incluso interrumpir la lucha contra el cambio climático.

Durante los primeros días de abril, el crudo Brent —la referencia internacional— casi alcanzó los 107 dólares el barril, su precio más alto desde 2014, mientras el segundo mayor exportador de petróleo del mundo está en guerra con un país en el centro de una red geográfica de exportación de infraestructura energética.

Los precios del gas natural en Europa también se dispararon en la primera semana de abril, lo que refleja los temores de que, en algún momento, Rusia, el líder global de exportadores de gas natural a Europa (véase la gráfica), pueda tomar represalias reteniendo las exportaciones que representan alrededor de un tercio de las necesidades de gas del continente, en respuesta a las crecientes sanciones y la decisión de Alemania de suspender indefinidamente la certificación del gasoducto Nord Stream.

Rusia 167.8

Exportaciones de gas natural a Europa vía gasoducto

Noruega 106.9

(miles de millones de metros cúbicos)

Azerbaiyán 13.3

Argelia 21

Países Bajos 28.1

Irán 5.1

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2022. Datos a enero de 2022.

Vladimir Putin, el presidente de Rusia, no sólo ha llevado a Europa a uno de sus peores conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, sino que también ha empeorado una crisis energética en desarrollo. Muchos analistas ya consideran que la etapa siguiente de la guerra será económica.

Es probable que las autocracias exportadoras de petróleo y gas en el Medio Oriente ganen, como lo hicieron en la gran carrera alcista del mercado petrolero de 2005-2008, que sustentó el auge económico y de la construcción inmobiliaria del Golfo Pérsico y afianzó las autocracias de la región. Rusia también se beneficiará, ya que los crecientes ingresos del petróleo llenan las arcas del Kremlin y enriquecen nuevamente a muchos de los mismos oligarcas que ahora están bajo sanciones occidentales. El fondo nacional de riqueza de Rusia, con un valor de 32,000 millones de dólares en 2008, ascendía ya a 175,000 millones de dólares a principios de febrero de este año, o alrededor del 10 por ciento del producto interno bruto de Rusia, un amortiguador útil a medida que se endurecen las sanciones económicas.

En las capitales occidentales, la crisis de los mercados de combustibles fósiles podría haber sido una oportunidad para que los políticos aceleraran sus planes de energía verde —una agenda que, por lo demás, va en detrimento en México—. Pero los temores a la inflación y las ansiedades por la seguridad energética parecen destinados a triunfar sobre las políticas climáticas, incluida la revolución de energía limpia. Estados Unidos y Biden, que podrían ser un referente a nivel global, tienen una agenda distinta, pues con las elecciones intermedias a la vuelta de la esquina y sus índices de aprobación en descenso, los precios de la gasolina son la prioridad del presidente.

Un “mercado propenso a la crisis” La ofensiva rusa puede haber sido el detonante del salto del crudo Brent por encima de los 107 dólares el barril, pero los fundamentos más profundos de la oferta y la demanda están en los últimos 20 meses. Hace poco menos de dos años, cuando los bloqueos inducidos por el coronavirus destrozaron la demanda mundial de crudo, incluso los ejecutivos petroleros se preguntaron si el consumo mundial había alcanzado su punto máximo frente a una transición energética acelerada hacia combustibles con menos carbono.

Fue un grave error de lectura. El colosal estímulo pandémico emprendido por los gobiernos en los países desarrollados ha puesto un gran viento de cola detrás de la recuperación de la demanda de petróleo y gas. El consumo en Estados Unidos está alcanzando máximos históricos de cerca de 23 millones de barriles por día, casi una cuarta parte del total mundial. La Agencia Internacional de Energía (AIE) prevé que el mundo quemará 100.6 millones de barriles por día este año, un nuevo máximo.

La demanda energética nunca se ha ajustado a un mundo bajo en carbono. La pandemia no redujo la demanda, sólo la suprimió, dejando una explosión por venir a medida que se reabrieran las economías, pues no cabe duda de que los consumidores quieren salir y viajar.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

13

[ Perspectiva económica ]

El mercado está pagando una fuerte prima por tener petróleo rápido. Esto es preocupante, pues nos damos cuenta de que será casi imposible para la industria petrolera global suministrar suficiente petróleo a tiempo para detener una mayor inflación. Hay muchos escenarios en los que el petróleo, llegado el verano, estará a 150 dólares el barril.

Los suministros de petróleo y gas no se mantienen. Entre 2016 y 2019 el espectacular crecimiento de la producción de petróleo de Estados Unidos satisfizo con creces la demanda anual adicional del mundo. Ése ya no es el caso. El colapso del petróleo de 2020 se estrelló contra un parche de esquisto estadounidense del que los inversores ya estaban huyendo. Para recuperarlos, las empresas prometieron priorizar las ganancias sobre las nuevas perforaciones, un mantra de disciplina de capital que está reparando los balances de las empresas, pero ralentizando el crecimiento de la producción.

La producción de Estados Unidos —el mayor productor mundial— está aumentando, pero sigue estando 11 por ciento por debajo de su máximo anterior a la pandemia y está lejos de satisfacer las necesidades mundiales. ExxonMobil, BP, Shell y otros grupos petroleros también han frenado el gasto de capital, una reacción a la presión de los accionistas, en algunos casos, pero también a los modelos, como la hoja de ruta 2050 net zero del año pasado de la AIE, que sostuvo que los grandes nuevos proyectos petroleros no serán necesarios (ni sustentables financiera y ambientalmente) en un mundo que se descarboniza.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el grupo productor de petróleo liderado por Arabia Saudita, podría intervenir en la creciente brecha de suministro de crudo. Pero a pesar de la gran presión política de Washington, Riyadh se ha negado a acelerar el ritmo de las adiciones de suministro.

Algunos analistas se preguntan si la OPEP puede restaurar todo el suministro de petróleo que se cortó en los últimos 18 meses en un intento por apuntalar los precios. En años anteriores, el problema del cártel de la OPEP era que los productores sobrepasaban sus

14

abogacía Mayo 2022

cuotas. Ahora, algunos países de África occidental, e incluso Rusia e Iraq, están luchando para bombear lo suficiente.

Esto es preocupante para un mercado petrolero que siempre apostó por que la OPEP mantuviera un amplio margen de capacidad disponible en caso de emergencia. La reserva de la OPEP podría reducirse a alrededor de 4 por ciento de la capacidad global total, muy por debajo del nivel de comodidad del 10 por ciento que se busca.

La falta de capacidad de producción sobrante ha dejado al mercado petrolero excepcionalmente ajustado, lo que se refleja en la pronunciada estructura retrospectiva de su curva de futuros, con contratos de petróleo para entrega inmediata que se negocian con una fuerte prima de riesgo en comparación con los de entrega en los próximos meses.

Así, el mercado está pagando una fuerte prima por tener petróleo rápido. Esto es preocupante, pues nos damos cuenta de que será casi imposible para la industria petrolera global suministrar suficiente petróleo a tiempo para detener una mayor inflación.

Hay muchos escenarios en los que el petróleo, llegado el verano, estará a 150 dólares el barril.

Algunos analistas argumentan que un acuerdo nuclear con Irán —que actualmente está vetado por Estados Unidos y por otros países occidentales— permitiría el regreso de su petróleo al mercado. También predicen que los altos precios del crudo inducirán a los productores de esquisto a bombear más rápido de lo planeado.

Hasta ahora, los gobiernos mundiales han tratado de minimizar las amenazas físicas a la infraestructura energética en Ucrania, pero es importante destacar que Biden excluyó explícitamente el

comercio de energía de Rusia de la última serie de sanciones “severas” anunciadas. Así, todo parece indicar que hay un incómodo, pero necesario, pacto de no agresión contra una industria que financia al Kremlin. Las modestas importaciones estadounidenses de petróleo ruso han aumentado en los últimos dos años, pero la principal preocupación de la Casa Blanca es el mercado global.

A los mercados les sigue preocupando que el ataque a los bancos rusos involucrados en el comercio de petróleo cree un riesgo de contraparte. El comercio con la mezcla de los Urales, el principal crudo exportado por Rusia, es un completo caos para el Kremlin, lo que ha obligado a los barriles a negociarse con un fuerte descuento récord, hasta de 25 por ciento, frente al crudo Brent.

Lo mismo puede ser cierto en el caso del gas natural. Tal es la dependencia de Europa de las importaciones rusas, que representan alrededor de un tercio de las necesidades de gas del continente, que los futuros de gas europeos subieron casi 70 por ciento, a 142 euros por megavatio hora, después de que comenzó la invasión.

Hace un año eran 16 euros.

Presión inflacionaria El aumento de los precios del petróleo y el gas llega en un momento difícil para la economía mundial. Las economías avanzadas de Europa, América del Norte y Asia han crecido mucho más rápido de lo esperado desde los peores momentos de la pandemia,

ayudadas por un apoyo gubernamental y por lanzamientos de vacunas sin precedentes.

El rápido crecimiento, una reconfiguración del gasto hacia bienes y los esfuerzos para limitar la quema de carbón ya habían aumentado la demanda de gas y petróleo en 2021, elevando la inflación en la mayoría de las economías avanzadas (y en algunas emergentes, como México) a niveles no vistos en más de 30 años y creando la necesidad de desacelerar el crecimiento, subiendo agresivamente la tasa de interés de referencia para controlar las subidas de precios.

En Estados Unidos y el Reino Unido, donde los precios de la gasolina han alcanzado nuevos máximos y los hogares enfrentan facturas de calefacción y electricidad vertiginosas, los gobiernos que se comprometieron a una “agenda verde” ahora piden más perforaciones de petróleo y gas. Francia, España y México, entre otros, han reintroducido los subsidios a los combustibles fósiles al 100 por ciento, sólo cinco meses después de comprometerse en la cumbre climática COP26 a erradicarlos.

Lo anterior simplemente refleja dos realidades: una política y la otra económica. La primera evidencia la dificultad de una transición que se aleja de los combustibles fósiles, en un mundo donde la geopolítica aún puede generar impactos en los precios de la energía. La segunda realidad, la económica, es que la crisis energética ya comenzó. 7

En Estados Unidos y el Reino

Unido, donde los precios de la gasolina han alcanzado nuevos máximos y los hogares enfrentan facturas de calefacción y electricidad vertiginosas, los gobiernos que se comprometieron a una “agenda verde” ahora piden más perforaciones de petróleo y gas. Francia, España y México, entre otros, han reintroducido los subsidios a los combustibles fósiles al 100 por ciento, sólo cinco meses después de comprometerse en la cumbre climática COP26 a erradicarlos.

Ismael Dionisio Valverde Ambriz es maestro en economía. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el Banco Interamericano de Desarrollo y en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre otros organismos.

Es editor de exploring-economics.org y miembro del Financial Stability Working Group del Institute for New Economic ismael.valverde@comunidad.unam.mx @ivalverdea

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

15

[ El pasado del presente ]

¿La historia se repite?

José Manuel Villalpando

Cuando la historia se repite, la primera vez es una tragedia, y la segunda, una farsa, afirmaba Marx. Al reflexionar sobre las similitudes entre el pasado y el presente —en el contexto de la reciente consulta popular para la revocación de mandato—, el autor hace votos por que, en el caso mexicano, no suceda lo contrario a lo que afirmaba el padre del socialismo y nos estemos encaminando hacia una tragedia.

16

abogacía Mayo 2022

E

s muy común que los historiadores aclaren a diestra y siniestra que la historia no se repite. Sin embargo, no todos los intelectuales han pensado así. Hegel afirmaba que los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen dos veces, y Marx, quien compartía esta afirmación, sostenía a su vez que cuando la historia se repite, la primera vez es una tragedia, y la segunda, una farsa. La historia tampoco es profecía, aunque Heine, otro pensador también alemán, decía que el historiador es un profeta que mira hacia atrás. Lo cierto es que la historia es muy útil para no repetir los errores del pasado, por lo que es obligatorio aprender de ella sus severas lecciones; de aquí su importancia, no como materia escolar, sino como forma cotidiana y vital del pensamiento que debe regir la mente del político y el gobernante.

Si a la historia no se le da un sentido de contemporaneidad, no serviría más que para la rememoración del pasado, a veces de manera inútil —fechas y más fechas—, a veces por erudición presuntuosa, y las más, lamentablemente tergiversada, como propaganda política. La historia debería ser una herramienta más en los ejercicios de análisis de toda actividad humana. Como cualquiera de las otras ciencias sociales, por ejemplo la economía o la sociología, la historia tiene mucho que aportar en la resolución de los problemas del presente. No basta con que se le llame “la maestra de la vida”, aunque no se le haga caso, ni tampoco su fin puede ser únicamente fortalecer “la identidad nacional”, porque ya vimos cómo se las gasta la “historia oficial”, sobre todo ahora en que es “explicada” todas las mañanas. No, la historia tiene una utilidad eminentemente práctica para comprender el presente y enfrentar con éxito el futuro. Esta idea proviene de Tucídides, quien sostenía que su historia sobre las guerras del Peloponeso podría servir cuando se presentaran situaciones que “de maneras muy similares se repetirán en el futuro”.

Donde más utilidad pudiera tener el uso de la historia es precisamente en la política y en el gobierno de un país. Cada problema, cada dificultad, cada trastorno social, cada evento trascendente debería contar en su diagnóstico, análisis y solución, con historiadores verdaderamente conocedores que aportaran un punto de vista adicional a las diversas propuestas, las que normalmente se constriñen a examinar los efectos económicos y políticos del caso en cuestión. La historia es experiencia acumulada pero muchas veces también es posible descubrir en ella patrones circulares del comportamiento humano que se repiten a lo largo de los siglos, sin que importe cuántas veces suceda y cuánta experiencia se adquiera. Un ejemplo simple: el primer gobernante que quiso remover a los vendedores ambulantes de la plaza mayor de México fue Hernán Cortés.

De lo anterior se desprende que, muchas veces, situaciones determinadas del pasado son similares a las del presente. No quiere decir iguales, por supuesto, porque hay diferencias; sin embargo, éstas importan poco cuando de lo que se trata es de prevenir, de advertir, de prever.

El método de las analogías es el más efectivo cuando la historia se convierte en una herramienta para la toma de decisiones

La historia es muy útil para no repetir los errores del pasado, por lo que es obligatorio aprender de ella sus severas lecciones; de aquí su importancia, no como materia escolar, sino como forma cotidiana y vital del pensamiento que debe regir la mente del político y el gobernante.

políticas y gubernamentales. Y dándole este uso específico a la historia lo que interesa son las similitudes y no las diferencias, porque se trata de evitar que se cometa el mismo error o bien salir airosos en circunstancias en las cuales en el pasado se fracasó.

Este método de usar la historia en las decisiones políticas y gubernamentales, por cierto, lo desarrollaron con éxito dos historiadores estadounidenses en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, Richard E. Neustadt y Ernest R. May, cuyos trabajos son sumamente recomendables.

En este modelo, conforme lo proponen estos autores, lo importante es considerar los elementos que intervienen en el suceso: naturalmente son diferentes porque diferente es su contexto y, sin embargo, son similares porque similares pueden ser sus efectos.

Invito al amable lector a efectuar conmigo un ejercicio simple de analogía histórica, a partir de unos cuantos elementos históricos objetivos que enseguida le proporcionaré, rogándole a cada quien que realice el silogismo comparativo con la realidad actual, contrastando los datos históricos con los eventos contemporáneos que son públicos y notorios. Tomo como punto de partida el artículo que hace un par de meses publiqué aquí mismo, en abogacía , titulado “Gobernar a decretazos”, que narra cómo, empleando la ley, el presidente Antonio López de Santa Anna estableció una dictadura en México. Ahora me detendré exclusivamente en el punto “décimo” de ese texto, que se refiere a la consulta popular que en 1854 se llevó a cabo para “preguntarle” al pueblo si dicho personaje debía continuar en la silla presidencial. ®

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

17

[ El pasado del presente ] PRIMERO El 20 de octubre de 1854 se publicó la circular del Ministerio de Gobernación sobre juntas populares para inquirir a la opinión pública sobre la continuación de los poderes que ejercía el general Antonio López de Santa Anna.

SEGUNDO En ella se señalaba que el propio Santa Anna, quien “había sacrificado su doméstica tranquilidad”, ahora aceptaba nuevamente “someterse al sacrificio que le exija la voluntad nacional”.

TERCERO Se estableció como fecha para efectuar esas “juntas populares” el 1° de diciembre de ese mismo año, a efecto de que “los mexicanos, de cualquier clase y condición, expresen con plena y absoluta libertad cuál es su voluntad”.

CUARTO Al pueblo se le harían las siguientes preguntas: “1) Si el actual presidente de la República ha de continuar en el mando supremo de ella, con las mismas facultades que hoy ejerce; 2) En caso

contrario, a quién entrega inmediatamente y desde luego el mando”.

QUINTO Se concedió “la más amplia libertad” para que “los ciudadanos y, en especial, los periodistas”, pudieran expresar su opinión, eso sí, “reducida a los puntos indicados, sin extenderla a otro alguno y sin insultos ni denuestos, alusiones ofensivas, recriminaciones ni dicterios” para no “predisponer los ánimos e irritar las pasiones políticas”; en otras palabras, insiste la circular citada, se respetaría “la justa libertad que deben tener los ciudadanos sin que por esto se les permitan juntas o discusiones que den lugar a desahogos, invectivas, exageraciones o poner en peligro la tranquilidad pública”.

SEXTO El 2 de noviembre de 1854 se publicaron las prevenciones emitidas por el Ministerio de Gobernación en las cuales se ordenó que la consulta al pueblo del 1º de diciembre, el horario de apertura de las oficinas en las que ésta se realizara en cada ciudad,

Terminemos: éstos son los datos “duros” históricos. Nuevamente suplico al amable lector que los examine análogamente a la luz de los sucesos recientes, mismos que tienen, con el pasado objetivo que aquí hemos relatado, sorpresivas y sugerentes similitudes. Mi propia conclusión es que tristemente los mexicanos tenemos la posibilidad de corregir la afirmación de Carlos Marx que citamos en el primer párrafo. Él decía que cuando la

villa o población, sería de las ocho de la mañana y hasta las seis de la tarde, y en las mesas receptoras habría dos cuadernos, uno para la afirmativa, donde se apuntarían quienes deseaban que el general Antonio López de Santa Anna continuara en la presidencia, y el otro para la negativa, donde se anotaría el nombre de quien proponían para suceder al presidente.

En ambos casos, los participantes debían escribir su nombre. En caso de corporaciones, bastaba con que el más representativo de ellos lo hiciera, señalando cuántos individuos componían su agrupación, medida aplicable al ejército, a la Iglesia y a los pueblos de indios.

SÉPTIMO Pasada la consulta, al día siguiente, 2 de diciembre, el Ministerio de Justicia dio a conocer la orden del presidente Antonio López de Santa Anna de cesar y destituir de sus empleos, cargos o grados, a todo funcionario, civil o militar, que injustificadamente no hubiese participado en la consulta popular. Días después, el 11 de diciembre,

se expidió una circular para perseguir, acusados de conspiradores, a todos aquellos que hubiesen votado en contra, contándose para ello con los nombres que ellos mismos habían anotado en el cuaderno de la “negativa”. Incluyeron en la persecución a los articulistas que en los periódicos de oposición se atrevieron a criticar la consulta.

OCTAVO El 2 de febrero de 1855 el Consejo de Estado, “fundándose en la mayoría de los votos emitidos en las juntas populares, declara que es voluntad de la nación que el actual presidente de la República continúe en el mando de ella con las mismas amplias facultades que hoy ejerce”. Confirmado el triunfo de Santa Anna, los periódicos oficialistas de la época dieron a conocer las cifras: votaron por la afirmativa, a favor del presidente, una abrumadora mayoría de 470,000 mexicanos; votaron en contra, proponiendo a otro presidente, nada más 4,000. En otras palabras, más de 99 por ciento a favor y menos de 1 por ciento en contra.

historia se repite, la primera vez es una tragedia, y la segunda, una farsa. Pues se equivoca, porque en el caso nuestro bien puede ser al revés, ya que confrontando las dos experiencias de ratificación de mandato que hemos vivido en nuestra patria, la primera vez en realidad fue una farsa (todos sabemos que Santa Anna era un farsante consumado), y la segunda vez ojalá no sea una tragedia. 7

José Manuel Villalpando es abogado por la Escuela Libre de Derecho y titular de la materia Historia del Derecho en México en esa institución. Su actividad se ha centrado en la divulgación de la historia mexicana.

Es autor de 44 libros y de centenares de ensayos y artículos en esa especialidad

18

abogacía Mayo 2022

Luis Arturo Pelayo

El futuro del

presidencialismo en México

Diego Valadés Conocedor profundo de nuestro marco constitucional, Diego Valadés, miembro de El Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la

Lengua, de la Academia Mexicana de Ciencias y de El Colegio de

Sinaloa, nos ofrece en esta entrevista su visión sobre numerosos te-

mas de actualidad, que corresponden a la gran variedad de intereses

y a la experiencia que ha acumulado a lo largo de casi seis décadas de actividad ininterrumpida en el mundo del Derecho.

20

abogacía Mayo 2022

Voces

Investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, Diego Valadés ha desempeñado a lo largo de su destacada trayectoria los cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procurador general de la República, procurador general de Justicia del Distrito Federal, subsecretario de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, embajador de México y abogado general de la UNAM, entre otros.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

21

Voces e gustaría comenzar esta entrevista preguntándole sobre la reciente consulta popular de revocación de mandato. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Es un instrumento de apariencia democrática, pero como se está aplicando en México sólo sirve para fortalecer la concentración del poder personal. El presidencialismo plebiscitario mexicano se verá robustecido en perjuicio de la democratización de las instituciones. Revocar significa destituir, por eso fue absurdo e inconstitucional que quienes promovieron la “revocación” fueran los partidarios y los colaboradores del presidente. n Ahora que habla del presidencialismo, parece que estamos viviendo un claro retroceso en México con respecto a los avances democráticos que se habían alcanzado. ¿Este presidencialismo llegó para quedarse?

La respuesta es sencilla: el presidencialismo sólo tiene futuro a expensas de la democracia. La democracia y el presidencialismo son incompatibles. El presidencialismo no tiene futuro porque en el mediano o en el largo plazos triunfará la democracia. La Constitución fue diseñada para que los presidentes fueran muy poderosos, y si a eso se suma el uso de la fuerza popular, pues entonces pasa lo que pasa. El absolutismo presidencial es lo que tenemos, pero es una antigualla.

Contrasta con una sociedad moderna, plural, abierta. n Los órganos constitucionales autónomos han sido blanco de ataques, incluso se habla de la desaparición de algunos…

De ninguna manera justifico la forma como se hostiliza a esos órganos, pero también es necesario reconocer que en su mayoría están mal diseñados por la Constitución o por la ley, que a veces más que autónomos se consideran soberanos y que varios han incurrido en un enorme dispendio de recursos públicos. n ¿Qué caminos advierte para superar el presidencialismo que menciona?

Para poner en sintonía el sistema de gobierno con la sociedad democrática que queremos será necesario fortalecer el

22

abogacía Mayo 2022

sistema representativo; adoptar el gobierno de gabinete; reducir el periodo de presidentes y gobernadores a cuatro años, y contar con una administración pública de alto nivel, profesional y políticamente neutral en todos los niveles de gobierno. El progreso democrático e institucional es indetenible y tarde o temprano llevará hacia allá. n En este sentido, ¿qué escenario vislumbra para el proceso electoral de 2024?

Si se llegara a las elecciones de junio de 2024 en las mismas condiciones que prevalecen en la primera mitad de 2022, la elección presidencial sería muy predecible.

Lo que por ahora no se puede saber son las consecuencias de la lucha sorda por el poder en el interior de la fuerza hegemónica y cuál será el escenario de la economía, la corrupción y la violencia en el que se llevará a cabo la elección.

“Hay que examinar lo ocurrido en la Suprema Corte con motivo de la Ley de la Industria Eléctrica, pues no resulta razonable que sea la minoría quien determine la constitucionalidad de una norma general.” n Amén de la intervención de la delincuencia organizada en los procesos electorales…

La experiencia electoral de 2021 dejó ver una realidad sórdida. No tengo elementos para afirmar la intromisión del narco, pero es ostensible la tragedia de numerosos candidatos asesinados. El Estado se quedó paralizado ante esa acometida de la violencia; los crímenes no han sido esclarecidos ni se ha vuelto a hablar de ellos. n ¿Qué sucederá con la oposición? Hoy es prácticamente inexistente...

Una parte de la oposición está desorientada, pero esto es consecuencia de las omisiones

de los dos partidos que gobernaron antes.

Los gobiernos del PRI y del PAN se rehusaron a dar mayor poder al sistema representativo; bloquearon todas las acciones encaminadas a la reforma del Estado intentadas en el Congreso y ahora los partidos y los ciudadanos pagamos las consecuencias.

En ningún lugar del mundo hay partidos fuertes con parlamentos débiles. n Y tampoco ayuda la polarización social que el titular del Ejecutivo alimenta cotidianamente, ¿no?

La retórica de la intolerancia siempre será contraproducente. De la polarización se puede transitar al enfrentamiento. Desde la sociedad tenemos que hacer un llamado y un esfuerzo en pro de la pacificación de los ánimos. Si no podemos impedir los excesos verbales ajenos, por lo menos evitemos los propios. n Para cerrar estas reflexiones sobre el tema político, ¿qué opinión tiene del papel de la izquierda en México?

Lo primero que se tiene que hacer es asumirse como socialista, sin miedo a la palabra, y plantear un programa claro y coherente: igualdad, acceso a la justicia, distribución de la riqueza, protección social, servicios eficientes, alianza con intelectuales, académicos y creadores, apoyo a los pueblos originarios, laicismo, derechos sexuales, reproductivos y eutanásicos, compromiso con el feminismo y con las reivindicaciones de identidad sexual, y democracia, porque sin democracia el Estado social deriva hacia el burocratismo, el paternalismo, la corrupción y el autoritarismo. n Hablando de otro tema de actualidad, la reforma eléctrica finalmente no fue aprobada. ¿Qué piensa de la política energética de esta administración?

El proyecto presidencial fue derrotado en la Cámara de Diputados. Una parte era muy regresiva en relación con el ambiente, y otra es manejable a través de la legislación ordinaria y de la política energética. Las consecuencias económicas de ese proyecto habrían sido muy adversas, y una crisis económica al final del sexenio es un riesgo que el gobierno no podrá asumir. Supongo que el objetivo real consistía en radicalizar el dis-

curso político con miras a la elección de 2024 y decir: “Necesitamos otros seis años y mayoría especial en el Congreso para consumar los cambios”. n La declaración de constitucionalidad que hizo hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la Ley de la Industria Eléctrica vuelve a poner en la mesa la pregunta sobre la independencia de nuestro máximo tribunal. ¿Está capturado?

El Poder Judicial federal está mal diseñado.

Por supuesto, hay que hacerle reformas.

Por ejemplo, creo que es necesario revisar la manera de designar a los ministros y de elegir a su presidente. El sistema vigente de elección del presidente de la Corte resulta muy divisivo. También hay que examinar lo ocurrido con motivo de la Ley de la Industria Eléctrica, pues no resulta razonable que sea la minoría quien determine la constitucionalidad de una norma general. n Como ex procurador general de la República, ¿qué piensa del desempeño de la Fiscalía General? Recientemente su titular se ha visto envuelto en varios escándalos que hacen dudar de su permanencia.

Comparto la opinión dominante en cuanto a que ha habido una desviación en relación con el objetivo central de la Fiscalía, que era la imparcialidad y la objetividad en su acción. Pero el problema es de fondo: está en el mal diseño que tiene el artículo 102 constitucional —lo menciono a riesgo de extenderme en la respuesta—. Ese artículo establece que el Senado le envía una lista al presidente de la República aprobada por dos tercios del Senado; de ahí el presidente regresa una terna y tiene que darse la aprobación de uno de los integrantes, otra vez por dos tercios del Senado; eso habla de un muy mal diseño; si los 10 tuvieron ya una aprobación por esa mayoría calificada, ¿por qué se le pide una segunda votación sobre la misma persona al mismo órgano colectivo?

Esto quiere decir que la elaboración de esa lista está viciada desde el inicio por intercambio de votos: “Yo te doy mi voto para tu candidato y tú me das tu voto para el mío”.

En cuanto a la destitución del fiscal, la Constitución dice que será a propuesta del

La abogacía tiene que defenderse a sí misma exigiendo la colegiación obligatoria para asegurar la idoneidad profesional y ética de los abogados de todo el país en todas las áreas: academia, judicatura, foro, notariado, administración”.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

23

Voces

presidente, no objetada por la mayoría del Senado. Y, además, en la ley de la Fiscalía se afirma que se aplicará lo que establezca la Ley de Responsabilidades. El presidente de la República, para destituir a un fiscal, tiene que imputarle un delito. Y basta con esta imputación, porque una vez hecha no hay derecho de audiencia ni juicio para que proceda la remoción. Esto muestra que nuestro sistema está mal diseñado.

Lo que hay que revisar no es el funcionamiento de la Fiscalía o del fiscal, sino el diseño mismo de la Constitución. n Este ejemplo es uno de tantos que se podrían mencionar con respecto a las fallas de nuestra Constitución. Con 105 años de edad, ¿aún está vigente?

Nuestra Constitución nació en 1917 en Querétaro como una constitución social e hiperpresidencialista. Ha avanzado porque hoy, además de ser una constitución social, también lo es de derechos humanos, democracia electoral y justicia constitucional,

24

abogacía Mayo 2022

pero sigue siendo hiperpresidencialista. Éste es su mayor problema. n ¿Cuál es el cambio más urgente que requiere nuestra Ley Suprema?

Desde mi punto de vista, revisar la organización del poder del presidente, esto es, la organización del gobierno de México. Lo voy a plantear en otros términos: la Constitución incluye el concepto de gobierno desde el punto de vista de función, pero no el concepto de gobierno desde el punto de vista de órgano. La Constitución mexicana es una de las pocas del mundo que no define la forma y la organización del gobierno, de manera que el gobierno en México es unipersonal. No sólo en cuanto a la titularidad del Poder Ejecutivo, sino en la medida en que no hay ninguna definición de la forma de integración y funcionamiento del gobierno.

Se sobreentiende, por la propia Constitución y por su estructura, que el gobierno completo es el presidente de la República, lo cual es una anomalía enorme —aunque

era comprensible en 1917, cuando aún estaban pendientes las grandes definiciones en cuanto a la forma de organización de los gobiernos—.

Lo que vemos en México es un arcaísmo que hace disfuncionales a las instituciones, al Congreso, al Poder Judicial... Y la relación con los estados, porque el peso político y jurídico de la Presidencia es inmenso. n Mencionaba hace un momento que la nuestra es una constitución de derechos humanos. Pero en la situación actual de nuestro país, en distintos ámbitos, esos derechos parecen un simple ideal...

En México padecemos una crisis humanitaria. Lo más grave es que llevamos tanto tiempo con esta crisis que ya se ha normalizado. Las personas desaparecidas, asesinadas, extorsionadas y desplazadas suman centenares de millares. En México es un riesgo ser mujer, estudiante, joven, periodista, productor agrícola, transportista, incluso transeúnte. La impunidad está en el

eje de esta gran crisis. Existen soluciones, pero ninguna será posible mientras prevalezcan la corrupción y la ineptitud en el ámbito público. n Los eternos problemas de México: corrupción e impunidad... ¿Cómo combatirlos?

La corrupción no se acaba con expresiones de voluntarismo. La impunidad generalizada es uno de los más poderosos motores de la corrupción y de la violencia. Los gobernantes de varios sexenios se han rehusado a escuchar opiniones independientes para resolver el problema de la impunidad jurídica y política de sus colaboradores.

Ellos lo han pagado con su propio desprestigio y los gobernados lo estamos pagando con desigualdad e inseguridad. n Además de que hoy en día las opiniones críticas que se atreven a señalar esa corrupción automáticamente son descalificadas, cuando no perseguidas.

En México no hay censura formal, lo que hay es intimidación y aniquilación sin consecuencias. La impunidad de quienes asesinan periodistas tiene un efecto inhibidor que afecta la libertad de los comunicadores y el derecho a la verdad de la sociedad. Además, en muchos estados se vive en condiciones de caciquismo y eso también es una amenaza para la libertad y la información.

El caciquismo es la expresión local del presidencialismo nacional. Antes la corrupción existía, pero al menos se reconocía; ahora la corrupción existe pero se niega. n Caciquismo en colusión con la delincuencia organizada...

Decirlo ya es un lugar común. Lo alarmante es la incapacidad del Estado para contener este problema. México padece un déficit creciente de gobernabilidad cuyos síntomas más evidentes son el desbordamiento de la delincuencia, la desigualdad social y la corrupción. n En este sentido, ¿qué opina de la participación de las Fuerzas Armadas para combatir este problema?

El esfuerzo por desmilitarizar la política llevó décadas. Lo que ahora vemos tal vez tenga una explicación: que se haya pensado

que las Fuerzas Armadas tienen una mayor capacidad de dar resultados en el corto plazo. En materia de seguridad la militarización parte de un error que comenzó en 2006 cuando se empezó a utilizar a las Fuerzas Armadas para hacer frente a la violencia delictiva. Las evidencias indican que se cometió un error en el que, a pesar de las evidencias, se persiste. Por lo demás, en México predomina la convicción de que el poder político debe ser civil. No dudo que el Estado volverá a la ruta civil que desde elsiglo XIX postuló Benito Juárez. De lo contrario, nos expondríamos a transitar de la militarización al militarismo. n Tomando en cuenta su experiencia como diplomático, ¿cómo ha visto la reacción de México frente a la invasión de Rusia a Ucrania?

Me sorprende que la decisión del gobierno de la República, expresada por voz del propio presidente, sea de una gran ambigüedad. México siempre levantaba la voz frente a este tipo de atracos; lo hizo particularmente en la Segunda Guerra Mundial y fue el primer país que protestó, entre otras cosas, por la invasión a Austria por parte del ejército alemán. Ahora ni siquiera ha extendido, vamos, ni como gesto, una invitación a la población que está siendo perseguida en Ucrania para que quienes quieran venir a nuestro país lo puedan hacer.

Se trata de un abandono de la política humanitaria que ha tenido México de manera tradicional desde que Lázaro Cárdenas acogió a los españoles perseguidos por el franquismo, y en el orden de la defensa de los principios democráticos, es evidente que México no puede ver de manera tan abstracta la invasión de una potencia por un vecino, cuando justamente esa potencia, que es la invasora, la Federación Rusa, está afectando la independencia, la integridad y la vida de ciudadanos ucranianos. En la ONU México ha tenido una posición acertada, por lo que resulta desconcertante que nuestro país no haya adoptado medidas para recibir a refugiados ucranianos. n ¿México ha perdido el liderazgo que tuvo, al menos en América Latina?

Desde hace largo tiempo México ha volteado la espalda a la América nuestra.

Crisis sanitaria y manejo de la pandemia “Los decretos y los acuerdos dictados al inicio de la pandemia son inconstitucionales y las medidas sanitarias han dado resultados calamitosos.

Una de las causas es que el sistema constitucional mexicano no ofrece instrumentos institucionales para evaluar y controlar las decisiones gubernamentales que afectan a los gobernados. Este tema lo examino en detalle en mi reciente libro: Constitucionalismo crítico.”

Constitucionalismo crítico.

Ideas para la transición constitucional en la era postCovid-19

Siglo XXI Editores, 2021

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

25

Voces Tratamos mal a nuestros hermanos del continente. En este país se victimiza sin consecuencias a los inmigrantes y se maltrata a los turistas centro y sudamericanos. No hay liderazgo sin solidaridad. n Como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española, ¿qué piensa del uso —o abuso— del lenguaje inclusivo?

Las variantes del lenguaje inclusivo son un asunto polémico, si bien traducen una realidad: impugnar la tradicional invisibilización de la mujer. Pero con independencia de los usos lingüísticos, en el feminismo militamos todos los que queremos una sociedad igualitaria y justa. Esto implica adoptar medidas que aseguren una mayor presencia de las mujeres en posiciones de dirección política. Hay un hecho lacerante: los feminicidios y la violencia doméstica contra la mujer en México son una vergüenza para la civilización. n ¿El lenguaje puede ofrecernos esa “solución” que buscamos a los grandes problemas nacionales?

La fuerza de la palabra acaba por prevalecer siempre. Nuestra comunicación es palabra; somos palabra. Las razones y las sinrazones siempre se verbalizan. Y es muy peligroso que, más allá de la polarización, haya vocación por el enfrentamiento, planteada desde el poder mismo.

En México y en todas partes del mundo, en toda la historia conocida, el gobernante es una especie de paradigma que influye en la conducta no sólo de sus seguidores, sino, en general, de la sociedad. Y cuando existe, además, una estructura hegemónica de poder, tiende a generar la replicación de sus propias actitudes por parte, sobre todo, de quienes quieren quedar bien con él. La forma como habla el presidente la están replicando gobernadores, integrantes del gabinete, legisladores... Estamos atestiguando el reflejo de la retórica presidencial.

En este momento estamos viviendo en una sociedad polarizada, pero temo que muy pronto estemos viviendo en una sociedad enfrentada. La polarización simplemente es escisión, esto es, tensión. El enfrentamiento es lucha, y hay el riesgo de que vayamos hacia allá.

26

abogacía Mayo 2022

Sin embargo, también me siento muy orgulloso de la ciudadanía mexicana porque hasta este momento, después de más de tres años de estar escuchando cotidianamente expresiones de desafecto para una gran cantidad de mexicanos, todavía no hemos sufrido una tragedia. Esto quiere decir que la mayoría de los mexicanos pasa por el filtro de la razonabilidad las expresiones de irascibilidad, y espero que así siga ocurriendo. n ¿Es usted optimista con respecto al futuro?

Sí, muy optimista. Ya hemos vencido otras inercias negativas y otras adversidades. El desbordamiento del absolutismo presidencial ayudará a que se retomen las ideas y los objetivos de reformar al Estado. Necesitamos un Estado constitucional democrático, social, ambiental y de servicios. Si no lo hace esta generación, lo hará la próxima. La tendencia será hacia un poder político serio, responsable, controlado y eficaz. Lo demás son accidentes pasajeros. Incluso democracias consolidadas como la británica y la estadounidense han tropezado con la demagogia. n ¿Qué riesgos hay en el camino?

Son muchos. La inercia es uno de ellos.

Ahora mismo se habla de la sucesión pre-

VER LA ENTREVISTA COMPLETA:

sidencial como si se tratara de un cambio de amo. El personalismo es una rutina muy negativa. Otro riesgo: que sobrevenga el triunfo del discurso rancio que ahora descalifica a los pobres como “chairos” o a la clase media como “fifís”. Habrá que evitar éstos y otros peligros y buscar soluciones institucionales, no personales; conciliatorias, no discriminatorias. Habrá que tener cuidado para que una intolerancia no sea sustituida por otra. n ¿Cuáles son las opciones?

En plena lucha por la Independencia, Morelos dijo: “México siempre contará con los dirigentes adecuados en el momento necesario”. En nuestro tiempo esos dirigentes no deben ser los que busquen imponer sus dogmas sino los que entiendan a la sociedad plural, constructiva y dinámica que somos hoy. Estoy convencido de que hay una nueva generación de dirigentes políticos en gestación: mujeres y hombres jóvenes, entusiastas, liberales, competentes, con ideales democráticos, principios éticos y convicciones sociales, con sentido de patria y con aptitud cosmopolita. Los necesita un pueblo con hambre y sed de libertad, igualdad, bienestar, honradez, democracia, justicia y paz. 7

¡Ven a Visitarnos!

Lunes a Domingo 8 AM - 10 PM

Mesa Segura

55 5616 1402 sanangelinn.com @restaurantesanangelinn

Guillermo Sheridan

RECUERDOS DE CHERNOBYL Hace muchos años publiqué un relato que trataba del pánico de las nubes radioactivas que emanan de los reactores nucleares colapsados. Lo resucito ahora, cuando la invasión de Ucrania a manos del repulsivo señor Putin causó pánico internacional cuando sus huestes se acercaron a la colapsada planta nuclear de Chernobyl y, al hacerlo, revivieron la idea de la destrucción general.

C

uando la planta nuclear de Chernobyl, en la ya desaparecida (pero resurgente) URSS, explotó y roció de plutonio enriquecido a varios millones de habitantes y hectáreas del continente europeo, convirtiéndolos en una probeta llena de carcinomas, yo vivía con mi familia en Norwich, una ciudad universitaria cerca de Londres.

Todas las noches veíamos dónde andaba la nube que había salido de Chernobyl: tenía aproximadamente el tamaño de Francia y se movía con los vientos caprichosos.

Cuando la locutora de la BBC decía que se había movido hacia Finlandia, dejábamos de aguantar la respiración. A la mañana siguiente volvíamos a aguantarla hasta saber en dónde andaba. La paranoia se había desatado. La gente se arremolinaba en los supermercados tratando de comprar agua embotellada, leche en polvo y colecitas de Bruselas congeladas antes de la explosión.

Los verdaderos problemas comenzaron la tarde en la que mi hijo de cinco años regresó del jardín muy emocionado por haber encontrado un pájaro muerto, que traía en la manita. Después de que lo tallamos dos horas con Fab (al niño), informó que lo había encontrado junto al estanque.

Al fondo del jardín, vecino al patio de una escuela llena de

28

abogacía Mayo 2022

aprendices de punk, estaba ese pond cuya profundidad siempre ignoramos y donde vivían unas ranas histéricas en condominio.

Enterré el cadáver del pájaro en un montón de abono, cubriéndome las manos con bolsas de plástico, y le prohibimos al niño acercarse al estanque. Esa noche estábamos más ansiosos que nunca, esperando que la locutora dijera dónde andaba la nube radioactiva. Si anda por arriba del estanque, me dije, estamos perfectamente jodidos todos nosotros.

Andaba por Alemania Federal. Sin embargo, al día siguiente hubo dos pájaros muertos y tres el día después.

Lo que había comenzado como un pánico normal comenzó a convertirse en pánico plus.

Cada mañana me cubría de plástico y tapabocas para ir a inventariar pájaros muertos.

Estábamos hartos de aguantar la respiración y ya nos salía leche en polvo y colecitas de Bruselas de las orejas.

El día que hubo siete pájaros muertos, decidí consultar a Dora, la vecina, que era bióloga. Nunca imaginé los problemas en que nos iba a meter. Su nombre completo era Dora Highbrow y vivía con Bobby Highbrow, un gato calicó de 30 kilos. Otro vecino nos dijo que era un escándalo, pues corría el rumor de que Dora y Bobby no estaban casados.

Cuando Laguna Verde estalle, porque va a estallar, el gobierno no diría nada y, en caso de decir algo, seguramente será en el sentido de que todo estaba calculado y cómo todo funcionó a la perfección. La tragedia de Laguna Verde se transformará en un gran triunfo y el gobierno declarará que ahora sí, por fin, “¡la radioactividad es para todos!”

Dora estaba convencida de que hablaba muy bien el español pues entendía mi impecable inglés. Sin embargo, se empeñaba en vocalizar muy lentamente cuando me hablaba. Cuando le conté lo de los pájaros dio tres pasos en reversa, tapándose la boca con la mano y diciendo: Oh, dear! (que significa “Ay, querido” —no que entre Mrs. Highbrow y yo hubiera algo: Bobby era celoso y ella era vieja—, pero que en realidad es como “qué barbaridad”). Una vez adentro de su casa, la escuché llamar a gritos a Bobby para contarle las malas nuevas.

Me sentí como un leproso.

Esa noche la nube se acercó al norte de Escocia. Ahora sí, el pánico comenzó a acelerarse.

Se organizaban brigadas que soplaran hacia el norte con objeto de impedir que cruzara la Muralla de Adriano. Pensé en la conveniencia de regresar a México. Me imaginaba a mi hijo eructando burbujas de zonzilio fosforescente por la boca que iba a salirle en la nuca.

Luego Mrs. Highbrow, seguramente aconsejada por Bobby, decidió delatarnos. A la mañana siguiente tocaron la puerta dos hombres vestidos de astronautas en un camión lleno de antenas y radares.

Cuando iba a preguntar qué se les ofrecía me metieron en la boca un contador geiger desabrido. Los hombres, cruelmente eficaces, recorrieron con su contador geiger toda la casa: el pan blanco sobre la mesa, el excusado y los pasaportes.

Finalmente preguntaron por el estanque. Se meneaban como osos mientras nos dirigíamos a él. Había tres pájaros muertos y uno agonizante.

Mientras le pasaban el contador geiger, vi a Mrs. Highbrow y a Bobby pertrechados en su ventana y con sendos tapabocas. Los hombres tomaron muestras del agua, nacionalizaron una rana y pidieron ver el cementerio de pájaros muertos. Al exhumar los cadáveres dijeron: “¡Ay, querido!”

Metieron todo en bolsas de plástico y me advirtieron que

se pondrían en contacto. El fondo del jardín era ya como una tierra ignota de la que, en cualquier momento, emanarían unas ranas mutantes de dos metros, con colmillos de cristal goteantes de sangre, rugiendo como un mofle mexicano. Por si fuera poco, Dora y Bobby se encargaron de platicarle a los vecinos lo que sucedía en el Mexican’s pond. El cartero aventaba las cartas desde lejos, al niño lo sentaron hasta atrás del salón, el chofer del autobús nos negaba la parada. Hasta la princesa Diana nos miraba feo en la tele, cuando bautizaba un submarino.

Días más tarde llegó un oficial de la oficina de salubridad. Explicó que los pájaros se habían muerto por la culpa de la escuela que colindaba con el jardín. Rociaban ahí la basura con un veneno especial para aniquilar ratas inglesas: les provocaba una sed terrible y, cuando bebían, el veneno las enviaba al vénganos tu reino. Pues bien: los pájaros también comían ese veneno, bebían en nuestro pond y caducaban. Pero no había rastro de radioactividad. Le pedí, por favorcito, que repitiera la información a Mrs. Highbrow.

Todo volvió a la normalidad.

La nube iba y regresaba por el mapa de la tele con cierta indecisión hasta que dejó de aparecer.

Claro, toda Europa estaba chernobileada pero quedaba claro que había que dar vuelta a la hoja. La locutora regresó a las catástrofes habituales, es decir, el clima. En la tele, la princesa Diana se sonrojó por lo que hacen en las escuelas para matar ratas inglesas. Meses más tarde, Bobby asesinó a Dora para quedarse con la herencia.

Regresamos a México. Laguna Verde, la planta nuclear orgullosamente diseñada y construida por ingenieros mexicanos en el estado de Veracruz, informó el presidente Comosellame, ya iba a estar lista.

Inevitablemente pensé en la que se va armar el día en que Laguna Verde estalle, porque va a estallar, arrastrando consigo un buen porcentaje de la geografía nacional. Pensé precaverme, esconder dinero para pagar las mordidas que exigirán los inspectores cuyos contadores geiger no van a servir, y para comprar agua, leche en polvo y huanzontles congelados.

Pero me detuve pues supuse que cuando suceda nadie va a enterarse. El gobierno no diría nada y, en caso de decir algo (cuando no sea posible evadir que el Golfo de México amaneció en Puebla), seguramente será en el sentido de que todo estaba calculado y cómo todo funcionó a la perfección. La tragedia de Laguna Verde se transformará en un gran triunfo; nosotros nos transformaremos en unas como marimbas de tripas; una de las bocas de la locutora de moda dirá que no hay ni una sola nube en ningún lado y el gobierno declarará que ahora sí, por fin, “¡la radioactividad es para todos!”7

Para leer

LA PRISIÓN PREVENTIVA EN MÉXICO En recientes fechas, la prestigiosa editorial jurídica Tirant lo Blanch publicó La prisión preventiva en México, un estudio realizado por Jorge Nader Kuri sobre la controvertida figura jurídica a la que se refiere el título. En su texto, el autor analiza la figura desde la ley y desde la práctica y, a partir de ello, genera un manual práctico para las personas que lo discuten en los tribunales, sobre los momentos en que debe debatirse su imposición, su revisión y su duración.

A través de cinco capítulos, el libro presenta el marco constitucional de la prisión preventiva en México, la figura de la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva justificada, la duración de la medida, el procedimiento por el que se decide y la revisión de la prisión preventiva justificada. Con una perspectiva crítica, en cada uno de los tres primeros capítulos el autor ofrece un repaso histórico de los conceptos y los paradigmas, los problemas que presentan, los estándares con que se miden y los principios que los sostienen. A mi parecer, los últimos dos capítulos constituyen, per se, el instrumento directo del que se puede servir el operador jurídico para analizar el uso de esta figura jurídica en la práctica.

La importancia de esta obra reside no sólo en la calidad académica del trabajo, sino también en su practicidad como herramienta para el cambio y la acción. Las aulas de las escuelas, facultades y colegios de derecho deberían incluir en las bibliografías de sus programas de estudio La prisión preventiva en México del doctor Jorge Nader Kuri.

Mateo Mansilla-Moya

Guillermo Sheridan es doctor en Letras Modernas y Mexicanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador nacional nivel III del Conacyt, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y biógrafo literario de Ramón López Velarde y Octavio Paz.

_______ Jorge Nader Kuri Tirant lo Blanch 2022

¿Qué dicen hoy los tribunales?

Denise Tron Zuccher Mariana Ruiz Albarrán

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

(SCJN) determinó que el esta-

do de interdicción es contrario a tratados internacionales. En

otro criterio se determinó que las personas morales no pue-

den ser autoras de una obra literaria y artística. En materia

fiscal un Tribunal Colegiado de Circuito (TCC) determinó que

el derecho de un contribuyente que utilizó facturas falsas

para acreditar la materialidad

de las operaciones no preclu-

ye con el procedimiento del ar-

tículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

P D e A

Pérez de Acha Ibarra de Rueda

Civil n Cargos bancarios no autorizados y su defensa en juicio Cuando un usuario demande a su banco por cargos no reconocidos, la forma de probar será diferente si la autorización se hizo con firma autógrafa del usuario o si se hizo con el uso del NIP. En el primer caso, el usuario es quien debe probar que él no firmó el pagaré. En el caso del NIP, es el banco quien debe probar que tomó todas las medidas de seguridad necesarias para evitar la falsificación.

Registro: 2024285.

Si se trata de un cargo realizado con firma autógrafa, el banco es quien tiene que presentar los vouchers en el juicio. Si no los presenta, se considerará de manera presunta que la firma sí fue falsificada. Si los exhibe en copia certificada, los peritos deben analizar si es necesario que se presente el original del voucher para poder verificar la firma. Registro: 2024290. n Responsabilidad de escuela por accidente Un niño sufrió un accidente en su escuela. El TCC reconoció que dicha escuela tiene un deber de cuidado con los alumnos y, por tanto, si actúa de manera negligente ante un accidente será responsable de los daños económicos y morales causados.

Los padres demandaron el pago de los daños sufridos por el menor y los causados a ellos. El TCC resolvió que el daño moral sólo lo puede resentir la víctima y no trasciende a otras personas. Registros: 2024314 y 2024322. n Emplazamiento a juicio en hora hábil Un Pleno de Circuito de la Ciudad de México señaló que cuando la legislación civil y mercantil establece que el actuario debe dejar citatorio señalando “hora hábil” para emplazar al demandado, es posible que señale una hora exacta o bien un lapso de tiempo que podrá ser máximo de una hora. Registro: 2024349. n ¿Se deben rendir cuentas de la pensión alimenticia de un menor?

El padre que paga una pensión alimenticia de su hijo no puede exigirle al progenitor que tiene la custodia del menor que le rinda cuentas sobre el uso que le da a los recursos, y que acredite que los mismos son o no suficientes para atender las necesidades del hijo. Registro: 2024389.

30

abogacía Mayo 2022

n La declaración del estado de interdicción es contraria a tratados internacionales La Primera Sala de la SCJN determinó que la figura de interdicción es contraria a la Constitución federal y a los tratados internacionales. Esta figura permite que un juez determine que una persona con discapacidad no es capaz de tomar decisiones, por lo que queda a cargo de un tutor. Este pronunciamiento se hizo respecto de la legislación civil en el estado de Aguascalientes. Registro: 2024377.

Amparo n Suspensión y afectaciones a terceros La posibilidad de que con la concesión de la suspensión se cause un daño a un tercero interesado no es un elemento para negar su procedencia. Este aspecto sí deberá considerarse para determinar si debe otorgarse garantía. Registro: 2024258. n Diferencia en las fechas de una notificación Cuando exista una diferencia entre la fecha de notificación registrada en el sistema en línea del Poder Judicial (SISE: Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) y la fecha que se señaló en la constancia de notificación del expediente físico, deberá tomarse por válida la primera. Este criterio surge en la contingencia por Covid-19, en el que se limitó la consulta física de los expedientes. Registro: 2024282. n Amparo promovido fuera de plazo En un juicio laboral se fijó una fecha excesivamente lejana para la audiencia de conciliación, por lo que el trabajador promovió juicio de amparo. A pesar de que la demanda se presentó fuera del plazo de 15 días, un TCC consideró oportuna la presentación porque el acto reclamado generaba una afectación de tracto sucesivo al derecho de acceso a la justicia.

Registro: 2024347.

Fiscal

Juicio en línea n Notificaciones por correo electrónico El quejoso, un menor de edad con discapacidad, solicitó que las notificaciones le fueran efectuadas por correo electrónico, lo que fue autorizado por el juzgado. Por lo tanto, no es válida la notificación que se realizó por lista respecto del cumplimiento de la sentencia. Registro: 2024355.

Penal n Acto de investigación del Ministerio Público a un notario público El Ministerio Público no puede exigirle a un notario público que le entregue documentos relacionados con una persona que está sujeta a una investigación penal. Necesariamente debe solicitar los documentos mediante una orden judicial. Registro: 2024226.

Laboral n Trabajador debe probar prestaciones extralegales Si el trabajador le demanda al patrón el pago de prestaciones adicionales a las establecidas en ley, está obligado a probar en juicio que sí tenía derecho a ellas, por ejemplo, exhibiendo el contrato de trabajo. Esta obligación no se elimina a pesar de que el patrón no contestó la demanda y no compareció a la audiencia. Así lo resolvió la Segunda Sala de la SCJN. Registro: 2024328. n Prima de antigüedad y no discriminación Trabajadores del estado de Puebla demandaron el pago de la prima de antigüedad, sin que dicha prestación estuviera prevista en la legislación local, solicitando la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo. Un TCC desestimó el argumento de los trabajadores considerando que no se trata de un trato discriminatorio. Registro: 2024354.

n Firma digital de la autoridad fiscal La autoridad fiscal emitió una resolución con su firma electrónica. El contribuyente impugnó la resolución al sostener que no podía confirmar si la firma se encontraba vigente. Un TCC resolvió que no es necesario que en la resolución se haga constar la vigencia de la firma electrónica. Registro: 2024234. n Facturas falsas y defensa ante el SAT Si el contribuyente que utilizó facturas falsas no acude al Sistema de Administración Tributaria (SAT) a aclarar su situación dentro del procedimiento del artículo 69-B del CFF, podrá hacerlo posteriormente si el SAT inicia una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Bajo este criterio, no precluye su derecho para demostrar la materialidad de las operaciones.

Registro: 2024264.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

31

Administrativo

Covid-19

n Derecho a una buena administración pública Un motociclista perdió la vida al caer en un bache en las calles de la Ciudad de México. Un TCC resolvió que la muerte fue causada por la actividad irregular de las autoridades de la ciudad, quienes no dieron mantenimiento a las vialidades, por lo que debían indemnizar a la viuda por daño patrimonial. El TCC señaló que se violó el derecho a una buena administración pública, reconocido en la Constitución de la Ciudad de México y en tratados internacionales. Para probar la causa de la muerte se aceptó el uso de la prueba indiciaria a partir de notas periodísticas y videos de streaming. Registros: 2024340 y 2024339.

Arrendamiento y condonación de rentas Un TCC determinó que el arrendatario puede solicitar la condonación o la reducción de rentas en un caso de fuerza mayor, a pesar de que no esté previsto en el contrato. En este asunto se resolvió que el dueño del local debía condonar y reducir las rentas por el tiempo que el restaurante estuvo cerrado por la contingencia por Covid-19. Registros: 2024311 y 2024312. 7

n Las personas morales y los derechos de autor El artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que sólo las personas físicas pueden ser consideradas como autoras de una obra literaria y artística. La Primera Sala de la SCJN avaló en jurisprudencia la constitucionalidad de dicho artículo, a pesar de que no contempla la posibilidad de que una sociedad tenga la calidad de autora. Sólo las personas físicas pueden tener creatividad y ser titulares del derecho a la protección creativa. Registro: 2024373.

Los registros referidos en este artículo pueden consultarse en el buscador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente enlace:

Denise Tron Zuccher es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, asociada de PDeA Abogados y presidenta ejecutiva en la organización Justicia Justa.

Mariana Ruiz Albarrán es egresada de la licenciatura de Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, colabora en PDeA Abogados y es directora del área de litigio público en la organización Justicia Justa.

32

abogacía Mayo 2022

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

33

Enrique U. Alcázar Córdova

FRANQUICIAS,

MODELO CLAVE PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA La reactivación económica en nuestro país tendrá que venir de la mano del consumo interno, para lo cual se requieren productos y servicios de calidad. En ese sentido, las franquicias suelen tener una mejor estructura de costos, logística, operación y mercadotecnia que otro tipo de negocios, lo cual se traduce en beneficios y ventajas para el consumidor general. Así lo sostiene el autor de este artículo.

34

abogacía Mayo 2022

Fotografía: Freepik

L

as franquicias, como modelo de negocio, incursionaron en nuestro país a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 y definitivamente llegaron para quedarse. Hoy, con más de 1,000 marcas en el mercado, de las cuales 85 por ciento son nacionales, alrededor de 90,000 puntos de venta y 900,000 empleos directos, México está entre los cinco países con mayor desarrollo del sector a nivel mundial.

Políticas públicas y regulación han sido factores determinantes para este desarrollo.

Las franquicias aparecieron por primera vez en nuestra regulación en el reglamento de la Ley sobre Transferencia de Tecnología, Licencias de Uso y Explotación de Patentes y Marcas (1989), abrogado por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (1991), que incluyó la figura de la franquicia, cuyo nombre cambió a Ley de la Propiedad Industrial (1994), adicionándose un nuevo articulado en 2006; ley que fue sustituida recientemente (2020) por la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que mantuvo íntegro el articulado que se refiere a las franquicias.

De acuerdo con la ley vigente, se establece en el artículo 245 que existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, el prestigio y la imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Sin embargo, desde un punto empresarial, entendiendo la franquicia como el modelo que permite y facilita el crecimiento, la réplica y la expansión de un negocio diferenciado, atractivo, rentable y probado; potencializa la marca, la logística, la estructura, la experiencia y el conocimiento de quien la otorga (el franquiciante); aplica el capital financiero, material, intelectual, físico y/o relacional de quien la adquiere (el franquiciatario); crea interrelaciones a partir de transferencia de tecnología y asistencia técnica, estableciendo derechos y compromisos para las partes, quienes conservan su autonomía empresarial, y tiene por objeto minimizar riesgos, optimizar

recursos, maximizar beneficios y generar riqueza e impacto social.

Parte de la vocación natural de las franquicias es la innovación, pues cualquier negocio ha de ser dinámico si quiere mantenerse competitivo y vigente; sin embargo, es claro cómo las distintas revoluciones industriales han influido en su desarrollo y popularidad. Las franquicias surgieron de la mano de la segunda gran Revolución industrial a finales del siglo XIX; aparecieron marcas de estaciones de servicio, automóviles y embotelladoras de refresco, y más adelante Howard Johnson, y un poco más tarde McDonalds, nacen como marcas emblemáticas. No obstante, no fue sino hasta la tercera gran Revolución industrial referida a sistematización, automatización y tecnologías de la información y la comunicación, a finales de la década de 1960, cuando el modelo se populariza y se expande a nivel mundial. Hoy que transitamos por la cuarta gran Revolución industrial —esto es, por la transformación digital—, sumado a la pandemia se presenta un nuevo reto para el sector de las franquicias, que han tenido que adaptarse, actualizar sus modelos de negocios, entender a las nuevas generaciones de consumidores y de inversionistas y forzosamente adoptar tecnologías novedosas.

Si bien la pandemia ha producido fuertes afectaciones al mundo, en el sector empresarial podemos rescatar algunos aspectos, pues la crisis sanitaria aceleró los procesos de digitalización de las organizaciones, impulsó la creatividad y la innovación de los empresarios, fortaleció algunos modelos de negocios y facilitó el surgimiento de nuevos conceptos, rentables, atractivos y de un gran potencial de crecimiento. Se calcula que aproximadamente 20 por ciento de las unidades económicas del país cerraron durante la pandemia, mientras que, hablando de puntos de venta en franquicias, lo hicieron menos de 4 por ciento. En cuanto a marcas franquiciantes no identificamos ninguna que haya cerrado de manera permanente. Incluso, datos de antes de la pandemia confirman que nuevos negocios tienen un nivel de mortandad de cerca de 80 por ciento a los dos años, mientras que más

Desde el punto de vista financiero, patrimonial e incluso social, es conveniente crecer, invertir o diversificarse por medio del modelo de las franquicias.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

35

de 85 por ciento de las franquicias sobreviven más de cinco años.

De hecho, las franquicias son naturalmente generadoras de micro, pequeñas y medianas empresas viables y fortalecidas y tienen un alto impacto social, ya que también generan empleos estables, bien capacitados y dignamente remunerados; asimismo, permiten la competencia justa entre estas pequeñas y medianas empresas y los grandes corporativos, gracias a la implementación de sinergias, economías de escala y alianzas con proveedores, además de que generan riqueza y bienestar.

En el mercado existen franquicias que se adecuan prácticamente a todos los perfiles, y aunque hay una falsa percepción de que son muy caras o inalcanzables, en realidad hay opciones de baja inversión, que van desde 100,000 hasta un millón de pesos, así como opciones de cientos de miles de dólares. El promedio en México es de 3.5 millones de pesos.

En cuanto a giros, mucha gente piensa automáticamente en comida rápida; sin embargo, también hay franquicias exitosas de retail; de cuidado personal, salud y belleza; turísticas y automotrices; de servicios profesionales; de mascotas y entretenimiento;

de educación, capacitación y formación; de moda, textiles y accesorios... Hoy es posible encontrar franquicias prácticamente en cualquier giro mercantil.

Es evidente que la reactivación económica de nuestro país tendrá que venir de la mano del consumo interno, del flujo y del circulante, para lo cual se requieren productos y servicios que ofrezcan una garantía de marca y calidad.

Las franquicias suelen tener una mejor estructura de costos, de logística, de operación y de mercadotecnia que otro tipo de negocios, lo cual se traduce en beneficios y ventajas para el consumidor general.

Por otro lado, durante esta reactivación económica se requiere una mayor generación de empleos y, por supuesto, de empresas que operen en el marco de la formalidad, lo cual es otra de las características de las franquicias.

Finalmente, hay que autoevaluar nuestro perfil, nuestros gustos, nuestros intereses y nuestra capacidad de inversión; contrastar opciones, analizar temas operativos, jurídicos y financieros, y, lo más importante, pasar de la intención a la acción; esto es, tomar decisiones. Finalmente, cabe señalar que éste es un buen momento para invertir y en el mercado hay muchas oportunidades interesantes. 7

Enrique U. Alcázar Córdova es presidente del Comité de Propiedad Intelectual de la World Compliance Association, presidente de la firma Grupo Alcázar & Compañía y vicepresidente de Propiedad Intelectual y Franquicias en Concanaco Servytur México.

Para leer DERECHO PENAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

36

La obra de Mario Uribe, líder de la práctica penal de Arochi & Lindner y profesor de Derecho penal de la Universidad Panamericana, analiza de manera detallada los delitos descritos en la recientemente publicada Ley Federal de Protección a la propiedad industrial (falsificación de marcas, comercio de objetos que ostentan falsificaciones de marcas, provisión de materiales para la producción de esos objetos, delitos relacionados con secretos industriales y delitos relacionados con indicaciones geográficas y denominaciones de origen).

Una característica importante de este trabajo es que en cada apartado el autor expone de manera sintética los conceptos básicos del Derecho de la propiedad industrial, lo que facilita la comprensión de cada tipo penal para quienes no son expertos en esa materia.

Además, en el libro se aborda la reparación del daño causado por los referidos delitos, las salidas alternativas al procedimiento que proceden en los procesos seguidos por su comisión y la responsabilidad penal de las personas morales ante esos actos ilícitos.

Resulta un texto de consulta de mucha utilidad tanto para penalistas como para abogados de propiedad industrial porque conjuga los conceptos de ambas áreas del Derecho de forma didáctica y sencilla. _______ Mario Uribe Tirant lo Blanch 2022

abogacía Mayo 2022

Regina Sotelo Ocejo y Guillermo Ucha Cabadas

Nora Cabrera

Por una transición energética justa e inclusiva 38

abogacía Mayo 2022

Voces

La reciente resolución del Pleno de la Suprema Corte en torno a la Ley

de la Industria Eléctrica y la no aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa de reforma consti-

tucional al sector eléctrico impul-

sada por el presidente de México, provoca que los juicios de ampa-

ro promovidos desde las organiza-

ciones ambientalistas en contra de la Ley de la Industria Eléctrica sean

fundamentales para que exista una política energética sostenible que

garantice los derechos de todos, especialmente de las nuevas genera-

ciones, a un medio ambiente sano,

en el que no tengan cabida las energías sucias. Nora Cabrera, destacada activista y joven abogada compro-

metida con lo que se ha denominado “derecho al futuro”, aborda en

esta entrevista la política energéti-

ca en el sector eléctrico de la actual administración federal y los efectos que tendrá para las próximas generaciones.

Nora Esther Cabrera Velasco es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey —donde también es docente— y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

éxico y el mundo están pasando por un momento difícil en términos climáticos y el gobierno le apuesta a los combustibles fósiles, lo cual pone en peligro el futuro de nuestro país. ¿Por qué crees que la postura de la actual administración en torno a la política energética en el sector eléctrico es una amenaza para el medio ambiente?

Me encanta la pregunta porque quiere decir que están conscientes del problema y de la solución. Es un hecho que existe una crisis en México y en el mundo derivada del cambio climático. El cambio climático significa un aumento gradual de la temperatura de la Tierra que es producto de las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. ¿De dónde salen esas emisiones que calientan la Tierra? De la combustión de energías fósiles: petróleo, gas, gasolina y combustóleo. Sabemos que esto es lo que hoy mueve al mundo y lo hace productivo. Ésa es la paradoja del cambio climático.

Tenemos que dejar de emitir CO2 a la atmósfera sin que eso paralice nuestras economías; si no lo hacemos estaremos provocando una catástrofe climática de dimensiones desconocidas. ¿Qué tenemos que hacer para no chocar contra el muro del calentamiento global? Pues, para empezar, que la clase política se ponga de acuerdo para diseñar y poner en marcha una transición energética justa, una transición energética de verdad.

Recordemos que solamente tenemos ocho años de aquí a 2030 para llegar a las primeras metas de reducción de emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero a las que nos comprometimos en el Acuerdo de París y en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en ingles). Es

un momento coyuntural para lograr reducciones significativas y ambiciosas de CO2 para no aumentar más de 2 ºC. Claro que la lucha seguirá hasta lograr procesos de descarbonización totales, pero estos años son vitales. n ¿Podrías platicarnos qué ha pretendido establecer el presidente de la República en relación con la política energética en el sector eléctrico?

Lo que ha intentado hacer la actual administración (en términos sencillos) es cambiar el modelo energético en el sector eléctrico para que la energía generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea la primera en ser despachada al sistema eléctrico, sin importar si ésta proviene de fuentes limpias o sucias. Asimismo, ha frenado y desarticulado el proceso de sustitución de energías fósiles por energías renovables en el sector eléctrico.

Esto lo ha hecho por etapas mediante diversas acciones. Me explico: el primer intento lo hizo por medio de la Secretaría de Energía, cuando en mayo de 2020 emitió la Política de Confiabilidad, o Acuerdo Nahle.

Ese acuerdo administrativo fue superado en febrero de 2021 por el segundo intento: la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

El tercer intento ocurrió con la presentación de la iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico (reforma eléctrica) en la Cámara de Diputados. Como pueden ver, cada uno de esos intentos era superado en términos de jerarquía normativa.

Ahora bien, empiezo por el final.

La reforma eléctrica no pasó, pues no alcanzó la mayoría calificada (dos terceras partes) que exige el artículo 135 de la Constitución para que continuara el proceso legislativo; por lo tanto, desde el domingo 16 de abril esa iniciativa de reforma

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

39

Voces constitucional salió de la cancha de juego.

No olvidemos que existe la posibilidad de que se presente una nueva iniciativa de reforma constitucional, pero ésta debe contener términos diferentes a los de la iniciativa desechada. Por el momento se ganó esa batalla; ahora debemos concentrarnos en la gran lucha ante el Poder Judicial de la Federación para conseguir que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se declare inconstitucional.

En días pasados el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió la acción de inconstitucionalidad 64/2021 y las controversias constitucionales 44/2021 y 45/2021 correlacionadas. Durante un primer debate —muy intenso— la mayoría de las y los ministros votó por la inconstitucionalidad de las normas que regulan el orden del despacho de la energía al sistema eléctrico nacional (4, fracción VI, y 26 de la LIE); sin embargo, esa mayoría (contabilizada como siete votos) no alcanzó para que se declarara la invalidez de esas normas, pues en términos del artículo 105, fracción II, de la Constitución se requiere una mayoría calificada de ocho votos para decretar la invalidez (inconstitucionalidad). En subsecuentes sesiones se resolvieron las controversias constitucionales que no resultaron procedentes. Me gustaría mencionar que he narrado de manera breve y sin mucho detenimiento lo que sucedió en la Suprema Corte pues ése no es el tema de esta entrevista, además de que a la fecha no está publicada la sentencia que recoge todo lo discutido por las y los ministros.

Lo que sí me parece relevante comentar son los efectos prácticos de lo que se

La relevancia de un precedente constitucional climático en relación con los juicios de amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica radica en que el máximo tribunal del país reconozca que la transición energética en el sector eléctrico es una garantía constitucional al ejercicio del derecho a un medio ambiente sano.” discutió en las sesiones. Estos efectos se refieren a que los juicios de amparo promovidos contra la Ley de la Industria Eléctrica deberán ser resueltos por los juzgados de distrito. En ese sentido, considero que los jueces especializados tienen muchos elementos para declarar la inconstitucionalidad de las normas de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, pues la mayoría de las y los ministros estimó que las normas más destacadas de la reforma a la LIE violan la Constitución.

Asimismo, es muy probable que a través del recurso de amparo en revisión los juicios lleguen nuevamente a la Suprema Corte y en ese momento las y los ministros (sin requerir mayorías calificadas) tendrán otra oportunidad para establecer un precedente constitucional climático. Es decir, podrán justificar su fallo en que la reforma a la LIE vulnera el derecho a un medio ambiente

sano (artículo 4 constitucional) y el principio de sostenibilidad (artículo 25 constitucional). La relevancia del precedente en esos términos radica en que el máximo tribunal del país reconocería que la transición energética en el sector eléctrico es una garantía constitucional al ejercicio del derecho a un medio ambiente sano. n Afirmas que la transición energética en el sector eléctrico es una garantía constitucional al ejercicio del derecho a un medio ambiente sano. ¿Podrías explicarnos qué es una transición energética justa en el sector eléctrico?

Una transición energética en el sector eléctrico significa que haya un proceso gradual pero ambicioso de sustitución de combustibles fósiles por energías limpias y renovables en el sector eléctrico, y que, además, esa transición sea inclusiva y distribuya de

Nora es cofundadora y actual directora de Nuestro Futuro, A.C., organización sin

fines de lucro creada para promover litigios estratégicos en materia de cambio climático.

Colaboró en la creación del Movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro, con quienes trabaja para impulsar la transición energética justa en México y defender el derecho a un medio ambiente sano. En 2021 el Movimiento presentó un juicio de amparo en el que representa a más de 20 organizaciones y a más de 250 jóvenes, además de una serie de amparos en contra de la Ley de la Industria Eléctrica que siguen vigentes. Participó como ponente en el Parlamento Abierto de la Reforma Constitucional en Materia Eléctrica.

40

abogacía Mayo 2022

suficiente que consumamos energías limpias y renovables si el proceso está plagado de abusos. Una transición energética justa cuida a la parte más débil, que en este caso son las comunidades dueñas de las tierras.

No se trata sólo de reducir emisiones de CO2, sino también de que la transición energética sirva para cerrar brechas y combatir desigualdades históricas. n ¿El hecho de que la CFE esté a cargo de la transición energética en el sector eléctrico es compatible con la transición hacia energías limpias?

No, para mí y para muchas personas expertas en el tema, el hecho de que la CFE sea la única encargada de la transición energética en el sector eléctrico no es compatible con la transición energética. No olvidemos que estamos en el contexto de una crisis climática y todas estas acciones se realizan contra reloj. Esa transición tiene que ser inmediata, creíble y viable. Cada minuto que se pierde sin una transición energética se genera más CO2 y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera lo que a mediano plazo significará que las brechas de desigualdad sean más grandes.

manera justa los beneficios entre todos los involucrados.

Actualmente la transición energética del sector eléctrico la ordenan los artículos 4º y 25 de la Constitución en relación con el decimoséptimo y decimoctavo artículos transitorios del decreto de reformas constitucionales en materia energética de 2013.

También me gustaría explicar que en el mundo las transiciones energéticas en el sector eléctrico se han ejecutado fundamentalmente por medio de tres pilares: órdenes de despacho, certificados de energías limpias o equivalentes, y subastas a mediano y largo plazos. Esto es lo que permite que se genere cada vez más electricidad a través de fuentes limpias. Es decir, que el proceso de sustitución sea gradual y permanente: cada vez más energías limpias y cada vez menos energías sucias.

En ese sentido, hemos sostenido que con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se frena la transición energética en el sector eléctrico en México, pues el común denominador de las normas reclamadas en el amparo contra la reforma a la LIE es que penalizan a las energías limpias y, por lo tanto, fortalecen la generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles.

El resultado de lo anterior es un aumento de las emisiones de CO2 y un retroceso de las políticas de mitigación del cambio climático en el país. Esto viola la transición energética del sector eléctrico que establece la Constitución.

Finalmente, me gustaría mencionar que en México debemos impulsar una transición energética que sea justa e inclusiva y que distribuya equitativamente los beneficios entre todos los involucrados. No es

n ¿Cuál sería el camino hacia un modo de producción energética más sostenible?

Tenemos que pensarlo muy bien. Me parece que el sistema que existe en la actualidad funciona, aunque hay que perfeccionar muchas cosas, sobre todo para que los procesos sean más justos con las comunidades. Las y los jóvenes debemos impulsar una transición energética justa mediante la cual a todas las personas involucradas se les respeten sus derechos.

Vivimos un momento en la historia en que debemos buscar más inclusión, más garantías de derechos. Tenemos que pugnar por que los recursos se distribuyan de manera más justa para que podamos tener una sociedad más igualitaria.

Estos procesos de transición se prestan para que pueda haber un reacomodo social.

Y eso es por lo que tenemos que pugnar: por que esas desigualdades históricas y arraigadas se combatan poco a poco.

Quienes me están leyendo dirán: “Esta abogada es muy idealista”. Pero no veamos LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

41

Voces las cosas así; debemos convencernos de que el cambio es necesario y que sí hay forma de implementar planes específicos para que podamos lograrlo. No creo que debamos desistir de que exista una transición en estos términos. n ¿Por qué crees que el cambio climático no está en el centro del debate sobre la política energética en el sector eléctrico? ¿Qué acciones crees que se puedan tomar para que la sociedad entienda la importancia de combatirlo?

Creo que el cambio climático no es el principal elemento de la discusión porque las y los tomadores de decisiones ni siquiera pueden nombrarlo como un problema real. Lo ven como algo lejano. Siempre he creído que para que algo se pueda atacar, primero se tiene que nombrar; por ejemplo, hay que nombrar a las mujeres para saber que ahí están, y el cambio climático es algo que existe y hay que nombrarlo. Creo que para las generaciones más jóvenes es un hecho; no tenemos que discutirlo porque sabemos que si seguimos gastando y consumiendo igual vamos a acabarnos el planeta. No obstante, parece que para las generaciones más viejas no es igual de claro y creo que eso es parte del problema: siguen recreando los problemas de la música que les tocó escuchar antes, la música del intervencionismo estadounidense en América Latina, la música de las promesas de inclusión social con base en la globalidad... Se les olvida que la música de esta generación, y de la actualidad, es la de la crisis climática. Por eso creo que esta reforma no está redactada pensando en el cambio climático, sino en ideologías políticas.

Nora Cabrera es socia de Magaloni Abogadas, especialista en Derecho constitucional y litigio, coordinadora del Comité de Derecho Constitucional y Amparo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y presidenta del Comité de Jóvenes Árbitros de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), así como representante para América Latina de Young Arbitrators Forum (YAF ICC).

42

abogacía Mayo 2022

n Las redes sociales están llenas de videos y de publicaciones sobre pequeñas acciones que las personas podemos impulsar para combatir el cambio climático, pero hay estudios que señalan que 100 empresas han sido la fuente de más de 70 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo desde 1988. Desde el punto de vista legal y regulatorio, ¿qué se puede hacer para combatir estas acciones?

Me parece que el litigio climático es una gran opción. Es una forma de exigir y presionar

La comunidad científica afirma que vamos muy tarde, que tenemos que impulsar más acciones y tener metas más ambiciosas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para lograr un futuro habitable y sostenible para todas las personas y también para el planeta.” a las y a los tomadores de decisiones para que se descarbonice el sistema económico, presionar a los gobiernos y a las empresas que más contaminan y pedirles que reparen los daños y combatan el cambio climático.

En términos de cambio climático hay dos conceptos importantes: la mitigación de dicho cambio climático, que tiene que ver con reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la adaptación a tal cambio climático, que tiene que ver con la forma en que atacamos los problemas derivados del aumento de la temperatura de la Tierra, como las inundaciones, las sequías, etcétera. n ¿Cómo podemos ayudar a las personas afectadas por ese cambio climático para que vivan en condiciones iguales a las de quienes quizás todavía no estamos tan afectados?

Los grupos más vulnerables —los países más pobres— son los que vamos a sufrir más el cambio climático. Los científicos aseveran que es muy probable que desaparezcan partes de Tabasco, Guerrero y Baja California si seguimos con este mismo ritmo. Vamos a tener sequías en gran parte del país y escasez de agua de consumo humano en gran parte de las zonas urbanas y rurales.

Tenemos que ver el cambio climático como una realidad y exigir acciones, pero también debemos asumirlo como un asunto propio del que tenemos que hacernos

cargo. No creo que haya que aminorar esas pequeñas acciones; hay que llevarlas a cabo, porque para ver un problema en su magnitud primero hay que interiorizarlo y después resolverlo en el exterior, pero por la urgencia climática exigir acciones de los más grandes generadores de CO2 es imprescindible. n Fuiste de las pocas mujeres jóvenes en ser invitada a participar en el Parlamento Abierto de la Reforma Constitucional al Sector Eléctrico. ¿Qué opinas acerca de que los espacios de opinión y de toma de decisiones estén cooptados por hombres? ¿Crees que si se abrieran los espacios a las mujeres y a las y los jóvenes tendríamos resultados diferentes?

Creo que las y los jóvenes merecemos más espacios. Ustedes como jóvenes —más jóvenes que yo— los merecen todavía más y hay que tomarlos. En el caso de las mujeres, me parece que hay que exigir foros de inclusión y el cambio de sistema, porque —habrá quienes quieran verlo y quienes no— ya estamos viviendo un cambio de sistema. Tenemos que llegar a emisiones cero. El país que lo logre tendrá futuro; los que no lo logren, no. Es un tema que está evolucionando como la cuarta Revolución industrial. Creo que las y los jóvenes, y las mujeres, tenemos que exigir nuestro lugar en esos foros.

Fui muy privilegiada porque pude expresar todos los puntos de vista que he mencionado en esta entrevista a las y los diputados, viéndolos a los ojos; pero esos pocos espacios no son suficientes: debe haber mayor pluralidad, pues sin pluralidad no podrá haber un futuro más incluyente. n ¿Cómo crees que podríamos motivar e incentivar a la juventud mexicana, y a la sociedad en general, para que se involucren en la vida pública de nuestro país?

Lo más importante es entender que no es opcional que nos involucremos más: tenemos que hacerlo si queremos un cambio sustantivo. Además, creo que sí hay un sentido de conciencia diferente de las generaciones más jóvenes. Respecto de tu pregunta inicial: ¿cómo podríamos incentivar la participación de las y los jóvenes? Creo que involucrándolos, compartiendo el foco a todas y a todos, diciéndoles que es una responsabilidad compartida, que si no lo hacemos ahora, está en riesgo nuestro futuro. Recordándoles que hay que impulsar acciones colectivas e individuales, en ese orden. Me parece que más que una acción de buena fe, en estos tiempos participar es una obligación.

Hay un dato muy interesante que leí hace poco en un libro de Jeremy Rifkin: que en los próximos años las organizaciones no gubernamentales van a tener la fuerza laboral más importante del mundo y que las personas más preparadas van a preferir trabajar en organismos que apoyen las causas en las que creen. Pienso que eso habla de un cambio de mentalidad. Tengo muchas esperanzas porque las generaciones más jóvenes poseen un sentido social mucho más amplio que el de las generaciones pasadas.

Creo que ese cambio de mentalidad propiciará mayor participación colectiva. No se trata de que una persona brille, sino de que brillemos todos juntos. n ¿Cómo podemos garantizar la representación de la juventud mexicana en los espacios de discusión y de toma de decisiones?

De acuerdo con mi experiencia, solamente cuando exiges la participación, porque estamos muy acostumbrados a funcionar de

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

43

Voces

una forma tan patriarcal que no sabemos hacerlo de otra manera. Hay que ir rompiendo paradigmas para que los espacios se vayan abriendo, porque seguimos viviendo bajo un orden social que “funcionó” en su momento pero que en nuestros días ya no jala. Estoy convencida de que el orden social sí tiene que reconfigurarse, porque ya no funciona eso del hombre, blanco, heterosexual, propietario, como única concepción del éxito.

En serio, eso ya no les funciona ni a ellos.

Hay que romper con ese orden. En conclusión, les diría que, exigiéndolo, buscándolo, rompiendo paradigmas, vamos a encontrar un lugar en el que nos sintamos cómodos, luchando por lo que creemos. n Nos gustaría hacerte una pregunta personal. Es muy difícil encontrar a una abogada que trabaja tanto sobre temas sociales. ¿Cómo te interesaste en estos tópicos y qué es lo que más te apasiona de ellos?

Tengo que confesar que soy una abogada que sí trata muchos temas de interés público o social, pero también tengo una práctica privada que me permite obtener recursos para vivir y financiar mis propias causas.

Debo dividir y administrar adecuadamente mi tiempo entre mis causas pro bono y mis demás actividades. También creo que en la vida hay que tener objetivos claros y hacer “sacrificios” que implican no sólo utilizar

44

abogacía Mayo 2022

el tiempo personal, sino reconfigurar el concepto de éxito y hacer propias las agendas sociales, lo cual quizá significa no perseguir la acumulación de riqueza. Yo creo que el concepto de éxito se va reconstruyendo cuando le añades factores que tienen que ver con sentir satisfacción con lo que se hace.

Dedicarme a esta cuestión social no ocurrió inmediatamente ni fue sencillo, pues fue a base de mucho esfuerzo, siguiendo siempre la línea de mi objetivo; cambiar cuando no me sentía a gusto, y buscar ese lugar en el que me sintiera cómoda con lo que estaba haciendo. También tuvo mucho que ver la coincidencia con Ana Laura Magaloni y el hecho de emprender juntas el proyecto de un despacho y una asociación civil que me permitió tener este enfoque.

Reconozco que soy muy afortunada por haber tenido la oportunidad de trabajar hombro con hombro con una abogada a la que admiro, que me ha ayudado mucho a seguir por ese camino y también me ha aclarado muchos temas que me hacen ver las cosas de una manera más transversal. Otra cosa muy importante es acercarte a las personas que admiras y de las que aprendes cosas técnicas, pero también personales y de perspectiva, que te ayudan a ser una guía de lo que quieres ser y hacer en la vida.

NO TE PIERDAS LA ENTREVISTA COMPLETA:

n Por último, ¿qué consejos les darías a los estudiantes de Derecho, en particular a las mujeres?

Les daría tres consejos: 1) no pienses que tu carrera es lineal; 2) siempre toma la opción de hacer las cosas, y 3) asume la condición de crear tu propio destino.

Sobre lo primero, la vida da muchas vueltas. Puedes ir primero por un camino, y después por otro, pero siempre debes estar segura de cuál es tu causa, qué quieres hacer con la abogacía en tu vida y en la de los demás, y procurar que eso mantenga el arraigo a tus valores y a tu objetivo como abogada, y caminar hacia allá. Las cosas no siempre salen como uno quiere, pero algún día llegarás a donde lo deseas.

Sobre lo segundo, di que sí, no tengas miedo. Invariablemente regresarás a tu camino si las cosas no han salido como esperabas.

Y de lo tercero, no esperes a que nadie más te dé lo que piensas que mereces ni a dónde quieres llegar; tú lo puedes construir.

A las mujeres las invito a que siempre tomen la decisión de hacer las cosas y que nunca sientan que poseen una capacidad inferior a la de nadie más. Es importante que entiendan que debemos caminar juntas y nunca hacer algo que perjudique a otra mujer. Hay que caminar en un grupo de sororidad para propiciar una comunidad mucho más fuerte. 7

Dicen que la única obligación del hombre en esta tierra es hacer realidad sus sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de transmitir su personalidad y saltar generaciones. Movido por esta pasión, comenzó un viaje a través del descubrimiento, la innovación e incluso la imaginación para hacerlo realidad. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella esperando a ser descubierto.

EL VIAJE COMIENZA AQUÍ www.bodegasramonbilbao.es EVITE EL EXCESO

Enrique Rojo

CAMBIO CLIMÁTICO

Y VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Los efectos del cambio climático amenazan el disfrute efectivo de una serie de derechos humanos, especialmente los relacionados con la vida, los servicios

públicos, la alimentación, la salud, la vivienda y el desarrollo, entre otros. En esta reflexión, el autor presenta las herramientas y

las instancias que permiten defender el derecho al medio ambiente.

46

abogacía Mayo 2022

E

n su Segundo tratado sobre el gobierno civil, John Locke señalaba la obligación del Estado de tutelar la vida, la salud y las posesiones de los habitantes de cualquier país. Es así que deben realizarse las acciones necesarias para impedir que entes públicos o privados contaminen el medio ambiente, pasando de la simple promoción del respeto a la acción efectiva.1 Las normas sustantivas de cada país tienden a presentar características propias del sistema jurídico al que pertenecen; si bien pueden ser diferentes, comienzan a converger en algunos tópicos. Países del common law,2 como Estados Unidos, o del sistema románico germánico,3 como México, tienen sus propias leyes pero cada vez con mayor frecuencia se comparten enfoques sobre temas de actualidad como el cambio climático, independientemente de la familia jurídica de la que se deriven sus normas.

Es notable que el sistema jurídico mexicano, cuya genética corresponde a la familia románica germánica, se encuentra en un proceso de transición hacia algunos elementos valiosos del common law, que lo obligan a adoptar el sistema de precedentes judiciales que emitan el Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 como una fuente de derecho contemporánea, útil y dinámica.

A nivel continental existe el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el cual, para efecto de protección de los derechos humanos, cuenta con dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El conocimiento, análisis y resolución de denuncias por violación de esos derechos por causa de los efectos del cambio climático5 son funciones relativamente novedosas de este sistema, pues a través de sus resoluciones con carácter vinculante se Fotografía: Freepik

subsanan lagunas legales que persisten en el continente.

En 1999 en México el derecho al medio ambiente se instituyó en el artículo 4° de nuestra Constitución política, por lo que progresivamente la materia ambiental ha dejado de ser una cuestión moral o ética y ha pasado a formar parte del cúmulo de bienes jurídicos tutelados por las leyes nacionales.

La comunidad científica coincide en que el cambio climático es un fenómeno natural pero acentuado debido a causas antropogénicas. Lamentablemente, en México se han hecho evidentes sus efectos. Por ejemplo, en Tula, Hidalgo, se registró una devastadora inundación los días 6 y 7 de septiembre de 2021 que colapsó una red de energía eléctrica hospitalaria con consecuencias trágicas.

Otro ejemplo deplorable de este tema es la amenaza a la seguridad de los habitantes de Tabasco, Chiapas y Veracruz, donde algunas costas se han erosionado, lo que, aunado a las persistentes inundaciones, ha obligado a sus habitantes a abandonar sus viviendas debido al incremento del nivel del mar,6 lo cual eventualmente vulnera el derecho humano a la vida, a la vivienda, a la salud, al agua y a su saneamiento.

Las instituciones que velan específicamente por los derechos humanos en México

no son capaces de emitir resoluciones de carácter vinculante; sin embargo, el juicio de amparo subsana esa carencia otorgando defensa ante la vulneración provocada por los efectos del cambio climático. Por ejemplo, podemos citar un juicio de amparo en el que dos quejosas y recurrentes solicitaron la protección constitucional7 en contra de autoridades de los tres órdenes de gobierno por el proyecto de construcción de un parque temático ecológico en Tampico, Tamaulipas, cuyos trabajos afectarían áreas verdes y humedales costeros, con su consecuente impacto negativo en los ecosistemas locales.

Al respecto, la sala correspondiente consideró que debía otorgarse la protección constitucional para que las autoridades responsables se abstuviesen de ejecutar los actos reclamados, consistentes en el desarrollo del proyecto referido, por lo cual se recuperó el ecosistema del área afectada, para lo que se requirió a la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad como autoridad coadyuvante en el cumplimiento de la presente ejecutoria, con el objetivo de que emitiese un proyecto de recuperación y conservación del área de manglar en el que se proyectaba el parque temático referido.

México y Estados Unidos, aun siendo naciones vecinas, evolucionan localmente

con base en sistemas jurídicos disímbolos, pero en aras de progresar en el ámbito regional deben cotejar sus normas y sus instituciones, para generar desde sus respectivos contextos locales la percepción de valor del Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos. 7

Es necesario que como sociedad recuperemos la capacidad de asombro ante los efectos del cambio climático —más que evidentes—. No basta darle al Estado la responsabilidad de resolver este dilema; cada uno de nosotros podemos ser parte del problema o de la solución.

Pedro Salazar Ugarte, La reforma constitucional sobre derechos humanos, 2014, p. 116. Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/ libros/8/3815/11.pdf.

2 El sistema jurídico de Estados Unidos deriva en gran medida del common law (Derecho anglosajón), vigente en Inglaterra en la época de la guerra de Independencia. Se fundamenta principalmente en el Derecho de carácter jurisprudencial.

3 El sistema jurídico románico germánico se ha desarrollado con base en los principios del Derecho romano y de la tradición germánica. Se basa, principalmente, en leyes escritas y en la doctrina como fuentes de Derecho.

4 Mediante decreto publicado el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación se reformaron los párrafos primero, quinto, sexto, séptimo, noveno y décimo primero del artículo 94; los párrafos primero y cuarto del artículo 97; los párrafos séptimo y décimo quinto del artículo 99; los párrafos séptimo y décimo del artículo 100; la fracción I y los incisos h), i), j) k) y l), el párrafo tercero y el primer párrafo de la fracción III del artículo 105, y los párrafos segundo y tercero de las fracciones II, VIII, IX, XI, XII, XIII y XVI del artículo 107. Además se adicionaron un párrafo décimo segundo al artículo 94, recorriéndose los subsecuentes; un segundo párrafo al artículo 97, recorriéndose los subsecuentes; tres párrafos, para quedar en orden de octavo, décimo primero y décimo segundo, recorriéndose en su orden los anteriores y los subsecuentes, del artículo 100; un párrafo quinto al artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación. Véase https://www.dof.gob.mx/nota_detalle. php?codigo=5615937&fecha=15/04/2021.

5 José Martínez de Pisón Cavero, Curso de teoría del Derecho, Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, España, 2013, p. 36 6 Micaela Varela, El País, 13 de noviembre de 2020. Disponible en https://elpais.com/mexico/2020-11-13/tabasco-y-chiapas-se-ahogan-tras-siete-dias-bajo-las-inundaciones.html.

7 Un ejemplo de lo anterior lo constituye el amparo en revisión 307/2016, “Quejosas y recurrentes”, recurrente adhesivo: presidente municipal de Tampico, Tamaulipas, ponente: ministra Norma Lucía Piña Hernández, secretarios: Eduardo Aranda Martínez y Natalia Reyes Heroles Scharrer. Disponible en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2018-11/AR-307-2016-181107.pdf.

1

Enrique Rojo García, originario del estado de Hidalgo, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (Facultad de Estudios Superiores Acatlán), con maestría en Políticas públicas por El Colegio de Veracruz y maestría en Derecho notarial por la misma institución.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

47

[ Reportaje ]

ACTIVIDADES DEL

OBSERVATORIO DE ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS El Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos, instalado en noviembre del año pasado en el auditorio Dr. Antonio Martínez Báez de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha tenido como propósito generar un espacio académico y de investigación en el que diversos especialistas realicen un monitoreo, análisis y propuestas normativas, desde el ámbito nacional e internacional, que tengan impacto en estos entes públicos. Este reportaje da cuenta de las actividades del Observatorio en sus primeros seis meses de actividades.

E

l Consejo Consultivo del Observatorio, presidido por el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor Raúl Contreras Bustamante, está integrado por académicas y académicos de prestigio adscritos a importantes instituciones —como la propia Facultad de Derecho de la UNAM—: el doctor Luis Miguel Martínez Anzures del Instituto Nacional de Administración Pública, el doctor Ricardo Antonio Silva Díaz de la Escuela Libre de Derecho, la doctora Joyce Carol Sadka del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el maestro César Omar Avilés González de la Universidad de Guadalajara, el doctor Óscar Paulino Lugo Serrato de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Carlos Macedonio Hernández de la Universidad Autónoma de Yucatán, el doctor José Dolores Alanís Tavira de la Universidad Autónoma del Estado de México, el maestro Carlos Perezcampos Mayoral de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el doctor Pedro Góngora Guerrero de la Universidad Autónoma de Campeche y el doctor Ricardo Ortega Soriano de la Universidad Iberoamericana.

Como puede notarse, se trata de una integración en la que importantes instituciones públicas y privadas, así como estatales y nacionales, han mostrado un especial entusiasmo

48

abogacía Mayo 2022

en participar, logrando con ello darle una visión nacional al Observatorio, toda vez que ésa es la esencia de algunos de los nueve organismos constitucionales autónomos establecidos y configurados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de los 189 entes locales que cuentan con esta naturaleza jurídica, establecidos y configurados por las 32 constituciones locales.

Este proyecto nació con tres objetivos esenciales: • Recabar la información necesaria de los organismos constitucionales autónomos que permita monitorear su funcionamiento, a través de las decisiones de las autoridades administrativas, legislativas y jurisdiccionales que impacten en su labor.

• Generar productos académicos periódicamente, por ejemplo, artículos, investigaciones y reportes relacionados con el funcionamiento de los organismos constitucionales autónomos.

• Emitir recomendaciones a través de su Consejo Consultivo para producir una mejora permanente de estos organismos.

Así, para el desarrollo y el cumplimiento de estos objetivos, el Observatorio cuenta con una dirección ejecutiva a cargo del doctor Marco Antonio Zeind Chávez, director del

Para leer Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, la cual cuenta con una estructura interna conformada por una coordinación académica bajo la responsabilidad del doctor Rogelio Robles López e integrada por el doctor Rodrigo Brito Melgarejo, la doctora Yvonne Tovar Silva, el doctor Ricardo Uvalle Aguilera y el maestro Gustavo Castañeda Camacho. Asimismo, se cuenta con una coordinación operativa encabezada por el licenciado Iván Peña Estrada e integrada por el licenciado Guillermo Colorado Gruintal y las y los pasantes en Derecho Alejandra Albores Alquicira, Katia Paulette Hernández Castellanos, Paola Neri Morales, Alberto Brito Castillo, Lessia Bringas Galicia e Itzayara Hernández Rosas.

Al día de hoy se cuenta con la publicación mensual de un boletín, en el que, en una primera etapa, se reportan los acontecimientos más importantes relacionados con el funcionamiento de los organismos constitucionales autónomos de carácter nacional o federal; no obstante, el alcance de este monitoreo comenzará a crecer paulatinamente para incluir el orden de gobierno local, mismo que, como ya se comentó, cuenta con un buen número de instituciones de este tipo. Aunado a ello, también se hace la respectiva revisión y reporte de la actuación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el fin de contar con los proyectos de reformas, procedimiento de designación de los órganos de gobierno de estos organismos, emisión de normas, actos administrativos, resoluciones y sentencias, así como las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación relacionadas con éstos.

Actualmente se han realizado tres publicaciones del boletín, relativas a los meses de enero, febrero y marzo de este año; de igual manera, se ha programado la visita a la Facultad de Derecho de la UNAM del comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, maestro Javier Juárez Mojica, quien impartirá una conferencia sobre los retos que este órgano regulador está enfrentando; también se han comenzado los trabajos editoriales para la emisión periódica de una revista, la elaboración de un libro, así como la celebración de encuentros académicos e institucionales en las diferentes dependencias a las que están adscritas y adscritos las y los integrantes del Consejo Consultivo, con el propósito de generar conocimiento científico en torno del tema, así como la discusión y la difusión para todo público de los trabajos realizados por el Observatorio. Se tiene la convicción de que con ello se propiciará una mejora institucional que se traducirá en beneficios claros para todas las mexicanas y todos los mexicanos. 7 Contacto: direccionejecutivadooca@derecho.unam.mx antoniozeind@derecho.unam.mx www.derecho.unam.mx/administrativo/OOCAS.php

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA DOGMÁTICA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Pocos libros que hablan sobre derechos fundamentales/humanos logran ser claros y concisos. Una excepción es éste, traducido por Arnulfo Daniel Mateos Durán, quien se encarga, a su vez, del estudio introductorio con el que abre la obra.

Compuesto por más de 10 artículos, el texto analiza las características de los derechos fundamentales, como sus funciones, efectos, relaciones con otras normas y sistema jurídicos, además de presentar las teorías y propuestas para la protección de los derechos fundamentales.

De los diversos artículos destaca “La distinción de las funciones de los derechos fundamentales”. En él podemos encontrar las delimitaciones de los derechos, tales como de defensa, de prestación, de igualdad, así como las diferentes distinciones; por ejemplo, material y formal.

Sin duda alguna, esta obra es indispensable para una comprensión cabal de los derechos fundamentales nacionales y de los derechos humanos internacionales, así como para una correcta interpretación de los elementos de la doctrina.

Dulce Karina Flores Cruz

_______ Martin Borowski Tirant lo Blanch 2022

Pedro Andrés Martínez Requejo Francisco Videgaray Ortega

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y SUS EFECTOS JURÍDICOS

A toda petición formulada a los funcionarios y empleados públicos deberá corresponder una con-

testación de la autoridad, en un plazo breve. Así lo establece el artículo 8°de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Pero qué sucede cuando la autoridad no responde? Sobre este tema reflexionan los autores, ejemplificándolo con las respuestas relacionadas con los registros sanitarios de medicamentos.

50

abogacía Mayo 2022

Derecho de petición Primero hablaremos del derecho de petición, para diferenciarlo de la afirmativa ficta y la negativa ficta. El artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de petición al señalar que los funcionarios y los empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República mexicana.

Asimismo, dicho artículo señala que en cualquier petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término.

El derecho establecido en la disposición constitucional mencionada consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación por escrito, congruente con lo solicitado y dentro de un término breve.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el derecho de petición, se ha pronunciado del siguiente modo: “petición. la existencia de este derecho como garantía individual para su salvaguarda a través del juicio de amparo requiere que se formule al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad.

”El derecho de petición es consagrado por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno

Fotografías: Freepik

de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir, en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular”.1 Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) En el Diario Oficial de la Federación del 4 de agosto de 1994 se publicó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en cuyo artículo 17 se estableció que el silencio de la autoridad administrativa tendría el efecto jurídico de tener por negada cualquier petición, sin importar el fundamento y la motivación de la negativa, al señalar lo siguiente: “Artículo 17. Salvo que las leyes específicas establezcan lo contrario u otro plazo, no podrá exceder de cuatro meses el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva lo que corresponda; transcurrido el cual se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente. La autoridad, a solicitud del interesado, deberá expedir constancia de tal circunstancia, en cuyo defecto se fincará responsabilidad al encontrarlo responsable. Igual circunstancia deberá expedirse cuando las leyes específicas prevean la resolución en sentido favorable. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo”.

Si bien es cierto que los gobernados, al constituirse la negativa ficta, podían acudir al tribunal a demandar la resolución negativa ficta, también es cierto que se propició, en el seno de la administración pública, la ineficiencia y el rezago, lo que a su vez provocó la acumulación de trabajo de las autoridades jurisdiccionales en detrimento de la eficiencia en la resolución de instancias de los gobernados, frenando la dinámica de la actividad del sector

privado, pues el artículo 17 de la LFPA, tal como estaba redactado, facultaba a la autoridad, de manera discrecional, a no responder, pues era más cómodo retrasar la emisión de las resoluciones para que se configurara la negativa ficta.

Es de explorado derecho que todas las peticiones que los ciudadanos hagan a la autoridad deben ser respondidas en tiempo y forma, porque así lo establece el artículo octavo constitucional, pero además porque es un derecho de los gobernados tener certeza jurídica de que su petición será contestada sin la necesidad de interponer medios de defensa para impugnar el silencio administrativo.

Considerando esta problemática, en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996 se publicó una reforma al artículo 17 de la LFPA, para dar también, en los casos que la ley señala, efectos positivos al silencio de la autoridad, estableciendo lo siguiente: “Artículo 17.

Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, no podrá exceder de cuatro meses el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en las disposiciones aplicables se prevea lo contrario.

A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante la autoridad que deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando las disposiciones específicas prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. De no expedirse la constancia mencionada dentro del plazo citado se fincará la responsabilidad que resulte aplicable. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución y ésta, a su vez, no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo”.

Posteriormente, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de abril de 2000, en el artículo en comento se estableció que no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda: “Artículo 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo,

La afirmativa ficta es una figura jurídica por virtud de la cual, ante la omisión de la autoridad de dictar una resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos por la ley o por los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, se entenderá que lo solicitado por el particular se resuelve en sentido afirmativo.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

51

no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo”.

Lo anterior quiere decir que si una disposición legal de carácter general reconoce que la omisión de resolver tiene efectos de una resolución en sentido positivo, en este caso habrá operado la afirmativa ficta.

Asimismo, en caso de haber operado la afirmativa ficta a petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva, ante quien deba resolver. Esto debe interpretarse en el sentido de que, si la autoridad en cuyo seno operó la afirmativa ficta es la misma que debe resolver, no será necesaria la constancia mencionada.

Al respecto es aplicable la siguiente tesis de los Tribunales Colegiado de Circuito: “afirmativa ficta. para su plena eficacia frente a la autoridad que omitió dar

respuesta expresa a la petición, no se requiere la

certificación prevista en el artículo de procedimiento administrativo.

17 de la ley federal

”La citada certificación debe ser emitida por la autoridad a la que se eleva determinada petición a efecto de hacer constar, frente a terceros, que no fue atendida en tiempo y, por tal motivo, se entiende resuelta en sentido favorable. Dicha certificación no es necesaria para hacerla valer contra actos que vulneren la respuesta afirmativa ficta cuando provengan de la autoridad omisa, porque al no tener la calidad de tercero en relación con la solicitud, está en posibilidad de corroborar los hechos en sus propios archivos.2 Procedimiento para la procedencia de la afirmativa ficta El artículo 17 de la ley Federal de Procedimiento Administrativo, antes transcrito, señala que a solicitud del interesado la autoridad deberá expedir

52

abogacía Mayo 2022

constancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que establezca que ha transcurrido el plazo para emitir la resolución y que la misma debe entenderse en sentido positivo, o negativo, según sea el caso concreto.

El artículo 7° del acuerdo mencionado5 señala que la Secretaría deberá expedir, a petición del interesado, una constancia de la negativa, o en su caso de la afirmativa, dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Como puede verse, este punto tiene igual contenido en la ley y en el acuerdo.

El servidor público que no resuelve dentro del término señalado en la ley o en las disposiciones administrativas y expide la constancia de afirmativa o negativa ficta, fuera del término de los dos días siguientes a la solicitud que se formula, o no la expide, incurre en responsabilidades, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Se considera conveniente que los particulares que no reciban una resolución del trámite dentro del plazo señalado y estén ante la presencia de una afirmativa ficta soliciten la constancia que señala el artículo 17 de la LFPA y el artículo 7° del acuerdo, con lo cual acreditarán que la resolución ficta en sentido positivo ha operado.

Derecho de petición y negativa ficta Como ya vimos, el derecho de petición puede explicarse como el derecho humano que tienen los gobernados de solicitar o reclamar algo ante las autoridades competentes por razones de interés público, individual o colectivo. En este caso, es requisito indispensable para que surja el silencio administrativo que la autoridad no conteste en un plazo razonable.

Por otro lado, la figura jurídica de la negativa ficta no tiene como finalidad obligar a la autoridad omisa a resolver en forma expresa en una segunda oportunidad. Una vez configurada, a instancia del particular, la autoridad jurisdiccional deberá abocarse a resolver el fondo del asunto, declarando en su caso la validez o la nulidad de la resolución ficta, no dando a la autoridad demandada una nueva oportunidad de contestar, ahora en forma expresa.

En conclusión, el derecho de petición consignado en el artículo 8º constitucional consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente con lo solicitado, la cual tendrá que hacerse saber al peticionario en breve término, por lo que el silencio de la autoridad resulta violatorio del derecho humano de petición, pudiendo ser impugnable mediante un juicio de amparo, con el fin de que se restituya al gobernado

en el goce del derecho humano que se desprende del artículo 8º constitucional. En cambio, la negativa ficta no tiene como finalidad obligar a las autoridades a resolver en forma expresa sino que, ante la falta de contestación de las autoridades, por más de tres meses, a una petición que se le formule, se considera, por ficción de la ley, como una resolución negativa, resolución que es impugnable a través del juicio contencioso administrativo, con el que se pretende que la autoridad administrativa funde y motive la resolución negativa producida por su silencio.

La afirmativa ficta y la negativa ficta en materia de registros sanitarios de medicamentos Como ya vimos, la afirmativa ficta es una figura jurídica por virtud de la cual, ante la omisión de la autoridad de dictar una resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos por la ley o por los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, se entenderá que lo solicitado por el particular se resuelve en sentido afirmativo.

Ahora bien, la LFPA señala lo siguiente: • Sus disposiciones son de orden e interés público y se aplicarán a actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada y, por lo tanto, son aplicables a las autoridades sanitarias.

• El artículo 17 otorga a las dependencias un plazo de tres meses para resolver las solicitudes que presenten los particulares. Transcurrido dicho plazo, se entenderán las resoluciones en sentido negativo, a menos que en otra disposición legal se prevea lo contrario. Este último sería el caso de la afirmativa ficta.

El plazo para resolver a que se refiere el artículo citado se concede en el caso de que la disposición legal específica no establezca otro distinto.

Reglamento de Insumos para la Salud (RIS) 1. Este reglamento, en su artículo 154,3 señala que cuando no se fija un plazo expreso para resolver una solicitud, la Secretaría dispondrá de 40 días para tal efecto.

2. En lo que se refiere al Registro Sanitario, el artículo 167 del RIS4 señala cuáles son los requisitos para obtenerlo en el caso de un medicamento alopático, y el artículo 166 señala un plazo de 180

días naturales para resolver las solicitudes de Registro Sanitario. La no contestación dentro del plazo indicado, de acuerdo con la LFPA, debe considerarse como una negativa ficta.

3. En el caso de las modificaciones a las condiciones del Registro Sanitario, el artículo 1865 del RIS establece que la Secretaría resolverá las solicitudes de modificaciones a las condiciones de Registro Sanitario de cualquier medicamento en un plazo de 45 días hábiles para modificaciones técnicas y de 20 días hábiles para modificaciones administrativas. Además, expresamente indica que si la Secretaría no resuelve dentro de los plazos establecidos, se entenderá procedente la solicitud (afirmativa ficta).

Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios que aplica la Cofepris, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria Este acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2009, establece diversas medidas de mejora regulatoria.

Se trata de una disposición administrativa de carácter general y obligatoria que establece plazos y define los efectos positivos o negativos de la no resolución de las solicitudes de los particulares en trámites ante la Secretaría de Salud.

En el caso de los Registros Sanitarios de medicamentos alopáticos, de alimentación enteral, terapéutica, vacunas, hemoderivados, biomedicamentos, herbolarios y vitamínicos (homoclave-04-004-D), indica los plazos en los que la Secretaría debe responder las solicitudes y señala que si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del solicitante, se entenderá que se negó la solicitud (negativa ficta).

En el caso de los medicamentos homeopáticos (homoclave 04-007-A) existe una excepción que al efecto menciona que se entenderá que se aprobó la solicitud si dentro del plazo señalado específicamente en el acuerdo la autoridad no responde (afirmativa ficta).

Conclusiones 1. Para los efectos del plazo de contestación, lo señalado en la LFPA es de carácter supletorio; es decir, su aplicación procede sólo en caso de que una disposición legal o administrativa específica no contenga una

Es un derecho de los gobernados tener certeza jurídica de que su petición será contestada sin la necesidad de interponer medios de defensa para impugnar el silencio administrativo.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

53

disposición aplicable al caso de que se trate. En estas condiciones, el plazo de tres meses que señala el artículo 17 antes transcrito sólo sería aplicable en el caso de que la norma aplicable no contuviera disposición alguna al respecto.

2. El RIS, en su artículo 154, ordena que cuando no se señale un plazo expreso para resolver una solicitud, la Secretaría dispondrá de 40 días para tal efecto. No obstante lo anterior, el RIS señala los plazos que tiene la Secretaría de Salud para resolver las solicitudes de Registros Sanitarios, tratándose de medicamentos, vacunas, hemoderivados, biomedicamentos, herbolarios y vitamínicos. Si al cumplirse dichos plazos la autoridad no responde, el acuerdo señala que se entenderá que ha sido negada la solicitud (negativa ficta). En el presente caso aplica la disposición del acuerdo, en cuanto al efecto del silencio de la autoridad, situándose en el supuesto de negativa ficta. Por el contrario, en el caso de los medicamentos homeopáticos, señala expresamente que el silencio de la autoridad deberá entenderse

como aprobación de la solicitud; por lo tanto, se estará en el supuesto de una afirmativa ficta.

3. En el caso de las modificaciones a las condiciones del Registro Sanitario, el propio artículo 186 del RIS antes transcrito establece específicamente los plazos en los que la Secretaría resolverá las diferentes solicitudes, ya sea por modificaciones técnicas o por modificaciones administrativas, y expresamente señala que el silencio de la autoridad producirá la aprobación de la solicitud, es decir, que para estos casos se aplica la figura de la afirmativa ficta.

4. Con base en lo analizado antes podemos concluir que los interesados deberán revisar si la falta de contestación dentro del plazo señalado en el RIS o en el acuerdo implica una afirmativa ficta o bien una negativa ficta, con base en cada uno de los trámites inscritos por la Secretaría de Salud en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2009 o en la página electrónica de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer): www.cofemer.gob.mx. 7

1 Registro digital: 189914, instancia: Pleno, novena época, materias(s): común, tesis: P./J. 42/2001, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tipo: jurisprudencia, t. XIII, abril de 2001, p. 126.

2 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Registro digital: 2006439, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, décima época, materias(s): administrativa, tesis: I.1o.A.72 A (10a.), fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tipo: aislada, t. III, libro 6, mayo de 2014, p. 1884.

3 Artículo 154. Cuando el presente reglamento no especifique un plazo expreso para resolver sobre una solicitud, la Secretaría dispondrá de cuarenta días para ese efecto. En todos los casos los plazos se contarán a partir del día siguiente al de la recepción de la solicitud de autorización sanitaria debidamente requisitada.

4 Artículo 167. Para obtener el registro sanitario de un medicamento alopático se deberá presentar, exclusivamente: [...] V. Para medicamentos genéricos, en lugar de lo indicado en el inciso c de la fracción I, el informe de las pruebas de intercambiabilidad de acuerdo con las normas correspondientes y demás disposiciones aplicables, y VI. Identificación del origen y certificado de buenas prácticas de fabricación del fármaco expedido por la Secretaría o por la autoridad competente del país de origen. En caso de que el solicitante presente el certificado de la autoridad competente del país de origen, y éste provenga de países con los cuales la Secretaría no tenga celebrados acuerdos de reconocimiento en materia de buenas prácticas de fabricación, la Secretaría podrá verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación. En dicho supuesto, la autoridad fijará, en un plazo no mayor a veinte días hábiles, la fecha en que se realizará la vista de verificación, conforme al procedimiento establecido por la Secretaría y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Si esta vista no se realiza en la fecha prevista por razones imputables a la Secretaría, se reprogramará como prioritaria. La certificación de las buenas prácticas de fabricación tendrá una vigencia de treinta meses. Conforme a lo previsto en el artículo 391 bis de la ley, la Secretaría podrá expedir los certificados con base en la información, comprobación de hechos o recomendaciones técnicas que proporcionen los terceros autorizados.

5 Artículo 186. La Secretaría resolverá las solicitudes de modificaciones a las condiciones de registro sanitario de cualquier medicamento en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles para modificaciones técnicas y veinte días hábiles para modificaciones administrativas. En caso de que la Secretaría no resuelva en el plazo antes señalado se entenderá procedente la solicitud. Cuando se solicite más de un tipo de modificación al registro sanitario, el plazo de respuesta será igual al mayor de los que resulten aplicables. En el caso de cualquier solicitud de modificación a las condiciones de registro de medicamentos homeopáticos, si la Secretaría no resuelve en los plazos correspondientes se entenderá procedente la solicitud.

6 Artículo 7°. A menos que se disponga otra cosa en los anexos uno, dos y tres respecto de algún trámite en específico, el plazo para que la Cofepris emita la resolución correspondiente comenzará a contar a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de la recepción de la solicitud. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. En los términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a petición del interesado, se deberá expedir constancia de la negativa o, en su caso, de la afirmativa ficta, dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud respectiva. En caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo.

Pedro Andrés Martínez Requejo es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con maestría en Derecho de empresa por la Universidad Anáhuac.

Es socio de la firma Ortega y Videgaray, S.C.

54

abogacía Mayo 2022

Francisco Videgaray Ortega es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con especialidad en Derecho mercantil por la Universidad Panamericana y maestría en Derecho por la Universidad de Northwestern. Es socio de la firma Ortega y Videgaray, S.C.

Luis Arturo Pelayo

Cristóbal Mariscal

La sobrerregulación: una limitante al desarrollo de la industria de consumo Con trayectoria de más de 40 años, en la que ha desempeñado

puestos como director general jurídico y de relaciones institucionales de José Cuervo y director jurídico y de relaciones gubernamentales de Eli Lilly, Cristóbal Mariscal Estrada tiene una amplia visión de la regulación y los problemas legales que enfrentan sectores vitales de la economía, como el de los alimentos y las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, o la industria farmacéutica. En esta entrevista nos ofrece sus reflexio-

nes sobre temas polémicos como el consumo del alcohol, la comida

“chatarra” o la marihuana, así como el desarrollo de las vacunas para combatir la pandemia

de Covid-19, entre otras cuestiones de indiscutible actualidad.

56

abogacía Mayo 2022

Voces

Cristóbal Mariscal Estrada es abogado por la Escuela Libre de Derecho y posee una maestría en Derecho por la Universidad de Michigan. Desde 2017 se incorporó a la oficina en México de Arochi & Lindner como Of Counsel.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

57

e su ejercicio profesional en la industria de consumo me gustaría centrarme en su trayectoria en José Cuervo, donde dirigió el área legal y de relaciones gubernamentales, y donde también fue vocero. Todos sabemos el daño que provoca el consumo del alcohol, pero en nuestro país existe además un patrón de abuso y adicción. ¿Cuál es la percepción de la industria sobre este problema social y de salud pública? ¿No cree que hay una complicidad de las empresas de este sector?

Efectivamente hay que reconocer que aunque el alcohol es un producto lícito, también es un producto de riesgo y una sustancia adictiva. Y quien lo niegue no debería dedicarse a esta industria.

Por otro lado, los hábitos de consumo del mexicano son diferentes a los de los habitantes de países europeos como Francia, España o Italia, donde todos los días la comida se acompaña con vino. Y, efectivamente, el problema en México es el consumo explosivo.

A lo largo de los años que he dedicado a la industria de las bebidas alcohólicas, en las charlas que impartía cuando fui vicepresidente del Consejo Regulador del Tequila y de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, y presidente de la Rama de Bebidas Alcohólicas en la CANACINTRA, solía decir que el problema no era tomarse un tequila todos los días, sino tomarse los siete tequilas en un solo día. Desde la perspectiva de la industria, se buscan consumidores para toda la vida. Y el consumo explosivo —que en inglés se conoce como binge drinking— es precisamente lo que más daño le hace a la industria.

Siempre se ha satanizado al productor y se le ha querido atribuir la responsabilidad por el consumo explosivo de bebidas alcohólicas. Pero las empresas sólo son responsables de la calidad del producto, no de la cantidad que alguien bebe. Es más, hay algunos productos que, como el vino, producen beneficios para la salud si se consumen de forma moderada. Entonces, lo más importante es ser responsable en y ante el consumo. n Lo que no sucede con el tabaco, que no tiene ningún beneficio en términos de la salud...

58

abogacía Mayo 2022

Se estima que el mercado informal de bebidas alcohólicas asciende a 17.3 millones de cajas de nueve litros, con un valor estimado de 27,000 millones de pesos y una pérdida fiscal de 8,500 millones.”

El problema de la industria tabacalera, independientemente de la derrama económica que genera —en particular en el sector primario—, es que no hay nada que sustente un beneficio directo o indirecto por el consumo de tabaco; no hay ningún estudio que diga que la nicotina tiene algún beneficio. n ¿Las prohibiciones al consumo realmente sirven?

Con respecto a las bebidas alcohólicas, ha habido muchas iniciativas que pretenden instrumentar esquemas prohibicionistas, como ha venido ocurriendo con el tabaco.

Sin embargo, la responsabilidad radica en uno mismo, no en la disponibilidad del producto.

Además, hay que recordar que las políticas prohibicionistas, como las altas tasas impositivas, incentivan la informalidad.

Somos una industria muy regulada, generamos una derrama económica importante y somos una industria lícita que debe gozar de los mismos derechos y cumplir con las obligaciones pertinentes aplicables a nuestra industria y a la industria en general.

n Hablando del consumo responsable, me gustaría preguntarle su opinión sobre el “nuevo” etiquetado de alimentos. ¿Funciona?

Hablamos de la Norma 051, o de los famosos “sellos”. En primer lugar, podríamos hacer un análisis histórico de jurisdicciones o países que han implementado este sistema. Por ejemplo, en Chile, en un primer momento se percibió el impacto, pero con el paso de los meses el efecto se volvió nulo.

Porque la gente no va a dejar de comer papitas por el hecho de que la bolsa tenga tres o cuatro sellos.

Por otro lado, México no es un país de consumidores educados. El consumidor no lee las etiquetas, y aunque lo haga y vea que indican exceso de calorías o de azúcares, ¿qué significa eso?, ¿cuál es el exceso?, ¿el consumidor sabe cuál es la ingesta diaria recomendada?

Creo que lo único que sucedió es que se ensució el etiquetado frontal, la superficie principal de exhibición del producto, que es lo mismo que quieren hacer con las bebidas alcohólicas, por medio de la Norma 142.

Voces n ¿Por qué la industria se opone al etiquetado?

Porque en la superficie principal de exhibición está la marca, que es el principal activo de las empresas de consumo —junto con el crédito mercantil que genera a través de la comercialización de la misma—. Aunque sí hubo empresas que impulsaron iniciativas para reformular sus productos con miras a mantener su superficie principal de exhibición sin sellos negros.

La cuestión del etiquetado se podría solucionar a través de un código QR que se pueda consultar con un teléfono inteligente. Ahí es posible agregar toda la información necesaria, en particular la sanitaria, incluidos los ingredientes del producto, su aporte calórico..., sin imponer obligaciones adicionales que conlleven mayores costos administrativos y de producción, y que, además, como ya decía, no funcionan porque no tenemos consumidores educados. n Entonces, ¿la decisión de consumir cualquier tipo de productos, incluso comida “chatarra”, debe recaer en cada quien?

Absolutamente. Son las garantías constitucionales que tenemos, desde decidir por quién votamos hasta qué compramos y qué comemos.

Pero hay que tener cuidado con lo que dices: no debemos hablar de productos “chatarra”. Se trata de un término que se ha utilizado en forma despectiva para descalificar un producto; sin embargo, eso que llamamos “chatarra” ha sido elaborado de acuerdo con buenas prácticas de manufactura, estrictos controles de calidad, en su mayoría por empresas serias y socialmente responsables, a lo largo de muchos años, con una gran inversión en instalaciones de producción y capital humano calificado.

Chatarra es algo que no sirve; sin embargo, estos productos tienen un aporte calórico que representa una porción —o bien excede— de la ingesta diaria que requerimos o algunos componentes nutricionales, pero no son chatarra. n Cambiando un poco de giro, ¿qué opina de la declaratoria de inconstitucionalidad que hizo la Corte a mediados del año pasado sobre dos artículos de la Ley General de Salud para permitir el uso recreativo de la marihuana? Parece que sólo es cuestión de tiempo para que se legalice la producción y la distribución...

En este tema, en México vamos muy atrasados en relación con otros países como Uruguay, Canadá o Estados Unidos.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Creo que es —siempre lo fue— un capricho del presidente de la República, una forma de demostrar que él está a cargo de los intereses de la nación y una forma también de ejemplificar el combate a la corrupción, al cancelar Texcoco. Pero el AIFA no es un aeropuerto funcional, y creo que no lo será en el largo plazo. Por lo que se ha visto, hay varias grandes fallas, desde las orugas para abordar los aviones y las rutas de acceso inconclusas para llegar a él, hasta el tiempo de traslado mínimo, por no hablar de términos de aeronavegabilidad y seguridad aérea.

Si México pretendía convertirse en un hub con el aeropuerto de Texcoco, lo que ahora puede suceder, si se pretende forzar que las líneas aéreas internacionales lleguen al AIFA, es que éstas vuelen sólo a Cancún, por ejemplo, y que este aeropuerto se convierta en un hub para el resto de la República y el aeropuerto primario para los vuelos trasatlánticos, porque está una hora más cerca que la Ciudad de México y los aviones pueden salir llenos de combustible sin tener la limitante de la altura de la capital mexicana.

Hay quienes afirman que es peor un cigarro que un “churro” y que un “caballito” de tequila es peor que un cigarro de marihuana.

Pero también hay que recordar que el cannabis tiene dos componentes: uno psicoactivo, que es el tetrahidrocannabinol, y el cannabidiol, que tiene diferentes aplicaciones: para el tratamiento del dolor, para conciliar el sueño, como suplemento alimenticio... Entonces no necesariamente va a haber productos psicoactivos en el mercado. Esos están limitados y seguirán estando limitados para el autoconsumo y el uso lúdico. Pero todos los demás conllevan una derrama económica importante en el sector primario del cultivo, en el sector secundario de la producción y en el sector terciario del consumo, además de la recaudación que el gobierno podría obtener de esta industria, la cual podría ascender a montos importantes. n ¿Se puede legalizar de la noche a la mañana una industria que hoy está en poder de la delincuencia organizada?

Hay que solucionarlo en forma integral. Es el problema que se ha venido discutiendo.

Por ejemplo, ¿quién va a cuidar las plantaciones que legítimamente se estén cultivando?, ¿quién va a dar los permisos y las autorizaciones necesarios en cada etapa del proceso?, ¿va a haber corredores agrícolas de cannabis?, ¿qué facultades va a tener el Instituto de la Cannabis que supuestamente se va a crear?, ¿cómo van a participar las diferentes autoridades? Por eso mencionaba que estamos muy atrasados en este tema. n Me gustaría abordar el tema del manejo de la pandemia de Covid-19 y de la vacunación en nuestro país. ¿Qué evaluación haría?

Primero abordaría el tema de la salud. El artículo 4º constitucional establece el derecho a la salud de todos los mexicanos. A mí me parece que este gobierno ha fallado en muchos aspectos en temas sanitarios, como el abasto de medicamentos de diversa naturaleza —particularmente los oncológicos— y la desaparición del Seguro Popular, al que muchísima gente tenía acceso y que era la única alternativa que tenía para ser atendida de alguna enfermedad.

Por otro lado, en relación con la pandemia, el gobierno quiso tener el control

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

59

Voces

Muchos fallecimientos que han ocurrido en México debido al Covid-19 se han debido a la centralización y al control de la vacunación como un mecanismo o herramienta política, algo total y absolutamente inadmisible.” absoluto de las vacunas, y aunque es cierto que a nivel mundial todos los gobiernos se encargaron de adquirir las vacunas, en muchos países la distribución y su aplicación fueron abiertas: se podía acudir a cualquier clínica, farmacia u hospital para recibir la vacuna, independientemente de cuál fuera.

Aquí no, lo cual me parece que fue un gran error.

No abrir la vacunación a menores me parece otro desacierto. Los mayores focos de infección son las escuelas, y con el regreso a clases de forma presencial los niños son quienes tienen mayor vida social y, por ende, mayor exposición al contagio.

60

abogacía Mayo 2022

Finalmente, me parece que fue un error insistir en utilizar vacunas no reconocidas por nuestros principales socios comerciales.

Por ejemplo, el certificado de vacunación de una persona con Sputnik no es reconocido como válido en Estados Unidos ni en algunos países de Europa.

Creo que muchos fallecimientos que han ocurrido en México debido al Covid-19 se han debido a la centralización y al control de la vacunación como un mecanismo o como herramienta política, algo total y absolutamente inadmisible. Y las autoridades sanitarias de este país deberían ser sometidas a algún tipo de responsabilidad por eso.

n También se habló de la liberación de las patentes. ¿Cuál es su posición al respecto?

En principio, no estoy de acuerdo en ningún tipo de expropiación o, en última instancia, en ninguna cancelación de la propiedad intelectual de las empresas, particularmente de las patentes. Sí, existe la figura de utilidad pública en casos de emergencia, lo entiendo, y por eso las empresas vendieron al costo las vacunas a los gobiernos. Pero detrás de éstas hay grandes inversiones.

Para llegar al mercado se deben cumplir muchas fases, de acuerdo con la regulación de cada país, y en números redondos quedan dos o tres años para recuperar la inversión realizada en la investigación de la molécula y en el desarrollo del producto.

Por eso las farmacéuticas buscan nuevas aplicaciones para las moléculas, para ir extendiendo la vida de las patentes. n Finalmente, me gustaría preguntarle sobre el balance que hace de su experiencia como abogado corporativo.

México no es un país de consumidores educados. El consumidor no lee las etiquetas, y aunque lo haga y vea que indican exceso de calorías o de azúcares, ¿qué significa eso?, ¿cuál es el exceso?, ¿el consumidor sabe cuál es la ingesta diaria recomendada?

Ha sido muy satisfactoria. He sido abogado interno de diferentes empresas en diversos sectores productivos y también, al principio de mi carrera profesional, fui asesor externo de ellas. Como asesor, eres una especie de médico especialista; probablemente veas la gestación, probablemente el alumbramiento o la enfermedad y, en algunos casos, la muerte.

Pero como abogado interno vives todo el proceso, de principio a fin. Debes entender qué hace la empresa, familiarizarte con ella y con sus productos. En una época trabajé en la industria del papel y tuve que entender la diferencia entre las fibras cortas y las fibras largas, porque no es lo mismo hacer papel higiénico que papel para impresión y escritura; uno lo puedes hacer con el bagazo de la caña de azúcar, pero el otro necesariamente lo tienes

que hacer con productos forestales, por la resistencia. Entonces, tienes que conocer todos los procesos de elaboración de los productos.

Para mí siempre ha sido enriquecedor estar en una empresa, porque se adquieren conocimientos para ser un mejor abogado y servir mejor a la empresa. 7

NO TE PIERDAS LA ENTREVISTA COMPLETA:

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

61

Luis Torres-Septién Warren y Santiago Barroso Torres

EL DERECHO DEPORTIVO EN MÉXICO Aunque la práctica deportiva involucra diversas ramas del Derecho —laboral, mercantil, fiscal civil o penal—, la profesionalización del deporte y la industria que gravita a su alrededor han dado lugar a una rama específica de nuestra profesión que apenas se abre camino en México y a cuyo desarrollo vale la pena estar atentos: el Derecho deportivo.

62

abogacía Mayo 2022

P

ara comenzar, es vital atender al cuestionamiento previo que naturalmente surge al momento de escuchar acerca del Derecho deportivo: ¿qué es? Al respecto, cabe mencionar que definir lo que se conoce como Derecho del deporte tiene ciertas complejidades que, lejos de tratarse de cuestiones técnicas, versan respecto de la escasez de información, doctrina, especialistas, foros, entre otros, que existe hoy en día acerca de ese concepto en nuestro país.

En primer lugar, al intentar descifrar el significado del Derecho deportivo surgen las siguientes dudas: ¿es en sí una rama del Derecho?, ¿qué áreas del Derecho se encuentran bajo el campo del Derecho deportivo?, ¿existe una Ley Deportiva?

Antes de atender a los referidos planteamientos, conviene mencionar que en los últimos años ha existido un debate sobre si el Derecho deportivo debe considerarse en sí como una rama del Derecho o bien simplemente como una fusión de varias disciplinas del Derecho que resultan relevantes en el contexto deportivo.

Por un lado, quienes apoyan la primera vertiente señalan que el hecho de que exista una normativa especializada para cuestiones exclusivamente deportivas, órganos jurisdiccionales especializados para dirimir conflictos deportivos y una jurisprudencia propia para resolver cuestiones enfocadas al deporte, es la prueba legal de que el Derecho deportivo debe entenderse como una rama del Derecho plenamente identificable. Por otro lado, los de la segunda vertiente Fotografías: Freepik

argumentan que no existe como tal un Derecho deportivo como rama del Derecho, sino que únicamente se trata de la aplicación de un conjunto de disciplinas del Derecho ya reconocidas a situaciones deportivas, como podrían ser: i) el Derecho contractual; ii) el Derecho laboral; iii) la competencia económica; iv) el Derecho administrativo, y v) la propiedad intelectual, entre otras.

No obstante lo anterior —y ya sea que el lector considere que el Derecho deportivo es en sí una rama del Derecho o bien simplemente una fusión de varias normas del Derecho que pudieran resultar relevantes en un contexto deportivo—, lo cierto es que bajo nuestra óptica, al día de hoy, el Derecho deportivo (como práctica) es una realidad, pues existen: i) leyes especializadas y aplicadas al Derecho deportivo; ii) jurisprudencia constante en materia deportiva; ii) órganos judiciales y arbitrales especializados estrictamente en resolver conflictos del Derecho del deporte;1 iii) programas académicos enfocados al estudio y análisis en Derecho deportivo;2 iv) abogados dedicados completamente a cuestiones relacionadas con el Derecho deportivo;3 v) libros, artículos, doctrina, y vi) espacios y foros dedicados al debate de la profesionalización de la industria del deporte, así como discusiones para efectos de modernizar y actualizar la legislación enfocada al deporte, federaciones y competencias.

Si bien hoy en día la legislación deportiva en México cuenta con una ley especial para el deporte —la Ley General de Cultura Física y Deporte—, ésta no atiende por completo a las necesidades actuales y vigentes del deporte mexicano, en especial en cuanto a la organización de las federaciones deportivas, al ámbito de ejecución y a las facultades de los organismos deportivos.

A manera de ejemplo, algunos ámbitos y campos donde la legislación deportiva, la jurisprudencia y la especialización en la materia cobran relevancia dentro del territorio Derecho deportivo, son, entre otros: i) Representación de atletas y/o entrenadores, donde la asesoría puede versar sobre cuestiones transaccionales, negociación de contratos laborales o deportivos de trabajo, contratos de imagen y patrocinio deportivo. ii) Asesoría jurídica a organismos deportivos, como federaciones nacionales e internacionales, ligas, competencias, clubes o franquicias deportivas.4 iii) Asesoría legal a instituciones educativas en sus programas deportivos, en cuanto a la negociación y la ejecución de contratos de trabajo con entrenadores, prestadores de servicios, proveedores, así como negociación de acuerdos de patrocinio, derechos de propiedad intelectual y franquicias. iv) Representación en procedimientos jurisdiccionales relacionados con la industria del deporte, con especial incidencia en aquellos sustanciados en el ámbito laboral y mercantil, en procedimiento concursales de entidades del mundo deportivo y en procedimientos en materia de derechos de la competencia. v) Procedimientos arbitrales a nivel nacional e internacional, especialmente ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de toda índole (reclamaciones, disciplina deportiva, dopaje, organizaciones deportivas y licencias o restricciones federativas a la contratación). vi) Representación en procedimientos en materia de propiedad intelectual e industrial, así como en defensa del derecho a la propia imagen, el honor y la intimidad. vii) Asesoría legal de agentes y/o intermediarios de atletas; por ejemplo, en la elaboración y la negociación de contratos laborales para sus representados, en la representación en procedimientos contenciosos ante órganos nacionales o internacionales, en la elaboración y la negociación de contratos de intermediación, etcétera.

Ahora bien, una vez que ha quedado explicada brevemente la noción del llamado Derecho deportivo, así como su ámbito de aplicación, es necesario hacer una breve referencia a la legislación deportiva que existe actualmente en México, siguiendo la jerarquía de las leyes basada en el principio de supremacía constitucional a la que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: • Preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano que se refieren expresamente al deporte.5 • Tratados internacionales celebrados por México en materia deportiva.6 • Leyes específicas para el deporte (Ley General de Cultura Física y Deporte vigente y leyes deportivas locales).

• Leyes que inciden en el ámbito deportivo.7 Como los lectores podrán observar, si bien es cierto que a lo largo de los últimos años ha existido una evolución en cuanto a la implementación de una legislación deportiva en México y que pareciere que la misma pudiere ser suficiente, también es verdad que esa legislación resulta escasa o se encuentra desactualizada respecto de las necesidades del deporte del día de hoy en nuestro país.

Es decir, si bien hoy en día la legislación deportiva en México cuenta con una ley especial para el deporte, esto es, la Ley General de Cultura Física y Deporte, somos de la opinión de que ésta no atiende por completo a las necesidades actuales y vigentes del deporte LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

63

En México queda un largo camino por recorrer para profundizar sobre la profesionalización de la industria deportiva.

mexicano, en especial en cuanto a la organización de las federaciones deportivas, al ámbito de ejecución y a las facultades de los organismos deportivos.8 Por otro lado, si bien la Ley Federal del Trabajo cuenta con un capítulo específico asignado a los deportistas profesionales, la misma se remonta a 1970, por lo cual evidentemente está desactualizada respecto de la realidad del deporte mexicano.

Lo anterior, al grado de que otras legislaciones no solamente cuentan con capítulos especiales para

deportistas, sino que además incorporan regulaciones puntuales, independientes y específicas para deportes en particular (futbol, por ejemplo).

Por eso, si bien en los últimos años, derivado de la necesidad de especialización en materia deportiva, han surgido nuevas regulaciones especializadas en ese campo, lo cierto es que en México queda un largo camino por recorrer para profundizar sobre la profesionalización de la industria deportiva. 7

Como la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) y el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva.

Como, entre otros: i) la maestría en Derecho deportivo internacional por la SSBM (Ginebra); ii) la maestría en Derecho deportivo internacional por la Universidad de Zúrich; iii) la maestría en Derecho deportivo por la Universidad Europea (UE), y iv) la maestría en Derecho deportivo internacional por el Instituto Superior de Derecho y Economía (Madrid).

3 Como la firma de los autores: Senn, Ferrero, Asociados Sports & Entertainment México.

4 Lo cual pudiera incluir: i) la negociación de contratos con empleados, incluyendo entrenadores y personal administrativo; ii) la negociación de contratos de arrendamiento, relacionados con instalaciones deportivas, negociación de contratos de patrocinio, negociación de contratos de televisión y radio, auditorías laborales, incumplimientos contractuales, etcétera.

5 Artículo 4, último párrafo, 18, segundo párrafo, 73, fracción XXIX-J, y 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso 1.

6 i) Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico (1985); ii) Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes (1988); iii) Estatuto del Consejo Iberoamericano del Deporte (1996); iv) Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte (2007), y v) Convenio de Cooperación en el Campo del Deporte, celebrados por México con diversos países (Rusia, Bolivia, Rumania, Lituania, Letonia, etcétera).

7 i) Ley Federal del Trabajo (capítulo especial denominado “Del deportista profesional”, artículos 292 a 303); ii) Ley de Premios y Estímulos y Recompensas Civiles; iii) Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; iv) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y v) Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

8 i) Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); ii) Comité Olímpico Mexicano, asociación civil (COM); iii) Comité Paralímpico Mexicano, asociación civil (Copame), y iv) Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.

1 2

Luis Torres-Septién Warren es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), maestro en Gestión de Entidades Deportivas por la Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid y la Universidad Europea de Madrid y coordinador académico del Comité de Derecho del Deporte, Entretenimiento y Cultura, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE). Además, es socio de Senn, Ferrero, Asociados Sports & Entertainment México.

Santiago Barroso Torres es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ciudad de México) y maestro en Derecho deportivo internacional por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). Además, es asociado senior de Senn, Ferrero, Asociados Sports & Entertainment México.

64

abogacía Mayo 2022

Regala una suscripción a la revista

AN

ELL

ILLERMO SHERID PAG AR IMP UES TOS ? GU < ¿ES UN ILÍC ITO

Revista abogacía

| Abril 2022

ECH OS HUM ANO S PAR A ENT END ER LOS DER

MIGUEL CARBON

LA VOZ Y LA

EL ABOGADO DEL

DIABLO

PLUMA DE LO

S JURISTAS

DERECHOS HUMANOS REFLEXIONES SOBRE N SAMUEL MOY

Juan Velasquez

OR LA ESCUCHA DEL MEN TIVA EN LA JUSTICIA ALTERNAEDA

MO OLV JORGE GUILLER

DEL DERECHO PRINCIPIOS GENERALESGIO ESQUERRA SER

| $99.00

JORGE LUIS MARTÍNEZ OCAMPO

Año 2, núm.

14, abril de 2022

MEDIÁTICO LINCHAMIENTO DE INOCENCIA Y PRESUNCIÓN

PM 3/22/22 8:29

indd 1

portada 14 abril.

revistaabogacia

Contacto: 55-5616-2111 y 55-5131-5163 suscripciones@revistaabogacia.com www.revistaabogacia.com

[ Nuevos talentos ]

Karla Yadira Cano Camacho

Derechos

humanos de víctimas de

delitos sexuales 66

abogacía Mayo 2022

La garantía y la ejecución de los derechos de mujeres y niñas a tener un espacio libre de violencia ha sido uno de los principales retos de los sistemas de protección de los derechos humanos. Este artículo expone las medidas que se han adoptado en nuestro país para garantizar la seguridad, la prevención, la sanción y la reparación de los actos violentos en contra de niñas y mujeres, y cuestiona si existe un acceso real y oportuno a la justicia o, por el contrario, se está

propiciando la revictimización y la impunidad en este tipo de delitos.

Ilustraciones: Freepik

L

a Comisión Interamericana de Derechos Humanos1 ha mostrado en diferentes oportunidades la importancia que presenta la buena difusión de información para la erradicación de la violencia contra las mujeres; sin embargo, a pesar de este pronunciamiento, la información y los recursos judiciales dirigidos a las mujeres víctimas de estos delitos en muchas ocasiones no permiten un acceso real y oportuno para ellas. Por el contrario, lo que se promueve es la revictimización y la deficiencia en la investigación, lo cual da pie a la impunidad.

En México, en 1969 se creó la Ley sobre Auxilio a las Víctimas que obligaba a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno a salvaguardar, reparar y proporcionar ayuda gratuita. A principios de 1990 se creó, a nivel federal, la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, la cual tenía como objetivo perseguir y castigar los delitos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad cometidos en contra de mujeres y contra la trata de personas.

En 1993 los derechos de las víctimas de estos delitos alcanzaron rango constitucional y con ello se fomentó el beneficio a la asesoría jurídica y a la atención médica de urgencia. Todos estos nuevos derechos se incrementaron gracias a las reformas constitucionales en materia penal de 2000 y 2008. En este último año se llevó a cabo una reforma al artículo 20 constitucional para adicionar el apartado C sobre los derechos de las víctimas. Así, tanto a la víctima como a los ofendidos se les garantizaba el derecho a ser asistidos por un asesor jurídico, a coadyuvar con el Ministerio Público, a recibir ayuda psicológica y médica y a que se les reparara el daño.2 Todo lo anterior, tratándose de menores de edad, trata de personas, víctimas de delito de violación y secuestro, etcétera; también se mencionaba el derecho a solicitar medidas cautelares para la protección y la restitución de sus derechos.

Cabe señalar que los derechos de las víctimas están consolidados en la reforma a los derechos humanos, publicada en 2011.

A pesar de que existe un reconocimiento formal y jurídico en la mayor parte de las entidades federativas sobre la violencia contra niñas y mujeres, la violencia sexual que tiene lugar en las instituciones educativas y de salud no ha sido abordada por los estados como un problema de singular gravedad, pues la violencia sexual en estos espacios tiende a no ser denunciada y queda en el silencio.

Durante este año se creó la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos,3 la cual presentó irregularidades y deficiencias en las investigaciones de los casos de violencia y de las actuaciones de los funcionarios. Como consecuencia de este problema se efectuó un importante movimiento emanado de las víctimas y los familiares de las mismas, que dio pie para la creación de la Ley General de Víctimas (LGV) en enero de 2013 y que establecía un marco normativo de derechos de las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos.

Los derechos humanos de las víctimas de estos delitos están protegidos por un amplio marco normativo, como lo sostiene la LGV en su artículo 10: “Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad y a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito.

Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado.”4 Otro ejemplo es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en su artículo 3° sostiene que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. Asimismo, el artículo 4° de la misma ley señala que “toda mujer tiene

derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a que se respete su vida y el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.5 La Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en su artículo 3°, dice que “los Estados partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.6 Toda esta labor normativa, desarrollada a través de los años, ha significado un gran esfuerzo para combatir estos severos problemas y, muy especialmente, el de la violencia sexual. Si bien es cierto que se han logrado cambios normativos muy significativos, solamente se reafirma que el acceso a este tipo de información y, en consecuencia, a la protección judicial, es un enorme paso para la erradicación de este problema tan preocupante que representa la violencia contra las mujeres.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

67

[ Nuevos talentos ]

Por otra parte, debemos recordar las razones por las cuales muchas veces las mujeres no denuncian estos casos de violencia; por ejemplo, por miedo al agresor, por falta de apoyo familiar, por ausencia de información, por vergüenza, falta de recursos económicos, entre otros. Por lo anterior, este problema social afecta a toda clase de mujeres, en cualquier faceta de su vida; por ello, no puede ser causa de más impunidades sistemáticas por parte de los organismos jurisdiccionales. En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 se atribuyen las siguientes razones por las cuales las víctimas de delitos sexuales no realizan una denuncia formal:

%

Por “otras causas” se entienden: miedo al agresor, delito de poca importancia, no tenía pruebas y otro motivo.

Fuente: ENVIPE 2021, www.inegi.org.mx/programas/envipe/2021.

1

En relación con las respuestas de los encuestados podemos notar que el sistema jurídico mexicano ha sembrado en las víctimas la desconfianza, por causa de lo cual es muy probable que la sociedad recurra a hacer justicia por su propia mano, tema que no abordaremos en este texto pero que sin duda alguna es muy alarmante. La desconfianza de las víctimas para llevar a cabo una denuncia formal ante los órganos competentes ha ocasionado que en diversos medios de comunicación se asegure que los casos de violencia en contra de niñas y mujeres han tenido un descenso considerable cuando la realidad es que las cifras han disminuido por causa de la no denuncia.

No hay que olvidar el trabajo que ha realizado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del Programa de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), creado en el año 2000 por el gobierno de México y que ha tenido como labor fundamental la orientación jurídica a víctimas

68

abogacía Mayo 2022

de delitos y de violaciones de derechos humanos, atención psicológica y difusión de información sobre el tema. A pesar de que existe un reconocimiento formal y jurídico en la mayor parte de las entidades federativas sobre la violencia contra niñas y mujeres, constituyéndola como un desafío prioritario, la violencia sexual que tiene lugar en las instituciones educativas y de salud no ha sido abordada por los estados como un problema de singular gravedad, pues la violencia sexual en estos espacios, como ya lo mencionamos, tiende a no ser denunciada y queda en el silencio. La difusión de información al alcance de todas las mujeres es de suma importancia, como lo establece el artículo 114, fracción IV, de la LGV: “Realizar, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con el apoyo de las comisiones de las entidades federativas, y de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las víctimas, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten”.7 Para dar continuidad a esta fracción se elaboró un proyecto de campaña de difusión en radio denominado “Províctima”, creado por medio de un decreto del gobierno de México, cuyos objetivos son la orientación jurídica y psicológica y el acompañamiento a través de las comisiones ejecutivas de víctimas federal y de las entidades federativas, y en ausencia de éstas, a través de las secretarías de Gobierno. A continuación se listan los servicios victimológicos que proporciona este programa: • Atención psicológica (en casos de urgencia y/o terapia breve).

• Atención jurídica.

• Canalización de la víctima a las instituciones correspondientes.

• Información y orientación sobre los derechos y los procedimientos previstos en el orden jurídico mexicano en materia de procuración y administración de justicia.

• Seguimiento del caso y obligación de mantener informada a la víctima.

• Acompañamiento de la víctima.

• Promoción de una justicia pronta y expedita.8 En conclusión, gracias a estas acciones podemos darnos cuenta de la participación de las niñas y las mujeres en la asistencia de estos delitos y de las violaciones a los derechos humanos, ya que se ha proporcionado y difundido información que sin

Para leer

DERECHO PENAL. PARTE GENERAL

La desconfianza de las víctimas para llevar a cabo una denuncia formal ha hecho creer que los casos de violencia en contra de niñas y mujeres han tenido un descenso, pero la realidad es que las cifras han disminuido por causa de la no denuncia. duda alguna es significativa, así como de las instituciones que existen para la protección y la defensa de tales derechos. Todos estos componentes, ejecutados por los estados con la debida diligencia, comprenden una garantía efectiva y satisfactoria del acceso a la justicia. No obstante, hay que subrayar que este acceso no solamente se concreta con la difusión de recursos judiciales, sino que éstos deben ser idóneos para realizar una investigación impecable, una sanción justa y una reparación oportuna a los derechos humanos de niñas y mujeres. 7 Órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente americano.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, 6 septiembre de 2011. Se transformó en enero de 2014 en Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de carácter federal, instancia facultada para proporcionar asesoría jurídica y que cuenta con un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

4 Ley General de Víctimas.

5 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

6 Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

7 Artículo 114, fracción IV, de la Ley General de Víctimas.

8 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito.

1

Karla Yadira Cano Camacho es egresada de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió la presea Jóvenes con Valores, otorgada por el Instituto de la Juventud Ecatepec, por brindar asesoría jurídica gratuita a niñas y mujeres víctimas de delitos sexuales. yadiracclitt@gmail.com

La necesidad de una obra que trate de modo completo la parte general del Derecho penal, con una articulación en la jurisprudencia y referenciada en la doctrina internacional de mayor relevancia, fue la motivación del libro Derecho penal. Parte general, del profesor Alejandro Rodolfo Cilleruelo, editado por Ad-Hoc de Buenos Aires, Argentina.

Esta obra está estructurada en tres partes: la primera, destinada a los fundamentos, los principios y los ámbitos de aplicación del Derecho penal sustancial; la segunda desarrolla a profundidad la dogmática penal, y, finalmente, la tercera aborda las consecuencias jurídicas del delito. Pese a lo disímil de las temáticas tratadas, las distintas partes no están desconectadas unas de otras; por el contrario, responden a una exposición uniforme y resulta digno de destacar la interrelación entre los distintos asuntos abordados.

Resulta importante mencionar el punto de partida que fundamenta toda la obra y que tiene que ver con el equilibro en la relación que debe existir entre lo óntico y lo axiológico, donde el ser humano es el principio y el fin de la construcción del Derecho, el cual debe ser útil para facilitar el respeto de los ámbitos de libertad de las personas. Lo anterior permite obtener importantes consecuencias jurídicas; por ejemplo, en el ámbito de la comisión por omisión, que según el autor es una forma especial de autoría que no exige cláusula general en las codificaciones, así como también en el ámbito de la culpabilidad, capítulo desarrollado con una encomiable profundidad y extensión.

Se advierte en la obra el influjo de la doctrina final de la acción en la línea de los profesores Luis Gracia Martín y Heinz Joachim Gössel en la actualización que formulara del tratado de Reinhart Maurach. _______ Alejandro R. Cilleruelo Ad-Hoc 2018

Rule of Law en Latinoamérica y el Caribe (segunda parte)

Andrés Delgado-Correal

Después de haber explorado —en una primera entrega publicada en la edición de marzo de abogacía — qué se entiende por Rule of Law y cómo se puede cuantificar este concepto, el autor presenta ahora el lugar que ocupan en el índice del World Justice Project los diversos Estados del continente, de donde extrae interesantes conclusiones. ®

70

abogacía Mayo Marzo2022 enero 2021 2022

Fotografía: Freepik

E

l consolidado de mediciones del rule of law (RoL) del World Justice Project para el periodo 2020-2021 en las Américas —segundo año de pandemia por virus SARS-CoV-2 (Covid-19)— muestra que mientras Canadá se consolida como primero en el continente y 12 en el mundo con un índice de 0.80, Estados Unidos con 0.69 se ubica tercero y 27, respectivamente (es decir, fuera de los 20 líderes globales), por debajo de países como España, República Checa, Francia, Letonia, Uruguay y Portugal.

Un análisis cuantitativo desagregado por subregiones con datos finales (A: restricciones a poderes del gobierno; B: ausencia de corrupción; C: gobierno abierto; D: derechos fundamentales; E: orden y seguridad; F: cumplimiento regulatorio; G: justicia civil, y H: justicia penal) arroja las siguientes cifras:

Total

A

B

C

D

E

F

G

H

Media

0.53

0.47

0.52

0.58

0.66

0.50

0.52

0.41

0.52

En Mesoamérica comanda Costa Rica con un índice de 0.68 y 31 en el mundo, luego Panamá con 0.52 y ocupa el puesto 71.

Continúan El Salvador y Belice, ambos con 0.48, y se ubican en las casillas 93 y 95. Le siguen Guatemala: 109 (0.44), México: 113 (0.43), Honduras: 126 (0.39) y Nicaragua: 131 (0.38).

A

B

C

D

E

F

G

H

Media

Costa Rica

0.76

0.65

0.70

0.78

0.69

0.67

0.60

0.57

0.68

Panamá

0.53

0.41

0.58

0.63

0.67

0.51

0.47

0.33

0.52

Belice

0.44

0.43

0.44

0.51

0.70

0.41

0.52

0.37

0.48

El Salvador

0.47

0.36

0.51

0.50

0.67

0.50

0.50

0.30

0.48

Guatemala

0.52

0.33

0.51

0.53

0.59

0.42

0.36

0.29

0.44

México

0.45

0.26

0.60

0.49

0.53

0.44

0.37

0.29

0.43

Honduras

0.33

0.31

0.42

0.41

0.65

0.37

0.40

0.25

0.39

Nicaragua

0.25

0.32

0.38

0.34

0.71

0.39

0.36

0.28

0.38

Subregional

0.47

0.38

0.52

0.52

0.65

0.46

0.45

0.34

0.47

En Suramérica, como se menciona arriba, el líder regional y de la subregión es Uruguay con 0.71, posicionado en el lugar 25 de la lista global. Chile con 0.66 es 32, Argentina con 0.56 es 56, Brasil y Guyana con 0.50 son 78 y 79. Los cinco siguientes con 0.48 son Surinam: 84, Colombia: 86, Perú: 87, Ecuador: 92, y, recientemente incorporada, Paraguay: 96. En penúltimo lugar se encuentra Bolivia: 129 con 0.39. Cerrando se localiza Venezuela: 139 con 0.27, el peor calificado de la región y del mundo, lo que no es novedoso desde el ranking de 2019, cuando desplazó de esa deshonrosa posición a Uganda (2016 y 2018). Incluso el promedio venezolano es la nota acumulativa más baja de cualquier país en los periodos reportados.

A

B

C

D

E

F

G

H

Media

Uruguay

0.76

0.73

0.72

0.79

0.70

0.71

0.73

0.56

0.71

Chile

0.72

0.69

0.70

0.72

0.67

0.64

0.63

0.55

0.67

Argentina

0.57

0.48

0.62

0.69

0.62

0.50

0.57

0.42

0.56

Guayana

0.54

0.45

0.44

0.56

0.63

0.45

0.53

0.40

0.50

Brasil

0.51

0.43

0.60

0.48

0.64

0.49

0.52

0.33

0.50

Surinam

0.48

0.44

0.38

0.53

0.64

0.45

0.48

0.52

0.49

Colombia

0.53

0.39

0.62

0.51

0.56

0.52

0.47

0.32

0.49

Perú

0.60

0.32

0.54

0.61

0.61

0.48

0.43

0.32

0.49

Ecuador

0.50

0.41

0.51

0.52

0.62

0.48

0.49

0.36

0.49

Paraguay

0.49

0.30

0.58

0.53

0.71

0.47

0.44

0.28

0.48

Bolivia

0.37

0.27

0.43

0.47

0.59

0.41

0.33

0.22

0.39

Venezuela

0.17

0.29

0.28

0.29

0.50

0.19

0.27

0.12

0.26

Subregional

0.52

0.43

0.54

0.56

0.62

0.48

0.49

0.37

0.50

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

71

En el Caribe el primer lugar es para Barbados con 0.65 y lugar 35 del orbe, después San Vicente y las Granadinas: 38 (0.64).

En los puestos 39 y 40, con 0.63, están Antigua y Barbuda, y San Cristóbal y Nieves. Santa Lucía con 0.62 es 43, las Bahamas con 0.61 es 47, Granada con 0.59 es 50, Dominica con 0.58 es 53, Jamaica con 0.57 es 55, Trinidad y Tobago con 0.53 es 63, República Dominicana con 0.48 es 94, y, finalmente, Haití con 0.38 es 132.

A

B

C

D

E

F

G

H

Media

0.64

0.69

0.53

0.73

0.78

0.62

0.64

0.58

0.65

0.60

0.69

0.52

0.71

0.76

0.55

0.63

0.62

0.64

0.61

0.59

0.54

0.70

0.78

0.63

0.68

0.53

0.63

0.61

0.65

0.45

0.70

0.77

0.61

0.67

0.59

0.63

Santa Lucía

0.59

0.63

0.48

0.67

0.75

0.59

0.69

0.54

0.62

Las Bahamas

0.62

0.64

0.52

0.68

0.74

0.50

0.57

0.60

0.61

Granada

0.57

0.66

0.44

0.63

0.77

0.56

0.61

0.50

0.59

Dominica

0.53

0.60

0.50

0.62

0.74

0.53

0.56

0.56

0.58

Jamaica

0.64

0.55

0.56

0.63

0.63

0.55

0.53

0.48

0.57

0.56

0.49

0.56

0.59

0.66

0.51

0.58

0.32

0.53

0.47

0.39

0.53

0.57

0.64

0.41

0.44

0.36

0.48

Haití

0.39

0.28

0.38

0.43

0.53

0.31

0.41

0.28

0.38

Subregional

0.57

0.57

0.50

0.64

0.71

0.53

0.58

0.50

0.58

Barbados San Vicente y las

Granadinas Antigua y Barbuda

San Cristóbal y Nieves

Trinidad y Tobago

República

Dominicana

Al adentrarnos en los arquetipos de “Estados de Derecho” de la región observamos que se reorganizan conforme a sus modelos de régimen político y sistema jurídico, que, como es sabido, son heterogéneos, ya que estos países han sido objeto de influencia por potencias del Norte Global, sin perjuicio de masivos trasplantes ideológicos ocurridos con posterioridad y que continúan afectando el espíritu de integración latinoamericana y caribeña.

Dividiremos esta área en 21 estados independientes y 28 no independientes, todos con sus matices. La caracterización del RoL regional se agrupa en tres clases ordenadas por tamaño de población (y producto interno bruto per capita): repúblicas presidenciales, territorios autónomos y reinos de la mancomunidad. Geográficamente, las repúblicas se ubican en el continente (excepto Cuba, Haití y Dominicana), en tanto que los demás territorios con cierta dependencia son insulares (excepto Belice y Guyana).

El primero corresponde a repúblicas presidenciales; a saber: a) federativas como Brasil (213.445.417 [$14.10]), México (130.207.371 [$17.90]), Argentina (45.864.941 [$19.70]), y Venezuela (socialista) (29.069.153 [$7.70]), y b) unitarias como Colombia (50.355.650 [$13.40]), Perú (32.201.224 [$11.30]), Chile (18.307.925 [$23.30]), Guatemala (17.422.821 [$8.40]), Ecuador (17.093.159 [$10.30]), Bolivia (11.758.869 [$7.90]), Haití (11.198.240 [$2.80]), Cuba (comunista) (11.032.343 [$12.30]), República Dominicana (10.597.348 [$17.00]), Honduras

72

abogacía Mayo 2022

(9.346.277 [$5.10]), Paraguay (7.272.639 [$12.30]), El Salvador (6.528.135 [$8.10]), Nicaragua (socialista) (6.243.931 [$5.30]), Costa Rica (5.151.140 [$19.70]), Panamá (3.928.646 [$25.40]), Uruguay (3.398.239 [$21.60]) y Surinam (614.749 [$16.10]).

Todas se basan en el Derecho civil continental europeo.

El segundo lo conforman territorios autónomos y se subdividen en: a) Estados libres asociados (a Estados Unidos), que son Puerto Rico (3.142.779 [$33.40]), con un modelo jurídico híbrido de Derecho civil español en el marco del sistema federal estadounidense, e Islas Vírgenes (105.870 [$37.00]), basado en el Derecho consuetudinario, y b) Estados subvencionados de ultramar que se congregan alrededor de sus protectores; a saber: 1) por Reino Unido: zonas australes con Islas Falkland (Islas Malvinas) (3.198 [$70.80]) e Islas Georgias y Sandwich del Sur (s.d.) (todas reclamadas por Argentina), y caribeñas con Islas Bermudas (72.084 [$81.80]), Islas Vírgenes Británicas (37.891 [$34.20]), Islas Caimán (63.131 [$73.60]), Anguila (18.403 [$12.20]), Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha (7.915 [$7.80]), y Montserrat (5.387 [$34.00]), que son democracias parlamentarias con Derecho consuetudinario inglés y estatutos locales; 2) por Estados Unidos: Isla de Navaza (reclamada por Haití) (s.d.), que se basa en el Derecho consuetudinario estadounidense; 3) por Francia: San Martín (32.680 [$19.30]) y San Bartolomé (7.116 [s.d.]), que son democracias parlamentarias y aplican el Derecho civil francés, y 4) por Países Bajos: Curazao (151.885 [$24.50]),

Aruba (120.917 [$37.50]) y Sint Maarten (44.564 [$35.30]), que son democracias parlamentarias bajo monarquía constitucional en las que rige el Derecho civil neerlandés con influencia del Derecho consuetudinario inglés.

El tercero lo compone una serie de reinos de la mancomunidad británica, esto es, Jamaica (2.816.602 [$8.70]), Trinidad y Tobago (1.221.047 [$23.70]), Guayana (787.971 [$18.70]), Belice (405.633 [$6.10]), las Bahamas (352.655 [$30.80]), Barbados (301.865 [$12.90]), Santa Lucía (166.637 [$12.30]), Granada (113.570 [$15.10]), San Vicente y las Granadinas (101.145 [$12.10]), Antigua y Barbuda (99.175 [$18.00]), Dominica (74.584 [$9.90]) y San Cristóbal y Nieves (54.149 [$23.30]), que son democracias parlamentarias bajo una monarquía constitucional de Derecho consuetudinario inglés, con cierta influencia del Derecho civil romano y holandés. Antes remitían sus controversias legales al Privy Council de la Corona —pero esto ha ido cambiando—.

Valoraciones como ésta, aunque revelan asimetrías en la región, pueden aplanar la realidad hasta deformarla —como afirma Jens Meierhenrich— y por eso ha de tenerse máxima cautela, ya que los líderes de los gobiernos se vanaglorian sin objeción cuando las cifras están a su favor, pero se enfadan con los indicadores cuando resultan mal librados del escrutinio, así provengan de organizaciones con reconocida idoneidad —aunque falibles— para la toma y el análisis de datos empíricos. Esa arrogancia no es singular de un país sino una patología extendida del hiperpresidencialismo —el molde con el que se abrigan las repúblicas latinoamericanas—. En clave de pospandemia, el RoL regional es preocupante si no se atienden visos de autoritarismo como los que denuncian Roberto Gargarella y Jorge Roa en el texto Diálogo democrático y emergencia en América Latina del Max Planck Institute de 2021, usando la idea de erosión democrática. Por eso hay que resaltar que indexadores del RoL cada vez más informan acerca de dónde obtienen los datos. 7 Este artículo continúa en nuestra página web:

Es deseable que los países de las Américas interesados en mejorar su adherencia al Rule of Law se vinculen a organismos internacionales de buena gobernanza.

Colaboración exclusiva de vLex para la revista abogacía®, coordinada por Viridiana Moreno, Content & Editorial Coordinator para Latinoamérica de vLex. vmoreno@vlex.com

Andrés Felipe Delgado-Correal es abogado egresado de la Universidad Católica de Colombia, ex candidato a magister en Ciencias Políticas y en Derecho internacional de la Universidad de los Andes, ex asistente graduado de maestría del Programa Constitución y Democracia de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y consultor y traductor jurídico en Blog de Legalidad. andresdelgado@lawyer.com

En la web Accede a contenidos exclusivos publicados en nuestra edición digital en www.revistaagobacia.com

VOCES

Alejandro Celorio Alcántara México vs. fabricantes de armas en Estados Unidos En agosto de 2021, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, anunció la demanda del gobierno de México en contra de los fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses, por facilitar activamente el tráfico de armas a México. Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la cancillería y encargado de este litigio, nos habla de la demanda, de las posibilidades reales de éxito, del papel de México en la difusión del Derecho internacional y de la oportunidad que tenemos para cambiar el paradigma de la educación jurídica mexicana. Al mismo tiempo, subraya la necesidad de que las juventudes mexicanas se involucren más en la defensa de los intereses de nuestro país a través del Derecho internacional.

REFLEXIONES Las dos guerras Óscar Gastélum

La invasión de Ucrania ha producido una condena prácticamente unánime a nivel global, en parte porque se trata de un conflicto sin ambigüedades morales. Por un lado hay un régimen dictatorial corrompido hasta la médula y encabezado por un tirano diabólico, y por el otro, una democracia, imperfecta pero pacífica y entrañable, que lucha por su libertad y su soberanía contra un agresor mucho más poderoso. Pocas veces el mundo ha atestiguado un atropello tan obvio o un choque entre el bien y el mal tan prístino. Pero a pesar de todo esto la propaganda rusa ha logrado contaminar el discurso público con mentiras obscenas y con su especialidad: las falsas equivalencias morales.

74

abogacía Mayo 2022

REFLEXIONES

Los títulos de crédito: hacia un enfoque más crítico Luis Alonso Suárez del Real Tostado Los títulos de crédito son una figura elemental para los negocios jurídicos de índole mercantil. Son ampliamente utilizados en México para toda clase de temas: desde arrendamientos y créditos refaccionarios hasta grandes estructuras de financiamiento y operaciones del mercado de valores, tanto nacional como internacional. En este artículo el autor realiza una revisión crítica de los títulos de crédito, partiendo de un esbozo general de sus antecedentes, de la presentación de sus principios o elementos constitutivos y señalando su uso en la actualidad.

REFLEXIONES

El lenguaje de la abogacía Raúl Arroyo En abril coincidieron Miguel de Cervantes y William Shakespeare, los más grandes de sus respectivas lenguas.

Su reunión anual fue el día 23, fecha en que el Manco de Lepanto y el Bardo de Avon conmemoran su respectivo fallecimiento para significar a dos de los seis idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 2010.

Así también comparten la fecha el Día del Idioma Español y el Día de la Lengua Inglesa. Aprovechamos esa reunión conmemorativa de ambos clásicos universales para acercarnos a la importancia de la relación del lenguaje con la abogacía, generadora de la brecha que aleja a ésta de la población.

Explora los temas de tu interés con nuestro nuevo buscador temático.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

75

Derecho&ARTE

Saenger Galería U Arte contemporáneo en el barrio de Tacubaya

Saenger Galería busca fortalecer la escena artística mexicana creando relaciones honestas, transparentes y duraderas con artistas, coleccionistas, instituciones y público en general interesado en el mundo del arte. En este reportaje echamos un vistazo a este espacio dedicado al arte contemporáneo.

76

abogacía Mayo 2022

bicada en la calle Manuel Dublán número 33, en el antiguo barrio de Tacubaya de la Ciudad de México, Saenger Galería continúa creciendo a partir de la experiencia obtenida con su proyecto antecesor, Archivo Colectivo, reafirmando así su compromiso con los artistas que representa en exclusividad o con quienes colabora por invitación; para ello, ahora cuenta con un programa de exposiciones compuesto por una sala principal y una sala de proyectos, así como por una tienda con publicaciones y ediciones limitadas realizadas bajo su propio sello, Saenger Editores.

La apertura de este espacio le permite a Saenger Galería consolidar su presencia en la escena nacional y abrirse paso hacia el mercado internacional, brindando a su público una atención personalizada y cercana.

Asimismo, Saenger Galería tiene entre sus objetivos presentar al público obras de arte únicas en su género de artistas comprometidos con su labor de una manera transparente y amena que permita un mejor entendimiento del circuito del arte, incluido el mercado de éste, y descubrir que el coleccionismo es accesible a todos.

“En realidad —dice Bernardo Saenger— cualquier persona interesada puede comenzar a formar una colección si posee la información adecuada y el acompañamiento oportuno. Existen en México estupendas colecciones y cada una refleja la identidad de sus gestores. En Saenger Galería es posible iniciar y consolidar sus propósitos en el coleccionismo de arte”.

Entre tanto, a través del sello Saenger Editores la galería seguirá reforzando la divulgación del arte con publicaciones inéditas en el medio editorial, como los volúmenes Original múltiple, primer catálogo razonado de la obra gráfica del artista Pedro Friedeberg, o Cosmos de Eduardo Terrazas, El toro y otros relatos de Eduardo Sarabia y Alto rendimiento de Javier Peláez. La tienda de Saenger Editores cuenta, además, con una amplia colección de obras gráficas en ediciones limitadas de los artistas Alejandro Pintado, Alexis Mata, Eduardo Sarabia, Pedro Friedeberg, Mariana Magdaleno, el dueto Akira Toxqui, Hilos, entre otros. 7

“Empecé muy joven como lector y espectador de arte; después pude iniciarme en el coleccionismo, lo cual me condujo a un mayor acercamiento con los artistas hasta convertirme en editor de algunos de ellos. Esta pasión me ha traído hasta aquí: dirigir Saenger Galería en esta nueva etapa es mi mayor reto y mi compromiso con el arte y los artistas en México.”

Contacto Manuel Dublán, núm. 33, Col. Tacubaya Ciudad de México, C.P. 11870 Tel. 55-5516-6941 https://saengergaleria.com

Bernardo Saenger, director fundador de la galería, es financiero de profesión. Estudió primero un MBA en el Instituto Empresa de Madrid, España, y luego un máster en arte en el Sotheby’s Institute of Art. En 2015 fundó la marca de mezcal artesanal Barro de Cobre, mientras que en 2019 debutó en el arte con el proyecto Archivo Colectivo, que ahora se transforma en Saenger Galería. Asimismo, es miembro del patronato de SOMA y del consejo Arte Vivo.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

77

GASTRONOMÍA

D

esde hace 28 años, La Casa de la Yeya ofrece alimentos que resaltan el sabor de la comida casera mexicana, con altos estándares de higiene, acompañados de un servicio cálido, a precios populares, bajo el ambiente típico de la familia mexicana, integrándose a cada colonia como parte de ellas.

Con seis sucursales y un centro de producción y panificación, esta fonda mexicana con tintes

78

abogacía Mayo 2022

de cafetería centra su oferta en 80 por ciento de platillos mexicanos, antojitos, carnitas y comida corrida. El resto de su carta incluye platillos de cafetería como hamburguesas, hot-cakes, sándwiches y ensaladas, que amplían su propuesta.

Al día de hoy, La Casa de la Yeya atiende a más de 40,000 clientes al mes, en horarios completamente familiares —de 8:00 a 18:00 horas— y sin venta de bebidas alcohólicas, con un costo promedio de 150 pesos por persona.

Uno de los pilares que le ha ayudado a permanecer vigente durante tantos años, y expandiéndose, es su recurso humano y su esmerado servicio, así como el cuidado en los procesos, el manejo higiénico de los alimentos y la excelente relación calidad y precio.7

Sucursales (Ciudad de México) • Camarones: Heliópolis 239, Col. Clavería • Béistegui: Concepción Béistegui 303, Col. Del Valle • Condesa: Atlixco 93, Col. Hipódromo Condesa • Eduardo Molina: Calzada San Juan de Aragón 516 • Parroquia: Parroquia 203, Col. Del Valle • Roma: Monterrey 169, Col. Roma Norte Contacto 55-2672-5901 lacasadelayeya www.layeya.com

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

79

Cartones...

80

abogacía Mayo 2022

“Felicidades, mamá”, por: Ángel Boligán